A diferencia del resto de los países del Cono Sur, no ha habido condenas penales en Brasil, ya que la Ley de Amnistía de 1979, cuya legitimidad fue ratificada recientemente por la Corte Suprema de ese país, protege a los represores y genocidas de ser castigados con cárcel o ser llevados a juicio. Más allá de la decisión de los Supremos, en varias ciudades del país familiares de víctimas y organismos de derechos humanos han presentado acciones civiles.
 

A fines de 2010, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) decidió declarar a la Ley de Amnistía sin efectos jurídicos y ordenó a Brasil que determine las responsabilidades penales correspondientes y aplique sanciones por la detención arbitraria, tortura y desaparición forzada de cerca de 70 personas de la guerrilla del Araguaia.
 

La denuncia elevada por los fiscales enciende la polémica en Brasil, que aprobó recientemente la creación de una Comisión de la Verdad destinada a esclarecer los delitos de la dictadura, una iniciativa del gobierno que, sin embargo, no conlleva acciones penales, pero que recientemente provocó la reacción de las fuerzas armadas en Brasil. La presidenta Dilma Rousseff, ex presa política que sufrió tortura y cárcel durante la dictadura, sancionó en noviembre la creación de la Comisión de la Verdad. A pesar de su formación, sus miembros aún no han sido nombrados.
 

Los responsables de los clubes de las fuerzas armadas brasileñas, que representan a los militares en retiro, publicaron en febrero una carta con duras críticas al gobierno y a la ministra de Derechos Humanos, Maria do Rosario, que dijo que en el futuro los militares podrían ser llevados ante la Justicia para responder por crímenes cometidos durante la dictadura.
 

Las dictaduras del Cono Sur latinoamericano comenzaron en Paraguay (1954-89) y siguieron en Brasil (1964-85), Uruguay (1973-85), Chile (1973-90) y Argentina (1966-73 y 1976-83), y se coordinaron en el denominado Plan Condor de persecución de opositores.
 

Estoy por creer que es cierto el dicho popular que nos enseña que  “el que la hace la paga”. Ahora anda huyendo de la justicia el excomisionado de paz del gobierno Uribe Vélez, el prófugo Luis Carlos Restrepo,  quien se inició en los laberintos del conflicto armado con un ensayo que tituló "La Sangre de Gaitán", publicado en Bogotá en el libro Saqueo de una Ilusión.

El ritmo del trabajo de Iván Cepeda Castro es despiadado. Todo lo que tenga que ver con la situación de derechos humanos en el país convoca la atención de su mente clara, compañía de su corazón justo y su incesante labor. Al escuchar el relato de su incansable brega en torno a los derechos humanos, es imposible no preguntarse: ¿Cómo es posible que en un país con tantas facultades de Derecho no haya un movimiento de la comunidad académica que reaccione frente a las pavorosas vulneraciones de derechos humanos que se presentan en Colombia?

Héctor Arenas: ¿Cuáles son los temas principales que convocan su atención en este tiempo?
Iván Cepeda: En el trabajo de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes se decidió hacer visitas in situ a varias cárceles del país para constatar la situación. La que se hizo a la cárcel de Valledupar forma parte de nuestro interés por comprender los efectos del ‘plan Colombia’, y cuáles son las víctimas de la población civil, que deben exigir reparaciones ante el gobierno colombiano, responsable de las vulneraciones, pero también ante el de Estados Unidos. Porque el ‘plan’ fue aprobado con unos objetivos, y al parecer se ha convertido en otra iniciativa que viola gravemente derechos de esa población civil.

H.A.: ¿Cuáles han sido esas violaciones?
I.C.: Una situación que hemos documentado considerablemente es el tema de los cementerios en el sur del país, hasta ahora seis, aunque creemos que hay más. Allí reposan los restos de dos mil personas que el ejército nacional dice que murieron en combate. No hemos tenido acceso a las bitácoras de esos combates, que, supuestos o reales, ocurrieron al aplicar de modo intensivo el ‘plan Colombia’ o ‘plan patriota’. La asignación de recursos por el gobierno estadounidense a ese ‘plan’ se ha debilitado pero se mantiene y es constante. Queremos saber cómo esos recursos entregados a Colombia y la presencia militar extranjera afectan a la población civil. Determinar si ese número tan significativo de inhumados en esos cementerios son de miembros de grupos armados o estamos ante graves violaciones de derechos humanos o vulneración del derecho internacional humanitario.

Plan Colombia y populismo punitivo

H.A.: ¿Y la situación de la cárcel de Valledupar qué tiene que ver con el ‘plan Colombia'?
I.C.: La cárcel contó en su proceso de diseño con asesoría del Buró Federal de Prisiones de Estados Unidos. Algunos estudios previos a su construcción se hicieron con recursos del ‘plan Colombia’. La cárcel se construyó hace ya 11 años como nuevo modelo penitenciario en el país; que sirviera de paradigma de una nueva forma de resolver los graves problemas del sistema penitenciario en Colombia. Y se trajo el modelo aplicado en muchas de las cárceles estadounidenses: modelo disciplinario que sacrifica derechos para supuestamente garantizar la seguridad; modelo en que la tortura y los malos tratos son aceptados para mantener el las orden interno; modelo en el cual es frecuente la generación de rencillas entre los prisioneros para controlar los unos con los otros; modelo que privatiza las cárceles, que entrega a operadores privados el manejo de cárceles.

H.A.: La información que revelaron los medios de comunicación mostró las condiciones infernales imperantes en esa prisión. ¿Cómo pudo llegarse, con tantos millones de dólares, a engendrar un espacio tan brutal y degradante?
I.C.: La cárcel, con más de 1.500 internos, se hizo (esto está por dilucidarse) intencional o no intencionalmente, con graves problemas de alcantarillado y suministro de agua ya documentados por la Defensoría del Pueblo y entes administrativos de Valledupar y el Cesar. Las obras no se hicieron o se hicieron mal, para el suministro de agua y para la evacuación de aguas negras. Hay que aclarar si hubo manejo fraudulento o corrupto de la contratación. Hay un problema gravísimo de sanidad, los alimentos están contaminados, los internos no tienen cómo deshacerse de sus heces fecales, la atmósfera es irrespirable. La poca agua disponible lo es sólo por 15 minutos al día. Entonces, hay una situación de violencia entre los internos, todo por el agua. Es ésta una situación paradójica y cruel en una región que sufre graves inundaciones. Los internos han gestado un movimiento para denunciar ese infierno y más de cien de ellos se han colgado en hamacas en los muros para clamar por la atención del mundo exterior. Y ese movimiento huelguístico no violento se ha reprimido con métodos arbitrarios y crueles de la guardia, con varios internos heridos.

H.A.: ¿Qué efectos han tenido las denuncias que llegan a la opinión pública?
I.C.: Varios organismos internacionales conocen la situación. El ministro de Interior y de Justicia anunció medidas, y en este momento vemos si se cumplen las medidas anunciadas. Se cambió al director de la cárcel, se anunció que los guardias que habían incurrido en atropellos serían procesados disciplinariamente, y que se reducirá el número de internos para acometer las obras necesarias de suministro de agua y evacuación de desechos.

H.A.: ¿Han visitado otras cárceles?
I.C.: Estuvimos también en el pabellón de extraditables de La Picota. También allí hay una situación indigna contra nuestros nacionales, algunos gravemente enfermos. Se les extradita sin fórmula de juicio. No digo que las personas responsables de delitos no deban ser juzgadas y sancionadas con rigor, pero lo que vimos en el pabellón de extraditables es aberrante. Colombia ha sido objeto de medidas internacionales con relación al tratamiento de personas de otras nacionalidades que puedan ser extraditadas a Colombia. Y ha sido evitada su extradición porque pueden ser objeto de maltrato en Colombia. Me refiero al caso de Yair Klein, quien iba a ser extraditado de Rusia para que cumpliera con la condena que le impuso la justicia colombiana. Pero la Corte de Derechos Humanos europea impidió esa extradición porque el señor Klein podía ser objeto de malos tratos y tortura en prisiones del país. Sin embargo, Colombia sí extradita sin fórmula de juicio y sin importar cuál pueda ser el destino de sus nacionales, no identificados plenamente o que son homónimos.
   
H.A.: ¿Para qué sirve la extradición?
I.C.: La extradición se ha convertido también en un mecanismo transnacional de impunidad. En La Picota hay otros jefes paramilitares que van a ser extraditados pronto. Uno de ellos, el jefe del Bloque Norte que operaba en La Guajira, Arnolfo Sánchez González, alias Pablo Guajira, quien, según él, cometió cerca de mil asesinatos con sus hombres. Y José Gelves Albarracín, jefe político del Bloque Tayrona. Ambos tienen valiosa información y serán extraditados. Cuando se pide, en cambio, que otros países extraditen a Colombia, como es el caso de otros 14 mercenarios que vinieron con Klein a entrenar grupos paramilitares, no hay cooperación judicial. Agreguemos el caso de María del Pilar Hurtado, dizque perseguida por la justicia, en una situación de tolerancia ante una decisión arbitraria del gobierno panameño que se supone amigo del país. Mientras tanto, Colombia extradita industrialmente a sus nacionales a Estados Unidos y España.

Privilegios para unos pocos

H.A.: La propaganda oficial que avala la extradición dice que sirve para combatir el narcotráfico…
I.C. Les he preguntado a funcionarios del Departamento de Estado de los Estados Unidos: ¿Por qué, si la lucha contra el narcotráfico es tan radical como dicen que es, no se extradita a líderes políticos beneficiados directamente de aquél? Y no hay una respuesta. Son los parapolíticos vinculados con el narcotráfico que la Corte Suprema de Justicia ha condenado y pagan la sentencia en cárceles colombianas en condiciones lujosas y suntuosas. Porque esa es la otra cara del sistema penitenciario: los privilegios para unos pocos.

H.A.: Entonces, la guerra contra el narcotráfico es en realidad contra unos sectores del narcotráfico…
I.C. La llamada guerra antinarcóticos es profundamente selectiva. Intenta más administrar el fenómeno del narcotráfico que realmente golpear sus estructuras. Muchas veces, más que una infiltración del narcotráfico en el Estado, lo que hay es estructuras políticas que utilizan el narcotráfico en el proceso de acumulación de poder.

H.A.: ¿Cuál otra dimensión están evaluando con relación a los efectos del ‘plan Colombia' sobre población civil?
I.C. El tercer ámbito es el de las fumigaciones. A finales de 2010 fuimos a una audiencia de derechos humanos en Putumayo. Allí encontramos muchísimas denuncias de lo que significan las fumigaciones indiscriminadas sobre la población civil, campesinos e indígenas en especial; pérdida de bienes materiales, enfermedades y empobrecimiento de las comunidades.

H.A.: ¿Qué otra situaciones graves encontraron en ese pabellón en La Picota?
I.C. Los internos (esto tiene que verificarlo las autoridades) hablan de falsos positivos judiciales. Son personas arrestadas para mostrar resultados en la guerra contra las drogas. Como se sabe, Colombia siempre está muy exigida en esta materia en ciertas instancias internacionales. Además, en la cárcel hay condiciones que vulneran los derechos humanos, como la falta de acceso de los internos a la luz solar y la de protección contra el frío.

H.A.: La sentencia T153 de 1998 de la Corte Constitucional señaló un Estado de cosas inconstitucional en las cárceles del país. Han pasado 13 años y lo ordenado por la Corte sigue sin que se cumpla a cabalidad.
I.C.: En Colombia se ha instaurado una forma de populismo punitivo que pregona que hay que castigar severamente, incluso sin miramientos por los derechos personales. Es la misma mentalidad de la ‘seguridad democrática’ y la que fue alentada luego del 11 de septiembre de 2001. Foucault decía que la sociedad es reflejo de sus cárceles. La Corte Constitucional en Colombia ha sido un faro en medio de esta inmensa oscuridad; un faro que es objeto de agresivas campañas para evitar que la Corte siga produciendo una jurisprudencia progresiva en materia de derechos humanos. Pero es evidente que esa sentencia no se cumple.

H.A.: Si tuviésemos memoria y estuviésemos menos estremecidos por los escándalos y los entretenimientos con los que cada día nos sacuden los medios masivos de comunicación, quizá comprenderíamos mejor la dinámica que produce sistemáticamente estos hechos.
I.C.: Creo que gran parte de la tarea de quienes trabajamos en la protección de los derechos humanos es articular las denuncias particulares con las lógicas generales de la violencia, cuyos procesos históricos, sociológicos, no son aislados, individuales. Si no entendemos de dónde vienen estas circunstancias tan aberrantes y que niegan la dignidad del ser humano, corremos el peligro de transformar nuestras denuncias y la acción política para acabar con las violaciones en simples paliativos que no resuelven los problemas. Debemos focalizar qué hay detrás de cada violación de derechos y comprender nuestra historia, nuestros procesos, el origen de los acontecimientos, para dónde va, a qué estrategia responden. La sentencia T153, por ejemplo, nos ayuda a construir esa memoria esclarecedora en el ámbito penitenciario. Su proceder analítico permite saber que la diversidad de violaciones tiene raíces comunes y condiciones determinantes de su acaecer sistemático, no espontáneo.

H.A.: ¿En qué otro campo, además del penitenciario, de las ejecuciones, las desapariciones y las fumigaciones, ha encontrado violación sistemática de derechos humanos?
I.C.: La violación sexual contra la mujer como método de guerra. La Corte Constitucional se pronunció en la sentencia T025 de 2008 y el Auto 092 de 2008, al señalar medidas de protección para mujeres víctimas de desplazamiento forzado por el conflicto armado. En esa jurisprudencia, la Corte Constitucional hizo un análisis detallado de las diversas formas de violencia sexual en el marco del conflicto armado y dijo que el ultraje sexual es un método de guerra. Eso indica que la fuerza pública y los grupos armados utilizan el abuso sexual consuetudinariamente como método de guerra, dominación territorial y generación de terror en la población. Se busca neutralizar el rol cultural de la mujer en la comunidad. Esto se trató en el debate que organizamos con la representante Ángela Robledo.

El caso Manuel Cepeda

H.A.: Pasando a otros temas, ¿qué ocurrirá el próximo 9 de agosto con relación al caso Manuel Cepeda?
I.C.: Bueno, el 9 de agosto, al parecer el gobierno colombiano cumplirá, en una sesión solemne del Congreso de la República, con su obligación de pedir perdón por el asesinato de Manuel Cepeda, como lo determina la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es parte del proceso de reparación de la memoria de la Unión Patriótica. Esperamos que ese acto responda a los requerimientos de la Corte Interamericana y enmiende las declaraciones del gobierno pasado, que, antes que pedir perdón, lanzó nuevos agravios a la memoria del senador Cepeda, e hizo declaraciones públicas por boca del ex presidente Uribe, justificando el crimen.

El Polo, los Moreno, la renovación

H.A.: ¿Qué está pasando en el PDA?
I.C.: Seguimos empeñados en producir una urgente renovación interna del Polo. No comparto el camino de salirse del Polo en una situación tan adversa. Lo hacemos de fondo y de forma. Hemos solicitado la sanción del senador Iván Moreno, su expulsión y la renuncia del Alcalde. No porque queramos pretermitir el principio de inocencia sino porque a nuestro juicio ellos han cometido irregularidades que los hacen responsables en el campo político. El Alcalde gobernó sin el PDA; tomó decisiones contrarias al ideario de unidad del PDA que lo hacen responsable políticamente. Para superar esta crisis, hemos convocado talleres programáticos con colegas afines al espíritu renovador del que hablo. Y buscamos que se convoque un congreso ideológico y el congreso nacional del PDA para discutir estos temas.

H.A.: Demasiado tarde, quizás…
I.C.: La solución de la crisis debe ser política. No transigimos con ninguna corriente autoritaria dentro del PDA que intente, mediante descalificación y exclusión, ahogar la discusión interna. Representamos una corriente distinta de la oficial que hay adentro. Y esperamos ser tratados con respeto.

H.A.: La crisis de los Moreno es el epígono de un proceso de descomposición que venía emergiendo, frente a la ausencia de ejemplaridad en la dirección del PDA, la réplica de prácticas clientelares y manipuladoras, la falta de transparencia, la soberbia incapaz, la distancia frente a los movimientos sociales, la indigencia imaginativa y en cooperación fraterna, el rezago en las propuestas ante los problemas de las mayorías.
I.C.: Creemos que un legado tan lleno de lecciones éticas como el de la izquierda no puede ser manchado ni utilizado con fines electoreros o clientelistas por sectores del partido. Creemos que quienes están en esa errónea actitud no merecen tolerancia o connivencia cómplices por parte de otros sectores de PDA. Lo hemos dicho con claridad y se lo hemos hecho saber a quienes equivocadamente, a nuestro modo de ver, asumen esos comportamientos.

H.A. Pero ese es un debate que debe ser público.
I.C.  Hasta ahora lo hemos debatido utilizando los canales y los mecanismos internos del partido para expresar nuestras convicciones; no queremos convertirlo en una polémica librada en los medios de comunicación. Pero, como todo debate político, este es un debate público y vamos a presentar públicamente nuestros argumentos. Nadie puede usar argumentaciones pragmáticas para excusar, minimizar o esconder graves comportamientos. Creemos que eso es contrario al ideario y los principios del PDA, y también a la tradición de la izquierda del país. Hay que recordar que más de 10 mil líderes de izquierda han sido asesinados y no podemos prohijar que ese legado se utilice con fines de lucro o acumulación de poder. No lo hemos tolerado con sectores de derecha, donde hemos sido verticales en la denuncia de tales comportamientos, y no vamos a tolerarlo en el seno del Polo, respetando sí los mecanismos democráticos y de decisión interna.

H.A.: Y con relación a la Alcaldía de Bogotá, ¿qué puede decirnos?
I.C.: Ahí hay unas tareas difíciles que hay que acometer. Creo que la doctora Clara López no sólo tiene la voluntad y las ideas precisas en esa materia sino que también está actuando en ese sentido. Creo que es una gran oportunidad para corregir deficiencias, y también para mostrar lo positivo del PDA en ocho años de gobierno en la ciudad.

Sin descalificar y con los movimientos sociales

H.A.: ¿Y Gustavo Petro?
I.C.: He sido crítico de algunos métodos que utiliza Gustavo en la controversia política, pero respeto su posición y respeto su candidatura. Espero que él sea respetuoso con el PDA. Le hago un llamado a que desarrolle una campaña electoral rica en argumentos políticos y no en ataques personales o genéricos. Creo en un proyecto colectivo. Creo que en Colombia hemos padecido, en toda la historia política del caudillismo, la costumbre de centrar en la figura de los líderes todo el peso de los proyectos políticos. Es necesario generar opciones colectivas, de movimientos, de partidos, de iniciativas ciudadanas. Espero que Petro considere estas opciones, pues al mismo tiempo que critico, reconozco la importancia que han tenido sus debates parlamentarios, su oposición abierta a la parapolítica, y también reconozco que por esas denuncias es víctima de persecuciones que no debemos olvidar, lo mismo que sus denuncias sobre corrupción en el Distrito. Todo dentro de un ambiente democrático y de respeto. Para mí, el respeto es condición necesaria en las relaciones personales y asimismo en las políticas. Y creo que eso debiera ser un principio rector del debate público en Colombia.

H.A.: ¿Cómo ve la ausencia de investigación creadora y escucha genuina en el PDA con respecto a los movimientos sociales?
I.C.:  Es éste un punto neurálgico. No se puede hacer política sin tomar en cuenta el punto de vista, las elaboraciones y las propuestas de los movimientos sociales y las comunidades. En mi trabajo parlamentario intento siempre guiarme a partir de ese diálogo. Presentar un proyecto de ley en el parlamento sólo tiene sentido si y sólo si es un proyecto consensuado y trabajado con los movimientos sociales. Creo que en un parlamento mayoritariamente oficialista no vale la pena presentar iniciativas que no generen una reacción social y política.

H.A.: Volver, tejer, junto a los movimientos sociales…
I.C.: Sí, así es. Muchas de las tragedias que la izquierda vive en términos políticos tienen que ver con la sordera política. De una parte, los líderes institucionales no escuchan lo que pasa en las bases y los procesos de los movimientos sociales, y, por otra parte, hay líderes sociales que desprecian o subvaloran la institucionalidad política, que ciertamente en Colombia es antidemocrática y padece de una profunda corrupción, etcétera. Pero esa sigue siendo la instancia en la cual se toman las decisiones públicas, políticas y económicas. No es posible prescindir de esas instancias. Creo que es un grave error la creencia de que basta el activismo social ‘que es muy importante’ para construir poder político.

El asesinato de un ídolo tan querido como Facundo Cabral puso la lupa sobre un país: Guatemala, la Ruanda de América latina por la magnitud del genocidio (al menos 200 mil muertos en Guatemala, como mínimo 500 mil en Ruanda) y porque ese genocidio sigue siendo relativamente invisible a nivel mundial y masivo. La Guatemala de hoy sufre la influencia de la guerra mexicana entre los narcos y el Estado, que causó 30 mil muertos en los últimos cuatro años en México. Muestra una tasa de 54 homicidios cada 100 mil habitantes, un porcentaje diez veces superior al argentino, pero no precisa importar ningún aparato para desplegar el crimen organizado. Lo tiene desde que el Estado masacró a los guatemaltecos.
 

Recién el 19 de junio último la Justicia imputó por genocidio al general Héctor López Fuentes, jefe de Estado Mayor de las fuerzas armadas durante la dictadura del actual diputado Efraín Ríos Montt, en 1982 y 1983. Según informa la Fundación Rigoberta Menchú, de la Nobel de la Paz 1992, la Comisión para el Esclarecimiento Histórico asigna al ejército la responsabilidad del asesinato de miles de personas y el desplazamiento forzado de un millón de guatemaltecos a México. El gran impulsor del Nobel para Menchú fue otro Nobel, el argentino Adolfo Pérez Esquivel, que recibió el premio en 1980 por su lucha contra la dictadura.
 

La excusa para el genocidio fue la represión contra la guerrilla. Excusa, porque la represión comenzó antes de cualquier resistencia armada: se inició luego del golpe de 1954 contra el gobierno democrático de Jacobo Arbenz, con intervención de los Estados Unidos y en plena Guerra Fría entre Moscú y Washington. Desde la firma del acuerdo de paz con la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, en 1996, la cifra estimada de muertos y desaparecidos difundida por organismos de derechos humanos llegó a la cantidad proporcionalmente mayor del continente durante el último cuarto del siglo XX en relación con el total de habitantes. Hoy Guatemala tiene una población de 14 millones de personas.
 

Blanco del genocidio en su condición de campesinos e indígenas, objeto de asesinato y tortura por el ejército o las patrullas paramilitares de vigilancia, los pueblos originarios, mayoritariamente de origen maya, alcanzan el 60 por ciento de la población. Pero son aún más amplios los porcentajes en la tabla de los índices sociales. El 87 por ciento de los indígenas es pobre (la cifra es del 54 por ciento entre los no indígenas) y el 30 por ciento vive en la indigencia (contra el 13 por ciento).
 

El asesinato de Facundo Cabral fue cometido después de la imputación contra el general López Fuentes y se produce pocos días antes de que, el próximo martes 12, Menchú presente el programa para las elecciones presidenciales de este año por el Frente Amplio de la URNG-Maíz, que después del acuerdo de paz pasó de la acción armada a la política en el marco constitucional.

Por Martín Granovsky
 

Las alertas se han disparado en el Amazonas brasileño tras la reciente oleada de asesinatos de activistas medioambientales. La aprobación en el Congreso de Brasilia del nuevo Código Forestal que, de recibir ahora la luz verde del Senado, legalizará la amnistía de todos los crímenes perpetrados contra la vegetación hasta 2008, ha avivado las ascuas del conflicto que desde décadas permanece latente en las reservas naturales amazónicas entre latifundistas, madereros y pequeños campesinos que pelean por la preservación del ecosistema.

Según la Comisión Pastoral de la Tierra, 214 personas han sido asesinadas en el marco de conflictos agrarios desde 1996 en el Estado de Pará, es decir, una media de 14 asesinatos al año. En el mismo periodo, más de 800 personas recibieron amenazas de muerte. Varias organizaciones ambientales y de defensa de derechos humanos alertan de que la región se está convirtiendo en una suerte de Far West amazónico, en referencia a la ausencia de ley y orden.

Entre los amenazados estaba el activista y líder comunitario José Claudio Ribeiro da Silva, que el pasado 24 de mayo perdió la vida tras recibir varios disparos. A las ocho de la mañana de aquel martes salió de su casa, en el asentamiento de Praialta-Piranheira, rumbo a la localidad de Marabá, en la frontera este del Estado de Pará. En el sillín trasero de la moto que pilotaba le acompañaba su mujer, Maria do Espírito Santo da Silva. Cuando la pareja atravesaba el puente de Nova Ipixuna, a ocho kilómetros de su casa, dos hombres descargaron sobre ellos varios cartuchos de escopeta. Ambos murieron al instante. No satisfechos con la carnicería, los sicarios se tomaron tiempo para obtener la prueba material de la ejecución: a José Claudio le cortaron una oreja y se la llevaron como trofeo de caza. Sin embargo, los asesinos seguramente no contaban con la inesperada presencia de dos testigos que presenciaron la sobrecogedora escena de principio a fin.

Uno de ellos, Erenilto Pereira dos Santos, vecino de la misma comunidad rural que José Claudio y su esposa, apareció muerto cuatro días después con las marcas inequívocas de haber recibido dos tiros en la cabeza.

"Toda la familia sabía que José Claudio recibía amenazas. Nos contaba que en cualquier momento podía morir. Incluso sabía quiénes eran las personas que lo amenazaban", narra un familiar directo del fallecido que reclama preservar su identidad. Y es comprensible que lo pida, ya que en esta zona del Amazonas quien osa denunciar públicamente las tropelías de los terratenientes y los madereros tiene muchas probabilidades de engrosar la lista de los nuevos candidatos a morir.

"En este momento se vive una situación de inseguridad absoluta que ya ha forzado a algunas familias a abandonar el asentamiento", explica José Batista, abogado de la Pastoral de la Tierra de Pará, "porque el clima de impunidad es total". Impunidad es una palabra clave para entender el conflicto que azota varias áreas del Amazonas: hasta ahora se trataba de una impunidad menos evidente, casi soterrada, que encontraba su reflejo en la pasividad de las autoridades locales, del Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (INCRA), el órgano federal que debería ocuparse de acometer la tan anhelada reforma agraria brasileña, e incluso del Instituto Brasileño de Medio Ambiente (IBAMA).

Pero ahora la impunidad también ha quedado oficializada tras la reciente aprobación en el Congreso de la reforma del Código Forestal brasileño que permitirá amnistiar los delitos contra la vegetación cometidos hasta julio de 2008 y que amplía las zonas agropecuarias susceptibles de ser deforestadas. El nuevo código salió adelante con 410 votos a favor y 63 en contra, lo que da buena cuenta de quién manda en Brasil cuando los intereses de los terratenientes están en juego. Incapaz de negar lo evidente, a la presidenta Dilma Rousseff no le quedó otra opción que tachar de "vergüenza para Brasil" lo aprobado por la cámara baja.

El asentamiento de Praialta-Piranheira fue instaurado en 1997 por el INCRA. Es un territorio de 22.000 hectáreas de las que el 70% eran originalmente selva virgen. "Desde entonces, los madereros y los carboneros han depredado este ecosistema hasta llegar a la situación actual, en la que no más de un 30% continúa siendo reserva", explica Batista. "Esto ha provocado que muchas de las 360 familias que viven en el asentamiento hayan abandonado las labores de recolección de frutos -castañas de cajú, cupuaçú y açaí, entre otros- para dedicarse a la agricultura, a priori una actividad mucho menos sostenible", concluye.

Poco después de iniciarse la escalada de violencia contra activistas en el Amazonas, el Gobierno de Brasilia convocó un gabinete de crisis encabezado por el vicepresidente Michel Temer en el que se decidió enviar protección a las personas amenazadas. Los equipos ya han llegado al terreno y han iniciado reuniones con los colectivos afectados, aunque muchos de ellos dudan de la efectividad de la medida. "Es muy complicado proteger a un campesino, ya que son personas que están acostumbradas a moverse con libertad en un entorno natural", comenta Atanagildo Matos, líder recolector en Pará.

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Cronología de una semana negra

- 24 de mayo. Mueren en una emboscada el líder campesino y activista medioambiental José Cláudio Ribeiro da Silva y su esposa, Maria do Espírito Santo da Silva. Los crímenes se produjeron dentro de la reserva Praialta-Piranheira, en el Estado de Pará, donde existe una fuerte presión de la industria maderera. A última hora del mismo día, el Congreso brasileño respaldaba por aplastante mayoría la reforma del Código Forestal que otorga una amnistía general a los crímenes contra la vegetación cometidos hasta julio de 2008 y flexibiliza las normas medioambientales.

- 27 de mayo. Muere en Vista Alegre do Abunã, en el Estado de Rondônia, el dirigente rural Adelino Ramos. El activista, que recibió varios disparos, había sido amenazado de muerte tras denunciar reiteradamente talas ilegales. Poco antes de fallecer admitió en privado temer por su vida.

- 28 de mayo. Fallece en Praialta-Piranheira (Pará), tras recibir dos disparos en la cabeza, el agricultor Erenilto Pereira dos Santos, de 25 años, testigo ocular del asesinato de José Claudio Ribeiro da Silva y Maria do Espírito Santo.

- 30 de mayo. El Gobierno brasileño, reunido de urgencia, decide mandar protección a los campesinos y activistas amenazados de muerte y enumerados en una lista de la Pastoral de la Tierra.

Por FRANCHO BARÓN - Río de Janeiro - 12/06/2011

El diputado oficialista Víctor Semproni confirmó antes de ingresar al recinto que no acompañará la anulación de la ley de impunidad, por lo que el Frente Amplio no tendrá los votos para aprobar la iniciativa. Esta mañana el presidente José Mujica, que se había manifestado contrario a la derogación, instó al legislador a que respete la disciplina partidaria y vote junto a sus compañeros de bancada, tal como lo estableció un plenario del partido.

La Cámara de Diputados de Uruguay comenzó poco después de la 15 a tratar la anulación de la Ley de Caducidad, en un clima de tensión ante la confirmación de que el oficialismo no logrará aprobar la iniciativa y en medio de fuertes medidas de seguridad por la concentración convocada frente al Palacio Legislativo por la central obrera PIT-CNT.

El diputado del Frente Amplio Víctor Semproni, el único de la bancada oficialista que no seguirá la disciplina partidaria, confirmó minutos antes de ingresar al recinto que no acompañará la "ley interpretativa" para anular los efectos de la ley que permitió la amnistía de militares y policías que violaron los derechos humanos, lo que hará fracasar el proyecto por un voto.

Semproni, a quien hasta último momento intentaron convencer sus colegas de bloque y dirigentes de la alianza gobernante, ya redactó la carta que mañana enviará al presidente del Frente Amplio, Jorge Brovetto, con la que pedirá que lo sometan al Tribunal de Ética partidario por haber "incumplido el mandato imperativo de mi fuerza política", informaron los diarios El País, El Observador y Ultimas Noticias.

Hasta el presidente José Mujica le pidió esta mañana al diputado que vote por el proyecto, pese a que el mandatario comparte el criterio de Semproni de que la ley no puede anularse vía legislativa porque fue ratificada en dos plebiscitos. Mujica, en su audición radial semanal "Habla el presidente", llamó a Semproni a no retirarse de la sala y a acompañar la posición del Frente Amplio "a pesar de su discrepancia" para mantener la "unidad de acción", algo que es de "enorme importancia" para un gobierno.

Mujica sostuvo que el parlamento deberá resolver sobre "una pésima ley que nunca debió haber existido en su expresión, pero poco importa eso", sino que "lo importante es que hay una decisión de la mayoría de la fuerza de gobierno" y que, por disciplina partidaria, "debería ser acompañada".

Ante la segura posición de Semproni, y de no producirse ninguna deserción en las filas de la oposición, la votación quedará empatada y, en ese caso, el camino legislativo será una Asamblea Nacional, en la que el Frente Amplio no cuenta con la posibilidad de reunir los dos tercios necesarios para aprobar la ley interpretativa.

Sin embargo, el oficialismo analiza otras alternativas como un proyecto de ley para que los delitos cometidos durante la dictadura se clasifiquen como de "lesa humanidad" y no prescriban el 1 de noviembre de este año, según explicó el senador Eduardo Lorier. El diputado Luis Puig reseñó que hay un dictamen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA que condenó al Estado uruguayo por la Ley de Caducidad, por lo que los tres poderes del Estado "tienen que eliminar los obstáculos para alcanzar la justicia".

En caso de que no se logre la anulación, el Frente Amplio maneja la posibilidad de derogar la norma o modificar el artículo 239 de la Constitución, por el cual los fallos de la CIDH pasarían a tener el valor de legislación nacional, indicó el diputado Aníbal Pereyra.

Mientras tanto, en los alrededores del Palacio Legislativo se montó desde temprano un operativo policial con más de cien agentes para garantizar la seguridad ante la concentración convocada por la central obrera PIT-CNT como manifestación de apoyo al proyecto del oficialismo. La convocatoria de la organización sindical incluye un paro general parcial entre la 15 y las 19.

Ninguna persona ha sido condenada penalmente por las graves violaciones de los derechos humanos que se cometieron después del golpe de Estado del 28 de junio en Honduras, según un informe difundido por la organización de derechos humanos Human Rights Watch (HRW).

En el ejército israelí, no hay castigo para quien mata a un civil palestino. En la mayoría de los casos, ni siquiera hay una investigación. Según un informe de la ONG israelí B'tselem, la impunidad promueve una actitud de "gatillo fácil" entre las tropas del Estado judío, que saben que nadie va a escarbar en los hechos para aclararlos.

Tras la declaración de los territorios palestinos ocupados como Zona de Conflicto Armado al comienzo de la segunda intifada en el año 2000, la Oficina del Abogado Militar dejó de investigar las muertes de civiles palestinos y, según B'tselem, sólo estudia casos excepcionales. De las 148 denuncias presentadas por la organización (relativas a 288 muertes), sólo en 22 se ha abierto una investigación. Una treintena fue rechazada y el resto está en un limbo en el que el ejército israelí simplemente declina responder.

"En la práctica, la definición de Zona de Conflicto Armado otorga inmunidad a las tropas. Los soldados que matan a palestinos no involucrados en el conflicto casi nunca son responsabilizados", explicó a Público Sarit Michaeli, portavoz de B'tselem.

Que no se investigue automáticamente y se ralenticen los procesos cuando los hay, "hace que se dispare con mayor facilidad y que haya un gran desprecio hacia la vida humana por parte de los soldados", añade Michaeli.

Entre 2006 y 2009, las tropas israelíes han matado a 1.510 palestinos, de los cuales 617 no estaban involucrados en la violencia. A esa cifra hay que sumar los 1.400 muertos de la ofensiva militar contra Gaza conocida como operación Plomo Fundido.

El domingo, soldados israelíes mataron en Gaza a un pastor de 91 años, a su nieto de 17 y a otro palestino de 20. Un portavoz militar declaró que "si un pastor está al lado de un lanzador de cohetes a punto de atacar, no es un civil inocente". Ayer, el general de brigada Eyal Eisenberg reconocía en la radio militar que los tres eran inocentes, aunque remarcaba que "uno cogió munición del suelo y apuntó a las fuerzas israelíes, que devolvieron el fuego como se espera de ellas. Cuando alguien viene a matarte, mata tu primero".

Por R. GARCÍA JERUSALÉN 15/09/2010 08:20 Actualizado: 15/09/2010 09:33