La Corte de Constitucionalidad guatemalteca anuló hoy la sentencia de 80 años de cárcel al ex dictador Efraín Ríos Montt impuesta hace nueve días por genocidio y delitos de lesa humanidad, y ordenó un nuevo juicio.

Tras cumplir este lunes el último día de análisis de las acciones legales interpuestas por la defensa, los cinco magistrados que integran el órgano constitucional concluyeron que durante el debate, que se inició el 19 de marzo, no se cumplió el debido proceso, por lo que decidieron la anulación.

Ríos Montt fue condenado a 80 años de prisión el 10 de mayo por el tribunal A de mayor riesgo.

Otro militar acusado, José Mauricio Rodríguez, jefe de los servicios de inteligencia durante el mandato de facto de Ríos Montt (1982-1983) fue absuelto, pero también se anuló ese fallo.

Ambos militares fueron juzgados por la matanza de al menos mil 770 indígenas ixiles en el departamento de Quiché (norte de Guatemala).

Dpa

Miles de uruguayos salieron ayer a las calles de Montevideo para reclamar el fin de la impunidad. Bajo la consigna “En mi patria no hay justicia, ¿quiénes son los responsables?”, marcharon hacia la sede de la Corte Suprema de Justicia en reclamo de castigo para los responsables de crímenes cometidos durante la dictadura militar 1973-85. La Marcha del Silencio se hace cada 20 de mayo, en conmemoración del asesinato en esa fecha, en 1976, de Zelmar Michelini y Gutiérrez Ruiz, y de los militantes tupamaros Rosario Barredo y William Whitelaw, quienes fueron secuestrados en Buenos Aires. Este año, la marcha estuvo marcada por los últimos fallos de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), que declaró inconstitucional la norma interpretativa de la Ley de Caducidad y apartó de la investigación por causas de delitos de lesa humanidad a la jueza Mariana Mota. La Justicia uruguaya se había pronunciado en febrero pasado contra una norma aprobada en 2011 que impedía la prescripción de los delitos cometidos por uniformados durante los años de plomo, por lo que aquellos crímenes podrían quedar impunes y las causas, archivadas. Además, el propio presidente de la SCJ, Jorge Ruibal Pino, había expresado meses atrás que los casos que prosperaran se iban a chocar contra una muralla al llegar al Supremo.

Las entidades organizadoras insistieron en que se avanzó poco en el esclarecimiento de lo ocurrido, renovaron su reclamo en favor de la verdad y la justicia y cuestionaron el comportamiento de la SCJ, frente a cuya sede cerró la marcha con un cacerolazo. “No queremos que la condena quede circunscripta solamente a la SCJ, porque hay otros responsables,como los ex presidentes Julio María Sanguinetti, Luis Alberto Lacalle y Jorge Batlle, por ser los personeros más visibles, pero en Uruguay hay una cultura de la impunidad”, expresó Ignacio Errandonea, integrante de la organización Familiares de Desaparecidos. “Luego de avances y compromisos de la población, en esta última etapa la Suprema Corte de Justicia resuelve un retroceso en el proceso que llevó a los procesamientos de varios de los responsables de la tortura, y al traslado de la jueza Mariana Mota. Pero también hay retroceso por la incidencia de actores políticos que quieren que no se haga justicia en nuestro país”, explicó Washington Beltrán, integrante de la Comisión de Derechos Humanos de la central sindical PIT-CNT.

Para Macarena Gelman, nieta del poeta argentino Juan Gelman, la Marcha del Silencio estuvo signada por lo ocurrido recientemente en relación con los procesos judiciales. “Más allá de los operadores individuales, desde la dictadura hasta ahora, la Justicia no ha hecho un papel acorde al espíritu democrático del país”, enfatizó. Además, resaltó que el recientemente fallecido dictador argentino Jorge Rafael Videla fue enjuiciado con las garantías del caso y sentenciado a cadena perpetua, y destacó que en Argentina los familiares tuvieron la oportunidad de que se hiciera justicia, y la sociedad la tranquilidad de que el torturador muriera cumpliendo su pena. “Cuando Ruibal Pino dijo que se van a chocar con una muralla, por fin dice las cosas por su nombre. Ese es el tipo de pensamiento que hay que combatir”, concluyó.

En relación con la muerte de Videla y el estado de los juicios a los responsables de la última dictadura en Argentina, Rafael Michelini, senador del Frente Amplio e hijo del diputado asesinado en Buenos Aires en 1976 Zelmar Michelini, dijo que el ex dictador argentino fue el símbolo del horror y del Plan Cóndor. “Lo de Videla es perverso y termina con él una etapa. En la Argentina se ha avanzado más en el tema de la Justicia y casi todos los represores responsables de crímenes de lesa humanidad están presos”, agregó, trazando un paralelismo con lo que ocurre en Uruguay.

En su decisión de febrero pasado, la SCJ declaró la inconstitucionalidad de los dos primeros artículos de la Ley 18.831, que restablecieron el “pleno ejercicio de la pretensión punitiva del Estado para los delitos cometidos por la aplicación del terrorismo de Estado hasta el 1º de marzo de 1985”, considerados de lesa humanidad. El principal argumento esgrimido fue que la ley penal no puede aplicarse retroactivamente. La ley de “imprescriptibilidad” de los casos de violaciones a los derechos humanos en la dictadura uruguaya, declarada ahora inconstitucional, había sido promovida por el gobierno del FA, aunque con alguna disidencia interna entre sus distintas facciones. También había sido cuestionada por la oposición política con el argumento de que desconoció dos pronunciamientos populares, que en 1989 y 2009 optaron por mantener la ley que a la salida de la dictadura amnistió a los policías y militares que participaron en secuestros, violaciones y asesinatos de opositores durante el régimen de facto. La SCJ había expresado que a partir de ese momento las causas judiciales abiertas en las que hubiera militares procesados por delitos cometidos durante la dictadura debían ser archivadas, al entenderse que prescribieron. La senadora Lucía Topolansky, dirigente y esposa del presidente José Mujica, había manifestado que por el fallo quedaba planteada la posibilidad de realizar un juicio político a los jueces de la Corte.

El ex Presidente de Guatemala Efraín Ríos Montt fue condenado a prisión el viernes pasado. Fue un acontecimiento muy importante, ya que es la primera vez en la historia que el ex Presidente de un país es juzgado por genocidio en un tribunal de su propio país. Más de tres décadas después de haber asumido el poder mediante un golpe de Estado, el ex dictador guatemalteco de 86 años de edad, que desató una campaña de asesinatos contra su propio pueblo con el apoyo de Estados Unidos, fue sometido a juicio, acusado de genocidio y de crímenes de lesa humanidad y condenado a 80 años de prisión. El juicio fue el resultado de la iniciativa y el esfuerzo de tres valientes mujeres guatemaltecas: una jueza, una fiscal general y una ganadora del Premio Nobel de la Paz.

 
Después de que se anunciara el veredicto del juicio contra Ríos Montt, Rigoberta Menchú me contó que a su hermano Patrocinio lo quemaron vivo en la región Ixil y que nunca hallaron sus restos. En la entrevista, también me contó cómo su familia fue asesinada sistemáticamente: “Lo de mi madre nunca se esclareció exactamente; si está en una fosa común o si fue comida por animales. Lo más probable es que si no es ella la que fue comida por animales, después de ser torturada, humillada, seguramente estará en una fosa común, muy cerca del área Ixil. Porque nosotros en realidad somos parte del área Ixil, aunque hablamos el maya quiché. Igualmente, mi padre fue quemado vivo en la Embajada de España el 31 de enero del año 80. Por eso es que entiendo mucho el dolor de la gente que juzga a Ríos Montt."

 
Rigoberta Menchú recibió el Premio Nobel de la Paz en 1992 “en reconocimiento de su labor por la justicia social y la reconciliación étnico-cultural, basada en el respeto de los derechos de los pueblos indígenas”. Menchú continuó contándome la historia de la destrucción de su familia: "En el año 83 fue fusilado mi hermano Víctor, Víctor Menchú. Fue fusilado en Uspantán, igualmente muy cerca del área Ixil. Mi hermano huyó con sus tres hijos a la montaña. Mi cuñada había sido degollada y él sobrevivió con sus tres hijos. Después de varios meses lo capturaron, lo trajeron al pueblo de Uspantán y a Víctor lo encarcelaron en el pueblo, pero a los tres hijos los confinaron en un destacamento militar que se llamaba Chajul. Mis dos sobrinas murieron de hambre en el destacamento y mi hermano Víctor fue fusilado. Hasta la fecha no encontramos los restos de Víctor."

 
Según la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, que llevó a cabo una investigación exhaustiva de las tres décadas de genocidio en Guatemala, al menos 200.000 personas fueron asesinadas en ese período. Rigoberta Menchú entabló una de las demandas iniciales contra los responsables del genocidio, que dio lugar al juicio que culminó con la condena de Ríos Montt.

 
Claudia Paz y Paz es la primera Fiscal General mujer de Guatemala. Fue nombrada en diciembre de 2010 y ha sido muy elogiada por su persecución de los responsables de cometer crímenes de lesa humanidad. La jueza del caso también es una mujer, Yassmin Barrios. En un país en el que históricamente quienes desafían a los que están en el poder son asesinados, Paz y Paz y Barrios demostraron un valor admirable.

 
El periodista Allan Nairn, que ha cubierto el conflicto en Guatemala desde el comienzo de la década del 80, así como también otros conflictos en otras partes del mundo, siguió de cerca el juicio. A mediados de abril, otro tribunal de Guatemala ordenó que se archivara el caso, supuestamente bajo la influencia del actual Presidente Otto Pérez Molina. Nairn informó desde la ciudad de Guatemala: “La jueza Yassmin Barrios y la fiscal general Claudia Paz y Paz afirman que van a impugnar la orden de archivar el caso, algo extraordinario”. El juicio prosiguió y, finalmente, Ríos Montt fue hallado culpable. Nairn sostuvo tras conocer el veredicto: “La jueza Barrios fue la que estuvo directamente involucrada en la causa, ella dirigió el juicio. Ella tuvo que pronunciar el veredicto. Cada noche, al salir del tribunal, llevaba un chaleco antibalas. Los jueces y los fiscales de la causa recibieron amenazas de muerte. En un caso, un fiscal fue amenazado de muerte y la persona que lo amenazó colocó una pistola sobre la mesa y le dijo: ‘Sé dónde están tus hijos’. Hace falta mucho valor para llevar a cabo un juicio como este”.

 
La Premio Nobel de la Paz y referente indígena guatemalteca, Rigoberta Mechú, afirmó: "Esta sentencia es histórica. Es grande. La sentencia de Ríos Montt... Esperamos más de 33 años para que hubiera justicia en Guatemala y queda claro que una paz sin justicia, una paz sin verdad no es paz; es la paz de los victimarios. Un punto que hace muchos años que hemos señalado”. El veredicto es verdaderamente histórico porque proviene de un tribunal nacional de Guatemala. Menchú mencionó que la Corte Penal Internacional no podría haberse ocupado del caso: “Se creó el Tribunal Penal Internacional, pero ese Tribunal Penal Internacional no juzgó a los genocidios ya cometidos, sino que tendría que esperar nuevos genocidios... Eso no es posible...pensar que un Tribunal debe esperar que se cometan genocidios para juzgarlos. Por eso la sentencia contra Ríos Montt significa un enorme desafío para la humanidad. Yo creo que es un gran desafío para todos los países que deben sentir vergüenza porque permitieron el genocidio en Guatemala."

 
Allan Nairn iba a declarar en el juicio. Una entrevista que realizó en 1982 atrajo mucha atención internacional. Habló ante la cámara con el “Mayor Tito”, quien afirmó que familias enteras de pobladores indígenas trabajaban con la guerrilla. Los soldados de Tito le dijeron a Nairn que mataban sistemáticamente a esos pobladores civiles. Resulta que “Tito” no es otro que el actual Presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina. Nairn considera que la condena de Ríos Montt podría significar la apertura de un posible procesamiento contra Pérez Molina y otros: “Un último argumento jurídico es que el mandato que emitió la jueza, la orden que le dio a la Fiscal General, la orden de la Jueza Barrios a la Fiscal General Paz y Paz de seguir investigando a todos los implicados en los crímenes de Ríos Montt podría incluir a funcionarios estadounidenses, porque los agregados militares de Estados Unidos en Guatemala, la gente de la CIA que estaba allí ayudando a la unidad G2 de inteligencia militar, los funcionarios encargados de formular las políticas en Washington, la gente como Elliott Abrams y los altos funcionarios del gobierno de Reagan estuvieron directamente involucrados y fueron cómplices del ejército de Guatemala. Les suministraban dinero, armas, apoyo político, inteligencia. Ellos podrían ser acusados en virtud del derecho internacional y del derecho nacional de Guatemala. La justicia y la Fiscal General tendrían derecho a solicitar su extradición de Estados Unidos. Además, en el proceso de investigación podrían solicitar documentos de Estados Unidos, porque seguramente hay informes exhaustivos y registros de las comunicaciones del Ejército de Guatemala interceptadas por el Departamento de Seguridad Nacional durante ese período. También hay informes que aún están clasificados sobre qué estaban haciendo exactamente la CIA y la DIA [Agencia de Inteligencia de la Defensa], la Casa Blanca y el Departamento de Estado con Ríos Montt y con otros comandantes, gente como, bueno, antes de Ríos Montt, el General Benedicto Lucas García, y después Pérez Molina. De modo que, tanto el Presidente Pérez Molina como ex funcionarios estadounidenses son ahora posibles blancos de una investigación penal de estos crímenes de genocidio y de lesa humanidad en Guatemala”.

 
Más allá de lo que suceda de ahora en adelante, al alejarse de la violencia y la impunidad, Guatemala le ha dado un ejemplo al mundo. Como afirma Nairn “los Mayas de Guatemala alcanzaron un nivel de civilización superior al de Estados Unidos”.

 
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Publicado el 17 de mayo de 2013
 
Amy Goodman

Denis Moynihan colaboró en la producción periodística de esta columna.
 

Escuálidos y frágiles, más de cien hombres yacen en el piso de cemento de las heladas y solitarias celdas de Guantánamo, silenciosamente matándose de hambre. Despojados de todas sus posesiones, aun de las cosas básicas como una colchoneta para dormir y jabón, están en silencio mientras los guardias periódicamente golpean las puertas de acero y les gritan que muevan un brazo o una pierna para demostrar que aún están conscientes.

El conocido centro de detención está en crisis, sufriendo una rebelión sin precedentes: alrededor de dos tercios de los 166 detenidos mantienen una huelga de hambre. Esta semana, 48 enfermeras militares estadounidenses fueron enviadas para tratar de evitar un suicidio masivo. El último británico detenido, Shaker Aamer, dijo que estaba preparado a continuar la huelga hasta su muerte.

La administración de Estados Unidos hace lo que puede para evitar que miradas indiscretas vean la tragedia que se desarrolla, pero The Independent obtuvo informes de primera mano. Dos veces por día, los 23 más débiles son llevados a una habitación. Sus muñecas, brazos, estómago, piernas y cabeza son atados a una silla, y se realizan repetidos intentos de forzar un tubo por sus narices hacia su estómago. Es un feo procedimiento mientras tienen arcadas y las sangre brota de sus narices. “No nos dejan vivir en paz y ahora no nos dejan morir en paz”, dijo un preso, Fayiz al Kandari, un kuwaití detenido durante once años sin cargos.

Cuatro están tan enfermos que yacen con grilletes en el hospital y los internos predicen que es cuestión de horas antes que uno muera. “Es posible que yo muera aquí”, dijo recientemente Aamer, de 44 años, a través de su abogado, Clive Stafford Smith. “Espero que no, pero si me muero, por favor dígales a mis hijos que los quería por sobre todas las cosas, pero que tenía que sostener el principio de que no pueden detener a gente sin un juicio, especialmente cuando han sido autorizados a quedar en libertad”, dijo el padre de cuatro hijos, que permanece en Camp 5 a pesar de haber obtenido la aprobación para ser liberado hace más de cinco años. “Es triste, pero la tortura y el abuso continúan funcionando en Guantánamo y Estados Unidos está tirando más por la borda su disminuida autoridad moral”, añadió Stafford Smith.

La protesta, que comenzó el 6 de febrero, se ha expandido ahora a Camp 5 y Camp 6, donde se estima que de 100 a 130 personas adhieren. Estos no son los detenidos de alto valor de Camp 7, el puñado de presos acusado de crímenes terroristas. Los huelguistas de hambre son aquellos que han esperado durante una década o más un juicio, incluyendo a 86 que obtuvieron autorización para ser liberados, pero permanecen atrapados por las restricciones impuestas por el Congreso.

Mientras el presidente Barack Obama se comprometía esta semana a presionar por el cierre de Guantánamo, los detenidos señalan que volvió al régimen draconiano de la administración Bush. “Los abogados de la defensa han tratado de lograr un diálogo constructivo, pero siempre nos hemos topado con resistencia y silencio”, explicaba el capitán del ejército de Estados Unidos, Jason Wright, un abogado que describe haber visto a su cliente Obaidullah ahora con 52 kilos, hecho una “bolsa de huesos”, como una experiencia “extremadamente angustiante”.

“Me duele la cintura, siento mareos, no puedo dormir bien. Me siento desesperanzado. No puedo ejercitarme. Mis músculos se han debilitado en los últimos 50 días. He vomitado cinco veces”, escribió Obaidullah, un afgano de 32 años que nunca estuvo acusado a pesar de 11 años de detención. “Cuando entré a la habitación estaba visiblemente cambiado. Dijo: ‘No nos tratan con dignidad, nos tratan como a perros’. Es claro que si esta huelga de hambre continúa, habrá muertos. Estos hombres van a morir en esta prisión por nada. Es absolutamente indignante”, dice el capitán Wright. “La huelga de hambre es una protesta política. El hecho de que sean tratados así va en contra de la ley internacional y no es estadounidense”, añadió.

La protesta comenzó el 6 de febrero cuando, según los abogados, la nueva administración decidió terminar “una era de permisividad” y tomar una actitud más estricta, en contravención con la Convención de Ginebra. Los guardias confiscaron todos los “items de comodidad”, pero lo que indignó más a los detenidos fue que les quitaran el Corán, un acto que la administración niega.

La protesta fue pacífica hasta el 13 de abril, cuando los guardias utilizaron balas de goma para mover a los prisioneros de las celdas comunitarias y algunos respondieron con “armas improvisadas” como palos de escoba. Los informes de primera mano revelaron esta semana que la mayoría de los prisioneros está detenida en confinamiento solitario en celdas vacías, sin ventanas de 3,5 metros por 2. El agua limpia está racionada y han sido despojados de todas sus posesiones.

Se quejan de que el aire acondicionado está prendido a un nivel de congelamiento. Los guardias perturban deliberadamente sus horas de oración y aparecen durante la noche para llevarlos a las duchas. El marroquí Younous Chekkouri dijo por teléfono a sus abogados que padece tener que dormir en el piso de cemento y que usa sus zapatos como almohada. “El dolor comienza inmediatamente cuando estoy en el piso. Dolor en mi nuca, dolor en mi pecho. Finalmente, a la noche nos dieron frazadas. Hacía mucho frío. El agua ahora es un privilegio. Nos están tratando como animales”, añadió. “Creía que mi tortura había terminado, pero lo de ahora es terrible.”

Amnistía Internacional fue una de las varias organizaciones de derechos humanos que describieron la situación en el penal de la base militar en Cuba como “en un punto de crisis”, mientras un especialista de la ONU en tortura, Juan Mendes, condenó la detención continuada como “cruel, inhumana y degradante”.

Omar Deghayes, de 43 años, un residente británico que fue liberado en 2007 sin cargos, recordó el efecto de dos huelgas de hambre más cortas. Tirado en una “celda-congeladora”, dijo que apenas se podía parar y estaba consumido por el hambre y los dolores. “Uno comienza a alucinar. Comencé a escuchar voces. Luego empecé a vomitar sangre y pus. Tu estómago se contrae y te alimentan a la fuerza en grandes cantidades, no se puede controlar nada, uno tiene diarrea. Te llevan al patio y te lavan con mangueras.” La mayoría de la gente no puede sobrevivir, habiendo perdido más del 40 por ciento de su peso.

El capitán Wright, que viajó en el mismo avión que las enfermeras, dijo: “No puedo creer que entendieran lo que se les pedía que hicieran por su país. Sabían lo terrible que sería. Espero que algunas hayan tenido el coraje de decir que no”.

 Por Terri Judd, de The Independent de Gran Bretaña. Especial para Página/12. Tra-ducción: Celita Doyhambéhère.

En el año 2012 el asesor de guerra sucia electoral J.J. Rendón aconsejó centrar la propaganda en un tema: la inseguridad. Los medios de comunicación opositores se dedicaron obsesivamente a reseñar crímenes horrendos y divulgar cifras de muertes violentas que confundían tendenciosamente homicidios y accidentes de tránsito o laborales. En el cierre de campaña electoral, el candidato opositor clamó: Que cese la violencia. La estrategia rindió dividendos, a pesar de que el estado que el candidato perdedor gobierna presenta los mayores índices de homicidios del país, seguidos por los de otros estados administrados por la oposición.

Repetidas veces señalamos que toda la campaña opositora se fundamenta en un trabajo del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Ciudadana 2009, (Caracas, mayo 2010), el cual no registra homicidios ni delitos reales, sino la percepción de una muestra de 5 mil 496 hogares o 16 mil 419 personas, cuyas respuestas se extrapolan como válidas para representar 28.946.101 venezolanos ¿Son las encuestas un método confiable para decidir cuestiones trascendentes y puntuales como quién será presidente de la república o el número de homicidios?

A juzgar por los resultados electorales, no. Y menos si sus métodos suscitan la sospecha y sus conclusiones el asombro. La página 67 de la encuesta del INE cuenta un total de delitos reportados de 21 mil 132 homicidios en 2009; la página 68 registra 19 mil 113 víctimas de ellos. ¿Cómo 21 mil 132 homicidios causan apenas 19 mil 113 víctimas? Sólo la matemática o la confusa categorización del INE podría explicarlo. La misma página afirma que de esos 19 mil 113 homicidios, 3 mil 151 nunca fueron denunciados ¿En qué cabeza entra que la sexta parte de crímenes tan graves y notorios como asesinatos no sea denunciada? ¿Y por qué sí se efectúa la denuncia ante el encuestador? La misma página 67 nos asigna una tasa de 75 mil 8 homicidios por 100 mil habitantes. ¿Es concebible que casi cuadrupliquemos los 22.7 de México y los 21 de Brasil y que dupliquemos ampliamente los 31.4 de Colombia, que un año antes presentaba el doble, 61 mil 7847 homicidios por cada 100 mil personas? ¿Si los tres miembros encuestados de una familia conocen un mismo homicidio, éste es registrado como un solo delito o como tres? ¿Y por qué la encuesta inquiere obsesivamente si las muertes son causadas por las FARC o por el ELN, o si el entrevistado desconfía de los tribunales venezolanos? ¿Trata de probar la aserción imperial de que Venezuela es la base de los rebeldes colombianos o de que nuestros tribunales deben ser suplantados por la Corte Interamericana de la OEA?

¿Esta supuesta percepción es veraz? En la investigación para Latinobarómetro La seguridad ciudadana: el problema principal de América Latina, Marta Lagos y Lucía Dammert afirman que cuando la opinión pública se recoge en estudios de opinión es un conglomerado de respuestas individuales que no tienen un ente articulador, es esencialmente miope, no tiene visión de futuro y refleja lo que el investigador pregunta.

Y añaden que hoy día en América Latina las crisis de representación y liderazgo le han entregado a las encuestas de opinión pública un rol y expectativas que no pueden cumplir. Ellas son vistas como sustitutas de liderazgos que nunca podrán cumplir, porque las encuestas de opinión recogen una visión estática y miope de la realidad. En todo caso, dicho estudio de Latinobarómetro, que utiliza datos de 2008, no deja tan mal parada a Venezuela. Inquirió de una muestra de ciudadanos de 20 países que calificaran, en una escala de 10, el nivel de violencia de su país. El promedio fue de 5.6; los países percibidos como más violentos resultaron, respectivamente, Guatemala, con siete; El Salvador, 6.4, Brasil, 6.3, y México, 6.2. Colombia está en el puesto seis. Los menos violentos resultaron Venezuela, Nicaragua y Chile, empatados en un puntaje de 4.8; Paraguay, 4.7; Ecuador, 4.6, y Uruguay, cuatro. El nuestro estaría en el cuarto rango de menos violento de la región.

¿Cómo se explican estas diferencias de encuesta a encuesta en la percepción de la inseguridad? Ocurre que no es lo mismo percepción que ocurrencia real de delitos. Eleazar Díaz Rangel señala en Últimas Noticias, del 16/11/2011, que en Venezuela 27 por ciento de los encuestados en 2010 dijo haber sido víctima de delitos, pero que 64 por ciento afirmó que la inseguridad es el primer problema: la percepción de la inseguridad superaba el número de delitos reales en 37 por ciento, y casi lo duplicaba, registrando la diferencia más alta de la región. Opina Díaz Rangel que la alianza de partidos de oposición y medios de comunicación explica esta diferencia. Urge entonces precisar y cuantificar la magnitud real y objetiva, y no la percepción del problema.

¿Y las cifras reales de homicidios?, se preguntará el lector. Inútilmente consultará los informes de la fiscalía: presentan sólo cifras totales de delitos, como si fueran lo mismo asesinatos que amenazas o arrebatones. Tampoco los informes de la Defensoría del Pueblo presentan cifras reales y particularizadas de homicidios. Grupo de Investigación Social Siglo XXI apunta que entre 1990 y 2000 la tasa promedio de delitos fue de mil 163.2 por 100 mil habitantes, y entre 2000 y 2008 disminuyó hasta 954.3, pero tampoco distingue entre tipos de delitos. Y en efecto, si nos referimos al número total de éstos y consultamos www.nationmaster.com/graph/cri_tot_cri-crime-total-crimes, encontramos que el país con mayor cantidad es Estados Unidos, con 11.878.218 crímenes, en una lista donde Venezuela apenas ocupa el puesto 34, con 236 mil 165 delitos. En el estudio Violencia interpersonal y percepción de la situación de seguridad ciudadana en Venezuela 2010, el Instituto de Investigaciones de Convivencia y Seguridad Ciudadana (Incosec) afirma que 90.2 por ciento de los encuestados señalan la inseguridad como el principal problema a enfrentar en el país, seguido por el desempleo, alto costo de la vida, vialidad y escasez de alimentos, y que 82.9 por ciento de las personas siente que la inseguridad en el país ha aumentado, pero se basa en la citada encuesta de percepción del INE y en investigaciones hemerográficas que principalmente atestiguan la voluntad de los medios de exacerbar el pánico. Las mismas fuentes esgrimen todos los ensayos de la oposición sobre el tema. He consultado a altos funcionarios de los poderes públicos; ninguno me ha proporcionado cifras reales y fácticas de homicidios.

No es como para andar dependiendo de percepciones y subjetividades imprecisas en momentos cuando el poder real se gana o se pierde mediante campañas sobre la inseguridad. No podremos enfrentarla mientras el tema se reduzca a encuestas de percepción que alimentan el pánico mediático y a pánicos mediáticos que exacerban la percepción en las encuestas. Percepción no es lo mismo que victimización. Y esa percepción no refleja los consistentes esfuerzos del gobierno bolivariano en pro de la seguridad: abrupta disminución de los niveles de pobreza, creación de la Policía Nacional, instauración de una universidad nacional de la seguridad, incremento de la dotación y del personal de los cuerpos de orden público, campañas de eliminación de armas de fuego. Compilemos las cifras verdaderas, obremos en consecuencia y divulguemos eficazmente las medidas adoptadas para garantizar la paz y la vida. Encuestas certeras no aseguran la elección correcta, pero falsas encuestas pueden favorecer una elección equivocada.

PD: Según llevo anticipándolo hace años, la oposición demandará la anulación de las elecciones venezolanas ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos de la OEA, que siempre decide en favor de Estados Unidos. Realicé una larga campaña para que nos retiráramos de dicho organismo, hasta que todos los poderes públicos adoptaron dicha iniciativa. Pero gracias a una Gaveta Voraz que retrasó comunicar dicha decisión durante cinco meses, todavía está abierto el lapso de un año para que se introduzcan demandas contra la soberanía de nuestro país. Gracias, Gaveta Voraz, por favor concedido.

Luis Britto García, escritor venezolano, ganador del Premio Nacional de Literatura 2002 de ese país.

luisbrittogarcia-fr.blogspot.com

Captada la atención del auditorio de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ), Eugenio Zaffaroni se permitió contar una anécdota, que ilustra el pensamiento mágico del poder punitivo. Ocurrió durante un encuentro internacional de magistrados, recordó el ministro de la Corte Suprema de la Nación, “cuando estaba a punto de caer el muro de Berlín”. Por curiosidad entró a una conferencia en la que se hablaba de penalizar los delitos nucleares. “Le dije a una compañera, una socióloga canadiense ya fallecida, Ruth Morris, que si existía un crimen nuclear, si alguien tiraba una bomba atómica, no iba a quedar ninguno para juzgarlo. Ella me contestó que el poder punitivo es una religión porque parece resolver todos los problemas. Un falso Dios”, dijo. La represión y persecución del usuario, explicó en su disertación de cierre para las primeras jornadas universitarias sobre drogas, es otro abordaje “fundamentalista”, “absurdo” y “trágico” de los adoradores del poder punitivo mundial.

Durante las dos jornadas del flamante Centro de Estudios de la Cultura Cannabica (Cecca) y la UNQ, se analizó el prohibicionismo y los intereses que lo sostienen; también las incipientes políticas soberanas y democráticas en torno a la marihuana y la hoja de coca, en distintos países de la región y en España. La nutrida concurrencia, integrada por activistas y estudiantes mayormente, se sorprendió con retratos de famosos fumones, de plantas incautadas y perejiles detenidos en allanamientos, que instaló la revista THC en los pasillos, donde Zaffaroni sería recibido como un héroe.

“La prohibición del cannabis, en Estados Unidos, fue antes que la del opio y está rodeada de una fuerte simbología social. Estuvo a cargo de los puritanos y apuntaban a estigmatizar a los inmigrantes y braseros mexicanos que fumaban. Era su formas de mostrar su supuesta superioridad cultural”, explicó el magistrado. En ese país, principal sostén del prohibicionismo en los foros mundiales, ya se había probado sin éxito criminalizar el uso del alcohol, agregó, “para perseguir a polacos, alemanes, irlandeses, protestantes y luteranos, todos con cultura de fonda”.

Y lo que dejó la ley seca, dijo Zaffaroni, fue un tendal de muertos y personas que se quedaron ciegas por beber alcohol metílico, productos de la fabricación clandestina. Con la cocaína, aclaró luego, ocurren cuestiones similares por su impureza y peor aún con el paco, “el tóxico de la miseria”, como lo definió el magistrado. Sin embargo hay algo más dañino para salud que las drogas mal cortadas. Basta imaginar el cálculo que propuso Zaffaroni: “¿Cuántos años se hubieran necesitado para que se mueran por sobredosis de cocaína las 50 mil personas que murieron en las guerras a las drogas que en los últimos seis años en México?”.

El magistrado aseguró que existe un “proteccionismo insólito del poder punitivo”, que se asocia con los que se benefician de la plusvalía de la venta de drogas y les aleja la competencia. “Los narcos financian elecciones o seleccionan candidatos, a nivel municipal o provincial, pudren la fuerza política desde las bases. Y la guerra no termina porque la plusvalía sigue. Creo que si no hubiese prohibición, habría menos muertes. El tema es cómo legalizar y hay que debatirlo porque ya es demasiado obvia la irracionalidad de la prohibición”, aseguró Zaffaroni.

“Las políticas de drogas en la región son diseñadas directamente por la DEA (el Departamento Antinarcóticos Estadounidense), no se da espacio a otras propuestas reguladoras. Y la intromisión es peligrosa: en Bolivia echaron a la DEA porque tenían bases de datos de los movimientos sociales”, alertó el diputado bonaerense, Marcelo Sain, en un primer panel sobre “el nuevo paradigma soberano” en Latinoamérica, el lunes pasado. A su lado, asentía el juez federal platense César Alvarez. “No debe haber una regulación penal de la marihuana. Es ilegal porque lo dice el legislador en la ley, pero no hay un fundamento moral que lo sea”, dijo el magistrado.

En la mesa siguiente el fiscal federal de Lomas de Zamora, Adrián García Lois, trazó el diagnóstico local: “En 2012, entre el 20 y 25 por ciento de la detenciones de la Policía Federal en todo el país es por infracción a la ley de drogas. La mitad por actitud sospechosa, que es una categoría que oculta la estigmatización policial, el 38 por fumar en la vía pública, el 6 por llamados anónimos y solo el 2 por ciento por orden judicial”. Los datos provienen del Ministerio de Seguridad Nacional. “Y no menciono los extorsionados por la policía, que no llegan a ser detenidos”, aclaró.

La propagación de causas judiciales, dijo el penalista Mariano Silvestroni, responde también a una “inflación penal” que azota a muchos países del mundo. “Debemos sumar la confusión entre moral y Derecho, que muchas veces afecta derechos individuales, como el consumir sustancias, el aborto o la eutanasia”, detalló este profesor de Derecho Penal de la Universidad de Buenos Aires. El fallo Arriola de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que declaró inconstitucional penar la tenencia de drogas para uso personal, es “muy tímido” como para detener la inflación punitiva, afirmó.

La situación carcelaria de la prohibición fue analizada por Liliana Martínez, de la Procuración Penitenciaria. “Los que pretenden hacer un tratamiento dentro de las cárceles federales tienen muchos problemas de acceso. O sufren traslados o pasan a comunidades terapéuticas con enfoques moralistas y conductistas. La atención ambulatoria todavía es pequeña”, estimó. Alberto Calabrese, responsable del sector de Adicciones del Ministerio de Salud Nacional, afirmó: “Si se busca cuidar la salud, debe entenderse que la salud no se impone con prisión”.

Raquel Peyraube, una especialista uruguaya en tratamiento de usuarios problemáticos, reclamó que se extienda los programas de sustitución de drogas. “¿Si le damos metadona a los heroinómanos, por qué no darle anfetaminas a quien sufre la abstinencia de la cocaína? ¿Por qué la respuesta médica es que los usuarios dejen de consumir para tratarse o que se mueran? ¿Es ético esto? No podemos pensar en mejorar la calidad de vida. Es importante que los médicos entiendan que la medicina se nutre de la ciencia, pero es esencialmente un arte”, subrayó.

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Sorprendidos estamos, los que alguna vez hemos pasado por una cárcel colombiana, mas aun los que continúan viviendo en ese sepulcro de hombres vivos, cuando esta semana te escuchamos señor ex ministro Arias, famoso en Colombia por el escándalo de “hago ingreso seguro”, contando en Blu radio lo difícil que ha sido tu situación como prisionero. Has dicho que te han tratado con crueldad y desolación.

¡Déjate de pendejadas Andrés Felipe!, que no tienes idea del infierno que es una cárcel de verdad. Nunca has tenido que dormir en una cama dura sin colchón y sin abrigo, en una celda húmeda y fría encerrado desde las 4 de la tarde hasta las 6 de la mañana; por el contrario, vives en buena cama, custodiado y servido por humildes soldados amables que hacen que tu estadía en esa “cárcel”, donde solo los ladrones de cuello blanco como tú van a parar, sea mas confortable que cualquier vivienda de un humilde colombiano. Te sigues tomando unos amarillitos en la noche, tienes televisor, celular y hasta acceso ilimitado a internet, en cambio el preso común en muchas cárceles no tiene derecho ni siquiera a un simple radio. Sí, imagínate que en una cárcel de verdad no dejan tener televisor. Hasta mejor será.

De la comida ni te cuento, tú comes a la carta, los presos en general comen comida mal preparada, sucia y bastante “balanceada” en harinas, es decir, por ponerte un ejemplo: sopa de pasta con pasta y papas; de carne ni hablar, son 40 gr de carne reglamentarios, que muchas veces son recortados para el beneficio del contratista de turno. Ni comparación con los filetes que te han de llevar nuestros héroes de la patria, héroes pagados con impuestos de los colombianos para que custodien tus lujos.

No te ha tocado cuidar tu espalda porque no sabes en qué momento un delincuente común drogado te puede atravesar con una platina la espalda, tampoco te habrá tocado estar cuidando tus cositas previniendo que otro interno te las robe o la guardia entre a hacer una rascada a tu celda y vuelva mierda, literalmente mierda tus pocas cositas, libros y carticas que en la cárcel son un tesoro. Tal vez el único peligro en ese lujo de sitio que tienes por cárcel es que te caigas de las graditas a la entrada y te peles tus huesitos de la rodilla.

De salud, pues qué te digo, un prisionero político acaba de morir, Juan Camilo Lizarazo; duró meses pidiendo que le dieran un servicio médico adecuado a sus dolencias y terminó muriendo. No creo que el director del Inpec y los soldados de la escuela de caballería te dejen morir si te enfermaras. De seguro hasta tu medicina prepagada te sigue cubriendo y no ese engendro de la salud llamado Caprecom que cubre mediocremente a 120.000 presos en todo el país. ¡No hombre, no te quejes! No tienes ni idea de lo que es una cárcel.

Las visitas ni te digo, sólo cada mes, un domingo, un preso común tiene derecho a amar a su mujer, te aseguro que no habrás tenido que acostar a tu mujer en un colchón usado por todos los internos con sus propias mujeres, y no creo que tampoco un guardián te golpee la puerta a la media hora para decirte que el tiempo ha terminado. ¡Sólo media hora! Bueno, a menos que seas eyaculador precoz. Y los hijos, te cuento que los presos comunes sólo pueden ver a sus hijos un domingo al mes. A tí, en cambio, te han visto varias veces entre semana con tu familia de visita salir al frente, en el inmenso jardín de tu casa cárcel de lujo, ese que queda cerca de uno de los salones que alquila la escuela de caballería para eventos sociales. ¡Qué dura es tu cárcel!

Tampoco te ha tocado un baño típico de una cárcel, de seguro hasta un soldado de nuestra patria te lavará el baño, porque tus vírgenes manos no han cogido en su vida ni un trapito ni una escoba. Tampoco te habrá tocado vivir en celdas de 6 metros cuadrados con 8 personas mas, aguantando olores, droga, pedos y ruidos que trastornan la tranquilidad de cualquier individuo sano; a lo mucho en tus noches te despertarás por alguna indigestión producto de tus lujosas cenas.

Y de la justicia no te quejes, ¿sabes cuánto han durado varios presos políticos en calidad de sindicados? diez, doce años. Lo más seguro es que alguna de tus oscuras influencias te sacará pronto de la cárcel y lavará tu imagen, además si este país no cambia te veremos de candidato presidencial en unos cuantos años.

Mira también cómo sales a decir que si dijeras que eres de las Farc te trataría mejor la justicia, pues te cuento que a los guerrilleros de “la far”, los del ELN y los defensores de derechos humanos víctimas de falsos positivos, nos han tratado exageradamente mal, no te imaginas cuánto. Pero tenemos una ventaja, hay una cantidad de gente que nos defiende, nos apoya, que hace campañas por nosotros, en fin una solidaridad que envidias por que los de tu clase no te han enviado ni una carta de acompañamiento, ni siquiera la “Jucon”, las juventudes conservadoras, han salido en marcha para apoyarte.  ¡Qué envidia! ¿verdad?

A los presos políticos nos mandan ropa, tarjeticas para llamar, cartas de miles de colombianos que nos quieren, páginas web y eventos por doquier apoyando la libertad de los presos políticos en Colombia y tú sólo tienes una entrevista en Blu radio, y hasta te dieron palo. Ni siquiera tus compañeros del congreso y de la política barata han sido solidarios contigo, así es la vida. Es que la solidaridad es propiedad privada de los de abajo, los de arriba sólo tienen intereses, y creo que hasta de eso te has dado cuenta.

Tampoco se te ocurra pedir ingreso a las Farc, por lo que conocí de los guerrilleros en la cárcel, con tu comportamiento lo más probable es que no dures mucho y no tarden en hacerte un consejo de guerra, y ahí sí que dirás que prefieres la escuela de caballería.

Por último, hombre, no te quejes, sigue disfrutando de este tiempito en ese hotel de lujo que te tocó, mucho mejor que las viviendas de más de la mitad de los colombianos. Estuviste de malas porque muchos como tú están disfrutando de sus torcidos y hasta se mueren y nunca responderán por sus cochinadas.

Mientras tanto, nosotr@s l@s verdader@s prisioner@s polític@s, aun en peores condiciones pero con una solidaridad tan bonita cercana a la ternura, resistimos con esperanza en nuestra gente para sobrellevar este infierno exclusivo únicamente para los hombres y mujeres con dignidad.

Un abrazo de paz.

Julián Cortés, exprisionero político

El histórico juicio por genocidio contra Efraín Ríos Montt y Mauricio Rodríguez Sánchez como máximos responsables de masacres atroces fuesuspendido, hasta que la Corte de Constitucionalidad dictamine el camino a seguir. Hemos escuchado, por conducto de más de 100 testigos y víctimas, vejaciones que estremecerían al mismo Himmler. Sin embargo, una vez más, a parte de la sociedad guatemalteca, la urbana, letrada e instruida, aquella que escribe en la prensa diaria, estos hechos la dejan indiferente.

La Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948 define como genocidio “cualquier acto perpetrado con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal”. Sus debilidades y ambigüedades han sido debatidas en los últimos años. Sin embargo, por sus características internas, el juicio se realiza por las leyes nacionales y el código penal guatemalteco, en el que la definición es: “Comete delito de genocidio quien con el propósito de destruir total o parcialmente un grupo nacional, étnico o religioso efectuare muerte de miembros de grupo; lesión que afecte gravemente la integridad física o mental de miembros del grupo; sometimiento del grupo o de miembros del mismo a condiciones de existencia que puedan producir su destrucción física total o parcial; desplazamiento compulsivo de niños o adultos del grupo, a otro grupo; medidas destinadas a esterilizar a miembros del grupo o de cualquiera otra manera impedir su reproducción”. (Código Penal. Artículo 376).

He participado en el juicio aportando pruebas para demostrar por qué sí hubo genocidio en Guatemala. Resulta una evidencia, a la luz de los hechos y por los testimonios escuchados, así como por lo que se deduce de los planes elaborados por el ejército –Plan Victoria 82, Firmeza 83, Plan de operaciones Sofía– y las tesis de ascenso escritas por militares, que hubo planes y campañas destinadas a llevar a cabo un aniquilamiento de la guerrilla y de los grupos étnicos que habitaban esa región, con el objetivo de “quitar el agua al pez”, “quitar el mar humano a la guerrilla” o con la frase “cada mazorca es un guerrillero”.

Estos proyectos fueron diseñados, planificados y concebidos hasta el detalle desde el alto mando con campañas como la que contempla el Plan Sofía, con el fin de exterminar a los guerrilleros y a la población civil que supuestamente era su base de apoyo. En muchos de los informes del ejército se afirma que hay muy poca presencia guerrillera en determinada zona; no obstante, en la región ixil, denominada por los militares “triángulo Ixil”, se decide hacer una “intervención roja”, acabar con la población civil para “quitar el mar humano a la guerrilla”, “las hojas y raíces al árbol”.

La estigmatización de los grupos étnicos como subversivos y comunistas, que convierte a los indígenas en una “amenaza pública”, es una de las razones principales por las cuales se llevó a cabo la aniquilación de un grupo étnico como tal. La construcción histórica del prejuicio contra el indio, primero como haragán, maleante, ladrón; después, en el siglo XIX, como raza inferior, degenerada e irredimible. Cuando estalla el conflicto armado se añaden los tópicos de comunista, subversivo y guerrillero. Es cuando “todos los indios” se conviertan en “amenaza pública”.

La ideología racista es uno de los instrumentos para que actos y prácticas de violencia racista se conviertan en genocidio, porque para implementarlo es imprescindible justificarlo y considerar a “ese otro” como genéticamente inferior, un lastre o un obstáculo para el desarrollo.

En Guatemala, el racismo es el mecanismo simbólico y justificativo que hace posible que los aparatos ideológicos y represivos del Estado decidan exterminar a unos ciudadanos frente a otros en función de un discurso biológico-racial. El discurso racista justifica sus prácticas y lleva a la eliminación de un grupo étnico al considerarlo inferior, enemigo interno, “prescindible” o no normalizable.

El genocidio va dirigido a un grupo étnico, racial o religioso. Durante el conflicto armado se cometieron actos de genocidio contra los ixil, achi, chuj, q’anjobal y k’iché. El proceso de aniquilamiento fue de una violencia letal y continuada, con coordinación y planificación desde el alto mando, cuyo objetivo fue la destrucción total o parcial de un grupo étnico en un área geográfica aislada y cercana adonde estaba la guerrilla, pero que no era zona de combates, la población no era combatiente y estaba desarmada.

Es evidente cómo operó el racismo en Guatemala, además de que las condiciones propuestas como presunciones de intencionalidad permiten declarar este juicio por el genocidio contra la población ixil y por crimen de lesa humanidad. Sólo si hacemos justicia podremos cerrar las heridas de una guerra atroz y sin cuartel contra la población desarmada y contra un grupo étnico, y ayudar a que la población sane sus mentes y sus corazones y pueda mirar el futuro con esperanza.

Por Marta Elena Casaús Arzú, socióloga y escritora guatemalteca, catedrática de la Universidad Autónoma de Madrid. Presentó el peritaje sobre racismo y genocidio durante el juicio contra los militares Rodríguez Sánchez y Ríos Montt.

El Juzgado Primero Penal del Circuito de Bucaramanga dictó a comienzos de diciembre del 2012, una Sentencia de Primera Instancia con la cual condenaba a 18 años de prisión a David Ravelo, reconocido defensor de derechos humanos de Barrancabermeja. El Fiscal 22 de la Unidad de Antiterrorismo, William Pacheco Granados, acusó de homicidio a Ravelo y pidió su condena en marzo de ese año. Conversamos sobre este suceso con Alirio Uribe Muñoz, defensor de derechos humanos, abogado de David Ravelo e integrante del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo.

El paso inmediato sería entender que es lo que allí ocurre a ciencia cierta,

cuál es la verdad, toda la verdad e inclusive mucho más que toda ella.

Gabriel García Márquez, en el escrito "En qué país morimos"

publicado el 8 de agosto de 1983, sobre el engendro tentacular que creció

en el corazón de Colombia, el Magdalena Medio, al inicio de los años ochenta...

Pocos ignoran que en Colombia aparatos de seguridad e investigación han utilizado montajes judiciales para la persecución de la oposición política y la impunidad de los victimarios. Muy pocos ignoran también que el formalismo jurídico es utilizado a rajatabla por juzgadores astutos que obstaculizan la labor de abogados éticos, impidiendo así que las verdades afloren en los procesos. Logran con ello que prevalezca una "verdad procesal" hecha a su medida, que sirve a la determinación tomada de manera previa al juicio. Cierto que hay trabajadores judiciales que honran a riesgo de sus propias vidas la dignidad sagrada de la justicia, pero se incurriría en la mentira cómplice del esperpento, si callásemos la magnitud de la corrupción invisible que ha carcomido los espacios sacros de la justicia. El caso Ravelo lo reconfirma.

Este caso, inmenso monumento de la injusticia, irá ahora al Tribunal Superior y eventualmente a la Corte Suprema de Justicia. Múltiples organizaciones sociales, militantes de la larga batalla por la justicia –en una nación que clama por ella desde hace siglos–, sindicatos y organismos de derechos humanos, nacionales e internacionales, han rechazado el fallo.

¿Por qué condenan a David Ravelo?, preguntamos a Alirio Uribe, y su respuesta nos brinda pistas sobre lo que sucede en nuestro país con la Justicia, la libertad y el derecho a disentir:

"Pienso que David Ravelo encarna varios componentes de lo que ha sido la persecución política e ideológica contra la izquierda en este país. David reúne varias condiciones estigmatizadas: fue sindicalista, integró el Partido Comunista y después líder sobreviviente de la Unión Patriótica, concejal en Barrancabermeja y trabajador de la Asamblea Departamental, reconocido en la región por su liderazgo, construido éste con un trabajo social y político constante.

David fue fundador de Credhos, desde esta organización de derechos humanos denunció crímenes como la toma paramilitar de Barranca, y denunció los políticos regionales que se aliaron con los escuadrones paramilitares. También trabajó con un programa informativo de televisión local y como articulista para medios de prensa regionales, en esa labor periodística fue indoblegable en la tarea de denunciar atropellos, masacres y la corrupción. Todo esto es lo que le están cobrando con una sentencia contraria a la justicia y al derecho.

David Ravelo fue procesado por rebelión ante la justicia secreta y permaneció detenido 27 meses, entre el año 93 y el 95, lo defendí en aquella época y salió absuelto en primera y segunda instancia. Le acusaban de ser aliado de las farc, ideólogo de esa guerrilla, sumándole a ello atentados y bombas, sumándole todo lo que pasaba en Barranca en esa época.

La sentencia de diciembre de 2012 es por el asesinato de David Núñez Cala, secretario de Obras Públicas de la Alcaldía de Barranca, cometido el 5 de abril de 1991. La sentencia afirma que ese asesinato fue ordenado por David Ravelo como ideólogo de las farc. La sentencia ignora que hubo una sentencia de un juzgado penal, confirmada por el Tribunal Superior, determinando que Ravelo ni era ideólogo ni pertenecía a esa guerrilla.

En mi consideración en este caso hay un elemento histórico que no ha sido tenido en cuenta en el proceso. A comienzos de los años noventa las farc ejercían dominio en Barranca y la región circundante. Barranca era una población pequeña, la mayor parte de la gente se conocía entre sí, por lo cual no era difícil hablar con sus integrantes. Era muy poco probable ser líder comunal y no tener que hablar en ese momento con las farc, pero una cosa era hablar con éstas, y otra muy diferente era pertenecer a ellas, o ser uno de sus ideólogos".

¿Cómo se inició entonces el proceso que condujo a esta sentencia de diciembre del 2012?, preguntamos a Alirio, y él nos señaló: En noviembre de 2008 apareció un personaje, Mario Jaimes, alias "el panadero" quien dijo no ser sólo paramilitar, narcoparamilitar, sino que también había integrado las farc, y como tal, supuestamente participó en el año 91 en el asesinato de David Núñez Cala con tales y tales, estando entre ellos Horacio Serpa, Arístides Andrade, y David Ravelo, como ideólogo de las farc.

"El panadero" y Fremio Sánchez dijeron: "Nosotros matamos a Núñez Cala" y contaron cómo, dónde, a qué horas, cómo se hizo el operativo, quién era el sicario, quién manejaba la moto. Y después dijeron: "Pero todo eso se fraguó en una reunión en la que Ravelo nos ordenó el crimen".

Lo que resulta revelador es que los tres testigos de la supuesta reunión en la que se determinó el crimen no coinciden ni en el día, ni en la hora, ni en los asistentes, ni en la forma en que llegaron a la supuesta reunión. Cada uno da una versión diferente. Incluso en el testimonio del mismo "panadero" hay tres versiones distintas de la reunión.

Sucede que "el panadero" está en el marco jurídico de "Justicia y Paz", y en ese marco, si se tiene un homicidio, le condenan de cinco a ocho años; si tiene diez homicidios, le condenan de cinco a ocho años; y si tiene cien homicidios, igual. Entonces puede involucrar a quien quiera, sin resultar afectado procesalmente.

"El panadero" está preso desde el año 99. Y estando preso tiene tres procesos judiciales, uno por la violación de Jineth Bedoya, otro por un asesinato masivo en la cárcel Modelo, unos testigos que picaron, y otro por el asesinato hace dos años de un profesor de Barranca. Son procesos en los que él está vinculado por hechos cometidos después de estar preso. Un personaje que nunca se desmovilizó, que no ha dejado de delinquir y que como era amigo del jefe paramilitar Julián Bolívar y le trabajaba desde la cárcel, le hicieron el favor de meterlo en una lista como supuesto desmovilizado.

"El panadero" no sólo ha hablado contra David, también lo ha hecho contra otras personas y organizaciones, Yolanda Becerra la Organización Femenina Popular, Credhos, la Uso, Sinaltrainal....

Pero, con estos hechos, ¿cómo pudo la juez sentenciar a David Ravelo? preguntamos a Alirio Uribe, y él nos respondió: "La juez de Primera Instancia afirmó que el testigo: "es imparcial, creíble y que no se le ve ninguna enemistad contra Ravelo". Lo afirmó así a pesar de que tan solo el hecho de haber sido de la U. P. y defensor de derechos humanos, ya significa ser objetivo militar en una zona paramilitar. Pero no solamente eso, "el panadero" afirmó: en tal sitio, tal día, y a tal hora, ordené matar a David Ravelo, pero no pudimos hacerlo porque hubo un operativo policial. Después el mismo "panadero" dice: "en el año 99, me trataron de matar, hicieron un operativo que dirigió Efride Ravelo, el hermano de David Ravelo, quien trató de asesinarme".

Además, hay otra persona en el proceso llamada Orlando Noguera que fue condenada por ser de las farc, y quien aceptó integrarlas. Cuando se inicia el juicio contra Ravelo capturan a Orlando Noguera, quien contó: "Apenas llegué preso a Bucaramanga me cayeron "el panadero" y Fremio Sánchez, me ofrecieron plata y me dijeron: "usted debe decir que la reunión donde se fraguó el crimen de Cala tuvo lugar, que usted estuvo en esa reunión, que Ravelo también estuvo y mandó a matar a Núñez Cala. Incluso me ofrecieron plata para extorsionar a Horacio Serpa y a Arístides Andrade. Si ellos no nos dan plata, seguimos echándole lengua a todos".

¿Qué nos puede decir con relación al fiscal de este proceso, con dimensiones tan opacas?, es el interrogante que le planteamos a Alirio para concluir nuestra conversación, y él responde: "Hace muy poco tiempo tuvimos conocimiento de que el fiscal alcanzó a ser Capitán de la Policía, que siendo Teniente fue comandante de la Policía en Armenia. Y allí en 1991, unos policías están disparándole a una persona en las afueras de la ciudad, un joven en una moto los ve, la moto se le apaga. El joven es conducido a la estación comandada por este Teniente, y es desaparecido. Éste Teniente, que es el fiscal, fue destituido por la Procuraduría de derechos humanos y tiene una inhabilidad especial permanente que le impedía ser fiscal. Incluso tiene una condena de un año por parte del Tribunal Militar. El Consejo de Estado y la Corte Constitucional ratificaron la sanción de la Procuraduría. En este momento estamos alegando que todo lo hecho por un funcionario que no podía ejercer como tal, es nulo, y presentando nuestro recurso de apelación con un conjunto de argumentos que demuestren al Tribunal la necesidad de modificar la sentencia y de esta manera hacer justicia".

Sentado en la sala del Palacio de la Justicia, observando el proceso de Efraín Ríos Montt, el general retirado y presidente de facto 1982-1983, y de su jefe de inteligencia Mauricio Rodríguez Sánchez, acusados de genocidio, es quizás lo más cerca que uno puede estar del “Eichmann en Jerusalén”.

No es una comparación directa: el juicio del encargado de organizar el transporte de los judíos a los campos de concentración, realizado en Israel en 1961 (retratado por Hannah Arendt en su Eichmann en Jerusalén, un informe sobre la banalidad del mal, 1963), y el juicio de los militares guatemaltecos que en una campaña contrainsurgente arrasaron con la población civil, no son lo mismo.

Los separan las particularidades de los hechos (los guatemaltecos eran más “rústicos”: asesinando en el lugar, abriendo vientres de mujeres y sacando tripas de niños) y sus contextos, pero los unen las dimensiones históricas (es el primer juicio por genocidio en Guatemala tras el conflicto interno 1960-1996, que arrojó unos 200 mil muertos, y el único así del mundo en una corte nacional) y la esencia del delito.

Tiene razón Ricardo Falla, antropólogo y jesuita, autor de un libro-denuncia, Masacres en la Selva (1993), que, analizando las bases jurídicas del genocidio (según la ONU) y poniéndolas en el contexto de Guatemala, subraya que el genocidio allí tenía sus propios rasgos: “Sería una trampa ideológica compararlo con el genocidio nazi y concluir que aquí no ocurrió”. Según él, éste se realizó por dos vías: 1) masacres de aldeas y 2) desplazamiento y sometimiento al hambre, enfermedades, etcétera ( Plaza Pública, 19/3/13).

La acusación se limita al área ixil en el departamento del Quiché, dónde los asesinatos eran más sistemáticos, revelando una política del Estado (plasmada en los planes militares: Sofía/Victoria 82/Firmeza 83) para exterminar a los mayas-ixiles, considerados un “enemigo interno”, que fueron: 1) masacrados (con saldo de mil 771 muertos), 2) desplazados (unos 30 mil), 3) y los demás recluidos en condiciones de campos de concentración en las “aldeas modelo”.

Según la defensa, ex militares y la derecha agrupados en la Asociación de Veteranos Militares (Avemilgua) o en la Fundación contra el Terrorismo, que financió un sintomático panfleto producto de la propaganda de la guerra fría: La farsa del genocidio en Guatemala, una conspiración marxista desde la iglesia católica I-II ( El Periódico, 14 y 21/4/13), se trata de una “fabricación jurídica”.

Un buen ejemplo de este negacionismo han sido los testimonios de los testigos de Ríos Montt, que siguieron después de casi 100 víctimas ixiles y peritos que hablaron de masacres, violaciones, torturas, desplazamiento, quema de casas y milpas.

Según Alfred Kaltschmitt, ex director de una fundación que gestionaba “proyectos de desarrollo” en el área ixil, miembro de la misma Iglesia del Verbo que Ríos Montt (es interesante cómo los círculos evangélicos y el “desarrollo” se insertaban en la política contrainsurgente), “el ejército protegía y salvaba a los ixiles” (sic), “las aldeas modelo no eran campos de concentración” (sic) y los años 1982-1983 “eran los mejores tiempos del ejército” (¡sic!), versión repetida por otros testigos, curiosamente todos ladinos que se lamentaban por “pobres ixiles manipulados por la guerrilla”...

No testificó ningún ixil “salvado” por el ejército: ¿será que –igual que en aquella caricatura de un marine– la mayoría de ellos fue “salvada del comunismo” hasta la muerte? (como apunta Falla, desde el racismo imperante del Estado la población indígena fue considerada “desechable”, con tal de “salvar a la patria del comunismo”).

Paradójicamente la negación proviene también de la izquierda que le hace el juego a la derecha y al ejército que cierran filas en torno a Ríos Montt: el documento “Traicionar la paz y dividir a Guatemala”, firmado por intelectuales, ex guerrilleros y negociadores de paz ( Prensa Libre, 16/4/13), no difiere mucho de uno firmado por el presidente, general retirado Otto Pérez Molina ( Prensa Libre, 23/4/13), que durante el proceso fue señalado como participante de matanzas.

Todo esto parte de la estrategia mediática para descarrillar el proceso, que consiste en: 1) polarizar a la sociedad en torno al genocidio, 2) asegurar que el proceso corresponde a la “presión internacional”, 3) descalificar a las víctimas, 4) cuestionar la imparcialidad de la corte, 5) afirmar que a los acusados se les negó la defensa, 6) que el fallo ya está emitido 7) y que “atentará contra la paz” y “dividirá el país”.

Algo de esto funcionó ya, pues, cuando parecía que ya no le faltaba mucho al juicio, el 18 abril el tribunal de primera instancia anuló todo... Aunque la juez del caso “anuló lo anulado”, la Corte de Constitucionalidad (CC) hasta ahora mantiene todo en un limbo.

Mirando a Ríos Montt, ya a sus 86 años –sonriente y respetuoso con la corte–, hace pensar en la tesis central de Arendt sobre la “banalidad del mal”: los genocidas nazis no eran “malos por naturaleza”, sino productos de ciertas circunstancias. Quizás él tampoco (sic), siendo en parte un producto –igual que el genocidio– de las presiones de Washington para “frenar el comunismo”.

Más allá de las controversias en torno al juicio de Eichmann, criticado por Arendt en su recuento, también cuestionado ( El Puercoespín, 9/4/11), o las prácticas (¿casi genocidas?) del mismo Israel hacia los palestinos, y más allá, pero sin olvidar el apoyo israelí a Ríos Montt ya cuando Carter le retiró la ayuda militar por violaciones de los derechos humanos, “Eichmann en Jerusalén”, como un hecho histórico, sigue siendo símbolo y sinónimo de la justicia y triunfo de las víctimas.

¿Símbolo y sinónimo de qué será “Ríos Montt en Guatemala”?

Por Maciek Wiesniewsk, periodista polaco