La Paz, 14 de mayo. El gobierno de Bolivia negocia acuerdos a contrarreloj con sindicatos de obreros, médicos y paramédicos, para desactivar el clima de protestas sociales en el país, que tuvieron su momento más intenso entre miércoles y viernes de la semana pasada con saldo de una veintena de heridos.
 

Los más influyentes ministros del gabinete del goberante Evo Morales, el de la presidencia, Juan Ramón Quintana, y el del Interior, Carlos Romero, abrieron dos mesas de negociación: el primero con la izquierdista Central Obrera Boliviana (COB), el sindicato más grande del país, y el segundo con los universitarios, médicos y paramédicos.
 

La COB rechaza el incremento salarial de 8 por ciento decretado por el gobierno y exige un salario mínimo nacional equivalente a mil 50 dólares, 10 veces más de la cifra actual, aunque el Ejecutivo anticipó que es inalcanzable.
 

A su vez, médicos y paramédicos se resisten al Decreto Supremo 1126, que aumenta la jornada laboral de seis a ocho horas, pues exigen una retribución económica e ingresan a la sexta semana de huelga y bloqueos esporádicos de carreteras interdepartamentales.
 

Sobre el conflicto de salud, el más serio hasta ahora, el Poder Ejecutivo ofreció un decreto de “inaplicabilidad” al aumento a las horas laborales, hasta que se realice, el próximo mes, una reunión de organizaciones sociales que defina una reforma global de salud.
 

Quintana calificó la elaboración del nuevo decreto de “avance significativo” que, a su juicio, a partir de su promulgación permitirá “despejar” el conflicto, informó la agencia boliviana de noticias Abi.
 

Dijo que la oferta a médicos y paramédicos debe desactivar todas las amenazas de protestas sociales. “Creemos que no existen razones suficientes como para que el sector salud esté movilizado”, insistió.
 

Por su parte, Romero destacó que en el acuerdo se garantiza la práctica y docencia simultánea, preocupación de los estudiantes de las carreras de medicina, odontología, enfermería y tecnología médica.
“En el convenio se establece con mucha claridad que por medio de resoluciones expresas a cargo del Ministerio de Salud, que ya están en proceso de elaboración para su consiguiente notificación al sistema de la universidad boliviana, se garantiza plenamente la docencia simultánea, la asistida y las prácticas de los estudiantes tanto en el nivel pregrado como posgrado”, subrayó.
 

Quintana apuntó que en el diálogo con la COB también se abordó el tema de los descuentos y despidos producto del paro de trabajadores de salud y médicos. Además, anunció que el gobierno remitirá un anteproyecto de ley para modificar dos artículos del Código Penal a solicitud de la COB porque son considerados “violatorios” de sus derechos laborales, destacó Abi.
 

El líder de la COB, Juan Carlos Trujillo, informó al término de la reunión que el tema salarial “aún lo vamos a discutir”.
 

El sector salud organizó protestas callejeras entre el miércoles y el viernes, y protagonizó enfrentamientos con la policía que dejaron al menos 20 heridos, principalmente en las ciudades de La Paz y Cochabamba.
 

Varios empleados de la línea aérea Aerosur comenzaron este lunes una huelga de hambre en demanda del pago de salarios atrasados y de que se acepte la oferta de un empresario estadunidense para salvar a la compañía de la bancarrota.
 

El presidente Evo Morales deploró este lunes que sus adversarios lo insulten a través de la red social Facebook y que convoquen a matarlo, aunque restó importancia a esos mensajes y dijo que seguirá adelante con su proceso de cambio que comenzó en 2006.
 

Morales acusó al popular comentarista de radio y televisión Carlos Valverde de consumir drogas; éste dijo que cuando el mandatario era sindicalista, hace una década, protegió a los productores de coca en la colocación de explosivos contra policías.


Afp

 

En otra jornada de redoblada presión de los mercados sobre la deuda de España, los indignados intensificaron ayer sus esfuerzos para denunciar los “engaños” del gobierno y la banca. La policía volvió a evacuar ayer por la mañana a un centenar de “indignados” que habían acampado durante la noche en la céntrica Puerta del Sol de Madrid, en ocasión del primer aniversario del movimiento y a pesar de una prohibición oficial. Dos personas fueron detenidas y otras 81 identificadas en la plaza durante una actuación de la policía antidisturbios que se desarrolló “sin incidentes”. Los manifestantes se juntaron un poco más tarde delante de la sede de Bankia, el cuarto banco español, agitando pequeñas pancartas con escritos tales como “Que se sepa. Este banco engaña, estafa y echa a la gente de su casa”, en alusión a los numerosos desalojos de propietarios muy endeudados contra los que lucha el movimiento.
 

Ya el domingo de madrugada, los policías habían evacuado la plaza, en la que en la víspera se habían reunido miles de “indignados” que celebran hasta el martes el aniversario de su movimiento. Los fraudes de la banca durante la crisis, la deuda y el rescate del banco Bankia por parte del gobierno de Mariano Rajoy centraron gran parte de las actividades desarrolladas por los indignados en las distinta plazas y calles de España por su primer aniversario, que vino marcado por el deterioro de la situación económica.
 

Los miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y simpatizantes del 15-M se concentraron ayer en la sede central de Bankia, cerca de la madrileña Puerta del Sol, para exigir la dación de pago –-entrega de la vivienda para saldar deuda hipotecaria– y la condenación de la deuda a los desahuciados. “Salvan al banquero, desahucian al obrero”, coreaba un grupo de manifestantes, que mostraron su rechazo a la decisión del conservador Rajoy de tomar el control de Bankia a través de la conversión de un préstamo en acciones, para luego privatizarla. De forma simbólica, los indignados destruyeron tarjetas bancarias e instaron al resto de los ciudadanos a cerrar sus cuentas en Bankia.
 

El tercer día de movilización arrancó como la jornada anterior, con el desalojo durante la madrugada de un centenar de jóvenes que celebraban una asamblea en la madrileña Puerta del Sol. El operativo policial terminó con dos detenidos que se suman a los 18 arrestados la madrugada anterior, de los cuales nueve fueron liberados pero con cargos por desobediencia y resistencia a la autoridad, por lo que no podrán acercarse a las protestas. Los indignados calificaron la intervención policial como brutal, pero aseguraron que seguirán manifestándose. En Barcelona, por ejemplo, la PAH está recolectando firmas para convertir en una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) la dación en pago.
 

Aún siendo un simple ensayo, los acordes de su Fender Squire sonaban ayer rabiosos, como si anticipasen la carga emocional de las respuestas que, en su doble condición de icono global del rock y de ciudadano norteamericano, iba a conceder al medio centenar de periodistas congregados en el Estadio Olímpico La Cartuja de Sevilla por el comienzo de su gira europea. El grito al aire de We take care own hería mucho más que en su versión en el disco. Y Death to my hometown era un puñetazo en el estómago. Se notaba: Bruce Springsteen está indignado.

“Se ha visto que el sistema ha fallado”, dijo ayer Springsteen, sentado sobre el escenario, sin quitarse sus gafas de sol, mientras atendía a las preguntas de los periodistas. “Desde 2009, la gente ha visto que su vida se ha derrumbado y no es algo que haya sucedido de repente. Es algo que se estaba gestando en el interior de Estados Unidos”, añadió. A mediados de año, Springsteen publicó Wrecking Ball, un álbum donde, a través de un entusiasta folk coral y tímidas experimentaciones con el soul y el rap, el músico de Nueva Jersey se postuló para ser el cronista sentimental de la América anónima en tiempos de crisis, aquella que, como canta en Death to my hometown, ha sido víctima de “los buitres avariciosos de Wall Street”. Hoy, lo presenta en Sevilla, para luego pasar, entre mayo y junio, en España, por las Palmas de Gran Canaria, Barcelona, San Sebastián y Madrid.

La expectación por verle en nuestro país siempre rompe todos los termómetros, siendo una de esas privilegiadas estrellas musicales capaces de colgar el cartel de no hay billetes en estadios, aunque en esta ocasión ha sorprendido que varias miles de entradas no se han vendido aún, según fuentes de Doctor Music que creen, pese a todo, que es pronto para hacer cifras. Las entradas más baratas cuestan 65 euros y, según la ubicación, se acercan a los 100 euros. Con todo, Springsteen quiere defender su discurso.

“Hay una necesidad imperante en Estados Unidos de una conversación nacional”, aseguró con gesto serio. “Cada vez hay posiciones más extremas, y esto se ve claramente con la irrupción del Tea Party, que utiliza una estrategia muy efectiva, llevando el discurso nacional más a la derecha”, sentenció. Conocedor como nadie de la mística del rock, Springsteen ha abordado siempre los sentimientos en sus canciones desde el sentido de la responsabilidad. Ahora, siente que su país necesita una regeneración mucho más profunda que las simples palabras de los políticos. “La gente de Ocuppy Wall Street tiene que entrar en el debate nacional”, afirmó refiriéndose a los movimientos de protesta ciudadana que se han originado en varias ciudades estadounidenses como consecuencia de la crisis. “Pero no solo eso. Hay que regular más la economía, la sociedad se rige por un conjunto de normas y por el concepto de solidaridad entre todos. No vale un discurso liberal como se ha demostrado. Lo que ha habido es un gran robo y la gente está enfadada”, añadió

Durante muchos años, no han sido pocos los que han acusado a Springsteen de ser ambiguo en temas de política, más cuando el presidente republicano Ronald Reagan quiso a mediados de los ochenta apropiarse su canción Born in the U.S.A. para su discurso patriótico, cosa que molestó muchísimo al cantante, que tuvo que recordar que su composición, número uno en Estados Unidos, hablaba de cómo su país abandonaba a su suerte a los veteranos de la guerra de Vietman. Springsteen siempre ha apelado a que sus canciones hablen por sí solas, pero en 2004 dio un paso histórico en su carrera al pedir el voto por el demócrata John Kerry y liderar una campaña de músicos contra George W. Bush. Mucho más célebre fue, sin embargo, su apoyo al actual presidente, Barack Obama, por entonces un candidato a la Casa Blanca. Pero el idilio ya pasó. “Obama es una figura importante, respeto su modo de conducir el país pero hay tres o cuatro cosas que no me han gustado”, dijo el cantante, quien dio la bienvenida a la victoria del socialista Hollande en las recientes elecciones francesas. “Pero lo importante que quiero transmitir es que la historia se repite. No tengo, sinceramente, las respuestas a esta crisis económica. Pero intento formularme preguntas que sean compartidas, universales, como hice en los setenta”.

En medio de los preparativos del 15-M para celebrar su primer aniversario, Bankia, el cuarto grupo bancario de España, debió ser rescatado. El gobierno decide seguir inyectando dinero para salvarlo de la bancarrota. Se habla de nacionalización, pero en realidad es una medida de distracción. Sanear, crear un banco malo y luego reprivatizar. Esa es la verdad. La indignación crece. Los recortes en educación, sanidad, los escándalos políticos, la corrupción y el desempleo al alza son el caldo de cultivo que da vitalidad al 15-M, por mucho que la derecha política, social y mediática lo den por muerto.


Sólo en Madrid las asambleas de barrios y pueblos han convocado en 15 plazas del centro de la capital reuniones abiertas donde discutir sobre el desempleo, la cultura, la privatización del agua, la crisis económica, la inmigración, los recortes en sanidad, vivienda, las políticas de género, la desobediencia civil y la elaboración de estrategias. Madrid será durante días un hervidero de propuestas democráticas. La Puerta del Sol y las plazas de Callao, Tirso de Molina, Jacinto Benavente, Santa Ana, El Carmen, Descalzas, Pontejos, Opera y Mayor volverán a llenarse y ser un espacio de participación ciudadana. Es el reto que asume el 15-M en su convocatoria. Pero también el gobierno se apresta a contrarrestar el llamado a la movilización. Se disparan las alarmas y se visualiza a los convocantes como sectores antisistema y alborotadores profesionales. Es la concepción manejada desde los despachos del ministerio de Interior e interiorizada por los cuerpos de seguridad del Estado. Así, en el centro de Madrid se preparan para actuar 20 Unidades de Intervención Policial, nueve de las cuales proceden de Valladolid y La Coruña. Cada una de ellas cuenta con 50 hombres operativos. A lo anterior hay que sumar las fuerzas antidisturbios, los helicópteros, la policía municipal y los agentes de paisano. La criminalización de los movimientos sociales es una realidad. Considerados enemigos públicos y cuasi terroristas se buscará cualquier escusa para actuar y deslegitimar el 15-M.


La situación no puede ser peor. Ni política, ni social ni económicamente se avista una salida democrática a la crisis. El capitalismo más abyecto y excluyente se consolida, haciendo trizas las promesas de trabajo estable, salud universal, educación pública de calidad y empleo juvenil. En su lugar tenemos trabajos precarios, contratos basura, salarios de hambre y sobrexplotación, siendo la juventud el sector más damnificado. En España, seis de cada 10 jóvenes, entre 18 y 30 años, viven con sus padres y el paro alcanza a 50 por ciento de ellos. En un tiempo récord las movilizaciones habidas hace un año fueron merecedoras de atención. Su aparición no dejo indiferente y a sus participantes se les apellidó "indignados". Por su manera de proceder y aglutinar a gran número de la población juvenil, se dijo, el éxito de la convocatoria radicaba en ser hija de las nuevas tecnologías de la comunicación. La revolución de los internautas. Mensajes a móviles, Twitter, correos electrónicos, web. "Spanishrevolution". El 15-M sería adjetivado como un movimiento de rebeldía y protesta asimilable al "mayo francés de 1968".


Pero esta interpretación resulta insuficiente y manipuladora. Sin restar importancia a la participación de la juventud, el 15-M no puede ser descontextualizado. Su originalidad requiere un análisis menos ligado a la sociedad espectáculo. En cuanto producto de la crisis actual del capitalismo, es un nuevo movimiento social ciudadano, heterogéneo, donde confluyen diversas tradiciones políticas articuladas en la lucha por la democracia. Anarquistas, socialistas, comunistas, autogestionarios, progresistas y también apartidistas. En sus comisiones de trabajo no se diferencia por edad, sexo o condición socioeconómica. Cuando se reivindica democracia real ya, y se protesta contra la corrupción de los partidos políticos, el poder omnímodo de los banqueros, los recortes sociales, el paro juvenil, la privatización de la salud, la enseñanza, el calentamiento global o un sistema electoral que distorsiona la voluntad popular, se desnudan regímenes políticos de explotación.


En todas las reivindicaciones del 15-M hay, tras de sí, una historia, un camino recorrido por los diversos movimientos sociales de clase, genero, étnicos, ecologistas o culturales que llevan actuando hace siglos. La memoria colectiva, los triunfos y derrotas, los avances y retrocesos, facilitan comprender movimientos tan desiguales y contradictorios como el mal llamados de "indignados". No son espontáneos ni generacionales. Forman parte de un intento de rescate de la política, secuestrada por los mercados. En su interior confluyen parados de larga duración, trabajadores, mujeres, estudiantes, profesionales, jubilados, intelectuales, amas de casa, gays, lesbianas y jóvenes. Su consolidación expresa un momento constituyente, donde las nuevas formas del pensar y del actuar construyen ciudadanía política, al tiempo que demandan democracia real ya, justicia social y dignidad. Su presencia despierta conciencias. Sin embargo, no es el todo, es parte de la solución, pero no es la solución. Su cauce transcurre en el interior de las luchas democráticas que tratan de sobrevivir a un capitalismo salvaje adscrito a un acentuado proceso de involución política. Hoy, su futuro depende de contrarrestar un poder que ha decidido criminalizar todas las reivindicaciones democráticas provenientes de los movimientos sociales, cerrando espacios de participación ciudadana y democrática. Esta decisión, sin parangón en la historia contemporánea de la España del postfranquismo, puede tener consecuencias impensables, entre otras la emergencia de un régimen totalitario, siendo la destrucción del 15M un objetivo prioritario. Las cartas están sobre la mesa. El futuro entra en una dinámica de lo impensado.

No es uno ni son dos los casos de estudiantes ausentes o con perjuicios para lamentar. Suman muchos más, y no ocurrieron sólo durante 2011. En verdad, las noticias que informan sobre la muerte, mutilaciones u otras graves lesiones entre estudiantes universitarios proceden de años atrás; sin embargo, y a pesar de su gravedad y reiteración, no motivan debate alguno. O preocupación con miras a enfocar la situación, ni entre los grupos estudiantiles ni entre las organizaciones políticas que inciden entre el activismo estudiantil o en general entre la juventud (Ver recuadro). La situación resulta incomprensible frente a un debate sobre los quehaceres particulares, como un gremio define una huelga y mediante qué recursos y cómo la anuncia, que es pertinente y ya demora sin una explicación válida desde los intereses generales, y del mejor presente y futuro mismo de la lucha estudiantil.

Desde este ángulo, hallar un enfoque y una propuesta que alcancen legitimidad obliga por el dolor que produce cada uno de estos sucesos y también por su efecto equívoco de criterios para la propia organización del movimiento estudiantil, así como para el conjunto del movimiento juvenil.

Espacios para la protesta

Para acercarnos y dar un primer paso en el análisis, cabe rememorar que el uso de explosivos de distinto tipo ganó espacio entre la juventud colombiana por motivo de dos circunstancias: una, la violencia que siempre han desplegado los cuerpos antimotines de la Policía Nacional para enfrentar correctamente la protesta ciudadana. Desde hace cinco décadas hay una constante: a cada marcha, a cada protesta, la respuesta es el bolillo, el chorro de agua, las pedradas, para luego pasar a la munición recalzada, a los disparos –son varios los estudiantes asesinados por balas oficiales en medio de las protestas–, a las bombas de ruido; y cuando un joven sufre la desgracia de ser detenido, cae bajo el peso de los golpes, las patadas, el maltrato y los insultos.

Dos, en la calle y en el cuarto del calabozo, el Estado muestra su real catadura: la violencia. Es un proceder oficial que tiene consecuencias por supuesto. Los jóvenes que son agredidos en forma impropia por la Fuerza Pública, al regresar a la calle en una nueva protesta, ya asisten con indisposición deliberada, precaución y preparación. Como afirman el dicho popular: “al perro no lo castran dos veces”.

Una, y dos razones, motivaciones o antecedentes que compelen a los asistentes de una próxima protesta a ir en guardia, con distintos instrumentos de defensa popular, en un hecho que en forma ligera, y en un contexto sostenido, sin reflexionar sobre las particularidades de la situación y el objetivo específico que procede, y acerca de su escenario particular para acercar y ganar más jóvenes e influir sobre sus familias y relacionados.

Presente este alejamiento para relacionar las condiciones de la movilización, aparece un tercer aspecto con relación, derivado y agravante por el sesgo que adopta. Es el referente a los aspectos de idealización del “revolucionario”, con prolongación de la imagen del Che y de Camilo Torres, con quienes –en una forma unilateral frente a la historia y sus vidas– han sido degradados a la simple imagen de guerreros. Una reducción que los despoja de su pensamiento, palabra y vínculo histórico y popular, principal fundamento de su vocación y decisión como combatientes, siempre listos a ofrendar su vida por una causa que aun en medio de la crudeza de los hechos mantuvo un rigor para diferenciar qué acción es conveniente frente a la justicia, y hasta dónde la “violencia necesaria”.

En las condiciones todavía de nuestra situación política y de las características de la naturaleza del poder, muchos estudiantes, muchos jóvenes, idealizan el compromiso de sus vidas con el deseo fácil de que las suyas recorran caminos semejantes. Es decir, en no pocas ocasiones los enfrenamientos con las fuerzas antimotines son vistos como juegos de guerra. Como preparación de una confrontación que ya debiera ser, o que vendrá, y cada manifestación o protesta tiene la tarea de acelerar. Perspectiva tal impone a los individuos y los colectivos concernientes un ejercicio de entrenar y superar el miedo. Valga decir, un enfoque que gana convicción incluso entre jóvenes que no hacen parte ni simpatizan con organizaciones guerrilleras.

Entonces, está por reubicar los hechos, porque la foto con una misma escena se repite y se repite desde hace décadas, y de tanto repetir parece lógica, necesaria e incluso inevitable. A ‘cumplir’, mientras Colombia no cambie esa persistencia de poderes ambiciosos y represivos. Pero falta la pregunta cuya respuesta produce éxitos y gana mentes ¿Cuáles son el momento y las circunstancias de tiempo?, ¿cuáles el territorio, el mensaje y los destinatarios? ¿Es indispensable salir ‘preparado’ –en este caso con explosivos– a cada marcha y cada protesta? La pregunta múltiple procede, ya que la rutina lleva a destacados jóvenes y parte de los activistas estudiantiles a no diferenciar en estos asuntos de importancia. Acostumbrados ya a un ritual sempiterno, no preguntan ni debaten por los detalles; tampoco, por el cuidado del lenguaje y las diferencias entre una y otra protesta según las diferencias de convocatoria.

De este modo, resultan iguales una marcha en la apertura del Foro Social Mundial en Porto Alegre –con un gobierno de izquierda y una manifestación que la encabeza el propio alcalde de la ciudad–, o una jornada antiimperialista contra las bases militares en Quito –sin provocación policial– o una protesta en Bogotá. Y en esta capital, para los actos en cuestión, no es diferente una protesta antes de los gobiernos de izquierda que una bajo su gobierno –aunque tenga aspectos de polémica–, aun con la garantía en algunos momentos y en muchas protestas de que el Esmad no haría presencia, con la actividad, a cambio, dentro de otra imagen de seguridad, del personal de la cultura ciudadana. Al no hacer diferencia, la falta de tacto es notable.

A tal punto llega la generalización de la lectura política, que todos los primeros de mayo dejaron de constituir una jornada de memoria y de fraternidad política del movimiento de los trabajadores para permitir que la provocación oficial los reduzca a una pequeña escaramuza, minimizados a unos cuantos cientos, que en tal cantidad dan ventaja para los discursos del poder nacional contra las luchas objetivas y espantan a la mayoría de la población trabajadora, en los pasos por dar de colectivización de sus reivindicaciones.

En Colombia, en medio de tanta provocación, bolillo, balas y otros recursos de violación del derecho a la protesta ciudadana, y tras décadas de repetición de la escena, sin otra imaginación, ¿sobresale en forma única, necesaria y útil la respuesta con el explosivo? ¿No habrá otras formas para proteger la asistencia de quienes van a la protesta?

La acción militar… desarmada

En el explorar de un enfoque a la hora de repensar las formas de protesta, y el manejo del mensaje político, una primera y la mejor referencia por su autoridad histórica, que no puede descalificarse como “reformista pequeño burgués”, son los indígenas del Cauca. En su caso, en la década de los 80, producto de la violencia que enfrentaban, pero también de la dinámica misma de guerra con desarrollo en sus territorios, llegaron a la conclusión de armarse, y le dieron cuerpo a la fuerza armada que tomó por nombre el de Quintín Lame. Luego de algunos años de acción, que tuvo pocos enfrentamientos de control de territorio, y en la propia dinámica de transformación internacional de los finales de la décadas de los 80 y principios de los 90, dejaron las armas a un lado. Pero no renunciaron a la acción militar, en este caso mediante un recurso pacífico. De este modo, y con uso del análisis y la consulta, conformaron pocos años después la “guardia indígena”, cuerpo con origen colectivo en su decisión, realmente miliciano.

Con el uso de “bastones de mando”, la “guardia indígena” podría contar con no menos de 7.000 hombres y mujeres para la tarea de protegen sus territorios, sus marchas, sus acciones públicas. Como es de pública constatación, en la aplicación de este recurso tiene valor y pesa la disuasión más que la represión, y más que el actuar de individuos con base en notoriedades personales calladas o en los entornos. El mensaje es claro.

Hay opción para los estudiantes y el movimiento juvenil

En general, y con ajustes, y con ventaja frente a la mirada de la ciudadanía en general, el recurso de la “guardia indígena” está disponible para usar en una trayectoria de movilización con la característica estudiantil: actuar en las marchas, protegerlas y garantizarlas con nada más que una guardia que gane el status de tal. Y el resultado puede ser fundamental: garantizar el propósito de cada jornada de protesta, y evitar que las fuerzas oficiales provoquen y lleven al desorden los escenarios de movilización o denuncia. Con novedad, sobresaldría el mensaje para toda la ciudadanía: la violencia procede del Estado, quien no respeta su propia legalidad. La otra y segunda enseñanza procede de los propios estudiantes.

Con necesidad de presionar en varios momentos, en su lucha contra la reforma universitaria durante 2011, sin necesidad de confrontaciones directas con las fuerzas antimotines llevaron su mensaje a todo el país y arrinconaron al gobierno, obligándolo a ceder en sus propósitos. En esta ocasión primó el mensaje al país, lo mismo que los argumentos: sensibilizar a muchos y muchas, demostrar que es posible garantizar un derecho que es genérico. En esa lucha, aunque las fuerzas oficiales provocaron en muchas ocasiones, encontraron el vacío. Así se venció. Ahondar acerca del método para mantener la iniciativa y la fuerza de movilización en su disponibilidad es una obligación para los sectores activos del movimiento. Conviene llevarle otro mensaje al país.

Un paso con este fin, sin embargo, parece no tener claridad todavía. Así quedó reafirmado, y la misma foto se repitió, con la protesta reducida a los disturbios ante la elección del rector en la universidad. Por supuesto, en el marco de la inexistente democracia en el interior de las universidades, y con el monopolio que mantiene el gobierno de la vida y función en los claustros para la educación superior.

De nuevo, y en tiempo reciente, como fruto de la reiteración del método en interrogación, que recayó en su error con un resultado de víctimas fatales, jóvenes muertos, en Tunja y Bogotá, así en este caso perecieran fuera de sus centros de estudio y por fuera de protesta alguna.

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Recuadro 1

El lenguaje de la protesta

No cabe duda de que la protesta significa confrontación y de que, en el caso de la política actual, las clases subordinadas antagonizar con el capital directamente o con el Estado. En ese sentido, es falsa la dicotomía entre acciones pacíficas o violentas, pues estos términos siempre han de contextualizarse. Los llamados deportes de contacto, por ejemplo, sujetos a reglas y arbitrajes, son ejercicio sano para unos y ‘salvajismo’ para otros. Ahora, en el caso de la confrontación política clasista, la protesta, si se trata de los subalternos, busca debilitar el poder y obligarlo a tener en consideración los puntos de vista del reclamante; por eso, desde el poder se busca neutralizar la acción del protestante. La forma que asumen esas acciones depende, en lo esencial, de la correlación histórica de las fuerzas de uno y otro, y de su capacidad creativa.

Vistas así las cosas, las inquietudes cambian de dirección y apuntan a que nos preguntemos por la eficacia de la acción, esto es, por cuales son las formas de la confrontación que nos conducen primero a ser escuchados y luego a que nuestros intereses sean satisfechos. Y es allí donde el lenguaje, es decir, la forma que asume la protesta, juega un papel fundamental, pues ha de tener en cuenta dos tipos de receptores: de un lado, los que deben atender al reclamante, o sea, el antagonista, y, del otro, aquellos de los que se busca comprensión, solidaridad o identidad para la acción. Los plantones, los desnudos, las marchas, las huelgas y la confrontación abierta han sido manifestaciones de protesta durante mucho tiempo, pero es de su oportunidad y su eco de donde debe venir su juicio y su elección, no de su forma en sí. Idealizar alguna, realizarla porque sí o porque siempre se ha hecho de esa manera, es dejar la acción política en el campo de la costumbre y lo irracional.

Como en muchas cosas, hemos abandonado la iniciativa y permitido que la inercia y lo establecido dirijan nuestros pasos. Es hora de entender que de la imaginación en la acción depende el ser escuchados por aquellos que queremos de nuestro lado. No es hora de la improvisación sino de la organización, y, si bien los gestos espontáneos y desprendidos pueden conmovernos, no es ciertamente la hora paras dejarles lo más importante al azar o a la heroicidad.

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Recuadro 2

No debió suceder

Los más recientes hechos al respecto son contundentes: al amanecer del 25 de marzo de 2012, tres estudiantes de la Universidad Pedagógica de Bogotá murieron al sufrir el estallido de la pólvora que preparaban en la fabricación de ‘papas’ explosivas. Y uno más sufrió heridas de consideración. La casa donde preparaban el material explosivo quedó con el efecto de unos graves destrozos, y su familia en shock y sin posibilidad de proseguir una vida normal y con el vecindario en conmoción*.

Pocos días antes, el 20 de marzo, en medio de protestas escenificadas alrededor de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Tunja, por el estallido incontrolado de ‘papas bombas’ perdió la vida Edwin Ricardo Molina Anzola. Otros de sus compañeros, Cristian Rodrigo Alvarado, Jorge Galvis Saavedra y Carlos Fabián Chaparro, aunque no murieron sí sufrieron lesiones de distinta consideración: Carlos Fabián, amputación de un pie; Cristian Rodrigo, pérdida de un ojo, y Jorge amputación de las falanges distales de un pie. Con tristeza, y no “como resultado de la lucha” y “el compromiso” es un recuento no total. Hay otros estudiantes mutilados o muertos en circunstancias similares: el 12 de octubre de 2011 murió Gian Farid Shang Lugo, estudiante de medicina de la Universidad Santiago de Cali, tras la detonación de unas ‘papas’ bomba que portaba. Los estudiantes denuncian que la bomba “fue lanzada sobre él desde un puente peatonal”. En el mismo caso resultó herido Sergio Garzón Díaz, de 18 años.

El 30 de marzo de 2011, en la Universidad de Nariño, Andrés Arteaga Ceballos, Claudia Vanesa Calvache y Luis Guillermo Hernández y dos estudiantes más quedaron heridos. El 2 de septiembre de 2010 hubo un herido por la manipulación de explosivos en la refriega que ocurrió en la Universidad Nacional, sede Medellín. El 6 de marzo de 2009, un estallido de explosivos ocurrió en Pereira, dentro de las Universidad Tecnológica, y afectó a los estudiantes Jorge Andrés Idárraga Tobón, quien perdió su mano izquierda; a Mauricio Arango Castaño, de 20 años, y también a Juan Manuel Marín Ángel, quienes sufrieron lesiones en una mano y el rostro.

* Los fallecidos fueron identificados como Daniel Andrés Garzón Riveros (22 años), Óscar Arpos (19 años), Zaida (20 años) y Ricardo Alfonso Garzón (20 años).

Buscan acallar la voz de los pueblos y las mujeres que denuncian al modelo

En un ambiente hostil al movimiento social y en medio de un fuerte control militar y policial en la ciudad, se desarrolla la V Cumbre de los Pueblos.

La Fuerza Pública ordenó a dueños de hoteles expulsar a estudiantes y sindicalistas hospedados en el sector de Bocagrande que participan en la V Cumbre de los Pueblos. Entre la noche del 12 y la mañana del 13 de abril, cerca de 20 participantes fueron sacados de sus hoteles y apartamentos por orden directa de la policía de la ciudad.

Mientras vende una imagen de respeto por los derechos y libertades personales, y dando muestra de un profundo estado represivo, el gobierno colombiano quiere ocultar y acallar la voz de la protesta social en Cartagena.

En medio de estas dificultades, el 13 de abril continuaron las deliberaciones de la V Cumbre de los Pueblos, con eventos sectoriales y poblacionales: Iglesias, sindicatos, organizaciones de mujeres, organizaciones que luchan contra los abusos de las trasnacionales y estudiantes se reunieron para debatir los impactos del modelo económico en sus vidas.

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Buscan acallar la voz de los pueblos y de las mujeres
que denuncian al modelo

Con esta consigna, cerca de 200 representantes de organizaciones de mujeres de Cartagena, la Costa Caribe y el país, se reunieron en un encuentro realizado en el marco de la V Cumbre de los Pueblos, para discutir las relación entre las reglas y normas del modelo económico y sus derechos humanos.

Los ejes de la discusión del encuentro fueron la tierra, el territorio y la soberanía alimentaria; los Tratados de Libre Comercio; el trabajo y l apobreza y los costos de la guerra en sus vidas y sus cuerpos.

En grupos, las participantes discutieron sobre estos impactos y concluyeron que:

El gobierno de Colombia tiene 9 TLC con diferentes países en etapa de negociación, firma, ratificación e implementación. Todos estos tratados benefician a los dueños de las corporaciones trasnacionales, mientras convierte a los países en simples instrumentos para la negociación, que niegan a sus pueblos los derechos humanos para favorecer estos intereses.

En este panorama, las mujeres enfrentan impactos diferentes por la condición histórica de discriminación económica y social. A pesar de todos los avances de la lucha feminista, las mujeres siguen siendo las principales responsables del trabajo doméstico no remunerado que combinan con las actividades productivas, duplicando su jornada laboral. Adicionalmente, las tasas de desmpleo de las mujeres osn más altas, estructuralmente. En el periodo septiembre – diciembre de 2011, el desempleo de las mujeres fue de 12,5% mientras que el de los hombres fue de 7%.

Por otra parte, los sectores de la economía que desplazan los TLC en los países llamados en desarrollo son la agricultura y la industria (incluyendo el desarrollo tecnológico) mientras promueve economías basadas en el pequeño y mediano comercio, hoteles y restaurantes, y en los servicios comunales, sociales y personales. Estps dos últimso sectores son las principales fuentes de trabajo para las mujeres, también porque son una extensión de los roles de cuidado, tradicionalmente asignados. 63 de cada 100 mujeres trabajan en estos renglones de la economía.

Por otra parte, la informalidad es la regla general dentro del trabajo que realizan las mujeres populares, un trabajo que realizan sin derechos laborales, prestaciones sociales ni protección de riesgos profesionales.

Otra forma como las multinacionales de belleza y otros artículos de aseo y nutrición acumulan riquezas son las ventas por catálogo que realizan las mujeres, creando negocios “por cuenta propia” que les dejan un margen de ganancia muy variable y la mayoría de las veces insuficientes para cubrir sus necesidades básicas. Para recurrir a este tipo de trabajo, las muejres deben poner el capital inicial, crear las redes de ventas, así como pagar por los catálogos. Todos los costos los asumen las vendedoras que nunca llegan a tener ninguna relación laboral o contractual con estas multinacionales de la salud y la belleza.

Salud y seguridad social: en emergencia

Las demoras de uno o más meses para la asignación de una cita médica, el desmonte paulatino del derecho a la pensión, la falta de programas de atención en salud que reconozcan los derechos sexuales y reproductivos en las distintas etapas de la vida de las mujeres, los altos costos de los medicamentos y la estandarización en los servicios y tratamientos médicos, son algunas de las caractrísticas del modelo de salud que padecen las mujeres, como producto de la liberalización comercial y que se hace más precario en las zonas rurales. Habitantes del municipio de Bayuca en Bolívar, denuncian que tienen que hacer largas filas desde las 4 am para solicitar una cita médica que en muchos casos no les es asignada. “Los TLC convirtieron a las pacientes en clientes y a la salud en un negocio”, señala María Clara Plata, integrante de la Mesa de Trabajo Mujeres y Economía quien invitó a las mujeres, organizaciones sociales y a todo el país a participar del Referendo por la salud y la seguridad Social. “En Bogotá, las firmas para convocarlo se están recogiendo en los CADE y SUPERCADE” También anunció la realización del Congreso Nacional de Salud en el mes de agosto del presente año.

Mujeres representantes de Ecuador y Chile compartieron sus experiencias en otros países: Aunque en Ecuador no hay TLC y la salud es pública, universal y gratuita, padecemos de problemas similares en la asignación de citas y la falta de personal médico en las zonas más apartadas del país. También hace falta el enfoque de atención en salud que reconozca las partricularidades sexuales y reproductivas de las mujeres, señala Guillermina Astoga, chilena que reside hace años en Ecuador e integrante del Colectivo Género y Acción Política, de este país.

La misma Guillermina señala que en Chile donde se han firmado “todos los TLC que existen en el planteta” la salud es un privilegio de pocos y depende de la empresa prestadora y de la capacidad económica de las y los usuarios. Las pensiones, por otra parte, son completamente manejadas por las Administradoras de Fondos de Pensiones, AFP, que se lucran de manera descarada con los aportes de ciudadanas y ciudadanos e invierten en paraísos fiscales con lo que recaudan.

Madres comunitarias: De cero a siempre, sin derechos

Las madres comuntiarias de Bolívar denunciaron que con el programa de atención a la primera infancia, de cero a siempre, lanzado por el gobierno nacional, su trabajo está en riesgo. Las ONG van a recibir los recursos de Bienestar Familiar para atender a la infancia y son ellas las que van a contratar a las madres. Esto amenaza el trabaj de cientos de madres comunitarias y jardineras y también la estabilidad laboral. “Por 25 años, las mujeres le abrimos la intimidad de nuestra casa al Estado y le servimos para que ahora se desconozca esta antigüedad con este tipo de programas” señala María Vlencia, del Sindicato de Madres Comunitarias de Bolivar, quien recuerda que llevan décadas exigiendo que el estado las reconozca como empleadas públicas, con derechos laborales, y la respuesta es desplazarlas de esta función. Las madres anunciaron que realizarán una marcha nacional en mayo de este año para denunciar esta situación y exigir al gobierno nacional programas que las incorporen y reconozcan su aporte y sus derechos.

La tierra, el territorio y la guerra, en la agenda de las mujeres

Las mujeres también reiteraron las deuda histórica de los países con su derecho a la tierra, y señalaron que los mercados de tierras obstaculizan aun más este derecho ya que las mujeres sólo son propietarias del 1% de la tierra en el planeta. En Colombia la ley de víctimas y restitución no responde a las necesidade sestructurales de una reforma agraria que les permita a las mujeres acceder a la tierra que trabajaron y de la que fueron desplazadas por el conflicto armado y los interéses del capital.

La guerra, por otra parte afirmaron sigue cobrando costos muy altos para la vida de las mujeres. Mientras los derechos económicos no son garantizados por el Estado, se invierte buen parte del presupuesto nacional en mantener la maquinaria de la guerra. Las mujeres siguen siendo utilizadas como botín de guerra, y en la militarización de la vida cotidiana, las niñas y jóvenes son vinculadas al conflicto armado pro los actores de la guerra quienes las seducen para utilizarlas como informantes.

Las mujeres también denunciaron que el día 12 de abril se cumplieron 3 años de la violación de Jessika Beltrán. Su mamá denunció que el sargento Michael Cohen y el contratista César Ruiz, ambos ubicados en la base de Tolemaida desarrollando labores del Plan Colombia, violaron a su hija cuando tenía 12 años. Este caso sigue en la impunidad y los militares regresaron a Estados Unidos. Las muejres colombianas insistieron en la solución política al conflicto armado y propusieron la creación de una policía civil al servicio de la ciudadanía y no de los interéses económicos de unos pocos.

Al final de la jornada, las mujeres elaboraron los mensajes para su participación en la Asamblea de los Pueblos y la marcha que da clausura a la V Cumbre de los Pueblos.

¿TLC's? No estamos en venta, no somos mercancía, somos mujeres con dignidad y derechos; La tierra no se vende, se cuida, se cultiva y se defiende; La seguridad no se garantiza con armas ni con guerra. Somos mujeres en resistencia; Trabajo digno y salario justo para las mujeres, fueron los mensajes que recogió el encuentro.

El día sábado 14 de abril se realiza la marcha de clausura de la V Cumbre de los Pueblos: La verdadera voz de las Américas donde se hará la lectura de la declaración final que se dará a conocer a los presidentes de la región.

Brasil anunció un plan de estímulo económico de amplio espectro para defender su producción del impacto negativo de las guerras de monedas, declarada en forma abierta por Estados Unidos y la Unión Europea, y comercial, iniciada en forma solapada por esas mismas potencias en crisis. Para la primera diseñó un programa de mejora de la competitividad del tipo de cambio mediante una devaluación fiscal, con reducción de impuestos y contribuciones patronales y aumento de la oferta de créditos a tasas subsidiadas. En el segundo frente dispuso la suba de aranceles de importación a decenas de productos, la reducción de impuestos a las exportaciones y un plan de compras gubernamentales que favorecerá la adquisición de bienes nacionales hasta 25 por ciento más caros que los importados. Además, redefinió el deficitario acuerdo automotor con México. Todo integra un megapaquete económico que se define en una única palabra: proteccionista.
 

El plan brasileño ha sido analizado a nivel local como uno de desarrollo industrial, mostrando el liderazgo de Dilma Rousseff para defender la producción de su país. Observación precisa sobre la orientación de la iniciativa, pero ocultando uno de los aspectos más sustanciales de ese programa: la suba de aranceles de importación, entre otras medidas en ese mismo sentido. Del plan de estímulo, éste es el costado proteccionista en el comercio exterior. Esa omisión se explica porque actúan dos factores. Primero, cualquier movida económica brasileña aquí se la atribuyen al fruto de su dinamismo y su carácter de potencia económica, aunque en realidad este último paquete es porque su estrategia económica mantiene rasgos ortodoxos en la política monetaria con el esquema Metas de Inflación, que mantiene tasas de interés elevadas y un tipo de cambio muy apreciado, lo que le permite al mundo de las finanzas contabilizar fabulosas ganancias especulativas. Segundo, porque se está desa-rrollando un show de la exageración sobre inconvenientes para el ingreso de mercadería, desde medicamentos oncológicos, libros, salmón rosado, planchas o tornillos.
 

En forma esquemática, lo que hace Brasil es una política de industrialización con protección que merece elogio; aquí, en cambio, es cepo, trabas o cerrojo a las importaciones y problemas para las industrias. No deja de ser llamativa esa mirada estrábica.
 

Un principio básico para analizar hechos de la esfera de la economía o del área social es que éstos no se pueden explicar por la experiencia de un caso, de un individuo aislado o de escasa relevancia en la contexto general. La frase “mientras haya un pobre seguirá habiendo injusticia” impacta en términos de sensibilizar auditorios, pero poco significativa para evaluar la orientación de una política social. Lo mismo corresponde cuando se evalúa el proceso de administración de comercio exterior, que comenzó a fines de 2008 con el estallido de la crisis internacional y se intensificó el año pasado cuando quedó en evidencia que las potencias están profundizado sus problemas con medidas ortodoxas y quieren transferir parte de los costos generados a los países emergentes de economías pujantes.
 

Brasil denunció el Acuerdo de Complementación Económico 55 de la industria automotriz con México, amparado bajo las reglas del Mercosur y que exime de tarifas arancelarias. La balanza comercial sectorial del año pasado fue favorable a México cuando antes había sido superavitaria para Brasil. Según datos oficiales brasileños, las importaciones de autos desde México aumentaron el año pasado un 40 por ciento, la misma proporción en que cayeron las exportaciones de vehículos hacia ese país, lo cual generó un déficit de casi 1700 millones de dólares en el intercambio en ese sector. El gobierno brasileño se puso firme y definió entonces cuotas de exportación de automóviles para México. Argentina suscribió ese mismo acuerdo y plantea lo mismo que Brasil, en una situación más inquietante porque el déficit sectorial con México alcanzó los 1000 millones de dólares, siendo una economía 3,5 veces menor que la brasileña. La reacción mexicana fue diferente, como también la repercusión local de la medida dispuesta por Brasil y el pedido argentino de renegociar del mismo modo el acuerdo. México propuso no firmar la nota de queja impulsada por Estados Unidos en la Organización Mundial de Comercio a cambio de mantener las condiciones del comercio automotor. Argentina rechazó ese ofrecimiento, entonces México acompañó la estrategia de presión de las potencias en la OMC.
 

Durante muchos años la tríada FMI-Banco Mundial-Banca acreedora intervenía en la región para afectar los procesos económicos y condicionar la orientación de las políticas. Con la pérdida de influencia del FMI & cía., y también de autoridad por los descalabros provocados por sus acciones y recomendaciones, los países latinoamericanos pudieron ampliar sus estrechos márgenes de autonomía. Esa estructura financiera multilateral está en crisis pero en el frente del comercio internacional mantiene como organismo de presión sobre los países en desarrollo a la OMC, más ahora cuando las economías centrales están en recesión y las emergentes registran fuertes crecimientos.
 

La presentación cuestionando la política argentina ante el Comité de Mercancías de la OMC fue rubricada por 14 miembros de esa organización: Australia, Corea, Estados Unidos, Israel, Japón, Nueva Zelanda, Noruega, México, Panamá, Suiza, Tailandia, Taiwan, Turquía y la Unión Europea. No hubo denuncias concretas, sino que plantearon una queja por mayores dificultades para ingresar productos al mercado argentino por las licencias no automáticas. En la nota, dicen textual: “No estamos informados de ninguna directiva o resolución oficial que establezca este balance comercial (la norma informal 1 a 1) o requerimiento de inversión, sin embargo funcionarios del gobierno argentino de alto nivel han sido citados en la prensa argentina diciendo claramente que el propósito es la mejora del balance comercial a través de las importaciones y promoción de las exportaciones”.
 

Esa declaración buscó generar un hecho político para cuestionar la política de administración del comercio exterior, al tiempo de ejercer presión para revisarla. Como parte de la estrategia tradicional de ese tipo de organismos multilaterales dominados por las potencias centrales se buscó un caso testigo, ejemplificador, para que otros países emergentes acoten sus políticas proteccionistas. Como el FMI no es el paladín del desarrollo económico, la OMC tampoco lo es del libre comercio. Es una organización que se forma en 1994, cuando sobresalía el neoliberalismo, y empieza a funcionar en 1995, heredera del GATT (General Agreement on Tariffs and Trade, Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio) que nace con la posguerra junto al FMI y Banco Mundial. La OMC es una organización que busca establecer normas de administración del comercio internacional, a favor de los países desarrollados, cristalizando los desequilibrios y asimetrías vigentes en el comercio internacional.
 

En esa misma sesión del Comité de Mercancías de la OMC que se planteó la queja contra Argentina hubo otras que se pueden leer en el portal de esa organización. Involucran a Estados Unidos contra Ecuador, a Corea contra Taiwan, a la Unión Europea contra Ucrania y a Australia cuestionando a Brasil. El gobierno de Rousseff fue advertido por su política impositiva en el sector automotor, que favorece la producción local y, por lo tanto, desalienta la importación. El reclamo australiano fue acompañado por Corea, la Unión Europea, Canadá, Estados Unidos, Japón, Hong Kong y China. Brasil la desestimó con la frase de compromiso que continuará el tema en conversaciones bilaterales.
 

Otro caso de mirada estrábica.

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Las dos principales centrales sindicales de España realizan hoy la primera huelga general contra el gobierno de Mariano Rajoy, a cien días de su asunción. El motivo es la reforma laboral que el Partido Popular sancionó el 10 de febrero. La norma eliminó numerosos derechos laborales con el argumento de que sólo la flexibilidad permitirá ganar competitividad para salir de la crisis, profundizando así el camino que había iniciado el Partido Socialista Obrero Español. En 2011 el desempleo en el país trepó al 22,8 por ciento de la población activa, unos 5,3 millones de personas y los analistas prevén que la situación empeorará este año debido justamente a las facilidades para despedir personal que brindó la reforma. “Provocará una regresión social sin precedentes”, advirtió Cándido Pérez, el secretario general de la Unión General de Trabajadores.

Es la octava huelga general que se realiza en España desde la vuelta de la democracia. La última había sido el 29 de septiembre de 2010 y el disparador también fue una reforma laboral, la implementada por José Luis Rodríguez Zapatero. Los sindicatos buscan hoy paralizar la producción y además realizarán manifestaciones en todo el país. “Habrá una gran huelga a pesar del miedo”, afirmó el secretario general de Comisiones Obreras, Ignacio Fernández Toxo. Sin embargo, el ministro de Economía, Luis de Guindos, ya adelantó que “el gobierno no va a modificar un ápice de la reforma”. Lo que sigue es un detalle de los cambios laborales que motivaron la protesta.

- Indemnización por despido sin causa. La indemnización se redujo de 45 a 33 días por año y el tope máximo de 42 a 24 mensualidades. A un empleado con 25 años de antigüedad y un sueldo de 24.000 euros anuales, le correspondían con el viejo régimen 73.972 euros de indemnización, pero con la nueva legislación sólo cobraría 48.000 euros, un 35,2 por ciento menos. Es cierto que la modificación no es retroactiva, pero afecta a todos los trabajadores. Quienes se encuentran empleados desde antes del 12 de febrero de 2012, fecha de entrada en vigencia de la reforma, están amparados por la legislación anterior sólo hasta ese día. Por lo tanto, les deberán calcular una indemnización de 45 días por año y 42 mensualidades de tope hasta esa fecha y de 33 días por año y 24 mensualidades en adelante.

- Indemnización por despido con causa. Si un despido es provocado por causas económicas, técnicas, administrativas o de producción, la indemnización será de apenas 20 días por año trabajado con un tope de 12 mensualidades. Bajo estas reglas, el trabajador puesto como ejemplo en el punto anterior cobraría una indemnización de sólo 24.000 euros, debido al tope de 12 mensualidades. Es decir, un 67,6 por ciento menos de los 73.972 que le hubiesen correspondido por un despido sin causa amparado en la legislación previa. Alguien podría objetar que se están comparando dos tipos de despido diferente, pero la reforma prevé causas justificadas para el despido extraordinariamente amplias. Por lo tanto, muchos trabajadores a los que antes les hubiese correspondido una indemnización por despido sin causa ahora califican fácilmente dentro de estas “causas objetivas”, viendo reducida notablemente su indemnización. Por ejemplo, el decreto ley dice que existen causas económicas “cuando de los resultados de la empresa se desprenda una situación económica negativa, en casos tales como la existencia de pérdidas actuales o previstas, o la disminución persistente de su nivel de ingresos o ventas”. Luego aclara que la disminución es persistente “si se produce durante tres trimestres consecutivos”.

- Despidos colectivos. La ley obliga a las empresas a poner en marcha un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para realizar despidos colectivos. Eso les permite abonar indemnizaciones de 20 días por año con un tope de 12 mensualidades, al considerarlos despidos con causa. Antes de la reforma, los ERE requerían el permiso de la autoridad laboral y era más sencillo obtenerlo si la propuesta tenía el aval de los trabajadores. Para lograr ese consenso, la empresa ofertaba una indemnización mayor a los 20 días por año, pero ahora ya no hará falta. Hay un plazo de consultas y si las partes no se ponen de acuerdo la empresa puede despedir de manera unilateral, pagando la indemnización mínima.

- Despidos en el sector público. La legislación laboral preveía la posibilidad de despedir empleados públicos, pero varios juzgados la venían rechazando porque no estaba clara la justificación. Lo que hizo esta reforma fue explicitar las causas económicas, técnicas, administrativas o de producción. Por ejemplo, el texto aclara que los organismos públicos podrán echar personal por razones económicas cuando se registre insuficiencia presupuestaria durante nueve meses consecutivos.

- Cambios en las condiciones laborales. La reforma habilita a las empresas a no respetar los convenios laborales por las mismas causas económicas, técnicas, administrativas o de producción que permiten el despido justificado. La única diferencia es que para el despido por causas económicas se requiere certificar tres trimestres de caída persistente en los ingresos y para modificar las condiciones de trabajo sólo dos. Este punto permite que el empresario modifique horarios, turnos, lugar de trabajo, funciones e incluso el salario. Antes de la reforma, cuando un empresario quería introducir cambios tenía que sentarse a negociar con los representantes de los trabajadores y llegar a un acuerdo con ellos. Ahora se mantiene la exigencia de negociar, pero se aclara que si no hay acuerdo las partes deben recurrir a la Comisión Consultiva nacional o territorial de convenios colectivos (donde están representados patronal, sindicatos y administración) que ejercerá un arbitraje cuya decisión será vinculante.

- Convenios colectivos. El decreto ley establece, en su artículo 14, referido a la negociación colectiva, que los convenios por empresa tienen prioridad sobre los sectoriales. Además, se aclara que una vez vencidos no serán prorrogados de manera automática. Empresarios y trabajadores deberán negociar nuevas condiciones laborales. Si no se ponen de acuerdo, el viejo convenio regirá sólo por dos años.

El titular de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, Juan Rosell, aseguró que la flexibilidad laboral servirá para que la economía gane competitividad y vuelva a crecer. Además, ya le solicitó al gobierno que modifique lo antes posible el decreto que regula el derecho a huelga, dejando en claro que van por más.

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El gobierno chileno invocó ayer la Ley de Seguridad del Estado contra unos veinte manifestantes de la región austral de Aysén, donde se produjeron violentos incidentes en el marco de la protesta que los pobladores vienen realizando desde hace más de un mes en demanda de medidas de desarrollo para la zona. El ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, explicó que la querella que invoca la Ley de Seguridad del Estado en Aysén, presentada ayer, está dirigida a “violentistas” y que no toca a ninguno de los dirigentes que conforman el movimiento social de la región.

El funcionario expresó que le pidieron al Ministerio Público que intervenga en el caso de una veintena de personas individualizadas por Carabineros y la Intendencia, y que serían “activistas más violentos, más ultras”. “Esta no es una acción judicial contra una región”, señaló Hinzpeter, quien aseguró que el gobierno tiene toda la intención de retomar la mesa de trabajo lo antes posible.

Los pobladores de Aysén reclaman al gobierno desde el 12 de febrero un pliego cuya principal demanda es la rebaja del precio del combustible, pero que también incluye el mejoramiento de la conectividad de la zona, la creación de una universidad regional y medidas de estímulo al empleo y de apoyo a las empresas pequeñas y medianas, sobre todo las vinculadas con la industria pesquera. Desde entonces, los manifestantes realizaron marchas, bloquearon rutas y levantaron barricadas, lo que provocó problemas de abastecimiento, particularmente de combustible, y aumentos de precios, además de violentos enfrentamientos con efectivos de Carabineros.

Desde la noche del miércoles y durante toda la jornada del jueves, tras intentar retomar el diálogo entre dirigentes sociales y autoridades, la situación volvió a salirse de cauce, con enfrentamientos entre manifestantes y carabineros, que dejaron varios heridos, el aire viciado por los gases lacrimógenos, problemas de comunicación por corte de fibra óptica y otros incidentes.

Hinzpeter defendió la aplicación de la ley sosteniendo que el Ejecutivo ha “dado muestras enormemente concluyentes de la vocación que tiene por el diálogo”, pero “hay algunos que no quieren ver nada”. La Ley de Seguridad del Estado, promulgada bajo la última dictadura militar en 1975 y cuyas últimas modificaciones fueron aplicadas en 2010, endurece las penas para lo que se consideran delitos contra la seguridad interior y exterior de Chile y su abanico es tan amplio que involucra casi todo lo que altere el orden público: desde la protesta o cortes de tránsito, hasta barricadas y la quema de colectivos.

La decisión del gobierno y el accionar de la policía militarizada desencadenaron críticas y acusaciones de la oposición, del sector sindical, de la Iglesia Católica y hasta de algún oficialista. El senador por Aysén Antonio Horvath, de Renovación Nacional, del partido del presidente Sebastián Piñera, afirmó ayer que Carabineros “no tiene nada que hacer en la región porque estos temas se resuelven con acción policial normal; sirven para detener vándalos, delincuentes, encapuchados y nunca a manifestantes pacíficos que hacen ollas comunes y fogatas”.

El senador y vicepresidente del Partido por la Democracia, de la opositora Concertación, Ricardo Lagos Weber, sostuvo que la decisión del gobierno de recurrir a la Ley de Seguridad Interior “es una muestra de la fragilidad de este gobierno, que es incapaz de dialogar con la ciudadanía y entregar soluciones concretas y efectivas”. La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) acusó al gobierno de “incompetente”, de haber perdido el control en Aysén y llamó al presidente a asumir con responsabilidad las demandas del Movimiento Social y hacer propuestas concretas y efectivas para resolver de una vez el conflicto. En una declaración, la CUT afirmó que el Ejecutivo sólo enfrenta el conflicto con represión, “llevando a cabo operativos violentos contra los manifestantes y las casas de la población de Aysén, golpeando a mujeres y niños, usando balines que se disparan al cuerpo de las personas causando heridas graves”.

El pasado sábado tres de marzo no era cualquier día para la empresa Emgesa, responsable del megaproyecto hidroeléctrico El Quimbo, en el Huila. Este era un día especial para esta empresa, por no decir un día feliz, pues para ese día 3 del mes tres tenían programado el inicio del desvío del río Magdalena, a través de un túnel de 800 metros.
Muy seguramente la empresa y el gobierno confiaban en el dicho popular que enfatiza en que “la tercera es la vencida”, pues la resistencia civil de la comunidad había evitado los anteriores desvíos programados para los días 8 y 14 de febrero. En particular el día 14, no pudieron realizar el desvío porque empresa y gobierno nacional estaban concentrados en el desalojo violento que se le hizo a la comunidad, acampada a la orilla del río, como se pudo constatar en el vídeo que le dio la vuelta al mundo con más de un millón de visitas, por el cual se generó un debate nacional e internacional.

Con el mismo ánimo que los ha acompañado en su protesta durante meses, el pasado sábado 3 de marzo la comunidad (que en esta ocasión contó con la presencia solidaria de decenas de estudiantes que colmaron dos chivas o carro escalera) se reunió en la orilla del río, en el punto conocido como Puente Paso el Colegio (vía Neiva La Plata), con la intención de entrar a la zona donde se encuentra la boca del túnel y evitar el desvío del río. Pero en el mismo punto, con la orden de impedir el paso de la comunidad, fue dispuesto el Esmad. Unos y otros midieron fuerzas, y la comundiad se vio obligada a retroceder y ubicarse sobre la carretera.

Mientras la tensión llenaba el ambiente, un grupo de pescadores y campesinos burló el dispositivo policial, alcanzando la zona del túnel, pero a pesar de sus esfuerzos no pudieron evitar el inicio del desvió. De manera simulánea, Anonymous bloqueaba las páginas de la gobernación del Huila y del Ministerio del Medio Ambiente. Pese al esfuerzo de unos y otros la orden se impartió y el proceso inició.

Pero sucedió lo que nadie esperaba: por efectos de la creciente del río, a las pocas horas de iniciado este proceso las aguas retornaron a su cauce natural. Con razón algunos de los integrantes de los comités que impulsan la lucha contra la represa de El Quimbo dicen que el río se declaró en desobediencia natural.

El profesor Miller Dussan comentó con respecto al desvió que se realizó ese día: “El Ministerio del Medio Ambiente y la Corporación Autónoma Regional del río Grande de la Magdalena (CorMagdalena) aprobaron un desvió sin que se cumplieran las condiciones que se exigen para este tipo de casos, como el monitoreo que se debe hacer aguas abajo y aguas arriba para ver factores de hidrodinámica e hidrobiología”.

Con el mal resultado ante sus ojos, y con la presión nacional e internacional en creciente, Emgesa reprogramó el desvío del río para martes de 6 marzo. Las pocas horas que separan al sábado 3 del martes 6 brindó un aire a la comunidad para organizar diversas actividades de protesta, entre actos culturales, marchas, mítines, etcétera, que se realizaron en varias ciudades de Colombia, Estados Unidos y Europa. A nivel regional fue muy importante la marcha realizada el 2 de marzo por los habitantes de La Plata Huila, la que contó con la particularidad de ser liderada por Monseñor Tovar.

La empresa Emgesa, dedidaca a tergiversar la realdiad, el sábado 3 no sólo se quiso imponer a las malas, sino que además –sin reparar en las demandas comunitarias- trata de manipular y engañar- Así lo comenta José William Soto, líder de los pescadores de Puerto Seco: “A raíz de los problemas con Emgesa, nosotros nos ubicamos a trabajar en la zona del Domingo Arias, allí la empresa iba para que nos retiráramos, aceptamos pero si teníamos el respaldo de la Procuraduría, Defensoría del Pueblo y otros dos entes del Estado que no recuerdo; acordamos con la empresa que nos iban a pagar daños y perjuicios, darnos un capital de trabajo y un proyecto productivo que nos permitiera ganar lo que veníamos devengando por la pesca, se firmó un acta con los entes del Estado y con la empresa, quedamos en que el acuerdo se debía cumplir antes de que fuera desviado el río, pero no han cumplido y por eso hoy volvimos a unirnos a la protesta”.

A partir del desalojo quedó clara la posición del gobierno por favorecer a la empresa, hecho evidenciado con todo el descaro en el video ya mencionado, donde se muestra el violento desalojo, que desató la ira del gobierno. Sin poder ocultar la denuncia pública, el Presidente y el ministro del Medio Ambiente rompieron su silencio con respecto a El Quimbo, para dar el mensaje de que detrás de esas luchas hay guerrilla e intereses particulares que van en contra del “desarrollo” que traerá la represa. Entre los factores que ha generado el debate nacional, tenemos que el Alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, designó una comisión para ver las condiciones del proyecto porque la Empresa de Energía de Bogotá (CODENSA) está asociada con Emgesa.

El día 6 de marzo, en algunos lugares del país, al lado de las marchas del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, se realizaron las jornadas de protesta que estaban programadas. También se espera un segundo video y nuevas jornadas de protesta para el 14 de marzo por ser el día mundial contra la contrucción de más represas.
El tiempo corre encontra de las comunidades del sur del país. Es la hora de proteger el gran río y el futuro de quienes habitan gran parte de Colombia.

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