El Acto Legislativo es el procedimiento por el cual se modifica la Constitución de 1991... el Constituyente Primario ha definido una herramienta para una redacción diferente, debe entenderse como una modificación aunque no de la idea, se le supone para precisar la redacción. Pero vale discutir que no se establece para generar una constitución distinta mediante sucesivos Actos Legislativos mediante una interpretación distinta al del Soberano o Constituyente Primario. Para eso está la vigilancia y control de la Corte Constitucional.

Sin embargo en la historia la clase política ha mantenido de manera recurrente   el hábito de destronar las respectivas Cortes Constitucionales como en el pasado y dejarlas sin influencia o simplemente anularlas. Eso fortalece al poder ejecutivo si cuenta con el poder legislativo, afirmando el modelo presidencialista. Se entiende que el Constituyente Primario en su mandato soberano ordena una Constitución para que prevalezca, que trascienda, y es la Corte Constitucional el noble cancerbero específico de esa obra magna de la voluntad popular total, por lo tanto no parece lógico ni procedente que otros mandatos parciales adopten funciones que no delegó el soberano absoluto, léase el Constituyente Primario a través de su Asamblea Constituyente.

Donde manda capitán no manda marinero dice el refrán popular y ello proviene mas allá del sentido común en igualdad con el buen sentido. Además reafirma la sabiduría común y del común, manifestada en un acto nacional de constitución. La Constitución de 1991 está acertadamente inspirada en la carta de los derechos humanos de la ONU y fue una de las más adelantadas cartas magnas de la región. Atendiendo que la defensa de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario lo sostienen los ciudadanos argentinos contra los gobernantes militares con una constitución que trató de manipular el olvido y el perdón.

La Constitución de 1991 está en armonía con la carta de los derechos humanos de la ONU y fue una de las más adelantadas cartas magnas de la región, más allá e inclusive podía competir con las de las ex repúblicas soviéticas planteadas alrededor de la felicidad. Actualmente la defensa de los derechos humanos y del derecho internacional con que en Argentina se juzga a los ex-gobernantes militares se funda en una constitución que trató de manipular el olvido y el perdón. Poco favorable a las víctimas pero que con esfuerzo se está llegando a condenar el despojo de bienes.
En Chile prevalece la constitución de Pinochet con ciertos magistrados progresistas en medio de una ciudadanía dispersa en alegar sus derechos pero agitada. La Constitución de 1991 impresionó como una maravilla.

Es probable que exista una concepción más  técnica en el derecho para formular estas aseveraciones en torno a preservar la estructura de lo mandado desde el Constituyente Primario como fuente absoluta, sin discusión y que estipula la salvaguarda de evitar alteraciones a su mandato por sobre interpretar lo mandado.

Los Actos Legislativos tramitados y aprobados por el Congreso Nacional desde los primeros quiebran la mano del Constituyente Primario y al adoptar una función de sucedáneo del Constituyente Primario, un ente por encima del soberano como si aquel no existiera permanentemente detrás de tales alteraciones. Es insólito que alguien distinto enmiende una Carta Magna, génesis de un Constituyente Primario. Especialmente cuando hay recursos para requerir concepto, opinión o acuerdo a través de referendos o plebiscitos.  Además existiendo la Corte Constitucional definitiva. En ningún caso interina.

En cuanto al Poder Judicial y la defectuosamente llamada reforma a la justicia se ha develado que su problemática corresponde mayormente a la administración que conlleva principalmente lo presupuestal que es como unas riendas sobre el Poder Judicial. El problema del funcionamiento de la administración de justicia es un asunto de administración que reside en normas potestativas del Poder Ejecutivo que en correspondencia con sus atribuciones no las ha flexibilizado ni las ha hecho funcionales para administrar la rama judicial lo cual aparenta más una intervención, como se apuntó respecto a ponerle riendas, y no tanto ejercer correctamente el ejercicio de administrar para que el Estado, todo, funcione normalmente. Así las cosas habría un descontrol en la rama judicial no inherente a sus responsabilidades sino al poder(es) vecino(s). Susceptibles de normalizarse por vías menos espectaculares que las reformas constitucionales. Decretos especiales que aseguren sostenidamente el financiamiento presupuestal es un asunto de obligatorio cumplimiento para el ejecutivo. Con el fin de que el Estado funcione debidamente y por lo tanto la Justicia, también la Educación, la Salud... con una financiación suficiente y necesaria para que así se afirme el Estado Social de Derecho. La Justicia y el sector social que demanda bienestar no deben continuar en el papel de cenicienta.

Para regular el gasto de la rama judicial hay decretos, decretos especiales si los anteriores no cotizan, leyes orgánicas si se le quiere dar mayor realce. Hay organismos contralores, control interno, etc. que pueden fiscalizar técnicamente el presupuesto.

La histórica disminución de las cortes constitucionales parece continuar todavía por cuanto no se ha percibido una majestuosa defensa de la actual constitución en los casos esperados. Son frecuentes sus cambios por medio de recurrentes actos legislativos. Así las cosas son los proyectos de ley quienes determinan una carta magna a través de los Actos Legislativos y menos que una constitución enmarque las leyes. En los primeros años de existencia hubo un órgano escrito, explicativo de la Corte Constitucional, respecto a la Constitución de 1991 que no puede ser reemplazado por los sitios web de hoy que obligan manejarse en el laberinto de una red todavía sin inventar. Inequitativo por cuanto se debe contar con un hilo de Ariadna al revés, para entrar no para salir, en la forma de poderosos motores con costosa arquitectura y sofware.
La Constitución de 1991 ha sido desfigurada por representantes en su mayoría pasajeros opuestos al permanente Constituyente Primario. Un irreconocible frankenstein sin amor por el soberano legítimo.

No se le puede achacar inflexibilidad por cuanto ha permitido la ley 100, la ley 30 y otras "ais" incubadoras de corrupción y o despilfarro, con pésimo manejo por la corruptela privada y pública. además de inequidades contra el soberano. Lo racional y justo que debe acaecer es un referendum  que vuelva a sus orígenes, o sea un regreso a su cauce original.
Que la Constitución del 91 elimine este frankenstein de Actos Legislativos con su comparsa de leyes y decretos desreguladores, privatizadores, exageradas entregas de territorios a la explotación descontrolada e incontrolada por transnacionales, costosas rebajas de impuestos y de regalías, sufridas flexibilizaciones laborales, pensionales y en salud y educación. 

Un país de leyes debe entenderse como tener conciencia de ellas y nunca una abrumadora biblioteca inmanejable en contra del espíritu del estado social de derecho que debe derivar hacia el trabajo con salarios justos y suficientes para una existencia digna de la familia. Que el capital y la tierra tengan una función social. Que se retome al ciudadano como un fin y nunca como un medio que es el significado de digno.

Sobra tanto esfuerzo en modificar la justicia normada por la Constitución de 1991 cuando se preve la necesidad de una trascendente reforma económica responsable, seria y sabia que está en mora desde pasados gobiernos. Tal estructura aceitaría convenientemente las piezas de las locomotoras como es debido haciendo inútil modificaciones que no son necesarias o que deben hacerse después de esa reforma económica que mantenga los recursos fiscales con finalidad social y no como una abstracta herramienta técnica con rubros hacia contrataciones matéricas antes que sociales y con fronteras pisos y cielos técnicos.

Se anularía el desmedido afán de congresistas ansiosos y codiciosos por pasar a la historia con leyes a su haber que irremediablemente pasan por un acto legislativo sin medir sus aspiraciones. No es exagerada esta afirmación cuando se escucha que el Congreso debe ejecutar una ley respecto a la justicia porque para eso es el Congreso. Hacer leyes. En sus intervenciones los magistrados de las altas cortes dieron cátedra sobre lo que debe aportarse y no tanto sobre lo modificable por necesidad. En resumen faltan recursos para destrabar ciertas funciones en la rama judicial como se recuerda acorde con la majestad que ella demanda. El problema se resuelve con más presupuesto como en otros tópicos como la Educación, la Salud... y no se solicitan recursos fiscales fuera de lo normal. Al fin y al cabo dentro del modesto tercer mundo Colombia tiene riquezas suficientes como se ha demostrado ante los ojos de todos si se suman las cantidades a rescatar en AIS, DNE, DIAN, y por la Superintendencia de Salud y otros billones sueltos sobre los cuales está la lupa de los organismos de control y la magistratura actual está en una actitud muy ágil en fortalecer el Estado. Resultaría desmotivador alterar el actual funcionamiento de ese poder que en lo reciente si no ha evitado un posible naufragio del Estado ha funcionado o lo ha prestigiado ante la comunidad internacional con sus sabias decisiones donde todo el mundo es consciente de la valentía requerida para ello.

Magistraturas internacionales consideran a nuestros magistrados así como el reconocimiento por renombradas personalidades de relevancia en el derecho internacional humanitario por nombrar lo menos. No se puede agregar más ya que hay mucho de modestia en las altas cortes en no cepillarse con sus buenas y dignas relaciones, alcanzadas y merecidas.

Lo importante es que ese prestigio tan esquivo para muchas instituciones de la Nación es de dominio de la ciudadanía que en mucho lo aprecia, como que hasta los medios lo han tenido que aceptar. En la actualidad han sido frecuentemente entrevistados los magistrados para conocer de asuntos de interés nacional. Es demasiado comentar que los magistrados son algo más populares, pero es de afirmar que se conoce sus existencias y la labor que han desempeñado y continúan en esta difícil actualidad.

A salvo de ser arrollado por un Acto Legislativo está quedando el Poder Judicial, una avalancha anunciada como todas y cuya atención y prevención, como todo desastre, corresponde al Estado.

*Carlos García Bustos, Profesor Asociado en la UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
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La propuesta de Ley “por la cual se regula el servicio de la educación superior” que el actual gobierno, por medio del Ministerio de Educación, presentó recientemente al Congreso para su aprobación en la legislatura del 2011, produce la impresión de ser dictada por la improvisación.  El articulado, si cabe así llamarlo, que comprende 164 artículos, estructurados en  XIII Títulos, genera sobre el lector una sensación de confusión y desconcierto. Como una colcha de retazos, o mejor como de un cajón de sastre viejo, se puede introducir la mano y no saber que agarrar con certidumbre. La legislación es una especie desesperada de contener una crisis profunda acumulada, sin una conciencia siquiera aproximada de las hondas raíces en que ella se ancla, a saber, en los múltiples atrasos y las más insólitas improvisaciones atropelladas con que en las últimas cinco décadas se ha pretendido enfrentar los  desafíos de la modernización universitaria, en medio de los efectos más disímiles e inesperados de la “globalización”. Esta legislación o mejor esta propuesta de reforma a la educación superior no pasa de otro episodio folclórico, por llamarlo eufemísticamente, en que la dirigencia nacional delata su incapacidad de comprender las raíces de esa modernización y el papel que le cabe a la educación superior, a la universidad, en ese complejo proceso mundial. Este tipo de propuestas alegres –y en realidad desesperadas en su inconsciente impotencia mental- hacen parte de la estructura del subdesarrollo y del consentimiento colectivo –de las comunidades académicas, rectorales, centros de ciencia, etc.- para discutir con un grado de seriedad plausible los fundamentos sociológicos, culturales y epistemológicos, en las instancias de representación concertadas, con los procedimientos pertinentes y con los canales de comunicación suficientemente cohesivos y transparentes, para llegar a una libre y clara determinación de los marcos teóricos que precedan a cualquier articulado legal. Esta propuesta simplemente viola todos los presupuestos de la discusión fundada, de los mecanismos y las instancias que la hagan válida y vigente para una comunidad nacional, regional y local.

Quien con un grado de interés fundado lea estos artículos, venciendo la impaciencia derivada de una redacción para hacer rabiar a don Rufino José Cuervo en su centenario (¡una invitación involuntaria para que se sacuda de su solemne y católico sepulcro!), quien, pues, simplemente sufra leyendo sus 164 artículos podrá inferir que el multipropósito del gobierno central es y no es esto o aquello y que quizá o tal vez esto significa otra cosa en algun sentido y al contrario. En definitiva que no sabe cómo redactar de otro modo lo que no tiene simplemente en orden las meninges ministeriales. Esto es todo; es decir, es lo mismo de siempre bajo el primado de un ánimo ejecutivo de cambiar por cambiar o reformar para que las cosas sigan igual o peor y no se sabe con certidumbre hacia dónde ni porqué. El arte de gobernar habitualmente consiste en evitar el mayor número de errores y sus consecuencias públicas más deplorables, pero en este caso ese arte de mandarines sin doctrina es más bien el seguro de que al fin damos cándidamente con “la peor formulación a cuenta de la más crasa confusión conceptual”. Esta no es una ley marco u orgánica, como debería serlo por su naturaleza trascendental, sino una acumulado de parches en busca hipotética de un traje convencional. Pero no cabe abundar con el más desprevenido optimismo sobre las consecuencias indeseables de esta alta escuela de gobernar a los colombianos.

La universidad pública, o en forma más precisa, el sistema universitario colombiano, se ve sometido hace cincuenta años, al menos, a resolver o confrontar dos desafíos fundamentales (y concomitantes), a saber, la consolidación de un cuerpo profesoral altamente calificado y garantizar una formación académico-científica a una población juvenil en creciente aumento. Los dos polos en que se centra la vida universitaria, a saber, el profesorado y el estudiantado son  -o deben ser- el foco de construcción conceptual decisivo sobre el que se articule una reforma universitaria oportuna y consistente. Entorno a la conceptualización de los requerimientos de estas dos categorías básicas del proceso de formación universitaria, recae la discusión sobre la universidad del futuro en Colombia. Ello demanda, ante todo, una comprensión dinámica de los problemas que caracterizan el ethos profesoral o de los académicos universitarios, como una muy especial  o paradigmática clase profesional altamente institucionalizada, y las relaciones muy especiales y propias que esa clase establece con el estudiantado, en cada uno de sus momentos complejos del ciclo de formación académico-profesional y académico-científico. Sin llegar a comprender las demandas inherentes de cada uno de estos grupos sociales, plenamente diferenciados, que entran en una especial relación en el marco de la institución universitaria, en un mundo de tensiones culturales, no se podría llegar a ninguna formulación con algún grado de coherencia provisional, pero provechosa, una legislación educativa de gran alcance y de trascendencia para el futuro inmediato de la nación colombiana. No solo sospechamos, sino que estamos persuadidos, a la luz de esta propuesta legislativa del gobierno de Juan Manuel Santos, que este presupuesto de discusión teórico no precedió a su insostenible proyecto, pero que sobre todo la posibilidad eventual que se lleve a cabo una discusión razonable al respecto no dependerá de las instancias gubernamentales ni de quienes les alcahuetean toda su incompetencia –rectores y Consejos Universitarios- sino de nosotros mismos. Esta discusión es necesaria; está aplazada hace casi quince años y los desafíos siempre crecientes –así no haya oídos que oigan ni ojos que quieran ver- deben ocupar nuestra atención más decidida.

El múltiple atraso con que el Estado y la sociedad colombiana en general tienen respecto a su universidad roza con lo patético. Las cifras son más subversivas que la más indignada protesta moral. Colombia debía tener, con respecto a la proyección hecha a principios de los años 90 por Colciencias, cerca de 9.000 profesores con título de doctor en los centros universitarios para el año 2005. Al presente solo habrá 3.000 doctores activos en los grupos de investigación, es decir, que conforme con sus propios estimativos, la comunidad profesoral está muy lejos de haber alcanzado las cifras que el Estado colombiano mismo –obligado a responder a expectativas de orden global y para ser competitivos académicamente en la región latinoamericana- se autoimpuso como meta de desarrollo sostenible. Este déficit es pues inocultable y él apenas anuncia otra serie interminable de inconsecuencias que se callan a la hora de buscar soluciones al paso, de resolver con papel entintado en forma de Ley lo que la realidad con su terquedad evade. Es decir,  pretender con 164 artículos -inspirados en el paisaje desolador de una invasión de cambuches- un fracaso en dos décadas de modernización universitaria.

En estas condiciones de precariedad institucional del profesorado universitario, en que la reforma quedó trunca, o fue anunciada y siempre permaneció como promesa incumplida, se generó una situación institucional lamentable. La tarea del profesorado es doble socialmente considerada, por un lado, la de consagrar todos sus conocimientos científicos a la creación y transmisión de los mismos, con un ethos de honradez intelectual, impersonalismo, escepticismo organizado, y a la vez de fundar un ethos socialmente o una pauta ética a la sociedad mediante su actividad académica, es decir, ser el modelo ético consagrado de los otros profesionales –pues es el formador per excellence de profesionales- y de este modo introducir o fundar una norma de integración social, un acento valorativo estructural en medio de la competencia despiadada y que tiende a la deshonestidad de la sociedad burguesa. Por más cuestionable que sea, desde el punto del marxismo, esta pauta de orden funcional-estructural del ethos académico, actúa ella, con todo, como modelador ideal  de un entorno enrarecido, violento y difusamente injusto. El fomento o la práctica consciente de esta praxis universitaria, sin las trampas que acompañan tan corrientemente a las sociedades salidas del mundo católico contrareformista –que se encarna en la figura del pícaro con todos sus recursos amañados para  adquirir a cualquier costo sus riquezas-, se dificulta o se inhibe en forma recurrente y continua por la carencia de un entorno cohesivo, en sus presupuestos académicos. Vale decir, que con el déficit de base con que el profesorado debe actuar y se enfrenta día a día, se convierte en una traba real para cumplir sus propósitos y superar desafiantemente un clima laboral agobiador. La intranquila situación en que se debate el profesor, sea este doctor o no, vinculado de tiempo completo o no, está doblemente condicionada por la carencia de una base coherente, y de cohesión institucional –desde el punto de vista de la homogeneidad de la formación académica, por empezar- y por las consecuencias indeseables del autoritarismo concomitante que en forma torpe –y en ocasiones infame- con que se cocina a temperaturas aleatorias a la universidad colombiana. Este déficit es pues brutal en sus cifras negativas y sus diversas consecuencias de insospechada anomia.

La anomia institucional derivada de una modernización a medias, en que los que cumplen con determinados requerimientos de formación y producción académica avalada científicamente, se tropiezan continuamente con los que no los cumplen, o los que, ya entrados en años, a punto de jubilarse y que pujan a ser directivas, imponen como parte de una venganza aplazada. Esto es normal y corriente, pero muy incómodo. Por cierto, La gaya anomia, es decir, la manera alegre en que celebramos nuestros descalabros institucionales, es ese caldo de cultivo de bichos, bacterias y hongos de muchas especies frente a lo que a veces, confieso, no logro tener el sistema defensivo moral para resistirlo con la solvencia del caso. Un catarro moral, aunque no perseverante, es como la condición vital en que se sobrelleva este Macondo universitario.

Pero si el espíritu macondiano, con todas su luchas y su soledad “sin segunda oportunidad sobre la tierra”, azota al profesorado, al estudiantado no tiene quien le escriba. El déficit o mejor la deuda gigantesca social, política y moral es abrumadora. En cifras –ya que siempre se debe hablar en latín con los teólogos- esto se traduce así: la universidad colombiana o lo que se llama el sistema de educación superior tiene en sus aulas cerca de 1.700.000 estudiantes y Colombia, para ser nominalmente competitivo, debe tener 2.200.000 estudiantes. Esto quiere decir, en otras palabras que tenemos un déficit por encima del medio millón de estudiantes, en otras palabras que necesitamos 12 Universidades Nacionales más, o unas 17 Universidades de Antioquia . Esto quiere decir, que el estado no tiene como salvar esa deuda social con un presupuesto de guerra y en medio de los tsunamis de corrupción más sensacionales y estupendas  desde la época del general Gustavo Rojas Pinilla y de su yerno Samuel. Y esta deuda no se paga con plata ni buena voluntad, solamente. Por más dinero que se invierta en el sistema de educación superior, por más mérito político que se tenga por cubrir estos saldos en morado, se precisa de una proyección –que no se puede hacer con el retrovisor, ni por nostalgia-. Ella demanda una inteligencia preparada –capaz, con la mejor voluntad moral y sobre todo con poder de maniobra efectivo- para proyectar o volver a proyectar, sobre la base  de amplias y sinceras reflexiones, el destino de la sociedad colombiana y su mejor sistema de educación universitaria. No se va a hacer. No se va a hacer, porque no hay interés. No se va a ser, no porque no haya con quién, sino porque no hay una forma adecuada para convocar y organizar esa comunidad académica, con tan diversos y dispersos intereses, cada uno mirando si sobrepasa al otro; si mi grupo o mi unidad académica o mi universidad o mi región obtiene este o aquel reconocimiento a costa de la ineficacia de uno o del otro o de todos. Esta insolidaridad inducida a la comunidad académica; esta forma de competencia intra e interinstitucional ha prevalecido en las últimas décadas, con el pretexto de la racionalidad y eficiencia del sistema. Ello ha matado la base y el sentido de los estudios universitarios que consiste, primero que todo, en el amor a los estudios y en la pasión desinteresada por compartirlos con los estudiantes, con sus estudiantes, bajo el ideal utópico del cambio social profundo.                                                                  

Esta insolidaridad inducida ha sido efecto, indeseado acaso, del déficit institucional del cuerpo profesoral altamente capacitado, competente y solidario. Sin duda porque también en América Latina se ha conocido como rasgo distintivo, al menos desde los años veinte con la reforma de Córdoba hasta los años ochenta, lo que se llamó Extensión Universitaria. Esta insolidaridad que es un agregado anti-ético, que fomenta la falsa y disimulada competencia y que genera un clima institucional adverso o en contra vía del alcance humanitario liberal y aún socialista de la utopía. Hablar de utopía en la universidad resulta un anacronismo. Un rector o una directiva universitaria, al advertir en otro, esa palabra, sonreirá y terminará fácilmente contagiando al otro en el ademán descalificador. Es una palabra más terrible que virginidad; hoy por hoy.  Y este anti-espíritu o mejor este clima anti-universitario de la universidad ha dado por resultado que Colombia hoy cuente con medio millón de cupos menos para su población joven; es decir, que sus puertas estén cerradas a sectores poblacionales inmensos, seguramente los más abatidos y desesperanzados de la sociedad. Faltar a más de medio millón de matrículas no es solo un número X que delata la indolencia de gobiernos, parlamentarios, directivas universitarias, comunidad universitaria; es una X en la frente que condena y que señala un fraude nacional. En algún bolsillo de nuestros innumerables caballeros de industria se han quedado los billoncitos de esas matrículas. El thriller que es que la universidad colombiana, particularmente su universidad pública, tiene que acarrear con esos desfalcos continuos; que no son solo al presupuesto nacional, a la hacienda estatal. Ellos comprometen el futuro de Colombia. Aunque habría simplemente que preguntar ¿para qué futuro con tantos siglos de oro a cuestas?       

La universidad como institución política

La universidad es por su esencia y debe seguir siendo una institución de carácter político. Es decir, una institución que debe regular y equilibrar las relaciones de poder, corregir, reflexionar y demandar la suerte intrincada de arbitrariedades de todo tipo, de desequilibrios de todo orden, propios de nuestras sociedades. La universidad tiene –en su esencia- una misión de árbitro ideal de los conflictos entre los poderes, y debe indicar los modelos alternativos de repensar las fracturas, las arbitrariedades y la esclerosis múltiple que ataca al cuerpo social por cuenta de las aventuras de los dueños del poder. La universidad contribuye pues, o debe contribuir a reparar los traumatismos y a solventar un marco interpretativo para salir del callejón sin salida de las formas de violencia que se generan  por las violencias físicas, morales y simbólicas. Desafortunadamente la universidad se ha convertido, o ha sido desde la vida colonial, campo de batalla, institucionalización de privilegios y portavoz de los facciones encontradas en el amplio espectro ideológico. La violencia política no se protagoniza solo en una confrontación del estudiante con las fuerzas públicas. Tal vez esa sea la forma más visible de confrontación y disturbio manifiesto. Estos disturbios, con todo, son apenas formas expresas de las miles de formas en que la arbitrariedad se logra introducir en todas las arterias, venas y pequeños vasos comunicantes de la vida universitaria. Una pedrea es la forma más franca, aunque también destructiva, en que esa comunidad –que no es comunidad en realidad- experimenta sus disfunciones, en que la anomia reina y sustituye un orden integral.

La política –o como se dice muy locuaz y certeramente- la politiquería carcome en su médula a la vida de la Universidad. La composición del Consejo Superior delata esa intromisión equívoca, pero finalmente más destructiva, de la vida universitaria. El órgano máximo directivo de la universidad no es universitario, sino que es extrauniversitario. En la universidad no manda o gobierna profesores ni estudiantes, sus actores sociales por naturaleza. Gobierna gobernador, delegados presidenciales, ministros, exrectores, gremios empresariales. Ellos imponen sus caprichos, pues en esencia no son parte de la vida universitaria, no les “duele” la universidad por la simple razón que nunca dictan clase, nunca investigan, nunca hacen la vida cotidiana de la universidad, no viven en ella, no viven por ella. Vienen a ella a mandar, a decir que se hace o se deja de hacer, a ver quién es el rector, los decanos, dónde está el contrato. Esta composición del órgano directivo es anti-universitaria, no solo extra-universitaria. Más aún, esta propuesta de ley le resta importancia al Consejo Académico de la Universidad, no lo comprende ni lo incluye como instancia directiva universitaria. Esta concepción extra y anti universitaria de la universidad debe ser abolida. Se conoce al Gobernador –quiero que me corrijan- más por las órdenes de allanamiento a los predios universitarios que por algún aserto científico o por alguna investigación científica, de cualquier nivel.
  
La universidad como institución social

La universidad como institución social es una fuerza integrativa o disociativa de la sociedad. Esta fuerza como institución privilegiada y de componentes tan complejos y difusos, sociológicamente contemplada, cumple un papel múltiple en la sociedad, como ya lo sugerimos. Su primer papel, como se sabe, es el de la transmisión de conocimientos considerados académicos-científicos, es decir, válidos conforme unas determinadas prescripciones, proscripciones, normas y procedimientos avalados por la comunidad científica, por la comunidad profesoral y en últimas, así sea menos expresamente, por la sociedad en que actúa esa universidad. Cada sociedad construye la universidad, como autoridad máxima dispensadora de conocimientos y saberes, a imagen y semejanza de sí misma, de sus propios criterios de validez y de la proyección de sus valores más decisivos. En este sentido la universidad funge como instancia catalizadora de la integración por la competencia académico-científica; por el título universitario y la manera como entiende su desempeño o rol de las profesiones, primero, y luego de la investigación científica, en un nivel complementario. Para nosotros hasta esotérico y cuasi-extraño para la mentalidad general.

La universidad además desempeña un papel de dispensadora de virtudes, es decir, de recompensas válidamente o legítimamente consagradas por el ideal social del éxito. Pero la pregunta es a qué grado la universidad logra introyectar en sus profesionales estos valores o el conjunto de valores que conocemos como ética, en el cumplimiento de las metas individuales, es decir, que no fomente el éxito por el éxito, el enriquecimiento a toda costa, la trampa, el engaño como medio suficientemente extendidos para cohonestar con la desintegración o autoliquidación social. No es fácil responder a la pregunta; o es fácil presuponer que esa autodesignada legitimación para estudiar una carrera para el “servicio público” es un engaño social consentido para aplaudir solo a quien efecto obtiene la meta, enriquecerse o llegar a triunfar, a costa y en contra de toda norma moral, ética. La profunda violencia, la gran anomia, la violencia generalizada espeluznante (600.000 muertes violentas en 30 años o más de 200.000 desaparecidos en las dos últimas décadas), la corrupción en todos su variables y escalas, apenas deja aliento para formular tímidamente la inquietud: ¿qué hacer? La pregunta, por supuesto, rompe el estrecho marco presupuestal doctrinario leninista, y obliga a repensar el papel desmoralizante y en última destructivo de la universidad privada, las formas sutiles de privatización de la universidad pública por ejemplo, vía la Extensión universitaria como forma de co-financiar la universidad pública, y sobre todo, por la amenaza indiscutible de la creación de una gran pirámide, una nueva EPS o similar de la educación superior que sería el FOMINVEST, un verdadero engendro o allien legislativo. Este tal FOMINVEST es uno de los peligros de indiscutibles consecuencias agresivas con que cuenta la Ley o marco de ley aquí comentado y metido, como entre líneas. Me refiero al artículo 111 de este proyecto legislativo. Este Artículo 111 sugiere que la pirámide tenga su Tutankamon, sea esta DMG o los hijitos de nuestro exmandatario, o ambos a la vez. El que tenga plata, que venga a invertir en el FOMINVEST que allí no se pregunta quién sabe de educación sino quién está dispuesto a vender “los servicios educativos” a quien dé más. Solo este Artículo justifica la puja y el desgaste de este gobierno para imponer su reforma. Tras ella está la cornucopia –la otra al lado de la salud- como servicio, como si esta no fuera suficiente. Este embutido del Artículo 111 debe ser el objeto central y primer paso a la crítica por inconstitucional, antieconómico y antisocial de la propuesta de ley de marras. Se sabe que en Colombia tres paras caben en una baldosa, pero este Artículo va más allá: mete tres “paras” en una misma línea. Quien en medio de la baraúnda del articulado busque la bolita, la puede encontrar allí. Es la rueda de la fortuna de los afortunados inversores a costa de todo un sistema que se va a ver esquilmado con las acostumbradas mañas de estos altos administradores de jugosos recursos públicos. Que pase el entuerto moral y mental de los otros 163 artículos, si se quiere; NO al Artículo 111. Es simplemente el enunciado legal de una nueva pirámide en busca de su faraón.

La responsabilidad política y social de la universidad privada –no hablemos de su responsabilidad en el desarrollo propiamente científico- es enorme y está a su cargo un pasivo gigante. No solo las universidades de élite, en Bogotá y las regiones, operan como clubes o logias o grupos de poder para poner los altos funcionarios del estado; presidentes, ministros, directores de entidades públicas en todos los niveles han salido de estos centros en el último medio siglo. También los grandes y célebres cerebros de los más sonados escándalos y desfalcos a la sociedad y a la nación proceden en su gran mayoría de las más prestantes universidades privadas. Ellos reflejan, como funcionarios estatales y caballeros de industria, el profundo malestar moral de la universidad colombiana. Ésta antes de ser este centro de cohesión social, es una de las entidades más peligrosas para fomentar el progreso, la estabilidad, la justicia social.  La ilímite voracidad de los individuos en las sociedades burguesas, ven impulsados sus apetitos egoístas en los centros privados de educación universitaria. Las universidades públicas, por su parte, imbuidas en su propia perplejidad y como simples extensiones del malestar social, replican y ahondan estos traumatismos de todo orden. A la cola de todos los sucesos, su actitud mimética y autodefensiva apenas logra repercutir con eficacia en el panorama desolador, como recordando la saga de los Buendía, cuya estirpe condenada “a cien años de soledad” no tendrá “una segunda oportunidad sobre la tierra” del olvido.

La universidad como institución cultural

La universidad tiene una misión o tarea o empeño cultural que supera o, incluso, invita a superar sus estrechos límites en que se le ha encerrado tradicionalmente, como dispensadora de conocimientos consagrados por la racionalidad occidental. La universidad como institución de cultura debe romper o tratar de minar la fe, no en la ciencia, que esto sería irracional, sino en la indiscriminada y supersticiosa manera de entender el carácter conflictivo de todo conocimiento como producto humano. La universidad es una institución política y social y el uso o abuso de su poder debe tener lugar o espacio de discusión. Nada hay indiscutible, salvo la palabra papal para los católicos. Pero como por esencia la universidad es una institución secular, cuyas prácticas docentes e investigativas están revestidas por el primado racional de la impersonalidad y el humanitarismo, no queda sino inferir de sus postulados mismos que sus resultados deben ser discutidos, disputados y puestos en tela de juicio por sus alcances o por la mezquindad que puede acompañarlos. La misma inscripción de patentes o inventos atenta o al menos advierte contra la universalidad autopostulativa de la ciencia. En sociedades tan profundamente traumatizadas por sus diferencias culturales este mecanismo público de discusión debe ser parte de la praxis científica. Pero en este caso como en los anotados, la universidad opera con postulados científicos autoritarios o que tienden al autoritarismo, es decir, a velar los presupuestos, modos y alcances de la llamada comunidad científica, de sus grupos de investigación, de sus formas de escalafonamiento, de sus medios de divulgación. Un directivo de Colciencias, por ejemplo, aseguraba que era preferible tener un lector par científico que una comunidad lectora indiferenciada a la hora de publicar los conocimientos. Esto solo fomenta esa distancia entre la comunidad científica y el lego, que hay en toda sociedad moderna (lo advirtió hace casi dos siglos un August Comte nítidamente), pero que fomenta con ello un indiferentismo o hasta una sospecha popular contraproducente, culturalmente hablando.

Pero a la universidad también le asiste otra tarea cultural, en un caso como Colombia. La universidad debe ser un escenario efectivo de las manifestaciones de la riqueza, mucha en vía de extinción, de las diversas, yuxtapuestas y recónditas culturas regionales del país. Las culturas regionales están amenazadas, naturalmente, como todas las culturas tradicionales ancestrales, por los efectos del capitalismo. Marx y Engels lo advirtieron en el Manifiesto Comunista, solo para referirnos a uno de los textos más divulgados desde hace 170 años. El capitalismo barre con las diferencias culturales, rompe las formas comunitarias preexistentes; el patriarcalismo digno de la nostalgia romántica. La diversidad cultural no solo desaparece o tiende a desaparecer, sino que corre otro riesgo inevitable o quizá provechoso, a saber, el fusionarse o ser proyección –no pensada- con la llamada cultura de masas. No es fácil discernir hoy por hoy donde termina una y donde empieza la otra. Nada estimula tanto a la imaginación científica –y a la charlatanería desembozada- que estas mezclas inusitadas de culturas, que estas fusiones, que este laboratorio de inventos exóticos, para bien y para mal, del llamado multiculturalismo. La universidad es foco de atracción del debate e incluso espacio de encuentro de estas culturas; la universidad pública padece y aprovecha esta circunstancia, en que, por virtud de su dinámica institucional, no logra a veces captar en toda su complejidad y sobre todo comprender o tratar de comprenderlo en sus aporías culturales. Pero este desafío es concomitante a una institución que, más que inventar soluciones sacadas de la mano, como de taumaturgo, se sacude e invita a otros a sacudirse de la rutina, de la indiferencia, de la soberbia cognitiva que es la raíz del dogmatismo, de la violencia física, de la intolerancia.

Más de 10 mil personas se manifestaron hoy en el centro de la ciudad de Atlanta, en protesta por la recién promulgada ley antinmigrante HB 87, en el estado de Georgia –inspirada en la polémica Ley SB 1070 de Arizona–, que entró en vigor el pasado viernes y criminaliza a personas indocumentadas. Los participantes recorrieron las principales calles de la capital estatal, y demandaron a la Casa Blanca y al Congreso la aprobación de una reforma migratoria integral, incluida la llamada Dream Act, que legalizaría a estudiantes sin papeles si cumplen ciertos requisitos.

La movilización se produjo luego que un juez federal en Atlanta bloqueó hoy algunas de las disposiciones de la ley. El magistrado, Thomas Trash, aceptó suspender su aplicación hasta que se determine la constitucionalidad de la disposición que permitía a la policía exigir papeles que comprueben la condición migratoria de personas a quienes detengan en la vía pública.

Asimismo, bloqueó la implementación de una disposición que penalizaba a las personas que interactuaran diariamente con personas indocumentadas o les dieran refugio.

La orden del magistrado del 11 circuito de apelaciones respondió a la demanda de varias organizaciones independientes, incluida la Unión Nacional de Libertades Civiles (ACLU), que disputaron la constitucionalidad de la medida.

La demanda señala que la HB 87 es anticonstitucional, debido a que interfiere con el poder y la autoridad federal en cuestiones de inmigración, lo que contravendría la cláusula de Supremacía de la Constitución de Estados Unidos.

No obstante, se prevé una apelación a la ordenanza del magistrado Trash por parte de autoridades estatales.

La iniciativa HB 87 persigue a los empresarios que contraten trabajadores sin papeles y permite a la policía averiguar el estatus migratorio de cualquier persona detenida por otro delito.

Expertos consideran esta normativa más represiva que la aprobada por las autoridades de Arizona hace un año, generadora de gran controversia a nivel nacional.

Los organizadores de la manifestación calculan que cerca de 14 mil personas se dieron cita para demandar sus derechos; no sólo latinos, sino también inmigrantes asiáticos.

Hasta ahora han promulgado medidas contra los indocumentados Carolina del Sur, Arizona, Utah, Georgia y Alabama, argumentando, entre otras razones, la falta de acción de las autoridades federales.

Muchas de estas normas permiten a las agencias del orden público indagar el estado migratorio de los detenidos sospechosos de algún delito y comunicarse directamente con funcionarios del Servicio de Inmigración y Aduana (ICE) cuando se sospecha que se tiene en custodia a un indocumentado.

“Homicidio culposo”, según el Código Penal de Estados Unidos, “es el acto ilícito de matar a un ser humano sin alevosía”. Y continúa: “En virtud de esta definición, el culpable de homicidio culposo recibirá una multa o será enviado a prisión por un máximo de seis años, o ambos”. Varias personas murieron en los desastres de la mina de carbón de Massey Energy en Virginia Occidental y de la plataforma petrolera de BP en el Golfo de México. Veintinueve mineros murieron en la explosión de la mina Upper Big Branch. Once trabajadores murieron en la plataforma petrolera Deepwater Horizon, que es propiedad de Transocean, empresa fue contratada para trabajar para BP. También hay leyes estatales que regulan el homicidio culposo, y normas especiales que rigen las muertes en el mar. Entonces, ¿por qué los ejecutivos de estas empresas no están presos?

Sí, estos dos desastres ponen de manifiesto la necesidad de disminuir nuestra adicción nacional a los combustibles fósiles. La erupción de petróleo en el golfo (porque eso es lo que es, no es un “derrame” y tampoco simplemente una “fuga”, sino la liberación de un gran chorro de petróleo y gas a gran presión, un kilómetro y medio bajo la superficie oceánica) probablemente se transforme en el peor desastre ambiental de la historia de Estados Unidos.

Mike Williams, el jefe técnico de electrónica de la plataforma petrolera de Transocean, detalló en el programa “60 Minutes” la negligencia tanto de Transocean como de BP en la época previa a la explosión. Williams dijo que se cometió un error durante una prueba de presión, que dañó una junta o dispositivo de seguridad muy importante. Más tarde, un empleado informó que encontró partes de la junta de goma en el efluente que emerge a la superficie en el proceso de perforación. «Pensaron que era los suficientemente importante como para juntar estos dos trozos de goma y ponerlos en la boca de la máquina perforadora. Recuerdo haberle preguntado al supervisor si esto era algo fuera de lo normal. Dijo 'ah, no es nada importante'. Y pensé, ¿cómo puede no ser importante? Se perdieron trozos de goma de nuestro sello”. Este dispositivo es parte del mecanismo para evitar una explosión: un artefacto que está en el fondo del océano, encima del pozo, que se supone debe servir como tapón de seguridad para evitar exactamente el tipo de catástrofe que se está desatando ahora. También hubo una falla eléctrica, de la que se tenía conocimiento, en el dispositivo para evitar explosiones.

Williams también describió una discusión a bordo de la plataforma Deepwater Horizon entre el gerente de Transocean y el gerente de BP. Transocean había sido contratada para perforar el agujero y sellarlo hasta que BP regresara para comenzar la extracción de petróleo. La discusión era sobre cuál era la mejor forma de sellar el pozo. «Tenía al tipo de la empresa BP sentado justo a mi lado y literalmente se incorporó y dijo 'bueno, mi proceso es diferente, y creo que vamos a hacerlo de esta forma', y como que terminó siendo de la manera que él pensó que debería hacerse ese día. Entonces hubo una especie de acuerdo tácito. Las comunicaciones parecían no estar funcionando con respecto a quién estaba a cargo en definitiva”.

Transocean, recordó Williams, quería dejar una sustancia espesa de tipo fangosa en la boca del pozo, para ayudar a que los sellos de cemento (instalados por Halliburton) permanecieran en su lugar. BP quería quitar la sustancia, aparentemente para acelerar la posterior extracción. Robert Bea, un profesor de ingeniería de la Universidad de California-Berkeley, dijo a “60 Minutes”, “BP ganó”, y los sellos de cemento fallaron. El dispositivo para evitar explosiones, que estaba dañado, también falló, y pronto sobrevino el desastre.

Russell Mokhiber es el jefe de redacción de la publicación Corporate Crime Reporter y vive en Virginia Occidental. Mokhiber se sumó a cientos de manifestantes el martes en Richmond, Virginia, donde Massey Energy realizaba su asamblea anual de accionistas. Luego de la explosión de la mina Upper Big Branch y la muerte de 29 mineros como consecuencia, activistas que tienen acciones en la empresa se han organizado para desbancar a la junta directiva de Massey. Al comenzar la sumamente conflictiva asamblea, dos manifestantes desplegaron una pancarta desde uno de los balcones del hall de ingreso a la sala que decía “Massey: Deja de poner las ganancias por encima de la gente”.

Mokhiber cree que los ejecutivos de Massey deberían ser procesados por homicidio culposo. El martes, luego de la manifestación frente a la asamblea de accionistas, me dijo: “Si conduzco mi auto a 140 km por hora en una zona de velocidad máxima de 90 km por hora, y mato a alguien por accidente, seré acusado de homicidio culposo por comportarme de manera imprudente con respecto a quienes me rodean. Los fiscales habitualmente presentan estos casos. Si una empresa opera un lugar de trabajo con imprudencia, sin importarle la seguridad de los trabajadores, y esos trabajadores mueren como consecuencia, los ejecutivos responsables deberían ser procesados. Es por eso que le solicitamos al fiscal del Condado de Raleigh, Virginia Occidental, que presente esta acusación contra Massey Energy y sus ejecutivos responsables”.

Según Associated Press, los fiscales federales dijeron que están investigando si hubo “actividad criminal premeditada” relacionada con la mina de Upper Big Branch. BP también debería ser investigado penalmente. Es preciso atravesar el velo empresarial. Mientras las demandas civiles que se presentarán probablemente le cuesten a estas empresas algo de dinero, en definitiva eso es considerado apenas el costo de hacer negocios. Cuando mueren trabajadores por ahorrar tiempo o debido a condiciones de trabajo inseguras, cuando el sustento y el medio ambiente son destruidos, los ejecutivos que toman estas decisiones deben ser responsabilizados personalmente.
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Publicado el 20 de mayo de 2010
Denis Moynihan colaboró en la producción periodística de esta columna.

Por orden directa del ex vicepresidente Dick Cheney, la Agencia Central de Inteligencia (CIA) ocultó al Congreso de Estados Unidos la existencia de un programa antiterrorista secreto durante los últimos ocho años y al que puso fin el pasado 23 de junio, nada más conocerlo, su actual director, Leon Panetta. Él mismo fue quien lo desveló durante dos audiencias con los comités de Inteligencia de la Cámara de Representantes y del Senado a finales de ese mes.

El contenido concreto del programa sigue sin conocerse. Sólo se sabe que se inició justo después de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 y que nunca llegó a estar totalmente operativo. Tan sólo se empezaron labores de planificación y entrenamiento, que comenzaron en aquellos meses finales de 2001 y han durado hasta este mismo año.

Fuentes cercanas a lo que se discutió en ambos comités de Inteligencia del Congreso, citadas por el diario The New York Times, han insistido en que ese plan antiterrorista no está relacionado con el polémico programa sobre detenciones e interrogatorios de la CIA, que incluye el waterboarding o asfixia simulada.

Como excusa para fabricar semejante plan y mantenerlo fuera del escrutinio del Congreso, sus arquitectos alegaron el temor a nuevos atentados y a que cualquier filtración pudiera provocar nuevos ataques por parte de Al Qaeda. Las fuentes mencionadas por la prensa norteamericana afirman que la existencia de ese programa no le fue comunicado siquiera verbalmente a lo que se conoce como "la banda de los ocho", en referencia a los líderes republicanos y demócratas de ambas cámaras del Congreso y de sus comités de Inteligencia.

El conflicto que se avecina no es tanto por el contenido del programa como por el hecho del secretismo que practicó en líneas generales la anterior Administración y en concreto Cheney. El ex vicepresidente podría haber aprovechado para rehuir la comparecencia ante el Congreso algunas fisuras ambiguas que contiene la Ley de Seguridad de 1947, que obliga al presidente de Estados Unidos a mantener "totalmente informados" a los comités de Inteligencia del Capitolio sobre actividades "de inteligencia", pero que también señala que esas sesiones informativas deben ser llevadas a cabo "teniendo siempre en cuenta la prevención de la divulgación no autorizada de información clasificada".

Pero, ¿por qué ningún otro director de la CIA había ordenado paralizar el programa antiterrorista ocultado al Congreso? Según una fuente conocedora de las declaraciones de Panetta, la razón es que hasta ahora no se había encontrado suficiente información sobre el programa, que, al parecer, estaba en estado embrionario. A pesar de que ahora tampoco parece haberse avanzado mucho en su conocimiento, Panetta ha decidido ponerle fin. Un día después de tomar su decisión, el director de la CIA convocó una reunión de emergencia con las comisiones de Inteligencia para informarles de lo sucedido.

El conocimiento de la participación clave de Cheney en el programa antiterrorista de la CIA llegó justo un día después de que se hiciera público un informe redactado por cinco inspectores generales del Departamento de Justicia, que asegura que la Administración de George W. Bush coordinó una operación de vigilancia sin precedentes para reunir cantidades ingentes de información, que fue mucho más allá de las escuchas telefónicas sin orden judicial de las que ya se sabía.

Se desprende del documento del Departamento de Justicia que Cheney practicó con vehemencia el uso del secretismo durante su paso por el poder. El informe asegura que el ex vicepresidente ordenó que fuera un círculo mínimo de personas dentro de la Casa Blanca quienes conocieran los programas de escuchas ilegales llevados a cabo por la Agencia de Seguridad Nacional. La persona que decidía quién era informada y quién no, dentro del cerrado grupo de ayudantes de Bush, era el jefe de la oficina de Cheney, David Addington.

Desde que se crearon en la década de los setenta tras conocerse la participación de la CIA en asesinatos y otros abusos, los comités de Inteligencia del Congreso han visto cómo en más de una ocasión se les sustraía información o se les engañaba. Durante los años de George W. Bush, esas acusaciones aumentaron a medida que la agencia tenía cada vez un papel más preponderante en la lucha contra Al Qaeda. Y por ejemplo, a pesar de que el uso de técnicas de interrogatorio que se pueden considerar torturas fueron descritas al Congreso en 2002, incluido el waterboarding, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, asegura que la agencia mintió sobre lo que estaba sucediendo. Cuando el Congreso supo de la existencia del waterboarding, al sospechoso de terrorismo Abu Zubayda ya se le había aplicado 83 veces.

YOLANDA MONGE | Washington 12/07/2009

El fiscal general planea investigar las torturas

El fiscal general de Estados Unidos, Eric Holder, está considerando la posibilidad de crear una figura dentro del Departamento de Justicia que investigue las prácticas de interrogatorio usadas durante el gobierno de George W. Bush tras los ataques terroristas del 11-S. La decisión no estará exenta de polémica, ya que entrará en conflicto con el deseo manifestado en más de una ocasión por el presidente Barack Obama de "mirar hacia el futuro y dejar atrás el pasado". "Espero que cualquier decisión que tome no tenga un impacto negativo sobre la agenda del presidente", declara Holder esta semana en la revista Newsweek. "Pero eso no puede ser parte de mi decisión".

Según los medios de comunicación estadounidenses, Holder tomará una decisión en las próximas semanas. El portavoz de Justicia, Matt Miller, declaró ayer que Holder planea "actuar según los hechos y según la ley". "No hemos tomado decisiones sobre investigaciones ni procesos, incluida la posible designación de un fiscal", dijo Miller. "Como ha dejado claro el fiscal general, sería injusto procesar a un funcionario que actuó de buena fe usando como base la asesoría legal del Departamento de Justicia".

Esta declaración hace referencia al hecho de que la investigación, si se iniciase, sólo tendría por objetivo a aquellas personas que fueron más allá de lo que autorizó la Oficina Legal de la Casa Blanca. Pero quedarían libres de toda mancha los agentes de la CIA que pusieron en práctica los métodos entonces aprobados y hoy considerados tortura, ya que cumplían órdenes.

La revista Newsweek informó el sábado pasado sobre el hecho de que Holder quiera nombrar un fiscal especial que investigue los abusos cometidos durante la era Bush. El fiscal general se dice consciente de las consecuencias políticas de lanzar una investigación y asegura que preferiría no crearle problemas innecesarios a la Casa Blanca. Pero a renglón seguido, Holder justifica su intención en la consternación que le crearon las revelaciones acerca del tratamiento de detenidos en las "prisiones negras" de la CIA en el extranjero

Y. MONGE | Washington

 

Antes que ir al fondo de la crisis financiera o corregir en serio la inequidad del sistema, la ley que acaba de salir no es más que un reacomodo de los actores que pugnan por los recursos, a espaldas de los pacientes ciudadanos.

El gran anuncio

La Ley 1438 del 19 de enero de 2011 fue presentada con bombos y platillos por el presidente Santos en la Casa de Nariño. Se habló de la anhelada “solución estructural” de los problemas del Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Entre otras cosas, se dijo que habrá 1,5 billones anuales para lograr la cobertura universal, que por fin los usuarios necesitarán sólo su cédula para ser atendidos porque el derecho tendrá “portabilidad nacional”, que los infantes y adolescentes tendrán preferencia, que la igualación de planes de beneficios es un hecho, y que habrá mucha vigilancia y control para evitar que se pierdan recursos del sistema.

Desafortunadamente, y como pasa con frecuencia en Colombia, la desinformación ayuda a olvidar los problemas y confiar sin preguntar. Pero los problemas siguen ahí y las soluciones no son tan halagadoras.

Una ojeada a la historia

Para valorar esta pomposa norma, no sobra una mirada hacia atrás. El Sistema de Salud en Colombia ha sido objeto de muchas discusiones desde su reorganización con la Ley 100 de 1993. Se debatió largamente sobre la necesidad de reformarlo en las legislaturas de 2004, 2005 y 2006, hasta producir la Ley 1122 de 2007, de la cual se dijo que, si bien no era la solución, contribuiría a superar los principales problemas.

En 2009, la crisis financiera acumulada desbordó la copa y el gobierno de Uribe acudió a una apresurada emergencia social que pretendía poner en cintura a algunos agentes, en especial a los pacientes costosos y los médicos ‘despilfarradores’, para hacer viable el sistema.1

La Corte Constitucional declaró inconstitucional esa medida porque se trataba de problemas estructurales, no sobrevinientes, que debían resolverse por el medio establecido para este tipo de asuntos: el prístino y racional debate legislativo.

Antes de terminar el gobierno Uribe, el Congreso aprobó el aumento de impuestos al tradicional Estado cantinero para superar parcialmente la crisis. Esta fue la Ley 1393 de 2010, que además ayudaría a financiar la unificación de los planes de beneficios ordenada por la Corte Constitucional en su Sentencia T-760 de 2008.

Tres iniciativas, una ley

El Gobierno ha tomado tres iniciativas legislativas que muestran con toda claridad sus intenciones: lograr la sostenibilidad financiera del sistema, torpedear la tutela y cumplir con las órdenes de la Corte. Las iniciativas fueron:

1. Apoyar el proyecto de reforma constitucional que había presentado el anterior gobierno para hacer de la “sostenibilidad fiscal” un “derecho de todos”, lo cual implica limitar el contenido de los derechos sociales a la disponibilidad de recursos fiscales, después de pagar la deuda pública y garantizar los recursos para la seguridad.2
2. Un proyecto de ley estatutaria para el sector salud mediante el cual se defina, de una vez por todas, el contenido del “núcleo esencial del derecho” a la atención en salud; esto es, un plan de beneficios costo-efectivo o financieramente viable, para que los jueces de tutela no sigan poniendo en riesgo financiero al sistema con su amplia concepción del derecho a la salud.3
3. Una integración de los proyectos de leyes ordinarias para reformar el sistema que habían presentado varios parlamentarios de diferentes partidos, pero con la impronta de la sostenibilidad financiera del seguro como eje de las propuestas.

Contrario a lo esperable de la jerarquía normativa, las dos primeras iniciativas siguen su lento curso en el Congreso, mientras la tercera, dados el liderazgo decidido del ministro Santamaría y el “mensaje de urgencia”, se convirtió en la pomposa Ley 1438.

Nada de nuevo

¿Por qué puede decirse que esta ley es más de lo mismo y no la anunciada reforma estructural? Fundamentalmente, porque conserva –como muchas veces lo expresó el Ministro– la estructura del modelo de aseguramiento con competencia regulada. Es decir, la compleja combinación de Estado y mercado que estableció la Ley 100 de 1993, con dos regímenes, según la capacidad de pago de las personas.

Para ello, la nueva ley trata de ajustar el mal comportamiento de todos los agentes para que con el “uso racional de los recursos” contribuyan a hacer de éste un negocio sostenible. Esto no significa ir a las causas estructurales del desajuste sino apretar clavijas. Algo parecido a la emergencia social, pero ahora, en el seno del Congreso, donde se produjo una negociación desigual con cada actor.

Dependiendo de la fuerza económica, social o política del actor, hubo una dosis mayor de zanahoria o de garrote. Por ejemplo, otra vez se propuso prohibir la “integración vertical” de las Empresas Promotoras de Salud (EPS), es decir, los negocios con sus propios proveedores, para evitar que los recursos pasen de un bolsillo al otro y así aumenten sus ganancias. Pero esta idea se retiró a último momento y las EPS quedaron con el mismo tope de integración (30 por ciento) que había establecido la Ley 1122 de 2007.

Se conserva también la separación de los recursos de los dos regímenes, contributivo por cotización y subsidiado por impuestos. Si bien el Ministro quería suspender la solidaridad de los cotizantes hacia los pobres, el debate produjo el frecuente resultado intermedio con la palabra “hasta”. Así, el Gobierno podrá usar “hasta el 1,5 por ciento” de los recursos de cotización para apoyar el régimen subsidiado, dependiendo de qué tan sostenible sea el contributivo.

Mejoras dudosas

La portabilidad, la universalización y la unificación de planes son sólo promesas, con plazos que van de junio de 2013 a julio de 2014. Todo en función de la sostenibilidad financiera del sistema. Claro que habrá más recursos gracias al aumento de los impuestos a la venta de cerveza, licores, cigarrillos y juegos de azar de la Ley 1393 de 2010, más unos pocos de regalías, armas, municiones y explosivos, es decir, del Estado cantinero, minero y violento que tenemos. Pero los costos y los sobrecostos de un mercado difícil de gobernar, a pesar de la promesa de regular precios de medicamentos y dispositivos médicos, harán que la sonora cifra de “1,5 billones anuales” siga resultando insuficiente.

La “portabilidad nacional del derecho”, anunciada como una de las principales virtudes, sólo podrá exigirse después de junio de 2013, cuando las EPS y el Ministerio de la Protección Social lleguen a un acuerdo sobre cómo pagarles a los hospitales y clínicas, sin el contrato previo entre la EPS del afiliado y la institución prestadora.

No será fácil, pues las EPS compiten entre ellas, y en su negociación con los prestadores o en sus propias clínicas tratan de obtener la menor tarifa. Por su parte, los hospitales y las clínicas quieren mejorar sus ingresos, y esta renegociación será una buena oportunidad para intentarlo. En medio de agentes opuestos que tratan de obtener un lucro legítimo, ¿es posible construir acuerdos duraderos que garanticen la portabilidad del derecho?

La “universalización del aseguramiento” no resulta de una decisión política de garantizar el acceso real a los servicios que se requieren. Se trata de lograr la afiliación compulsiva al sistema, ahora desde el momento en que se requiera un servicio.

El proyecto –porque todavía falta mucho para ejecutar las previsiones de la nueva ley– es el siguiente: cuando usted se enferme, una gran base de datos integrada, disponible en cualquier punto de atención del país, permitirá saber si está afiliado o no mediante la consulta de su número de identidad.

Si está afiliado, comenzará el trámite correspondiente. Sólo después de julio de 2014, según el proyecto de ley estatutaria y no la ley aprobada, se podrá tener la aplazada “unificación” del Plan de Beneficios que ordenó la Corte, de nuevo por razones financieras. Mientras tanto, habrá una actualización de los planes cada dos años, con criterios de “costo-efectividad”, “disponibilidad de recursos” y “equilibrio” de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) que se liquida a las EPS.

Más papeles y más trámites

Si lo que usted requiere no está en el Plan, tendrá que acudir al Comité Técnico Científico (CTC) de la propia EPS, compuesto por médicos ‘ilustrísimos’, quienes tomarán la decisión de autorizar o no el servicio ‘con total objetividad’, aunque sean empleados de la EPS.

Si fallan en su contra, tendrá que ir a otro grupo de científicos de la Superintendencia Nacional de Salud (SINS), llamado “Junta Médica de Pares”. Y si tampoco encuentra que la “evidencia científica” y la “costo-efectividad” de la atención, según las “guías y protocolos” del nuevo Instituto de Evaluación de Tecnologías Médicas (ITTM), justifican su solicitud, tendrá que poner tutela. Pero por lo menos ha pasado por médicos expertos y no por jueces irresponsables con respecto a las finanzas del sistema (!)

Si por fin le autorizan, el Fondo de Solidaridad y Garantías (Fosyga) tendrá que pagar, igual que hoy. Pero, para evitar tanto trámite, es mejor que compre un “seguro voluntario de salud” que le cubra lo que está por fuera del Plan. Si usted no tiene con qué, ¡ni modo!: deberá someterse a los trámites. El consuelo es que muy pronto éstos estarán estandarizados y con tiempos definidos.

Si usted no está afiliado cuando llegue enfermo a la clínica o el hospital, deberá declarar si tiene o no capacidad de pago. En el primer caso, se le afiliará provisionalmente a una EPS del régimen subsidiado, que pagará su cuenta. Eso sí, no diga mentiras porque, si en la comprobación que haga la EPS resulta que usted sí tenía capacidad de pago, deberá cancelar la cuenta y afiliarse inmediatamente a una EPS del contributivo, y, por supuesto, comenzar a pagar la cotización obligatoria.

Por si acaso, la base nacional de datos se contrastará con la información sobre sus propiedades, ingresos, retenciones y pago de impuestos, para hacer una estimación objetiva de su capacidad de pago y obligarlo a afiliarse a la EPS. Como debe ser: todos los ciudadanos deben pertenecer a uno u otro régimen, y así garantizar más recursos para la salud financiera del sistema.

Cuidando la platica

La nueva ley presenta una serie de procedimientos minuciosos de pago, de control del flujo de recursos y de resolución de conflictos entre los agentes que participan en este mercado regulado. Anuncia rigurosas medidas de vigilancia y control, con sanciones, multas y todo tipo de mecanismos disuasivos, para impedir la apropiación indebida de los recursos.

Esto incluye el principio de corresponsabilidad y el deber de cuidado de los usuarios hacia sí mismos, sus familias y sus comunidades, y en especial el cuidado de sus hijos o ancianos con discapacidad o enfermedades raras.

En apariencia, todos los agentes son iguales, como sus siglas: EPS, ARP, IPS, ESE. También los usuarios aunque no tengan sigla. Y deben comportarse bien para que el sistema funcione.

Saludos a la tribuna

Para atender las críticas de los salubristas, organizaciones de médicos y académicos, se incorporaron términos de moda en el sector, como Atención Primaria en Salud (APS), que propuso la Organización Mundial de la Salud (OMS); equidad en salud y determinantes sociales de la salud, promovidos por la organización misma; así como atención ‘integral’ que muchos añoran, en especial para mujeres gestantes, niños y niñas, discapacitados, mujeres víctimas de violencia, enfermos mentales y adultos mayores.

Y, como siempre, estas aspiraciones explícitas pueden servir para ejercer presión y exigir que se cumplan. Pero el hecho de que aparezcan en la ley no es garantía. Por el contrario, no será fácil desarrollar, por ejemplo, la prometida estrategia de la APS, porque ésta requiere una organización territorial y jerarquizada de los servicios, de acuerdo con las necesidades de atención de las personas, con un buen sistema de información que permita coordinar la gestión de los sectores estatales con las comunidades para inducir cambios en las condiciones de vida que causan la enfermedad.

La ley ordena todas estas cosas. Pero las EPS compiten entre sí y no tienen interés en generar beneficios para sus competidores. Los agentes están más preocupados por seguir las facturas que las personas. Debido a esta pugna distributiva, no se ha desarrollado el sistema de información que ordenó la Ley 1122. Los municipios y los departamentos tampoco tienen capacidad institucional suficiente para coordinar y hacer cumplir compromisos, ahora menos, cuando el Ministerio girará directamente los recursos del Régimen Subsidiado a las EPS.

Negociaciones a oscuras

En conclusión, asistimos a un nuevo episodio de negociaciones entre actores del sistema, fuerzas políticas y gobierno nacional, con muy poca transparencia y con baja participación de los ciudadanos que se verán afectados. Las EPS seguirán siendo los agentes dominantes del sistema y el Estado seguirá tratando de hacer que todos nos portemos bien, por la salud financiera del sistema. Pero es poco probable que, haciendo más de lo mismo, se resuelvan los problemas.

La sociedad colombiana no puede quedar tranquila con las promesas. Es necesario continuar el debate, y sobre todo profundizarlo, aunque se haya presentado esta nueva ley como la mejor solución.

*    Artículo publicado en www.razonpublica.com el 31 de enero de 2011.
**    Mario Hernández, médico, especialista en Bioética. Magíster y Doctor en Historia. Profesor Asociado del Departamento de Salud Pública, Facultad de Medicina, Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá. Analista de la revista Razón Pública.

1    Hernández, M.: ¿Emergencia social o emergencia financiera? UNPeriódico N° 130, domingo 14 de febrero de 2010: 15.
2    Proyecto de Acto Legislativo N° 016 de 2010-Cámara, “por el cual se establece el derecho a la sostenibilidad fiscal para alcanzar los fines del Estado Social de Derecho”. Ver exposición de motivos.
3    Proyecto de Ley N° 186 de 2010-Senado, “por el cual se regula parcialmente el derecho a la salud y a la igualdad en salud en los regímenes contributivo y subsidiado del Sistema General de Seguridad Social en Salud y los principios de prioridad en los afiliados, promoción de la salud y prevención de la enfermedad, igualdad, solidaridad, equidad, universalidad, calidad, eficiencia, sostenibilidad, progresividad, participación social, corresponsabilidad y transparencia en el acceso a los servicios de seguridad social en salud, así como el deber de procurar el cuidado integral de la salud”. Ver exposición de motivos.

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La ley de reforma a la Seguridad Social

Contrarreforma constitucional que niega la salud como derecho fundamental

Comunicado a la opinión pública

 

En comunicado hecho público en enero pasado, la Mesa Intersectorial de Antioquia por la Salud como Derecho Fundamental hizo público su rotundo rechazo a la Ley 1438 del 19 de enero de 2011 por la cual el actual gobierno Reforma el Sistema de Seguridad Social en Salud.

De acuerdo a la Mesa, el verdadero propósito que se persigue con esta Reforma sólo apunta a preservar el negocio de los intermediarios de la salud, en contra del interés general de los colombianos. La Reforma, de igual manera, revela cómo el gran poder económico de las EPS negoció en el Congreso, desconociendo los argumentos de la Academia, la movilización de las organizaciones sociales y los propios entes de control estatales.

 

Según la Mesa, “Por sus alcances constitucionales y sociales, se trata de una verdadera contrarreforma a la Constitución Nacional y va contra el derecho fundamental a la salud de los colombianos, en claro desacato a lo ordenado por la Corte Constitucional en la Sentencia T-760 de 2008”.
Primero el negocio, luego los derechos

La Mesa denuncia “…que la preocupación central del actual gobierno en la reforma es la eufemísticamente llamada sostenibilidad fiscal del sistema, en cuyo altar se quemarán todos los demás derechos, incluido el de la propia vida, a través de varios mecanismos como:

El mantenimiento de un ‘plan de beneficios’ limitado, sofísticamente llamado nuevo POS, tanto para el Régimen Contributivo como para el Subsidiado, que deja postergado hasta 2014 el mandato de la Corte Constitucional de igualación de los dos planes.

Los medicamentos y procedimientos que no estén cubiertos en ese “plan de beneficios” lo serán en primer lugar por el usuario, y para eso el sistema tendrá la facultad de investigar la existencia de posibles fuentes de autofinanciación y sostenimiento económico del mismo, lo que recoge todo el contenido de uno de los decretos de emergencia ‘social’, declarado inexequible por la Corte Constitucional en marzo de 2010. El Estado se libera de este cubrimiento de seguridad social en salud, descargando este mayor valor que cubría el Fosyga en hombros del usuario. Los planes de salud prepagada serán el gran negocio que obtendrán las EPS, cuando los requerimientos en cualquier nivel en salud no sean cubiertos por el posito. Las EPS le ‘recomendarán’ al usuario obtener un plan de salud prepagada.

No se garantiza la real ni oportuna prestación del servicio de la salud porque la prioridad de los privados será la ganancia, y al Gobierno –en connivencia con ellos– sólo le interesa la sostenibilidad fiscal.

El ordenador del gasto, el médico, quien directa y permanentemente conoce al paciente, es interferido por el llamado Consejo Médico Científico, que dilata la orden médica mientras en el enfermo avanza su patología.

No se vislumbra un control a la corrupción en la contratación y la comercialización de los medicamentos desde el exterior y en el interior de la nación, canales del verdadero desangre del presupuesto nacional para el sistema de salud y que de mala fe le imputan al paciente, a quien sólo le otorgan el derecho al uso de acetaminofén sin importar sexo, edad o gravedad de su enfermedad.

La integración vertical, en beneficio del negocio de las EPS con posición dominante, en lugar de corregirse y limitarse, se fortalece.

La red pública hospitalaria sólo es mencionada para aplicarle reducción de recursos, amenazas de intervención y liquidación. De esta manera, se continúa con la línea de represión, discriminación y abuso para con la mayoría de los colombianos que entregan su fuerza de trabajo y hasta su vida”.

Para la Mesa Intersectorial de Antioquia por la Salud como Derecho Fundamental, no hay duda, la Reforma en cuestión “…profundiza la crisis de la Ley 100, que desde hace 18 años impera, sin que les haya importado a los gobernantes y legisladores el clamor general al exigir el cambio ‘del estado inconstitucional de las cosas’ para con la población que atiende, y su obligación de proveer una seguridad social integral en salud. ‘La salud es un derecho. No un favor’. ¿En qué queda nuestro Estado Social de Derecho y la democracia participativa, de que tanto nos hablan?

Finaliza la Mesa advirtiendo a la sociedad en su conjunto “que la Ley 1438 es el primer paso, si la Corte Constitucional y la movilización social lo permiten, para hacer desaparecer la Acción de Tutela, tan importante para rescatar los derechos sociales fundamentales de los colombianos”.

Antes que ir al fondo de la crisis financiera o corregir en serio la inequidad del sistema, la ley que acaba de salir no es más que un reacomodo de los actores que pugnan por los recursos, a espaldas de los pacientes ciudadanos.

El gran anuncio

La Ley 1438 del 19 de enero de 2011 fue presentada con bombos y platillos por el presidente Santos en la Casa de Nariño. Se habló de la anhelada “solución estructural” de los problemas del Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Entre otras cosas, se dijo que habrá 1,5 billones anuales para lograr la cobertura universal, que por fin los usuarios necesitarán sólo su cédula para ser atendidos porque el derecho tendrá “portabilidad nacional”, que los infantes y adolescentes tendrán preferencia, que la igualación de planes de beneficios es un hecho, y que habrá mucha vigilancia y control para evitar que se pierdan recursos del sistema.

Desafortunadamente, y como pasa con frecuencia en Colombia, la desinformación ayuda a olvidar los problemas y confiar sin preguntar. Pero los problemas siguen ahí y las soluciones no son tan halagadoras.

Una ojeada a la historia

Para valorar esta pomposa norma, no sobra una mirada hacia atrás. El Sistema de Salud en Colombia ha sido objeto de muchas discusiones desde su reorganización con la Ley 100 de 1993. Se debatió largamente sobre la necesidad de reformarlo en las legislaturas de 2004, 2005 y 2006, hasta producir la Ley 1122 de 2007, de la cual se dijo que, si bien no era la solución, contribuiría a superar los principales problemas.

En 2009, la crisis financiera acumulada desbordó la copa y el gobierno de Uribe acudió a una apresurada emergencia social que pretendía poner en cintura a algunos agentes, en especial a los pacientes costosos y los médicos ‘despilfarradores’, para hacer viable el sistema.1

La Corte Constitucional declaró inconstitucional esa medida porque se trataba de problemas estructurales, no sobrevinientes, que debían resolverse por el medio establecido para este tipo de asuntos: el prístino y racional debate legislativo.

Antes de terminar el gobierno Uribe, el Congreso aprobó el aumento de impuestos al tradicional Estado cantinero para superar parcialmente la crisis. Esta fue la Ley 1393 de 2010, que además ayudaría a financiar la unificación de los planes de beneficios ordenada por la Corte Constitucional en su Sentencia T-760 de 2008.

Tres iniciativas, una ley

El Gobierno ha tomado tres iniciativas legislativas que muestran con toda claridad sus intenciones: lograr la sostenibilidad financiera del sistema, torpedear la tutela y cumplir con las órdenes de la Corte. Las iniciativas fueron:

1. Apoyar el proyecto de reforma constitucional que había presentado el anterior gobierno para hacer de la “sostenibilidad fiscal” un “derecho de todos”, lo cual implica limitar el contenido de los derechos sociales a la disponibilidad de recursos fiscales, después de pagar la deuda pública y garantizar los recursos para la seguridad.2
2. Un proyecto de ley estatutaria para el sector salud mediante el cual se defina, de una vez por todas, el contenido del “núcleo esencial del derecho” a la atención en salud; esto es, un plan de beneficios costo-efectivo o financieramente viable, para que los jueces de tutela no sigan poniendo en riesgo financiero al sistema con su amplia concepción del derecho a la salud.3
3. Una integración de los proyectos de leyes ordinarias para reformar el sistema que habían presentado varios parlamentarios de diferentes partidos, pero con la impronta de la sostenibilidad financiera del seguro como eje de las propuestas.

Contrario a lo esperable de la jerarquía normativa, las dos primeras iniciativas siguen su lento curso en el Congreso, mientras la tercera, dados el liderazgo decidido del ministro Santamaría y el “mensaje de urgencia”, se convirtió en la pomposa Ley 1438.

Nada de nuevo

¿Por qué puede decirse que esta ley es más de lo mismo y no la anunciada reforma estructural? Fundamentalmente, porque conserva –como muchas veces lo expresó el Ministro– la estructura del modelo de aseguramiento con competencia regulada. Es decir, la compleja combinación de Estado y mercado que estableció la Ley 100 de 1993, con dos regímenes, según la capacidad de pago de las personas.

Para ello, la nueva ley trata de ajustar el mal comportamiento de todos los agentes para que con el “uso racional de los recursos” contribuyan a hacer de éste un negocio sostenible. Esto no significa ir a las causas estructurales del desajuste sino apretar clavijas. Algo parecido a la emergencia social, pero ahora, en el seno del Congreso, donde se produjo una negociación desigual con cada actor.

Dependiendo de la fuerza económica, social o política del actor, hubo una dosis mayor de zanahoria o de garrote. Por ejemplo, otra vez se propuso prohibir la “integración vertical” de las Empresas Promotoras de Salud (EPS), es decir, los negocios con sus propios proveedores, para evitar que los recursos pasen de un bolsillo al otro y así aumenten sus ganancias. Pero esta idea se retiró a último momento y las EPS quedaron con el mismo tope de integración (30 por ciento) que había establecido la Ley 1122 de 2007.

Se conserva también la separación de los recursos de los dos regímenes, contributivo por cotización y subsidiado por impuestos. Si bien el Ministro quería suspender la solidaridad de los cotizantes hacia los pobres, el debate produjo el frecuente resultado intermedio con la palabra “hasta”. Así, el Gobierno podrá usar “hasta el 1,5 por ciento” de los recursos de cotización para apoyar el régimen subsidiado, dependiendo de qué tan sostenible sea el contributivo.

Mejoras dudosas

La portabilidad, la universalización y la unificación de planes son sólo promesas, con plazos que van de junio de 2013 a julio de 2014. Todo en función de la sostenibilidad financiera del sistema. Claro que habrá más recursos gracias al aumento de los impuestos a la venta de cerveza, licores, cigarrillos y juegos de azar de la Ley 1393 de 2010, más unos pocos de regalías, armas, municiones y explosivos, es decir, del Estado cantinero, minero y violento que tenemos. Pero los costos y los sobrecostos de un mercado difícil de gobernar, a pesar de la promesa de regular precios de medicamentos y dispositivos médicos, harán que la sonora cifra de “1,5 billones anuales” siga resultando insuficiente.

La “portabilidad nacional del derecho”, anunciada como una de las principales virtudes, sólo podrá exigirse después de junio de 2013, cuando las EPS y el Ministerio de la Protección Social lleguen a un acuerdo sobre cómo pagarles a los hospitales y clínicas, sin el contrato previo entre la EPS del afiliado y la institución prestadora.

No será fácil, pues las EPS compiten entre ellas, y en su negociación con los prestadores o en sus propias clínicas tratan de obtener la menor tarifa. Por su parte, los hospitales y las clínicas quieren mejorar sus ingresos, y esta renegociación será una buena oportunidad para intentarlo. En medio de agentes opuestos que tratan de obtener un lucro legítimo, ¿es posible construir acuerdos duraderos que garanticen la portabilidad del derecho?

La “universalización del aseguramiento” no resulta de una decisión política de garantizar el acceso real a los servicios que se requieren. Se trata de lograr la afiliación compulsiva al sistema, ahora desde el momento en que se requiera un servicio.

El proyecto –porque todavía falta mucho para ejecutar las previsiones de la nueva ley– es el siguiente: cuando usted se enferme, una gran base de datos integrada, disponible en cualquier punto de atención del país, permitirá saber si está afiliado o no mediante la consulta de su número de identidad.

Si está afiliado, comenzará el trámite correspondiente. Sólo después de julio de 2014, según el proyecto de ley estatutaria y no la ley aprobada, se podrá tener la aplazada “unificación” del Plan de Beneficios que ordenó la Corte, de nuevo por razones financieras. Mientras tanto, habrá una actualización de los planes cada dos años, con criterios de “costo-efectividad”, “disponibilidad de recursos” y “equilibrio” de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) que se liquida a las EPS.

Más papeles y más trámites

Si lo que usted requiere no está en el Plan, tendrá que acudir al Comité Técnico Científico (CTC) de la propia EPS, compuesto por médicos ‘ilustrísimos’, quienes tomarán la decisión de autorizar o no el servicio ‘con total objetividad’, aunque sean empleados de la EPS.

Si fallan en su contra, tendrá que ir a otro grupo de científicos de la Superintendencia Nacional de Salud (SINS), llamado “Junta Médica de Pares”. Y si tampoco encuentra que la “evidencia científica” y la “costo-efectividad” de la atención, según las “guías y protocolos” del nuevo Instituto de Evaluación de Tecnologías Médicas (ITTM), justifican su solicitud, tendrá que poner tutela. Pero por lo menos ha pasado por médicos expertos y no por jueces irresponsables con respecto a las finanzas del sistema (!)

Si por fin le autorizan, el Fondo de Solidaridad y Garantías (Fosyga) tendrá que pagar, igual que hoy. Pero, para evitar tanto trámite, es mejor que compre un “seguro voluntario de salud” que le cubra lo que está por fuera del Plan. Si usted no tiene con qué, ¡ni modo!: deberá someterse a los trámites. El consuelo es que muy pronto éstos estarán estandarizados y con tiempos definidos.

Si usted no está afiliado cuando llegue enfermo a la clínica o el hospital, deberá declarar si tiene o no capacidad de pago. En el primer caso, se le afiliará provisionalmente a una EPS del régimen subsidiado, que pagará su cuenta. Eso sí, no diga mentiras porque, si en la comprobación que haga la EPS resulta que usted sí tenía capacidad de pago, deberá cancelar la cuenta y afiliarse inmediatamente a una EPS del contributivo, y, por supuesto, comenzar a pagar la cotización obligatoria.

Por si acaso, la base nacional de datos se contrastará con la información sobre sus propiedades, ingresos, retenciones y pago de impuestos, para hacer una estimación objetiva de su capacidad de pago y obligarlo a afiliarse a la EPS. Como debe ser: todos los ciudadanos deben pertenecer a uno u otro régimen, y así garantizar más recursos para la salud financiera del sistema.

Cuidando la platica

La nueva ley presenta una serie de procedimientos minuciosos de pago, de control del flujo de recursos y de resolución de conflictos entre los agentes que participan en este mercado regulado. Anuncia rigurosas medidas de vigilancia y control, con sanciones, multas y todo tipo de mecanismos disuasivos, para impedir la apropiación indebida de los recursos.

Esto incluye el principio de corresponsabilidad y el deber de cuidado de los usuarios hacia sí mismos, sus familias y sus comunidades, y en especial el cuidado de sus hijos o ancianos con discapacidad o enfermedades raras.

En apariencia, todos los agentes son iguales, como sus siglas: EPS, ARP, IPS, ESE. También los usuarios aunque no tengan sigla. Y deben comportarse bien para que el sistema funcione.

Saludos a la tribuna

Para atender las críticas de los salubristas, organizaciones de médicos y académicos, se incorporaron términos de moda en el sector, como Atención Primaria en Salud (APS), que propuso la Organización Mundial de la Salud (OMS); equidad en salud y determinantes sociales de la salud, promovidos por la organización misma; así como atención ‘integral’ que muchos añoran, en especial para mujeres gestantes, niños y niñas, discapacitados, mujeres víctimas de violencia, enfermos mentales y adultos mayores.

Y, como siempre, estas aspiraciones explícitas pueden servir para ejercer presión y exigir que se cumplan. Pero el hecho de que aparezcan en la ley no es garantía. Por el contrario, no será fácil desarrollar, por ejemplo, la prometida estrategia de la APS, porque ésta requiere una organización territorial y jerarquizada de los servicios, de acuerdo con las necesidades de atención de las personas, con un buen sistema de información que permita coordinar la gestión de los sectores estatales con las comunidades para inducir cambios en las condiciones de vida que causan la enfermedad.

La ley ordena todas estas cosas. Pero las EPS compiten entre sí y no tienen interés en generar beneficios para sus competidores. Los agentes están más preocupados por seguir las facturas que las personas. Debido a esta pugna distributiva, no se ha desarrollado el sistema de información que ordenó la Ley 1122. Los municipios y los departamentos tampoco tienen capacidad institucional suficiente para coordinar y hacer cumplir compromisos, ahora menos, cuando el Ministerio girará directamente los recursos del Régimen Subsidiado a las EPS.

Negociaciones a oscuras

En conclusión, asistimos a un nuevo episodio de negociaciones entre actores del sistema, fuerzas políticas y gobierno nacional, con muy poca transparencia y con baja participación de los ciudadanos que se verán afectados. Las EPS seguirán siendo los agentes dominantes del sistema y el Estado seguirá tratando de hacer que todos nos portemos bien, por la salud financiera del sistema. Pero es poco probable que, haciendo más de lo mismo, se resuelvan los problemas.

La sociedad colombiana no puede quedar tranquila con las promesas. Es necesario continuar el debate, y sobre todo profundizarlo, aunque se haya presentado esta nueva ley como la mejor solución.

*    Artículo publicado en www.razonpublica.com el 31 de enero de 2011.
**    Mario Hernández, médico, especialista en Bioética. Magíster y Doctor en Historia. Profesor Asociado del Departamento de Salud Pública, Facultad de Medicina, Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá. Analista de la revista Razón Pública.

1    Hernández, M.: ¿Emergencia social o emergencia financiera? UNPeriódico N° 130, domingo 14 de febrero de 2010: 15.
2    Proyecto de Acto Legislativo N° 016 de 2010-Cámara, “por el cual se establece el derecho a la sostenibilidad fiscal para alcanzar los fines del Estado Social de Derecho”. Ver exposición de motivos.
3    Proyecto de Ley N° 186 de 2010-Senado, “por el cual se regula parcialmente el derecho a la salud y a la igualdad en salud en los regímenes contributivo y subsidiado del Sistema General de Seguridad Social en Salud y los principios de prioridad en los afiliados, promoción de la salud y prevención de la enfermedad, igualdad, solidaridad, equidad, universalidad, calidad, eficiencia, sostenibilidad, progresividad, participación social, corresponsabilidad y transparencia en el acceso a los servicios de seguridad social en salud, así como el deber de procurar el cuidado integral de la salud”. Ver exposición de motivos.

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La ley de reforma a la Seguridad Social

Contrarreforma constitucional que niega la salud como derecho fundamental

Comunicado a la opinión pública

 

En comunicado hecho público en enero pasado, la Mesa Intersectorial de Antioquia por la Salud como Derecho Fundamental hizo público su rotundo rechazo a la Ley 1438 del 19 de enero de 2011 por la cual el actual gobierno Reforma el Sistema de Seguridad Social en Salud.

De acuerdo a la Mesa, el verdadero propósito que se persigue con esta Reforma sólo apunta a preservar el negocio de los intermediarios de la salud, en contra del interés general de los colombianos. La Reforma, de igual manera, revela cómo el gran poder económico de las EPS negoció en el Congreso, desconociendo los argumentos de la Academia, la movilización de las organizaciones sociales y los propios entes de control estatales.

 

Según la Mesa, “Por sus alcances constitucionales y sociales, se trata de una verdadera contrarreforma a la Constitución Nacional y va contra el derecho fundamental a la salud de los colombianos, en claro desacato a lo ordenado por la Corte Constitucional en la Sentencia T-760 de 2008”.
Primero el negocio, luego los derechos

La Mesa denuncia “…que la preocupación central del actual gobierno en la reforma es la eufemísticamente llamada sostenibilidad fiscal del sistema, en cuyo altar se quemarán todos los demás derechos, incluido el de la propia vida, a través de varios mecanismos como:

El mantenimiento de un ‘plan de beneficios’ limitado, sofísticamente llamado nuevo POS, tanto para el Régimen Contributivo como para el Subsidiado, que deja postergado hasta 2014 el mandato de la Corte Constitucional de igualación de los dos planes.

Los medicamentos y procedimientos que no estén cubiertos en ese “plan de beneficios” lo serán en primer lugar por el usuario, y para eso el sistema tendrá la facultad de investigar la existencia de posibles fuentes de autofinanciación y sostenimiento económico del mismo, lo que recoge todo el contenido de uno de los decretos de emergencia ‘social’, declarado inexequible por la Corte Constitucional en marzo de 2010. El Estado se libera de este cubrimiento de seguridad social en salud, descargando este mayor valor que cubría el Fosyga en hombros del usuario. Los planes de salud prepagada serán el gran negocio que obtendrán las EPS, cuando los requerimientos en cualquier nivel en salud no sean cubiertos por el posito. Las EPS le ‘recomendarán’ al usuario obtener un plan de salud prepagada.

No se garantiza la real ni oportuna prestación del servicio de la salud porque la prioridad de los privados será la ganancia, y al Gobierno –en connivencia con ellos– sólo le interesa la sostenibilidad fiscal.

El ordenador del gasto, el médico, quien directa y permanentemente conoce al paciente, es interferido por el llamado Consejo Médico Científico, que dilata la orden médica mientras en el enfermo avanza su patología.

No se vislumbra un control a la corrupción en la contratación y la comercialización de los medicamentos desde el exterior y en el interior de la nación, canales del verdadero desangre del presupuesto nacional para el sistema de salud y que de mala fe le imputan al paciente, a quien sólo le otorgan el derecho al uso de acetaminofén sin importar sexo, edad o gravedad de su enfermedad.

La integración vertical, en beneficio del negocio de las EPS con posición dominante, en lugar de corregirse y limitarse, se fortalece.

La red pública hospitalaria sólo es mencionada para aplicarle reducción de recursos, amenazas de intervención y liquidación. De esta manera, se continúa con la línea de represión, discriminación y abuso para con la mayoría de los colombianos que entregan su fuerza de trabajo y hasta su vida”.

Para la Mesa Intersectorial de Antioquia por la Salud como Derecho Fundamental, no hay duda, la Reforma en cuestión “…profundiza la crisis de la Ley 100, que desde hace 18 años impera, sin que les haya importado a los gobernantes y legisladores el clamor general al exigir el cambio ‘del estado inconstitucional de las cosas’ para con la población que atiende, y su obligación de proveer una seguridad social integral en salud. ‘La salud es un derecho. No un favor’. ¿En qué queda nuestro Estado Social de Derecho y la democracia participativa, de que tanto nos hablan?

Finaliza la Mesa advirtiendo a la sociedad en su conjunto “que la Ley 1438 es el primer paso, si la Corte Constitucional y la movilización social lo permiten, para hacer desaparecer la Acción de Tutela, tan importante para rescatar los derechos sociales fundamentales de los colombianos”.