No hay forma de explicarlo. Las organizaciones sociales, desde los rumbosos médicos, pasando por los nada pobres transportistas, hasta los fabriles afiliados a la COB, están en huelga. El Vicepresidente ha dicho que se trata de la vitalidad de un proceso de cambio y que, el gobierno, tiene la suficiente solvencia para manejar la situación sin muchos sobresaltos. Ahí está el quid de la cuestión.
 
En el rostro de nuestras ciudadanas y nuestros ciudadanos, se perciben los sobresaltos que causa esta inestable situación. Es probable que muchos esperemos que haya un momento en el que se rectifiquen posiciones y vislumbremos, una vez más, el camino a seguir en este proceso de cambio. Pero hay que advertir que son muchos y muchas quienes descreen de tal rectificación. ¿Por qué? Unos por la rutina; se acostumbraron a vivir, aunque sea en la miseria, pero sin sobresaltos. Otras, porque apoyaron un proceso de cambio que soñaron como una avenida donde no había ningún obstáculo, ningún rompemuelles, ningún hueco ni siquiera desportilladura. Los hay, finalmente, quienes vemos la realidad: el camino está por hacerse porque, según decía el poeta, se hace camino al andar.
 
Claro que no se trata de andar en cualquier dirección, porque así podemos llegar a cualquier parte, menos a la meta que nos propusimos. No es simple hacer camino al andar, pues al menos debe seguirse determinada orientación. El proceso de cambio tiene una dirección: vivir bien como norma para todos los bolivianos y las bolivianas. Los que viven aquí, originarios o recién llegados. Los que habitan el campo y los que se alojan en la ciudad. Los pobres y los que nada tienen. Por supuesto, quienes están más necesitados precisan una atención inmediata y mayor. Todo esto en función de las posibilidades de nuestro país. Que esas posibilidades han mejorado, es muy cierto, como lo es que hay un visible mejoramiento en el vivir de la gente.
 
¡Falta! Claro que hace falta mucho más y no es precisamente lo que está haciendo nuestro gobierno. La carretera por el TIPNIS, ¿acaso no es un enfrentamiento grosero? Hay mucha gente dispuesta a apoyar la construcción de esa vía. Pero las disposiciones de la consulta previa fueron hechas para proteger la vida, los usos y costumbres de las minorías. Por eso no es una consulta general, sino una particular a los pueblos que viven allí. Seguramente, si se hubiese hecho a tiempo, antes de iniciar los trabajos, esta tempestad de reclamos no se hubiese producido.
 
No es posible que haya tal desentendimiento con la Central Obrera Boliviana. Seguir dando vueltas al tema salarial, puede llevarnos a medio año sin una solución. No es correcto. No lo es, mucho más si revisamos los balances presentados hace poco más de un mes, por los bancos y nos chocamos con sus sustanciosas ganancias, a las que debe agregarse el aumento de sus patrimonios. Se ha reducido la miseria, pero distamos mucho de haber logrado una redistribución regular de la riqueza. Ésta sigue estando en manos de los grandes empresarios.
 
Pedir 8.300 bolivianos como salario básico, es irracional. Lo saben los dirigentes de la COB. Pero tampoco es apropiado un simple resarcimiento de la inflación ocurrida el año pasado, según el conteo del INE. ¿Para qué mostramos ingresos que son, cada año, mayores? El pueblo quiere ver esos ingresos en sus manos. Gastamos en inversión; muy bien. Pero esa inversión debe sentirse en el bolsillo de las personas. Se ha ampliado la clase media; de acuerdo. Pero debemos dar un paso más hoy día. Nos estamos enfrentando a nuestra propia gente, a las organizaciones sociales que son la base sobre la que descansa nuestro gobierno.
 
Hemos dejado que, la exigencia de los médicos, se convierta en una reivindicación de la COB. ¿Cómo puede ocurrir esto? Los médicos no pertenecen al movimiento popular. Los trabajadores en salud, los universitarios, se comprometen en defensa de los médicos; no es entendible. Si estos profesionales logran su objetivo, no compartirán absolutamente nada con quienes los están apoyando: universitarios, trabajadores en salud, COB. La trama se hace más densa, más intrincada. Alguien ha perdido la orientación y no es precisamente ésta o aquella organización social ni tampoco los profesionales que saben cuáles son sus intereses y cómo lograrlos.
 
Debemos hacer el esfuerzo. Que la gente que está desorientada, aquélla que tiene susceptibilidades, la que ha sufrido desencantos y quienes, por último, dejaron de creer en el proceso de cambio, comiencen a tener la visión de lo que puede ser este proceso. No se trata solamente se saber manejar la situación. Hay mucho más que eso, está la gente a la que nos debemos.

Estado débil, sociedad fuerte. Evo Morales, pese a encabezar el Gobierno más sólido de los últimos años, no pudo escapar a esa maldición boliviana, o bendición, depende desde dónde se lo mire: la fuente crónica de revoluciones y al mismo tiempo de inestabilidad política.


Si al Gobierno le fue relativamente fácil derrotar a la “oligarquía cruceña” y hasta pudo echar al embajador de EEUU y nacionalizar el gas, demostrando su autoridad, el 64% de los votos con el que fue reelecto parece no alcanzar para evitar retroceder una vez más frente a los sindicatos y sectores sociales variopintos.


El gasolinazo de finales de 2010 marcó un punto de inflexión. Luego vino el seguir permitiendo la importación de ropa usada, autorizar legalización del contrabando de autos, acceder al pedido de no construir la carretera por el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure' en todos los casos la dinámica fue la misma. Primero, prueba de fuerza, decisión de avanzar “sí o sí” y dar una imagen de autoridad en favor del “Estado fuerte”. Poco después: anulación de las medidas y convocatoria a algún tipo de negociación o cumbre social.


En este caso, era claro que el aumento de seis a ocho horas en la jornada laboral de los médicos no era suficiente para cambiar el malogrado sistema de salud boliviano (había mucho voluntarismo en eso, así como mucho corporativismo en la respuesta de los médicos). La demanda provino de los campesinos, carentes de un sistema de salud adecuado. Luego el Gobierno avanzó, decreto en mano, con la finalidad de derrotar a la huelga médica. Pero 36 días de paro, huelga de hambre de unos 4.000 médicos (en ayunos mediáticos de dudoso cumplimiento), medidas simbólicas como las crucifixiones y hasta “tapiarse”, y especialmente bloqueos, le torcieron el brazo al Gobierno y este retroceso corrobora un mensaje incómodo: cualquiera de las poderosas corporaciones populares (y no tanto) sabe que basta tener capacidad de resistencia y de generación de desbordes públicos –de ser posible violencia mostrados por TV– para conseguir parar cualquier iniciativa oficial.


Obviamente, sería mejor que en muchos casos las cumbres se convoquen antes de decretar las medidas. Evo Morales, con su olfato sindical, sabe cuándo retroceder. Conoce la “calle boliviana”. Pero ello no quita que cada retroceso reavive la luz amarilla de que refundar Bolivia es más complicado de lo que esperaba. Junto con el riesgo de que la imagen de la “Bolivia ingobernable” reaparezca y erosione más la aun elevada popularidad de Evo. Estos conflictos –muchos de ellos no estrictamente económicos– coinciden con una buena situación macroeconómica. La mejor quizás de la historia.


Pese al orientalismo con el que a menudo se lee la imagen de radicalidad y de “revolución permanente” de Bolivia que tanto atrae a los militantes radicales de todas las latitudes, en el país convive esta tendencia con fuertes inclinaciones conservadoras y corporativas. Todo esto es bastante comprensible dada la historia económica y social nacional. El problema es que la fuerza de veto de los “movimientos sociales” a menudo no va acompañada de acciones propositivas a favor de cambios sociopolíticos efectivos más allá de grandes líneas de acción como Asamblea Constituyente, Estado plurinacional, etc.


Pero si los médicos siguen trabajando seis horas, si no se hace la carretera del TIPNIS, si siguen entrando autos chutos, si, si, si' pueden convertirse en victorias contra iniciativas erradas' o en triunfos corporativos contra reformas necesarias. O en una mezcla de ambas cosas. Pero en todos esos casos significa la pervivencia del status quo anterior a esas luchas, no cambios hacia el futuro.


Ojalá la cumbre de la salud sea tomada en serio. Junto con la educación deberían ser el eje de esta etapa de la “revolución democrática cultural”. Y ojalá también muchos de nuestros intelectuales comiencen a citar menos a Deleuze o Zizek y a construir mediaciones más efectivas entre la utopía del cambio y los necesarios avances en las condiciones de vida de los bolivianos, la densidad estatal y un modelo económico más preciso que dé pistas de un perfil productivo para Bolivia más allá de grandes saltos industriales.


Página 7 - La Paz

Madrid, 10 de mayo. Bajo el lema “no al desmantelamiento de la escuela pública, no al suicidio social”, miles de estudiantes de toda España se manifestaron en las calles para repudiar, una vez más, la política de recortes impuesta por el gobierno de Mariano Rajoy, movilización que es el preámbulo a la jornada de huelga general en la educación pública del 22 de mayo, algo que nunca había ocurrido en España y en la que se pedirá la dimisión del ministro de Educación, José Ignacio Wert.
 

Rajoy llegó al poder en una de las peores crisis económicas en la historia del país. En la campaña electoral se comprometió a no recortar los servicios sociales básicos, sobre todo en Sanidad y Educación, y no subir los impuestos.
 

Asumido el cargo, con holgada mayoría absoluta, el mandatario ha hecho justo lo contrario: una de sus primeras medidas fue la subida de impuestos general a través del IRPF, aprobó una reforma laboral en la que abarató el despido y anunció recortes en Sanidad y Educación de al menos 10 mil millones de euros.
 

La última medida que ha vuelto a indignar a buena parte de la población es nacionalizar uno de los cinco bancos más grandes del país, Bankia, por su situación de quiebra financiera por una serie de manejos turbios de sus cuentas. El monto del rescate, que se aclarará este viernes en el Consejo de Ministros, será de al menos 10 mil millones de euros, pero podría llegar hasta lo 25 mil.
 

Los estudiantes de la escuela pública, los padres y los profesores, mantienen desde hace más de un año una ola de protestas para defender la escuela oficial, que en Madrid, donde gobierna desde hace más de dos décadas la derecha española, se ha ido desmantelando poco a poco, favoreciendo a las escuelas privadas y concertadas, muchas de ellas religiosas.
 

Por eso salieron a las calles de más de 30 ciudades españolas miles de jóvenes, profesores y padres, con su habitual camiseta verde y con las consignas clásicas del movimiento: “En defensa de la educación pública: los recortes para los banqueros”; “Basta ya de privatizar la enseñanza pública. Trabajo digno al acabar los estudios”; o “educan esclavos”.


La protesta en Madrid se inició la noche anterior, con una acampada y “toma simbólica” de las facultades de Ciencias Políticas, Filosofía, Bellas Artes y Educación de la Universidad Complutense. En el país salieron a la calle miles de estudiantes, como ocurrió en Sevilla, Oviedo, Valencia, Barcelona o Zaragoza, entre otras.
 

La protesta cuenta con el apoyo de los principales sindicatos y de la Conferencia Estatal de Defensores Universitarios, que expresó su preocupación por las reformas, particularmente por el aumento de tasas de matrícula, el régimen de dedicación del profesorado y lo relacionado con la creación, modificación y supresión de centros y titulaciones.
 

“Esta inquietud y malestar está motivada tanto por la forma seguida en la elaboración de la norma, sin ningún contacto formal previo con las partes interesadas, como por el fondo, ya que los cambios legales afectan sustancialmente al modelo de universidad pública”, aseguran.
 

Los defensores de la escuela pública cifran en 7 mil 200 millones de euros el tijeretazo en educación: 3 mil millones por las comunidades, 800 millones por el Ministerio de Educación y 3 mil 400 millones que ya se han perdido en estos años recientes.
 

Sobre la protestas, el ministro Wert –el político peor valorado del gabinete– calificó los argumentos estudiantiles de “prejuicios” y no “juicios”, y añadió que todas las medidas que han asumido “vienen impuestas por las exigencias de consolidación fiscal”.
 

La IX Marcha Indígena ha comenzado. ¿Funcionará como el catalizador del descontento social que se viene expresando de múltiples modos? Según la Fundación UNIR, en el año 2011 se contabilizaron alrededor de 1300 conflictos en el país.

A riesgo de simplificar, se puede afirmar que prácticamente todos fueron y son sectoriales y parciales. Sectoriales porque se trata de reivindicaciones de tipo salarial, tarifario, limítrofe, o relacionadas a actividades económicas informales, pago de bonos a sectores vulnerables, etc. Parciales porque son escasísimas las que proponen cambios estructurales.

De acuerdo a la politóloga cruceña Helena Argirakis, el conflicto interhegemónico (sectores subalternos vs. grupos tradicionales de poder) que caracterizó el panorama hasta el año 2009, se trasladó al interior del campo popular (lucha intrahegemónica). Es lo que el Vicepresidente ha calificado con cierto candor como “tensiones creativas”.

Una administración responsable, prudente pero conservadora en lo macroeconómico, excelentes precios de productos primarios como soya, minerales e hidrocarburos, reservas inéditas en la historia del país (más de 12.000.000 de dólares) atizan en el imaginario de algunos sectores la idea de que es hora de reclamar la parte que consideran suya. Ciertas señales públicas del gobierno han operado como aceleradores de demandas. Aunque se trata de un ejemplo extremo, la reciente legalización de 120.000 vehículos introducidos vía contrabando funcionó como guiño cómplice para casi cualquier reclamo.

El ex ministro Alfredo Rada, que suele hacer reflexiones agudas dentro de la apuesta por profundizar el proceso de cambio, indica que una de las fallas del gobierno es el cortoplacismo en la resolución de conflictos, abandonando el análisis estratégico y las grandes pautas planteadas en la Constitución y el Plan Nacional de Desarrollo del 2006. Una muestra de lo anterior es la variedad de posiciones y estrategias gubernamentales contradictorias y erráticas en torno al conflicto por el Tramo II de la carretera por el TIPNIS.

¿Cuál es el escenario?

A diferencia de la VIII Marcha Indígena, la que se inicia ahora encabezada por la CIDOB no cuenta con el respaldo de algunas de sus propias afiliadas. Esa merma se puede explicar, entre otros fenómenos, por su propia situación de crisis interna, y paralelamente por el despliegue de una estrategia más avispada del gobierno, que ha venido estableciendo convenios bilaterales con sectores indígenas de tierras bajas, condicionando su participación activa en la IX Marcha. Otro elemento es el desprestigio de dirigentes de la CIDOB, que han firmado acuerdos con sectores de la derecha del Departamento de Santa Cruz. Incluso una connotada lideresa, ex ejecutiva de la Confederación Nacional de Mujeres Indígenas (CNAMIB) aceptó un cargo de sub-alcaldesa de manos del burgomaestre de la ciudad de Santa Cruz, personaje conocido por su gestión favorecedora de los grupos de poder, y además por una administración muy poco transparente.

Paradójicamente, la IX Marcha Indígena amenaza incendiar el ámbito urbano, donde se agudiza la movilización de diferentes sectores, con enorme apoyo del empresariado mediático. No parece casual que uno de las corporaciones más activas sea la de la salud. Luego de un decreto que obliga al personal sanitario a trabajar ocho horas en establecimientos públicos, se desató la furia de este poderoso gremio; una verdadera mafia cuya premisa es la mercantilización de la salud y la producción de billetes, que entre otros mecanismos recurre a la derivación de pacientes de hospitales públicos a clínicas o consultas privadas, donde sí se trabaja ocho horas y más sin inconveniente ni queja alguna. En su protesta han logrado arrastrar a grupos de estudiantes de medicina como tropas de choque, cuyas exhibiciones de fuerza incluyeron la quema de una bandera cubana en la UPEA de El Alto, porque sin dudas simboliza otro tipo de política y ética médica, aborrecida y sistemáticamente vilipendiada por la aristocracia de los galenos.

Fracasados los variados intentos para derrocar al gobierno en años anteriores, todo indica que la derecha apuesta ahora al desgaste desde varios frentes. Recurrir a la memoria histórica es arribar necesariamente a los tiempos del gobierno popular de la UPD (1982-85) cuando las constantes presiones y demandas acabaron echando por la borda más de veinticinco años de acumulación política, abriendo paso al neoliberalismo.
El tiempo que el Movimiento al Socialismo (MAS) ha perdido descuidando el fortalecimiento del instrumento político, obviando planes para la formación de la conciencia crítica informada, y confundiendo participación con masividad, pudiera comenzar a pasarle factura.

No me gusta la violencia. No creo que se gane mucho quemando bancos y rompiendo vitrinas. Sin embargo, siento un gran placer cuando veo la reacción en Atenas y las otras ciudades de Grecia ante la aceptación por el parlamento griego de las medidas impuestas por la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional. Si no se hubiera dado una explosión de rabia, me habría sentido a la deriva en un mar de depresión.

El gusto es el gusto de ver al gusano tantas veces pisado voltearse a rugir. El gusto de ver a aquellos que han sido abofeteados mil veces devolver el golpe. ¿Cómo podemos pedir a la gente que acepte dócilmente los recortes feroces en su nivel de vida que implican las medidas de austeridad? ¿Queremos que expresen su acuerdo cuando se elimina el potencial creativo de tanta gente joven, atrapando sus talentos en una vida de desempleo? Todo eso solamente para que los bancos tengan su ganancia, para hacer a los ricos más ricos. Todo eso para mantener un sistema capitalista que pasó desde hace mucho su fecha de caducidad y que ahora ofrece nada más destrucción al mundo. Si los griegos aceptaban mansamente estas medidas, sería multiplicar depresión por depresión, la depresión de un sistema fracasado multiplicada por la depresión de la dignidad perdida.

La violencia de la reacción en Grecia es un grito que se lanza al mundo. ¿Cuánto tiempo nos vamos a quedar sentados viendo al mundo desgarrado por esos bárbaros, los ricos, los bancos? ¿Cuánto tiempo nos vamos a quedar parados observando la intensificación de las injusticias, la destrucción de lo que queda de los servicios de bienestar, la reducción de la educación a un aprendizaje acrítico y sin sentido, la privatización de las aguas del mundo, la eliminación de las comunidades y el desgarramiento de la tierra para el beneficio de las compañías mineras?

Este asalto que es tan agudo en Grecia se está llevando a cabo en el mundo entero. Por todos lados el dinero está subordinando la vida humana y no humana a su lógica, la lógica de la ganancia. Esto no es nuevo, pero la intensidad y la amplitud del ataque es nueva, y nueva también la conciencia generalizada de que la dinámica actual es la dinámica de la muerte, que es muy posible que todos estamos encaminados hacia el aniquilamiento de la vida humana en este planeta. Cuando los comentaristas eruditos explican los detalles de las últimas negociaciones sobre el futuro de la eurozona, olvidan mencionar que lo que se está negociando tan ligeramente es el futuro de la humanidad.

Todos somos griegos. Todos somos sujetos que vemos cómo nuestra subjetividad está siendo aplastada por la aplanadora de una historia determinada por el movimiento de los mercados de dinero. Millones de italianos se manifestaron una y otra vez contra Berlusconi, pero fueron los mercados de dinero los que lo derrumbaron. Lo mismo en Grecia: protesta tras protesta contra Papandreou, pero finalmente fueron los mercados de dinero los que lo despidieron. En ambos casos fueron leales y comprobados sirvientes del dinero que fueron designados para tomar el lugar de los políticos caídos, sin el más minimo simulacro de una consulta popular. Ésta no es siquiera una historia hecha por los ricos y poderosos, aunque de seguro se benefician de ella; es la historia hecha por una dinámica que nadie controla.

Las llamas en Atenas son llamas de rabia y nos alegran. Sin embargo, la rabia es peligrosa. Si se personaliza o si se voltea contra grupos particulares (los alemanes en este caso), se puede muy fácilmente convertir en algo puramente destructivo. No es una coincidencia que el primer líder de la clase política en protestar contra la última ola de medidas de austeridad en Grecia fue un líder del Laos, el partido de la extrema derecha. La rabia se puede tan fácilmente volver una rabia nacionalista, incluso fascista, una rabia que no aporta nada a la creación de un mundo mejor. Es importante entonces tener claro que nuestra rabia no es una rabia contra los alemanes, ni incluso contra Merkel o Sarkozy, o Calderón. Estos políticos son nada más los símbolos arrogantes y miserables del objeto real de nuestra rabia, el dominio del dinero, la subordinación de toda vida a la lógica de la ganancia.

Amor y rabia, rabia y amor. El amor ha sido un tema importante de las luchas que han redefinido el significado de la política en el último año (ver los artículos recientes de Luis Hernández Navarro, Ángel Luis Lara, entre otros). El amor ha sido un tema constante de los movimientos Ocupa, un sentimiento profundo incluso en el corazón de los choques violentos en muchas partes del mundo. Pero el amor camina de la mano con la rabia, la rabia de ¿cómo se atreven a robarnos la vida, cómo se atrevan tratarnos como objetos? La rabia de un mundo diferente creando su camino a empujones a través de la obscenidad del mundo que nos rodea. Tal vez.

Esta irrupción de un mundo distinto no es solamente cuestión de rabia, aunque la rabia es parte de ella. Necesariamente implica la construcción paciente de otra forma de hacer las cosas, la creación de diferentes formas de cohesión social y de apoyo mutuo. Detrás del espectáculo de los bancos en llamas se enuentra un proceso más profundo en Grecia, un movimiento más silencioso, de la gente que se niega a pagar el transporte público, los recibos de luz, las casetas en las autopistas, las deudas bancarias; un movimiento nacido de la necesidad y de la convicción de la gente organizando su vida de otra forma, creando comunidades de apoyo mutuo y cocinas populares, ocupando edificios y terrenos vacíos, creando jardines comunitarios, regresando al campo, dando la espalda a los políticos (que ya no se atreven a mostrarse en las calles) para crear formas de democracia directa para tomar decisiones sociales. Todavía insuficiente, todavía experimental, pero crucial. Detrás de las llamas espectaculares está la búsqueda y la creación de otra forma de vivir que determinará el futuro de Grecia y del mundo. Todos somos griegos.

Atenas despertó ayer bajo una ligera y triste llovizna que parecía lamentar los destrozos causados el domingo durante los violentos disturbios, producidos tras la multitudinaria manifestación que cristalizó el descontento popular por la aprobación del acuerdo con la “troika”. Por las cenizas a las que quedaron reducidos numerosos edificios se adivinaba la creciente rabia que producen entre los griegos los recortes y un acuerdo aprobado por el Parlamento sin prestar oído al pueblo, que según las encuestas es rechazado por el 79 por ciento de la población. El vocero del gobierno, Pantelis Kapsis, anunció ayer que Grecia llamará a elecciones anticipadas “en abril”, tras afirmar que la actual administración “tiene aún un mes, un mes y medio de trabajo por delante”.
 

Especialmente las avenidas que comunican las céntricas plazas de Syntagma y Omonia así como las calles Panepistimiou, Stadiou, Athinas y Ermou amanecieron ayer en un estado ruinoso. El panorama asemejaba la resaca de un bombardeo: verjas metálicas retorcidas por el fuego, cristales rotos, tejados derrumbados y negocios saqueados. Según los datos de los medios griegos, 48 edificios ardieron total o parcialmente, entre sedes bancarias, grandes tiendas y arcadas comerciales. La pérdida más sentida es probablemente la del cine Attikon (1881), situado en un bello edificio neoclásico, que ardió durante horas alimentado por los cócteles molotov y el material inflamable de las butacas y los viejos rollos de películas.
 

Otro cine ardió parcialmente, el ASTY, pagando un alto precio por ser en el pasado un centro de torturas de la Gestapo durante la ocupación alemana en la Segunda Guerra Mundial y lugar simbólico de ira para una sociedad que se siente “vendida” a las presiones de la Alemania de Angela Merkel. Unos 150 negocios vieron también sus productos saqueados y los propietarios se afanaban por limpiar los destrozos y los cristales rotos al inicio de una semana que se prevé será un nuevo quebradero de cabeza para las aseguradoras y un nuevo agosto para los reponedores de vidrieras. Con todo y a pesar de la situación económica crítica por la que atraviesan todas las instituciones griegas, el Ayuntamiento de Atenas prometió a los comerciantes ayuda para reparar los desperfectos. Los disturbios se extendieron incluso a localidades turísticas como Creta, Corfú y Tesalónica.
 

Unas 170 personas resultaron heridas, de los cuales 70 son policías, y se practicaron 130 detenciones, de acuerdo con datos de la policía. Los sindicatos llamaron ayer a protestar contra las medidas que el gobierno acordó con la “troika” (Fondo Monetario Internacional, Banco Central Europeo y Comisión Europea), justo cuando el Parlamento les daba aval a los ajustes. Entre los manifestantes soportando los gases lacrimógenos, marchaban en la plaza Syntagma dos figuras históricas de la izquierda griega: Manolis Glezos, de 89 años, legendario partisano que quitó la bandera nazi de la Acrópolis en 1941, y Mikis Theodorakis, de 86 años, mundialmente famoso por haber compuesto la música del film Zorba el griego.
 

Sobre los próximos comicios, el portavoz del gobierno heleno anunció ayer, ante la insistencia de uno de los miembros de la coalición, la conservadora Nueva Democracia, que habrá elecciones en abril, tal y como estaba previsto. El gobierno socialdemócrataconservador aún posee una mayoría parlamentaria (194 de 300 diputados), pero las dimisiones, expulsiones de diputados contrarios al acuerdo con la “troika” y la salida del ultraderechista LAOS del Ejecutivo han hecho que la coalición perdiese unos 60 escaños en los últimos días, revelándose el enorme desgaste del Ejecutivo de Lucas Papademos.
 

El gobierno de coalición griego se comprometió ayer a aplicar los recortes tal como exige Bruselas: “Sólo si la ‘troika’ certifica que esas reformas se materializarán, podrá considerarse que la situación en Grecia comienza a cambiar y así podrá obtener luz verde para un préstamo de 130 mil millones de euros”, afirmó el ministro de Economía alemán, Philip Rosler.
 

La comunidad indígena Ngäbe Buglé, apoyada por decenas de organizaciones nacionales, comenzó el 31 de enero una fuerte protesta para exigir al gobierno el respeto de un acuerdo que prevé la cancelación de todas las concesiones otorgadas y vigentes a empresas nacionales o extranjeras para la exploración y explotación de los recursos minerales y la construcción de proyectos hidroeléctricos dentro de su comarca.
 
 Pese al acuerdo alcanzado, el Ministro de Comercio e Industria hizo modificaciones al texto acordado y la Asamblea Nacional eliminó el artículo 5 del Código de Minería que regulaba estos aspectos, desencadenando la reacción de las comunidades indígenas y el inicio de varias acciones de protestas y tomas de carreteras.

La Comarca Ngäbe-Buglé ha estado en la mira de varias empresas transnacionales ¹ y del gobierno, de manera particular, por el yacimiento cuprífero del Cerro Colorado -una reserva de cobre estimada en 17.5 millones de kilogramos valorizado en casi 150 mil millones de dólares- y por la construcción de importantes proyectos hidroeléctricos.

La falta de voluntad del gobierno de alcanzar un acuerdo definitivo quedó finalmente demostrada el pasado 5 de febrero cuando, en lugar de reunirse con las comunidades indígenas para buscar una salida negociada al conflicto, prefirió lanzar los cuerpos especiales de la Policía contra los manifestantes en San Félix, Chiriquí.

Igual que en 2010, cuando el gobierno de Martinelli reprimió sin piedad a los trabajadores bananeros en Changuinola, Bocas del Toro, las fuerzas policiales atacaron con perdigones, balas vivas y gas lacrimógena, dejando un saldo de dos muertos -Jerónimo Rodríguez Tugri y Francisco Miranda- y decenas de heridos y detenidos.

“La represión fue preparada muy bien por el gobierno. Dos días antes cortaron las comunicaciones en la zona de la protesta, cercaron a los manifestantes y no se permitió la entrada de alimentos y agua.

Hasta se lanzó una campaña mediática para criminalizar la protesta, aduciendo que habían secuestrado a algunos turistas. Finalmente atacaron y asesinaron”, dijo a Sirel, Alejandro John, secretario general del Sindicato Industrial de Trabajadores de la Fabricación y Comercialización de Bebidas Gaseosas (SITRAFCOREBGASCELIS).

El dirigente informó que su Sindicato respalda la protesta de la comunidad Ngäbe-Buglé frente a la Asamblea Nacional y que va a participar a las movilizaciones previstas para los próximos días.

“Condenamos ese nuevo ataque contra el pueblo, apoyamos la lucha contra la explotación minera, exigimos que se reincorpore el artículo 5 en el Código Minero y el cese inmediato de la represión.

Parece que la trágica experiencia de Changuinola no les ha enseñado nada. Sigue siendo un gobierno de empresarios sin escrúpulos, que sólo piensan en acumular capitales y que no escuchan al pueblo”, afirmó John.

También para Genaro Benett, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Industria del Banano, Agropecuario y Empresas Afines (SITRAIBANA), la situación es grave y merece de toda la atención y la denuncia internacional.

“Vivimos en carne propia lo que está ocurriendo. El 95 por ciento de nuestros afiliados son indígenas y ya hemos iniciado un paro de brazos caídos en respaldo a la lucha de la Comarca Ngäbe-Buglé.

Ha sido una represión salvaje sin mostrar interés alguno por la vida de las personas. Vamos a sumarnos a la gran movilización nacional de mañana, 8 de febrero.

Ahí -continuó el dirigente bananero- vamos a decidir de qué manera continuamos con nuestro respaldo a una lucha que se ha extendido por todo el país, y que debe darse a conocer a nivel internacional” aseguró Benett.

Mientras la noticia de la represión recorre el mundo, una amplia coalición de organizaciones panameñas exigió al gobierno de Martinelli cumplir con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la Ley 41 sobre tierras comarcales y el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales.

Fuente: Rel-UITA

¹ La empresa canadiense Inmet Mining y el consorcio coreano Korea Resources, LS-Nikko Copper y Korea Export Insurance (KEIC). La empresa estadounidense de energía AES.

Luego de un paro que empezó el día 3 de enero y sobre el cual la administración Santos se había mantenido indiferente, la lucha persistente logró acordar la primera reunión con el Gobierno para el próximo martes 17 de enero a las 11 de la mañana en el Ministerio del Medio Ambiente. A esa reunión están citados los representantes de la protesta, algunos senadores, la Contraloría, la Procuraduría y los Ministerios del Medio Ambiente, Interior, Agricultura, Trabajo y Minas. Miller Dussán, unos de los representantes de la protesta, comento: “Están listas las comisiones que viajarán a dialogar en Bogotá, pero este primer diálogo no significa que el paro se detenga”. Además, denunció que la empresa Endesa Engesa está poniendo a los trabajadores en peligro al obligarlos a que busquen otras entradas por el río y se suban por barrancos y piedras para burlar el bloqueo que los manifestantes tienen sobre la entrada a la Represa El Quimbo.

Lucha por el territorio

Recordemos que esta protesta se ha denominado “Paro Regional por la Defensa del Territorio” y se fundamenta en tres puntos principales: primero, que se realice una audiencia pública ambiental que demuestre la inviabilidad del megaproyecto; segundo, que la transnacional Endesa Engesa construya el puente de El Paso del Colegio, que por efecto de las obras se averió desde agosto; y tercero, que se arreglen las vías. Estas vías son afectadas por El Quimbo, las fallas geológicas, el invierno, el abandono y la petrolera Emerald Energy, empresa que obtuvo nuevas licencias para extraer hidrocarburos en el Páramo de Miraflores.

Este paro involucra principalmente a la región centro y occidente del Huila. Su epicentro ha sido el Puente Paso del Colegio, sobre el río Magdalena, en el municipio de Garzón y a la entrada de El Quimbo. Se ha desarrollado con bloqueos complementarios en diferentes puntos y momentos. El tipo de problemática ha hecho que los promotores del paro sean diferentes actores territoriales, como Asoquimbo, el Movimiento Colombiano por la Defensa de los Territorios Afectados, Ríos Vivos, el Consejo Regional del Huila (CRIHU), las Comunidades de Puerto Seco, la Asociación de Aserradores, la Asociación de Pescadores de El Hobo, la Junta de Acción Comunal Matambo, los Municipios del Macizo Colombiano adscritos a Asomac, la Comunidad de La Plata, la Asociación intersectorial de Gigante, Garzón Páramo de Miraflores, la Asociación de Cafeteros, la Asociación de Tabacaleros de Garzón (Asotagar), el Gremio de Transportadores de La Plata, el Comité Cívico por la Defensa del Occidente del Huila, la Asociación de Trabajadores Campesinos del Huila, entre otros.

La inundación se comerá un valle con su gente

Si logran imponer el megaproyecto, será un éxito para la locomotora minero-energética de Santos y para las multinacionales que se lleven las ganancias, mientras que para el pueblo del Huila significará la inundación: desaparecerá un valle con toda su riqueza geográfica, de flora y fauna, arqueológica, agrícola, ganadera, pesquera, de infraestructura, social, cultural y poblacional; desaparecerá un pueblo con su territorio. Será inevitable la destrucción de la estructura económica y social, y el desplazamiento de la población configurará un nuevo mapa del territorio que habrá de caracterizarse por la marginación, como les sucedió a los municipios vecinos cuando se impuso el plan de Betania. Este megaproyecto está ubicado sobre el río Magdalena y al sur de la Represa de Betania, tendrá 55 kilómetros de extensión y un área de embalse de 8.250 hectáreas que afectará directamente a los siguientes municipios: Gigante, 43,91 por ciento; Garzón, 16,76; Altamira, 0,21; Agrado, 37,83; Paicol, 0,04; y Tesalia, 1,25.

Además del gran daño que implica este megaproyecto, la tramitación de su licencia fue propiciada por el ex presidente Álvaro Uribe, violando la legislación de una manera muy descarada. La Defensoría del Pueblo tiene reparos sobre la licencia ambiental, la Contraloría está iniciando investigaciones preliminares y cursa una demanda ante el Consejo de Estado, además de otras iniciativas. Miller Dussán ha dicho que la gente no cree mucho en la palabra del Gobierno y que, si éste no cumple, podrán venir nuevos momentos de la protesta, como marchas hacia y Bogotá.

El Cairo, 21 de noviembre. El gabinete egipcio ofreció su renuncia la noche de este lunes, al continuar los disturbios que han vuelto a convertir partes del centro de esta capital en campo de batalla. Al menos 33 personas han muerto, mil 700 han resultado heridas, y la viabilidad de las elecciones de la semana próxima se ve amenazada.


Jóvenes que arrojaban piedras se enfrentaron con la policía antimotines fuera de la Universidad Americana, cerca de la plaza Tahrir (Libertad), mientras cientos de manifestantes gritaban consignas en reclamo de la caída del mariscal de campo Mohamed Hussein Tantawi, líder de facto del país.


“El ejército está en guerra con el pueblo egipcio –afirmó Mustafá Karim, uno de los manifestantes–. El pueblo no confía en el mariscal de campo ni en el gobierno.”


Los manifestantes obtuvieron una victoria al menos parcial con la oferta de renuncia del gabinete, luego de la salida del ministro de Cultura, Emad Abu Ghazi. Un grupo de diplomáticos emitió un comunicado en el que condena la forma en que se han manejado las protestas recientes. Hubo versiones contrapuestas sobre si la renuncia había sido aceptada.


Los problemas de la noche del lunes vinieron después de horas de confrontaciones sangrientas que se extendieron desde la noche del domingo hasta las primeras horas de la mañana siguiente.


Médicos voluntarios que trabajan en pabellones improvisados cerca de la plaza Tahrir se esforzaban por atender a cientos de activistas gravemente heridos que eran llevados desde el frente de lucha.


Uno de los médicos, Haytham Magdy, informó haber visto un manifestante al que un vehículo le pasó encima de la cara. “Creo que debió de haber sido un vehículo militar –dijo–. Los huesos del rostro estaban destrozados.”


En algún momento la policía pareció abrir fuego en dirección de los manifestantes; trozos de ladrillo salieron girando de un conjunto de apartamentos. Luego se vio a un grupo de cinco activistas correr por un callejón oscuro llevando a un hombre de edad mediana que cojeaba; un chorro de sangre le caía del lado izquierdo de la boca.


El doctor Magdy dijo haber visto también el cadáver de una persona que parecía haber recibido un balazo en el bazo. Las autoridades han negado que usen municiones de verdad.


"Todo lo que pedimos es nuestra libertad", expresó Hassan Hani, ingeniero mecánico de 20 años que se manifestaba en la plaza, escenario de violentos choques en meses anteriores que llevaron al derrocamiento del presidente Hosni Mubarak. "El Consejo Militar tuvo la oportunidad de ganar nuestra confianza, pero la desperdició."


La cadena de violencia comenzó la mañana del sábado, cuando unas cuantas decenas de activistas fueron arrestados y golpeados luego de pasar la noche en la plaza Tahrir.


Desde entonces se han subido a la Internet videos perturbadores. En uno, soldados y policías golpean a un hombre ya inconsciente. En otro, un manifestante al parecer sin vida es arrastrado por la plaza y arrojado junto a un montón de otros cuerpos.


Durante meses, activistas y ONG han acusado a los militares de abusar de su posición, utilizando tribunales castrenses para juzgar a civiles y prevaricando sobre la fecha de elecciones presidenciales.


Un informe de Aministía emitido este lunes sostuvo que los generales que gobiernan Egipto han restaurado el poder dictatorial para sus propios fines y son culpables de "aplastar" la revolución de febrero.


También existen dudas y confusión sobre la viabilidad de elecciones parlamentarias, las cuales el Consejo Militar aún insiste en que se realizarán la semana próxima.


Algunos partidos políticos han suspendido campañas y llaman a posponer los comicios. Shaheer George, del Partido Libertad Egipto, de tendencia liberal, cuyos candidatos han detenido sus campañas, señaló que las elecciones deben posponerse y demandó la renuncia de los ministros del Interior y de Medios.


Por Alastair Beach
The Independent

Traducción: Jorge Anaya

En medio de un mar de multinacionales, cientos de trabajadores petroleros reivindican sus derechos, así como la legislación vigente en Colombia, la misma que debiera hacer cumplir el propio gobierno. Puerto Gaitán (Meta) es el epicentro de la movilización que recuerda otras épocas y otras historias.

Sucede en Puerto Gaitán (Meta). Desde el pasado 20 de junio, 1.100 trabajadores de la empresa contratista Montajes J.M., que trabaja para la petrolera Cepscolsa (con el 70 por ciento del contrato), esta última socia de Ecopetrol S.A. (con el 30 por ciento del contrato) y filial de la petrolera española Cepsa, pararon sus actividades y se declararon en asamblea permanente, la misma que se mantiene hasta el momento de escribir esta nota (julio 13).

El suceso asombra por lo novedoso: trabajadores en movilización defienden sus derechos, sin dejarse amilanar por los poderes reales que se ejercen sobre el territorio donde laboran. Son obreros sin experiencia de organización ni lucha sindical y mucho menos política, que ahora sufren en carne propia el irrespeto de sus derechos laborales, consignados en la legislación vigente (ver recuadro “Irrespeto a lo acordado…”).

El conflicto que conmociona a esta región llanera no es nuevo. Es una constante que recrea la cotidianidad del lugar, ahora con nuevas formas, pues los irrespetados ganan conciencia sobre sus derechos y sus potencialidades. En otros momentos, a pesar de intentar acciones semejantes, se vieron burlados a mitad de camino por el ‘inexplicable’ retiro de algunos impulsores, entre ellos algunos líderes de Asojuntas (Asociación de Juntas).

Dilaciones y complicidades

Tal vez esa misma realidad de indecisiones y burlas multiplicó la confianza de la patronal para proseguir en el irrespeto, hasta el 20 de junio pasado, cuando la taza se llenó. Los inconformes bajan los brazos, paran las máquinas, se reúnen, conversan, opinan, exigen. Ahora son un colectivo fuerte.

Día histórico para quienes apenas empiezan a ver la importancia de hacerse colectivo y reconocerse como clase. Al día siguiente hace presencia la USO (Unión Sindical Obrera), y para el día 23 Cepcolsa, amparada en las sempiternas razones de seguridad –sin apoyo legal, pues no hay memorandos o quejas al respecto–, le suspende el contrato a la compañía contratista J.M. S.A., decisión aceptada con mansedumbre y diligencia por Ecopetrol S.A.

La tensión se incrementa. Ese 23 de junio la USO se contacta con el Ministerio de la Protección Social, que envía un funcionario para analizar la situación. Las partes de reúnen y acuerdan encontrarse en Bogotá el 28. Contra lo esperado, Cepcolsa no asiste, lo que obliga a programar una nueva cita para el día siguiente, esta vez en Villavicencio. De nuevo suena la misma música: Cepcolsa persiste en no hacer presencia. Como si fuera poco, en medio de la reunión, que se hace a pesar de la ausencia de una de las partes, se descubre que un asistente es agente infiltrado de la Policía Nacional: J.M. dice que el agente es parte de su seguridad, pero éste desmiente y asegura estar allí para evitar protestas sociales. El Ministerio dice que ellos no estaban enterados. La reunión se cierra sin acuerdo.

El tiempo pasa, las empresas dilatan, pero los obreros están activos. Ya se han hecho sentir, y ahora, cuando el calendario indica ya es 6 de julio, deciden marchar desde la cabecera municipal hasta el pozo petrolero Jaguar: protesta sencilla, derecho humano ejercido en colectivo, pese a lo cual, cuando avanzan a la altura del kilómetro 4, el Estado (que debiera protegerlos) se hace sentir: el Esmad, con su parafernalia de intimidación y abusos, cierra el paso e intimida con gases y garrote. La marcha se interrumpe, no así el bloqueo de la vía, logrando interrumpir durante todo el día el paso de petróleo cargado por carrotanques. Un toque de queda, decretado por la Alcaldía, obliga a la población a recogerse temprano.

Obreros, más indígenas, más comunidad…

El efecto de la protesta se extiende. Indígenas y población urbana también plantean sus reivindicaciones, lo que obliga a una reunión de la USO, representantes de la comunidad, voceros de los nueve cabildos indígenas de la región (de las etnias Sicuani, Piapoco y Sáliba), el Gobernador, el Alcalde, el vocero departamental de la CUT, el cura y la fuerza pública.

En esta reunión se pone en cuestión el papel de las petroleras, los problemas sociales acumulados en la región y la necesidad de buscarles solución. El primer logro fue contactar vía telefónica –por mediación del Gobernador– a las empresas, las cuales aseguraron que responderán por los aspectos laborales de ley; el segundo logro –el acuerdo– fue trabajar para instalar una mesa regional con la participación de las petroleras, los pueblos indígenas, la comunidad, la USO, las autoridades políticas y los gremios.

Hay otras inquietudes: que las multinacionales se comprometan a respetar la legislación laboral y los derechos sindicales; que se unifiquen criterios regionales y nacionales respecto a los parámetros laborales de la industria petrolera y se defina el sueldo petrolero; que las empresas asuman la responsabilidad social empresarial; y que en lo municipal y lo departamental haya soluciones para los graves problemas reinantes.

Se ventila, además, la necesidad de un encuentro de alcaldes y gobernadores de las zonas petroleras, y la aplicación de una política pública de empleo. El Gobernador estuvo de acuerdo con la USO respecto a que no es aceptable, de parte de Cepcolsa, retirarle el proyecto a J.M. por razones de ‘seguridad’, y enfatizó que, si hay problemas, se les brindará la seguridad necesaria. Finalmente, expresa que si las multinacionales no asumen compromisos él se vería obligado a cerrar las vías para que no pasen los carrotanques y la maquinaria pesada, como lo hizo el gobernador del Casanare en noviembre de 2010 para presionar a las empresas a participar en una discusión sobre regalías.

Sin perder el paso

Pocos días después, el 11 de julio, se acordó una reunión en el Ministerio del Interior para discutir con las empresas, y ese mismo día los trabajadores y las comunidades indígenas realizaron una marcha por el casco urbano del municipio. El ambiente genera confianza entre los manifestantes, y los trabajadores mantienen la asamblea permanente hasta cuando se concrete una respuesta positiva a las demandas. Sin embargo, una solución para estos 1.100 trabajadores es sólo una parte de lo que se requiere en la región, pues en situación similar está el resto de trabajadores de la zona, entre ellos los 12.800 de la canadiense Pacif Rubiales. Además, no hay que olvidar la problemática que agobia a las comunidades indígenas y al resto de la población que habita en el ahora crecido Puerto Gaitán.

Con 20 días de conflicto a cuestas, con la presión de la policía encima, con las dilaciones de la patronal, con la actitud ‘pasiva’ de Ecopetrol, con el ambiente caldeado en el municipio, todo indicaría que el ánimo de los inconformes está menguado; pero no es así: el ambiente colectivo, de solidaridad y clase, se impregna como el crudo en las manos y la ropa del obrero. Cada día llegan más trabajadores a llenar el formulario de sindicalización. El giro, sin duda, es a favor de los trabajadores.

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Recuadro 1

La mentalidad antisindical

Según Rodolfo Vecino, presidente de la USO, Montajes J.M. expresó que Cepcolsa les prohibía sentarse con el sindicato; también manifestó que a la empresa no le preocupaba tanto el problema salarial como el aspecto político de la sindicalización. Esta actitud antiorganizativa no es patrimonio de Cepcolsa sino una característica generalizada entre las empresas del sector, las cuales acuden a la artimaña de suspender el contrato cuando los trabajadores reclaman sus derechos. Pasados unos días, los buscan de nuevo pero bajo la condición de que no se sindicalicen y no protesten. Veamos los siguientes ejemplos:

–En septiembre de 2010, en Monterrey (Casanare), Ecopetrol quiso liquidar el contrato que tenía con G.P.I., encargada de construir unos tanques de almacenamiento. Ello sucedió cuando los trabajadores expusieron sus reivindicaciones, pero al final se logró un acuerdo.
–En marzo de 2011, en la estación de Chichimene, en el municipio del mismo nombre, en el departamento del Meta, la empresa contratista Maco Servinci, al servicio de Ecopetrol, estaba construyendo un cuarto y laboratorios, y cuando sus 47 trabajadores plantearon sus reivindicaciones, fueron despedidos y la petrolera nacional pidió cancelar el contrato con tal empresa.
–A principio de este año, también en Monterrey, la empresa Ocensa intentó cancelarle el contrato a la contratista SNC Lavalin a causa de las reivindicaciones de los trabajadores. La lucha se inició en la planta El Porvenir y se extendió a Miraflores, Caucasia, Coveñas y Bosconia. Luego de casi un mes, los trabajadores lograron sus reivindicaciones.

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Recuadro 2

Puerto Gaitán, con rostro de economía de enclave

Puerto Gaitán es un municipio ubicado al oriente de Villavicencio, a tres horas por carretera pavimentada. Su población pasó en 10 años de 5.000 a 15.000 habitantes, más la población flotante.

Su nombre hace honor al líder liberal Jorge Eliécer Gaitán, asesinado el 9 de abril de 1948. Desde el puente construido sobre el bello río Manacacias, se desprende una carretera rojiza de la cual se levantan nubes de polvillo que se confunden con el sudor de los trabajadores y el ruido de los carrotanques. A lo lejos, las curvas del trayecto se ven como venas abiertas, como aquellas que desangraron a Nuestra América.

Pasan y pasan. Últimamente, este puerto es reconocido porque a la entrada hay un arco gigante que infortunadamente simboliza lo que acontece en el lugar. Como en una avenida de gran ciudad, día y noche pasan y pasan cientos de carrotanques cargados de crudo, volquetas y ágiles y pomposas camionetas. Allí las calles son recorridas constantemente por hombres cargados con sus maletas, procedentes de diferentes lugares del país.

La vida de este municipio llanero está definida por las petroleras, con el agravante de la presencia paramilitar. En su entraña se constituye una estructura social como un círculo vicioso, donde la población carece de capacidad organizativa y autonomía, y es remplazada por Asojuntas.

Varias petroleras hacen presencia en la zona: Pacific Rubiales Emergy, Cepcolsa, Hocol y Ecopetrol S.A. Para éstas trabajan, entre otras, empresas contratistas y subcontratistas como Montajes J.M., ODL, Schrader-Morelco, que agrupan en labor directa a unos 20.000 trabajadores, los mismos que viven en términos laborales como en repúblicas independientes, La producción diaria alcanza a 200.000 barriles, y los posos en producción son Caracara, Toro Sentado, Jaguar, Ocelote y Campo Rubiales.

Como toda economía de enclave, de la cual hay signos notables en la región, se dice que a campamentos como Rubiales no se puede ingresar ni salir sin previa autorización. Algunos trabajadores se quejan del reglamento interno, que regula hasta la afeitada constante.

En la zona se producen 200.000 barriles de petróleo diario que salen por tubería y en carrotanques que cruzan sin descanso por el municipio. El hecho de que la zona sea petrolera hace que la inmigración contribuya al agravamiento de problemas de vivienda, servicios, educación, salud, inseguridad, prostitución, desempleo, desarraigo, costo de vida, etcétera.

Carlos Andrés Pérez, de Monterrey (Casanare), dice: “Muchos van de lado a lado en busca de que las petroleras los empleen, sin pensar mucho en que el trabajo que se consigue es temporal. Es marcado el aumento de problemas como la prostitución. Además, el arriendo de un apartamento pequeño puede costar hasta 500 mil pesos mensuales y la gente se acostumbró a vivir pendiente de que le den trabajo en la petrolera”.

Uno de los problemas que más afectan a los lugareños de Puerto Gaitán o zonas cercanas es que el 70 por ciento de los empleos está en manos de foráneos, cuando la prioridad debiera ser para los locales, exceptuando obviamente la mano de obra calificada.

En virtud de la “responsabilidad social”, las petroleras han designado a Asojuntas como representante de la comunidad para que asigne los empleos. Este poder de Asojuntas le permite definir quien tiene o no tiene empleo en Puerto Gaitán. Es vox populi que la mediación de Asojuntas favorece a quien pague hasta 400 mil pesos por un puesto de trabajo empleo, lo mismo que a quien sea funcional para los intereses de las petroleras.

Como regalías, Puerto Gaitán recibe anualmente $ 138’000.000, los cuales no se ven por lado alguno. La reciente reforma aprobada sobre estos recursos los pasa de los entes municipales y departamentales a un fondo nacional. Esta disminución de los dineros deja en la incertidumbre a los municipios que dependen de los mismos. No hay que olvidar que hacia 2002 el Gobierno, para atraer inversión extranjera, pasó de cobrarles a las multinacionales un 20 por ciento de regalías para aplicar un 11, y ahora les quitará a las regiones parte de las regalías, en vez de cobrarles a las petroleras aquel 20 por ciento. En estas circunstancias, sin duda, los problemas que padecen los habitantes del municipio se agravarán.

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Recuadro 3

Irrespeto a lo acordado y jornadas hasta de 18 horas

–    Incumplimiento del turno 21-7 (21 días trabajando de corrido y siete días de descanso), cambiado unilateralmente por otros turnos como 28-7 u otros que pueden llegar hasta los 40 días seguidos sin descanso.

Para el irrespeto, la empresa parte de conocer que los trabajadores proceden en su mayoría de otras regiones del país, lo que les dificulta viajar a sus casas cada 21 días.

Hay que tener en cuenta que las jornadas de trabajo son extensas. Los trabajadores que deben desplazarse cada día a los campamentos tienen que levantarse muy temprano para acometer trayectos de dos, tres o más horas en bus. Por el estado de las carreteras, en temporada invernal el transporte se complica, debiendo llegar a sus sitios de labor incluso a pie. De este modo, no es raro toparse con jornadas hasta de 18 horas diarias. Quienes proceden de otras regiones viven concentrados en los campamentos todos sus días de turno.

–    No pago de salarios a trabajadores en período de prueba.
–    Incumplimiento, desde hace dos meses, del pago salarial a un grupo de trabajadores de la cooperativa de conductores (empresa subcontratista).
–    Casos de pérdida del sueldo de trabajadores de las cuentas bancarias.
–    Desconocimiento del pago de bonos prometidos a los trabajadores.
–    Condiciones insalubres y antihigiénicas de los alojamientos.
–    Discriminación en el salario y la duración del contrato entre los trabajadores de la región y los que vienen de otras regiones.
–    Cambio unilateral de las condiciones del contrato.
–    Trabajadores obligados a desarrollar actividades por completo diferentes de las que fueron contratados.
–    Trabajadores sin afiliación social luego de tres meses o más de empleo.

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