El primero de mayo de 2012 debieran remarcarlo los subordinados por la confluencia de dos hechos, cuya importancia quizá se decante con el tiempo: primero, la realización de la décima parada de los precarios o mayday, que tuvo su primera expresión en Milán (Italia) en 2003, y que de allí se extendió por toda Europa a partir de 2005 (luego de la llamada declaración de Middlesex); y, segundo, la convocatoria de la primera huelga general en estados Unidos.

Si esos sucesos tienen algo de particular es porque acontecen en el corazón mismo del capitalismo, y porque ambos –para utilizar el lenguaje de los medios oficiosos– significan, ni más ni menos, que la reintegración de los pueblos de los países del centro en “la comunidad internacional”. Es decir, que declaran de hecho que ya no requieren turismo mental caritativo para entender los efectos de la marginación y la exclusión. Como la muerte, el capitalismo avanza en la igualación totalizante de los de abajo y por lo bajo.

El exitoso y generalizado ataque del capital ha sido posible por dos procesos que han transformado la estructura productiva mundial: de un lado, la llamada tercerización de la economía, y, del otro, la fuerte reestructuración de la división internacional del trabajo, que –al deslocalizar la producción manufacturera hacia países con abundante mano de obra– ha jalonado las remuneraciones a la baja, facilitando los recortes salariales en las naciones de vieja industrialización, dentro de un proceso que ahora da sus primeros pasos.

Tercerización y precarización

En los años 60 del siglo XX, el personal empleado en los servicios superó, en los países de capitalismo maduro, a los ocupados en la industria y la agricultura, dando lugar a que los intelectuales del llamado primer mundo, con las obras de Colin Clark, Daniel Bell y Alain Touraine, inauguraran la fiebre de la literatura posindustrialista, que hoy se sigue produciendo y publicando. Sin embargo, el mundo como un todo tendría que esperar hasta 2001 para experimentar el mismo fenómeno. Quizás ese hecho, y no el derribamiento de las Torres Gemelas, ese mismo año, llegue a ser el verdadero hito histórico que amojona el comienzo de las nuevas condiciones.

Es innegable que el llamado proceso de tercerización de la economía, o predominio del sector servicios sobre la agricultura y la industria, es una tendencia que sigue su curso desde la segunda mitad del siglo pasado. En los 49 años que van de 1960 a 2009, la agricultura perdió 23 puntos en la tasa de participación de la fuerza de trabajo, mientras la industria apenas ganaba 3, y eso en gracia a la entrada masiva en la producción (y también en el consumo) de bienes industriales de potencias demográficas como China e India (entre 1960 y 2000, la industria creció tan solo 1 punto). Los servicios, entre tanto, aumentaban 20 puntos (Ver tabla).

Lo anterior no significa que en términos absolutos el número de trabajadores industriales en el mundo haya empezado a decrecer, como sí ha sucedido en los países de las economías del centro capitalista, que entre 2000 y 2011 vieron desaparecer 17,4 millones de puestos de trabajo industriales. Ahora bien, lo que no se entiende es por qué, si se acepta que en el sector rural el número de trabajadores puede y debe decrecer en valores absolutos (sin que eso signifique disminuciones en la producción), como de hecho ha sucedido, eso les parezca imposible para la industria a algunos analistas, incluidos no pocos teóricos de la izquierda.

Pero, más allá de eso, lo cierto es que el predominio del empleo en el sector servicios ha representado cambios sustantivos tanto en la composición como en la cultura de las clases trabajadoras. En primer lugar, que una de las características de ese sector sea su dispersión geográfica en innúmeras unidades (piénsese en el comercio minorista, el transporte, los centros de salud o de educación) ha tenido como efecto lo que el pensador francés Robert Castel denomina la desconcentración de los trabajadores, y que indiscutiblemente ha incidido en la pérdida de identidad de los asalariados y el paso del predominio de la negociación colectiva al de su individualización.

De otro lado, la satelización de la producción manufacturera, que como estrategia ha aplicado el capital industrial para ceder las labores menos complejas a unidades empresariales pequeñas, y que eufemísticamente se denomina “empresa en red”, ha terminado por desestructurar la fuerza de trabajo convencional. El debilitamiento que eso provocó en la sindicalización y en su capacidad de contestación permitió introducir una legislación flexible que desreguló las relaciones contractuales entre capital y trabajo, permitiendo la generalización de los empleos precarios. Deslocalización, tercerización y satelización son los tres pilares sobre los cuales se sustentan las bajas remuneraciones y el trabajo intermitente que hoy sufre la mayoría.

El oscuro y heterogéneo panorama del trabajo actual

El reconocimiento de que se entró en una etapa de permanente déficit estructural en el empleo convencional, es decir, estable y de tiempo completo, motiva a los especialistas a concentrarse de nuevo en la categoría trabajo, cuya complejidad se puede percibir en su variada clasificación. Ensayemos un vistazo muy ligero a tal complejidad.

Que empleo y trabajo no son sinónimos, por ejemplo, lo han resaltado muchos colectivos, entre los que se debe destacar la insistencia de las mujeres feministas, que luchan por la visibilización y el reconocimiento del trabajo doméstico, o de cuidados, como algunas prefieren llamarlo. Ese trabajo, no remunerado (a diferencia del empleo) pero fundamental en el proceso de acumulación de capital, no es el único gratuito que se realiza en forma masiva en nuestras sociedades, pues también tiene lugar el trabajo sin pago realizado para familiares en unidades mercantiles, y cuya importancia es de tal magnitud que se incluye en las estadísticas de instituciones como la Organización Internacional del Trabajo (OIT). En un país como Colombia, este último tipo de trabajadores sin remuneración, según el Dane, alcanza el 6 por ciento de la fuerza de trabajo, lo que significa que cerca de 720.000 personas están en esa condición, siendo, además, uno de los grupos de mayor crecimiento.

En cuanto al trabajo remunerado, existe aquel que se realiza por cuenta propia y el asalariado (que viene a ser el empleo propiamente dicho). Éste último puede, a la vez, dividirse en convencional y atípico. Las labores remuneradas también se clasifican en formales e informales, según que estén o no sujetas a las condiciones de regulación vigentes. Y, por último, existen las actividades laborales abiertamente ilegales, que algunos clasifican como trabajo sumergido. Esto, como veremos, es una categorización aún muy gruesa pero indicadora de la complejidad del mundo laboral.

La OIT, en su informe “Tendencias Mundiales del Empleo 2012”, señala cómo la crisis actual ha retirado de la búsqueda de empleo a cerca de 29 millones de personas (22,3 millones de adultos y 6,4 millones de jóvenes), dejando al descubierto que, si las tasas de desempleo (determinadas por el número de personas que buscan trabajo remunerado y no lo encuentran) no son mayores, es porque un número creciente de trabajadores se ve obligado a abandonar los intentos de emplearse, y pasa a engrosar el grupo de quienes viven resignadamente del rebusque. Ello significa que, para el conocimiento del estado del mundo del trabajo, las cifras de desempleo son cada vez más engañosas y más irrelevantes, en la medida en que el volumen de actividad laboral asume cada vez menos la condición de empleo tradicional.

Pero, aún guiándonos por las cifras oficiales, la situación no se muestra nada halagüeña. La tasa de desempleo promedio en el mundo se ha estancado en el 6 por ciento (en los países dominantes, esa tasa es del 10), lo que significa que 200 millones de personas buscan trabajo convencional. Adicionalmente, de los 3.300 millones de trabajadores que se estiman en total, 900 millones viven por debajo de la línea de pobreza (tienen ingresos menores a 2 dólares diarios), sin contar a los trabajadores pobres del mundo desarrollado (a propósito, ¿cuál debe ser el ingreso de un trabajador en esos países para considerarse pobre? ¿Por qué esa discusión no se ha abordado?).

El aumento de los desempleados, desde 2007, fue de 27 millones de personas, lo que no tiene antecedentes en el mundo laboral moderno, según expresión de la propia OIT, siendo una prueba adicional de la degradación de lo laboral. Del total de la fuerza de trabajo, 1.520 millones (46%) viven en condiciones de ocupación vulnerable (trabajos por cuenta propia y trabajadores de familiares, sin remuneración), mostrando que el empleo convencional tiene un peso cada vez menor.

Si entendemos por precaria una situación que revela carencias fundamentales, es claro que el trabajo precario es aquel que no garantiza la subsistencia, pero también el que se realiza en condiciones de indignidad o el que atenta contra la tranquilidad de las personas. Por eso, si bien las cifras de la OIT son insuficientes y carecen de la pertinencia necesaria para una aproximación precisa al volumen de la precariedad laboral de hoy, de allí se puedan entresacar algunas señales sobre su peso creciente. Que esa organización haya iniciado una campaña por el trabajo decente es una muestra más de la magnitud del problema.

El miniempleo, trabajo ocasional y de pocas horas, que se denomina “trabajo basura” (se conoce en la literatura especializada como minijob, denominación en inglés), se constituye en la otra cara del ‘milagro’ alemán. Se estima que en este momento no menos de 4,6 millones de personas trabajan en ese país con ese tipo de contratos, en jornadas que van de 10 a 15 horas semanales, por un salario de 400 euros mensuales. Así se ha instituido la figura del pluriempleado que, además de tener que servir a muchos ‘señores’, si es que quiere redondear la subsistencia, termina laborando muchas más horas que las de una jornada normal. La crisis actual parece invitar a que este tipo de situaciones se extienda por toda Europa y luego, como es el uso, se importe a nuestras latitudes.

Los datos estadísticos tampoco reflejan algo del trabajo marcadamente ilegal. La prostitución, el contrabando de armas, la producción y la venta de sustancias psicotrópicas, el plagio y la suplantación de marcas, entre muchas otras actividades, dejan de ser ocupaciones marginales en el sentido de minoritarias. Y si bien se trata de actividades sumergidas, el capital las subsume de modo creciente y las convierte en espacios de la valorización y por tanto de explotación de seres humanos. La izquierda suele ser remisa a abordar el tema y se limita a adjetivar como lumpen a quienes desde una posición de subordinación se ven reducidos a este tipo de labores, esquivando la toma de posición sobre el asunto.

En América Latina, donde siempre se ha conocido la informalidad, el Banco Mundial estima que el 57 por ciento del trabajo se puede considerar de tal categoría, siendo los informales independientes el 24 y los informales asalariados el 33 restante. Pero, pese a la evidencia de que el trabajo precario, desregulado y cada vez más informalizado es un fenómeno estructural, nuestros neoliberales criollos siguen pensando que los impuestos a la nómina (los llamados parafiscales) son la causa del fenómeno, con una porfía que sólo puede ser hija del dogmatismo o la ignorancia.

La hora de los grandes cambios estructurales

Las visiones alternativas ya han avanzado y sustentan propuestas racionales que no por su audacia deben ser eludidas. El tanque de pensamiento británico New Economics Foundation (NEF), por ejemplo, publicó el año pasado un estudio en el cual se sustenta no sólo la viabilidad sino además la necesidad de reducir la jornada laboral a 21 horas semanales. Los movimientos feministas han mostrado desde hace tiempo que el trabajo de cuidados (doméstico), no remunerado en la actualidad, es ‘productivo’ en el sentido de que sin él no hay continuidad de la fuerza de trabajo, y que por tanto debe tener reconocimiento social y económico; y los teóricos de la renta básica demuestran que su propuesta es aplicable y ventajosa. Queda claro que, sin una fuerte redistribución del trabajo y el ingreso no hay posibilidades de soluciones reales y que la búsqueda de esas metas se debe convertir en bandera universal de los trabajadores convencionales y de los no convencionales, en el mismo sentido que lo fue el lema de los “tres ochos” a fines del siglo XIX y principios del XX (ocho horas de trabajo, ocho de estudio y ocho de descanso).

Sin embargo, la concienciación sobre la existencia de un precariado lleva en algunos países a una fuerte confrontación con lo que se considera el trabajador clásico. El mayday actual, si bien se realiza el primero de mayo, tiene lugar separadamente de los actos de las centrales obreras. No se ha difundido, por ejemplo, que el mayday original fue una celebración pagana y antiautoritaria (se consideraba el día del desgobierno) en la que no se reconocían diferencias sociales, y que se prohibió en 1664 por su carácter libertario. El primero de mayo, mucho antes de convertirse en el Día del Trabajo, fue el día del “no trabajo”, pues era una fecha en la que no se requería permiso del patrón para ausentarse de la fábrica o el taller.

De allí que sea tan significativo que los norteamericanos quieran recuperar ese día con su primera huelga general, y que el lema de ésta sea “un día sin el 99 por ciento”. El valor de los nuevos movimientos reside en que no sólo han identificado al enemigo sino que asimismo han medido su tamaño. Y desde esa perspectiva, así parezca una exageración, debemos convencernos de que ese enemigo es pequeño, pues si en realidad, como lo sostienen los datos, los verdaderos dueños del poder ni siquiera llegan al 1 por ciento sino que se reduce al 0,1, es por lo menos incomprensible que siete millones de personas puedan seguir imponiendo sus intereses a los 6.993 millones restantes.

Se hace necesario entender que el llamado Estado del Bienestar fue tan solo un parpadeo en la historia de la clase trabajadora, y que el obrero, fuera de ese período, siempre fue precario. Igualmente, que los “30 años gloriosos” (1945-1975) no pasaron de ser una breve tregua del capital a la que se le ha dado el pitazo final, y que el sistema no va a reversar.

El “análisis concreto de la realidad concreta”, para utilizar una expresión setentera (y que seguramente sonará chocante en los oídos más sofisticados), es una necesidad perentoria para que los movimientos sociales que toman fuerza puedan acertar. Grecia, Portugal y España son apenas una pequeña muestra de la dureza de los ajustes que se propone el capital si los movimientos sociales no responden. La toma de las calles, y no un solo día sino los que sean necesarios sin el 99 por ciento en sus sitios tradicionales, es el único correctivo posible a la contrahecha situación que se está predibujando. El primero de mayo es un espacio para la convergencia de los subalternos y es nuestra obligación intentarla.

 

En 1980, el Gobierno se percató de que el salario de militares y policías era muy bajo con relación al resto de trabajadores, debido a la excesiva cantidad de retiros que estaban ocurriendo. Decidieron subir esa estructura salarial a un nivel acorde con su función social. Con ese propósito, en 1981 equipararon la remuneración de los generales a la de los parlamentarios. Siguieron este proceso hasta el grado de coronel, cuando lo suspendieron en 1986 sin haberlo efectuado a los grados de teniente coronel hasta adjunto 5°. Crearon una amplia brecha en perjuicio de este segmento. Las presiones gremiales de distinta índole revivieron este proceso mediante el artículo 13 de la Ley 4 de 1992, que dispone: “El gobierno nacional establecerá una escala gradual porcentual para nivelar la remuneración del personal activo y retirado de la fuerza pública […] la nivelación […] debe producirse en las vigencias fiscales de 1993 a 1996”. Pero esto nunca saltó del papel a la realidad, como se ve en el cuadro “Estructuras salariales pagadas”.

El artículo 13 de la referida norma tiene por objeto darle continuidad a la nivelación salarial de la fuerza pública y sus reservas, iniciada en 1981 y suspendida en 1986. No como afirman algunos falsos profetas, dando a entender que este proceso empezó en 1992, lo cual genera enormes perjuicios por soslayar el contexto histórico. Basta comparar las EGP del cuadro “Estructuras salariales pagadas” para comprender que todas son peores que la equitativa que rigió en 1980. Lo correcto consistía en reajustar el SB de todos los grados y empleados en la misma proporción que el del general. Conscientes de esta nociva intención, los integrantes de la reserva democrática de Colombia la repudiamos y permanecemos alertas, toda vez que somos víctimas del proceso interrumpido en 1986, momento en que empiezan a torcerlo. En especial, por pretender que la nivelación quedó consolidada con el Decreto 107 de 1996, que promulga una EGP que no acata lo dispuesto en la Constitución y las leyes.

Para quienes tuvimos que ver con el logro del artículo 13 de la Ley 4 de mayo 18 de 1992, lo más grave e indignante fue descubrir que 15 días después de su promulgación el gobierno nacional produjo el Decreto 921 de junio 2 de 1992, cuyo artículo 14 modifica la remuneración de general en tal forma que sólo perjudica a los demás grados y empleados de la FP. En efecto, recorta la base de cálculo de todos los SB a la asignación básica y los gastos de representación que devengan los ministros, monto muy inferior al que tuvo vigencia hasta mayo 31 de 1992.

Un desacierto del gobierno nacional privó al pueblo trabajador colombiano de los efectos benéficos resultantes de la Ley 4 de 1992. En el ámbito privado no se conoce el nivel de ingresos personales máximo ni mínimo, pero en el estatal debe tener una distribución conocida, razonable y justa, lo cual incide en el nivel global. Por eso carece de lógica y justificación haber acrecentado 3,8 veces los sueldos más elevados de los funcionarios del Estado entre enero de 1992 y enero de 1993, cuando pasaron de $906.000 a $3.456.376. Sobre todo porque los mismos son reajustados cada año a una tasa que fija la Contraloría General de la República, que siempre es superior al IPC que certifica el Dane y que, además, ello ocurre a través de actos administrativos producidos después de promulgada la referida Ley 4. Este ejemplo es particular del estamento castrense. Sin embargo, permite intuir que en otros campos tuvo similar comportamiento, pues el salario mínimo apenas fue reajustado un 25 por ciento en el aludido lapso en que se hizo el aumento de 3,8 veces.

A través del cuadro “Fuerza pública, evaluación salarial a pesos de 2011”, podemos apreciar el desbarajuste propiciado. Lo real del momento es que la remuneración total asignada a congresistas, ministros, generales y demás funcionarios de alto rango en 2011 es de $21’045.638, incluyendo la igualadora prima especial de servicios. Acatando los principios de igualdad, favorabilidad, debido proceso, legalidad y respeto a los derechos adquiridos, no se pueden modificar los parámetros puestos en práctica entre enero 1° de 1981 y mayo 31 de 1992, como es que el general devengue una remuneración igual a la del congresista en todo tiempo y por todo concepto, repartida 45 por ciento como SB y 55 como primas. Con base en la propuesta que le presentamos al Ministerio de Defensa Nacional en 1994, parto de un SB equivalente a $9’470.537, que es el punto de partida de la EGP y referencia indispensable para calcular todos los SB; el monto restante son primas por $11’575.101. La columna SB $ 21’ muestra esta absurda secuencia como producto de cumplir la normatividad legal vigente a la institución armada.

Por otro lado, la columna SB $ 13’ corrige el error garrafal cometido en 1993. Permite ver un reparto salarial justo y equilibrado que normaliza esta aberrante situación. Parte de una remuneración total asignada a los más altos funcionarios estatales de $ 13 millones, la cual lleva a que el 45 por ciento del SB del general sea de $ 5’850.000 y sus primas sean el 55 por ciento que asciende a $7’150.000.

La columna año 2011, del cuadro “Estructuras salariales pagadas”, deja ver el efecto nefasto de la burrada del 93, como es que los grados y empleados ubicados en el escalafón por debajo del general, estén devengando una retribución inferior a la de profesionales con análoga preparación y menores exigencias y riesgos, lo cual representa entre un 40 y un 25 por ciento de lo que merecen quienes están sometidos a una extensa y peligrosa jornada laboral, que impone el cumplimiento de la función social en que vive empeñada la FP.

En conclusión, queda claro que la violación de la Ley Marco de Salarios estatales y otras normas superiores acrecentó la desigualdad en el campo laboral y comprobó que, sin un cambio estructural, no será posible superar los desequilibrios y las injusticias endémicas a que estamos sometidos en Colombia.





Por JUAN JOSÉ NEIRA GÓMEZ, Capitán del Ejército en retiro. Economista, Universidad Externado de Colombia.

Un supuesto nuevo rico, honorable sin duda, navega entre dudas que busca despejar. Le ha llegado una inesperada herencia y no sabe en qué invertir su cuantiosa fortuna: ¿Establecer una red de narcotráfico? ¿Dedicarse a la trata de blancas de nivel? ¿Negociar con armas? ¿Montar una EPS?

Las cuatro posibilidades ofrecen la expectativa de grandes rendimientos económicos, pero todas presentan aspectos que un hombre decente se resiste a aceptar. El narcotráfico, se sabe, ha creado grandes fortunas pero como actividad tiene ribetes inaceptables para el personaje de marras. La trata de blancas implica explotar sexualmente a las víctimas de virtual secuestro, como mercancía, sin escrúpulos ni miramientos hacia el respeto por el cuerpo. El negocio de fierros para la muerte, por debajo de la legislación, tampoco parece propio de gente que por su condición rechaza un mundillo tan sórdido como ese. Pero el negocio de la salud ‘le suena’ al ahora potentado hombre que busca establecerse bien en el mundo de la actividad económica.

En las tres primeras opciones el rico encuentra factores de riesgo, fuera de que no cuadran con su concepción de vida y su temperamento: ¿Y si pillan los eslabones del tráfico y me encanan? ¿Y si me agarran y me acusan de prostituir y secuestrar a los jóvenes, muchachas y muchachos sometidos? ¿Y si me vinculan con las redes guerrilleras o del paramilitarismo? Pero también le repugnan las implicaciones éticas consustanciales a las tres. Quedan por analizar los peligros de participar en las lucrativas EPS: ¡pero si no hay riesgos! ¡Todo es legal! ¡Qué chévere! Y además protegido y amparado por el Estado, por las leyes de los países envueltos en el neoliberalismo, sin más esfuerzo que esperar dividendos y atractivas alzas en el valor de las acciones. Sin embargo, el hombre se desconcierta al percatarse de cosas que para él habían pasado inadvertidas.

¿Qué ocurre con las EPS como negocio? El nuevo hombre “del billete” revisa balances empresariales para precisar los niveles de utilidad, y encuentra que hace unos tres años los resultados para el sector salud fueron más jugosos, porcentualmente, que los del sistema financiero. Y entonces se dice que esto no puede ser un camino abierto para un hombre escrupuloso. Porque en cualquiera de las tres formas de negocio a uno le pueden madrugar con un tiro o un carcelazo, pero esto de traficar con la salud no es para él, que se considera una persona de buenas costumbres.

Incidentalmente, el feliz heredero se entera de ciertos detalles que considera monstruosos cuando se trata de la salud de la gente que cotiza y espera y requiere y no adquiere una atención que se le birla y se le niega mediante los protocolos propios del “negocio”. Porque esto, el negocio, no es una forma de beneficencia sino una actividad que al accionista, a los dueños de las EPS, debe darles rendimientos en sus cuentas bancarias. Aunque los médicos no siempre pueden escapar de las culpas de la desatención, lo cierto es que la estructura de las EPS está concebida para ganar, negar servicios mediante la racionalización de los mismos, con auditoría y todo, con estímulos y castigos velados y todo, mientras vemos el horrendo paseo de la muerte, peor que el paseo millonario, en que los pícaros exponen el pellejo; peor que la dinámica del paramilitarismo, que para sus actores ofrece innegables peligros, ausentes en el caso de los mercaderes de la salud.

Mostremos un caso concreto, entre miles, entre millones. Llega una joven con dolencias en su estómago, vomitando sin parar, arrojando todo “por entrambos canales”, y el médico le toma la temperatura y ordena unos exámenes de laboratorio. Nada de dejar en observación en una camilla: ¡ni un mejoral! O sí, un calmante, como la golosina para el niño que molesta, mientras el galeno suelta un juicio duro e irresponsable: “¡Es que la joven es sobona y quejumbrosa!”. El facultativo está amparado por su blusa, pero también, es justo decirlo, vive acosado por el ordenamiento de su oficio, dictado no por médicos sino por comerciantes, actuarios gélidos, gente avara, ingenieros de los tiempos y movimientos, y bajo los preceptos de un implacable vademécum al que se encuentra atado sin remedio.

La joven del paseo de la muerte, luego de insistente búsqueda de atención, no aguanta más, y con el ánimo de no dejarse sacar de allí va a parar con su madre y su hermano a una clínica donde los médicos la atienden de inmediato y sin indiferencia, con preocupación por lo que consideran que puede ser un caso difícil. “Si esta joven hubiera llegado aquí unas tres horas más tarde, ¡adiós vida!”, dice el cirujano, que ordena alistar el quirófano para intervenirla y explorarla a medianoche y encontrar un estado grave de infección generado por oclusión intestinal. Las secuelas no faltan: que los riñones, que los pulmones, que la neumonía… todo en medio de una galopante deshidratación y un debilitamiento general.

Agreguémosle a esto la anécdota de una médica que ejerce en Pereira para una EPS. Es un hecho que debiera tener otro nombre, porque las anécdotas suelen ser inofensivas, ligeras, insólitas sí pero inocentes. La médica risaraldense viene recetando un medicamento contenido en el POS pero de cierto costo, lo cual no les hace gracia a los dueños de la tienda, digo… del negocio de la salud. Entonces la profesional de la medicina recibe una carta amenazante, indecente, grosera, según la cual ella deberá abstenerse de prescribir tal remedio dentro de determinado período, so pena de no sabemos qué cosa, y cuando decimos “so pena” no estamos ante algo bueno.

Rematamos la anterior referencia con una manifestación puntual: el mal está básicamente en la estructura concebida para una actividad social que debiera funcionar bajo parámetros humanos, para seres humanos, para necesidades humanas, cosa imposible cuando el objeto de tal actividad se ejerce desde los conceptos de fríos negociantes. Mejor dicho, la salud debe estar en manos del Estado. En defensa de este principio, observemos el comportamiento comparativo de las cifras en una salud pública y una salud privada. Hoy son mayores los recursos destinados a la salud pero ésta ha perdido calidad. ¿Cómo explicar este absurdo? Pues, sencillamente, que esos recursos se quedan en la intermediación, o sea, en el patrimonio personal de los accionistas. Todo por efecto de la Ley 100, que privatizó un sector tan especial.

¿Qué hacer, entonces, se pregunta el nuevo rico, que adicionalmente a sus fajos de billete tiene una conciencia que no compagina con ciertas formas toscas moralmente de ganar plata? Está inclinado por dejar su dinero debajo del colchón o en una cuenta cuyos intereses, así sean poco atractivos, le aseguren al menos mantener un nivel de fortuna que le permita pasarla bien durante el resto de sus días. “¡Pero con el alma tranquila!”.

No obstante los repetidos estragos que se van conociendo, los sucesivos gobiernos carecen de la ideología y el valor necesarios para ponerle coto a esta situación aberrante. Todo se reduce a pañitos de agua, aflojando hoy, apretando mañana, tolerando siempre: ‘cambiando’ para que todo siga igual.

Nuestro hombre imaginario del billete fácil se salva por su rechazo a lo inmoral, a lo canalla, a lo sucio de los balances popochos y pulpitos, mientras los negociantes de la salud deben seguir siendo señalados con el dedo acusador de una sociedad que habrá de continuar luchando contra esta monstruosidad en que unos se lucran mientras la contraparte, los pacientes, los enfermos, los usuarios, ¡que se mueran pero que antes coticen y paguen bonos y se ejerciten en el paseo de la muerte!

Por Mario Méndez, Sociólogo egresado UN.

 

En el libro El derecho en América Latina se menciona que el discurso de la seguridad ciudadana reemplazó al de la seguridad nacional. ¿Cuáles son las implicaciones de ese pasaje?

–Hay una implicación que es directa. El asunto de la seguridad comienza a ser apropiado como una preaocupación de las clases medias y, por tanto, comienza a ser muy popular electoralmente. Por eso, alrededor de América latina, movimientos más de centroderecha o derecha directamente comienzan a llegar a las alcaldías y a las presidencias con una bandera de seguridad ciudadana. Luego, comienzas a ver el rol de los partidos de centro o centroizquierda, que se ven compelidos a tomar esa bandera. Ahora hay una apropiación universal de la idea de seguridad ciudadana que va desde la “mano dura” (en Guatemala ganó un ex militar acusado de genocidio) hasta gobiernos de izquierda como el de Bogotá, con un ex miembro de la guerrilla del M19, que debe tener una agenda de seguridad porque ya se volvió tan popular y tan abarcativo que se apropió de la agenda política y de muchos sectores de la ciudadanía. En parte, como todos sabemos, empujados por una realidad de inseguridad, pero también producto de una publicidad exitosa, esencialmente impulsada por la derecha, que muestra ese tema como central en la agenda política. Una consecuencia directa es que pasó de ser una agenda de la élite en el poder y de los militares, a una agenda que se volvió popular en los gobiernos democráticos.

–En las “zonas sin ley” que se analizan en el libro, ¿qué tipo de intervención sería necesaria, más allá de una de tipo punitiva?

–Es una excelente pregunta que tiene aplicación en muchos lugares de América latina, no solamente en los predecibles. En el libro mencionamos la zona de Colombia que está en medio del conflicto armado, o las zonas de Guatemala o El Salvador, que nunca fueron “apropiadas” por el Estado y siguen siendo patrimonio de bandas criminales, ahora herederos de los paramilitares de antaño. Es posible ampliar esta expresión a otros lugares que han surgido recientemente. En otro trabajo sostengo que en las zonas donde se ubican los proyectos mineros y donde hay una rápida apropiación de los recursos naturales, con una colonización muy fuerte y mucho dinero de por medio, se tiende a generar lógicas de “economía de frontera”. Si miras, por ejemplo, los estados como Paramas Mato Grosso, en el norte de Brasil, los lugares con yacimientos de oro en Perú, o Catamarca, que está explotando, en Argentina. La lógica en esos lugares es la de un Estado ausente, donde actúan directamente las comunidades locales, los colonos y las empresas en una combinación muchas veces explosiva, donde hay mucha violencia. Fíjate el caso de la carretera de Tifis en Bolivia, y la respuesta que hubo frente a eso. Creo que el Estado debe entrar, pero con sus diferentes brazos, no sólo con el brazo represivo. Hay una justificación muy liberal de que debe existir una red de servicios públicos que funcione, donde el Estado funcione como un tercero en esas disputas y no como un aliado de los grupos más poderosos. La agenda allí supone la construcción de un Estado básico, si quieres ponerlo en términos clásicos de Estado de derecho y administración de Justicia, con servicios sociales para que, por lo menos, haya un balance frente a la asimetría existente en esas “zonas sin ley”.

–En rela

–Son zonas de conflicto en las que coexisten regulaciones muy distintas. Intento demostrar que cuando se trata de industrias extractivas, frente al poder de esas empresas internacionales, coexisten regulaciones muy diversas. La regulación del Estado en muchas ocasiones es precaria; de hecho, parte del problema del Estado latinoamericano es que no hay un aparato institucional y regulatorio adecuado, termina siendo muy precario frente al poder de los sectores involucrados. Mientras el procedimiento para tramitar una petición de licencia ambiental en una mina de cobre o de oro, el procedimiento para titular o conceder la explotación de un yacimiento es muy sencillo, por otro lado las agencias reguladoras de esos países son muy débiles y, muchas veces, terminan siendo cooptadas, como ocurre en Perú, Colombia, Guatemala, entre otros. Entonces, el derecho que debería regular estas interacciones sociales, impartido desde el Estado, queda corto frente al derecho de las multinacionales o al de actores armados como paramilitares o guerrillas. Por eso, muchas veces los movimientos sociales tienen que promover códigos de conducta para que las empresas multinacionales se comporten bien en cualquier parte del mundo. Por eso, en los últimos años han proliferado códigos de conducta para empresas mineras, empresas madereras o empresas de textiles que invierten en maquilas en Centroamérica. Hay un vacío regulatorio que termina siendo llenado con fragmentos de regulación de todas estas naturalezas.

–¿Cómo analiza la paradoja que se da entre esta globalización jurídica que termina colonizando el derecho en esos espacios y la lucha por crear un marco jurídico transnacional de parte de los movimientos sociales?

–A medida que se ha globalizado el derecho y la regulación de la economía y de la vida social en general, surgieron distintos proyectos de regulación internacional. A diferencia de algunas visiones teóricas y populares sobre la globalización, la regulación de la globalización no es sólo un proyecto de transnacionales y Estados hegemónicos, sino que existen proyectos de regulación de actores sociales, como las organizaciones de base, los movimientos sociales o las ONG. El proyecto de derechos humanos es una propuesta global: la idea de que todo el mundo tiene que conformarse a unos parámetros básicos de defensa, la violencia sobre la mujer, los derechos indígenas, la discriminación de la incapacidad, los derechos de primera generación. El tiempo de la globalización ha impuesto desafíos, incluso, para los movimientos de derechos humanos clásicos. A los reclamos tradicionales de derechos humanos, los movimientos indígenas les añadieron reclamos de identidad de sus territorios. En definitiva, son esos proyectos globales, en un balance inestable, los que terminan pujando por la definición de un ámbito de regulación específica. Unas veces ganan unos y otras veces ganan otros.

–Volviendo a las “zonas sin ley”, y teniendo en cuenta las desigualdades y disimetrías que existen en esos lugares, ¿cómo debe pensarse allí el funcionamiento de la imparcialidad de la ley?

–De acuerdo. La primera conquista y reclamo por las personas marginadas por clase social, etnia, raza o género es la aplicación imparcial de la ley. El reclamo liberal clásico, por ejemplo, pide que los afrodescendientes en Brasil o en Colombia sean tratados por la policía de manera igual de mal, si es necesario, pero por lo menos igual. Que no haya persecución racial. Digamos que América latina es la región más desigual del mundo y eso enrarece la aplicación de los derechos. La aspiración del Estado de derecho –en el que gobernantes y gobernados, ricos y pobres, reciban el mismo código jurídico– en América latina se funda una y otra vez en el hecho de que nadie reciba ningún tratamiento personal por pertenecer a una clase social o etnia diferente. Lo interesante en América latina es que, al mismo tiempo que se hacen esos reclamos, existen otros tendientes a la igualdad material, que proponen medidas específicas para grupos marginados, como el debate que ha habido en la región andina o en Brasil para pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes, o cuotas para mujeres alrededor de América latina. El reclamo allí va en línea con lo que proponemos en el libro, en el sentido de que no habrá igualdad formal a menos que se tomen medidas de ese tipo, pues la inercia de la desigualdad en un contexto tan dispar como el nuestro va a continuar.

–¿Qué impactos tiene sobre los sectores más pobres la “demonización” que se hace de ellos en el ámbito jurídico?

–El efecto inmediato es que se convierten en sujetos de regulación y sujetos regulados antes que en sujetos de derecho. En casos extremos, como vemos en Centroamérica, México, Colombia, en alguna región andina o en Brasil, eso supone una lógica de guerra en el tratamiento de las personas. Por eso hay “guerra contra las drogas”, “guerra contra el terrorismo”. Cuando entras en esa lógica, los sujetos regulados son vistos como enemigos, no como sujetos de derecho. Hay un desliz muy fácil entre seguridad ciudadana y seguridad nacional, y desde la tradición de comunidad nacional las personas que son reguladas por marcos de seguridad nacional son vistas como sujetos peligrosos que no tienen derechos.

–Además de la imagen del “enemigo”, ¿qué otros rasgos tiene esta lógica de la guerra en la que uno se ve inmerso?

–Tiene una lógica altamente polarizadora en términos sociales. Nosotros la vivimos en Colombia durante los ocho años del gobierno de Alvaro Uribe. Era un gobierno de la lógica amigo-enemigo, que dio lugar al cierre de espacios de consenso y diálogo. Durante el gobierno de Uribe, las ONG, los académicos y todos los sectores sociales que pidieran distancia respecto de los sectores involucrados en estas guerras fueron vistos como cómplices. La lógica “o estás conmigo o estás contra mí” genera una imposibilidad grande de generar consensos y puntos medios indispensables en cualquier democracia.

–Con las particularidades que tiene la conflictividad social y política de Colombia, ¿cómo se debe posicionar el derecho para intervenir?

–El derecho siempre, en cualquier circunstancia y bajo cualquier signo de gobierno –derecha, izquierda o centro–, tiene que reivindicar reglas de juego básicas que le permitan funcionar como mediador. Como ves, los juristas, los demócratas y los sectores de derechos humanos critican tanto a la izquierda de Chávez como a la derecha de Uribe, cuando estaba en el poder, y en general, a las derechas de Centroamérica por violar las garantías básicas de estado de derecho, libertad de información, libertad de prensa, independencia judicial, etc. Es muy importante que la crítica persista, porque si criticas al poder cuando está la oposición, pero te quedas callado cuándo están tus amigos, el derecho pierde cualquier utilidad.

–Sin perder la utilidad a la que usted alude, ¿el derecho puede tener cierta flexibilidad, y al mismo tiempo ser útil, en función de las diferencias materiales existentes en los territorios?

–De acuerdo, ésa es también una pregunta clave. La respuesta corta constituye un argumento político, teórico, que yo he hecho y otras personas que también están en este libro. El derecho tiene que facilitar la deliberación y la participación, y eso sí es transversal a diferentes contextos. No digo que el resultado de esa deliberación tenga que ser éste o aquél, sino que el valor de la participación y el valor de las intervenciones judiciales que potencien esa participación pueden hacer que el derecho se adapte y sea una herramienta dúctil a diferentes contextos.

–¿Qué análisis hace de las experiencias de las constituciones plurinacionales, como la que se dio en Bolivia?

–A mí me parece un avance considerable para el constitucionalismo latinoamericano, para que, además de las garantías de libertad e igualdad, las democracias añadan una reivindicación y una protección a la diferencia, en términos constitucionales. Ahora, en la implementación de esos marcos, en todas partes del mundo pero ciertamente en América latina, hay un trecho entre la norma y el hecho.

–¿En qué sentido?

–Gobiernos como el de Ecuador han fascinado con la implementación de las promesas que hicieron. Si esas promesas son a costa de derechos básicos como el de bioproceso, que se tramita a través de la independencia del Poder Judicial, o el de la protección de la libertad de expresión, entonces el edificio constitucional, ese tercer piso, se cae desde la base.

–En el libro usted plantea la necesidad de una transición hacia un marco jurídico postwelfaniano. ¿Qué debería contemplar ese nuevo marco y, sobre todo, qué sería necesario cambiar con respecto a las características del actual escenario jurídico?

–Un cambio esencial es considerar que los derechos humanos no están otorgados en función del accidente donde nacimos tú o yo. Desde el punto de vista jurídico y moral es irrelevante que tú hayas nacido arriba o abajo del Río Grande, y seas ciudadano de Estados Unidos o México, y que en consecuencia recibas un tratamiento totalmente distinto cuando te mueves por el mundo, incluso cuando intentas entrar a Estados Unidos. Entonces, la primera aspiración de un marco postwelfaniano es que los derechos de los migrantes estén garantizados, no como un favor de un Estado sino como un derecho ciudadano. En ese sentido, la ciudadanía tiende a ser universal. En términos más operativos, esto implica una serie de instituciones que le den la talla a los flujos transnacionales. Así como hay una Corte Internacional, existen mecanismos internacionales, como por ejemplo, que en América latina se fortaleciera el sistema interamericano de derechos humanos para garantizar derechos básicos mediante acuerdos mínimos entre todos los países de la región, y que cada tratado de integración económica vaya de la mano de la integración de derechos humanos. Eso implica subir la escala de la regulación a un nivel en el cual están sucediendo los hechos económicos y políticos.

–¿Cómo se incorporarían las formas del “derecho blando” en este escenario que usted describe?

–Las formas del “derecho blando”, como las recomendaciones internacionales que no son estrictamente obligatorias, pero sí tienen peso moral, y, del otro lado, las regulaciones de los códigos de conducta de las empresas transnacionales que –nuevamente– no hay quién las haga cumplir aunque tienen cierto peso para obligar a las empresas, son útiles porque ayudan a llenar esos vacíos, considerando que este derecho internacional es muy lento. La declaración de los pueblos indígenas duró más de veinte de años en la Organización de Naciones Unidas (ONU). Mientras tanto, hubo una violación masiva a los derechos de pueblos indígenas que van a desaparecer, a menos que se intervenga. Entonces, el “derecho blando” tiene esa función: ayudar a llenar vacíos y respaldar el derecho más lento y duro del Tratado.

Durante el mes de noviembre de 2011 se desarrolló una fuerte campaña conmemorativa de los 120 años de la policía nacional mediante una fuerte campaña publicitaria que incluía imágenes en páginas webs, videos promocionales en el portal YouTube, comerciales, hasta un fascículo que circuló en periódicos nacionales. Las imágenes utilizadas en la campaña resaltaban tres logros actuales de la institución (Presidencia de Ameripol, Premio Iberoamericano a la Calidad y Vicepresidencia de Interpol), otorgados por organismos internacionales.

Que la policía celebre orgullosamente su aniversario presentando logros otorgados por instituciones que confieren certificados de gestión y calidad administrativa genera una interpretación errónea en los ciudadanos acerca del accionar y el trato por parte de los uniformados con la población. Sí una entidad tiene como lema “Servicio a la comunidad”, ¿no debiera ser esa comunidad a la que sirve quien evalué o sea tenida en cuenta en tales valoraciones para poder hablar de logros? Teniendo en cuenta que la Policía es la primera entidad de servidores públicos a los que acuden las personas, debido a que son ellos quienes se relacionan en los espacios locales y regionales con la población, esos logros reconocidos desde escritorios alejados de la realidad de las calles y de la percepciones sociales no dan cuenta de los serios problemas que tiene la policía colombiana en términos de credibilidad y confiabilidad.

Existen fuertes cuestionamientos debido a los mecanismos que utiliza la entidad en el desarrollo de sus actividades: uso de la fuerza desmedida, asesinatos, abusos de autoridad, sobornos y violación a los derechos humanos, son algunas de las situaciones que se viven diariamente en las ciudades colombianas. Estos defectos de la función policial ponen en riesgo no sólo la credibilidad institucional; el efecto más nocivo apunta hacia el régimen establecido: la democracia y el Estado de Derecho colombiano.

Situaciones en los estadios

Ser integrante de una barra de fútbol es para muchas personas sinónimo de delincuencia. A finales de la década de los 90, estos grupos sociales empezaron a ser visibles, ya no por sus diversas formas de presenciar los partidos sino también por los enfrentamientos que salían a la luz pública. El fenómeno urbano creció, llegando a todas las ciudades del país que contaban con equipos de la primera división colombiana. Estos nuevos grupos buscaban ser reconocidos en el ámbito barrista por la peligrosidad y la pasión hacia sus equipos. Desde entonces, las barras han desencadenado cientos de episodios violentos, incluyendo robos, heridos, muertos, hechos que sin duda manchan el fútbol y llevan a los barristas a incrementar el círculo de odio, repitiendo estas acciones en su vida diaria. Cabe resaltar que las barras están compuestas por miles de individuos heterogéneos que no se pueden encasillar dentro de una misma categoría. Es imposible pensar que en una colectividad todos los integrantes piensan y actúan de la misma manera.

Como respuesta a tal realidad, la Policía aumenta los operativos en los campos deportivos del país, integrando algunas dependencias, algunas con entrenamiento especial para seguridad en los estadios. El número de uniformados disponibles se incrementa, variando en cada encuentro. Hoy día, acudir a un clásico capitalino o a un partido entre un equipo bogotano y Nacional o América, genera operativos de gran magnitud, como si de una guerra se tratara: decenas de patrullas en los barrios aledaños al Campín, tanquetas antidisturbios ubicadas en las tribunas populares, agentes motorizados en las esquinas de ingreso, anillos de seguridad junto al acompañamiento aéreo, hacen parte del paisaje urbano en días de partido. Debido a este control, el estadio ha pasado a un segundo plano como escenario para los enfrentamientos entre hinchas. Sin embargo, estos episodios violentos sólo se han trasladado a otros lugares.

En términos generales, el trato recibido por la Policía es similar en todas las ciudades del país. El común denominador es actuar contra las personas, obedeciendo a patrones circunstanciales o personales, más no al cumplimiento de los derechos constitucionales. Los miembros de las barras viven todo tipo de abusos por parte de la fuerza pública, desde agresiones verbales hasta operativos infrahumanos en las carreteras y ciudades del país. La sensación colectiva es que para la Policía son unos ciudadanos de segunda clase, a quienes no se les respetan sus derechos. En Bogotá son comunes las detenciones injustificadas en días y lugares donde se desarrollan los partidos. Estar alrededor del estadio sin tener una boleta en la mano o pedir dinero para entrar son motivos para que los hinchas sean detenidos ‘preventivamente’, como lo llaman los agentes, sin que ni siquiera sean contravenciones al Código de Policía. En los partidos clase A (América, Millonarios, Nacional o Santa Fe), las detenciones ilegales se incrementan: es común ver los camiones que se dirigen a la UPJ con decenas de hinchas.

En igual forma, se presentan situaciones anormales en los viajes nacionales. Una de las actividades que caracterizan a las barras es el seguimiento a su equipo en las diferentes canchas donde jueguen, lo cual exige una logística y una planeación para poder realizar el desplazamiento con la mayor cantidad de personas posibles. A través de los años, la policía de carreteras ha intensificado sus operativos en pro de la seguridad, por lo que en los últimos meses el acompañamiento de uniformados motorizados con armas de largo alcance prohíbe que los buses se detengan para que las personas desciendan. En viajes de larga duración, es necesario parar para cumplir las necesidades básicas de cualquier ser humano, acciones imposibles de realizar puesto que en cada departamento un comando de policía de carreteras espera a la caravana de los buses para escoltarlos, prohibiendo que los conductores se detengan.

Aunque en Bogotá hay programas de la Alcaldía que buscan fomentar la convivencia entre hinchas del fútbol tanto distritales como nacionales, en otras ciudades el tema le compete casi que exclusivamente a la Policía, razón por la cual el trato recibido por los hinchas que a esas ciudades se dirigen depende de dicha institución, a pesar de lo que establece la Ley 1270 de 2009. La creación de la Comisión Nacional para la Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol, que debiera ser generadora de programas y líneas de acción para las varias facetas de la problemática futbolística. Esta ley estableció en su artículo 7 (respaldado por el Decreto 1717 de 2010) que los municipios debían crear esta comisión local, buscando precisamente comodidad, seguridad y convivencia en el fútbol. Sin embargo, hasta la fecha la ley no se ha cumplido.

Durante 2004 y 2005, las caravanas de buses eran devueltas de la ciudad de Medellín, aduciendo la escasez de boletas, algo sin sentido. En Cali, en uno de los operativos del Pascual Guerrero, se prohibía el ingreso de hinchas visitantes con más de dos camisas, y tampoco se permitía llevar chaqueta, elemento necesario cuando se viaja desde otras ciudades. La policía aseguraba que estos elementos permitían taparse la cara y por esto quedaban prohibidos.

Las requisas son un procedimiento necesario cuyo objetivo es prevenir la violencia generada por armas o por sustancias prohibidas. Pero no es comprensible que en un viaje se realice una y otra vez el mismo procedimiento, ya que éste no arroja nuevos ni mejores resultados, pues las personas se habitúan. Para realizar este procedimiento a decenas de autobuses, se requiere una cantidad proporcional de uniformados. Sin embargo, en la gran mayoría de requisas se tardan horas: algunas veces las demoras simplemente son por negligencia de la Policía, haciendo que los hinchas no alcancen a llegar y ver a sus equipos. Después de estar confinados en un asiento durante horas para asistir a un partido de 90 minutos, es humillante que la Policía retenga los buses en la carretera, impidiendo el ingreso a las ciudades de destino. Cabe resaltar que tanto en viajes a otras ciudades como en los escenarios deportivos no hace presencia un delegado de la Defensoría del Pueblo, contrariamente a otros contextos, como las marchas nacionales, en las que, por las constantes violaciones de derechos, se ha vuelto necesario el acompañamiento de personal de esa institución.

Otra mala conducta policial se relaciona con las acciones generadoras de violencia, uno de los mayores problemas para mantener el orden público. Mientras frente a las cámaras los oficiales afirman que su función tiene que ver con la protección, la convivencia y la preservación de la vida, los uniformados de a pie, es decir, aquellos que están cerca de las conglomeraciones, se empeñan en incentivar los actos de violencia. Es común ver a uniformados diciéndoles groserías a los jóvenes, discriminándolos por su vestimenta y aspecto físico, tratando a los hinchas de pandilleros e incentivándolos a pelear para así facilitar su trabajo de detenerlos y agredirlos físicamente. El trabajo del argentino Gastón Gil concluye que en el entorno futbolístico, “lejos de cumplir con la declarada función de garantizar la seguridad, la policía participa directamente en la conformación de un clima violento”*. En nuestro país, este comportamiento es frecuente en los integrantes del muy cuestionado Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), señalados por el excesivo uso de fuerza y la implementación de granadas recalzadas para la dispersión de manifestaciones.

Conclusión

Las conductas descritas distan de las afirmaciones del presidente Santos durante la ceremonia de aniversario de la institución. Sus palabras se referían a una policía exitosa. La realidad es que la fuerza pública tiene grandes retos en su camino hacia la excelencia. Mientras el comportamiento de los uniformados afecte los derechos de cualquier ciudadano o grupo social, habrá impedimentos para lograr una deseable credibilidad de la población sobre la fuerza pública. En el mismo sentido, si uno de los objetivos institucionales es ganar la confianza de la comunidad para enfrentar la delincuencia y mejorar la seguridad ciudadana, se deben abolir aquellas formas que causan agresión y violentan los derechos humanos, como las injustificadas detenciones colectivas, el cobro de sobornos, el uso excesivo de la fuerza, las decisiones tomadas arbitrariamente, la incitación a la violencia, etcétera.

En las víctimas de estas conductas se generan comportamientos que contrarios a la autoridad, aumentado la desconfianza en el Estado y la policía nacional. Entre la población surgen posiciones críticas y antagónicas de la fuerza pública, pues, siendo víctima de ésta, la gente no acude a su servicio en situaciones de riesgo sino que decide actuar por su propia cuenta, aumentando aún más el ciclo de violencia y odio. Así, las malas conductas van minando los esfuerzos institucionales en la búsqueda de un mejor servicio y aceptación, ya que el acompañamiento de la comunidad es el garante de una mejor seguridad ciudadana.

En fin, de no modificarse las formas de actuación de la Policía, es posible que se desencadene un problema de legitimidad del sistema político generado en el espacio micropolítico, donde los agentes del Estado se convierten en elementos que aíslan a un amplio sector de la población juvenil del Estado de Derecho promovido en la Constitución nacional. El aniquilamiento de sujetos de derechos desafía el pleno desarrollo de la democracia participativa, minando la probabilidad de tener ciudadanos partícipes del sistema democrático que necesita nutrirse de ciudadanos capaces de generar progreso democrático, que a la vez promueva y respete los derechos humanos en todos los ámbitos de la vida.

* Gil, Gastón Julián. Criminalización, arbitrariedad y doble militancia. La policía y la violencia en el fútbol argentino. Revista de Estudios Sociales número 31. Universidad de los Andes, 2008.

Aunque el sentido común responde que es de todos, los hechos suelen contradecirlo: el calentamiento global y los cambios climáticos que conlleva han convertido el agua en algo tanto o más codiciado que el petróleo y grandes empresas se están convirtiendo en dueñas de ese recurso natural, extrañamente, con la ayuda de las Naciones Unidas, la organización creada para velar por los derechos de los habitantes del planeta entero. En este caso, y no sólo, parece inclinada a preservar más a los unos que a los otros. Con razón decía Bernard Shaw que el sentido común es el menos común de los sentidos.
 

Una de las primeras medidas que adoptó Ban Ki-moon, flamante secretario general de la ONU, fue el lanzamiento del CEO Water Mandate, “una iniciativa público-privada especial destinada a asistir a las empresas en el desarrollo, aplicación y difusión de políticas y prácticas sostenibles en la esfera del agua” (www.unglobalcompact.org). Un propósito loable, su trastienda no tanto. Megapolios como Marck&Co. o Siemens se acogen al Mandato para privatizar un bien común. Como sucede con otros proyectos importantes de la ONU, FMI, el Banco Mundial y bancos de desarrollo regionales en general se encargan de manejarlos.
 

El Banco Mundial acaba de asumir el control del Fondo Verde de la Conferencia sobre el Cambio Climático, financiado con 100 mil millones de dólares. Es notoria la poca o ninguna transparencia del BM en lo que hace a proyectos similares, pero estas iniciativas se reiteran “no sólo porque los Estados miembros más poderosos de las Naciones Unidas las empujan”, señaló Maud Barlow, presidenta del Consejo Nacional de Canadienses (CNC): también porque la ONU carece de fondos suficientes y sus organismos y programas “recurren al patrocinio privado para funcionar”. Barlow es autora, entre otros libros, de Oro azul y El Pacto Azul: la crisis mundial del agua y la lucha por el derecho al agua.
 

La ecologista canadiense ha subrayado, en el prólogo de un estudio del CNC sobre la influencia del sector privado en las Naciones Unidas, que el planeta está en vísperas de una crisis de proporciones aterradoras en materia de abastecimiento de agua (//blueplanetproject.net). Observa que el FMI “fuerza a las naciones endeudadas a vender bienes públicos, incluyendo los acuíferos, como condición para otorgar una ayuda financiera. Todo el sistema (de la ONU) está regido por estas corporaciones”. Que sólo buscan ganancias, naturalmente.
 

El informe del CNC detalla ese dominio en varias organizaciones del sistema, incluso anteriores a 2007. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) concertó en el 2005 una asociación con la empresa Volvic, abastecedora de agua mineral, y llevó a cabo una campaña pública de proporciones en Alemania con el lema “1 litro por 10 litros”. La empresa se comprometió a contribuir monetariamente a un programa de Unicef en estos términos: por cada litro de agua Volvic que se vendiera en el país europeo, la empresa aportaría lo necesario para que los habitantes del distrito Amhara en Etiopía tuvieran acceso a 10 litros de agua potable. La iniciativa se repitió en otros mercados occidentales, lo que permitió que el programa se extendiera a zonas de Níger y Malí.
 

Volvic donó medio millón de dólares de sus ventas en EE.UU. y Canadá en el bienio 2008-2009 para financiar proyectos de Unicef (www.drink1give10.com). Bien, pero cabe señalar que las ventas de la sección Agua del grupo francés Danone, al que Volvic pertenece, ascendieron aproximadamente a 3700 millones de dólares sólo en el 2008 (www.danone.com, 24/6/10). El CNC manifiesta en el estudio que la vinculación explícita de Unicef con Volvic en grandes mercados consumidores como Francia, Japón, Canadá y EE.UU. es un valor agregado y estima que las ventas de los productos embotellados de Danone “bien pudieron haber excedido el valor (correspondiente) de la contribución de 500 mil dólares a Unicef”.
 

La Unidad de Inspección Conjunta de la ONU señaló en un informe del año pasado que esta clase de asociaciones carecen de “un sistema eficaz de supervisión para medir la implementación real de los principios (establecidos) por los participantes”, lo cual ha despertado las críticas de varios Estados miembros de Naciones Unidas y el riesgo de lastimar la reputación de la organización internacional (www.unjiu.org, septiembre de 2010). Sin embargo, aumenta su participación en estos emprendimientos “especiales”.
 

Un rasgo característico de estas transacciones, reconocido por el Banco Mundial, es que las empresas se niegan a invertir en la infraestructura necesaria para mejorar el acceso a este recurso: sólo quieren recortar las operaciones para aumentar sus beneficios. Así, el precio del líquido aumenta y su calidad empeora. En Francia, considerado el impulsor más importante de la privatización del agua, hay marcha atrás: en junio, la alcaidía de París readquirió los servicios de agua manejados por las compañías Veolia y Suez. Pero no siempre la rapacidad encuentra freno.

Por Juan Gelman