El miércoles pasado arrancó en Guantánamo el juicio a los terroristas acusados por los atentados del 11/9 del 2001. Son cinco y enfrentan la pena de muerte. El importante se llama Khalid Sheik Mohammed, quien confesó haber planeado y dirigido “de la A a la Z” el ataque coordinado en el que murieron cerca de tres mil personas. Los otros cuatro están acusados de adiestrar o ayudar de alguna manera a los suicidas que estrellaron dos aviones de línea cargados de pasajeros en las Torres Gemelas de Nueva York y un tercero en el Pentágono, mientras que un cuarto avión fue derribado por los propios pasajeros en Pennsylvania cuando se dirigía al Capitolio o la Casa Blanca.

Al menos ésa es la verdad histórica que busca establecerse con el procedimiento que acaba de empezar el miércoles con la presentación de los fiscales militares anunciando que están listos para empezar el juicio. Esto le da al juez militar treinta días para llamar a audiencia para la presentación formal de los cargos. El momento elegido por el Departamento de Defensa del gobierno de Barack Obama coincide con la campaña electoral en la que el presidente buscará su reelección en noviembre. Servirá para recordar uno de los mayores logros que se adjudica Obama, el haber conseguido matar a Osama bin Laden, supuesto jefe de Mohammed y de los pilotos suicidas. Bin Laden, el líder de la red terrorista Al Qaida, habría aprobado y ayudado a financiar el atentado luego de reunirse varias veces e intercambiar correspondencia con Mohammed, según documentos secuestrados cuando se detuvo al acusado en Pakistán en el año 2003, y que forman parte del expediente.

Mohammed es un buen candidato para lo que se le acusa de hacer. Ostenta una larga trayectoria de actividades terroristas. Ha pasado por todos los puntos calientes del planeta, desde Filipinas hasta Afganistán, desde Yemen a Qatar. Tuvo un rol en el anterior atentado a las Torres Gemelas y ha sido acusado por distintos países de cometer brutalidades varias, incluyendo la decapitación filmada y transmitida por YouTube del periodista del Wall Street Journal Daniel Pearl. Aun antes de ser detenido Mohammed se había adjudicado el atentado en una entrevista con la cadena Al Jazeera. El informe de la Comisión 11-S del Congreso estadounidense no duda en señalarlo como el organizador y principal responsable de los atentados.

El problema es que el juicio se va a hacer en Guantánamo, con todo lo que eso significa. Significa que el juicio más esperado, el más importante, el que debía cerrar uno de los capítulos más dolorosos de la historia estadounidense, se va a hacer en el extranjero, en un lugar semisecreto, bajo reglas que nunca se usaron. Porque no van a ser juzgados en las cortes federales estadounidenses que ya habían juzgado a cientos de terroristas domésticos y foráneos. Tampoco serán juzgados por la Justicia militar ordinaria, ya que nunca fueron reconocidos como combatientes enemigos según la convención de Viena. Serán juzgados por una “comisión militar” con su propio librito de lo admisible e inadmisible y lo punible y no punible. Las comisiones militares fueron creadas especialmente por el gobierno de George W. Bush como un sistema judicial adaptable a las nuevas metodologías de la Guerra al Terrorismo, o sea la tortura y el secuestro. Obama las mejoró un poco, pero las comisiones militares siguen siendo eso: organismos ad hoc con reglas ad hoc, básicamente creadas para condenar a prisioneros que han sido torturados y privados de sus derechos. Según admitieron la propia CIA y el Departamento de Defensa en documentos oficiales, Mohammed fue sometido a 183 sesiones de submarino mientras confesaba su participación en 31 grandes complots terroristas, un record difícil de creer aún para un agente operativo de su talla.

Como era de esperarse, los organismos de derechos humanos estadounidenses no se alegraron con el anuncio del miércoles.

“La administración Obama está cometiendo un error terrible al llevar al juicio por terrorismo más importante de nuestro tiempo a un sistema de justicia de segundo nivel. Cualquier veredicto que salga de las comisiones militares de Guantánamo estará teñido por un proceso injusto y por la política que equivocadamente arrancó estos casos de la Justicia federal, que ha manejado con éxito y seguridad cientos de juicios por terrorismo”, declaró en un comunicado Anthony Romero, director ejecutivo de la Unión por las Libertades Civiles de Estados Unidos (ACLU, siglas en inglés).

“Aquellos que se complotaron para hacer los ataques del 11-S deben ser juzgados por sus crímenes. Las familias de las víctimas del 11-S merecen justicia, así como todos los estadounidenses. Lo que no se merecen los estadounidenses es un juicio estilo hágalo-usted-mismo ante un tribunal en el que las reglas están bajo constante escrutinio y revisión”, dice el comunicado de Human Rights First firmado por Dixon Osburn.

El problema es el miedo. Un miedo casi irracional que llevó al Congreso a pasar una ley en el 2010 que hace prácticamente imposible que los prisioneros de Guantánamo sean juzgados en Estados Unidos, o tan siquiera que pisen suelo estadounidense. Lo irracional es que desde el 2003 a esta parte Estados Unidos ha transferido casi 600 prisioneros de Guantánamo a distintos países de cuatro continentes, pero no ha permitido que ninguno ingrese a Estados Unidos, ni siquiera para pudrirse en una cárcel de máxima seguridad. Según los archivos filtrados por Wikileaks, la decisión de Estados Unidos de no recibir a ningún graduado de Guantánamo aparece una y otra vez en las quejas a las embajadas cada vez que Washington le pide a algún gobierno amigo que se hagan cargo de algún prisionero de la base.

El miedo no es sólo de Obama. Por Guantánamo pasaron cerca de 800 prisioneros y en su pico, allá por el 2003, la cárcel llegó a albergar a cerca de 600. Algunos eran terroristas, otros habían caído ahí medio de casualidad, muchos habían pasado por cárceles clandestinas de la CIA en otros lugares, todos habían sido torturados. Cuando empezaron la críticas Bush empezó a sacarse de encima a los casos más vergonzosos, mandándolos de vuelta a su país de origen. Cuando asumió Obama en enero del 2009 quedaban unos 242, ahora son 171.

En su segundo día de gobierno, en cumplimiento de una de sus principales promesas de campaña, Obama firmó una orden ejecutiva ordenando el cierre de la base en un año. En esa orden instruyó al fiscal Eric Holder a que separe la población carcelaria entre prisioneros de bajo riesgo que serían enviados a terceros países, y prisioneros de alto riesgo que serían juzgados. Entre estos últimos ordenó a Holder discernir quiénes serían juzgados en Estados Unidos por la Justicia federal y quiénes, por las características especiales de sus casos, serían juzgados por comisiones militares. Al mismo tiempo Obama le ordenó al fiscal general que remozara y mejorara garantías del acusado en el sistema de comisiones militares para que los testimonios obtenidos bajo tortura no sean admisibles.

Holder hizo todo eso, aunque los críticos señalan que las reglas de evidencia de las comisiones siguen siendo demasiado laxas comparadas con las del sistema federal y que permitirían, a través de dichos de terceros, la introducción de información obtenida bajo tortura. Holder también mandó a un “equipo limpio” de interrogadores a Guantánamo para que Mohammed confiese otra vez lo que había dicho bajo tortura. Un año más tarde Holder anunciaba que el juicio por el 11-S se haría en una Corte federal de Nueva York, al tiempo que retiraba los cargos militares que pesaban en contra de Mohammed y sus codefendidos. Bueno, no pudo ser. Todos los políticos de Nueva York se pusieron en contra. El alcalde Bloomberg dijo que el juicio era “demasiado costoso y peligroso” como para hacerse en su ciudad. El Congreso pasó una ley prohibiendo al Pentágono a gastar dinero en traslados de prisioneros de Guantánamo a los Estados Unidos, con lo cual cerró la discusión.

Obama se agarra de eso para culpar al Congreso por no haber cumplido su promesa. Esta semana volvió a decirlo en sus discursos de campaña, al tiempo que volvió a prometer que cerrará Guantánamo, esta vez sin plazo, sino “en un tiempo indefinido”. Pero fue Obama quien firmó esa ley que prohíbe el traslado de los prisioneros de Guantánamo, podría haberla vetado. En vez de eso se puso a tono con los tiempos y le dio para adelante con los comisiones militares, donde no corre riesgos de que algún jurado se deje impresionar por las torturas aplicadas a los acusados. Entonces los cargos militares contra los acusados por el 11-S fueron restituidos y esta semana arrancó el proceso judicial. Igual, Mohammed y sus cuatro presuntos cómplices ya dijeron que se quieren declarar culpables y que desean que los maten, así pueden empezar su martirio de una buena vez.

Pero aun así, presos, torturados y prácticamente condenados a muerte, estos tipos le meten miedo a un país que hasta hace muy poco se creía invencible.

Cuando asumió Obama cuatro años atrás, poco más de la mitad de los estadounidenses apoyaba el cierre de Guantánamo. Hoy el sesenta por ciento quiere que siga abierta. Mitch McConell, jefe de la bancada republicana en el Senado, declaró hace poco que le gustaría ver un crecimiento en la población carcelaria de la base, hasta llegar a más o menos ochocientos presos. Bermuda, Bulgaria, Palau y Portugal han aceptado recibir prisioneros de Guantánamo, pero Estados Unidos no se anima. El juicio por el 11-S no será televisado en directo como nuestro Juicio a la Juntas. Eso es sí que es miedo.

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La lista más reciente de organizaciones terroristas extranjeras establecida por el Departamento de Estado incluye a 50 activas en cinco continentes, algunas prácticamente desconocidas o sin presencia mediática (www.state.gov, 27-1-12). El Mujahidin-e-Kahlq, es decir, la Organización de los mujahidines del pueblo iraní (MRK, por sus siglas en inglés), figura en el vigésimo noveno lugar y tal vez mereciera un ascenso. Seymour M. Hersh, Premio Pulitzer de periodismo, acaba de revelar que el Comando Conjunto de Operaciones Especiales de las fuerzas armadas de EE.UU. (JSOC, por sus siglas en inglés) comenzó a entrenar a miembros del MEK en el 2005 (www.newyorker.com, 6-4-12). El Departamento de Estado había agregado la organización a su lista negra en 1997.

El MEK tiene un curioso origen: un grupo de estudiantes iraníes de ideas marxistas-islamistas lo fundó en 1965, emprendió la lucha armada contra el sha, en el ’79 se unió al ayatolá Khomeini, en 1981 enfrentaba a tiros a la Guardia Revolucionaria Islámica del gobierno y sus miembros se refugiaron en Irak cuando Saddam Hussein lanzó la guerra contra Irán. La organización se declara ahora en estado de lucha pacífica contra Teherán y forma parte del opositor Consejo nacional de resistencia iraní. Pero hay dudas sobradas sobre su pacifismo.

Oficiales de JSOC entrenaron a miembros de la MEK en un campo del Departamento de Energía, ubicado a unos 100 km al noroeste de Las Vegas, que había sido utilizado para realizar pruebas nucleares. En el 2002 –señala Seymour Hersh– “la MEK ganó cierta credibilidad internacional porque dio a conocer públicamente –y con exactitud– que Irán había comenzado a enriquecer uranio”. A partir de ahí, la organización estrechó sus relaciones con los servicios de inteligencia occidentales y el JSOC comenzó a operar en territorio iraní luego del derrocamiento de Saddam Hussein en el 2003. Financió a varios grupos opositores a Teherán para reunir inteligencia sobre su programa nuclear y llevar a cabo operativos terroristas.

“La MEK, de un modo u otro, logró recursos, armas, información. Algunas operaciones encubiertas continúan hoy en Irán con el apoyo de EE.UU., según funcionarios y ex funcionarios de inteligencia y asesores militares”, anota Hersh.

La organización terrorista tiene defensores de alto nivel, tanto republicanos como demócratas: varios ex funcionarios importantes hablan a favor de la MEK, aunque no gratis, y entre otros: los ex directores de la CIA James Woolsey y Porter Goss, el ex secretario de Seguridad Interior Tom Ridge, el ex representante de EE.UU. ante la ONU John Bolton, los ex gobernadores de Vermont Howard Dean, y de Pennsylvania Ed Rendell, el ex director del FBI Louis Freeh, el ex alcalde de Nueva York Rudolph Giuliani, el ex fiscal general Michael Mukasey (www.democracynow.org, 10-4-12). Pese a tales influyentes, el Departamento de Estado no ha borrado a la MEK de la lista de organizaciones terroristas.

Esto implicó guardar el mayor de los secretos sobre el entrenamiento de sus hombres en Nevada, que recorrieron largas distancias del desierto y escalaron montañas. También se les enseñaron técnicas de comunicación en el combate. Esta actividad, siempre a cargo de oficiales del JSOC, cesó antes de que el presidente Obama ocupara la Casa Blanca, pero la relación con el grupo continúa.

“Está muy claro que EE.UU. sigue involucrado, al igual que Israel”, afirmó Hersh. Dos altos funcionarios del gobierno estadounidense indicaron a la NBC que el asesinato de cinco científicos nucleares iraníes desde el 2007 fue obra de la MEK, “financiada, entrenada y armada por el servicio secreto israelí” o sea, el Mossad (//rockcenter.msnbc.msn.com, 8-2-12). Son operativos que cuentan con información de la CIA y demás agencias de inteligencia de EE.UU., sólo que ahora “todo lo que se hace dentro de Irán lo hacen los intermediarios”, manifestó a Hersh “un asesor de la comunidad de operaciones especiales”.

Las estrategias de Washington gozan de la particular facultad de convertir a aliados en enemigos y viceversa. Apoyó a los talibán para derrotar al invasor soviético y luego invadió Afganistán para derrocar al gobierno talibán. No ahorró dinero ni armas, incluidas las biológicas, para que Saddam Hussein venciera a Irán en la guerra que el dictador iraquí desatara en los años ’80, pero invadió Irak y acabó con el régimen y la vida de Saddam Hussein. La CIA entrenó a Osama bin Laden –a quien Ronald Reagan calificó de “luchador por la libertad”– y se convirtió en el antagonista más criminal de EE.UU. W. Bush lanzó la ofensiva mundial contra el terrorismo y bajo su gobierno y en su país se entrenaron los terroristas de la MEK. Todos estos movimientos de ida y vuelta tienen una explicación, pero qué siniestra es.

De acuerdo con la Comisión Ética Internacional de la Verdad de los Crímenes de Estado en Colombia, el balance de la situación de los derechos humanos en el año transcurrido continúa siendo muy negativo. A pesar del gran despliegue mediático dado a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, que entró en vigor este primero de enero, la cual, según el presidente Santos, es única en el mundo porque se da en el marco de un conflicto armado existente, la realidad para las comunidades y las víctimas que la comisión ha acompañado en este proyecto de memoria y resistencia no ha cambiado sustancialmente: en 2011 se ha asesinado a más de 20 líderes en procesos de restitución de tierras, y entre julio de 2010 y mayo de 2011 se registran 255 agresiones contra defensores de los derechos humanos. De éstas, 54 fueron asesinatos, según el Informe del sistema de información sobre agresiones a defensoras y defensores (SIADDHH), del Programa Somos Defensores de Colombia.
 

Desde la sociedad civil hay múltiples críticas a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras: las indemnizaciones sólo se dan por hechos ocurridos a partir de 1985, mientras el derecho a la restitución de tierras se ejerce sólo para desplazamientos ocurridos a partir de 1991. Existe además una argucia jurídica que impide el retorno de los despojados a sus terrenos, que se estima integran al menos 6.8 millones de hectáreas, según el Proyecto de Protección de Tierras y Patrimonio, y afectan a más de 4 millones de personas: si estas tierras han sido ocupadas de “buena fe” por empresarios agroindustriales, los desplazados sólo recibirán del dueño actual una suma mensual por el usufructo. Asimismo, no se tienen previstas medidas específicas para las miles de víctimas de desaparición forzada. Quien recibe indemnizaciones renuncia a su derecho a la reparación integral en el ámbito internacional. Además, no están incluidas las víctimas de los grupos paramilitares actuales, con el argumento de que se trata de “bandas criminales”.
 

Que el gobierno de Santos reconozca que existe un conflicto armado interno fue valorado como un avance relativo; sin embargo, llevó a que muchos crímenes cometidos se subsuman ahora en el “conflicto interno”, ocultando que en la mayoría de los casos se trata del terrorismo de Estado que ha venido padeciendo Colombia en agravio de una población civil indefensa y opositores políticos al régimen.
 

Este reconocimiento del conflicto armado interno se aprovecha para presentar en el Congreso iniciativas legislativas que pasan como “marco legal para la paz” y que si se reforma la Constitución darían lugar a que el gobierno pueda dar “un tratamiento diferenciado para las distintas partes que hayan participado en las hostilidades”, incluyendo los militares, para quienes se plantean penas máximas de cinco a ocho años, como se aplicó a “los grupos armados al margen de la ley” cubiertos por la mal llamada Ley de Justicia y Paz, siendo entonces un nuevo instrumento de impunidad disfrazado de mecanismo de justicia en pro “de la paz y la reconciliación”.


La ley 1424 de 2010, que provee de un marco jurídico para resolver la situación judicial de más de 24 mil paramilitares desmovilizados que no cometieron delitos de lesa humanidad y no fueron incluidos en el proceso de la Ley de Justicia y Paz, es otro dispositivo de impunidad. Esta ley prevé que los desmovilizados sólo serán imputados del delito de concierto para delinquir, se les suspenderán órdenes de captura y condenas vigentes y a cambio deberán contribuir a la “construcción de la verdad”, en un mecanismo que no tendrá consecuencias jurídicas ni penales, inciso que fue declarado condicionalmente exigible por la Corte Constitucional, posibilitando finalmente consecuencias jurídicas para terceros, menos para los integrantes de su propio grupo, y suscribir compromisos con los programas de reintegración ofrecidos por el Estado. La información entregada por los paramilitares (y teóricamente los guerrilleros), que no aclara cómo será verificada, será sistematizada por el Centro de Memoria Histórica creado por la Ley de Víctimas. Ésta es la propuesta estatal de una supuesta Comisión de la Verdad para Colombia, que en los hechos será nutrida por declaraciones de paramilitares.
 

Preocupa igualmente el debate sobre la ampliación del fuero militar. Si bien el ministro de Justicia afirma que esa ampliación no se aplicaría a violaciones de los derechos humanos, se propone que sea primero la justicia penal militar la instancia que decida si se trata de un delito cometido en el marco del servicio o de una violación a los derechos humanos. Las muy pocas condenas ejemplares de 25 y 30 años contra altos mandos por violaciones a los DDHH, como en los casos de las desapariciones forzadas del Palacio de Justicia o la masacre de Mapiripan, difícilmente se darán en el espacio de la justicia penal militar.
 

La campaña de estigmatización de la defensa de derechos humanos continúa siendo parte de una estrategia orquestada desde las fuerzas armadas, que sostienen que las ONG han desatado una guerra jurídica contra los militares a partir de crímenes supuestos o magnificados, compra o invención de víctimas y testigos, mencionando (o amenazando) a organismos de derechos humanos, como el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, la Comisión Colombiana de Juristas y la Comisión de Justicia y Paz, entre otros.
 

Paralelamente, como en nuestros países, avanza el proceso de ocupación integral propio de la trasnacionalización capitalista neoliberal, en el caso de Colombia con las locomotoras económicas de la minería, la agroindustria, la infraestructura y el conocimiento tecnológico. ¿De qué se puede ufanar el señor Santos?
 

Una nueva deficinión de la palabra terrorismo en una conferencia internacional. Eso es lo que exigen los líderes de Venezuela y Libia, Hugo Chávez y Muamar Gaddafi. El coronel libio se encuentra de visita en Venezuela, desde donde ha lanzado, junto al presidente bolivariano, una llamada para la reforma del socialismo y la lucha contra el "imperio" estadounidense.

Aunque esa definición que piden ambos va a generar una nueva polémica. Chávez y Gaddafi manifestaron su rechazo "al intento de vincular la legítima lucha de los pueblos por la libertad y la autodeterminación" en clara referencia al pueblo palestino y a Hamás, pero que se puede aplicar a otros casos.

"Hoy más que ayer, mañana más que hoy, nosotros estamos aquí para cambiar la historia, para acabar con el imperialismo, para construir el socialismo", clamó Chávez en un discurso inusualmente breve ante cientos de seguidores en Porlamar, capital del estado Nueva Esparta.

Los dos gobernantes firmaron varios acuerdos para estrechar la cooperación entre los dos países petroleros tras participar el fin de semana en la II Cumbre América del Sur-África en la caribeña isla de Margarita. "Voy a estar con ustedes siempre (...) nosotros estamos en la misma trinchera, tenemos el mismo destino, es nuestra lucha también. Estamos en la misma trinchera contra un enemigo nuestro. Y vamos a vencer", dijo Gaddafi aclamado por el público, que coreaba "el pueblo, unido, jamás será vencido".

El azote de EEUU

En los años 80, Estados Unidos intentó derrocar al polémico coronel libio, que llegó al poder hace 40 años abanderando una "revolución socialista", acusándole de apoyar y financiar el terrorismo internacional. Aunque Gaddafi hizo las paces con Washington al abandonar su programa nuclear y retirar su apoyo a grupos armados, el polémico líder volvió a irritar a Occidente cuando dio una bienvenida de héroe a Abdelbaset Ali Megrahi, ex agente libio condenado por el atentado de Lockerbie en el que murieron 270 personas.

Sobre Chávez pesa la losa de considerar a las FARC como un grupo insurgente y no terrorista, como lo hacen EEUU y la UE. El dirigente venezolano ha encabezado las críticas contra la instalación de siete bases militares en Colombia y ha acusado en numerosas ocasiones a EEUU de alentar el intento de golpe de estado que sufrió en 2002, en el que también involucró al ex presidente Aznar.

De compras por Isla Margarita

Chávez aprovechó la primera visita de Gaddafi a América Latina para conferirle la orden Libertador, la máxima condecoración que concede el Estado venezolano, y le regaló a su "hermano" una réplica de la espada de Simón Bolívar, héroe de la independencia sudamericana en el siglo XIX. "Ésta es la espada que libertó a América hace 200 años (...) esta espada está viva y hoy anda por América Latina a nombre de nuestro pueblo, de la revolución bolivariana, la entrego a ti, soldado revolucionario, líder del pueblo libio, líder de los pueblos del África", le dijo Chávez.

El mandatario libio obsequió a su anfitrión con la indumentaria típica de los guerreros libios, una armadura para jinete y caballo de batalla hechas de plata. "Todo hecho a mano en su honor", detalló Gaddafi.

Tras el acto, Gaddafi, vestido con un peculiar traje marrón de camuflaje en el que las manchas eran siluetas de África, se fue de compras a un conocido centro comercial de Margarita. Gaddafi llegó el viernes a la isla caribeña acompañado por la exótica "guardia amazónica", su grupo escolta personal formado sólo por mujeres, y se trasladó en una limusina blanca al hotel sede de la cumbre, donde habían instalado su tradicional jaima, profusamente decorada con alfombras y tapices de camellos y palmeras.

Reuters - Caracas - 29/09/2009 05:52