El Servicio Secreto de Estados Unidos ha reemplazado a un grupo de agentes encargados de la seguridad del presidente Barack Obama en la Cumbre de las Américas por haber tratado supuestamente con prostitutas, ha informado The Washington Post.

Según el diario estadounidense, un portavoz del Servicio Secreto Edwin Donovan ha confirmado que un número sin determinar de agentes enviados a Cartagena de Indias (Colombia) han sido reemplazados por supuesta mala conducta, sin especificar las razones.

Sin embargo, otras fuentes consultadas por el diario apuntan que al menos un agente del Servicio Secreto ha regresado a Estados Unidos por un asunto relacionado con prostitución. Obama llegó este viernes a Cartagena para participar, junto a una treintena de gobernantes más del continente, en una cita que tendrá lugar entre hoy y mañana en esa ciudad caribeña del norte de Colombia.

Donovan indica que los agentes que podrían ser sancionados han sido sustituidos inmediatamente y en ningún momento la seguridad del presidente estadounidense se ha visto comprometida. "El Servicio Secreto se toma las alegaciones de mala conducta muy seriamente", señala el portavoz del cuerpo encargado de la seguridad del presidente en un comunicado. Según The Washington Post, los agentes implicados podrían pertenecer todos a una misma unidad, que está siendo investigada.

EFE Washington 14/04/2012 18:30 Actualizado: 14/04/2012 18:58

Prueba de su opulencia, la policía francesa incautó en estos días una pizca de la riqueza que atesora la familia del jefe de Estado. Una gran parte de la población de Guinea Ecuatorial vive en una extrema pobreza y reprimida.

Desde París

Hay hombres que merecen su lugar en la historia. Las democracias occidentales –y no son las únicas– les reconocen ese derecho especial y por ello, entre petróleo, gas, bosques y explotación minera, les han cedido privilegios y honores exorbitantes a un puñado de dictadores corruptos y homicidas que tienen en los bancos internacionales más plata que el presupuesto nacional del país que dirigen. El presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, es uno de ellos. Este dictador lleva 31 años en el poder y hoy es el presidente de la Unión Africana (UA), el organismo panafricano fundado gracias a la abnegación de Muammar Khadafi. Teodoro Obiang Nguema Mbasogo es un dirigente clave y un hombre excepcional. Con una fortuna personal de 468 millones de dólares, más que la reina de Inglaterra y el emir de Kuwait, el presidente de Guinea Ecuatorial es el jefe de Estado africano más rico del continente. Prueba de su opulencia, la policía francesa incautó en estos días una pizca de la fabulosa fortuna que atesora su familia, en este caso su hijo Teodorín: en la lujosísima Avenue Foch de París el potentado Teodorín, también ministro de Agricultura y Bosques de esta ex colonia española, tiene un departamento de 5000 metros cuadrados que consta de seis pisos, 101 habitaciones, un comedor con columnas de coral, una vajilla de colección de 500 platos, una mesa de cristal de 200 metros de largo, un dormitorio de 200 metros cuadrados, una peluquería, una discoteca insonorizada, un casino al mejor estilo de Las Vegas y un montón de ropa, joyas y vinos por varios millones de euros. Esto es apenas un segmento de la cleptocracia sin frenos: los Obiang tienen propiedades de sueño hasta en Río de Janeiro o Malibú.

El año pasado, respondiendo a una querella presentada por la ONG Transparencia Internacional contra los dirigentes africanos que habían acumulado en Francia fortunas monumentales, la Justicia lea incautó a los Obiang once coches de lujo. Entre ellos había un Aston Martin rojo V8 V600 Le Mans (hay apenas cuarenta ejemplares en el mundo), un Rolls Royce Phantom coupé, Ferraris, Porsches y un Maserati MC12, del que sólo existen cincuenta. El insigne Teodorín gana oficialmente 3300 euros mensuales. ¿De dónde vendrá el dinero con que se compró estos autos y los demás objetos hallados en su residencia de París? El hijo del dictador cobra abultadas comisiones a las multinacionales madereras que operan en los bosques tropicales de Guinea Ecuatorial. Fuentes de Transparencia Internacional adelantaron que se trata de una suerte de impuesto revolucionario aplicado a las multinacionales. Su resultado es el botín fabuloso encontrado en la casa parisina de los Obiang: un reloj Piaget Polo adornado con 498 diamantes (598.000 euros), dos jarras de porcelana (220.000), tres jarrones del siglo XVIII con elefantes y rinocerontes (500.000 euros), una cómoda de la época Régence (2,8 millones), un lote de 300 botellas de vino Chateau Petrus (2,1 millones), más otro lote de Romanée-Conti (250.000 euros).

Una gran parte de la población de Guinea Ecuatorial vive en una extrema pobreza y reprimida, pero a las capitales que hacen negocios con el poder y reciben sus fondos poco les importa. Este país de Africa occidental tiene apenas un millón de habitantes. Hoy es el tercer productor subsahariano de petróleo y gas gracias a la presencia de los grupos petroleros extranjeros que se instalaron en los años ’90.

Además de estar al frente de su país y de una organización de 53 naciones como la UA, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo ha sido un dictador persistente: en sus tres décadas de poder apenas perdió un puñado de votos. Llegó a la presidencia en 1979 mediante un golpe de Estado y en 1989 organizó un simulacro de elecciones que ganó con 99,96 por ciento de los votos. El gran Teodoro se hizo reelegir en 1996 con el 99 por ciento, en 2002 obtuvo el 97 y en 2009, 95,4. Toda una hazaña que le valió figurar en el tercer puesto de la lista de los diez mejores presidentes electos del mundo, justo detrás del de Djibuti, Ismail Omar Guelleh, electo con el ciento por ciento de los votos, y del presidente sirio Bashar al Assad, 97,6. El décimo puesto lo ocupaba el ya renunciado presidente de Egipto Hosni Mubarak (88,6).

Sus vínculos con la mafia y la corrupción son tan notorios que los analistas regionales le pusieron un curioso calificativo: narco-petro-dictador. Teodoro Obiang Nguema Mbasogo es un producto de la historia colonial y de la posición que Occidente adoptó con esas encarnaciones del mal cuyos tronos están apoyados sobre suelos desbordantes de hidrocarburos. Con ellos se compraron las medallas y el silencio occidental. Y no sólo Europa o los Estados Unidos. El presidente Teodoro Obiang Nguema Mbasogo posee en Río de Janeiro un departamento de cerca de 3000 metros cuadrado en el barrio de Ipanema por el que pagó 34 millones de euros (80 millones de reales). Esos dirigentes asisten a cumbres internacionales, realizan visitas de Estado con todos los honores, se visten con la alta costura de París mientras sus sociedades sucumben. Son, además, muy celosos del respeto de su estatuto. Cuando el presidente de Guinea Ecuatorial visitó la Argentina en 2008 para firmar una serie de acuerdos bilaterales, Cristina Fernández de Kirchner le recordó al mandatario algunas de sus obligaciones básicas. En el acto protocolar realizado en el Salón Blanco de la Casa Rosada, la Presidenta argentina le dijo a Obiang que no podía dejar pasar la ocasión para señalarle su “honda preocupación por la situación de los derechos humanos denunciada por las Naciones Unidas en su país”. El guineano se enfureció y casi se fue dando un portazo.

El hijo del protodictador lleva una existencia dorada de playboy: vive entre Estados Unidos, Brasil, Canarias y París. Los jueces de Francia están seguros de que el ministro Teodorín Obiang se compró todas esas riquezas gracias a fondos públicos sustraídos ilegalmente. La empresa maderera guineana Somagui Forestal, que pertenece al ministro, realizó una serie de giros y transacciones sospechosas al exterior y a partir de allí se remontó la pista. Tal vez no sea el último. Transparency International interpuso otras demandas similares por los “bienes mal adquiridos” contra otros dos jefes de Estado africanos: el gabonés Omar Bongo y el congolés Denis Sassou-Ngue-sso. Françoise Desset, la jueza encargada de delitos financieros, los acusa de “desvío y recepción de fondos públicos”, “blanqueo de dinero”, “abuso de bienes sociales” y “abuso de confianza”.

Los medios de comunicación  dieron a conocer la semana pasada un nuevo escándalo de corrupción en la Cárcel Nacional “Picota”, esta vez por cuenta de los empresarios Nule (Miguel, Manuel y Guido), procesados por el llamado “Carrusel de la Contratación en Bogotá” y condenados a una penas ínfimas de 7 años y medio (en el caso de su socio Mauricio Galofre a sólo 6 años y 8 meses), por el delito de peculado por manejo irregular y apropiación  de  cerca de 70 mil millones de pesos en materia de anticipo para la ejecución de tres contratos que le fueron entregados por el IDU (Instituto de Desarrollo Urbano).

De acuerdo con la información suministrada por los medios periodísticos, un registro rutinario realizado por guardias del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), puso en evidencia que los empresarios Nule contaban en su ya exclusivo sitio de reclusión con teléfonos celulares, computadores, ipods, Play Station y hasta quinientos mil pesos en efectivo. Todos ellos artículos prohibidos por la normatividad penitenciaria y carcelaria. Pocos se han preguntado ¿cómo llegaron estos artefactos allí? en una cárcel de alta seguridad donde las visitas de los presos son requisadas hasta límites que vulneran la dignidad humana.

Como suele suceder en estos casos, hay un escándalo periodístico que a lo sumo dura uno o dos días. En el mejor de los casos el director del penal es destituido, para luego ser reubicado en otro centro penitenciario como sucedió hace precisamente un año con la entonces directora Imelda López, con cuya anuencia los detenidos en el pabellón de parapolítica celebraron numerosas fiestas, acompañados de reconocidas orquestas musicales. Hoy la señora Imelda funge como directora de la cárcel de Valledupar (conocida como la “Tramacúa”), tristemente célebre por las continuas violaciones a los derechos humanos de los reclusos.

En aquella ocasión, cuando cerca de 20 personas ingresaron al pabellón de parapolíticos para celebrarle el cumpleaños al ex congresista Juan Carlos Martínez, el ministro del Interior y de justicia, Germán Vargas Lleras anunció con su estereotipado tono vehemente que “no iba a permitir más desórdenes y que el relajo [en las cárceles] no podía continuar”. Doce meses después la situación no ha variado ni un milímetro, sólo que esta vez, son sus amigos, los empresarios/delincuentes Nule, los protagonistas de estos escándalos, con quienes los une estrechos vínculos sociales y comerciales.

Por su parte el director del INPEC el general Gustavo Adolfo Ricaurte advirtió que “los Nule se exponen a perder los beneficios que la Fiscalía y un juez le otorgaron”(subrayado MAB). En un país donde la justicia realmente se aplicara, no “se expondrían”, sino que perderían ipso facto esos beneficios. De hecho cuando un prisionero regular, le es hallado un celular, inmediatamente se le sanciona con una suspensión de visitas por un año, cuando no es trasladado a otro centro penitenciario lejos de su núcleo familiar y de amigos.

Lo cierto es que el tratamiento penitenciario en Colombia pone en evidencia las desigualdades de un país atravesado por profundas diferencias sociales: mientras aquellos que tienen poder económico, político o delincuencial, reciben trato preferencial en los centros de reclusión, como en el caso de los señores Nule, aquellos que carecen de él, esto es la gran mayoría, sobreviven en condiciones que constituyen una afrenta a la dignidad humana.

Estos últimos no tienen ningún valor para el Estado colombiano y no reciben el trato de los Nule sino de los “nulos”; se les ignora, se les ningunea, se les aísla, se les invisibiliza, se les tortura física y psicológicamente. Esta es, justamente, la situación que viven los más de ocho mil presos(as) político(as) y prisioneros(as) de guerra, cuya condición de rebeldes es negada sistemáticamente por el Estado y violándose permanentemente sus derechos fundamentales.

A propósito de estos hechos, cabe recordar que cuando se inició la audiencia de legalización de captura de los empresarios Nule  y todavía se discutía cuál sería su lugar de reclusión, llegó la orden hasta el pabellón de alta seguridad de la Picota, donde nos encontrábamos recluidos medio centenar de presos, que debíamos desalojar inmediatamente sus instalaciones, porque allí serían confinados los hermanos Nule.

Cincuenta internos seríamos trasladados y hacinados en otros patios o centros penitenciarios para dar comodidad a cuatro presos que requerían “medidas de seguridad excepcionales”.  El director encargado en ese momento, Capitán®  Aldemar Echeverry, visitó personalmente las instalaciones en compañía de los abogados de los empresarios. Al final de la inspección concluyeron que el lugar no reunía las condiciones de habitabilidad para los señores Nule por  los malos olores, las filtraciones de agua, la estrechez de sus celdas y su falta de iluminación. Cuatro delincuentes “de cuello blanco” no podían estar ahí, pero medio de centenar de presos si debíamos permanecer en tan indignantes condiciones.
En un acto de “generosidad”, el mencionado oficial en retiro ofreció la Casa Fiscal, hasta ese momento su lugar de residencia, para que fuese adecuada como sitio de reclusión. En contraste con las celdas de 3 por 4 metros cuadrados, que ocupábamos cinco y hasta seis reclusos, los Nule podrían disponer ahora de una casa de 80 metros cuadrados de superficie con televisor, nevera, sistema de ventilación, cómodas camas y baños privados.

Ahora muchos funcionarios del gobierno se rasgan las vestiduras y salen a denunciar los “lujos” y “excesos” de los Nule, cuando ellos mismos han promovido una política penitenciaria, basada en la discriminación y la desigualdad entre la población carcelaria? La destitución de los directores de turno, los anuncios de liquidación del INPEC, o la construcción de nuevos establecimientos carcelarios lejos de resolver el problema carcelario sólo logran agudizarlo. Ejemplo de ello han sido los ERONES (Establecimientos Reclusorios de Orden Nacional, cuyo régimen penitenciario basado en los lineamientos trazados por el Bureau Federal de Prisiones de los Estados Unidos, riñe con los protocolos internacionales para el tratamiento de personas privadas de la libertad, acrecentando la violación de los derechos humanos de los reclusos.

Si estos ERONES constituyen -como lo afirma el discurso oficial- la real solución para el hacinamiento de las cárceles colombianas ¿por qué a la fecha no han sido trasladados a sus instalaciones los Nule o los centenares de políticos acusados de vínculos con grupos paramilitares? No es difícil responder a esta pregunta: estos establecimientos -construidos con dineros del “Plan Colombia”- vienen siendo utilizados como mecanismo de castigo para los miles de presos políticos y prisioneros de guerra privados de la libertad. Los medios oficiales de comunicación que tanto empeño colocan en mostrar el dramático rostro de los compatriotas presos por la guerrilla en las selvas colombianas, deberían también mostrar esta otra cara -no menos dolorosa- de la guerra en Colombia y que concita, cada vez más, la necesidad de una solución política al conflicto social y armado colombiano.


Miguel Ángel Beltrán
Profesor Asociado Departamento de Sociología Universidad Nacional de Colombia
Perseguido Político

Al vicepresidente de Ollanta Humala se le acabó el tiempo. Se había aferrado con desesperación al cargo, incluso desoyendo un pedido público del propio presidente Humala para que renuncie, pero finalmente Omar Chehade, hasta ayer vice de Perú, cayó. Luego de tres meses en medio del escándalo por una acusación de tráfico de influencias a favor de un poderoso grupo económico –escándalo que golpeó duramente al gobierno– y más de dos meses después de que el presidente le pidiera públicamente, a través de la televisión, dar “un paso al costado”, Chehade decidió renunciar. Lo hizo a través de una carta fechada el lunes, pero hecha pública recién ayer. Señaló que había “reflexionado” y que renunciaba para “no causar perjuicios a la buena imagen del gobierno”. La reflexión le tomó tres meses. En el Perú hay dos vicepresidentes y con la salida de Chehade la congresista Marisol Espinoza queda como única vicepresidenta.
 

La esperada renuncia de Chehade, quien también es congresista del oficialismo, se produjo en la víspera de que el Parlamento debata un pedido para destituirlo como congresista e inhabilitarlo por cinco años de toda función pública. Chehade ha sido acusado ante el Congreso por tráfico de influencias, patrocinio ilegal y cohecho activo, por intentar favorecer a un importante grupo económico. En diciembre, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso aprobó recomendar la destitución de Chehade de su banca congresal y su inhabilitación por cinco años. Ese mismo mes, el Parlamento lo suspendió, con el apoyo del oficialismo, por 120 días de sus funciones por “falta ética”. Al momento del envío de esta nota, la Comisión Permanente del Congreso debatía la aprobación de la acusación contra el ex vice de Humala para destituirlo de sus funciones parlamentarias e inhabilitarlo. Si es aprobada, el caso pasará al pleno del Congreso, que decidirá la suerte de Chehade.
 

El escándalo que arrastró al vicepresidente Chehade y que lo ha obligado a dimitir estalló en octubre, cuando fue acusado por una denuncia periodística de intentar favorecer al poderoso grupo Wong en su disputa con los trabajadores de la azucarera Andahuasi por la propiedad de la empresa. Chehade se reunió con tres generales de la policía para, según ha denunciado uno de los generales presentes, solicitar el desalojo policial de los trabajadores que controlan la ex cooperativa e impiden el ingreso del grupo Wong. El general Guillermo Arteta, que hizo público el caso luego de ser pasado a retiro, ha asegurado que se negó a dirigir el desalojo solicitado por Chehade y ha dicho que éste incluso le envió una orden de desalojo falsa.
 

El caso Chehade se ha convertido en el mayor escándalo de corrupción en lo que va del gobierno de Humala, que asumió en julio de 2011, y lo ha golpeado en un punto especialmente sensible: la lucha contra la corrupción, una de las principales banderas levantadas por el presidente Humala en la campaña electoral.
 

Ahora en el oficialismo respiran aliviados al conocerse la renuncia del vicepresidente, que se había convertido en un dolor de cabeza para el gobierno. Su negativa a renunciar, en noviembre, luego de que se lo pidiera públicamente Humala, había dejado mal parado al presidente y distanciado a Chehade del oficialismo. Conocida su renuncia, la bancada oficialista la calificó como “positiva”. Parlamentarios de la oposición la tomaron como una movida de último momento para intentar evitar que se apruebe en el Congreso la acusación en su contra, que terminaría con su destitución del Parlamento y una inhabilitación por cinco años.
 

“La renuncia de Chehade me huele a una negociación para evitar su sanción en el Congreso. Una negociación de Chehade con el oficialismo para que lo apoye a cambio de su dimisión y para que el partido gobernante consiga votos de otras bancadas a favor de Chehade con el argumento de que su salida de la vicepresidencia es una sanción suficiente y no se le destituya del Congreso. Chehade ya ha sido desautorizado por el oficialismo, por lo que su posible destitución del Congreso no sería un duro golpe para el gobierno, pero si lo pueden evitar, tanto mejor para el oficialismo”, le comentó a Página/12 Antonio Zapata, historiador y analista político. “La renuncia de Chehade –agregó Zapata– es positiva para el gobierno, porque se libera de una piedra en el zapato.”
 

Los cálculos que se hacen en los pasillos del Congreso sobre la posible destitución de Chehade y su inhabilitación están en contra del ex vicepresidente. Con su sorpresiva renuncia, a la que se había negado una y otra vez y que es una concesión a quienes, desde todos los sectores políticos, la habían exigido, el ex vicepresidente espera ganar los votos que lo salven de perder también su banca parlamentaria. Pero la renuncia puede haber llegado tarde para Chehade.
 

Desde un ayer, dos instancias laborales son un fuerte ‘maná’ de votos: la educación y la salud. Cerca de 10 mil funcionarios en ISS Pensiones le responden en alguna forma al jefe clientelista. El puesto, la chanfaina, la chamba, el contratico, el contrato, el caso, etcétera, son base y razón de ser de nuestro sistema político y electoral. Médicos y celadores son carne de cañón. Y al lado de docentes y profesionales de la salud, los acompaña un ejército de vendedores de chance, barrenderos y celadores. Una masa de 2-3 millones de electores cuyo voto tiene ‘dueño’ para que siga el régimen. Además de estos votos reales, tienen además los votos de registraduría, esos que se pagan aunque no son de carne y hueso. Amarre de votos y corrupción van de la mano. Al respecto, algunos sectores del sindicalismo se han dejado enlodar y actúan en complicidad de la patronal, como sucedió en los Ferrocarriles Nacionales y en Colpuertos. Con una nueva Ley, corrupción con un poco menos de confort legal alaba Santos.

Quizá no muchos recuerden los detalles del extinto Instituto de Seguridad Social (ISS), convertido en un emporio del clientelismo. El Seguro Social de aquel entonces fue y terminó siendo escenario de puestos, y contratos laborales y de obras, saqueo de equipos médicos, robo de medicinas, enriquecimiento de entes privados subsidiarios de prestación de servicios médicos y hospitalarios. Tanto los llenó el ISS, que ser el ‘dueño’ político de tal entidad pública en la ciudad de Barranquilla garantizaba medio Senado y una Cámara. Pero el Atlántico no fue la excepción. Esta es una norma de todo el país clientelista1 y sus pescas electorales.

La corrupción de ISS Pensiones llegó a tal tamaño que hace años decidir la asignación de las mesadas radicadas en este departamento la toman en Bogotá, en una oficina controlada. ISS Pensiones es tan fuerte en votos que el conservatismo, señor de la entidad, presionó al gobierno Santos para no acabarlo ni dar paso a Colpensiones. Arguyeron que vienen las elecciones de octubre para elegir gobernantes locales, y el gobierno central cedió. Hacen falta esos votos para sus reformas y proyectos bandera. Al sistema y al clientelismo político poco les interesa la seguridad social de los colombianos. De por medio hay votos y contratos.

Si bien cientos de entidades públicas son abolidas, el contrato de trabajo a destajo, ese que firma el empleado recomendado de determinado político, sigue dando plusvalía electoral. Es decir, votos que aseguran curules para el carrusel de la corrupción. Desde el gobierno Uribe hasta ahora, los senadores conservadores Efraín Cepeda con Roger Carrillo Campo, y Juan Manuel Corzo con Silvia Helena Ramírez, oriundos del Atlántico y Norte de Santander, amén de Luis Emilio Sierra, han sido los amos del hoy ISS Pensiones. Actualmente, tanto Cepeda como Corzo patrocinan al Concejo de Bogotá al cuestionado Roger Carrillo2, lo mismo que a Nixon Pabón con fuerte aporte burocrático en ISS Pensiones.

Aquella cuota en la repartija no obsta para señalar también a los senadores uribistas Mauricio Pimiento, cuya hermana trabajaba en el consulado en Chicago, y asimismo a su hermano en el Seguro Social; Flor Gnecco Arregocés, con una prima y sus cuñadas, que también trabajaban en el Seguro. Igualmente, la esposa del senador Puello Chamié era asesora de la Gerencia Regional Bolívar del Seguro, y la sobrina de Eduardo Benítez Maldonado tenía un contrato de prestación de servicios como odontóloga en la ESE Francisco de Paula Santander. A la vez, dos hermanas de Adalberto Jaimes Ochoa eran funcionarias de Telecom y del Seguro Social, y la prima de Jaime Amín era contratista del ISS de Barranquilla.

De este modo, los congresistas ‘propietarios’ de entidades públicas mandan más. Como ISS Pensiones no es la excepción, cada congresista ‘dueño’ obliga a sus siervos electorales a realizar reuniones políticas financiadas con el sueldo del contratado; a la par, les impone poner cierto número de votos a favor de él o de uno de sus personajes. Y por lo alto no se queda quieto: exige a alguno de los altos funcionarios que comparta los desfalcos de los grandes contratos y que, a la vez, participe como gran elector.

De este modo, Roger Carrillo fue jefe de debate de Efraín Cepeda en 2010, y entre su oficina de presidente (e) de ISS Pensiones, la sede de campaña de Cepeda y la del Directorio Nacional Conservador en el barrio La Soledad, detrás de bambalinas dirigió los hilos, como en efecto sucedió el 18 de octubre de 2009 en una célebre reunión de funcionarios y burocracia del congresista, a la cual asistió cerca de un centenar de enchanfainados en Bogotá, en su mayoría de ISS Pensiones, como demostración de que su cargo daba para votos.

Como resultado, millares de colombianos son literalmente atracados por tramitadores de pensiones a las puertas de las sedes nacional y regionales de ISS pensiones. Y es triste ver en la sede del ahora ISS Salud a esa cadena que vive de la caza de información sobre quién ha recibido asignación de pensión para visitarlo en su casa y ofrecerle intermediación para que la mesada le sea reconocida, cuando en realidad todo está surtido. Todo un negocio con renta para el ‘jefe’ o ‘dueño’ regional de ISS Pensiones Atlántico. ¿Quién será el capo?

En una característica de ayer y hoy, aunque no en toda su extensión, el entonces ISS, del que decía “para siempre” y el hoy ISS Pensiones, eran y son centros de acopio de contratados por recomendación de quienes tienen a su cargo la entidad nacional o las regionales. Cada una corresponde como dueño al partido del jefe político que la tiene ‘asignada’. El actual ISS Pensiones viene de la época de la reelección, cuando le fue entregado al conservatismo, en especial al grupo de los 10 senadores3, como veremos adelante.

Desde siempre… son los mismos con las mismas. El 6 de noviembre de 1990, con la orden de destitución de 17 funcionarios de la seccional del ISS en el Atlántico y el traslado de otros nueve por defraudaciones cercanas a los dos mil millones de pesos. Asimismo, la dirección del Instituto intervino la seccional Bogotá-Cundinamarca al detectar un continuado robo electrónico por mil millones de pesos. De las 23 regionales del ISS, nueve fueron sometidas a “rigurosa investigación”. Y nada cambió. Tiempo después, en todas las seccionales del ISS fue detectado un gran volumen de medicamentos comprados con sobreprecios de hasta el 600 por ciento, de contratos con empresas ficticias, de falta de rigor en la selección de proveedores, y la auditoría disciplinaria sumó 2.746 investigaciones.

La oligarquía y las aguas de la pesca electoral

Mientras el conservatismo arrasa con lo queda del ISS en el país y en las regiones, su ministro de Hacienda plantea que, para salvar el sistema de salud y el de pensiones, hay que aumentar edades y cotizaciones, propuesta del mismo señor que asesoró a Saludcoop, empresa de ingrata recordación por su tramoya de: 1) Cobrar copagos y asignaciones de personas fallecidas. 2) Construir hoteles con campos de golf –los 18 hoyos de Palatino. 3) Triangular operaciones financieras en el exterior. 4) Edificar pomposos edificios de oficinas como el complejo de la Autopista Norte en Bogotá. 5) Subcontratar servicios de IPS. 6) Subcontratar personal médico a la par que celadores, por medio de oficinas de terceros, socios de la cooperativa de marras. 7) Pagar a parlamentarios por intermedio de familiares de los contratados por la propia Saludcoop. 8) Financiar campañas presidenciales como la de Germán Vargas Lleras. 9) Apoyar a familiares de altos dignatarios del Estado, etcétera, etcétera. Y durante décadas, corrupción y ventajas, trucos y fraudes electorales son gemelas.

Entre otros sectores, la pesca de votos funciona en la educación por medio de millares de contratos. Actúa con puestos que se reparten en municipios y departamentos entre educadores que buscan con desespero una chanfaina en una escuela o un colegio público. Y, por supuesto, mete el anzuelo en la salud: ¡fácil!, dado el fuerte componente de médicos, odontólogos, enfermeras, especialistas, camilleros, administradores, que salen a diario de universidades reconocidas, centros piratas y garajes, y hasta profesionales chimbos que por falta de oportunidades llegan ante los tramitadores y las sedes políticas, adonde acuden en busca de que el ‘doctor’ los enganche en uno de los pocos hospitales que quedan, comprometiéndose a retribuir con votos ‘el favor’. Todo a imagen y semejanza de la mafia.

Aquello es un verdadero capital electoral que les permite ir al Congreso a supuestos y ‘dignos’ políticos y personajes oscuros con apariencia de claros, para absolver de impuestos a los poderosos y gravar a los de ruana. Desde su ángulo, Álvaro Gómez dijo que “el problema es el régimen”. Y remarcó que el clientelismo es un sistema con sustento en la relación clientelar-corrupto.

El ISS y los pagos por la reelección de Uribe

En los días en que en la cúpula se discutían las negociaciones para la reelección –a las puertas de aprobar el paso de Uribe I a Uribe II–, el Gobierno ofreció prebendas a través del Ministerio del Interior y de Justicia en la Cámara de Representantes –caso Yidis Medina y Teodolindo Avendaño–, el Grupo de los 10 le hizo ‘paro’ a Sabas Pretelt de la Vega. Efraín Cepeda y compañía le exigieron al ministro que, a cambio de su voto en la Plenaria de Senado por la reelección, “tenían que darles el Seguro Social”4. En honor a la verdad, los conservadores ya disponían del ISS pero querían más poder. Sobre todo, con la proximidad de las elecciones para el Congreso de marzo de 2006. Y así fue, entre ires y venires, discusiones o diálogos entre Sabas y el Grupo, ¡hasta que en el baño del salón social del Senado se llegó a un acuerdo!

No extraña entonces que estos parlamentarios, desconocidos en el ámbito de las ideas y las grandes propuestas nacionales, en 2010 lograron votaciones cercanas a los 18 mil votos en Bogotá; mientras el liberal de oposición con Uribe I y II, Camilo Sánchez, apenas 7.500 votos. Ayer y hoy, la característica funcional, que es generalidad en todas las entidades públicas, es que las hojas de vida de los contratados llegan de la mano de un parlamentario.

Hasta la sal se corrompe…

Este es el caso del entonces Sindicato Nacional de Trabajadores del ISS (Sintraiss), uno de los 11 que había, que por años dirigió el pragmático dirigente liberal Saúl Peña, sindicato que tuvo complacencia con la corrupción en los contratos personales y colectivos, y en el cual muchos de sus dirigentes fueron hasta cómplices de desfalcos.

Suficientes hechos indican que al sindicalismo colombiano se le compra fácil, como dijo el entonces presidente del ISS Guillermo Fino, hasta con “caldo de costilla” o “caldo sindical”. El ISS fue presa de la voracidad clientelista sin que nada pasara, salvo haber perdido parte del sistema social de salud, como vemos hoy, cuando cae en manos de las fuerzas del mercado, expresadas en la altísima corrupción de Salucoop y de altos funcionarios del Estado, desde 1993 con la Ley 100 hasta nuestros días, y como quizá pase con ISS Pensiones, a manos de las AFP, también hijas de la Ley 100.
 
Se trata de toda una cadena de hechos que no desentona con el conservatismo y su lluvia constante de clientelismo y corrupción, ni con el liberalismo y sus fracciones oficiales que paladean la mayoría del poder. Pero, sin violación moral no es posible pasar por alto o callar que también una agrupación que aireó la esperanza de romper con el bipartidismo colombiano, el Polo Democrático, no tuvo el antibiótico suficiente ante la infección de corruptos populistas y sindicalistas que ven en el negocio su razón de ser.

Basta con ver al hoy magnate de los seguros Jesús Bernal Amorocho, quien de silencioso líder de la Caja Agraria, en cuyo sindicato reinó por una década sin denunciar la corrupción existente en la entidad, con apoyo politiquero pasó al Congreso –cargado de propiedades del que llegó a su fin, el sindicato de la Caja Agraria (Proceso número 22014 en la Corte Suprema de Justicia por abuso de confianza y desfalco de $ 3.000 millones en la venta de una propiedad del sindicato). Bernal tuvo que renunciar a la curul por su comportamiento ante el sistema de salud del magisterio. Aún así, hizo parte de la campaña del infortunado gobierno del Polo-Samuel-Anapo5, como expresión de que en el sindicalismo también merodea el clientelismo.

Igual cosa sucede con algunos financiadores de salud que amasaron grandes riquezas –las clínicas El Recuerdo y Nicolás de Federmán en Bogotá, y la Clínica Central del Norte de Barranquilla, para citar sólo dos ejemplos– a costa de millares de docentes que sufren el desmejoramiento de su sistema de salud. Ante todo esto, la CUT y Fecode callan; no asumen una reflexión autocrítica.

También hay silencio sobre el rollo clientelista de la Previsora, entidad clientelísticamente controlada por el actual presidente del Senado, Armando Benedetti, en la cual quienes manejan el sistema de salud del magisterio han sabido unirse –o en manguala, como popularizó Gaitán– a sectores con asiento en la dirección de los docentes del país.

Da la impresión de que Colombia es víctima de una maldición que nos hace padecer cientos de años de violencia y clientelismo, este último con sus secuelas en el amarre de votos y corrupción.

1    Como cualquiera de las entidades públicas era un botín de repartición de los grandes caciques regionales. Y sucedía, bajo el manto de la ‘seguridad social’, en el supuesto ente del escaso “Estado de Bienestar” que tuvimos –antes que César Gaviria, con sus zancadas de política neoliberal, lo hiciera añicos.
2    Por presuntas irregularidades en una licitación por $5.400 millones, fue sujeto de destitución el presidente del Instituto de Seguros Sociales (ISS) Roger José Carrillo, el vicepresidente administrativo Eugenio Alvarado y el jefe de compras Jaime Anaya. Carrillo advirtió que no ha sido notificado de la destitución y que le pidió al Ministro una licencia no remunerada, que un día antes que se presentaran las propuestas tuvo una modificación de la adenda número seis con la estipulación de los requerimientos en relación con la experiencia. Según Óscar Ortiz, uno de los 16 interesados cumplió la exigencia. “Se deduce, por tanto, un posible direccionamiento a través de un requisito de última hora” […] el ganador fue una empresa que ya había tenido contratos con el ISS. El primero en 2007, por $1.129 millones, para la ‘depuración, organización y sistematización del Archivo Central del Nivel Nacional’. El segundo, de $5.250 millones, en febrero del año pasado, para ‘organizar el archivo de Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla’”.
3    Efraín Cepeda, Carlos Albornoz, Gabriel Acosta Bendek, Puello Chamié, Luis Emilio Sierra, Juan Manuel Corzo, Jesús Ángel Carrizosa, Ramiro Luna, Raúl Rueda y William Montes.
4    http://www.cambio.com.co/paiscambio/politicacambio/797/ARTICULO-WEB.
5    “Hay dirigentes que nos llenan de orgullo compartiendo nuestros ideales [...] en esa posición, en primer lugar, está Bernal”, dijo Moreno en mayo de 2005, cuando le dio la bienvenida al senador, con quien él y su hermano Iván coincidieron en el Congreso.








Recuadro 1

Sin consuelo un mal de muchos

A fines de mayo, la llamada “joven democracia española” llevó a cabo elecciones municipales y autonómicas, caracterizadas por un gran viento de corrupción jamás conocido allí. Populares (conservadores) y socialistas (social demócratas) debatieron entre ellos sobre quién es más corrupto. Antes que ideas y propuestas para sacar a España de su actual crisis social y económica, hubo acusaciones de clientelismo al mejor estilo turbayista. Mejor dicho, a imagen y semejanza de la costa atlántica y la situación que padece Bogotá. Las autonomías –algo así como los departamentos colombianos, sin centralización política– y los municipios españoles fueron sometidos o siguen sometidos a un rapaz botín clientelista: la regla es darles puestos a los amigos del gobernante de turno. Hoy, en España, los “indignados”, millares de jóvenes sin trabajo y sin esperanzas, rechazan el voraz clientelismo de ‘populares’ y ‘socialistas’. España se clientelizó como parte del panorama político español. Si por España llueve, en Colombia no escampa.


Recuadro 2

Características del expediente de un alto ejecutivo clientelista

Defender a su patrón, poniéndoles contratados, haciendo y compartiendo contratos, entregándole información privilegiada, creando condiciones electorales a futuro, ser un servidor público y salir para gestionar los intereses de empresas privadas.
Salir de un cargo como empleado público y después contratar con el Estado.
Contratar con el Estado después de haber financiado campañas políticas.
Utilizar indebidamente información privilegiada.
Corromper desde la empresa privada.
Traficar influencias desde lo particular.

El neoliberalismo tiene ideología. Más allá de los postulados económicos que lo guían en la presente globalización: el libre comercio, el libre flujo de capitales y las privatizaciones o la tasa de ganancia del capital invertido, como criterio superior; el neoliberalismo induce, para las decisiones de vida de las personas, valores que maximizan el interés individual como norma básica del progreso; la prioridad es ser competitivo y exitoso a toda costa. El neoliberalismo reemplazó, el desarrollo por el crecimiento; es decir, el bienestar común por la sumatoria de las bonanzas individuales, para los que puedan tenerlas.

Las políticas neoliberales se orientan a brindar oportunidades y no a garantizar derechos. Se engaña a la sociedad, en particular a los más débiles, con que el Estado sólo está obligado a facilitar la existencia de la oferta, dentro de las leyes del mercado, de la salud, la educación, la vivienda y los servicios públicos. Como los oferentes, a su vez, deben obtener provecho de estas actividades, el ingreso económico, al final, resulta determinante para la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos.
 

El neoliberalismo está anclado al utilitarismo de Bentham que define lo “útil” como lo bueno. O lo dicho por otro: “No importa que el gato sea blanco o negro, el todo es que coma ratones”. Esto abre una Caja de Pandora: no hay límites para el lucro, se extiende a todos los negocios y se vuelve más cierto que nunca que el capitalismo “por el 100 por ciento pisotea todas las leyes humanas; con el 300 por ciento no hay crimen que no se atreva a cometer”. O como cree Miguel Nule: “La corrupción es inherente a la naturaleza humana”.
 

La podredumbre contemporánea no se circunscribe a la contratación pública, ni a la DIAN, la DNE, al “cartel de las EPS” o al Fosyga; es global. ¿No es lo mismo lo de Madoff, lo de Stanford o lo de Enron y Lehman Brothers? La periodista Michelle Malkin escribió en 2009 un éxito editorial, La cultura de la corrupción”, sobre “Obama y su grupo de defraudadores de impuestos, pícaros y compinches”.
 

López Michelsen aseveró que la corrupción empezó en Colombia con la llegada de la United Fruit Company; Turbay Ayala habló de contenerla “dentro de sus justas proporciones” y ahora, en tiempos del neoliberalismo, la ladronería sobre el erario se salió de madre. Si Santos quisiera acabar la corruptela empezaría por eliminar el caldo de cultivo de la nueva cepa: el modelo neoliberal. No apuntalarlo, como en realidad hace. He ahí la raíz de su inconsecuencia y lo infructuoso de su publicitada campaña moralizadora.


Por Aurelio Suárez Montoya, Bogotá
Julio 11 de 2011
 

“Según la fe cristiana nuestra tierra es creación de Dios. Por ello tenemos que tratarla con respeto. Los seres humanos, creados a imagen de Dios (Gen 1,26), están llamados a ser administradores responsables de los bienes de la creación. No tenemos el derecho de explotar los recursos de la tierra, “arrasando irracionalmente las fuentes de vida” (DA 471). Dios creó la vida en su gran diversidad (Gen 1, 11–12.20)…Esta es una herencia gratuita y frágil “que recibimos para proteger”   Departamento de Justicia y Solidaridad del CELAM Lima junio 2011.
 
Los cerros, los bosques, las montañas y las aguas de la Madre Tierra son sagrados para los pueblos originarios, indígenas, garifunas  y comunidades campesinas en el marco de la cosmovisión de la unidad material, espiritual y cultural de la vida humana y planetaria.
 
Esta cosmovisión es inaceptable para la oligarquía y las multinacionales que utilizan en nombre de Dios y la democracia la violencia de las leyes del Estado de Derecho; que es el derecho de las clases dominantes.
 
 Nueva y vieja figura inquisitorial, punitiva y corrupta es la conducta algunos jueces y fiscales que sirven al complejo militar, minero, maderero, energético y agroindustrial  para reprimir a los pueblos, comunidades y defensores(as) del ambiente y los derechos humanos.
 
El sicariato-estructura de violencia que cumple el mandato de matar se ha incrementado después del golpe militar.
 
 El Abogado Enrique Flores Lanza, uno de los ministros mas brillantes del Gabinete de Zelaya al retornar del exilio y ser acusado en forma injusta e inquisitorial, calificó a jueces y fiscales que actúan perversamente contra él y otras personas defensoras de la justicia social de “sicarios judiciales” porque no proceden en base a los principios de la ética jurídica; por el contrario, son obedientes a las órdenes del poder dominante sin importar las consecuencias de las violaciones a los derechos humanos.
 
En materia ambiental en Honduras se han fortalecido las políticas concesionarias y depredadoras a tal grado que algunos jueces y fiscales se comportan durante el ejercicio profesional como “sicarios judiciales ambientales” al estar coludidos con la oligarquía y las multinacionales: mineras, madereras, represas, mega-turismo y agroindustria.
 
El cinco de julio del 2011, fueron capturados Carlos Amador: maestro, comunicador social, defensor del ambiente y los derechos humanos(infatigable opositor a las industrias extractivas mineras particularmente contra la empresa Gold Corp en el Valle de Siria)  y el dirigente comunitario Marlon Róbelo Hernández, dirigente del Patronato de la Aldea el Terrero,  quienes fueron capturados y encarcelados por orden judicial al oponerse a la depredación del bosque ubicado en el Cerro La Terracita.
 
En la tarde del cinco de julio 2011 por las presiones del Comité Ambiental del Valle de Siria y organismos de derechos humanos nacionales e internacionales fueron liberados Carlos y Marlon.
 
No obstante lo anterior se ha librado órdenes de captura contra 18 ambientalistas y se ha desatado una persecución contra dirigentes del Valle de Siria
 
Es urgente la solidaridad ante los organismos internacionales de derechos humanos y ambiente y protección de las vidas de Carlos Amador, Marlon Róbelo Hernández, Dirigentes del Comité Ambiental del Valle de Siria y 18 ambientalistas de la comunidad de El Terrero.
 
Mientras el pueblo aguanta hambre, se depredan los bosques, se vende la patria; el ejército proyecta la compra cuatro aviones Tucanes, valorados en cuarenta millones de dólares con la sangre y dolor de los condenados de la tierra y en una guerra contra el mismo pueblo.
 
¡Alto al sicariato judicial ¡ ¡Detengamos la barbarie jurídica y la injusticia ambiental y social!
 
- Juan Almendares es médico hondureño, ex-Rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), fue candidato presidencial por el partido Unificación Democrática (UD).

Dilma Rousseff, la primera presidenta brasileña, tendrá, a partir de hoy, a una mujer como jefa de gabinete de su gobierno. Para el puesto ocupado hasta ayer por Antonio Palocci, la presidenta invitó a la senadora Gleise Hoffman, del PT, casada con el ministro de las Comunicaciones, Paulo Bernardo (y uno de los grandes favoritos para el puesto). Una política provinciana, de escasa o casi nula proyección nacional, desde enero Gleise Hoffman ocupa, y por primera vez, un escaño en el Senado. Hasta ahora, lo más común fuera de su provincia, Paraná, era que se refiriesen a ella como “la esposa del ministro”. En esos pocos meses de actuación en el Senado se reveló una parlamentaria especialmente activa, de genio duro y discurso fuerte, mucho más fuerte que el de su marido, conciliador en las apariencias y feroz negociador en las articulaciones de bastidor. No se sabe el carácter que Dilma pretende dar al cargo, si el de articuladora política, una especie de poderosa gerente del gobierno (como fue cuando Lula tuvo a Dilma en ese puesto y como era el desastrado Palocci defenestrado ayer), o si un carácter más bien técnico y administrativo.

Termina así la crisis abierta el pasado 15 de mayo, cuando se supo que Palocci, con su cara de santurrón y su sonrisa inocente, había logrado el milagro de la multiplicación, ya no de peces, pero de su patrimonio personal, que pasó de unos 220 mil dólares en 2006 a poco más de cinco millones y medio en 2010. Solamente el año pasado –año electoral, vale recordar– su empresa de consulta, cuyo cuadro era integrado por un solo consultor, el mismo Palocci, logró ingresos formidables, de trece millones de dólares. Tan formidables que tan pronto se supo de esa hazaña –y de la compra de inmuebles por el valor aproximado de seis millones de dólares– se desató la sospecha incontenible de que ese súbito enriquecimiento, más que por una extraordinaria capacidad gerencial, se debía a un fuerte y muy amplio tráfico de influencia. Luego surgieron nuevas sospechas encadenadas, como el hecho de que pese al millonario departamento adquirido en 2010, Palocci viva en otro, cuyo alquiler más expensas alcanzan la significativa marca de los diez mil dólares mensuales. Si tiene otro, tan caro, ¿por qué pagar alquiler? ¿No sería Palocci dueño de los dos? ¿El alquiler no sería parte de un esquema de lavado de dinero? Sin respuestas, él se quedó sin respaldo alguno.

La misma trayectoria de Palo-cci abrió espacio para esa sospecha: de médico y alcalde de una ciudad del interior de San Pablo pasó a ministro de Hacienda de Lula (2003-2006). De ahí pasó a diputado, de diputado a coordinador de la campaña de Dilma, luego a coordinador de la transición hacia el nuevo gobierno, donde finalmente ocupó el puesto de ministro más prominente. Si se suma a esa trayectoria el hecho de su tránsito libre entre el empresariado y la banca y su fuerte influencia en el PT (más el acceso a todo tipo de información interna del gobierno de Lula), el cuadro está diseñado y no es de los más potables, siquiera para sus compañeros de militancia.

Hasta el último instante, Palo-cci intentó aferrarse al cargo donde, por presiones directas de Lula, Dilma lo había acomodado. Pero poco después de las cinco y media de la tarde de ayer se confirmó en Brasilia que él había presentado su renuncia. Ninguna de las variantes que supuestamente le hubieran dado condiciones de permanecer en el gobierno surtió efecto. El respaldo de Lula, las dudas de Dilma sobre cesarlo o no, la decisión de la Fiscalía General de la República de que no había indicios suficientes para abrir una causa, nada de eso le sirvió. Al contrario: a aquellas alturas, estaba más que evidente y palpable que no le quedaba la menor posibilidad de seguir en el gobierno, y menos como interlocutor institucional de Dilma junto a aliados y opositores.

Desmoralizado y desacreditado, por segunda vez le tocó salir por la puerta de atrás. Pero ahora sale con la dudosa fama de haberse transformado, pese a no ser economista ni nada parecido, en uno de los más caros o quizá el más caro consultor empresarial y financiero de la historia brasileña. Su primera salida, en 2006, se dio a raíz de una serie de denuncias que culminaron con la violación del sigilo bancario de un mero casero que testificó que, al contrario de lo que aseguraba, Palocci sí frecuentaba la casa en Brasilia donde se promovían alegres veladas reuniendo empresarios con fuertes intereses en negocios con el gobierno, intermediarios hábiles en aceitar engranajes burocráticos y liberar recursos y algunas de las más jóvenes, atractivas y caras prostitutas de la capital. Desenmascarado, el poderoso Palocci renunció al ministerio y decidió ganarse –¡y cómo!– la vida prestando “asesoría empresarial y financiera”. Ahora, bajo sospecha de enriquecimiento ilícito, optó por proteger el nombre de sus supuestos clientes. Decía que cláusulas de confidencialidad le impedían contar para quién trabajó y qué tipo de trabajo realizó. Ayer mismo, al pedir a la bancada de su partido, el PT, que lanzase una moción en su apoyo, oyó un contundente “no”. Demasiado tarde, le dijeron.

No le quedó otra que negociar una salida mínimamente honrosa, buscar la puerta de atrás y despedirse, por segunda vez, del poder.

Deja en manos de Dilma una crisis que ella intentó evitar y cuyos desdoblamientos recién empezarán a aparecer en los próximos días.

Por Eric Nepomuceno
Desde Río de Janeiro

El Gobierno de Ecuador anunció hoy la expulsión de la embajadora de EEUU, Heather Hodges, a la que declaró "persona non grata", como consecuencia de un cable diplomático confidencial de Wikileaks, y publicado por El País, sobre la supuesta corrupción policial en el país. "Hemos pedido que abandone el país en el menor tiempo posible", dijo hoy en rueda de prensa el ministro de Exteriores ecuatoriano, Ricardo Patiño. Añadió que esa decisión "de ninguna manera tiene la intención de afectar a las relaciones con Estados Unidos". Este país ha calificado de "injustificada" la decisión de Quito.

Patiño llamó la víspera a Hodges a su despacho para pedirle explicaciones sobre el cable diplomático, la embajadora le respondió que los documentos habían sido robados y que ni ella ni su Gobierno harían comentarios al respecto, según relató hoy el canciller ecuatoriano. Su declaración como persona non grata "está dirigida a una funcionaria que hizo un cable de esa naturaleza y que después no hizo ninguna aclaración", afirmó el ministro.

Patiño dijo que Ecuador no llamará a consultas a su embajador en Washington porque su reacción no se dirige contra el Gobierno estadounidense "sino contra estos cables que han sido presuntamente firmados por la señora embajadora".

En el cable diplomático de 2009, la Embajada de Estados Unidos en Quito afirma supuestamente que "la corrupción es generalizada en las filas de la Policía" ecuatoriana. Según el documento filtrado, el policía Jaime Hurtado Vaca, quien dimitió a ese cargo en mayo de 2009, "utilizó su poder como la máxima autoridad del cuerpo para extorsionar", acumular dinero, facilitar el tráfico de personas y proteger a otros agentes involucrados en corrupción.

Alega, además, según la nota divulgada, que sus actividades corruptas eran tan conocidas que "algunos funcionarios de la Embajada [de EEUU] creen que el presidente [Rafael] Correa debió haberlas conocido cuando le nombró. Estos observadores creen que Correa puede haber querido un jefe de policía al que pudiera manipular fácilmente".

"Es absolutamente inaceptable, nuestro Gobierno no puede aceptar este tipo de información, que ha sido dada por parte de la señora embajadora [de Estados Unidos] en nuestro país", afirmó Patiño.

Pocas horas después se produjo la reacción del Gobierno de Estados Unidos, uno de cuyos portavoces se manifestó en los siguientes términos: "La embajadora Hodges es una de nuestras diplomáticas más experimentadas y con más talento. El Departamento de Estado considera su expulsión injustficada y lamentamos profundamente que el Gobierno de Ecuador lo haya hecho".