La reforma laboral llega en un momento de agravamiento de la crisis financiera y económica. Según los autores, la norma empeorará esta situación y abrirá camino a la desaparición del carácter garantista del derecho laboral.

El pasado 10 de febrero el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto-ley 3/2012, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral (en adelante, RDL 3/2012), que constituye la expresión más significativa y acabada de la política legislativa enderezada a la flexibilización y desregulación de las relaciones laborales en nuestro país. Ciertamente, el contenido de la norma evidencia la plena alineación del Gobierno del Partido Popular con los intereses económicos y empresariales dominantes, alumbrando una reforma neoconservadora que acaso constituya el mayor retroceso en la protección de los trabajadores desde el advenimiento de la democracia. Nuestro análisis se orienta fundamentalmente a situar el RDL 3/2012 en un escenario de conjunto, identificando las concretas opciones de política jurídica que han inspirado al legislador. Como podrá advertir el lector, esta síntesis puede efectuarse con relativa sencillez, sin pecar por ello de superficialidad, realizando una lectura sistemática de ciertos artículos y proponiendo algunas hipótesis sobre el verdadero alcance de la intervención legal que se analiza.

La reforma se produce en un marco económico y social cada vez más degradado, con una situación de desempleo masivo que amenaza prolongarse durante un largo período y que, sumada a la destrucción de los servicios públicos, entraña un grave riesgo para la estabilidad sociopolítica de nuestro país. La crisis económica empeora por momentos y es previsible una segunda caída todavía más intensa que la desatada en el año 2008. En este contexto, hostigado por los mercados financieros internacionales, el Gobierno ha asumido los principios de los sectores ultraliberales que controlan la política económica, lanzando un ataque fulminante contra los trabajadores y sus organizaciones representativas. Ante la imposibilidad de acometer una devaluación externa por la pertenencia al euro, el RDL 3/2012 impulsa la aplicación de un violento ajuste de salarios, confiando ingenuamente en que ello contribuirá a resolver los gravísimos desequilibrios que padece nuestra economía e ignorando las consecuencias de la involución social legislada en términos de pauperización y precarización para el conjunto de la ciudadanía.

La estrategia es clara y demoledora: por un lado se acomete una profunda devaluación salarial, sobre salarios ya de facto en involución, por la vía de la amputación de la capacidad colectiva de negociar el precio del trabajo y, por tanto, de la individualización del trabajador frente al empresario; por otro, se consigue la sumisión del trabajador y se limita la capacidad de respuesta del movimiento obrero bajo la continua amenaza del despido libre o poco indemnizado en una situación de paro generalizado. Para conseguir el ajuste salarial, el Gobierno ha optado por promover y facilitar la fragmentación de la autonomía colectiva, afectando al equilibrio mismo de las fuentes del Derecho del Trabajo y de los sujetos implicados en las relaciones laborales. En efecto, la reforma consagra el protagonismo de la negociación colectiva en el seno de la empresa y procura un desplazamiento de las unidades de contratación hacia los ámbitos inferiores, es decir, hacia las empresas, que se convierten en el principal y casi exclusivo centro de decisión en materia de relaciones laborales. Por lo pronto, se amplían sensiblemente las causas que justifican el descuelgue de las condiciones de trabajo previstas en el convenio, extendiendo esta posibilidad a los principales elementos de las relaciones laborales (artículo 82.3 ET, jornada, distribución del tiempo de trabajo, horario, turnos, salario, funciones… incluso mejoras voluntarias de la Seguridad Social). Además, se otorga prioridad aplicativa a los convenios de empresa sobre los de ámbito superior, desvirtuando la regulación sectorial de variables estratégicas como la cuantía del salario (artículo 84.2 ET), lo que puede dar lugar a un agresivo proceso de dumping social al colocar el salario como un factor de competitividad entre las empresas del mismo sector: la carrera hacia la fijación generalizada del SMI (641 euros al mes) está abierta y la pauperización servida.

En nuestra opinión, la “empresarización” de la negociación colectiva auspiciada por el RDL 3/2012 pone en cuestión el principio de autonomía colectiva y la fuerza vinculante de los convenios, vulnerando el art. 37 de la Constitución Española y favoreciendo el poder del empresario individual. No es ningún secreto que el poder de los sindicatos decae en los niveles empresariales de negociación, ya que, en última instancia, todo el proceso negociador se halla condicionado por las facultades de coerción empresarial. Por otra parte, la debilidad sindical se acrecienta si consideramos la escasa fiabilidad que, sobre todo en las pequeñas empresas, tiene la representación de las y los trabajadores, frecuentemente controlada por el empresario. Si a ello se añade la limitación de la ultraactividad de los convenios a un período de dos años (artículo 86.3 ET), situando en el horizonte el SMI como suelo de la contratación, se advierte fácilmente la voluntad de inducir una profunda reestructuración de las normas de reparto del excedente económico en detrimento de los trabajadores.

“La reforma sitúa el salario mínimo como suelo de la contratación al eliminar la ultraactividad de los convenios”

El segundo pilar de la reforma se centra en el despido, pues se facilita la ejecución del mismo hasta el punto de convertirlo en una opción más del abanico de posibilidades de gestión cotidiana de la empresa, ignorando las consecuencias que esta medida conlleva en la vida de las y los trabajadores. El vínculo entre la desregulación del despido y la imposición del ajuste salarial se advierte nítidamente si consideramos la amenaza que supone aquél en una situación de paro como la actual, que coloca al trabajador en la fatal choice, quedarse sin empleo, en el mejor de los casos con una indemnización cada vez menor, o aceptar unas condiciones salariales miserables. Conviene recordar que el derecho a no ser despedido sin justa causa forma parte fundamental del derecho al trabajo en su vertiente individual, que la Constitución Española reconoce en su artículo 35.1 y que se consagró con claridad en el convenio 158 de la OIT, normas que ignora y vulnera la reforma operada por el RDL 3/2012.

En efecto, dicho texto acoge dos grandes vías para la desregulación de la extinción contractual: por un lado, se permite el despido libre o sin causa durante un año en las pequeñas empresas, incrementando la precariedad de determinados colectivos de trabajadores cuya contratación se bonifica (mujeres, jóvenes y desempleados mayores de 45 años); por otro, se flexibiliza el despido rebajando sus costes económicos (abaratamiento de la indemnización por despido improcedente, que se limita a 33 días por año con un límite de 24 mensualidades, y eliminación de los salarios de tramitación) y procedimentales (ampliación de los supuestos que justifican el despido por causas objetivas y eliminación de la autorización administrativa en los procesos de despido colectivo, suspensión del contrato y reducción de la jornada de trabajo).

Como puede observarse, la reforma de la legislación laboral persigue el ajuste salarial mediante la desarticulación de la negociación colectiva y el abaratamiento del despido, amén de otros aspectos periféricos o secundarios, pero no por ello menos importantes. Así, junto con estos dos conjuntos de medidas, se incorporan modificaciones normativas que tienden a la precarización de los precarios, en particular las personas menores de 33 años con la ampliación de la duración y posibilidades del contrato para la formación, y a la híper-flexibilidad del tiempo de trabajo, con la introducción de horas extraordinarias en el contrato a tiempo parcial y el otorgamiento al empresario de la facultad de distribuir de manera irregular el 5% de la jornada de trabajo a lo largo del año.

En definitiva, podemos concluir que el RDL 3/2012 socava el principio de estabilidad en el empleo y protagoniza una auténtica refundación de las bases y estructuras que conforman el sistema laboral, otorgando el máximo rango a la voluntad del empresario y multiplicando su capacidad de gestionar unilateralmente la vida del contrato de trabajo. Es innegable que, en un escenario caracterizado por la asimetría contractual, la desregulación del trabajo asalariado significa la libertad para la parte económica más fuerte, el patrono. En la práctica, el trabajador aceptará las condiciones impuestas por éste, puesto que se encuentra en una situación de inferioridad y dependencia que impide cualquier negociación de las condiciones contractuales. Desde este punto de vista, puede concluirse que el RDL 3/2012 pone en cuestión el cuadro institucional del Derecho del Trabajo y facilita la sobreexplotación de la clase obrera, abriendo el camino a la implantación de condiciones extremadamente duras.

La historia del siglo XX demuestra que el Derecho del Trabajo ha sido un instrumento decisivo para humanizar las condiciones laborales de los que, careciendo de medios de producción propios, devienen obligados a vender su fuerza de trabajo para subsistir. Nuestra disciplina no ha neutralizado, ni pretendía hacerlo, el conflicto entre capital y trabajo que se produce en el capitalismo, pero ha mitigado las fracturas sociales removiendo sus efectos más indeseables y contribuyendo a la estabilidad de un sistema que, desde su aparición sobre la faz de la Tierra, ha arruinado la vida de millones de personas. Tanto es así, que puede afirmarse sin la menor duda que la democracia occidental se ha consolidado, entre otros aspectos, porque la legislación social otorgaba a los trabajadores un estatus de ciudadanía capaz de imponerse a las exigencias del mercado, garantizando una existencia civil relativamente soportable a la inmensa mayoría de la población. Los juristas del trabajo no podemos predecir los acontecimientos que deparará el naciente siglo XXI, pero sabemos, o deberíamos saber, que la desregulación del trabajo asalariado erosiona gravemente las bases de la convivencia en nuestra sociedad.


Sigue la manifestación 19F en Madrid en twitter: @DiagoDirecto

Adoración Guamán Hernández y Héctor Illueca Ballester

Domingo 19 de Febrero de 2012. Número 167 Número 168

El gobierno conservador de Mariano Rajoy decretó una reforma laboral que incluye la decisión de abaratar el despido para todos los contratos fijos, con el argumento de fomentar el empleo en España. La medida provocó la protesta instantánea por parte del movimiento 15-M, que fue reprimido anoche a las puertas del Congreso.
 

El líder del Partido Popular (PP) había adelantado en Bruselas en una conversación off the record que la medida le costaría una huelga general.
 

“Esta reforma estructural marcará un antes y un después en la legislación laboral española”, aseguró la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. Las declaraciones fueron formuladas en la conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros que aprobó la medida. La nueva reforma, decimosexta de la democracia, llega en medio de un desempleo histórico que afecta a 5,4 millones de personas, el 22,85 por ciento de la población económicamente activa, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
 

Los sindicatos mayoritarios y el movimiento de los indignados convocaron a protestas en distintas ciudades de España para oponerse a la reforma laboral de Rajoy, que consideran recorta derechos de los trabajadores. El ministro de Economía español, Luis de Guindo, había anticipado el jueves en Bruselas que la reforma iba a ser extremadamente agresiva, en una conversación con el comisario europeo de Asuntos Económicos, Olli Rehn. La nueva reforma, que entrará en vigor el lunes y tendrá que ser convalidada después por el Parlamento, simplifica los contratos fijos, de dos a uno, eliminando el contrato con indemnización de 45 días por año trabajado hasta 42 meses en los despidos improcedentes.
 

De esta forma, regirá un único contrato indefinido, con 33 días de indemnización por año trabajado hasta un máximo de 24 meses.
 

“Queremos hacer la contratación indefinida más atractiva”, argumentó la ministra de Empleo española, Fátima Báñez, quien calificó la reforma de histórica. Según dijo, así combate la temporalidad y la rigidez del mercado laboral español. La última reforma laboral, aprobada durante el gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero en septiembre de 2010, ya había generalizado el contrato con indemnización de 33 días en detrimento del de 45 días. Pero esta vez la medida no afectará sólo a los contratos que se hagan a partir de la reforma, sino también a los que cuenten con un contrato en vigor. Así, en caso de despido, en la indemnización quedarán reflejados los años acumulados en uno y otro sistema.
 

“Se respetarán los derechos adquiridos por los trabajadores. Habrá un doble nivel en caso de despido”, explicó la ministra de Empleo.
 

Además de esta vía, también se facilita el despido procedente por causas objetivas, con indemnización de 20 días, al que pueden recurrir las empresas con problemas económicos.
 

A partir de ahora, podrán recurrir a él las empresas que registren pérdidas o caída de los ingresos o ventas durante tres trimestres consecutivos, es decir aun teniendo beneficios, y eliminando el requisito de control judicial. Según Soraya Sáenz de Santamaría, el principal objetivo de la reforma es facilitar la contratación de nuevos trabajadores, en especial los jóvenes, los desempleados de larga duración y personas con mayores dificultades. De ahí que anunciara en primer lugar la creación de un nuevo contrato indefinido para pymes, que constituyen el 95 por ciento del tejido productivo, de hasta 50 trabajadores que tendrá una deducción fiscal de 3000 euros por la contratación de menores de 30 años. Además, el trabajador podrá compatibilizar el 25 por ciento del subsidio por desempleo con el nuevo sueldo, mientras que a la empresa se le podrá deducir el 50 por ciento durante un año. También se bonificarán con hasta 3600 euros la contratación de menores de 30 años y con 4500 euros la contratación de desempleados de larga duración.
 

Otra novedad importante es que se recupera la prohibición de encadenar contratos temporales durante más de 24 meses, como medida para luchar contra la elevada temporalidad y la dualidad del mercado laboral español.
 

Cientos de indignados, junto con organizaciones madrileñas como los sindicatos CGT, Solidaridad Obrera y CNT Villaverde se manifestaron en la Puerta del Sol contra las medidas de ajuste. “Hace falta ya una huelga general”, fueron algunas de las consignas coreadas por los manifestantes, que se preguntaban por los sindicatos mayoritarios, comisiones y UGT. “Dónde están, no se ven, comisiones y UGT”, gritaban unos, y otros respondían: “Yo lo sé, yo lo sé, están con la patronal”.
 

Por la noche, un grupo de cincuenta personas abandonó el lugar y se dirigieron hacia el Congreso, donde la policía antidisturbios les cercó el camino y embistió contra alguno de ellos. Se registraron al menos tres detenidos, al tiempo que la policía dejó toda la zona del Congreso vallada. Las autoridades atinaron a justificar la represión porque la manifestación se produjo sin aviso previo.
 

La Habana, 20 de diciembre. Cuba abrió hoy las puertas del sistema bancario a decenas de miles de pequeños empresarios urbanos y rurales, a los que ofrecerá créditos para la producción, con garantías y criterios de mercado.

Un paquete legal, aprobado el mes pasado y que entró en vigor este martes, es el mayor cambio en la banca cubana desde los años 90, cuando quedaron separados el emisor central y los operadores comerciales, todos del Estado.

La nueva política es un escalón adicional para que los pequeños empresarios se alejen de la economía informal, después del primer paso que fue su legalización masiva, a partir de 2010. Según el último reporte oficial conocido, hay registrados 333 mil trabajadores por cuenta propia.

Los créditos serán en pesos cubanos (25 por un dólar al cambio comercial), entre 18 meses y cinco años, para pequeños empresarios urbanos, campesinos privados (400 mil y 3 mil 500 cooperativas agrarias) y particulares que quieran construir o reparar vivienda. Más tarde se ampliarán a las previstas cooperativas no agrícolas y para la compra de bienes personales.

Al llegar al banco los privados se enfrentarán con reglas de mercado. "Tendrán que demostrar la obtención de ingresos futuros que se utilizarían para pagar el crédito, evidenciando su capacidad de pago para devolver los préstamos en los plazos acordados con la institución financiera (y) ofrecerán garantías que aseguren el cumplimiento de las obligaciones", dijo a la prensa local el presidente del Banco Central, Ernesto Medina.

En contraste, los particulares podrán vender libremente sus productos o servicios a entidades estatales, mediante contratos que se cubrirán con instrumentos bancarios, lo cual rompe un candado que sujetaba esa relación a un mínimo.

En el sitio sobre economía cubana CubaStandard.com, el investigador Pavel Vidal valoró como "muy positivas" las medidas, por su impacto y desafíos y por reflejar la "aceptación real de nuevos actores".

Los bancos podrán escoger los proyectos más rentables y se reducirán las finanzas informales, señaló el académico de la Universidad de La Habana. En cambio, sin recurrir a la experiencia del extranjero, tendrán el reto de aprender a operar el microcrédito privado.

La reforma disminuye riesgos y costos de operaciones de los privados, añadió Vidal. También ayuda a reducir la evasión fiscal y a reforzar la capacidad de acción para influir en la política monetaria.

El analista previó, sin embargo, algunos cuellos de botella por la baja capacidad de los bancos cubanos para trabajar en plataformas como servicio en línea, telebanca, tarjetas y cajeros automáticos, además de las limitaciones del entorno nacional (doble moneda y tasa de cambio, reducido mercado mayorista, restricciones a las importaciones y convertibilidad limitada, entre otras).

Los pequeños empresarios que tienen un ingreso anual mayor del equivalente a 2 mil dólares, quedan obligados a operar con una cuenta corriente.

Las garantías serán embargables y pueden constituirse con los flujos de cuentas bancarias, propias o solidarias, avales o hipotecas sobre viviendas de descanso o solares yermos. Quedan excluidos como prenda el lugar de residencia habitual, bienes básicos y la tierra de cultivo de los acreditados.

Los créditos estarán a cargo de tres bancos (Metropolitano, de Crédito y Comercio y Popular de Ahorro). El mínimo del préstamo es el equivalente a 20 dólares y no hay límite máximo. El Banco Central fijará las tasas de interés.

En las propuestas de reformas, o programas políticos, sucede con frecuencia que es mucho más importante lo que se omite, lo que se invisibiliza o subvalora, que lo que se propone. Esto sucede en la actual propuesta de reforma a la Ley 30.

Los olvidados en esta reforma son los jóvenes pobres, de bajos niveles socioeconómicos, cuyas necesidades de formación postsecundaria no encuentran referente alguno ni fuentes de financiación en la reforma propuesta. Es enorme la dimensión cuantitativa de esta necesidad y es urgente su solución.

En efecto, cada semestre aumenta el número de egresados del nivel medio, la mayoría de ellos provenientes de estratos bajos; con necesidades de formación postsecundaria, algunos en las universidades tradicionales, la mayoría en ofertas postsecundarias de educación técnica moderna que los capacite para su inserción positiva en el mundo del trabajo. En 2010, unos 600.000 jóvenes egresaron del nivel medio. La mayoría no puede comprar educación privada, pocos desean endeudarse para comprarla, y muchos no desean una formación académica larga sino una formación técnica de calidad que los empodere para el trabajo. A estos miles de jóvenes hay que añadirles los cerca de 2,3 millones que no han recibido formación laboral en los años anteriores, según datos del Ministerio de Educación Nacional (MEN).

Lo anterior significa que la mayoría de egresados del nivel medio, que no pueden comprar educación superior privada ni competir por los pocos cupos en las universidades públicas ni ingresar a los programas titulados del Sena, acceden al mercado de trabajo sin calificación ni competencias laborales, generalmente al sector informal, al rebusque y también a trabajos terminales de baja productividad y baja remuneración. Todo ello caldo de cultivo de delincuencia, narcotráfico, prostitución y otras formas socialmente negativas de subsistencia.


Es inconcebible que una necesidad social tan importante haya sido ignorada en la política de educación superior y no haga parte explícita de la reforma propuesta al sector. En Colombia no ha sido organizado un ‘sistema público postsecundario de formación técnica’ u otras modalidades de formación para el trabajo, de carácter público. Sólo hay nueve instituciones técnicas (4 nacionales, 2 departamentales y 3 municipales) para atender las necesidades de formación de cientos de miles de jóvenes egresados del nivel medio, y que no pueden o no quieren comprar educación privada o continuar estudios académicos en los pocos cupos disponibles de las universidades públicas. Es claro que esta inmensa necesidad y demanda no puede ser cubierta por la oferta privada, como se propone en la reforma a la educación superior.

Por otra parte, es necesario plantear el problema de la ‘calidad’ y pertinencia de la educación técnica privada. La mayoría de los programas técnicos y tecnológicos de las instituciones privadas se concentran en unas pocas áreas de baja inversión y sobresaturadas en el mercado: en contaduría, administración financiera, sistemas, ventas, mercadeo y afines. Son muy pocos los programas técnicos y tecnológicos en áreas modernas relacionadas con las nuevas tecnologías, pues requieren inversiones altas en equipos, laboratorios e infraestructura, inversiones que en muy pocos casos son realizadas por instituciones privadas y que redunden en alto costo para el estudiante.

El sistema postsecundario de formación técnica que se propone es común a la mayoría de las naciones y asume diversas denominaciones: community colleges, politécnicos, technical colleges, regional colleges, hogescholen, institutos de educación técnica postsecundaria, etcétera. En algunos países, la matrícula en estas instituciones es de 50 u 80 por ciento del total en la educación superior, y cumplen una importante función social y económica, la formación técnica de la mayoría de los jóvenes, y la mayor productividad y modernización del sector productivo.

En Colombia no se tiene este sistema público de formación técnica postsecundaria. Tampoco es suficiente la oferta de cupos en las universidades públicas en relación al número creciente de bachilleres y a los de años anteriores que vuelven a demandar cupos. En 2008 sólo había 184.568 matriculados en el primer año, para 934.199 inscritos. En ese mismo año, el total de matrículas en instituciones públicas y privadas fue de 423.709, lo que arroja un déficit de 510.485 en relación al número de inscritos en ese año (SNIES)1.

Este déficit es cada vez mayor debido al aumento de la demanda, por el mayor número de egresados del nivel medio y el congelamiento desde hace 18 años (1992) del presupuesto de las instituciones públicas de educación superior. Por otra parte, el porcentaje del PIB destinado a estas instituciones ha disminuido de 0,52 por ciento en 2000 a 0,32 en 2007 (Contraloría General de la República, 2008).

Dado que la mayor parte (90 por ciento) de los aspirantes a educación superior se presenta a universidades públicas, sus escasos cupos son altamente competidos (4,5 aspirantes por cada cupo ofrecido). En la Universidad Nacional de Colombia, la tasa de absorción en 2007 fue sólo de 8,6 por ciento en general, de 5,6 en la sede Bogotá y de 3,5 en algunas carreras (Medicina, algunas Ingenierías)2.
 
Por otra parte, la oferta de oportunidades de educación superior está altamente concentrada en pocas carreras largas y en escaso número de áreas del conocimiento. Un 80 por ciento de la matrícula se concentra en pocas áreas (Administración, Contaduría, Economía, Derecho, Ingenierías y formación de docentes), únicamente 2,5 en Matemáticas y Ciencias Naturales, y 1,5 en Agronomía, Veterinaria y afines. SNIES-MEN, 2009.

Es muy escasa la diversificación de instituciones y programas de nivel superior, y la mayor parte de las instituciones es de carácter privado: de 79 universidades, sólo 33 son públicas; hay otras 111 ‘instituciones universitarias’, todas privadas, sin rango ni estatus de universidad. En lo referido a la formación técnica y tecnológica postsecundaria, hay 41 instituciones técnicas, de las cuales únicamente nueve son públicas. Hay 51 instituciones tecnológicas, de ellas sólo 12 públicas (SNIES-MEN. 2009). Ello señala la escasez de oportunidades postsecundarias de educación universitaria y de formación laboral, para la mayoría de egresados del nivel medio que no puede comprar educación privada.

Esta estructura tradicional de la oferta, o sesgo a favor de carreras universitarias largas, limita y reduce las oportunidades a los estudiantes. En Bogotá, por ejemplo, el 95 por ciento de los cupos ofrecidos en universidades públicas corresponde a carreras largas, de 4 o 5 años de duración nominal, y 5 o 6 de duración real, que requieren dedicación de tiempo completo, lo que dificulta enormemente la articulación de estudio y trabajo, por lo cual se excluye de la educación superior a muchos jóvenes de menores ingresos que necesitan trabajar par autofinanciarse sus estudios. En 2008 egresaron del nivel medio 88.000 jóvenes. Otros 120.000, aproximadamente, de otras partes del país acuden a esta ciudad en busca de oportunidades de educación superior, lo cual implica una demanda de aproximadamente 200.000 aspirantes en una ciudad donde sólo se ofrecen 14.080 cupos en universidades públicas. Pero sólo 1.000 o 1.100 de estos cupos se ofrecen en carreras cortas, propedéuticas, lo que genera una alta demanda (6:1) por estos pocos cupos. El resto de cupos corresponde a carreras largas, tradicionales, que excluyen a estudiantes pobres que no pueden esperar mínimo 4 o 5 años para generar ingresos.

¿Qué oportunidad
de postsecundaria
hay para estratos bajos?

La siguiente es la situación típica para la mayoría de egresados del nivel medio, provenientes de familias de menores ingresos:

a)    Han recibido educación pública generalmente de mala calidad (modalidad general académica), de escaso o nulo valor ocupacional y que tampoco otorga ventajas comparativas en la competencia altamente selectiva, debido a los escasos cupos ofrecidos por las universidades públicas. A estos estudiantes pobres se les ofrecen, desde el nivel medio, programas de ‘articulación’ con instituciones técnicas, mayormente privadas, a las cuales sólo puede acceder –y pagar– una pequeña minoría de egresados, lo que de nuevo señala las limitaciones en cobertura por parte del sector privado y la necesidad urgente de un sistema público postsecundario de formación técnica.

b)    A esta situación hay que añadir la alta concentración geográfica de oferta de programas e instituciones en tres áreas territoriales: 58 por ciento de los programas técnico-profesionales y tecnológicos y el 48,1 de los profesionales universitarios son ofrecidos en las tres entidades territoriales que concentran el 38 por ciento de la población entre 18 y 24 años.

c) Aquellos pocos que puedan y quieran endeudarse para comprar educación superior privada (crédito ACCES)3 se concentran en instituciones privadas de baja calidad y estatus académico, y generalmente en programas percibidos como de alta rentabilidad, por tanto sobresaturados en el mercado4. Estos estudiantes de crédito ACCES tienen una alta tasa de deserción, lo que implica el doble perjuicio de haberse endeudado por ser pobre y tener que pagar una deuda sin finalizar los estudios. Una vez termine los estudios la primera cohorte de estudiantes ACCES se podrá analizar su empleabilidad y su capacidad de pago del crédito educativo, y el efecto real de la estrategia de crédito educativo, o subsidio a la demanda, en la igualdad social de oportunidades educativas5.

Esta situación de alta inequidad social para egresados de bajos ingresos tiende a agravarse en los próximos años debido al continuo aumento en sus tasas de cobertura y graduación en el nivel medio, y también a la escasez de ofertas públicas de formación postsecundaria. Esta necesidad fue olvidada en la reforma propuesta a la Ley 30. No se encuentran referentes ni fuentes de financiación para la educación pública postsecundaria de carácter técnico con destino a la gran mayoría de jóvenes egresados del nivel medio. Por el contrario, la opción es privatizar el financiamiento a cargo de las familias, para lo cual se refuerza la estrategia de crédito educativo subsidiado (artículos 115 a 122).

Los artículos sobre financiación de la educación superior pública (101 a 107) se refieren básicamente a las universidades y las pocas (9) instituciones públicas técnicas existentes. Los grandes olvidados en la reforma propuesta son los cientos de miles de jóvenes de bajos ingresos, para quienes no hay oportunidades públicas postsecundarias de formación para el trabajo.

La reforma propuesta a la educación superior no se orienta a crear una sociedad más democrática, con mayor igualdad social de oportunidades, con mayor inclusión social y laboral de los jóvenes más necesitados de oportunidades. Por el contrario, es una política de mayor privatización por el doble efecto de la escasez (déficit) de ofertas públicas en relación a la alta demanda y por el recurso al endeudamiento de las familias.

Los innegables requerimientos de mayor cobertura (mayormente de bajos estratos) son un problema que se espera superar con educación privada y mediante el endeudamiento de las familias. Además, favorece el ingreso de instituciones nacionales y multinacionales privadas con ánimo de lucro, cuya mayor competencia favorece a sectores medios y altos, y sólo marginalmente a sectores de bajos ingresos.

Las necesidades de educación postsecundaria de los jóvenes pobres del país continuarán siendo olvidadas y relegadas, con profundos efectos negativos sobre la paz social, el trabajo productivo y la legitimidad del sistema político. Colombia no merece este lamentable destino.ν
*    Departamento de Sociología, Universidad Nacional, abril 4 de 2011
1    El SNIES no ofrece datos actualizados de matrículas, inscritos, etcétera, para 2009 y 2010. Abril 2011.
2    “Estadísticas e Indicadores de la UN. 2007”. Revista de la Oficina Nacional de Planeación Nº 13, 2008. Bogotá.
3    Línea de crédito educativo subsidiada para estratos 1 a 3. Icetex. Aproximadamente el 9 por ciento del total de estudiantes. www.icetex.gov.co.
4    Más del 80 por ciento de los estudiantes de estratos 1 a 3, con crédito ACCES, está matriculado en instituciones privadas. La gran mayoría –o la totalidad– de estos estudiantes no pudo competir por los escasos cupos, altamente selectivos, en las universidades públicas.
5    Ver: Gómez, V. M. & Celis, J. “Crédito educativo, acciones afirmativas y equidad social en educación superior”. Revista de Estudios Sociales Nº 33, agosto de 2009, pp. 107-117. Facultad de Ciencias Sociales. Universidad de los Andes, Bogotá. http://res.uniandes.edu.co.

Londres, 30 de junio. Cientos de miles de maestros, empleados y funcionarios públicos sindicalizados comenzaron hoy una huelga de 24 horas y marchas en calles y plazas públicas de Londres y otras 80 localidades británicas, como parte de una campaña para presionar al gobierno en el proceso de negociación de una reforma al sistema de pensiones.

El paro laboral afectó actividades en la mitad de 21 mil 500 escuelas públicas, 80 por ciento de las universidades, juzgados, puestos de migración en aeropuertos, oficinas de recaudación de impuestos, expedición de licencias de manejo, atención de llamadas a la policía londinense y museos, como el Británico, donde decenas de trabajadores participaron en un mitin frente al edificio.

Las medidas sindicales fueron criticadas por políticos de la coalición gubernamental formada por los partidos Conservador y Demócrata Liberal e incluso por el Laborista, en la oposición.

El primer ministro David Cameron dijo el miércoles que la huelga es un acto irresponsable y no se justifica porque las negociaciones para la reforma al sistema de jubilaciones y pensiones están todavía en curso.

Ed Miliband, líder de los laboristas, se puso del lado del gobierno en este punto al señalar que "estas huelgas, en un momento en el que las negociaciones están todavía en marcha, son una equivocación".

La iniciativa oficial de reformas se enmarca en un plan del gobierno para eliminar el déficit presupuestal en 2015, que equivale a 10 por ciento del PIB.

El ambiente económico generado por la crisis estadunidense que estalló entre 2007 y 2008 ha propiciado la congelación de salarios y la inseguridad laboral.

En caso de que se apruebe la reforma, los empleados deberán hacer mayores contribuciones a sus fondos de pensiones y la edad para la jubilación pasará de 60 a 66 años.

Asimismo, las pensiones de los funcionarios dejarán de calcularse a partir del último salario obtenido y se fijarán con base en el promedio de ingresos de todos los años trabajados en el servicio público.

Cameron ha argumentado en varias ocasiones que la mayor expectativa de vida en Gran Bretaña sirve de base para que las pensiones del sector público modifiquen su régimen y sean costeables.

La Oficina Nacional de Estadísticas informó este año que de 1981 a 2001 la expectativa de vida aumentó de 76.8 a 80.4 años en mujeres, y de 70.9 a 75.7 en hombres. No obstante, la dependencia aclaró que el alargamiento de la vida no implica siempre buena salud.

Los dirigentes sindicales informaron que unos 750 mil empleados y funcionarios se adhirieron al paro de 24 horas, pero el gobierno de Cameron consideró que la cifra es menor.

La movilización sindical de este jueves es la más importante desde 2006 y es la primera vez que Cameron enfrenta un desafío de las organizaciones de trabajadores desde que asumió la jefatura de gobierno, en mayo de 2006.

La Asociación de Maestros y Profesores Universitarios estimó que 80 por ciento de los centros de enseñanza superior suspendieron actividades.

El paro no afectó los servicios de transporte ferroviario ni portuario, y aunque los agentes migratorios sí secundaron la huelga de 24 horas, los inconvenientes en aeropuertos fueron menores.

El Sindicato de Servicios Públicos y Comerciales (PCS), que representa a funcionarios públicos, dijo que 200 mil de sus afiliados pararon actividades, pero según la administración de Cameron la ausencia fue de 100 mil.

"Esta es la huelga con más respaldo que hayamos tenido antes", declaró el secretario general del PCS. "Estamos enviando un mensaje claro al gobierno de que no toleraremos los ataques al derecho de las pensiones, duramente ganado", agregó.

La mayor manifestación callejera se realizó en Londres, con la asistencia de 20 mil personas. Los trabajadores portaron pancartas en las que adviritieron: "Detengan el robo de las pensiones".

Aunque la marcha se desarrolló en general de manera pacífica, algunos choques con la policía llevaron a la detención de 26 personas. Otras marchas se llevaron a cabo en Cardiff y Liverpool.

Las expresiones de repudio al paquete de reformas planteado por Cameron –quien actúa en consonancia con otros gobiernos de Europa– comenzaron a finales de 2010, cuando se supo de los planes para aumentar las cuotas de servicios de educación superior.

En marzo pasado, unas 250 mil personas marcharon en Londres contra los recortes presupuestales generales, la congelación de los salarios y la eliminación de 330 mil empleos públicos hacia 2015.

Analistas de prensa han señalado en este ambiente que los sindicatos de trabajadores del sector público carecen del apoyo popular que tuvieron movimientos laborales como el de los mineros entre 1972 y 1974, que se expresó en la pérdida de popularidad del gobierno y su consecuente caída.

Masivos despidos en Lloyds

El británico Lloyds Banking Group, socorrido por el Estado durante la pasada crisis, anunció el jueves que suprimirá 15 mil puestos para 2014, de los 106 mil que tiene actualmente, en el marco de un nuevo plan destinado a sanear sus cuentas.

Este banco, del cual el Estado británico posee más de 40 por ciento, señaló en un comunicado que pretende ahorrar unos 2 mil 400 millones de dólares anuales hasta 2014 con esta drástica restructuración.

También para ese año Lloyds Banking Group pretende abandonar "más de la mitad" de los 30 países donde tiene presencia.

LBG, un gigante en Gran Bretaña pero poco conocido en el extranjero, nació de la fusión a principios de 2009 entre Lloyds TSB, por entonces floreciente, y su rival HBOS (Halifax-Bank of Scotland), que estaba carcomido por créditos tóxicos.

Afp, Dpa, Reuters y The Independent

La ministra vocera del gobierno, Ena von Baer, calentó ayer la fría mañana chilena cuando en un importante canal de TV dijo que la tarjeta de movilización gratis por todo el año, una de las cuatro demandas que solicitan los estudiantes secundarios, “es un beneficio que se sobreutiliza al comenzar el fin de semana”.

La Habana, 17 de mayo. El gobierno del presidente Raúl Castro permitirá que todas las microempresas o negocios personales contraten mano de obra, mejorando así el marco legal para el empleo dentro del minúsculo sector privado.

La Habana, 10 de mayo. Cuba mantendrá el monopolio estatal del comercio agrícola pero permitirá un acceso mayor y directo del productor al mercado y ampliará el régimen de usufructo de la tierra, según la versión final del plan económico que aprobó el congreso comunista el mes pasado.

La suerte del campo es uno de los asuntos más discutidos en los últimos años, en la medida en que la isla tiene ociosa casi un tercio de tierra cultivable y debe importar alimentos a precios crecientes, este año de unos mil 500 millones de dólares, según informes oficiales.

El debate sobre qué hacer con el monopolio comercial llamado "acopio" había llegado en diciembre pasado hasta el punto de tener el arco más amplio posible de opiniones, según reveló entonces el vicepresidente Marino Murillo: desde endurecer el control hasta liberarlo por completo.

Los agricultores están obligados a vender la mayor parte de su cosecha al sistema de "acopio", que a su vez fija los precios. En el congreso de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (privados y cooperativas), el año pasado, los productores demandaron mayor libertad de comercio.

En una reciente entrevista a la revista católica Espacio Laical, el economista Pavel Vidal dijo que el "cuello de botella" del campo cubano está en el "acopio" y aseguró que su eliminación "generaría la credibilidad que se requiere para que la entrega de tierras ociosas dé los frutos esperados".

El sexto congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC) resolvió “transformar el sistema de acopio (…) mediante mecanismos de gestión más ágiles”, según estaba en el proyecto original del plan, y agregó "la posibilidad de que el productor concurra al mercado con sus propios medios".

Al mismo tiempo, el congreso respaldó la política mixta ya propuesta de limitar el comercio centralizado a los alimentos estratégicos y otorgar "un papel más activo a los mecanismos de libre concurrencia para el resto de las producciones".

Murillo había informado al Parlamento de la isla, en diciembre, que en 2011 el monopolio estatal controlará la distribución de sólo 21 productos y el resto irá a la oferta y la demanda.

El PCC también ratificó la propuesta de estimular en el campo la autonomía de los productores y las relaciones monetario-mercantiles. Sin embargo, rechazó la propuesta de "independizar" las cooperativas de la intermediación estatal y en cambio aprobó para ese caso la fórmula de "autonomía de gestión".

Las precisiones aparecen en los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución, como se llama el plan aprobado por el congreso, que empezó a circular esta semana.

Entrega de hectáreas ociosas

Los lineamientos no detallaron la forma en que se ampliará el régimen de entrega de tierras en usufructo, pero registraron que habrá las "modificaciones que correspondan" para impulsar esa forma productiva y facilitar la construcción, conservación y rehabilitación de viviendas en el campo.

En su informe al congreso, el presidente Raúl Castro anunció que se ampliarán los actuales límites de entrega en usufructo de tierras ociosas, que ahora es de 13.42 hectáreas para quienes no tienen propiedades rurales y quienes pueden explotarlas hasta por 10 años renovables.

Según los informes oficiales disponibles hasta marzo pasado, Cuba tiene 6 millones 600 mil hectáreas de tierra cultivable y considera ociosas un millón 868 mil hectáreas, de las cuales ya se entregaron en usufructo un millón 191 mil hectáreas o 63 por ciento.

Sin embargo, 77 por ciento de la tierra entregada (922 mil hectáreas) se considera "puesta en uso", fórmula que indica algún tipo de faena preliminar, pero no necesariamente el inicio de la explotación.

Por Gerardo Arreola
Corresponsal

El Partido Comunista de Cuba (PCC) reconoció que las empresas públicas deben tener independencia, pero al mismo tiempo revivió el concepto de “planificación centralizada de la economía”, según el documento final del sexto congreso de la organización, que concluyó hace tres semanas.

Los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución, como se llama el plan que aprobó el PCC, empezaron a circular masivamente este lunes, mostrando la coexistencia de dos enfoques, cuya solución en la práctica no queda clara: el que insiste en la apertura económica y el que le pone candados.

El documento confirmó una de las claves de la reforma, la liquidación del sistema de control vertical del gobierno y el PCC sobre las empresas. Sin embargo, añadió un enunciado que no aparecía en el proyecto original: “La planificación centralizada de la economía y el control sistemático que el Estado, el gobierno y sus instituciones deben ejercer, serán garantía del funcionamiento eficiente”.

“Estos principios”, añadió la versión final de los lineamientos, “deben ser armonizados con más independencia de las empresas estatales y con el desarrollo de formas de gestión no estatal en la producción y los servicios, para lograr una mayor liberación de las fuerzas productivas”.

“El sistema de planificación socialista” será la base de la política económica y tendrá que modificarse en sus métodos y organización, resolvió el congreso, tal como estaba en el proyecto. Pero agregó que el mecanismo también tendrá que cambiar su forma de “control”, para añadir, a renglón seguido, que “la planificación tendrá en cuenta el mercado, influyendo sobre el mismo y considerando sus características”.

La acción de las dos corrientes en el congreso fue ilustrativa en otro lineamiento, que sólo tuvo cambios de estilo y que en el borrador ya mostraba la coexistencia de los enfoques: la planificación incluirá a las “otras formas de gestión no estatales”, es decir, a las cooperativas y las microempresas privadas.

El plan ratificó la separación paulatina de las empresas respecto de los ministerios, la creación de una nueva estructura corporativa, la libertad de las compañías para establecer relaciones horizontales, el criterio económico como base para su control externo y la prohibición explícita de que sean intervenidas por instancias “ajenas a las mismas”. Sin embargo, no eliminó la supervisión administrativa, como quería el borrador, sino que la incorporó, aunque “reduciendo la carga”.

De cualquier forma, los lineamientos confirmaron campos de maniobra independiente para las empresas, como su capacidad para decidir la cantidad de su personal y disponer de las utilidades en inversión y desarrollo de su fuerza laboral. El congreso también amplió a los jefes el mecanismo de pago por resultados, ya reconocido para los trabajadores.
El documento definió la existencia de “cooperativas de segundo grado”, un esquema productivo semejante a una mediana empresa, cuyos socios serían otras cooperativas y que pueden desempeñarse en la producción, los servicios y el comercio.

A la ampliación del sector cooperativo, ya previsto en el proyecto inicial, el congreso le agregó el reconocimiento de que puede comerciar libremente y sin intermediarios, después de cumplir sus compromisos con el Estado.

Gerardo Arreola
Periódico La Jornada