El ex jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Salvatore Mancuso, admitió ayer que apoyó con dinero y logística la reelección del ex presidente colombiano, Alvaro Uribe. Además, el paramilitar reveló que en el 2008 políticos y militares venezolanos pretendieron conformar un bloque de esa fuerza en Venezuela e intentar un golpe de Estado contra el presidente, Hugo Chávez.


En una entrevista telefónica a Caracol Radio, Mancuso confirmó que se reunió con Uribe, afirmó que aportó para la campaña electoral de 2006, en la que el entonces mandatario fue reelecto y precisó que le entregó dinero a Jairo Andrés Angarita –conocido como el comandante Andrés– para la contratación de la logística que implicaba el traslado de los votantes y la publicidad a favor de la reelección de Uribe.


Entrevistado por primera vez por un medio colombiano, el paramilitar mostró preocupación por su declaración subrayando la inexistencia de garantías ni seguridad jurídica para su familia y sus abogados. “Yo entiendo el interés que tiene toda la nación, pero comprendan que es bien complicado contarles teniendo en cuenta las condiciones de mi familia”, sostuvo y consideró que su extradición al estado norteamericano de Virginia –a donde fue extraditado y se encuentra preso desde el 2008 por cargos de narcotráfico– apuntó a silenciarlo.


“¿Cuál es el mensaje que se está enviando? ¿Que no quieren nuestra verdad? ¿Por qué esta discriminación? Una vez desmovilizados, el gobierno anterior se impuso silenciarnos. Esto no es un secreto, está a la vista de todos esa política gubernamental nefasta”, cuestionó y lamentó que el ex presidente haya golpeado el proceso de paz subrayando que las Autodefensas cumplieron los compromisos y se desmovilizaron.


Sobre la relación con las AUC de Santiago Uribe, hermano del ex presidente colombiano, se abstuvo de hacer cualquier pronunciamiento por considerar que lo que diga será tenido en cuenta como una venganza. “No quiero referirme a estos temas, nuestra respuesta es considerada como una respuesta de venganza. Lo haría dentro de las diligencias judiciales”, manifestó.


También resaltó que la ex directora del servicio secreto colombiano, María del Pilar Hurtado, tuvo relación con las Autodefensas y relató la visita de la ex senadora Piedad Córdoba, mediadora ante las FARC en las entregas unilaterales de rehenes que hizo la insurgencia en los últimos años. “La senadora nos ha visitado preocupada por el futuro de la paz del país y los obstáculos en su construcción. Hemos hecho algunos análisis de cuál sería el camino para que estos hechos no se repitan”, comentó. El ex jefe señaló que para el 2008 generales y políticos de Venezuela contactaron a Carlos Castaño, otro ex líder que desapareció, para conformar un bloque paramilitar en el país vecino.


“Llegaron unas personas interesadas en conformar autodefensas en Venezuela para darle un golpe de Estado al presidente Chávez, pero la intención no era matarlo”, confesó Mancuso, quien agregó que en esa región se querían formar, cansados del acoso de la guerrilla, y requerían instrucciones militares sobre cómo instaurar un nuevo orden con un golpe de Estado.


La denuncia de Mancuso y su repercusión provocó que el abogado de Alvaro Uribe anuncie que el ex presidente demandará al paramilitar por considerar que lo calumnió al atribuirle nexos y conspiraciones con la disuelta organización AUC. El jurista Jaime Granados, del equipo de defensa de Uribe, dijo que su cliente también solicitará a la Fiscalía General que excluya a Mancuso del programa de beneficios que le otorga la ley de justicia transicional que se aplica a los desmovilizados de las AUC. En respuesta a algunas de las aseveraciones, Granados declaró que Mancuso faltó a la verdad de manera grave al afirmar que se reunió con el ex mandatario colombiano y lo tildó de mentiroso. Asimismo, el letrado adelantó que pedirá al comité parlamentario que investigue de manera preliminar a Uribe por estos hechos y que se ordene recibir un interrogatorio formal de Mancuso para que reitere sus afirmaciones.

Estoy por creer que es cierto el dicho popular que nos enseña que  “el que la hace la paga”. Ahora anda huyendo de la justicia el excomisionado de paz del gobierno Uribe Vélez, el prófugo Luis Carlos Restrepo,  quien se inició en los laberintos del conflicto armado con un ensayo que tituló "La Sangre de Gaitán", publicado en Bogotá en el libro Saqueo de una Ilusión.

Parapolítica, desplazados, ‘falsos positivos’, amenazas, desaparecidos, asesinato de testigos claves para la Fiscalía, espionaje telefónico y seguimiento a los jueces y la oposición. Esto y mucho más ocurre en Colombia. La ‘seguridad democrática’ ofreció tranquilidad y lo que ha traído es muerte, alienación, militarización y concentración del poder en cabeza del Ejecutivo. Los hechos lo confirman. En el presente informe especial (del cual hacen parate, además: “Llegan a 50 mil las denuncias de personas desaparecidas”, “Falsedad de toda falsedad”, “Desplazados, crece el drama”, “Noche de pesadillas”, “Francisco Villarba, un testigo que sabía demasiado”) se puede constatar que las “cifras del dolor” se multiplican en nuestro país; que la impunidad es garantía para que el poder económico acreciente su concentración, en forma ascendente, en pocas manos; que progresivamente se marchita, aún más, la soberanía nacional, y que muchos más sectores sociales vean postergado el momento de la justicia y la felicidad.

La parapolítica no cesa, y en el alto gobierno lo saben y actúan para neutralizar sus efectos. Así se hizo evidente al conocer la opinión pública que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia han sido escuchados por innumerables minutos (en algunos casos hasta más de 2.000), además de ser auscultados y seguidos en sus cuentas bancarias y otras actuaciones de su vida privada.

Los espías encargados de esta labor de intercepción y seguimiento son los mismos agentes públicos, pagados sus salarios con los impuestos de todos los connacionales. Una labor y una decisión que se desprenden desde el Gobierno, y que en sus explicaciones ante el país quieren hacer aparecer como otra actuación y decisión individual de algún funcionario descarriado. ¿Para qué quisiera un funcionario tal información? ¿Cómo éste puede decidir un procedimiento tras semejante información, y operativizar tal cantidad de trabajo, por demás especializado?

Tras un desliz. Espionaje para detallar cada uno de los movimientos de los investigadores de la parapolítica, buscando una pista para chantajearlos y romper los procesos en marcha. La acción no puede ser más desesperada y menos demostrativa del carácter del régimen político que tras siete años de gobierno interrumpido de Álvaro Uribe ha cuajado en Colombia.

¿A qué le temen quienes ordenaron este procedimiento que recuerda las actuaciones más comunes de regímenes de ingrata recordación en otras coordenadas del globo? Conociéndose que del DAS mismo han salido innumerables datos y órdenes para asesinar disidentes políticos, al igual que para facilitar la actuación de conocidos paramilitares, es legítimo preguntar: ¿Cómo circulan las órdenes dentro de este organismo de la policía política para que aquéllas lleguen, circulen y sean ejecutadas? Si la actuación cotidiana del Departamento Administrativo de ‘Seguridad’ está cada vez más relacionada con operaciones para preservar el régimen incubado, ¿sí serán suficientes las medidas tomadas hasta ahora para su ‘depuración’?

No sólo a los magistrados

Pero los seguimientos, grabación de conversaciones, inspección de la vida privada y otras perlas no sólo afecta a los altos jueces de la República. También se sabe que hay políticos, periodistas, sindicalistas y otros en las innumerables listas de los agentes de inteligencia: todo un control que ya se sabe en qué termina cuando el poder así lo decide; todo un control que otrora los jefes paramilitares descargaron en cabeza del famoso “Grupo de los Seis”. ¿Aún actúa? ¿Quiénes lo integran?

Pero ahora también se sabe que incluso activistas sociales, investigadores universitarios, profesores, sindicalistas de base, en fin, medio país, están en las listas por sospechosos, indeseables, ‘terroristas’, ‘comunistas’, inconformes, todos ellos en la mira por considerarse que tarde o temprano levantarán la voz, harán sentir su inconformidad, en fin… son de aquellos que es mejor ‘neutralizar’ a tiempo, antes que multipliquen su indisposición cuestionando el presente o simplemente pregunten más de la cuenta.

Si usted cree que pudiera estar en esta lista, haga una simple prueba: reemplace los tres primeros dígitos de su celular por 015, 016, 017, 018, 019, 020. Al marcar, de acuerdo con la voz que le conteste, sabrá si sus conversaciones han sido escuchadas, quién sabe desde hace cuánto, por el DAS, el Goes, la Policía… Cuelgue.

Si la llamada no es respondida por ninguno de éstos, descanse o preocúpese aún más, pues pueden existir otros muchos números y otros muchos organismos no conocidos que lo espían y lo tienen en la mira. ¿En qué país vivimos? ¿hacia dónde va el país? ¿a dónde llegó el país?

Lista de espanto

El listado de los investigados, llamados a descargos, encarcelados, condenados, mencionados, de los implicados en la investigación conocida como parapolítica, no deja de crecer. Las amenazas en contra de los investigadores no han parado, pese a intorpecer su labor y lograr la renuncia de algunos de ellos.

La reciente detención de la senadora Zulema Jattin, otra integrante del partido en el gobierno –la U–, y del Representante liberal por el departamento de Caldas, Jairo Alberto Llanos Gómez, recuerda que la conspiración para hacerse con el poder por parte de una alianza armada de ultraderecha, apoyada por políticos de diferente nivel, además de grandes y medianas empresas nacionales, militares, multinacionales, y otros actores de la vida nacional e internacional, no es una simple suposición ni un rumor sin fundamento.

El país está enterado de las maniobras pensadas y operativizadas desde las oficinas de los prohombres de la patria para evitar que la investigación siga su curso o logre sus propósitos: renuncia al cargo de senador o representante a la Cámara para evitar la investigación de la Corte y pasar a manos de la Fiscalía, fuga del país, creación de una doble instancia para que juzgue a los políticos, quitar la potestad a la Corte Suprema de Justicia para adelantar la investigación, etcétera.

Acción y reacción, lucha de contrarios. Así avanza este proceso que aún descarga en manos de
los jefes paramilitares, extradic-tados o no, la remota esperanza de testimonios efectivos que vincule en la investigación en curso a funcionarios del alto gobierno hasta ahora intocables. ¿Inspiradores, miembros, del Grupo de los Seis?










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