La falta de colaboración de Estados Unidos constituye hoy la primera evidencia en las pesquisas sobre cárceles secretas de la CIA en Europa que lleva a cabo un comité de eurodiputados.

 
Una investigación completa sobre este asunto exigen los legisladores, quienes viajaron recientemente a Lituania y se entrevistaron con la presidenta Dalia Grybauskaite, quien denunció públicamente la escasa colaboración brindada por Washington.

 
Sin lugar a dudas, las investigaciones fueron suspendidas debido a que no hemos recibido información adicional desde Estados Unidos en relación con las prisiones secretas, aseguró la mandataria en su encuentro con los visitantes.

 
Explicó que Lituania ha hecho todo lo posible en el plano político, al margen de que las averiguaciones sobre el tema quedaron sin concluir.

 
Encabezados por el presidente de la Comisión de Libertades Civiles y Asuntos del Interior del Parlamento europeo, Juan Fernández-López, los eurodiputados visitaron en Lituania uno de los centros de tortura en los que la CIA interrogaba fuera de la ley a presuntos terroristas.

 
La cárcel clandestina de Antaviliai, es un antiguo complejo ecuestre enclavado en las afueras de Vilna, que radica cerca de un bosque y tiene dos plantas, confirmaron los legisladores.

 
En la actualidad, el Departamento de Estado de Seguridad Nacional lituano utiliza esta instalación como centro de entrenamiento, se informó.
 

Como parte de las averiguaciones, los eurodiputados se reunieron, asimismo, con representantes del Instituto de Observación de los Derechos Humanos de Lituania y de la Administración Aérea Civil de esa república del Báltico.

 
Arvydas Anusauskas, presidente del Comité de Seguridad Nacional y Defensa del parlamento lituano, reconoció que investigadores nacionales identificaron dos cárceles secretas.

 
La eurocámara se ha comprometido a elaborar un nuevo informe para determinar en qué medida los Estados miembros han investigado el tema de las prisiones y las detenciones ilegales en territorio europeo.

 
(Con información de Prensa Latina)

El 17 de abril de 1996, siendo presidente de Brasil Fernando Henrique Cardoso, tropas de la policía militar autorizadas por el Gobernador Almir Gabriel (PSDB-Para), y financiadas por la empresa Valle Do Río Doce (como denunció más tarde en el proceso el abogado de los policías...), atacaron una marcha pacífica de más de mil familias de los sin tierra que salieron de Eldorado de Carajás con rumbo a Belén.

El resultado de la masacre todos lo conocen, hasta las piedras. 19 sin tierra asesinados, algunos con excesos de crueldad, tras ser maniatados, fueron muertos a culatazos. Otros dos murieron algunos meses después, y más de 60 sufren las secuelas hasta hoy, y están imposibilitados para el trabajo agrícola.

La sociedad brasileña quedó aterrorizada. La ONU, los obispos, el Papa y los orixás clamaron por justicia. Los movimientos campesinos de todo el mundo escogieron entonces el día 17 de abril, como el día mundial de la lucha campesina, en homenaje a aquellos mártires.

Un lento proceso se siguió en la Justicia paraense, que culminó con la conformación de un Jurado Popular, que, en 2002, condenó a los dos principales comandantes militares a penas de más de 200 años de prisión. Los comandantes apelaron. El poder judicial los acogió. Y luego el silencio. Pasados 16 años de la masacre, ¡ningún responsable directa o indirectamente ha sido apresado, castigado o ha sufrido algún tipo de restricción por parte de la “justicia” brasileña!

Por esas y otras razones es que el pueblo brasileño, de lejos, considera el poder judicial, el más injusto, el más anti-democrático, el más corporativo y el más servil a los intereses de la burguesía. Como dice el dicho popular, ¡la cárcel en Brasil está hecha para los pobres y negros!

Pero algún día tendremos una reforma del poder judicial, para que por fin cese la vergüenza de las injusticias, de los salarios inmorales, de las ventajas y de las infiltraciones denunciadas incluso por el Consejo Nacional de Justicia.

Felizmente, los supervivientes fueron asentados en un latifundio de 50 mil hectáreas, que hasta entonces el Incra decía ser “productivo”, y que hoy constituye la más productiva y progresista comunidad rural del municipio de Eldorado de los Carajás, el distrito 17 de abril.

Mientras tanto, ¿dónde está la reforma agraria?

El capital agrario y las corporaciones transnacionales están “nadando a sus anchas” en la agricultura brasileña. Tras la crisis del capitalismo internacional, los precios medios de las commodities agrícolas se duplicaron. Eso representó un enorme aumento en la tasa de ganancia, y una corrida de los capitalistas de todo el mundo, para comprar tierras en Brasil, América Latina y controlar la producción de las mercancías agrícolas.

Resultado: Brasil experimentó en los últimos años, el mayor índice de concentración de tierras de todos los tiempos. Está en curso una enorme concentración de la producción agrícola, que destina el 85% de todas las tierras agrícolas sólo a cuatro productos: soja, maíz, caña y ganadería. La economía brasileña retornó a los tiempos coloniales y se volvió agro-exportadora, mientras la industria cayó a sólo el 15% del PIB.

El agronegocio concentra tierras y producción. Aumenta su dependencia de los fertilizantes importados que ese año alcanzó la cifra de 28 millones de toneladas. Transforma a Brasil en el mayor consumidor mundial de venenos agrícolas, que contaminan el suelo, las aguas, y hasta la atmósfera, matan vegetales y animales; prolifera el cáncer en más de un millón de brasileños por año. Siendo que, según el Instituto Nacional del Cáncer, ¡solamente el 40% sobrevivirán!

El agronegocio desequilibra el medioambiente con la deforestación y destruye la biodiversidad. Altera el clima. Pero sigue ganando mucho dinero.

¡Todo eso es saludado por la prensa burguesa como el éxito del progreso!

¿Y el gobierno?

Entre tanto, el gobierno aún no toma posición en el tema agrario, y cuando se manifiesta es para decir cosas sin sentido, como esa repetición absurda, de que la reforma agraria no es distribuir tierras, que primero tenemos que mejorar la calidad de los asentamientos.

Sería como decir a las 10 millones de familias brasileñas que viven en viviendas precarias, que el gobierno no va a construir más casas, que primero prefiere mejorar las casas de los que ya las tienen.

Señores gobernantes: buscad en el diccionario de la educación del campo, recién editado por la Fiocruz o en Aurélio. Reforma agraria es un programa gubernamental, en el que el Estado expropia las grandes propiedades, los latifundios y los distribuye entre los agricultores sin tierra, promoviendo la democratización de la propiedad rural en el país.

Todos los países del hemisferio norte, todas las democracias contemporáneas realizaron reformas agrarias, democratizaron el acceso a la tierra, como base para la construcción de sociedades más democráticas. Finalmente, la tierra es un bien de la naturaleza, y todos los ciudadanos tienen los mismos derechos sobre ella, así como tiene derecho a la alimentación, al empleo, a la vivienda digna y a la educación.

Como no quieren hacer una verdadera reforma agraria, inventan subterfugios de ocasión. ¡Sean más sinceros, por lo menos! Y menos absurdos, porque los grandes propietarios de tierra, las empresas transnacionales y el agronegocio siempre hicieron campaña y financiaron los candidatos neoliberales y contrarios al gobierno Lula y Dilma. (Traducción ALAI)

- João Pedro Stedile, es integrante de la coordinación nacional del MST y de la Vía

El tema del funcionamiento de la Rama Judicial está siempre a la orden del día en Colombia. En la actual legislatura, heredada de la anterior, donde se discute un proyecto que la reforma –incluyendo 28 modificaciones de la Constitución Nacional– no es la excepción. El proyecto, pese a lo abultado de su exposición de motivos en el momento de ser presentado ante las altas cortes (270 páginas), es menor y adjetivo. De ser aprobada, no todo será igual; será peor.

El 13 de septiembre de 2010, en una extensa exposición de motivos (270 págs.), el Gobierno presentó ante las altas cortes el proyecto de acto legislativo reformatorio de la Justicia. El escrito cita como sustento argumentativo varias intervenciones del presidente Juan Manuel Santos, cuyos razones de mayor fuerza dialéctica indican que la reforma que pone a consideración de los altos dignatarios de la justicia no es una reforma improvisada, que es el fruto de meses, de años de trabajo, de observación, de consultas, en la que se reúne la inteligencia de magistrados, ex magistrados, juristas, académicos y ONG, quienes a la vez realizaron múltiples consultas entre la comunidad y la academia y otros sectores. Y agrega dos poderosos antecedentes más: que en ese proyecto se halla contenida la propuesta jurídica de la campaña de él –de Juan Manuel Santos– y la de Germán Vargas Lleras, como candidatos presidenciales. Es decir, hasta aquí estaría el sumun de la inteligencia humana para hacerles justicia a los colombianos.

Sin embargo, los argumentos de la exposición de motivos continúan, y en su introducción señala que “el buen funcionamiento de la justicia es fundamental para la legitimidad y supervivencia del Estado”. Y, agrega: “La justicia, en cualquier sociedad, debe garantizar la solución pacífica de las controversias que en ella surgen y, al mismo tiempo, convertirse en garante real de los derechos de los individuos. Cuando el sistema judicial opera en forma correcta, no sólo se promueve el desarrollo y la competitividad sino que se disfrutan las garantías vitales necesarias para la convivencia” (1).
Al proyecto presentado por el Gobierno es preciso adicionar el que por su cuenta presentó a las cámaras legislativas el Consejo de Estado. Con esos antecedentes, los dos proyectos iniciaron sus trámites en el período legislativo que se abrió el 20 de julio del año pasado.

No es la gran reforma que el país necesita

No desconocemos ese inmenso trabajo. Es más, nos preguntamos: ¿Cuántas horas-hombre se gastaron para redactar sólo la exposición de motivos? Y agregamos otra pregunta: ¿La misma cantidad de horas de trabajo, o más, que se gastaron en redactar la exposición de motivos fueron utilizadas para imaginar, pensar y crear el proyecto de reforma que el Gobierno presentó al Congreso? Nos hacemos esas preguntas porque, transcurridos 20 años de la expedición de la última Constitución Política, como resultado del consenso de casi todos los sectores de la sociedad colombiana, y después de haber sido roto el equilibrio establecido por el constituyente de 1991, mediante el acto legislativo número 02 de 2004, que estableció la reelección inmediata del entonces presidente Uribe, lo procedente hubiera sido revisar toda la estructura del Estado y redefinir las grandes magistraturas. Pese a ese trabajo descomunal, de que nos da cuenta la exposición de motivos, conviene reconocer que esta reforma no es de gran calado, de grandes dimensiones, sino una reforma menor y adjetiva.

Además de los múltiples aspectos descriptivos, tres conceptos sobresalen en la exposición de motivos: legitimidad del Estado, supervivencia del mismo, y desarrollo de la sociedad. Desgraciadamente, hay que decirlo sin ambages: en el pasado reciente, Colombia llegó al más alto grado de ilegitimidad del Estado porque, en concepto de la propia Fiscalía General de la Nación, algunas de las más altas autoridades se concertaron para delinquir, razón por la cual hoy esos dignatarios se hallan privados de la libertad o huyendo de la justicia. Que la rectitud de la justicia promueve el desarrollo de la sociedad, y que las acciones torticeras la destruyen y ponen en riesgo la supervivencia del Estado, como lo dice sabiamente el sustento medular del proyecto de reforma que presenta el Gobierno, son principios de ciencia política que hace 2.800 años nos enseñó Hesíodo en el siguiente texto: “Si hay sentencias rectas y por nada de lo justo se apartan, florece la ciudad y los pueblos florecen, hay lana en los rebaños y miel en los panales […]. Cuando hay sentencias torcidas, a un tiempo llegan el hambre y la peste; y perecen los hombres, y las mujeres dejan de parir, y las casas se caen, y la ciudad se destruye” (2). Claro, las reformas solicitadas por el Gobierno al Congreso en el proyecto que estamos estudiando son la negación de los tres conceptos medulares de la exposición de motivos: acentúa la ilegitimidad del Estado, apenas sí supervive por inercia e impide el desarrollo de la sociedad.

Las reformas propuestas

Los dos proyectos –el del Gobierno y el del Consejo de Estado– señalan 28 modificaciones a la Constitución Política de 1991, sin ninguna trascendencia, como ya se dijo, excepto uno: la supresión del Consejo Superior de la Judicatura. Los demás no son exactamente de la narrativa de El gatopardo, para que todo siga igual, sino peor. Así, pues, aunque nada va a suceder en esta reforma, de esos 28 puntos, en esta nota sólo nos referiremos a tres, por ser los más polémicos: Consejo Superior de la Judicatura, doble instancia para juzgar a congresistas y sistemas de control.

Supresión del Consejo Superior de la Judicatura

En el proyecto presentado por el Gobierno desaparece el Consejo Superior de la Judicatura. La decisión de suprimir este organismo lo explica ampliamente el Gobierno en la Exposición de Motivos, llegando a la conclusión de que no cumplió con ninguno de los objetivos. Sin embargo, el Gobierno no mencionó en su alegato los motivos que nuestra sociedad ha percibido. Los diferentes sectores de la sociedad colombiana, sin haber adelantado un trabajo de campo ni haber realizado estudios estadísticos, percibe que el organismo denominado Consejo Superior de la Judicatura no entendió su misión. Sin haber cumplido con los objetivos señalados en la Constitución de 1991, incurrió al menos en estas falencias: en primer lugar, el aparato burocrático, tanto en la capital de la República como en los departamentos, se comió buena parte del presupuesto de la Rama Judicial; en segundo lugar, en vez de hacer eficiente y diligente la escogencia de jueces y magistrados, los procesos se volvieron lentos y con alta dosis de prácticas clientelistas; en tercer lugar, asumió funciones que no le otorgó la Constitución Política, como crear una jurisdicción de tutela que jamás contempló la Asamblea Nacional Constituyente.

Para entender mejor el problema, tenemos que hacernos esta pregunta: ¿Para qué fue creado el Consejo Superior de la Judicatura? Este organismo fue creado para dos cosas o funciones: 1ª. Para gerenciar la Rama Judicial. 2ª. Para vigilar la conducta oficial de los servidores de la Rama, es decir, para adelantar los procesos disciplinarios e imponer las sanciones a que hubiese lugar.

El Consejo Superior de la Judicatura falló en la primera función porque el constituyente de 1991 se quedó corto al poner a gerenciar una enorme empresa, como es la justicia de un país, donde se necesita tener la visión de ese país, desde diferentes ángulos –lo económico, lo social, lo cultural, lo tecnológico–, a un colectivo de abogados que, si bien pueden tener el conocimiento profesional de su oficio, no tienen por qué dominar los saberes puramente técnicos de la conducción de una empresa. Y aunque ese colectivo de abogados se apoye en técnicos en cada una de las áreas que necesita una gerencia, no es lo mismo que se sepa un oficio a que le cuenten cómo es ese oficio. No podemos desconocer ese principio científico de la división del trabajo. De otra parte, quizá también fallamos en la escogencia de esos profesionales del Derecho, que en estos 20 años han tratado de gerenciar la Rama Judicial. Si se falló, ahora que el Gobierno propone crear un aparato nuevo, tenemos que decirlo desde el principio para que no se incurra en los mismos errores. Tenemos que buscar que la Rama Judicial tenga una gerencia y que esa gerencia esté dirigida por gerentes, por profesionales que se hayan formado para ese oficio.

Por su parte, es preciso advertir que falló la función disciplinaria que se le asignó al Consejo Superior de la Judicatura. No era falta de control y vigilancia a los funcionarios y empleados de la Rama Judicial lo que hacía falta, sino gerencia de sus recursos y de su personal. ¿Por qué no le hacía falta el control disciplinario? Porque ese control, esa vigilancia, con el suficiente rigor, la suficiente calidad profesional, incluso con una cultura y un saber de la investigación, venía ejerciéndolo la Procuraduría General de la Nación por intermedio de su Procuraduría Delegada para la Vigilancia Judicial. Las grandes investigaciones por la actuación irregular de jueces en concierto con abogados y funcionarios de la Caja Nacional de Previsión, de Colpuertos y de otros organismos oficiales, para defraudar el Estado, las adelantó en su momento la Procuraduría General de la Nación.
Sin embargo, la falla no estuvo en haberle dado esa función disciplinaria a una sala del Consejo Superior de la Judicatura, denominada precisamente así: Sala Disciplinaria. La falla estuvo en que esta Sala no se dedicó precisamente a vigilar la conducta oficial de los servidores públicos de la Rama Judicial, a adelantar los respectivos procesos disciplinarios e imponer las correspondientes sanciones, como lo prescribe la norma constitucional, sino que cogió un camino jurídico-político distinto. Asumió la condición de juez ordinario, con supuestos saberes en todas las áreas del Derecho, y comenzó a revocar las sentencias de las demás jurisdicciones. Incluso hubo un momento en que llegó a declarar inexequibles normas legales bajo el pretexto de aplicar la excepción de inconstitucionalidad. Y, claro, asumida esa función en la cúpula, en la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, la arbitrariedad se replicó en su instancia inferior, en los Consejos Seccionales de la Judicatura.

Lo más lamentable, lo más incoherente, para un Estado de Derecho, es que esa arbitrariedad asumida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura haya sido aceptada a ciencia y paciencia por todas las autoridades. Ninguna autoridad, ni siquiera la Procuraduría General de la Nación, guiada por tres principios (la guarda y promoción de los derechos humanos, la protección del interés público y la vigilancia de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas), según lo prescribe el artículo 118 de Constitución, ni la propia Corte Constitucional, a la cual se le han encargado la integridad y la supremacía de la Carta Fundamental, se levantaron para decir: un momento, ustedes, señores Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria, están violando la Constitución. Ustedes no son jueces penales para revocar las sentencias de la Sala Penal de la Corte Suprema, de los Tribunales Superiores, de los Jueces, y dejar libres a los criminales. Eso de verdad es una pena, una vergüenza, un dolor para todo ciudadano de un Estado que en su definición se proclama ajustado al Derecho (art. 1º de la Const. Pol.).

¿Qué hacer, entonces? Lo que desde hace 50 años reclaman la sociedad colombiana y la Rama Judicial: crear una gerencia para esa rama del poder público. Pero hacerlo sin mezquindad, sin egoísmo, con generosidad en la conducta de los profesionales que laboran en esa difícil misión de aplicar justicia (jueces, magistrados y fiscales) y en las arcas del Estado. Y desde el punto de vista de su operatividad, hacerlo de manera sencilla, sin complicar las cosas y utilizando el sentido común. ¿Para qué crear dos salas en la gerencia de la gran empresa que es la justicia: como principio, como función y como estructura? Es darle una estructura igual a la de cualquier empresa del mundo. Incluso pudiéramos copiar las variables necesarias, la empresa de la banca central colombiana: el Banco de la República. Así, pues, la Rama Judicial debe tener un Gerente y una Junta Directiva. En esa Junta Directiva deben tener asiento la cúpula de la Rama, el Gobierno y la Academia. ¿Por qué estos estamentos? Todos son obvios: por razones de oficio, de presupuesto y evolución del Derecho.

Doble instancia para juzgar a congresistas

La Corte Suprema de Justicia tiene hoy la facultad de investigar y juzgar a los miembros del Congreso. El proyecto del Gobierno le suprime la atribución de investigar y se la otorga a la Fiscalía. Sin embargo, lo que ha observado la sociedad colombiana durante los últimos 20 años es que la función de investigar a los legisladores ha sido exitosa, por lo que no se ve la razón para suprimirle tal atribución. Por el contrario, se la debiera fortalecer y darle más apoyo, si fuere necesario, con recursos financieros y equipo humano.

Si se pretende crear la doble instancia para el juzgamiento penal de los miembros del Congreso, se debe hacer en forma coherente, natural y racional, sin artificios. ¿Cómo es de modo natural y sin artificios? Si lo que los miembros del Congreso necesitan es una segunda instancia con amplias garantías, nada más importante que de esta conozca en pleno la corporación que en Colombia realiza la función judicial ordinaria en su máximo grado. Así, pues, que de la primera instancia conozca la Sala Penal y que de la segunda instancia se ocupe la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia.

El proyecto establece que, para que la Corte Suprema pueda juzgar a los congresistas y otros dignatarios del Estado, sea necesario que previamente haya investigado y acusado la Fiscalía General, la Vicefiscalía o los delegados de la unidad de fiscalías ante la Corte Suprema. Al respecto, habrá que preguntar: ¿Si la Corte Suprema lo ha hecho bien y con excelentes resultados, para qué quitarle esa función? Lo coherente es que la función de investigación y juzgamiento de los congresistas continúe en cabeza de ese alto tribunal.

Sistemas de control

El proyecto del Gobierno presenta tres reformas a los sistemas de control en lo que tiene que ver con su postulación y su elección. Sin embargo, aquí tampoco se plantean las grandes reformas que el país necesita, como pueden ser la elección popular del Procurador General de la Nación y un Tribunal de Cuentas en vez de Contraloría General de la República, como existen en otros países. Las propuestas del Gobierno son asuntos puramente adjetivos. Al respecto, conviene señalar que Colombia lo que más tiene son sistemas de control. Obedece esa proliferación a dos razones:
En primer lugar, a la generalización de la corrupción en las tres últimas décadas del siglo XX, época en que se debatió la necesidad de una reforma constitucional, que –como se sabe finalmente– se dio en 1991.

En segundo lugar, a la desconfianza mutua que se reflejó en el seno de la Asamblea Nacional Constituyente. En efecto, cada delegatario llegó a ese cuerpo constituyente con articulado propio y no se fue a dormir tranquilo el miércoles 3 de julio de 1991 a medianoche, hasta ver aprobado en segundo debate su proyecto. Esto, desde el punto de vista social, político e individual, es muy participativo e incluyente, la más íntima satisfacción de ver realizado un propósito, y para muchos un proyecto de vida. Pero desde el punto de vista objetivo y real de nuestra sociedad, refleja una profunda desconfianza de todos los estamentos sociales y políticos representados en el cuerpo constituyente que redactó la Constitución. Nuestra sociedad, desde hace cuatro décadas, se ha convertido en un campo minado –ojalá esto fuese sólo una figura literaria– donde todos desconfiamos de todos y nadie cree en nadie, hasta el punto de que las distintas instituciones –fuerza pública, justicia, iglesias, cámaras legislativas, universidades, clubes deportivos– y el propio Estado pierden legitimidad. Entonces, cada estamento, para asegurarse que el otro sí va a cumplirle, propone un sistema de control.

No es que la mutua desconfianza haya hecho presencia en Colombia en los años 90 del siglo XX. Como lo hemos dicho, ya venía incubándose en la sociedad desde la segunda mitad de esa centuria, y por eso los diversos sistemas de control que hoy se hallan establecidos en la Constitución se reflejaban en la jurisprudencia y también en el Derecho positivo. Son tantos esos sistemas de control señalados en la Constitución de 1991, que –si intentamos enunciarlos y describirlos– seguramente se nos quedan algunos por fuera. Sin embargo, todos son clasificables en dos grandes sistemas: control interno y control externo.

Una vez revisada la normatividad relacionada con los sistemas de control, sacamos como conclusión que, en relación con la justicia, el control interno disciplinario de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial deberá ejercerlo cada unidad judicial, como lo prescribe el artículo 209 de la Constitución y lo desarrolla el Código Único Disciplinario. Es recoger todos los saberes y las experiencias que había antes de la Constitución de 1991, y que fueron perfeccionados con el conjunto de principios consagrados en ese estatuto y desarrollados en las normas legales. Y el control externo disciplinario para los funcionarios y empleados del organismo judicial, en todas las instancias y niveles, debe ejercerlo la Procuraduría General de la Nación utilizando el poder disciplinario preferente para aquellos servidores públicos que carezcan de fuero constitucional, y que el superior jerárquico no ejerza el control interno disciplinario o lo desempeñe de manera deficiente, o ejerciendo la vigilancia superior en los casos de los servidores públicos con fuero constitucional. Ambas categorías –la vigilancia superior para los aforados– y el poder disciplinario preferente –para quienes tienen control disciplinario interno– están autorizadas en el numeral 6 del artículo 277 de la Constitución Política.

El trámite

Surtida la primera vuelta, el proyecto no mejoró, como era de esperarse, sino todo lo contrario: empeoró por la decadencia universal –de la que algo nos toca– del bien público. De la pérdida de este valor universal se derivan dos consecuencias que se reflejaron, sin pudor alguno, en las diferentes reuniones, de las que el público se enteró. La primera consecuencia es el desconocimiento, a sabiendas o no, de lo que deben ser la estructura del Estado y la función de sus grandes magistraturas –legislativa, ejecutiva, judicial, disciplinaria. La segunda consecuencia es la lucha a muerte que cada uno de los organismos implicados en la reforma libró, libra y librará para acrecentar su poder, con criterio de interés particular. De imponerse esa voracidad, cualquier cosa puede suceder. El trasfondo de esa lucha mezquina de intereses tras el poder, que otorga el aparato judicial del Estado en la actual coyuntura, es impedir que se conozca la verdad en relación con los grandes crímenes cometidos durante las dos últimas décadas. Así las cosas, lo mejor que pudiera suceder es que se hunda la reforma y que el Gobierno integre una comisión que, con criterio de bien público o interés general, aterrice la reforma judicial de la que el país está urgido. ν

1 De la Exposición de Motivos del Proyecto presentado por el Gobierno.
2 Hesíodo. Los trabajos y los días. México. Universidad Nacional Autónoma de México, 1986, p. 8.


* Integrante del Consejo de Redacción, Le Monde diplomatique, edición Colombia.

Su mirada triste, apagada, parece llevarse bien con la fuerza de sus convicciones. Esa combinación de apariencias transmite serenidad, aplomo, como si su dolor hubiera sido reciclado para dar lucha, la lucha a la que se entregan los que han sufrido. Bertha Oliva es hondureña, coordina el Cofadeh (Comité de Familiares Detenidos Desaparecidos en Honduras) y estuvo de visita en Buenos Aires, donde fue distinguida en el Ciclo Marzo, Mujer y Memoria. Compartió allí una jornada con Nora Cortiñas, la presidenta de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora. Antes de regresar a su país dialogó con Página/12 y dijo que “lamentablemente, tenemos tanto trabajo porque hay muchas violaciones a los derechos humanos. Yo quisiera pensar que algún día no será así, porque ese día, entonces, habrán mermado estos delitos. Pero ahora hay ejecuciones, asesinatos, amenazas, torturas, persecución, tenemos que sacar gente hacia el exterior. Y estamos hablando de lo que pasa hoy en Honduras”.
 

–¿La situación que describe es gravísima?

–La impunidad es muy fuerte en mi país. Están eliminando periodistas, abogados, maestros, desarticulando a los movimientos sociales, a los sindicatos a base de terror y de persecución. Las juventudes son perseguidas. También, nunca como ahora, hubo tanta mujer que ha sido asesinada. Una dice: “¿Qué es lo que estamos viviendo?”. Lo de La Granja, lo que pasó en el penal de Comayagua, es una muestra clara. Murieron 361 presidiarios. Todo lo que uno mira antes, durante y después del incendio se da cuenta de que tuvo un patrón y que, además, había toda una planificación. Se ha hecho absolutamente para castigar. A las familias las están venciendo por cansancio para que no reclamen.
 

–¿Las violaciones a los derechos humanos se han profundizado desde el gobierno golpista de Roberto Micheletti al actual de Porfirio Lobo?

–Lobo profundizó el problema porque a partir de que el Estado retornó al seno de la OEA se han sentido legitimadas todas las estructuras de terror que existen. Son un poder consolidado. Honduras vive en un estado de emergencia en materia de derechos humanos que es igual o peor que el de la década del ’80.
 

–¿Usted puede hablar del tema en primera persona porque su esposo, Tomás Nativí, está desaparecido desde 1981?

–Sí, era maestro de profesión. Pero ejerció su magisterio en la enseñanza social sin ir a ningún colegio a dar clases o impartirlas en una universidad. Tomás se había entregado a las causas sociales. Era un revolucionario. En el momento en que él desapareció, había renunciado al Partido Comunista de Honduras y es ahí donde impulsó y le dio origen a la Unión Revolucionaria del Pueblo o URP, que era una organización de masas con toda su dinámica en los colegios y las universidades.
 

–¿Cuántos desaparecidos tienen relevados en el Cofadeh desde que se fundó, en 1982?

–Nosotros pudimos registrar, porque si un dato lo dábamos en falso era motivo para que nos desarticularan, 184 desapariciones forzadas, que fueron las que documentamos. Pero sabemos que el número es mucho mayor porque sólo en la operación que se llevó a cabo en el Aguacate, en el departamento de Olancho, cuando entró el padre Guadalupe Carney con una columna desde Nicaragua –estamos hablando del año 1983–, sólo ahí eran cien hombres con los que él entró, y tenemos registrados once presos con nombre y apellido y siete que sobrevivieron. Con el resto no sabemos qué pasó, hay muchos cementerios clandestinos.
 

–¿Consiguieron llevar a juicio a los responsables de esos crímenes de lesa humanidad como se está haciendo en la Argentina?

–Logramos su identificación para llevar a juicio a los responsables de estos hechos. Probamos que había desapariciones forzadas, científica y jurídicamente. Pero la apuesta del Estado hondureño es que los casos de desaparición forzada continúen siempre en la impunidad.
 

–¿Esa dificultad se dio en todos los gobiernos igual?

–En todos. Sí hubo algunos cambios, por ejemplo, cuando Carlos Roberto Reina estuvo en el poder. Ayudó muchísimo en los procesos de las exhumaciones y luego, con la eliminación del servicio militar obligatorio. Eso permitía que los militares no estuvieran sembrando el terror en las familias y que no se entrometieran tanto en los delitos que habían cometido.
 

–O sea, ¿salvo esa contribución que usted atribuye al gobierno de Reina, ni siquiera durante el gobierno de Zelaya hubo una facilitación de las tareas de esclarecimiento?

–Con Zelaya tuvimos proximidades. En su gobierno hubo dos casos presentados ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y si no se iba a un arreglo amistoso, pasaban a la Corte Interamericana. Y ahí él nos dijo: “Hagan una propuesta desde Cofadeh”, En efecto, demostró voluntad política. El aprobó un decreto que, si tiene algunas fallas, son fallas nuestras. Lo aprobó como nosotros lo presentamos. Era un programa de reparación para los familiares de las víctimas. Pero no con la mirada de crear monumentos y de indemnizar a las familias, sino para que fuera el inicio de una política de Estado en materia de derechos humanos que se interrumpió con el gobierno de Micheletti.
 

–¿Qué pasó con el decreto?

–Está ahí. Habría que ver si se tiene en cuenta. Aunque producto de ese decreto se inició una campaña de descalificación y de odio para Cofadeh y para ésta, su servidora, que recibió fuertes y terribles amenazas a muerte. Yo no creía que las estructuras de la impunidad estaban tan consolidadas en Honduras. Hasta que hicieron toda esa campaña y barbarie contra nosotros no nos dimos cuenta. Incluso hubo un intento de asesinato.
 

–¿A quiénes atribuye estos hechos?

–No puedo decirlo en este momento porque estamos en un alegato jurídico y no quiero que sea interrumpido, pero sí los tenemos bien situados, supimos de dónde vino todo, cómo lo planificaron y cuáles son los grupos que dieron el golpe de Estado. Esos mismos grupos son los que hicieron esa campaña, fundamentalmente, en contra de Cofadeh y de sus miembros.
 

–¿Cómo se sostiene la organización que coordina en un ambiente tan hostil?

–La inseguridad que hay a nivel general en Honduras es terrible. Matan dirigentes sociales, pero se atribuye al estado de inseguridad que se vive. O asesinan jóvenes, o gente que ha estado muy vinculada con el Frente y, bueno, no pasa nada porque “en algo andaban”. Ahorita estamos hablando de escuadrones de la muerte. Todas las estructuras encargadas de buscar justicia y de proteger al pueblo hondureño están coludidas con el delito.

Inspirados en las Madres

¿Había estado otras veces en la Argentina?

–Este país ha sido como mi inspiración en la búsqueda de verdad, en la reclamación de justicia con las Madres y Abuelas de la Plaza de Mayo. Tengo muchos buenos recuerdos de la Argentina y no es la primera vez que lo visito. Ahora vine porque me invitó el Espacio No Matarás a un reconocimiento en el marco del Día Internacional de la Mujer.

–¿Cuándo fue la primera ocasión en que viajó a nuestro país?

–Tengo 30 años de andar buscando la verdad que se nos oculta en el tema de las desapariciones forzadas de mi país. El Cofadeh, que es la organización que yo represento, surgió en 1982, cinco años después de las Madres de la Plaza de Mayo. La inspiración nuestra para buscar a nuestros detenidos-desaparecidos fueron ellas. Ya para fines de 1983 estábamos intentando algo que aglutinara a todas las familias que sufrían la práctica de la desaparición forzada y en 1984, cuando surge la Fundación de Detenidos-Desaparecidos (Fedefam), fue la primera vez que vine a la Argentina. Y la segunda a un encuentro de la Fedefam, en Mar del Plata. Abracé con la fuerza con la que se debe abrazar la causa de la memoria, la causa de la desaparición forzada; entendí la magnitud de lo que nosotros estábamos viviendo.

Después de seis años de audiencias y de 950 millones de dólares en costos, la Corte Penal Internacional (CPI) emitió su primera condena ayer, encontrando al ex líder rebelde Thomas Lubanga culpable de crímenes de guerra en la República Democrática del Congo. Los partidarios de la Corte festejaron el fallo como un hito para la Justicia internacional, mientras que sus críticos señalaban el lento paso de la fiscalía y los crecientes costos como evidencia de su fracaso.

La primera persona arrestada por la CPI en 2006 ahora esperará la sentencia después de que los jueces encontraran la abrumadora evidencia de que había reclutado a niños soldados y los había enviado a la batalla en el nordeste del Congo. El conflicto dejó tanto como 50 mil personas muertas solamente en la región de Ituri y obligó a muchos más a huir de sus hogares. Las fuerzas del caudillo fueron acusadas de llevar a cabo masacres étnicas, tortura, violaciones masivas y de forzar a chicas jóvenes a la esclavitud sexual. Pero fue condenado por los cargos más limitados de “reclutar niños menores de 15 años y usarlos para participar activamente en las hostilidades”.

Lubanga, que tiene un título en psicología y en un momento tenía tres mil niños soldados bajo su comando, algunos hasta de 8 años, condujo a la Unión de Patriotas Congoleños a una guerra étnica que devastó el área de minas de oro cerca de la frontera con Uganda. Los trabajadores de derechos humanos acusaron a varias empresas internacionales de minería de coludir con los grupos armados en el área. Los otros dos líderes de la milicia involucrados en el conflicto de Ituri también están enjuiciados.

El alguna vez temido caudillo, que les hacía pagar impuestos a las familias por su hacienda y niños, ha pasado un juicio maratónico que a menudo parecía que estaba por colapsar debido a su complejidad. En 2008, los jueces ordenaron que fuera liberado por un tecnicismo, pero fueron persuadidos de mantenerlo en custodia mientras los fiscales apelaban. “El veredicto de hoy será una enseñanza para aquellos que cometen horribles crímenes usando y abusando de niños dentro y fuera del campo de batalla”, dijo Michael Bochenek, de Amnistía Internacional. El organismo de derechos humanos está entre varios grupos que han atacado el limitado campo de acusaciones en el caso Lubanga, quejándose de que las acusaciones de violencia sexual contra niños secuestradas, incluyendo niñas soldados, no se prosiguieron.

La CPI es la primera Corte permanente en el mundo establecida por un tratado internacional ratificado en 120 países para tratar con los crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio. Surgió de una serie de tribunales ad hoc establecidos para tratar con el período subsiguiente a los conflictos en la ex Yugoslavia, Timor Oriental, los genocidios en Ruanda y Camboya y las guerras civiles de Africa Occidental.

La naturaleza complicada de construir casos en la ausencia de un precedente internacional legal y la necesidad de ganar apoyo de Estados para su intervención, así como el irregular apoyo al Tratado de Roma por los grandes poderes tales como Estados Unidos, han socavado los esfuerzos de la Corte para ganar aceptación. La CPI y su fiscal jefe saliente, Luis Moreno Ocampo –que deja el cargo en junio–, han sido criticados en algunos sitios por enfocarse exclusivamente en Africa. En un esfuerzo por debilitar esas acusaciones, la CPI ha nombrado a Fatou Bensouda, de Gambia, para reemplazar al fiscal argentino.

El sindicalismo en Colombia es algo que puede salir muy caro a los que se atreven a ejercerlo. Los asesinatos, las desapariciones forzadas y las amenazas son el escenario cotidiano de los dirigentes sindicales en el país, con unas prácticas que se prolongan ya durante décadas. Aunque las cifras han disminuido en los últimos años, en 2010, el año con menos casos de muertes de sindicalistas, han sido treinta los asesinatos.
 

Un informe coordinado por la Oficina del Programa de la ONU para el Desarrollo (PNUD) en Colombia ha vuelto a colocar en la agenda mediática este continuo drama, normalmente demasiado silencioso.
 

El estudio recoge información desde 1984 hasta la actualidad. Las cifras son escalofriantes. 2.800 dirigentes sindicales han sido asesinados, lo que supone una media de 100 al año, y el 94,4% de los crímenes permanecen impunes. La Oficina ha registrado también 216 desapariciones forzadas, 83 casos de torturas y 163 secuestros de sindicalistas.

El coordinador principal del informe, Carlos Miguel Ortiz, ha señalado que, aunque en el informe señalan que desde 2003 han disminuido los asesinatos, se ha registrado un incremento de amenazas a los dirigentes y sindicalistas en el país.
 

"En estos últimos años que se han registrado los más bajos, la más baja fue la de 2010 y estuvo en 30. Para cualquier país 30 ó 20 homicidios de sólo sindicalistas, sin contar los demás, al año, sería muy alta", ha declarado Ortiz.
 

El documento sugiere al Estado iniciativas para una política criminal efectiva, presenta propuestas para alcanzar una reparación individual y colectiva en materia de prevención y protección de los sindicalistas.
 

La cifra podría ser mayor

La Escuela Nacional Sindical colombiana eleva la cifra de sindicalistas asesinados en 2010 hasta los 51, de los que 29 de ellos serían docentes. Ya a principios de 2011, desde la escuela expresaron su "preocupación", ya que los datos de los informes de la Oficina del PNUD "no corresponden con la realidad registrada por la ENS, ni con los registros del Observatorio DDHH y DIH de la Vicepresidencia de la República". Es decir, las cifras aportadas por la comisión de la ONU podrían ser aún mayores.

Otras voces, como la del director de Human Right Watch para América Latina, José Miguel Vivanco, han denunciado que la imagen edulcorada que se tiene de Colombia es "producto del trabajo de las operaciones de lobby que se hacen en Washington". En una entrevista con Público, Vivanco denunció inversiones millonarias de Uribe en firmas que le "ayudan a promover su imagen en EEUU".
 

"Colombia es el país que tiene la crisis humanitaria y de derechos humanos más seria de todo el continente. Sin embargo, estos temas no son objeto de discusión", lamentaba Vivanco.


PÚBLICO.ES MADRID13/03/2012 22:12 Actualizado: 13/03/2012 23:06

A diferencia del resto de los países del Cono Sur, no ha habido condenas penales en Brasil, ya que la Ley de Amnistía de 1979, cuya legitimidad fue ratificada recientemente por la Corte Suprema de ese país, protege a los represores y genocidas de ser castigados con cárcel o ser llevados a juicio. Más allá de la decisión de los Supremos, en varias ciudades del país familiares de víctimas y organismos de derechos humanos han presentado acciones civiles.
 

A fines de 2010, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) decidió declarar a la Ley de Amnistía sin efectos jurídicos y ordenó a Brasil que determine las responsabilidades penales correspondientes y aplique sanciones por la detención arbitraria, tortura y desaparición forzada de cerca de 70 personas de la guerrilla del Araguaia.
 

La denuncia elevada por los fiscales enciende la polémica en Brasil, que aprobó recientemente la creación de una Comisión de la Verdad destinada a esclarecer los delitos de la dictadura, una iniciativa del gobierno que, sin embargo, no conlleva acciones penales, pero que recientemente provocó la reacción de las fuerzas armadas en Brasil. La presidenta Dilma Rousseff, ex presa política que sufrió tortura y cárcel durante la dictadura, sancionó en noviembre la creación de la Comisión de la Verdad. A pesar de su formación, sus miembros aún no han sido nombrados.
 

Los responsables de los clubes de las fuerzas armadas brasileñas, que representan a los militares en retiro, publicaron en febrero una carta con duras críticas al gobierno y a la ministra de Derechos Humanos, Maria do Rosario, que dijo que en el futuro los militares podrían ser llevados ante la Justicia para responder por crímenes cometidos durante la dictadura.
 

Las dictaduras del Cono Sur latinoamericano comenzaron en Paraguay (1954-89) y siguieron en Brasil (1964-85), Uruguay (1973-85), Chile (1973-90) y Argentina (1966-73 y 1976-83), y se coordinaron en el denominado Plan Condor de persecución de opositores.
 

La ex directora ejecutiva del pulpo mediático News International, Rebekah Brooks, ex editora del fenecido dominical News of The World y ex niña mimada del mandamás del grupo, Rupert Murdoch, fue arrestada ayer por la policía británica en el caso de las escuchas telefónicas. Su esposo, Charlie Brooks, viejo amigo del primer ministro conservador David Cameron, y el jefe de seguridad de News International, Mark Hanna, fueron también detenidos junto a otras tres personas por su “intento de encubrimiento e interferencia con la investigación”.
 

Tres investigaciones policiales, 44 arrestos, decenas de renuncias de ejecutivos de la organización y millones de dólares de indemnización a las víctimas no han calmado un escándalo que ha terminado sacudiendo a la organización madre News Org, segundo conglomerado mediático a nivel mundial, con sede en Nueva York. El espionaje mediático no conocía límites. Artistas de fama internacional (Jude Law, Sienna Miller, Hugh Grant), deportistas (Paul Gascoine, Graham Taylor), políticos (varios ex ministros laboristas, numerosos diputados) y víctimas de crímenes (los atentados de 2005, violaciones, desapariciones) tenían un punto en común: podían disparar las ventas mediante el uso de sofisticados métodos de hackeo.
 

La reverberación política del escándalo queda en claro con un mapa y un “quién es quién” del poder en el Reino Unido. Rebekah y Charlie Brooks tienen una casa de campo en Oxfordshire a minutos de la que poseen los Cameron, con quienes mantienen una amistad que, en el caso del marido, un columnista de la high life dedicado a los caballos, se retrotrae a la adolescencia y la escuela más elitista del Reino Unido: Eton. Otro protagonista clave de las escuchas, Andy Coulson, ex editor del News of The World durante la primera fase del escándalo, fue jefe de prensa de Cameron hasta que se vio obligado a renunciar, a principios del año pasado, por las ramificaciones que tomaba la investigación policial.
 

Los arrestos coincidieron con la visita del primer ministro a Washington (ver recuadro), uno de los eventos más importantes de la diplomacia británica, que hace lo indecible para proyectar y sostener la imagen de una “relación especial” con Estados Unidos, derivada de la historia en común, la lengua y una supuesta comunidad de valores y objetivos. La oficina de prensa del primer ministro intentó minimizar el hecho señalando que se trataba de un “tema estrictamente policial”, pero uno de los afectados por las escuchas, el diputado laborista Chris Bryant, subrayó en su cuenta de Twitter el impacto político de los arrestos. “Cameron huye del país mientras arrestan a sus amigotes”, escribió Bryant.
 

El grupo Murdoch ha intentado contener el escándalo con una serie de medidas y renuncias de alto voltaje. La última edición del News of The World contenía un larguísimo pedido de disculpas por las escuchas. Sin chistar, el grupo pagó una seguidilla de indemnizaciones que iban de un mínimo equivalente a unos 70 mil dólares a un máximo que roza los cuatro millones. La cabeza de Brooks rodó en julio del año pasado, junto a la de Les Hilton, mano derecha de Rupert Murdoch que ese mismo día hizo un pedido personal de disculpas a la familia de la adolescente secuestrada y asesinada Milly Dowler, cuyos mensajes habían sido hackeados. En febrero, su hijo y aparente heredero, James Murdoch, renunció a su puesto de director ejecutivo de News International.
 

Nada ha servido. Con su propia reputación en la mira, la policía ha lanzado tres investigaciones que pretenden ser exhaustivas. El operativo Weeting se concentra en las escuchas telefónicas, el Elvedon en el pago a policías y el Tuleta en el hackeo de computadoras. Una de las bombas de tiempo del escándalo es cuánto sabían los Murdoch. En dos comparecencias parlamentarias, Murdoch hijo negó todo conocimiento de las escuchas, pero su testimonio ha sido cuestionado por dos importantes ex ejecutivos de la organización. La otra bomba es la ramificación política y los motivos que llevaron a David Cameron a nombrar a Andy Coulson como su jefe de prensa en 2007, poco después de que renunciara a su cargo de editor de News of the World, durante la primera fase del escándalo.
 

“Quien niega el pasado es cobarde.” La frase del general Pedro Aguerre, comandante del ejército uruguayo, cae como sombrero papal sobre la cabeza de los cardenales de las fuerzas armadas brasileñas en situación de retiro. Muchos de ellos tratan de negar el pasado y lo hacen ostensiblemente. Cobardes todos.
 

Pero, más que un súbito ataque de cobardía, hay algo que necesita ser entendido en esa actitud. Los militares, lo sabemos bien, tienen una especie de culto fervoroso a la jerarquía y a la disciplina. ¿Cómo explicar, entonces, esa desairada ola de insubordinación, de insolente irrespeto, dirigida a la comandante suprema de las Fuerzas Armadas, como asegura la Constitución, la presidenta Dilma Rousseff?
 

No ha sido por mero azar ni por un brote de resentimiento que el Club Militar, que agrupa a los retirados de las tres armas, difundió una contundente nota exigiendo de Dilma Rou-sseff una reprimenda a dos de sus ministras, la de Derechos Humanos, Maria do Rosario Cunha, y la de la Mujer, Eleonora Menicucci, por los términos en que se refirieron a la dictadura que imperó en el país entre 1964 y 1985. Tampoco ha sido por distracción que aseguraron no reconocer autoridad en el ministro de la Defensa, embajador Celso Amorim. Dilma reaccionó y en un primer momento los militares retirados accedieron a retirar la nota de la página institucional del Club Militar en Internet, con sus 98 firmas. Pero cuando la presidenta determinó que los responsables fuesen castigados, empezó el alboroto.
 

Primero, los cabecillas de los uniformados retirados presionaron a los comandantes en activo. No aceptaban ser reprimidos. Segundo, aseguraban contar con respaldo legal para opinar. Y el texto volvió con 784 firmas (hasta la noche de ayer). Entre ellas, las de 64 oficiales-generales del ejército y de la fuerza aérea (ningún oficial-general de la Armada había adherido), 334 oficiales superiores (o sea, con rango de coronel), 192 oficiales y unos 200 civiles. Un número significativo, aunque el verdadero nudo sea otro: ¿por qué hacen silencio los comandantes de las tres armas? ¿Cuál el grado de impunidad con que cuentan los insolentes?
 

La ley brasileña es clara: a los oficiales retirados se les permite una serie de prerrogativas que son vedadas a los activos. Pueden postularse a elecciones, por ejemplo. Pueden emitir opiniones políticas y criticar a gobernantes. Pero en ninguna línea de ninguna ley está permitido que cometan actos de insubordinación, que desacaten a sus superiores, que desafíen a la presidenta. Y es lo que están haciendo.
 

Uno de los que niegan el pasado, el general retirado Luiz Eduardo Rocha Paiva, dice que el periodista Vladimir Herzog no ha sido asesinado bajo tortura, sino que murió “en una situación dudosa”. Dice que nunca supo de torturas en el ejército. Dice dudar de que la presidenta haya sido torturada a lo largo de sus más de dos años de cárcel. Y, para redondear, pregunta si Dilma Rousseff será convocada a dar testimonio frente a la Comisión de la Verdad, como supuesta cómplice de un atentado practicado por una organización armada que resultó en la muerte de un conscripto durante un ataque a un cuartel del ejército.
 

Es más que evidente que se trata de una clara reacción preventiva a la instalación de la Comisión de la Verdad, cuya tarea es precisamente sacudir a los cobardes, o sea, revisar el pasado. A dejar de negarlo.

Lo que llama la atención es, en primer lugar, que varios de los que ahora se manifiestan sean oficiales recién pasados a retiro, que hasta hace poco ocupaban puestos de relieve en los gobiernos de Fernando Henrique Cardoso y de Lula da Silva.
 

En segundo lugar, lo que ocurre muestra que el tema de la memoria, de la verdad y de la justicia ha sido apenas tocado de roce en Brasil a lo largo de los últimos 27 años, cuando regresaron los civiles al poder. Siguen impunes los responsables por los crímenes de lesa humanidad. Y, más que impunes, siguen llenos de soberbia en su sacrosanta impunidad.
 

Es importante recordar que todo eso ocurre cuando un fiscal de la misma Justicia Militar, Otavio Bravo, decidió abrir investigación judicial sobre cuatro casos de desapariciones, o sea, de asesinatos durante la dictadura. Hay casi doscientos casos documentados, pero el fiscal decidió empezar por cuatro.
 

La tesis de Otavio Bravo asustó a los que niegan el pasado: el Supremo Tribunal Federal, corte máxima brasileña, declaró que la desaparición forzada es equiparable al crimen de secuestro, que no prescribe. Si hubo secuestro, y si el secuestro es un “crimen continuo”, no puede haber prescripción ni amnistía hasta que no aparezca el secuestrado o su cadáver. Y si aparece el cadáver, los responsables serán denunciados por el crimen de ocultación.

En realidad, el brasileño sigue la senda abierta por sus colegas chilenos. O sea: un fiscal de la Justicia Militar, otra excrecencia heredada de la dictadura, actúa a favor de la verdad. Ahí está el nudo de esa crisis: el miedo de los cobardes. La soberbia de los que se creen impunes.
 

¿Cómo Dilma Rousseff enfrentará ese problema, cómo logrará superar ese obstáculo? ¿Qué pasará a los insubordinados que temen al pasado?
 

De todas formas, una cosa ya está a la vista: las heridas de la confrontación entre los militares que violaron la Constitución y se apoderaron del país a lo largo de una noche de 21 años, y los que consagraron su juventud –y sus vidas– a la resistencia, están lejos de cicatrizarse.
 

Los que resistieron padecieron exilio, cárcel, torturas, persecución, muerte. Los golpistas padecen del peor de los males: el temor a la memoria, la verdad. El pavor al pasado. Padecen la enfermiza condición de cobardes sin otro remedio que la insolencia asegurada por la impunidad.
 

La alharaca contra la sentencia a Plazas Vega es una cortina de humo que busca ambientar una reforma a la justicia, que excarcele a los parapolíticos y los militares presos por los falsos positivos.

La Sala Penal del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá no come cuento. El ex coronel Alfonso Plazas Vega deberá purgar, en cárcel común, una condena de 30 años de prisión por la desaparición forzada de la guerrillera del M-19 Irma Franco Pineda y del administrador de la cafetería del Palacio de Justicia, Carlos Augusto Rodríguez Vera.

La condena dispone igualmente que se oficie a la Corte Penal Internacional (CPI) para que se investigue al ex presidente Belisario Betancur por la posible responsabilidad penal en los hechos del Palacio de Justicia, como supremo comandante de las Fuerzas Militares; que el Ministerio de Defensa y el Ejército publiquen durante un año la sentencia en su página web; que se realice, en los tres meses siguientes a la ejecutoria de la sentencia, en la Plaza de Bolívar, un acto de desagravio en el cual el Ministro de Defensa, el comandante de las Fuerzas Militares, el comandante del Ejército, y el comandante de la Brigada XIII pidan perdón por el delito de desaparición forzada –crimen de lesa humanidad–, cometida por agentes del Estado. Igualmente, se dispone que la Fiscalía continúe la investigación contra integrantes del Ejército, la Policía y el desmantelado DAS, participantes en la retoma del Palacio de Justicia, por la desaparición de 11 empleados de la cafetería cuyo paradero aún es desconocido, habiéndose establecido que salieron con vida del Palacio y conducidos por integrantes de la fuerza pública a la Casa Museo del 20 de Julio.

La jauría uribista, integrada por miembros del Congreso y de los partidos oficialistas; periodistas como ex ministro Londoño Hoyos, los de la W Sánchez Cristo, Casas Santamaría, María Isabel Rueda, abogados ignorantes y de la defensa, renegados del M-19 como Carlos Alonso Lucio, y muchos otros, responsables o identificados de la violencia oficial y paramilitar que durante 30 años han desangrado a Colombia y producido mas de seis millones de desplazados, mas de 200 mil muertos, más de 50 mil desaparecidos, mas de 3.000 falsos positivos, califican el fallo del Tribunal como una ‘infamia’ contra un ‘inocente’, y pregonan sin razón o sin conocimiento jurídico que la Corte Penal Internacional no tiene competencia porque los hechos sucedieron el 6 y 7 de noviembre de 1985, y la CPI fue creada en 1998, por lo que sólo tiene competencia para investigar y juzgar los delitos de lesa humanidad cometidos a partir del 2 de diciembre de 2002.

Todo esto no es más que una cortina de humo para desacreditar a la justicia, encabezada por la Corte Suprema de Justicia, que durante los últimos años ha tenido la valentía de juzgar y condenar a más de un centenar de congresistas promotores, aliados y beneficiarios de los grupos paramilitares, responsables del desangre del campo colombiano, con más de 3.000 mil masacres; y por haber compulsado copias para que se investigue al staff uribista, corrupto y violador de los derechos humanos. También busca ambientar la insana reforma a la justicia que debilita a la Corte Suprema, y fortalecer el fuero militar, que es igual a la impunidad militar.

En la toma por un comando del M-19, y la retoma por fuerzas conjuntas del Ejército y la Policía nacional, e integrantes del DAS, se cometieron centenares de crímenes de guerra y de lesa humanidad. Empezando por el M-19, que convirtió a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado en rehenes, conducta prohibida en el Derecho Internacional Humanitario (DIH), por los Convenios de Ginebra y el Protocolo Adicional II de 1977. La retoma a sangre y fuego, sin preservar la vida de los magistrados y civiles rehenes, por parte de los agentes estatales, también violó el DIH.

Además, se estableció que la fuerza pública disparó indiscriminadamente contra magistrados, civiles y guerrilleros, lo que causó la mayoría de las 100 víctimas del holocausto. Por un agujero hecho en las paredes de un baño del tercer piso, donde se hallaban concentrados los rehenes, la fuerza pública disparó indiscriminadamente contra los allí hacinados, sin importar quien cayera. Quienes lograban salir hasta la puerta, huyendo del fuego y los disparos, eran conducidos a la Casa del Florero; y quienes allí eran considerados sospechosos de ser guerrilleros fueron conducidos a la Escuela de Caballería, allí torturados y asesinados y sus cuerpos desaparecidos.

El coronel Plazas Vega era el responsable de tal escuela, y bajo su supervisión y conocimiento se realizaron esos vejámenes y crímenes. Ello fue lo que estableció el juzgado que lo procesó, y la condena fue confirmada por el Tribunal de Bogotá. Allí no se condenó sin pruebas a un inocente sino a un responsable de decenas de crímenes, a quien, protegido y envalentonado sobre un tanque de guerra, los colombianos recordamos vociferando “Aquí salvando la democracia, maestro”, mientras se arrasaba con todo lo que se moviera dentro del Palacio, “antes que llegara la Cruz Roja”, y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alfonso Reyes Echandía, suplicaba por los micrófonos de la radio, antes de ser silenciados por el régimen, que “necesitamos dramática y urgentemente que cese el fuego por parte de las autoridades… estamos rodeados por parte del M-19... si no, todos vamos a morir”1. El presidente y los oficiales fueron sordos a ese llamado hecho por el presidente de otra de las tres ramas del poder público.

Los 11 empleados de la cafetería del Palacio de Justicia que salieron con vida, lo mismo que Irma Franco, fueron conducidos a la Casa del 20 de Julio, y de allí a las caballerías en Usaquén, donde fueron torturados, asesinados y desaparecidos. Otros, como los magistrados Manuel Gaona Cruz2 y Carlos Horacio Urán, y el abogado-guerrillero Andrés Almarales, salieron vivos del Palacio, y luego asesinados y regresados sus restos mortales al interior de edificio incinerado. Todo ello constituyó crímenes de lesa humanidad, y como tal son imprescriptibles e investigables mientras sus perpetradores estén vivos. Es cierto que la CPI fue creada en 1998 en asamblea de los países fundadores en Roma, y su competencia para investigar y conocer delitos de genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad comenzó el 1º julio de 1998 para los primeros 60 Estados que lo suscribieron, y para Colombia el 1º de noviembre de 2002 para los delitos de lesa humanidad.

Pero el delito de desaparición forzada de personas es de carácter permanente y su comisión se renueva todos los días mientras no se encuentren los restos humanos del desaparecido. Por ello, la desaparición de los empleados de la cafetería puedo haberse iniciado el 7 de noviembre de 1985, pero 27 años después todavía continúa cometiéndose, ya que los responsables no han confesado qué hicieron con sus víctimas, ni las autoridades han establecido su paradero, por lo cual el delito no ha cesado de cometerse. Es por ello que, a partir del 1º de noviembre de 2002, la CPI ha adquirió competencia para investigar y juzgar a los responsables de estas desapariciones.

Así como el 6 y el 7 de noviembre del año 63 a.n.e., Cicerón, el más grande abogado y orador de Roma, fustigó ante el Senado y el pueblo a Catilina por haber atentado contra la vida de algunos cónsules, y el castigo fue el destierro. Hoy se condena a prisión a quien, violando el Derecho, dispuso de la vida de decenas de colombianos dentro y fuera del Palacio de Justicia. Como el destierro se halla prohibido por la Constitución y el Derecho, sólo procede la prisión para quien es un criminal de guerra y reo de delitos de lesa humanidad.

1 Palabras de Alfonso Reyes Echandía en: http://www.youtube.com/watch?v=1ovVmTk3CjA&feature=related
2 http://www.youtube.com/watch?v=1ovVmTk3CjA&feature=related.

*Abogado especialista Derecho constitucional