Santiago, 12 de mayo. Una renovada fiebre del oro tiene a América Latina en jaque: bosques tropicales devastados en faenas ilegales donde reina la ley del más fuerte, comunidades locales en pie de guerra contra proyectos de inversión de las grandes mineras internacionales.
 

El apetito por el oro y otros metales tiene en auge a la minería informal, sobre todo en Perú, Colombia y Bolivia, y a la industria formal en apogeo, con una inversión proyectada de 300 mil millones de dólares a 2020, según la Sociedad Interamericana de Minería.
 

No obstante, 162 conflictos mineros han estallado en toda la región por la oposición de comunidades locales contra proyectos que ven como una amenaza, en especial por su gran consumo de agua, según el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina.
 

Con un precio del oro que pasó en la última década de 270 dólares a entre mil 600 y mil 800 dólares la onza (por ser refugio favorito de inversionistas ante las turbulencias de la economía mundial) y un cobre por las nubes debido a la voraz demanda de China, nada hace pensar que la tendencia se detenga.
 

La minería informal: desastre social y ambiental

La minería ilegal, sobre todo aurífera, se ha cobrado ya centenares de víctimas y ha depredado miles de hectáreas en la Amazonia, donde se han instalado extensos campamentos que arrasan con todo a su paso.
 

Para extraer cada gramo de oro se requieren dos o tres de mercurio, que es vertido a los ríos en los lavaderos. En busca de agua, las topadoras arrasan con los bosques tropicales.
 

En paralelo ocurre un desastre social: miles de niños, mujeres y hombres son explotados sexual y laboralmente, en precarios campamentos donde no hay escuelas ni centros de salud y rige la ley del más fuerte.
 

En Perú, donde entre 110 mil a 150 mil personas se dedican a la minería ilegal, unos mil niños son explotados sexualmente en la zona de Madre de Dios, según la organización no gubernamental (ONG) Save The Children.
 

“Aquí hay decenas de prostibares, donde cientos de niñas son llevadas engañadas en la creencia que van a ganar mucho dinero”, dijo a la agencia de noticias Afp Teresa Carpio, directora de esta ONG en Perú.
 

“Es la explotación del ser humano al máximo. Las condiciones de vida son miserables y están trastocados todos los valores”, agregó. “Si viajas hasta allá es como hacer un viaje al pasado, es como ver una película del oeste (estadunidense), un drama sin precedente”, ilustró.
 

En esa región, una de las más pobres de Perú, se producen unas 18 toneladas de oro al año, y según estimaciones oficiales, se han destruido 20 mil hectáreas de bosques tropicales.


En Colombia, miles de personas han vuelto a explotar antiguas minas en los departamentos de Antioquia y Chocó.
 

En las comunidades indígenas y negras, la participación de niños en la minería del oro es parte de sus tradiciones. Se calcula que hay entre 200 mil y 400 mil niños que trabajan hoy en la minería a pequeña escala, según datos suministrados por Amichocó de Colombia, a la Alianza por la Minería Responsable (AMR).
 

En Bolivia unas 10 mil personas viven de la minería del oro, explotando pequeños depósitos “en condiciones extremadamente severas, de forma muy precaria y causando un fuerte impacto ambiental”, según la AMR.
 

Un nuevo El Dorado

El apetito por minerales tiene también a América Latina como una de las regiones más atractivas para la inversión. El año pasado captó 25 por ciento de las inversiones en exploración. Hoy 45 por ciento del cobre sale de América Latina, 50 por ciento de la plata y 20 por ciento del oro, pero si se concretan los proyectos de inversión la región liderará en 2020 la producción de estos metales.
 

No obstante, varios proyectos han sido detenidos en Chile, Perú y Argentina. La aplicación del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que exige consultar a las comunidades sobre alteraciones en sus territorios, es el arma principal contra proyectos que han sufrido costosos retrasos.
 

“Los conflictos sociales que están muy presentes en la región, van a tener y están teniendo impacto en los cronogramas de los proyectos de inversión”, dice a la Afp el economista José de Echave, ex viceministro de Medio Ambiente en el actual gobierno peruano de Ollanta Humala.
 

El proyecto Conga, de la estadunidense Newmont y con 4 mil 800 millones de dólares en inversión, es resistido por la población de Cajamarca (norte de Perú), que estima que la agricultura se verá perjudicada por la falta de agua; el proyecto quedó detenido en noviembre.
 

En la localidad argentina de Famatina, la canadiense Osisko Minning Corp suspendió su proyecto para instalar una mina de oro a cielo abierto en el cerro General Belgrano.
 

En Chile la canadiense Goldcorp paralizó la explotación de la mina El Morro, en el norte, por no haber consultado al pueblo indígena que vive en la zona.
 

“Lo que se pide es que el modelo económico y las actividades productivas respeten la legislación vigente, que el desarrollo sea acorde y sostenible con los pueblos que habitan las zonas que se quieren explotar”, explicó la abogada Consuelo Labra, de la ONG Observatorio Ciudadano, que asesora a comunidades indígenas.

Afp

 

Todos los años la región latinoamericana escala posiciones en el ranking geopolítico mundial por el constante incremento de sus reservas de recursos estratégicos. Cuando Petrobras difundió en 2006 el descubrimiento de la capa pre-sal de petróleo, que puede albergar hasta 100 mil millones de barriles de crudo, el peso de Brasil en el mundo creció notablemente, ya que en 2020 será el cuarto productor mundial de crudo.


La pasada semana se supo que posee también enormes reservas de gas natural en las regiones de Mato Grosso y Minas Gerais. El ministro de Minas y Energía, Edison Lobão, aseguró que en cinco años el país tendrá autosuficiencia y se convertirá en exportador aunque seguirá importando gas boliviano (O Globo, 29 de abril de 2012). Hasta ahora Brasil es un modesto productor de gas con reservas de 340 mil millones de metros cúbicos, puesto 36 en el mundo.


Las cifras que difundió el gobierno de Dilma Rousseff elevan las reservas a 7 billones de metros cúbicos, lo que coloca al país entre las cinco principales reservas de gas del mundo, detrás de Rusia, Irán y Qatar y a la par de Arabia Saudí. Un salto espectacular, similar, según Lobão, al que se dio con la capa pre-sal. En suma, la sexta economía del mundo se coloca como potencia gasífera y petrolífera, en una región cuya importancia en materia de recursos minerales y energéticos no deja de crecer.


Apenas un año atrás, Venezuela había desplazado a Arabia Saudí como la primera reserva de petróleo. Además posee la tercera reserva de bauxita, la cuarta de oro, la sexta de gas natural y la décima reserva de hierro del mundo. En 2007 se supo que Perú contiene enormes reservas de uranio, disperso en 13 de sus 25 regiones, que ya se comienza a explotar en la provincia sureña de Carabaya, en Puno. A eso debe sumarse que Chile es el mayor productor mundial de cobre, y Brasil el mayor de hierro.


Un reciente informe de Metals Economic Group señala que la caída del mercado de acciones favorece las inversiones en minería que crecieron 44 por ciento en 2010 y 50 por ciento en 2011, luego de una fuerte caída en 2009 (Tendencias de la exploración mundial 2012). La región latinoamericana es el primer destino de las inversiones mineras en el mundo, con 25 por ciento del total, donde destacan Chile, Perú, Brasil, Colombia, México y Argentina, los tres últimos por ser grandes productores de oro. En 2003, apenas 10 por ciento de la inversión minera mundial se dirigía hacia América Latina.


Perú es el primer destino de las inversiones mineras en la región, seguido por México, Chile y Brasil. En 2010 la región proveía 51 por ciento de la plata del mundo, la mitad del litio, 45 por ciento del cobre, 27 por ciento del molibdeno, 25 por ciento del estaño, 23 por ciento del zinc y la bauxita, 19 por ciento del oro y 18 por ciento del hierro (Reuters, 16 de abril de 2012). Hasta 2020 el sector minero recibirá 300 mil millones de dólares de inversiones.


Un verdadero desastre, ya que consolida la dependencia de la región a la explotación y exportación de sus recursos naturales. El periodista peruano Raúl Wiener sostiene que 30 por ciento de los ingresos fiscales de su país se originan en la minería y que “la única forma más o menos rápida de incrementar estos fondos en el corto plazo y poder llevar adelante los programas sociales que todo candidato promete para ganar las elecciones, es con más inversiones en minería, por lo que pelearse con este sector sería hacerse el harakiri” (La Primera, 12 de abril de 2012).


La región ocupa un lugar destacado no sólo en reservas de gas natural y gas de esquisto (shale gas), petróleo, mineral de hierro, sino también en los más diversos metales. Para las multinacionales es el momento de hacer negocio. ¿Cómo evitar esta avalancha de inversiones que depredan la naturaleza y remachan nuestra dependencia? ¿Cómo hacer para que las riquezas no se conviertan en una maldición, como señala el ex presidente de la Asamblea Constituyente del Ecuador, Alberto Acosta?


El primer punto es que en los gobiernos no existe clara conciencia de que la región es un nuevo Medio Oriente. Atados a una mirada de corto plazo para aumentar la recaudación fiscal, ni siquiera saben cómo harán para defender esas riquezas. La segunda cuestión es que la resistencia de los movimientos, vigorosa y valiente, no tiene aún la potencia suficiente para frenar este proceso. Por cada emprendimiento que se frena o aplaza, como el proyecto explotación aurífera Conga, en Perú, decenas de otros siguen adelante.


En tercer lugar, el único país de la región que tiene la capacidad tecnológica y financiera para encarar proyectos de extracción e industrialización de los recursos es Brasil, a través de Vale (segunda minera del mundo), Petrobras (cuarta petrolera), Braskem (quinta petroquímica) y sus grandes constructoras como Odebrecht, OAS, Andrade Gutierrez, Camargo Correa y Queiroz Galvão. Y cuenta con el mayor banco de fomento del mundo, el BNDES, para financiar cualquier proyecto.


El fracaso de la refinería que decidieron construir en Manabí las estatales Petroecuador y PDVSA, que crearon una empresa binacional para desarrollar el proyecto, muestra los límites de las iniciativas regionales. El proyecto fue anunciado por el presidente Rafael Correa en 2008 y nunca se concretó. A mediados de abril Correa informó que China estaría dispuesta a financiar los 13 mil millones de dólares de la Refinería del Pacífico que podría estar terminada en 2016 (La Hora, 21 de abril de 2012). Ecuador debió recurrir a China ante la crisis y ruptura con las empresas brasileñas en 2008.


La sensación dominante es que más allá de la voluntad de los gobiernos de la región, que apuntan hacia la profundización del modelo extractivo con mayor presencia estatal, no hay condiciones para eludir a las multinacionales. La buena nueva, relativa por cierto, es que el menú se ha ampliado: a las tradicionales megaempresas del norte se suman ahora las chinas y las brasileñas. Los que crean que son mejores, les pueden preguntar a los pueblos –y también a los gobiernos– que las sufren.

En Ecuador, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, conjuntamente con otras organizaciones sociales, llevaron adelante la Marcha Plurinacional por el Agua, por la Vida y la Dignidad de los Pueblos, del 8 al 22 de marzo de 2012, con una plataforma de 19 puntos entre los que constaban la oposición a la megaminería a cielo abierto, la defensa del agua, el rechazo a la criminalización social, entre otras;  demandaban, además, el cumplimiento de los derechos que constan en la Constitución y que no han sido ni cumplidos ni respetados por el gobierno de Alianza País.

En Bolivia, en cambio, la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia, CIDOB, con el apoyo del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyo, CONAMAQ, y otras organizaciones sociales, en especial aquellas de los territorios indígenas del TIPNIS (Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure), realizaron, en septiembre de 2011, la VIII Marcha Indígena por la defensa del TIPNIS, los derechos territoriales, el medio ambiente, las áreas protegidas, los derechos colectivos y la libre determinación de los pueblos indígenas, y anuncian la realización de la IX Marcha para el 25 de abril de 2012 que, además, cuenta con el apoyo de la histórica COB (Central obrera boliviana).

Las organizaciones bolivianas realizan esta marcha en oposición a la construcción de la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos, que partiría en dos el TIPNIS y lo integraría a los procesos de mercantilización y privatización territorial contenidos en los planes de integración de la IIRSA (Iniciativa de Integración de la Infraestructura de Sud América) y que, según las organizaciones indígenas, expresa el compromiso cada vez creciente del gobierno de Evo Morales con las transnacionales de la minería, el petróleo, el agronegocio e, incluso, el narcotráfico.

Es significativo que en ambos países las organizaciones indígenas y sociales se opongan a gobiernos que se han autocalificado de izquierda y que gozan de un amplio reconocimiento a nivel mundial como gobiernos progresistas y críticos al neoliberalismo. También es significativa la forma por la cual ambos gobiernos, tanto Alianza País en el Ecuador, cuanto el Movimiento Al Socialismo, MAS, en Bolivia, se han confrontado a estas marchas y han utilizado todos los recursos del Estado para boicotearlas, deslegitimarlas, manipularlas, minimizarlas y, finalmente, reprimirlas. Son comunes los argumentos utilizados por ambos regímenes tanto para legitimarse a sí mismos cuanto para desacreditar a las organizaciones sociales, así como son parecidas las estrategias de cooptación, división social y confrontación con organizaciones o redes clientelares creadas por estos gobiernos.

Así por ejemplo, en Ecuador, Alianza País utiliza el respaldo de organizaciones relativamente pequeñas como la FEI, o la Red Agraria, para oponerlas a la CONAIE; moviliza también al sector público y a los receptores de las transferencias monetarias condicionadas, el Bono de Desarrollo Humano, para crear la sensación de un enorme y multitudinario apoyo a su favor. En Bolivia, el MAS llegó a inventarse un movimiento social, el CONISUR (Consejo Indígena del Sur), para confrontar a la CIDOB y la CONAMAQ y, de paso, incumplir con los compromisos que la VIII marcha en defensa del TIPNIS le había obligado a suscribir.

Ahora bien, es necesario referir y contextualizar estas marchas indígenas y sociales, que no solamente se producen en Ecuador y Bolivia sino en toda Abya Yala, al interior de las resistencias a los procesos de acumulación por desposesión que caracterizan al posneoliberalismo, es decir, aquel momento de la historia en el cual aparentemente en Abya Yala (América) se ha superado el neoliberalismo duro del Consenso de Washington para entrar, en cambio, en la privatización de los territorios, los recursos naturales y la criminalización social.

La presión extractivista de las transnacionales, sobre todo de la megaminería a cielo abierto y el agronegocio (soja transgénica, maíz transgénico, biocombustibles, etc.), está provocando una fuerte disputa sobre los territorios, los recursos naturales y la soberanía estatal. El despojo, la expropiación, y la violencia del extractivismo están generando el mismo miedo social y la misma pobreza que en su tiempo provocaron las políticas de shock del FMI.

El extractivismo, de otra parte, está transformando los sistemas políticos de la región hacia modelos de dominación política cada vez más autoritarios, violentos, panópticos y clientelares.

En esa dinámica, la criminalización social, la represión y la eliminación de las resistencias sociales, van de la mano del incremento del gasto fiscal en salud y educación, así como de un amplio abanico de transferencias monetarias condicionadas, creadas, además, desde el Banco Mundial (en Ecuador: Bono de Desarrollo Humano; en Bolivia: Bono Juancito Pinto).

Este proceso simultáneo de criminalización y asistencialismo clientelar, a veces se acompaña de una retórica nacionalista y de una fuerte crítica al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial, por parte de Rafael Correa en Ecuador y Evo Morales en Bolivia. Una crítica que ha demostrado ser irrelevante cuando se trata de entregar los recursos naturales a las transnacionales. Sin embargo, esto ha conducido a que varios sectores de izquierda a nivel mundial, apoyen a estos gobiernos incluso en contra de las organizaciones sociales que luchan y resisten al extractivismo.

La marcha organizada por la CONAIE en Ecuador en contra de la minería a cielo abierto y en defensa del agua, así como la marcha en defensa del TIPNIS que realizaron la CIDOB y la CONAMAQ en Bolivia, indican una recuperación del movimiento social y de sus posiciones críticas, y el fracaso de la intención gubernamental de adscribir a estas organizaciones y movimientos sociales a sus propias dinámicas. Estas marchas tienen varios puntos en común y están generando un proceso de transición política en Abya Yala, que es necesario señalar.

Uno de los primeros aspectos que comparten las organizaciones sociales de Bolivia y Ecuador es que sus movilizaciones han logrado arrebatar la iniciativa política a sus respectivos gobiernos y están llevando al debate político y sus definiciones por fuera de las coordenadas del liberalismo. Los movimientos sociales no esperan el tiempo electoral, ni tampoco confían en las instituciones del sistema político liberal (como el parlamento) para frenar al extractivismo, porque saben que la definición y disputa real se juega por fuera de los márgenes del sistema político.

Es una ingenuidad pensar que la acumulación del capital, sobre todo en su fase de desposesión y extractivismo, pueda contenerse solamente utilizando las instituciones liberales. En general, esas instituciones sirven para imponer las prioridades que nacen desde la acumulación del capital y casi siempre son de una sola vía, aquella que nace desde el poder. Precisamente por ello han recuperado la movilización, porque saben que fue con la movilización que pudieron frenar el neoliberalismo, e intuyen que será con la movilización que detendrán al extractivismo.

Empero, este cambio de las reglas de juego resiente a los gobiernos que quieren que la conflictividad social se procese desde las coordenadas disciplinarias del liberalismo. Estos gobiernos están plenamente conscientes del rol político que tiene la movilización, porque cuando estuvieron del otro lado de la orilla apostaron todo, precisamente, a la movilización social. Su constitución como opciones políticas nació con la movilización, por ello ahora pretenden controlarla y asumirla como prerrogativa propia. En virtud de que estos gobiernos nacieron desde la movilización y la resistencia al neoliberalismo, asumen que tienen patente de corso sobre la movilización social. Por eso, los gobiernos de Ecuador y Bolivia, han acusado a los movimientos sociales de estar respaldado por la CIA norteamericana, por la derecha oligárquica, por los grupos tradicionales de poder que utilizan al  movimiento social para restaurar el statu quo, etc. Todo con tal de evitar que la movilización social regrese nuevamente a los movimientos sociales.

Asimismo, han acusado a las organizaciones sociales de aprovechar las movilizaciones para posicionarse electoralmente y han negado validez a la agenda de los movimientos sociales, haciendo uso, de esta manera, de la misma retórica que utilizaban los regímenes neoliberales para desacreditar a las movilizaciones sociales. Han intentado, incluso, desprestigiarlas utilizando criterios racistas, sexistas, machistas y xenófobos. Los gobiernos “progresistas” de Ecuador y Bolivia tienen miedo cerval a la movilización social porque saben que éstas pueden generarles un vacío político cuyas consecuencias no quieren ni siquiera imaginar.

En ambos países, los gobiernos también han utilizado sus redes clientelares para movilizarlas en contra de los movimientos sociales y han tratado de provocarlos generando confrontaciones, para luego acusar al movimiento social de violento y, en consecuencia, deslegitimarlo y reprimirlo. De hecho, el gobierno de Bolivia ha acusado a las víctimas de la represión gubernamental durante la VIII Marcha en defensa del TIPNIS de ser ahora ellos los victimarios y los ha acusado de intento de homicidio (aunque no dicen a quién).

No obstante, tanto la CONAIE del Ecuador y sus aliados, cuanto la CIDOB y la CONAMAQ de Bolivia, han superado esa intención de sus respectivos gobiernos de que su movilización sea reducida a las coordenadas del liberalismo, y han sostenido su resistencia en el espacio que mejor conocen y procesan: la movilización social. Esa movilización tensa la cuerda del liberalismo y agota a los gobiernos de Rafael Correa en Ecuador y Evo Morales en Bolivia y, al mismo tiempo, fortalece a los movimientos sociales.

Las movilizaciones sociales están recuperando nuevamente el sentido de la política como praxis histórica, pero en un nivel diferente porque una cosa era confrontar a regímenes expresamente neoliberales y otra a los gobiernos progresistas posneoliberales. Su tarea es quizá más compleja que antes porque tienen que demostrar que la adscripción a la izquierda que hacen estos gobiernos es solamente un simulacro del poder.

Una segundo punto común a ambos procesos es que al recuperar la agenda política y su discurso, los movimientos sociales están desalojando del espacio de la izquierda política tanto a Alianza País en Ecuador, cuanto al MAS en Bolivia, y de esta manera los están empujando hacia el centro político. Ahora bien, el centro solo existe desde la mirada de la derecha política. Se trata de una jugada importante porque estos regímenes se legitimaban, precisamente, en una ideología crítica al capitalismo y que establecía una relación simbólica importante con la historia de movilización, resistencia y lucha social de los movimientos sociales de ambos países.

La adscripción a la izquierda se convertía en un dispositivo ideológico fundamental para mantener la hegemonía política y movilizar a la población en función de sus prerrogativas. Este desplazamiento hacia el centro hace que la referencia a cualquier discurso de izquierda por parte de Alianza País en el Ecuador o el MAS en Bolivia, sea asumido más como un recurso de mercadeo y publicidad política que como un compromiso real. Esto implica que ambos partidos políticos no son ya una opción de cambio sino una solución de continuidad con el posneoliberalismo.

Un tercer punto en común está en la agenda que ambos movimientos sociales han logrado posicionar con fuerza: el modelo extractivista como eje central que caracteriza a estos gobiernos posneoliberales. Se discute ampliamente en Ecuador sobre la megaminería a cielo abierto y la defensa del agua gracias a la CONAIE y sus aliados. El Presidente ecuatoriano, Rafael Correa, en esta discusión y como es lógico en un gobierno posneoliberal, defiende con ahínco y devoción a las corporaciones mineras transnacionales. En Ecuador, la CONAIE ha logrado provocar un amplio debate sobre el agua, la tierra y los territorios, en un contexto en el que existe una Constitución que, al menos teóricamente, le es favorable. De esta forma, la CONAIE ha recuperado su rol político de subrayar aquellos temas del debate político que son prioritarios para el país. La agenda de la política regresa, nuevamente, hacia los movimientos sociales.

En Bolivia, la defensa del TIPNIS ha creado las condiciones para que los movimientos sociales sitúen el debate en un contexto más geopolítico. La defensa del TIPNIS se hace en contra de la IIRSA y de las pretensiones geopolíticas de la burguesía brasileña (de hecho, la empresa que construirá la carretera en el TIPNIS es la brasileña OAS). El movimiento social boliviano, sobre todo luego de las movilizaciones en contra del presidente Morales que pretendía aplicar un ajuste macrofiscal en el mismo estilo de aquellos aplicados por el FMI, incrementando el precio de la gasolina, en diciembre de 2010, ha comprendido que en el momento posneoliberal la resistencia es, básicamente, geopolítica. Es ésta una dimensión aún ausente en el movimiento social ecuatoriano.

Un cuarto punto en común a ambos procesos hace referencia a la forma por la cual se interrogan sobre el futuro político. ¿Cuáles son las opciones luego de Correa en Ecuador y Morales en Bolivia? Poco a poco, los movimientos sociales empiezan a comprender que las opciones reales no pasan necesariamente por el sistema político liberal; comprenden también que ese sistema político, a pesar de todas las referencias a la democracia y a la participación, en realidad debe ser comprendido siempre como un sistema de dominación. Ahora entienden que la democracia quizá se encuentre por fuera de ese sistema político liberal. Esta comprensión de la democracia como una apuesta por descolonizarla del liberalismo, es correlativa a aquella otra constatación de que el desarrollismo que hacen gala los gobiernos progresistas de la región, es otra expresión de la acumulación por desposesión del capitalismo. Ni desarrollismo económico ni democracia liberal, sino democracia social y comunitaria, y Buen Vivir. Alianza País en Ecuador, y el MAS en Bolivia, no son alternativas al desarrollismo, en realidad expresan otras formas de desarrollismo y liberalismo, vale decir, capitalismo.

Es por ello que se ha suscitado un fuerte debate sobre las propuestas emancipatorias de los movimientos sociales. En Bolivia se ha tratado de trivializar y banalizar la propuesta emancipatoria del movimiento indígena etiquetándola como pachamamismo. En Ecuador también se ha producido ese debate en contra del concepto del sumak kawsay (Buen Vivir). Sin embargo, los movimientos sociales comprenden claramente que el extractivismo y el desarrollismo son incompatibles con el Buen Vivir, cualquiera sea su definición, y que mientras más avance el extractivismo más en peligro está la supervivencia de la vida humana, lo que recuerda las derivas biopolíticas del posneoliberalismo, de ahí que en ambos países una consigna común del movimiento social sea la defensa de la vida.

Los movimientos sociales también comprenden que en el liberalismo los gobiernos, de forma independiente de su color político que, incluso, puede tener los colores de la wiphala (el arcoiris), ahora está del lado del poder, y que ese poder apuesta con todo por la violencia y la desposesión extractiva. En los movimientos sociales de Ecuador y Bolivia, hay una percepción cada vez más clara que Rafael Correa y Alianza País, así como Evo Morales y el MAS, son los rostros que asume el nuevo poder, son las nuevas amenazas a la vida, a la soberanía y a la paz. En estos dos países, gracias a los movimientos sociales, radican las esperanzas más firmes del movimiento social de continente por superar el momento posneoliberal y las tentaciones de los gobiernos progresistas.

Quito, 21 de marzo. Al menos mil indígenas ecuatorianos llegaron este miércoles a esta capital después de una marcha de dos semanas en rechazo a la gran minería y para demandar leyes sobre el manejo del agua y la redistribución de tierras, en tanto que seguidores del presidente Rafael Correa se alistan para salir a las calles para brindar apoyo multitudinario al mandatario.

Se oyen los primeros rugidos. Las aves parten en vuelos urgentes sin ruta planificada. Los mamíferos corren en círculos muy desorientados. Los topos y topillos se entierran lo más hondo que pueden, y se llevan las manos a unos ojos llorosos que nunca vieron (son casi ciegos) nada igual.

Las gentes del lugar se abrazan a los árboles. Un par de jóvenes se han encadenado a dos de ellos. No importa, el primer bocado llega puntual, y la excavadora traga media tonelada de bosque, fauna y flora. Así, bocados de excavadoras y explosiones de dinamita hasta cavar en el mismo ombligo del planeta Tierra una fosa de casi dos kilómetros de diámetro y por lo menos 800 metros de profundidad.

¿Por qué un bombazo así a nuestro globo terráqueo? ¿Qué pretenden enterrar? ¿No temen que de su interior emane el fuego del averno y les carbonice? ¿Cavan su tumba? ¿No les asusta poder ser tragados en un pliegue del terreno?

No, el interés del capital y su necesidad de multiplicarse es tan intrépido como insensato y repugnante.

No, el capitalismo busca en Marte, en Plutón o en las profundidades del subsuelo cualquier cosa que le dé de comer. Ahora en Ecuador, es la atracción por el cobre lo que mueve su maquinaria pesada.

No, no hay barreras. Para la mina de cielo abierta El Mirador, el gobierno de Rafael Correa ha encontrado capital chino para la succión del cobre durante los próximos 25 años. Para el hambre campesina nunca se encuentra solución.

 No, no les preocupan los problemas técnicos ni ecológicos para depositar las 26 mil toneladas de escombros que se producirán a diario, pues de entre ellas rescatarán 600 toneladas del cobre deseado. En total una montaña de material igual a 405 años de recolección de basura de Guayaquil, la ciudad más grande de Ecuador, para obtener unas 5 mil millones de libras de cobre.

 No, no habrá sequías para que brote su metal. De los ríos del pueblo Shuar tomarán 120 litros de agua por segundo y la devolverán ácidamente contaminada; y los peces morirán; y la población enfermará.

 No, sus corazones metálicos y fríos como el cobre, no sabrán nada de sequías río abajo. Sus camiones cargados del metal circularán entre la miseria recién nacida en el territorio.

Y 25 años después, cuando el cobre esté agotado (y el planeta anémico por la herida) entonces, como monumento a la codicia, la empresa minera hará del gran socavón un lago turístico donde los enriquecidos navegarán en sus lanchas fuera de borda. Y presumirán fachendas de una gran vista. Desde El Mirador otearán lo que fue la fabulosa Cordillera del Cóndor con sus árboles endémicos y su diversidad animal y vegetal. Pero no verán nada; será tan sólo y para siempre –gris e intoxicada– la Cordillera del Cobre.

 Y este proyecto es apenas el primero de una larga lista de violentas acciones megamineras en contra de la naturaleza, impulsadas por el gobierno nacional de ese pequeño país andino, que se precia del ser el primero en el mundo por haber entendido constitucionalmente que la naturaleza es sujeto de derechos.

El pueblo ecuatoriano está en la calle, y clama que "el agua vale más que el oro".


Por Gustavo Duch Guillot, coordinador de la revista Soberanía Alimentaria, Biodiversidad y Culturas.

En la región Madre de Dios (selva sudeste, frontera con Bolivia y Brasil) la población vive afectada por el mercurio vía el agua, los peces, las plantas y el aire, contaminados por quienes se dedican a la minería informal o ilegal. Es difícil medir las dimensiones de ese tipo de actividad extractiva, pero esta semana una fuente oficial reveló que se desarrolla en 21 de las 25 regiones.

El biólogo César Ascorra, secretario general de Cáritas en Madre de Dios, precisa que se entiende como minería informal la que se realiza sin haber terminado los trámites en el Ministerio de Energía y Minas para explotar una concesión. Además, se le denomina ilegal cuando ocurre en zonas reservadas o de amortiguamiento (en entornos medioambientales únicos por su biodiversidad y vulnerabilidad).

Este miércoles, 10.000 mineros informales se enfrentaron a la Policía Nacional como parte de un paro que ya llevaba nueve días en Madre de Dios en rechazo a una norma aprobada a fin de febrero, que castiga la minería informal o ilegal hasta con diez años de pena privativa de la libertad.

El martes los gremios mineros de Madre de Dios habían suspendido el paro para dialogar con el gobierno pero discreparon con los términos que propuso el Ejecutivo y terminaron pateando el tablero.

El enfrentamiento dejó como saldo tres personas muertas y más de 60 detenidos, mientras que movilizaciones similares ocurrían en Puno y Piura.

Quién hubiera imaginado estas consecuencias cuando empezó la conquista del Perú en el siglo XVI: “Antes los incas realizaban la extracción de oro solo mediante el lavado (minería aluvial), pero los españoles introdujeron el azogue”, comenta Ascorra.

Más de cien mil personas trabajan directamente en la minería informal, de acuerdo al cálculo oficial realizado a fines de 2010 por una Comisión Técnica Multisectorial del Estado que propuso un plan de regularización.

Entrevistada por El País, Juana Kuramoto, coordinadora de dicha comisión, dijo: “De nuevo están teniendo la visión de que es más fácil perseguir a 20 mil o miles de mineros que seguir a quienes controlan este negocio: empresas formales mineras que compran informalmente”.

 “El Estado no tiene recursos ni personal para ir tras miles de mineros. En las recomendaciones dijimos que había que tener inteligencia tributaria, revisar a quién se exporta o se vende, evaluar los permisos para importar maquinaria: son de 30 a 50 grandes entidades que financian la minería informal”, añade la investigadora del thinktank Grupo de Apoyo al Desarrollo Grade.

Kuramoto indica que la producción ilegal de oro es comprada por empresas formales que luego pueden enviar su carga y exportarla.

“En 2010, Yanacocha (el mayor productor de oro en el Perú) produjo 90 toneladas anuales y calculamos que la minería informal hizo 30 toneladas anuales: eso significa que produce aproximadamente una tercera parte”, dice.

El estudio que coordinó Kuramoto en 2010, refiere que las principales zonas de establecimiento de productores informales o ilegales son Madre de Dios, Piura (costa-selva), Ica (costa central), Arequipa, Ayacucho, Cusco, Apurímac (sierra sur-central), Puno (frontera con Bolivia), La Libertad y Cajamarca (sierra norte). Sin embargo, las más afectadas por deforestación y contaminación son Madre de Dios, Puno, Piura y Arequipa.

En Madre de Dios –conocida en el Perú como la región con la mayor biodiversidad– un área de dos kilómetros de largo por medio de ancho en la zona de amortiguamiento de la reserva Tambopata, ha sido deforestada por esta minería sólo en tres meses, comenta el representante de Caritas.

Ascorra revela que la rapidez con la que avanzan los informales en la ocupación del espacio, se debe al alto precio del metal: ahora está en casi 2000 dólares la onza. Kuramoto coincide: “Cuando hicimos el plan y las recomendaciones, la onza estaba en US$ 1400: ahora a US$1800, la extracción es rentable en todas las regiones”.

Por otro lado, esta semana, el viceministro de Desarrollo Estratégico del ministerio del Ambiente, Gabriel Quijandría, reveló que el país pierde de 250 millones a 500 millones de dólares anualmente, por pasajes no comprados.

Ascorra destaca en particular los impactos sociales de la extracción ilegal e informal, pues genera daños en la salud, especialmente en niños y gestantes, pero por otro lado, hay mucha violencia y muerte en el sector.

“En Europa, por la crisis, las personas están ahorrando en oro: deberían asegurarse de comprar ‘oro sin sangre’, sin mercurio, eso sería comercio justo”, añade.

Por Jacqueline Fowks Lima 16 MAR 2012 - 10:18 CET

En junio de 2002, hace apenas 10 años, se realizó en Tambogrande (norte de Perú) la primera consulta popular de carácter comunal sobre la minería a gran escala en el mundo. Más de 90 por ciento de los votantes, unas 25 mil personas, rechazaron el proyecto para explotar oro, plata y zinc de la canadiense Manhattan; sólo 350 votaron a favor y no acudieron a votar apenas 6 por ciento de los habitantes. La consulta fue organizada por la municipalidad y su resultado fue interpretado como un triunfo de la agricultura campesina, que depende del agua para su sobrevivencia.

A la consulta en Tambogrande le siguió la de Esquel (sur de Argentina) en marzo de 2003, donde 80 por ciento se pronunció contra un proyecto de Meridian Gold para extraer oro, con el uso de cianuro. En junio de 2005 se realizó otro referendo en Sipacapa, Guatemala, con similar resultado. Estas consultas fueron la forma de lucha encontrada por las comunidades locales para romper el aislamiento y evitar que sus razones fueran ahogadas por el silencio oficial y de los medios. Hoy puede decirse que tuvieron un resultado más que exitoso.

En Perú, la resistencia a la minería condujo a la realización de la Marcha Nacional por el Derecho al Agua, en febrero, en la que confluyó el grueso del movimiento social peruano. En Argentina, la victoria de Esquel activó la creación de decenas de asambleas locales que se coordinan en la Unión de Asambleas Ciudadanas, que acaban de realizar su 18 encuentro en Mendoza. En Guatemala ya hay 56 municipios que se declararon libres de minería, por la formidable presión de la población. En Perú, Brasil y Chile la resistencia popular contra las megarrepresas hidroeléctricas sigue avanzando, y se entrelaza con la lucha contra la minería y los monocultivos.

Luego de más de una década de resistencias es posible establecer un patrón de acción de movimientos que han trascendido largamente lo local y se instalaron como las principales alternativas al modelo asentado en la expropiación de los bienes comunes. "Es la movilización popular más importante desde la época de Fujimori", escribió Hugo Blanco, evaluando la Marcha del Agua (Lucha Indígena, febrero de 2012).

El primer rasgo de este patrón es que consiguieron un respaldo tan macizo y profundo entre las poblaciones locales que les permitió trascender el aislamiento y el hostigamiento. Buena parte de estas resistencias se hicieron fuertes al enraizarse en relaciones de carácter comunitario, lo que les permitió visibilizar la existencia de un conflicto entre grandes empresas multinacionales y comunidades locales que buscan asegurar su sobrevivencia. Apelaron a especialistas para traducir sus razones en el lenguaje de las clases medias urbanas y buscaron el paraguas protector de las instituciones y autoridades locales, que es lo que siempre hacen los oprimidos para legitimar sus demandas.

Aun cuando se movilizan pequeños grupos y hasta un puñado de personas, como sucede a menudo con las asambleas ciudadanas argentinas, la contumacia de las comunidades en movimiento les ha permitido neutralizar la criminalización de la protesta. Las comunidades locales están mostrado una novedosa capacidad de elaborar un discurso capaz de sintonizar con otras personas en los más remotos lugares, destacando que se trata de la defensa de la vida frente a la avaricia de la acumulación.

En segundo lugar, aunque la demanda sea estrictamente local, buscaron desde el comienzo tejer lazos con otros sectores sociales para ampliar el eco de sus luchas, y de ese modo comenzaron a tejer amplias alianzas regionales primero, nacionales después y ahora internacionales. La capacidad de romper el cerco informativo y político es lo que les ha permitido trascender la represión y conseguir masivos apoyos en las ciudades, algo que hasta ahora parecía difícil de conseguir.

Las formas de lucha, en tercer lugar, no son ni legales ni ilegales, ni pacíficas ni violentas, aunque hay de todos los tipos, sino sobre todo legítimas, tanto por las demandas como por la capacidad de los militantes de poner el cuerpo ante los gigantescos camiones de las empresas y los golpes de los policías. No hay contradicción entre la opción por las urnas en Tambogrande, o luego en Majaz (norte de Perú), y la contundente acción de los guerreros de Baguá en 2009, en la selva peruana.

En cuarto lugar, se registra la confluencia de los más diversos sectores sociales (como sucedió durante la marcha en defensa del TIPNIS en Bolivia en 2011, y en estos momentos en Aysén, en el sur de Chile) con la reactivación de los mecanismos internos tradicionales de los pueblos para tomar decisiones y garantizar su seguridad, como hicieron las rondas campesinas durante la reciente Marcha del Agua en Perú.

Por último, estamos ante una aceleración de los tiempos. En los primeros meses de este año se sucedieron la Marcha del Agua en Perú y el levantamiento de Aysén, que lleva ya tres semanas bloqueando puentes y carreteras, con una lista de 11 demandas, entre las que ocupa un lugar destacado la oposición a la represa Hidroaysén, mientras el pasado 8 de marzo comenzó la Marcha del Agua en Ecuador, que llegará el día 22 a Quito, luego de recorrer las tres regiones del país. Y ya se anuncia una nueva marcha en Bolivia para evitar que se imponga la carretera en el TIPNIS.

No estamos ante un conjunto de movilizaciones sino ante un movimiento contra las multinacionales y la especulación financiera, en defensa del agua, la vida y los pueblos. Es el más formidable, amplio y variopinto movimiento continental desde las luchas de las décadas de 1960 y 1970 y la resistencia a la primera fase del neoliberalismo en los 90. Este impresionante movimiento por los bienes comunes se registra tanto en países gobernados por la derecha como en los que tienen gobiernos de izquierda y progresistas. No es legítimo, por tanto, buscar excusas del estilo "a quién benefician" los movimientos para echar un manto de sombras sobre las luchas de los de abajo.

Africa, partes de Asia y América latina viven con tensiones el boom extractivo, que cambió de métodos y alimenta un mercado voraz. De la mano de las inversiones llegan los conflictos políticos y medioambientales.

La minería atraviesa un período de auge mundial que se explica por varias razones. La primera son las innovaciones tecnológicas, que hoy permiten explotar minerales dispersos en áreas relativamente amplias, superando así el agotamiento de la tradicional explotación de veta. La segunda es la escalada de precios resultante de la voracidad de algunos países emergentes en procesos de intensa industrialización, en particular China, que hoy consume el 46 por ciento del acero, el 40 por ciento del cobre y el 50 por ciento del carbón que se produce en el mundo, lo que la ha convertido en lo que los economistas, esos virtuosos del lenguaje, definen como un monopsonio (un actor económico que logra controlar el mercado por su capacidad de consumo, algo así como un monopolio de la demanda). Además, la debacle de los mercados financieros convencionales disparada por la crisis mundial de 2008-2011 llevó a muchos especuladores a refugiarse en las materias primas, lo que también contribuyó a aumentar sus precios.

Junto con Africa y algunas zonas de Asia, América del Sur es una de las regiones más ricas en minerales del planeta. En los últimos años, casi todos los países han visto una expansión acelerada de la actividad. En Brasil, por ejemplo, la producción de bauxita pasó de 19,3 millones de toneladas en 2003 a 29 millones en 2010, mientras que la de hierro creció de 263,7 a 370 millones de toneladas. En Perú, que hoy lidera el ranking minero de la región, las exportaciones totales registraron en 2011 el record de 45.726 millones de dólares, lo que representó un incremento de 28 por ciento en comparación al año anterior: de ellas, el 58 por ciento son minerales. Las exportaciones mineras provenientes del Mercosur ampliado pasaron de 13 mil millones de dólares en 2003 a 42 mil millones en 2009 (todos datos de la Cepal).

El investigador uruguayo Eduardo Gudynas, muy crítico con el auge de la minería y las condiciones sociales y ambientales en las que se desarrolla, distingue sin embargo diferentes realidades (“Estado compensador y nuevos extractivismos”, revista Nueva Sociedad Nº 237).

Para Gudynas, países como Perú y Colombia practican un extractivismo clásico, en el cual las empresas trasnacionales de-sempeñan un rol centralísimo, con escasos o nulos controles estatales, mientras que otros países han intentado esquemas más o menos articulados, más o menos efectivos, que tienden a incrementar el papel regulador al Estado y aumentar los porcentajes de apropiación de la renta minera, ya sea mediante la creación de joint ventures (contratos de riesgo compartido) entre empresas nacionales y extranjeras, como en Bolivia, donde la Korea Resource se asoció con la Corporación Minera, sea a través de la creación de empresas estatales, como en Catamarca o Santa Cruz, o vía la imposición de nuevos tributos, como las retenciones argentinas o ecuatorianas.

Gudynas aclara que nada de esto modifica la inserción subordinada en la economía mundial de los países sudamericanos, que siguen siendo “tomadores de precios” y que se han mostrado incapaces de coordinar entre sí estrategias conjuntas al estilo de las potencias petroleras reunidas en la OPEP. Al final, las pulsiones del boom minero resultan tan irresistibles como las de la soja y condenan a los países de la región a su rol de exportadores de productos con escaso valor agregado, un problema no por conocido menos real y que ha sido retratado infinidad de veces, por ejemplo, por el padre del cine boliviano, Jorge Ruiz, en un documental cuyo título lo dice todo: Un poquito de diversificación económica.

En este contexto, decir que los gobernadores cordilleranos argentinos son “gobernadores mineros” es tan correcto como afirmar que Evo Morales u Ollanta Humala son “presidentes mineros”. Todos ellos enfrentan la resistencia de las comunidades locales al desarrollo de algunos de estos proyectos, como sucedió con el plan de la empresa australiana Republic Gold Limited para invertir 59 millones de dólares en la mina de oro Amayapampa, en el suroeste de Bolivia, o con el proyecto aurífero Conga, en Perú. En Bolivia, el intento de construir una carretera para unir las regiones de Cochabamba y Beni a través del Parque del Territorio Indígena Isiboro Sécure generó el rechazo de las comunidades que lo habitan, quienes fueron ferozmente reprimidas por la policía, a punto tal que Evo Morales tuvo que cambiar medio gabinete y anunciar la suspensión del proyecto.

La significación económica que ha adquirido la minería ayuda a entender por qué líderes como Lula o Evo, que difícilmente puedan ser calificados como conservadores, insisten con ella. No tanto por la capacidad de los emprendimientos mineros de crear trabajo o articularse virtuosamente con otras actividades económicas, pues en general funcionan como enclaves bastante cerrados, pero sí por su impacto en las exportaciones, con sus cruciales efectos en la balanza comercial de economías siempre sedientas de divisas, y como vía para incrementar los recursos fiscales, a través de la apropiación de un porcentaje variable de la renta minera.

Si se mira bien, esto es lo que está sucediendo en Argentina, donde la minería contribuye a fortalecer las cuentas fiscales de provincias con entramados productivos muy frágiles, como Catamarca o La Rioja o San Juan, y a mejorar la balanza comercial: se calculan unos 4 mil millones de dólares de exportaciones mineras en 2011 y, lo que es todavía más importante, con tendencia creciente (aunque, claro, debido a cargas tributarias comparativamente más bajas que las que pesan sobre, por ejemplo, la soja). En todo caso, la minería alimenta las exportaciones en un momento en el que ha reaparecido, aunque moderada, la temible “restricción externa”, que tantos problemas ocasionó a la economía argentina en el pasado. Y no sólo aquí. En Brasil, donde el gobierno acaba de anunciar un fabuloso ajuste fiscal, la minería constituye un rubro importante de exportación (la compañía brasileña Vale Do Rio Doce es de hecho la segunda minera más importante ¡del mundo!).

Como tantas otras cosas, el debate un poco exasperante que se vive hoy en Argentina es la versión local de una tendencia más amplia. Sin meterme en la cuestión de fondo (¿contamina la minería?, ¿crea progreso o es una garantía de expoliación y atraso?), creo que vale la pena revisarlo desde un punto de vista más político.

Puede ser hasta obvio decirlo, pero en medio de una discusión estridente, en la que algunos medios insospechados de sensibilidad ambiental se han vuelto ecologistas furiosos, quizá sea necesario: los gobernadores cordilleranos que apuestan a los emprendimientos mineros acaban de ser revalidados popularmente con porcentajes en algunos casos altísimos de votos. Con todo su cianuro, José Luis Gioja se impuso, hace apenas dos meses, con casi el 70 por ciento de los sufragios. ¿Quiere decir esto que Gioja tiene razón, o que los sanjuaninos no se equivocaron al votarlo? Ciertamente no: la idea de que el pueblo siempre tiene la razón es una pavada galáctica, desmentida por la historia cientos de veces. Aparte del hecho de que “razón” significa poco en política, no prueba nada, salvo tal vez una cosa: los sanjuaninos creen que es el hombre más adecuado para manejar su provincia, lo que al menos podría invitar a los analistas porteños a preguntarnos por los motivos de esta adhesión, y a explorar con cuidado temas fundamentales pero olímpicamente obviados en el debate actual, como la relación entre minas y votos, que es la relación entre ecología y democracia.
Una pista interesante en este sentido es la sugerida por Mario Wainfeld: “la licencia social”, es decir, la aprobación de las poblaciones involucradas a través de mecanismos como plebiscitos o referéndums, como condición para la realización de los proyectos mineros. Este tipo de consultas ayudarían a generar un debate amplio acerca de las ventajas y desventajas de los emprendimientos y permitirían definir situaciones trabadas de manera democrática. El problema, me parece, surge cuando se hila más fino y se avanza en cuestiones de implementación, la primera de las cuales es el alcance. ¿Quiénes deberían votar? ¿Los habitantes de la ciudad de Famatina? ¿Los del departamento? ¿O todos los riojanos, que tras la reforma constitucional del ’94 se convirtieron en los únicos propietarios de su subsuelo? No hace falta ser Artemio López para adivinar que el resultado variaría sustancialmente.
En Argentina hay unos pocos ejemplos de consultas populares: el plebiscito por el Beagle en 1984 y, más acá en el tiempo, el rechazo cerrado (81 por ciento) de los habitantes de Esquel a un proyecto minero y la negativa de los misioneros (89 por ciento) a la construcción de la represa de Corpus Cristi. En los últimos tiempos, América latina ha construido una breve pero intensa experiencia en este sentido, aunque en general relacionada con reformas constitucionales y revocatorias presidenciales, como en Venezuela, Bolivia y Ecuador. El método, en todo caso, ha sido probado, y de hecho Evo Morales sugirió una consulta popular para zanjar el diferendo de la carretera y Pepe Mujica mencionó la posibilidad de realizar un plebiscito en la disputa por la minera de Aratirí. Curiosamente, en el caso de Gualeguaychú, que la socióloga Maristella Svampa ha definido como el “símbolo de la resistencia socioambiental asamblearia”, la Asamblea de vecinos se negó siempre a aceptar la resolución vía plebiscito, como propuso en su momento el gobernador Jorge Busti. Es el problema de los métodos de la democracia institucional, por más directa que sea: quienes se someten a ellos están obligados a acatar el resultado, sea cual fuere.

Director de Le Monde diplomatique, Edición Cono Sur.
www.eldiplo.org

El diálogo es una herramienta política que utilizan los que tienen el poder cuando no pueden imponerse por la fuerza. El diálogo también es un arma para imponerse al más débil mediante el engaño. El pueblo panameño conoce muy bien estas tácticas. En San Lorenzo, cuando la Coordinadora por la Protección de los Recursos Naturales y los Derechos del Pueblo Ngobe Buglé y Campesino aceptó ir al diálogo con los representantes del presidente Ricardo Martinelli, muchos pronosticaron una encerrona que daría al traste con las justas aspiraciones de los pueblos indígenas.

 
Un aire de esperanza surgió cuando se escucharon las palabras de la cacique general, Silvia Carrera, quien en forma muy clara señaló que el diálogo tendría como base única la prohibición de la explotación de los recursos hídricos y metálicos (cobre) en la comarca Ngobe-Buglé. Durante las negociaciones celebradas en la Asamblea de Diputados, la delegación se mantuvo firme e insistió en que las actividades que destruían el ambiente –especialmente los cursos de agua– no podían realizarse en la comarca. El gobierno asumió –como era de esperarse– los intereses de los empresarios rentistas panameños quienes consideran que el agua y las riquezas naturales son mercancías que deben venderse al mejor postor. Igualmente, la Comisión de Comercio de la Asamblea de Diputados insistió en que el país se hundiría si le prohibían a los inversionistas acceso a los recursos hídricos.

 
Tanto gobierno como los diputados –quienes actuaron en mancuerna– no presentaron información técnica que justificara la entrega de la riqueza nacional. Los funcionarios que llegaron al Salón Azul de la Asamblea repitieron cifras ajenas al problema que se discutía. En momento alguno se refirieron a la demanda actual de energía hidráulica y/o térmica, y los pronósticos para el futuro. Evitaron introducir al debate problemas de costos a corto y mediano plazos.

 
Los representantes indígenas no tuvieron que rechazar los planteamientos del gobierno o de sus especialistas. La posición de los Ngobe y Buglé siguió sólida: la construcción y explotación de las represas no justifica la destrucción de los pueblos Ngobe y Buglé. Los funcionarios de las entidades gubernamentales no pudieron demostrar lo contrario. Incluso, la Universidad de Panamá perdió una oportunidad dorada en esa coyuntura en la que pudo invitar a sus propios investigadores para que hicieran sus propuestas independientes.

 
A esta altura del diálogo, los asesores del presidente Martinelli cambiaron de táctica. Descubrieron que no convencerían a los delegados Ngobes con más espejitos. Plantearon, por un lado, crear una subcomisión y dos sub-subcomisiones para dividir a los Ngobe. La movida no dio los resultados esperados. Por el otro, el presidente Martinelli anunció que convocaría a un “referéndum” que acabaría con el diálogo y llevaría la “guerra social” a otro nivel.
 

El referéndum, según los asesores del primer mandatario, puede garantizar la victoria de los inversionistas. Otros presidentes en el pasado reciente han jugado esa carta y perdido. Sin embargo, el gobierno actual cree tener dos ases en la manga: Por un lado, han aprendido de las derrotas del pasado y, por el otro, mucha más plata para gastar en una campaña desgastadora. Según los medios, la cacique Carrera calificó la propuesta del presidente como “irresponsable”

 
El ministro de Gobierno, Jorge R. Fábrega, dijo que el referéndum obedece a que hay otros sectores (empresarios rentistas y trasnacionales del cobre) preocupados. Pareciera que el gobierno creía que la negociación con los Ngobes consistiría en ponerle un precio a sus tierras. El ministro Fábrega también se olvidó la letra de la Constitución Política que dice, en el artículo 127, que “el Estado garantiza a las comunidades indígenas la reserva de las tierras necesarias y la propiedad colectiva de las mismas”. Según el abogado Miguel A. Bernal, “al defender la propiedad colectiva de la tierra, las poblaciones indígenas no solo están defendiendo un derecho adquirido, están haciendo respetar la Constitución”.

 
El economista Juan Jované, invitado por la Coordinadora, aseguró en el Diálogo que las proyecciones de generación y demanda presentadas por la Secretaría de Energía omitieron pruebas y se utilizó un margen de error que es inaceptable. Además, nunca dijeron con qué métodos calcularon los costos ecológicos. Nos preocupa, dijo Jované, que “están tomando decisiones y alarmando a la población con estudios sin calidad”. Agregó que "si se trata de llenar el país de minería a cielo abierto se necesita mucha energía".
 

Pero ¿no es el gobierno el que insiste en que no habrá explotación minera? La relación entre minería (Cerro Colorado) y energía hídrica puede explicar la concesión de 17 proyectos en la Comarca y sus alrededores desde julio de 2009. Todos los permisos que ha dado la Autoridad de los Servicios Públicos (ASEP) bajo el mandato de Martinelli han sido en la provincia de Chiriquí. Sólo en el río Chiriquí Viejo, de 70 kms de longitud, funcionan ocho compañías hidroeléctricas. ¿Se pretende hacer lo mismo en el rio Tabasará, donde los empresarios Virzi y Btesh tienen la concesión para la explotación hídrica? Cerro Colorado, con un potencial minero de 250 mil millones dólares, se levanta precisamente sobre el río Tabasará que se convertiría en el motor para explotar sus entrañas de cobre.

 
Por Marco A. Gandásegui, hijo, es docente de la Universidad de Panamá e investigador asociado del Centro de Estudios Latinoamericanos (CELA) Justo Arosemena. http://marcoagandasegui11.blogspot.com