La devastación causada por el huracán Sandy en la costa este de Estados Unidos ha dominado las primeras páginas de la prensa internacional, pero no se ha puesto el acento en el problema del cambio climático mundial. Aunque hace unos años pudo haber algunas dudas sobre el fenómeno, hoy existe un consenso científico al respecto si se excluyen a los investigadores con un claro conflicto de interés. Con el Informe Brundtland en 1987 y con la Conferencia de Río de Janeiro de 1992 se generó conciencia de la necesidad de lograr un desarrollo sostenible en cuyo centro debería estar el ser humano. En Río se hicieron algunos compromisos en esta dirección, pero durante Río más 20 no se avanzó, incluso hubo algunos retrocesos en el contexto de la crisis económica actual. Los jefes de estado de los países del Norte no asumieron que están poniendo a la humanidad al borde de una catástrofe global con su afanosa búsqueda del crecimiento económico a toda costa.

 

El interés de lucro no sólo se expresa en el consumismo desenfrenado y su impacto sobre el ambiente. También han surgido formas de producción depredadoras en la minería y la agricultura, que forman parte del comercio y la especulación con los llamados commodities, promovidos por los grandes consorcios transnacionales financieros.

 

El incremento del precio del oro y la plata ha desatado la minería a tajo abierto con nuevas tecnologías altamente tóxicas y el uso de enormes cantidades de agua. Desplazan pueblos enteros, destruyen el ambiente hoy y tienen efectos irreparables para el futuro. Simultáneamente, se intensifican los monocultivos empleando como nunca los agrotóxicos e introduciendo las semillas genéticamente modificados. En ambos casos el desarrollo tecnológico desempeña un papel central, que se combina con las “innovaciones” especulativas.

 

Parte de los países de América Latina han vuelto a ser primo-exportadores, pero también han surgido movimientos de resistencia muy importantes para contrarrestar la dinámica devastadora. Incluso han llegado a llevar al gobierno –destacadamente en Bolivia– defensores de la Madre Tierra, los cuales están formulando una nueva concepción del bien vivir alejado del consumismo.

Aunque la salud pública tiene una larga tradición en el estudio de la relación entre el hombre y el ambiente, está surgiendo un nuevo enfoque denominado ecosalud, que se propone abordar la salud humana en el contexto del ecosistema, pero introduciendo también la determinación socio-económica y política tanto del ambiente como de la salud. Por su carácter, la manera de plantear los problemas a estudiar es interdisciplinaria y aspira a ser transdisciplinaria. Destaca también que frecuentemente trabaja con una metodología de investigación-acción, o sea, con la participación de aquellos directamente involucrados en el problema.

 

Han producido estudios tan diversos como, por ejemplo, sobre los agrotóxicos en las grandes plantaciones bananeras costarricenses y su efecto en la salud de los niños trabajadores; sobre los problemas de salud de los colonizadores de la selva amazónica y de los pepenadores limeños de basura. En todos los casos sus estudios han ofrecido evidencias que han sido utilizados por la población para plantear soluciones a los problemas que enfrenta. Resulta interesante que tienden a encontrar más visión sobre los problemas en los gobiernos locales que en los nacionales que están más sujetos a los grandes intereses económicos.

 

El enfoque de ecosalud tiene un largo camino por adelante, tanto para afinar su metodología como para abrir mayor espacio de comprensión en la opinión pública. Sin embargo, este tipo de estudios tienen una importancia grande porque contrarrestan el abandono de la problemática ambiental a raíz de la crisis económica iniciada en 2008. Es notable que el huracán Sandy no actualizara la amenaza que representa el cambio climático para el planeta y que la campaña presidencial siguiera enfrentando las propuestas de cada candidato para retomar el crecimiento económico.

 

El mundo está inmerso en una crisis ambiental, alimenticia y económica, pero mientras los intereses de una minúscula minoría prevalecen sobre los de la inmensa mayoría no se va a resolver. Una crisis civilizatoria requiere de la construcción de una nueva civilización que tenga el ser humano en el centro.

 

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Luego de un tenso 2010 en materia educativa, el Cauca se convierte en el mayor fortín de pagos por favores políticos y mafias educativas. En lo que va de 2011, varios municipios se han visto golpeados por la contratación. Las cifras en el aumento de esta modalidad por terceros generan tardanza en el servicio. De una parte, los profesores llegan hasta con cuatro meses de demora a las aulas. Los directores de núcleo, como en Inzá, propician cambios de docentes en propiedad para generar vacíos de docentes que luego son cubiertos por el modelo de contratación.

Páez, Inzá, Caldono, Caloto y el propio Popayán sufren la inclemencia del bajo nivel académico, producto de las irregularidades que a la fecha la Secretaria de Educación Departamental y la Gobernación eluden bajo argumentos que dilatan y no dan soluciones. Como resultado, en las últimas tres semanas se han presentado expresiones de rechazo y suspensiones de clases por parte de estudiantes y padres de familia, cansados de que año tras año la situación se repita con mayor gravedad.

El 3 de marzo, cuatro instituciones de Inzá (Luis Nelson Cuéllar de Pedregal, Nuestra Señora de la Candelaria de Turminá, el Instituto Microempresarial de San José y la Institución Sagrada Familia de Nazaret) iniciaron cese de actividades hasta cuando se solucione la carencia de maestros. La falta de docentes ha ocasionado el cierre de cerca del 30 por ciento de las escuelas, y los pocos profesores de planta tienen que repartir su tiempo en varios cursos, afectando la calidad académica.

Luego de dos meses de reiteradas visitas a la Secretaría de Educación, de radicar derechos de petición, de elaboración de tutelas, el problema se incrementa. Docentes, estudiantes, padres de familia y líderes comunitarios salieron a la cabecera municipal a marchar para exigir seriedad y responsabilidad en la educación de los jóvenes. Inzá tiene una demanda de 380 docentes, de los cuales 134 son contratados. Esto pone en riesgo a casi el 40 por ciento de los estudiantes.

La situación se dilata en repetidas reuniones que no responden a la problemática del sector, ante hechos reales como el de tener cerradas más de 30 escuelas por carencia de profesores. Tal grado de irresponsabilidad lleva a que en varias veredas y colegios los docentes que iniciaron clases asuman la responsabilidad de otros grados para que los chicos no pierdan la asistencia al colegio, generando bajos niveles de contenido, escaso desarrollo de programas curriculares e inestabilidad en los horarios.

Asimismo, la Secretaria de Educación Departamental remite su responsabilidad al director de núcleo, y éste a la secretaria. Las irregularidades en el traslado de docentes nombrados a otras sedes, la mora en la designación, cuando el reporte de matrícula se realiza en tiempo justo y las dificultades para definir planes educativos interculturales hacen pensar que Inzá se ve afectado por mafias que negocian con los recursos educativos, eludiendo el cumplimento de derechos básicos. Las alarmas se encienden en Inzá, a la espera de nuevos cierres de planteles si no hay soluciones de inmediato.

Además, los docentes que laboran por contrato responden a una política nacional y departamental para solucionar problemas de la educación pública. Si bien la ausencia de maestros para cubrir las necesidades de los estudiantes matriculados es responsabilidad y tarea estatales, las contrataciones favorecen sólo a sectores privados, que hacen la vinculación sin garantías para la seguridad social, laboral y académica, generando nuevos problemas. La solución estatal es más perjudicial que preventiva, pues desplaza maestros de planta, negándoles el derecho al trabajo, evadiendo la responsabilidad del Estado. Los recursos del sistema de participación no ingresan a los municipios.

La cifra anual par niño matriculado es de 1.350.000 pesos, de los cuales el 60 por ciento se queda en los bancos de oferentes, donde la idea de lo público no existe. El paso de un modelo toyotista al dinámico y camuflado esquema fordista refleja la inserción de los medios productivos al diseño de los planes curriculares en los que el tiempo en que se produce un objeto material es igual al tiempo-mercancía, con el cual se debe aprender y enseñar. Como resultado, los estudiantes se forman en un pensamiento único y donde nada es posible hacer de otro modo. Uno de los daños más sentidos de esta dinámica tiene que ver con la deserción escolar. Igualmente, es relevante el bajo nivel académico que arroja, pues no se aplica la pedagogía requerida y con la profundidad necesaria. Pero ninguna de estas necesidades se soluciona con la ausencia de maestros.

El mismo esquema se presenta con lo relacionado en las responsabilidades de la canasta educativa, alimentación (restaurantes escolares), transporte escolar y material pedagógico, ya que desde la Gobernación no se contratan a tiempo los proveedores requeridos, y aquélla sólo se responsabiliza por los servicios educativos, en este caso la vinculación de una persona. El resto de responsabilidades educativas no se contrata con oportunidad, y los recursos se quedan en los prestadores del servicio educativo.

Cauca carece de vigilancia para que los contratantes de la educación aporten los recursos del Sistema General de Participación (SGP) a cada institución donde ellos contratan. También se implementan cooperativas para que sean ellas las que entreguen los restaurantes escolares como operarios privados al servicio de la educación pública.

Esquema del problema

• Recursos girados por niño(a) matriculado(a): $ 1.350.000.
• Pago por profesor contratado: Dos salarios mínimos (en el mejor de los casos).
• Tiempo del contrato: entre 6 y 9 meses.
• Aportes a instituciones educativas: Sin identificar (0,01 por ciento para algunas pocas).

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Esta semana, el Presidente Barack Obama hizo público su presupuesto para 2012 y orgulloso, pronunció las siguientes palabras: “Pedí que se congelara el gasto interno anual en los próximos cinco años. Este congelamiento reduciría el déficit en más de 400.000 millones de dólares durante la próxima década y llevaría este tipo de gasto –el gasto discrecional nacional- al menor nivel de nuestra economía desde la presidencia de Dwight Eisenhower”.

Presten atención a la palabra “congelar”. Eso es precisamente lo que podría sucederle a mucha gente si este presupuesto es aprobado tal cual fue propuesto. Mientras el gasto de defensa aumenta, luego de que el Pentágono realizara su mayor pedido de financiamiento desde la Segunda Guerra Mundial, el presupuesto propone recortar a la mitad el programa denominado Programa de Asistencia Energética a Hogares de Bajos Ingresos (LIHEAP, por sus siglas en inglés).

El programa LIHEAP ofrece fondos federales a los estados para que éstos puedan ayudar económicamente a hogares de bajos ingresos y así satisfacer sus necesidades energéticas, principalmente calefacción. La mayoría de los beneficiarios de este programa son personas de la tercera edad o discapacitados. El programa tiene actualmente un financiamiento de 5.000 millones de dólares y Obama está pidiendo que se reduzca a 2.570 millones –casi la mitad-. Es un programa de vida o muerte porque literalmente puede evitar que la gente se muera de frío y representa menos de la décima parte del 1 por ciento del presupuesto anual de 3,7 billones de dólares que fue presentado.

Comparemos esta cifra con el presupuesto militar. “Gasto de defensa” es una denominación incorrecta. Hasta 1947-48, el nombre oficial del Pentágono era (correctamente) Departamento de Guerra. En el presupuesto dado a conocer el Día de San Valentín, el Departamento de Defensa solicita 553.000 millones de dólares como presupuesto base, más un aumento de 22.000 millones con respecto a la asignación presupuestaria de 2010. La Casa Blanca solicitó lo que denomina “78.000 millones” en recortes, que el Secretario de Defensa Robert Gates está considerando. Pero como señala el Institute for Policy Studies: “El Departamento de Defensa habla de recortar su propio presupuesto –78.000 millones en cinco años- y la mayoría de los medios toma esto al pie de la letra, pero no debería hacerlo. El Pentágono sigue con la costumbre de planificar aumentos ambiciosos, para luego bajarlos y denominarlos recortes”.

El presupuesto de 553.000 millones de dólares del Pentágono ni siquiera incluye los gastos de guerra. Para mérito de Obama, los mismos están de hecho en el presupuesto. Recuerden cuando el Presidente George W. Bush se refirió varias veces a los gastos como necesidades de “emergencia” y presionó al Congreso para que aprobara fondos complementarios por fuera del proceso presupuestario habitual. Sin embargo, el gobierno de Obama dio a las guerras de Irak, Afganistán y Pakistán el apodo orwelliano de “Operaciones de contingencia en el extranjero” y solicita 118.000 millones de dólares. Si sumamos a esto los 55.000 millones para el Programa Nacional de Inteligencia (un punto del presupuesto cuya cantidad nunca se había revelado, según el experto del gobierno en asuntos secretos Steven Aftergood), el presupuesto militar/de inteligencia dado a conocer públicamente estaría en el orden de los tres cuartos de billón de dólares.

El presupuesto de 216 páginas que presentó el Presidente Obama no menciona ni una sola vez al Pentágono. Sin embargo, menciona el nombre del Presidente Eisenhower. En dos oportunidades atribuye a Eisenhower la creación del sistema nacional de autopistas interestatales y, como ya se mencionó, hace alarde de la propuesta de congelar el gasto: “Este congelamiento sería el mayor esfuerzo destinado a restringir el gasto discrecional de los últimos 30 años, y para 2015 disminuiría los fondos discrecionales para gastos no relacionados con la seguridad como parte de la economía, al nivel más bajo desde que Dwight Eisenhower fue Presidente”.

Si Obama va a referirse a su predecesor, debería aprender de la advertencia profética de Eisenhower, pronunciada en su discurso de despedida de 1961: “Nos hemos visto obligados a crear una industria armamentista permanente de enormes proporciones. Tres millones y medio de hombres y mujeres participan directamente en el establecimiento de defensa. La influencia total —económica, política e incluso espiritual— se siente en cada ciudad, en cada capitolio estatal, en cada oficina del gobierno federal. Reconocemos la necesidad fundamental de este desarrollo. Sin embargo debemos entender sus graves repercusiones. En los consejos del gobierno debemos tratar de evitar que el complejo militar-industrial adquiera influencia injustificada, ya sea buscada o no. Existe y seguirá existiendo potencial para que haya un aumento desastroso del poder en manos inadecuadas”.

Otro discurso de Eisenhower que debería guiar a Obama fue pronunciado en abril de 1953, ante la Sociedad Estadounidense de Directores de Periódicos, apenas dos semanas después de que asumiera como presidente. En ese discurso, el general devenido presidente, dijo “Cada arma que se fabrica, cada buque de guerra que se echa al agua, cada cohete que se dispara significa en última instancia un robo a quienes padecen hambre y no tienen alimento, a quienes tienen frío y no tienen abrigo”.

Estamos viviendo uno de los inviernos más fríos de la historia. Una de cada ocho personas en Estados Unidos utiliza cupones alimenticios, lo que representa el mayor porcentaje de la historia. Muchos otros también carecen de asistencia de salud, a pesar de los beneficios iniciales de la ley de reforma del sistema de salud aprobada el año pasado.

Los estadounidenses tienen frío y hambre y están desempleados. Al aumentar el gasto militar, que ya es superior a todos los presupuestos militares del mundo tomados en su conjunto, simplemente estamos llevando ese sufrimiento al exterior. Deberíamos tener claro cuáles son nuestras prioridades.

Denis Moynihan colaboró en la producción periodística de esta columna.

© 2011 Amy Goodman
Texto en inglés traducido por Mercedes Camps, editado por Gabriela Díaz Cortez y Democracy Now! en español, Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla
Amy Goodman es la conductora de Democracy Now!, un noticiero internacional que se emite diariamente en más de 600 emisoras de radio y televisión en inglés y en más de 300 en español. Es coautora del libro "Los que luchan contra el sistema: Héroes ordinarios en tiempos extraordinarios en Estados Unidos", editado por Le Monde Diplomatique Cono Sur.
Fuente: http://www.democracynow.org/es/blog/2011/2/17/el_presupuesto_de_obama_congelar_a_los_pobres

La Casa Blanca ha enviado al Congreso su proyecto de presupuesto para el próximo año fiscal. El objetivo central es la eliminación del déficit con reducciones anuales del gasto por 400 mil millones de dólares (mmdd) para el próximo quinquenio. Se planea reducir el déficit en más de un billón (castellano) de dólares a lo largo de los siguientes 10 años.

El debate alrededor del presupuesto es una muestra de lo mal que están las cosas en Estados Unidos. Por un lado están los halcones de las finanzas públicas “sanas”. Para ellos el principal enemigo de la economía es el gasto público descontrolado. Como si la crisis hubiera sido provocada por el dispendio fiscal. En lugar de enfrentar esa narrativa torcida, Obama ha preferido doblarse y tratar de conciliar. Éste será uno de sus errores más graves y es producto de su negativa a entender las raíces del problema y a hacer efectiva su promesa de cambio.
La economía de Estados Unidos continúa sometida a grandes presiones. El crecimiento esperado para los próximos años será mediocre e incapaz de absorber el desempleo que trajo la crisis. Si bien ese desempleo (9.7 por ciento) es elevado, si se toman en cuenta las medidas más realistas del propio Bureau of Labor Statistics (BLS), resulta que más de 12 por ciento de la PEA está desocupada.

Datos oficiales revelan que de las 10 recesiones que sufrió la economía estadunidense entre 1950-2010, el desempleo en la crisis actual ha sido el más alto y el más tenaz. En la recesión de 2001 (cuando explotó la burbuja de las ilusiones dot.com) Estados Unidos perdió 2 por ciento de sus empleos y tardó cuatro años en recuperarlos. En la crisis actual se perdió 5 por ciento y todavía se está muy lejos de restablecerlos.

El desplome en la demanda efectiva sigue siendo la principal amenaza para la economía estadunidense. En los años anteriores a la crisis de 2007 el endeudamiento de las familias mantuvo artificialmente el consumo y el nivel de vida de la población. Hoy ese recurso no está disponible por muchas razones: una de ellas es el colapso en el valor de los activos residenciales que se utilizó para apalancar el endeudamiento. El precio de esos activos ha caído más de 30 por ciento y se espera se reduzca 15 por ciento adicional. De cumplirse ese pronóstico, el derrumbe de precios de casas será el más espectacular en la historia de Estados Unidos.

El desempleo y, para cerrar el círculo, los bajos salarios que recibe una gran parte de la fuerza de trabajo, también explican la insuficiencia de la demanda agregada. Los salarios reales siguen en el estancamiento que marcó las últimas tres décadas. La clase política y la elite se niegan a entender que Estados Unidos requiere un viraje decisivo en su política de ingresos y que sólo una estrategia redistributiva permitirá iniciar los cambios estructurales necesarios para sanear la economía. Con los precios de las casas en declinación y con los salarios estancados, la demanda efectiva permanecerá por debajo de la línea de flotación. Y aún con las bajas tasas de interés que aplica la Reserva Federal, ni los bancos quieren prestar ni las familias endeudarse. Los límites de la política monetaria quedaron evidenciados desde hace ya dos años. Queda entonces la política fiscal.

El crecimiento en el déficit fiscal en Estados Unidos se debe a tres factores. Primero, el colapso económico ha reducido de manera notable los ingresos tributarios, lo que era de esperarse. Segundo, los programas de salvamento que beneficiaron a Wall Street y otras empresas en bancarrota, así como el estímulo fiscal, dispararon el déficit. El tercer factor es el pago de intereses que todo esto implica.

Es decir, el déficit está íntimamente ligado a la coyuntura de la crisis, pero no la generó. Es más, de no haber sido por el estímulo fiscal de 2009, el crecimiento sería todavía menor y la recaudación habría disminuido más. Ese estímulo ya se agotó y fue descontinuado. Y ahora se insiste en reducir el gasto porque hay que eliminar el déficit a toda costa.

No hay que olvidarlo: en diciembre la Casa Blanca y el Congreso (ya dominado por los republicanos) acordaron extender los recortes a los impuestos de los ricos por un monto de 900 mmdd. Hoy “descubren” que hay un déficit de 1.6 billones que hay que recortar a toda costa. La economía política del presupuesto es clarísima. Los privilegios de los ricos no serán tocados mientras se castigan los apoyos a los más pobres en rubros como salud y educación. Literalmente, a mucha gente le va a doler este presupuesto (mañana le llegará la hora a la seguridad social).

Y ¿el gasto militar? Los recortes no vendrán de los rubros medulares de la “seguridad nacional”, aunque algo contribuirá la retirada (disfrazada) de Irak y Afganistán. En cambio, el gasto federal en educación, energía, infraestructura, ciencia y medio ambiente caerá 2 por ciento del PIB: la muestra más clara del crepúsculo imperial. ¿Será también el signo del ocaso de la administración Obama?

Alejandro Nadal
http://nadal.com.mx

Las cosas pueden hacerse bien, regular o mal. En el caso del presupuesto para Defensa no se podían hacer peor, a pesar de que las decisiones del gobierno de José Mujica parecen ir en el sentido de corregir algunos de los errores del pasado. Suena mal, en efecto, la falta de debate abierto sobre el papel de las Fuerzas Armadas en la sociedad, lo que debería ir de la mano de la definición, como mínimo, de alguna hipótesis de conflicto y del modo como se piensa encarar. Aspirar a que en Uruguay se defina una estrategia nacional de defensa como la que implementó el gobierno de Lula en Brasil parece hasta absurdo, ya que nadie sabe con certeza qué hay que defender y ante quiénes.
 
Prueba de que este debate no existe ni siquiera en la fuerza de gobierno es que el diputado frenteamplista Jorge Orrico manifestó que a los diputados “nadie les dijo nada” sobre la propuesta de convertir 1.500 soldados en policías, recientemente formulada por el presidente. También los mandos militares se enteraron de los cambios que promueve el presupuesto cuando éste ya había ingresado a Cámara. Para corregir el entuerto, Mujica abrió un período de negociación de 15 días con las Fuerzas Armadas, lo que revela que hubo alguna dosis de desprolijidad.
 
La segunda cuestión se relaciona con lo que verdaderamente se está discutiendo y que dio lugar a malestar entre los militares y a las respuestas de Mujica en su audición radial. Migajas. El eje del reclamo militar es, aparentemente, salarial. Los 70 coroneles que desoyeron al comandante del Ejército, Jorge Rosales, y se reunieron en el Círculo Militar para ejercer presión (“se va haciendo acumulación de fuerza”, dijo el coronel retirado Gonzalo Pérez, según el diario El País) no lo hicieron para equipar al arma correspondiente para combatir el narcotráfico, por ejemplo, sino que rompieron la cadena de mando para arrebañar pesitos.
 
El nudo del conflicto es si los 190 millones de pesos ahorrados al trasladar 1.500 soldados al Ministerio del Interior se reparten entre el personal subalterno, que gana sueldos de miseria (6.900 pesos un soldado de primera) o entre todo el personal. Además, claro, el cierre de algunas agregadurías militares en el exterior, el descuento de un punto porcentual en los aportes sociales de coroneles y generales, y la reducción de las dietas por cursos impartidos, que en algunos casos puede llegar a 20 por ciento del salario. En lo fundamental los uniformados, con su pequeña presión, consiguieron lo que querían. Migajas.
 
El tercer punto, el más importante en relación al presupuesto, no está en debate. La pretensión del Ejecutivo de crear nuevos cargos en el Ministerio del Interior, entre policías, técnicos, bomberos, asistentes sociales, psicólogos y otros, para abordar la cuestión de la seguridad pública. Una parte de esos cargos, en concreto los destinados a policías, se espera puedan ser cubiertos por soldados que dejarían las fuerzas armadas “tentados” por los mayores salarios que se perciben en la Policía. Los incrementos previstos llevarían el salario de un agente de segunda a 20 mil pesos al final del período de gobierno. A su vez, los militares asignados a la custodia de cárceles recibirán una partida equivalente a la mitad del salario de un policía.
 
“Debo hacer lo que la gente pide a gritos en la calle, que es la seguridad pública”, dijo el presidente Mujica en su audición radial. Agregó que el problema de la seguridad es una “verdadera desgracia” y lo atribuyó al escaso gasto en “justicia social” en las décadas de 1980 y 1990. Ahí radica el eje del presupuesto en las áreas de Defensa e Interior. Pero ese punto está fuera de agenda. Puede acordarse, o no, que el problema de la seguridad se relacione con la justicia social, y a partir de ahí debatir cómo puede revertirse este proceso, o sea la desigualdad instalada por un modelo económico del que no parece sencillo salir.
 
Puede discreparse, o no, con la propuesta de incrementar los efectivos policiales en la calle y que una parte de ellos provenga, previo paso por las instancias de formación policial, de las Fuerzas Armadas. Es dudoso, por cierto, que la seguridad aumente con más policías. Pero lo que está fuera de duda es que la escala salarial refleja una realidad que tarde o temprano habrá que reconocer: la Policía tiene un papel a cumplir, los militares no. El presupuesto tiene la virtud de reconocer este hecho, lo que no es poco. Seguramente, hubiera sido más adecuado abrir un debate sobre el tema, pero la cultura política de este país, más proclive a los discursos y a disimular las grandes decisiones bajo la alfombra de los presupuestos, aún no lo permite.
 
- Raúl Zibechi es Analista del semanario BRECHA.


http://alainet.org/active/40811

La semana pasada, los campus universitarios de California se vieron conmocionados por varias protestas, provocadas por el gran aumento de la cuota estudiantil aprobado por el Directorio de Regentes de la Universidad de California. Luego de un año en el que hubo una serie de recortes presupuestarios, despidos y licencias obligatorias de docentes y funcionarios y la eliminación de departamentos académicos enteros, el 32 por ciento de aumento de la matrícula fue el disparador de acciones a nivel estatal a una escala sin precedentes. Ante el inminente anuncio de la nueva estrategia del Presidente Barack Obama en la guerra de Afganistán –que, según información filtrada, incluirá un aumento de 35.000 soldados- muchos se sienten indignados de que se estén realizando recortes en el presupuesto educativo mientras se aumenta el presupuetso militar, y eso está ayudando a construir un movimiento.

Mientras viajaba por California la semana pasada en una gira de presentación de un libro, me encontré, casualmente, en medio de la votación de los regentes y de las protestas en los campus. En las sedes de la Universidad de California en Berkeley, Santa Cruz, Santa Barabara, Los Ángeles, Cal State Fresno, Davis y Cal State Chico, los estudiantes me contaron cómo el aumento de la cuota va a privarlos de seguir estudiando. En el marco de la protesta, los estudiantes ocuparon las instalaciones de sus universidades y realizaron marchas y clases públicas. En la sede de Davis, varias jóvenes, que se encuentran entre las 52 personas que fueron arrestadas allí, me contaron cómo habían sido atacadas por la policía del campus, que les disparó con pistolas Taser. Los estudiantes de esa universidad también protestaron contra el cierre de las bibliotecas los días sábado. Se presentaron en la casa que la universidad le proporciona al rector, para estudiar allí porque la biblioteca estaba cerrada. En lugar de provocar un enfrentamiento que probablemente hubiera terminado con acción policial y arrestos, el rector les permitió entrar a su casa para que pudieran estudiar.

Blanca Misse, una estudiante egresada de UC Berkeley y miembro de la organización Fuerza de Acción de Trabajadores y Estudiantes (SWAT, por sus siglas en inglés), fue una de las organizadoras de las protestas. Blanca me dijo: “Estamos en huelga porque nos importa mucho la educación pública y nos importa que haya otro tipo de educación pública, quizá, una diferente de las que ellos ofrecen, una educación pública verdadera, que no siga el modelo empresarial”.

Laura Nader (la hermana de Ralph Nader) es profesora de antropología sociocultural en la Universidad de California, sede Berkeley, donde ha enseñado durante casi 50 años. Este año fue co-autora de una medida aprobada por el Consejo del Claustro Docente de la universidad, que solicita que el programa de atletismo de la institución sea autosustentable y deje de recibir subsidios de las cuotas estudiantiles. Laura es crítica del creciente poder que las empresas como BP y Novartis tienen en las universidades, y tiene una larga trayectoria personal de lucha por la educación pública. Da clases de educación general que atraen a cientos de estudiantes, a las que considera fundamentales porque, afirma, dado que hoy en día lo que se les enseñan a los estudiantes es a rendir exámenes, “son muy buenos eligiendo respuestas en pruebas de múltiple opción, pero no saben nada de Hiroshima y Nagasaki”. El enfoque en estas cuestiones básicas refleja su preocupación por el ataque a la educación pública en su país: “No es algo que acaba de suceder, y no es algo que no fue planificado”, me dijo. “Hay mucha gente que realmente adhiere al modelo de que esto no debería ser un bien público. Y si seguimos por este camino habrá un sistema de dos clases: quienes vayan a la universidad serán quienes puedan pagarla, y quienes no, será la clase media”.

El eje principal del movimiento es una fuerte coalición que incluye estudiantes, empleados y docentes. Bob Samuels es presidente de la Federación de Docentes Estadounidenses de la Universidad de California (UC-AFT, por sus siglas en inglés), el gremio que representa a los profesores y a los bibliotecarios de la Universidad de California que no integran el claustro docente de la universidad. A pesar de que California afronta una seria crisis presupuestaria, Samuels me dijo que la universidad estatal de California tiene fondos más que suficientes: “No es necesario que se aumente las cuotas a los estudiantes. No tiene que despedir docentes. No tiene que eliminar cursos. Están hablando de eliminar los asignaturas secundarias y las principales. Están hablando de pasar las clases a Internet. Están tomando estas medidas drásticas. Y lo que vemos es que básicamente son los estudiantes no graduados quienes subsidian la investigación, están subsidiando a los administradores, están subsidiando cosas que no tienen nada que ver con su formación de grado”.

Durante el gobierno de Bush, el reclutamiento militar fue el más bajo de la historia. Ahora, luego de la crisis económica de fines de 2008, los reclutadores no están teniendo problemas. El Presidente Obama parece estar comprometido a aumentar la magnitud, y por consiguiente necesariamente la duración, de la guerra y ocupación en Afganistán. Una de las profesoras universitarias más reconocidas de California, Anaya Roy de la Universidad de California-Berkeley, ofrece un análisis que Obama debería considerar: “En este contexto de desigualdad, no se necesitan instrumentos radicales de redistribución. Uno tan solo necesita algunas cosas, como educación pública decente o tener acceso a asistencia médica o algún otro tipo de propuesta razonable que le ponga un freno a este enorme gasto en la guerra".

Por Amy Goodman
Publicado el 25 de noviembre de 2009