El lunes 7 de mayo fue el día fijado para el inico del paro indefinido de las Madres Comunitarias de Colombia. Ese día se concentrarán a partir de las 8 a.m en la sede Nacional del ICBF, sedes regionales, centros zonales y alcaldías de todo el país. La convocatoria corre por cuenta de la Mesa Naciona de Negociación de las Madres Comunitarias, que reune a SINTRACIHOBI, AMCOLOMBIA, ADDHIP, REMACOT y SINDIMACO.

El motivo central de la protesta lo ha despertado el Programa gubernamental de atención a la primera infancia denominado “De cero a siempre”, el cual no se ha discutido con las Madres Comunitarias, las mismas que han respondido por la atención de los niños y niñas más pobres del país durante los últimos 25 años. Desconociéndolas, el Gobierno estructuró un Programa que, como si fuera poco, perfila una estrategia y un mótodo para que las Madres Comunitarias desaparezcan, sustituidas por operadores privados. Diego Molano, director del ICBF ha dicho con respecto al futuro de las Madres Comunitarias: “de aquí al 2019 no debe haber un hogar comunitario funcionando en las casas”.

Del motivo central de la protesta se deriva una serie de interrogantes que las Madres Comuntarias le plantearán al Gobierno, además de algunas reivindicaciones de carácter histórico. Veamos algunas de las desprendidas de la estrataegía “De Cero a Siempre”: ¿cuáles son las propuestas para discutir con las Madres Comunitarias?, ¿Por qué no se contrata a las asociaciones de padres de familia para la administración de los programas de la estrataegía “De Cero a Siempre”?, ¿cuáles son los resultados del diagnóstico que hicieron como parte de la estrategia en cada uno de los municipios y departamentos del país?, ¿qué va a pasar con las Madres Comunitarias mayores de 45 años que no harán parte de la estrategia?, ¿qué va a pasar con las Madres Comunitarias de 60 y más años?, ¿Por qué razón se estñan haciendo contratos por seis meses?, ¿cuál es el estado del arte sobre la infraestructura, para que opere la política?

Varias son también las reivindicaciones históricas que las Madres retomarán en esta jornada de lucha, entre ellas: el reconocimiento como trabajadoras con derechos sociales y laborales: el derecho a una pensión y no a un subsidio: el respeto al derecho de organización: la formación y cualificación profesional; contra el abuso de poder contenido en los nuevos lineamientos y estándares de calidad, entre otros derechos no aplicados y siemrpe dilatados.

La actual política con la cual el Gobierno se relaciona con las Madres Comunitarias fue proyectada y puesta en desarrollo por el gobierno de Álvaro Uribe, pretendiendo el cierre de los Hogares Comunitarios. Ante tal amenaza las Madres Comunitarias declararon un pato nacional en el año 2009, producto del cual les aseguraron que los Hogares Comunitarios se mantendrian, además de ofrecerles distintos paliativos para que levantaran el paro. Sin embargo, tres años después se insiste con la misma pretensión, ¿qué les dirán esta vez?

Ante la exigencia histórica delas Madres Comunitarias para ser reconocidas como trabajaras contratadas de acuerdo a las leyes laborales vigentes, el mismo Gobierno –que debiera ser su principal defensor– las viola bajo el supuesto de ser un imposible pues representaría una inmensa carga económica para el Estado. Irrespeto y demagogia.

Pero hoy que el Estado en su política de alianza público-privado necesita crear las condiciones para que los operadores privados se encarguen de la atención a los niños, entonces aumenta el presupuesto para la atención a la infancia en un billón de pesos con respecto al año anterior. Olinda García, lideresa de las Madres Comunitarias ha dicho: “me llamó la mano derecha del director del ICBF a decir que hablaramos antes de pensar en hacer el paro”, y le contesté, “¿cómo antes no estaban dispuestos a dialogar?, ¿por qué nunca nos han reconocido como trabajadoras? y no dudo en decir que eso representaba un costo muy alto para la sociedad. Entonces le dije, ¿cómo ahora só hay plata para los operadoras, mientras que a nosotras nos quieren sacar después de ser las que construímos este programa?”.

Sin duda alguna, el lunes 7 de mayo será un día histórica para las Madres Comunitarias y para la infancia de los sectores populasres de nuestro país.

Las dos principales centrales sindicales de España realizan hoy la primera huelga general contra el gobierno de Mariano Rajoy, a cien días de su asunción. El motivo es la reforma laboral que el Partido Popular sancionó el 10 de febrero. La norma eliminó numerosos derechos laborales con el argumento de que sólo la flexibilidad permitirá ganar competitividad para salir de la crisis, profundizando así el camino que había iniciado el Partido Socialista Obrero Español. En 2011 el desempleo en el país trepó al 22,8 por ciento de la población activa, unos 5,3 millones de personas y los analistas prevén que la situación empeorará este año debido justamente a las facilidades para despedir personal que brindó la reforma. “Provocará una regresión social sin precedentes”, advirtió Cándido Pérez, el secretario general de la Unión General de Trabajadores.

Es la octava huelga general que se realiza en España desde la vuelta de la democracia. La última había sido el 29 de septiembre de 2010 y el disparador también fue una reforma laboral, la implementada por José Luis Rodríguez Zapatero. Los sindicatos buscan hoy paralizar la producción y además realizarán manifestaciones en todo el país. “Habrá una gran huelga a pesar del miedo”, afirmó el secretario general de Comisiones Obreras, Ignacio Fernández Toxo. Sin embargo, el ministro de Economía, Luis de Guindos, ya adelantó que “el gobierno no va a modificar un ápice de la reforma”. Lo que sigue es un detalle de los cambios laborales que motivaron la protesta.

- Indemnización por despido sin causa. La indemnización se redujo de 45 a 33 días por año y el tope máximo de 42 a 24 mensualidades. A un empleado con 25 años de antigüedad y un sueldo de 24.000 euros anuales, le correspondían con el viejo régimen 73.972 euros de indemnización, pero con la nueva legislación sólo cobraría 48.000 euros, un 35,2 por ciento menos. Es cierto que la modificación no es retroactiva, pero afecta a todos los trabajadores. Quienes se encuentran empleados desde antes del 12 de febrero de 2012, fecha de entrada en vigencia de la reforma, están amparados por la legislación anterior sólo hasta ese día. Por lo tanto, les deberán calcular una indemnización de 45 días por año y 42 mensualidades de tope hasta esa fecha y de 33 días por año y 24 mensualidades en adelante.

- Indemnización por despido con causa. Si un despido es provocado por causas económicas, técnicas, administrativas o de producción, la indemnización será de apenas 20 días por año trabajado con un tope de 12 mensualidades. Bajo estas reglas, el trabajador puesto como ejemplo en el punto anterior cobraría una indemnización de sólo 24.000 euros, debido al tope de 12 mensualidades. Es decir, un 67,6 por ciento menos de los 73.972 que le hubiesen correspondido por un despido sin causa amparado en la legislación previa. Alguien podría objetar que se están comparando dos tipos de despido diferente, pero la reforma prevé causas justificadas para el despido extraordinariamente amplias. Por lo tanto, muchos trabajadores a los que antes les hubiese correspondido una indemnización por despido sin causa ahora califican fácilmente dentro de estas “causas objetivas”, viendo reducida notablemente su indemnización. Por ejemplo, el decreto ley dice que existen causas económicas “cuando de los resultados de la empresa se desprenda una situación económica negativa, en casos tales como la existencia de pérdidas actuales o previstas, o la disminución persistente de su nivel de ingresos o ventas”. Luego aclara que la disminución es persistente “si se produce durante tres trimestres consecutivos”.

- Despidos colectivos. La ley obliga a las empresas a poner en marcha un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para realizar despidos colectivos. Eso les permite abonar indemnizaciones de 20 días por año con un tope de 12 mensualidades, al considerarlos despidos con causa. Antes de la reforma, los ERE requerían el permiso de la autoridad laboral y era más sencillo obtenerlo si la propuesta tenía el aval de los trabajadores. Para lograr ese consenso, la empresa ofertaba una indemnización mayor a los 20 días por año, pero ahora ya no hará falta. Hay un plazo de consultas y si las partes no se ponen de acuerdo la empresa puede despedir de manera unilateral, pagando la indemnización mínima.

- Despidos en el sector público. La legislación laboral preveía la posibilidad de despedir empleados públicos, pero varios juzgados la venían rechazando porque no estaba clara la justificación. Lo que hizo esta reforma fue explicitar las causas económicas, técnicas, administrativas o de producción. Por ejemplo, el texto aclara que los organismos públicos podrán echar personal por razones económicas cuando se registre insuficiencia presupuestaria durante nueve meses consecutivos.

- Cambios en las condiciones laborales. La reforma habilita a las empresas a no respetar los convenios laborales por las mismas causas económicas, técnicas, administrativas o de producción que permiten el despido justificado. La única diferencia es que para el despido por causas económicas se requiere certificar tres trimestres de caída persistente en los ingresos y para modificar las condiciones de trabajo sólo dos. Este punto permite que el empresario modifique horarios, turnos, lugar de trabajo, funciones e incluso el salario. Antes de la reforma, cuando un empresario quería introducir cambios tenía que sentarse a negociar con los representantes de los trabajadores y llegar a un acuerdo con ellos. Ahora se mantiene la exigencia de negociar, pero se aclara que si no hay acuerdo las partes deben recurrir a la Comisión Consultiva nacional o territorial de convenios colectivos (donde están representados patronal, sindicatos y administración) que ejercerá un arbitraje cuya decisión será vinculante.

- Convenios colectivos. El decreto ley establece, en su artículo 14, referido a la negociación colectiva, que los convenios por empresa tienen prioridad sobre los sectoriales. Además, se aclara que una vez vencidos no serán prorrogados de manera automática. Empresarios y trabajadores deberán negociar nuevas condiciones laborales. Si no se ponen de acuerdo, el viejo convenio regirá sólo por dos años.

El titular de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, Juan Rosell, aseguró que la flexibilidad laboral servirá para que la economía gane competitividad y vuelva a crecer. Además, ya le solicitó al gobierno que modifique lo antes posible el decreto que regula el derecho a huelga, dejando en claro que van por más.

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Contra las cuerdas
 

La jornada de huelga de 48 horas que comenzó ayer en Grecia continúa hoy con nuevos episodios de violencia entre policías y encapuchados en el centro de Atenas y con una gran manifestación a las puertas del Parlamento, donde miles de personas se han concentrado para mostrar su rechaza a los recortes. Una diputada comunista fue atacada con yoghurt y nueve transeúntes han sido trasladados a hospitales con crisis respiratorias, ya que el ambiente en el centro de la capital griega es irrespirable por el uso de gases lacrimógenos por los antidisturbios. Aunque hoy se han vuelto a repetir enfrentamientos entre la Policía y grupos de encapuchados, los altercados -de momento- están siendo más reducidos que en la jornada anterior.

La cuarta huelga general del año (la última, hace dos semanas), convocada durante 48 horas, sacó ayer a las calles de Atenas a unas 20.000 personas -menos que en la tercera, hace dos semanas- y a unos pocos centenares de encapuchados, que, armados de banderas negras, sofisticadas máscaras antigás y mazos, reventaron la indignada tranquilidad con que habían discurrido las dos marchas de la mañana.

El mismo escenario se reprodujo en las concentraciones celebradas a última hora de la tarde, con el resultado total de decenas de heridos y una veintena de detenidos. Alrededor del Parlamento se desplegaron más de 4.000 policías, que se vieron desbordados en determinados momentos por las tácticas de guerrilla urbana de los grupos antisistema.

Hoy es la segunda jornada de la huelga coincidiendo con una votación decisiva en el Parlamento: la aprobación del plan de ajuste 2012-2015, imprescindible para el desbloqueo del quinto tramo del rescate acordado por la UE y el FMI en mayo de 2010. Sin los 12.000 millones de euros de esa dosis, Grecia se declarará insolvente en julio.

Los manifestantes enarbolaron pancartas que decían: "No podemos más". Otras indicaban un más que plausible escenario de futuro: "No vamos a pagar". Liderados por los dos sindicatos mayoritarios, la Confederación General de Trabajadores de Grecia (GSEE, sector privado, con 472.000 afiliados, según los últimos datos) y Adedy (función pública, con 311.000 afiliados), el paro se dejó sentir especialmente en astilleros, refinerías, medios de transporte -salvo el metro de Atenas, que la desconvocó de madrugada-, puertos y empresas metalúrgicas. La maquinaria sindical sigue perfectamente engrasada desde que empezaran las movilizaciones contra la política anticrisis del Gobierno, en febrero de 2010. A su indudable capacidad de convocatoria se suma la presencia en las calles del movimiento de los indignados, con sus propias marchas.

El puerto del Pireo, el mayor de pasajeros del país, secundó por completo la convocatoria, bloqueado por piquetes del sindicato comunista Pame. En los aeropuertos hubo paros intermitentes de los controladores, con los consiguientes retrasos y algunas cancelaciones de vuelos. "La respuesta a la huelga ha sido prácticamente total", señalaron en un comunicado los dos sindicatos convocantes. No hubo estimación oficial.

Algo menos de seguimiento -un 80%, según GSEE y Adedy- tuvo el llamamiento en oficinas de la Administración, construcción, bancos y empresas semiestatales de servicios públicos. Los medios de comunicación interrumpieron su trabajo a mediodía durante cinco horas. En la calle, las numerosas huelgas sectoriales celebradas desde enero desinflaron en parte una respuesta que hoy, coincidiendo con la votación del plan de ajuste, puede recrudecerse.

"En mi empresa llevamos siete huelgas en lo que va de año, es normal que la gente esté cansada. Además, van a producirse episodios violentos, y mañana aún más, y eso retrae a la gente", decía antes de iniciarse los disturbios el sindicalista Aristotelis Majanikas, de la empresa de distribución de aguas de Grecia, pendiente de privatización.

Por M. ANTONIA SÁNCHEZ-VALLEJO | Atenas 29/06/2011

Miles de personas han comenzado a concentrarse esta mañana en la plaza Syntagma de Atenas, delante del Parlamento, junto a los indignados griegos que llevan un mes acampados, en la primera de las dos jornadas de huelga general convocadas por los sindicatos con motivo de la votación del nuevo plan de austeridad exigido por la UE al Gobierno del primer ministro, Yorgos Papandreu.

"Comunicamos a nuestros clientes que deben estar tranquilos porque Bolivia tiene un sistema financiero sólido, confiable", aseguró. 

Los servicios de transporte público de Atenas permanecían paralizados en protesta por los planes de recorte del gasto público exigidos por la Unión Europea (UE), el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional (FMI) para auxiliar al país con un "plan de rescate" por 110.000 millones de euros.

La medida de fuerza afectó en particular a la capital griega, de casi 4 millones de habitantes, donde no circulaban los trenes urbanos, ómnibus ni tranvías, lo que también motivó enormes embotellamientos. Los sindicatos del transporte público se oponen a la medidas de ajuste, como la reducción de los subsidios estatales y el aumento de las tarifas, la reducción de salarios y el traspaso forzado de un 10 por ciento del personal.

La protesta tiene lugar un día después de una huelga general que también paralizó vuelos de aviones y otros servicios públicos, en una jornada en la que se registraron enfrentamientos entre los manifestantes y la policía.

Las huelgas afectan sobre todo a Atenas y a la norteña ciudad portuaria de Tesalónica, donde ayer también se produjeron disturbios cuando miles de personas salieron a las calles a manifestarse contra el ajuste.

El Parlamento griego aprobó el martes una batería de leyes de emergencia, con 156 votos a favor y 130 en contra, que establece más recortes salariales, traslados obligatorios de empleados de compañías estatales y una flexibilización de las leyes laborales.

El gobierno de Atenas anunció las nuevas medidas de austeridad después de una reunión, la semana pasada, con dirigentes de alto rango de la UE y el FMI, quienes urgieron al gobierno heleno a acelerar las reformas fiscales.

El Parlamento griego votará el nuevo presupuesto del Estado el 22 de diciembre. Allí, el gobernante Partido Socialista de Grecia (PASOK) tienen una mayoría de 156 diputados sobre un total de 300 bancas.

El paro sigue siendo un lastre para Estados Unidos, el factor más negativo en su timidísima recuperación económica. Ayer, el Departamento de Trabajo anunció que la tasa de desempleo se mantenía en 9,6% y sobre todo que durante el mes de septiembre la economía había perdido 95.000 puestos de trabajo, mucho peor de lo que se esperaba. Esto parece anticipar que la Reserva Federal, cuando se reúna a primeros de noviembre, tomará medidas para tratar de frenar el descalabro.

Al comentar la cifra del desempleo, el presidente estadounidense, Barack Obama, insistió en la creación de puestos trabajo (65.000) en el sector privado "por noveno mes consecutivo", dato que sin embargo no consiguió compensar la pérdida en el sector público, debido al fin de las contrataciones temporales para elaborar el censo y sobre todo a los despidos públicos de las administraciones locales y federales que se han quedado sin fondos.

Mercado laboral frágil

"Los despidos hubieran sido mucho peores de no ser por las medidas que implementamos, que han sido tan criticadas por los republicanos", dijo el presidente durante un acto en una fábrica de cemento en Maryland. El de ayer era el último informe antes de las elecciones legislativas de noviembre y no facilita la tarea a los demócratas.

El mercado laboral estadounidense sigue siendo muy frágil 15 meses después del final "oficial" de la recesión. La tasa de desempleo se ha mantenido por encima del 9% desde mayo del 2008, el período más largo en un cuarto de siglo.

La debilidad del mercado laboral probablemente impulsará a la Reserva Federal a tomar nuevas medidas para estimular la economía. La mayoría de los economistas prevé que el banco central, en su reunión del mes próximo, decidirá comprar bonos de deuda pública para reducir las tasas de interés y estimular el crédito.
División en la Fed

No hay acuerdo entre los responsable de la Reserva Federal sobre las medidas a tomar. Algunos están en contra de actuar de nuevo, pese a que su director, Ben Bernanke, anunciara en contadas ocasiones que haría "todo lo necesario" para evitar una nueva recesión.

"Va a ser una decisión difícil", declaró ayer a la cadena financiera CNBC, el director de la Fed de Sant Louis, James Bullard. "Todavía se puede pensar que la economía mejorará por si sola en 2011, alcanzado los niveles de inflación previstos para ese año, sin tener que tomar todos estos riesgos, con una nueva adquisición de bonos", dijo Bullard.

Paradójicamente, el dato, bastante peor que el que habían anticipado los analistas, pasó relativamente desapercibido en Wall Street, donde el Dow Jones superó la marca de los 11.000 puntos por primera vez desde el pasado mayo, influido en parte por la publicación el día anterior de los resultados del fabricante de aluminio Alcoa, que redujo sus pérdidas hasta los 4 millones de dólares en lo que va de año.

ISABEL PIQUER NUEVA YORK 09/10/2010 08:00