Miércoles, 11 de Diciembre de 2013 17:50

En 2013 aumentó la violencia contra el movimiento sindical colombiano

por  Escuela Nacional Sindical
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Ayer 10 de diciembre se cumplieron 65 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas. En una fecha tan significativa, la Escuela Nacional Sindical lamenta informar que los homicidios y los atentados contra trabajadores sindicalizados en Colombia aumentaron en este año que está terminando.

 

En efecto, desde el 1º de enero de 2013 al día de hoy, el Sistema de Información en Derechos humanos de Sindicalistas de la ENS (SINDERH) ha registrado, preliminarmente porque son datos aún no consolidados, al menos 26 homicidios de trabajadores sindicalizados, 13 intentos de homicidio, 149 amenazas, 28 casos de hostigamientos y 13 detenciones arbitrarias.


O sea que en lo que va corrido de este año se han registrado 4 casos más de homicidios y 6 casos más de atentados contra la vida de sindicalistas que en 2012.


Los dos últimos homicidios tuvieron lugar la semana pasada en el departamento de Norte de Santander, en Cúcuta y el municipio de Sardinata. Las víctimas, Carlos Garciaherreros, y Pedro Camperos, eran dirigentes de la Subdirectiva de la Federación Nacional de Servidores Públicos, Fenaser, filial de la CTC.

 

Son cifras que resultan preocupantes y demuestran que, pese a que el Gobierno ha anunciado esfuerzos en la implementación de medidas encaminadas a garantizar los derechos laborales y las libertades sindicales, la violencia antisindical y la impunidad de ésta no son un asunto del pasado en Colombia.

 

Lo más grave es que másd el 90% de las violaciones a los derechos a la vida, la integridad y la libertad de trabajadores sindicalizados entre enero y noviembre de este 2013, se cometieron contra líderes sindicales. De 229 casos registrados, 208 fueron contra dirigentes. De esos casos 9 fueron homicidios y 12 atentados.

 

Además 18 casos de amenazas fueron colectivas, dirigidas contra organizaciones filiales de la CUT y la CGT, centrales sindicales que en el transcurso del año 2013 agrupan, respectivamente, el 89,2% y el 5,4% del total de la violencia, lo que ratifica la dimensión colectiva de la violencia antisindical y las afectaciones que genera.

 

Los departamentos con más casos de violencia antisindical en este 2013 fueron: Valle con 49 casos, Antioquia con 30 casos, Cesar con 30, Santander con 27 y Atlántico con 20 casos.

 

Al analizar los sectores económicos más afectados por esta la violencia antisindical este año, encontramos que el más impactado es el de minas y canteras con el 25,4%, seguido de la industria manufacturera con 19.3%, el sector educativo con 18,2%, y agricultura, caza y pesca con el 12,7%. Como se ve, la violencia antisindical se da hoy en sectores claves en las políticas económicas que orienta el gobierno nacional.

 

Frente a la presunta autoría de esta violencia, tenemos que en un 53,7% de los casos no se conoce información al respecto. Y del total de los casos en los que se conoce o se presume su autor, el 71,6% se atribuye a grupos paramilitares, el 19,1% a organismos estatales, y el 5,8% a la guerrilla. Con un menor procentaje están los casos presuntamente atribuidos a la delincuencia común y el empleador.

 

Los dos últimos casos de N. de Santander

 

El primer caso ocurrió el 4 de diciembre en Cúcuta, donde fue ultimado de un balazo en el pecho Carlos Edmundo Garcíaherreros, recién nombrado directivo de Fenaser en este departamento, y docente de las universidades Libre y Simón Bolívar de Cúcuta.

 

Las autoridades dijeron en una primera versión de los hechos que el móvil fue el robo de un reloj, versión que puso en duda Raúl Gómez, presidente de Fenaser Seccional N. de Santander, sobre todo teniendo en cuenta que hay un runrún rodando en la zona en el sentido de que hay un listado de sindicalistas que van a ser asesinados por los paramilitares.

 

El segundo caso ocurrió dos días después del anterior, el de diciembre, en el municipio de Sardinata. La víctima fue identificada como Pedro Alejandrino Camperos, presidente de la subdirectiva del sindicato Sindenorte en Sardinata, filial de Fenaser.

 

Según Raúl Gómez, Camperos era una persona muy conocida en esta municipalidad, donde, aparte de ser funcionario de la Alcaldía, integraba un grupo mariachi. Precisamente ese fue el señuelo que utilizaron para asesinarlo: lo convocaron a prestar un servicio musical en las afueras de la ciudad, donde fue atacado el vehículo en el que se movilizaba su grupo. En el abaleo también resultó muerto otro compañero mariachi y herido el conductor del vehículo.

 

Otros casos graves

 

Algunos casos que consideramos graves, y que muestran la dificultad para ejercer la actividad sindical, son:

 

Entre julio de 2012 y enero de 2013, el presidente y el tesorero de la Junta Directiva Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria del Carbón (Sintracarbon), recibieron amenazas extendidas contra sus familias. Ocurrió mientras los dirigentes integraban la comisión que representó al sindicato en la negociación colectiva con la empresa Carbones del Cerrejón Limited. Según lo denunció pubolicamente el sindicato, estas amenazas tenían como objetivo limitar las acciones de Sintracarbón frente a sus reivindicaciones por la defensa de los derechos de los trabajadores y el desarrollo de la región. Solicitaron medidas de protección, pero nunca obtuvieron una respuesta oportuna, coherente y eficaz frente a sus necesidades particulares.

 

Otro escenario hostil contra el sindicalismo es la industria azucarera, en particular el Ingenio La Cabaña, que se opone a la formalización de sus relaciones laborales y contunúa vinculando trabajadores mediante contratistas. Además se negó a reconocer la seccional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Agropecuaria (Sintrainagro) y a discutir el pliego de peticiones presentado por éste en diciembre de 2012. El 3 de enero de 2013 este ingenio despidió a 86 trabajadores, incluida la junta directiva del sindicato, y varios trabajadores sindicalizados recibieron, extensivas a su familia. Y el 28 del mismo mes Juan Carlos Pérez Muñoz, activista sindical, fue asesinado en el municipio de Corinto, Cauca .

 

Otra dimensión de la violencia antisindical que reviste particular gravedad, son las agresiones contra mujeres sindicalistas. Trabajadoras y dirigentes son víctimas de amenazas y desplazamientos forzados que buscan atacar sus liderazgos, sus condiciones propias de mujeres, entre ellas el rol de protección a la familia. Así lo ilustra la experiencia sufrida por la presidenta de la Asociación Santandereana de Servidores Públicos (Astdemp), quien desde el 2004 ha sido agredida en forma permanente. En abril de 2013 fue dejado en la sede del sindicato un sobre con un mensaje en la que la declararon objetivo militar y enemiga pública. Además le enviaron dos muñecas, cada una con el nombre de sus hijas, una de ellas sin un brazo y la otra sin una pierna, salpicadas de esmalte rojo en el rostro y el cuerpo. La amenaza estaba firmada por el Comando Urbano de los Rastrojos .

 

Las vidas perdidas, libertades y derechos restringidos a los sindicatos en este 2023, muestran que la violencia sigue siendo una práctica antisindical que impide la concreción efectiva del derecho de asociación sindical, la dignificación del trabajo, y priva a la sociedad de tener al sindicalismo como un actor fundamental que construye democracia.

 

 

Ultima modificacion el Miércoles, 11 de Diciembre de 2013 17:55

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