Organizar sindicatos era una idea bastante radical en una época tan reciente como la primera mitad del siglo 19. Eran ilegales en casi todas partes. Así que cuando las leyes que los prohibían fueron repudiadas en algunos países europeos, en América del Norte y en Australia en la segunda mitad del siglo 19, se pensaron como concesión ante las presiones de los trabajadores (los obreros urbanos, de hecho), en la esperanza y expectativa de que las clases trabajadoras fueran entonces menos radicales en sus demandas.


En casi todos los países, los sindicatos trabajaron cercanamente con los partidos socialista y laborista que comenzaron a existir al mismo tiempo. Los sindicatos se enfrentaban con muchos de los mismos aspectos de estrategia de los partidos socialista y laborista. El más importante de estos puntos era si podían participar en los procesos electorales y de qué forma. Como sabemos, casi todos ellos decidieron participar y buscar el poder al interior de las estructuras del Estado.


Además, los sindicatos, justo como los partidos laborista y socialista, decidieron que el único modo en que podrían hacerse fuertes era emplear a organizadores de tiempo completo, lo que significó la creación de una burocracia que llevara a la organización. Y como es el caso en todas las burocracias, aquellos que tenían tales empleos llegaron a tener intereses materiales y políticos que no necesariamente eran los mismos que los de los obreros que eran sus miembros.


Los sindicatos se orientaron hacia el Estado, en especial porque sus propias organizaciones se definían como nacionales. Fue común que proclamaran un internacionalismo nominal –una solidaridad con los sindicatos de otros países. Pero el internacionalismo siempre quedó en segundo lugar en aras de proteger los intereses de los obreros y los sindicatos en su propio Estado.


Aunque los sindicatos amainaron el tono de sus actividades más radicales, los patrones seguían resistentes a la formación de sindicatos en su empresa. Tuvieron que luchar de forma constante para lograr las legislaciones que les permitieran organizarse y ganar acuerdos favorables en las negociaciones con los patrones. Poco a poco, los sindicatos crecieron y se hicieron fuertes.


Los 25 o 30 años que siguieron a la Segunda Guerra Mundial fueron excepcionalmente buenos para los sindicatos en todo el mundo. El número y el porcentaje de agremiados crecieron, y los beneficios que podían obtener de sus patrones creció también considerablemente. La increíble expansión de la economía-mundo durante este periodo creó un crecimiento significativo de las ganancias capitalistas. Esto significó que, para muchos patrones, los paros laborales de cualquier tipo fueran más costosos que acceder a las demandas sindicales en pos de mayores beneficios.


Esta muy favorable situación para los sindicatos vino con un precio. Por lo general los sindicatos repudiaron toda la retórica y las actividades radicales que les quedaban, y las remplazaron con varios modos de cooperación con los patrones y los gobiernos. Esto, con frecuencia incluyó el compromiso de no hacer huelga, por la duración de los contratos que habían firmado.


En los estados más ricos los sindicatos estaban, por tanto, poco preparados sicológica y políticamente para la recesión del crecimiento económico y el estancamiento en la acumulación de capital que comenzaron en los años 70. Los patrones de los países más ricos (y a nivel más general, la derecha mundial) dejó de acceder a las demandas de mejores beneficios para los trabajadores. Muy por el contrario, buscaron reducir los beneficios, utilizando la amenaza de despido como el arma principal. Promovieron legislaciones antisindicales.


En términos generales, durante los últimos 40 años esta campaña antisindical ha tenido éxito. Los sindicatos lucharon una batalla difícil que con frecuencia perdieron, en pos de mantener beneficios. Los niveles salariales bajaron. Y la membresía en los sindicatos cayó abruptamente. Los sindicatos con frecuencia reaccionaron volviéndose aún más acomodaticios a las demandas patronales. Eso no pareció ayudar mucho.


Entretanto, en los países a los que gravitaba la producción industrial (que en épocas recientes se les llama países "emergentes"), la inicial represión de los sindicatos condujo a su radicalización, y se unieron en los esfuerzos por derrocar a los regímenes opresivos (como en Corea del Sur, Sudáfrica y Brasil). Los sindicatos se ligaron con partidos políticos de centroizquierda, los cuales eventualmente llegaron al poder en estas naciones. pero una vez que estos partidos se hacían del poder, los sindicatos enmudecían sus posturas más radicales.


La llamada crisis financiera que comenzó en 2007 cambió todo esto. El mundo vio la emergencia de nuevos tipos de movimientos radicales como Occupy, los indignados, Oxi y otros. Y de repente vimos que los sindicatos respondían luchando con nuevo vigor, y que participaban en los levantamientos generales de los estratos de trabajadores, especialmente porque romper los sindicatos era uno de los esfuerzos continuados de las fuerzas políticas de la derecha.


Entonces vino el nuevo dilema. Las culturas de los nuevos movimientos radicales y de los sindicatos eran bastante diferentes. Los nuevos movimientos eran "horizontalistas" –creían en movimientos construidos desde abajo que no tenían una orientación hacia el Estado y que esquivaban la creación de jerarquías organizativas. Los sindicatos eran "verticalistas" y enfatizaban la planeación, la disciplina, las tácticas balanceadas, coordinadas por las estructuras centrales.


Y no obstante, era en interés de los sindicatos y de los nuevos movimientos radicales trabajar juntos, o por lo menos eso pensaban muchos. Pero, ¿qué significaba trabajar juntos? ¿Cuál de las dos culturas prevalecería en cualquier cooperación? Esto se ha vuelto un asunto importante de debate en ambos campos –un debate en el que hay quienes son intransigentes y otros que están buscando combinar esfuerzos.


La fortaleza de las fuerzas horizontalistas es que pueden convocar la energía y el esfuerzo de las personas que de algún modo se mantenían pasivas, fuera por una sensación de impotencia política o una falta de claridad acerca de lo que estaba ocurriendo y lo que podía lograrse. No hay duda de que los movimientos horizontalistas han probado ser muy exitosos hasta ahora en hacer esto. Tienen una mejor visión estratégica de más largo plazo que los sindicatos.


La fuerza de los sindicatos es que pueden movilizar a un grupo relativamente disciplinado de personas y una cantidad de dinero relativamente significativa para lanzarse a las batallas cotidianas que se luchan en comunidades por todo el mundo. Tienen una mejor visión táctica de más corto plazo que los movimientos horizontalistas.


El primero de mayo celebra la lucha histórica. En mayo de 1886, durante un plantón en pos de una jornada de ocho horas en Haymarket Square, en Chicago, alguien aventó una bomba después de la cual fueron asesinados algunos policías y algunos civiles. El Estado acusó a los "anarquistas" y colgó a algunos de ellos. Haymarket se tornó un símbolo del naciente movimiento sindicalista por todo el mundo, el cual proclamó el primero de mayo como un hito (en todas partes menos en Estados Unidos). Los "anarquistas" fueron de hecho acusados falsamente y la historia los ha exonerado. Pero a partir de sus "radicales" demandas por una jornada de ocho horas, se fortalecieron los sindicatos en sus intentos por organizarse.


Habremos de ver si el primero de mayo de 2012 juntó de nuevo a las alas horizontalistas y verticalistas de la lucha contra las desigualdades en el sistema-mundo existentes. Es sólo mediante la combinación de un movimiento sindicalista radicalizado y de movimientos horizontalistas disciplinados tácticamente lo que podría hacerles lograr, a cualquiera de ellos, sus objetivos.


Traducción: Ramón Vera Herrera

El primero de mayo de 2012 debieran remarcarlo los subordinados por la confluencia de dos hechos, cuya importancia quizá se decante con el tiempo: primero, la realización de la décima parada de los precarios o mayday, que tuvo su primera expresión en Milán (Italia) en 2003, y que de allí se extendió por toda Europa a partir de 2005 (luego de la llamada declaración de Middlesex); y, segundo, la convocatoria de la primera huelga general en estados Unidos.

Si esos sucesos tienen algo de particular es porque acontecen en el corazón mismo del capitalismo, y porque ambos –para utilizar el lenguaje de los medios oficiosos– significan, ni más ni menos, que la reintegración de los pueblos de los países del centro en “la comunidad internacional”. Es decir, que declaran de hecho que ya no requieren turismo mental caritativo para entender los efectos de la marginación y la exclusión. Como la muerte, el capitalismo avanza en la igualación totalizante de los de abajo y por lo bajo.

El exitoso y generalizado ataque del capital ha sido posible por dos procesos que han transformado la estructura productiva mundial: de un lado, la llamada tercerización de la economía, y, del otro, la fuerte reestructuración de la división internacional del trabajo, que –al deslocalizar la producción manufacturera hacia países con abundante mano de obra– ha jalonado las remuneraciones a la baja, facilitando los recortes salariales en las naciones de vieja industrialización, dentro de un proceso que ahora da sus primeros pasos.

Tercerización y precarización

En los años 60 del siglo XX, el personal empleado en los servicios superó, en los países de capitalismo maduro, a los ocupados en la industria y la agricultura, dando lugar a que los intelectuales del llamado primer mundo, con las obras de Colin Clark, Daniel Bell y Alain Touraine, inauguraran la fiebre de la literatura posindustrialista, que hoy se sigue produciendo y publicando. Sin embargo, el mundo como un todo tendría que esperar hasta 2001 para experimentar el mismo fenómeno. Quizás ese hecho, y no el derribamiento de las Torres Gemelas, ese mismo año, llegue a ser el verdadero hito histórico que amojona el comienzo de las nuevas condiciones.

Es innegable que el llamado proceso de tercerización de la economía, o predominio del sector servicios sobre la agricultura y la industria, es una tendencia que sigue su curso desde la segunda mitad del siglo pasado. En los 49 años que van de 1960 a 2009, la agricultura perdió 23 puntos en la tasa de participación de la fuerza de trabajo, mientras la industria apenas ganaba 3, y eso en gracia a la entrada masiva en la producción (y también en el consumo) de bienes industriales de potencias demográficas como China e India (entre 1960 y 2000, la industria creció tan solo 1 punto). Los servicios, entre tanto, aumentaban 20 puntos (Ver tabla).

Lo anterior no significa que en términos absolutos el número de trabajadores industriales en el mundo haya empezado a decrecer, como sí ha sucedido en los países de las economías del centro capitalista, que entre 2000 y 2011 vieron desaparecer 17,4 millones de puestos de trabajo industriales. Ahora bien, lo que no se entiende es por qué, si se acepta que en el sector rural el número de trabajadores puede y debe decrecer en valores absolutos (sin que eso signifique disminuciones en la producción), como de hecho ha sucedido, eso les parezca imposible para la industria a algunos analistas, incluidos no pocos teóricos de la izquierda.

Pero, más allá de eso, lo cierto es que el predominio del empleo en el sector servicios ha representado cambios sustantivos tanto en la composición como en la cultura de las clases trabajadoras. En primer lugar, que una de las características de ese sector sea su dispersión geográfica en innúmeras unidades (piénsese en el comercio minorista, el transporte, los centros de salud o de educación) ha tenido como efecto lo que el pensador francés Robert Castel denomina la desconcentración de los trabajadores, y que indiscutiblemente ha incidido en la pérdida de identidad de los asalariados y el paso del predominio de la negociación colectiva al de su individualización.

De otro lado, la satelización de la producción manufacturera, que como estrategia ha aplicado el capital industrial para ceder las labores menos complejas a unidades empresariales pequeñas, y que eufemísticamente se denomina “empresa en red”, ha terminado por desestructurar la fuerza de trabajo convencional. El debilitamiento que eso provocó en la sindicalización y en su capacidad de contestación permitió introducir una legislación flexible que desreguló las relaciones contractuales entre capital y trabajo, permitiendo la generalización de los empleos precarios. Deslocalización, tercerización y satelización son los tres pilares sobre los cuales se sustentan las bajas remuneraciones y el trabajo intermitente que hoy sufre la mayoría.

El oscuro y heterogéneo panorama del trabajo actual

El reconocimiento de que se entró en una etapa de permanente déficit estructural en el empleo convencional, es decir, estable y de tiempo completo, motiva a los especialistas a concentrarse de nuevo en la categoría trabajo, cuya complejidad se puede percibir en su variada clasificación. Ensayemos un vistazo muy ligero a tal complejidad.

Que empleo y trabajo no son sinónimos, por ejemplo, lo han resaltado muchos colectivos, entre los que se debe destacar la insistencia de las mujeres feministas, que luchan por la visibilización y el reconocimiento del trabajo doméstico, o de cuidados, como algunas prefieren llamarlo. Ese trabajo, no remunerado (a diferencia del empleo) pero fundamental en el proceso de acumulación de capital, no es el único gratuito que se realiza en forma masiva en nuestras sociedades, pues también tiene lugar el trabajo sin pago realizado para familiares en unidades mercantiles, y cuya importancia es de tal magnitud que se incluye en las estadísticas de instituciones como la Organización Internacional del Trabajo (OIT). En un país como Colombia, este último tipo de trabajadores sin remuneración, según el Dane, alcanza el 6 por ciento de la fuerza de trabajo, lo que significa que cerca de 720.000 personas están en esa condición, siendo, además, uno de los grupos de mayor crecimiento.

En cuanto al trabajo remunerado, existe aquel que se realiza por cuenta propia y el asalariado (que viene a ser el empleo propiamente dicho). Éste último puede, a la vez, dividirse en convencional y atípico. Las labores remuneradas también se clasifican en formales e informales, según que estén o no sujetas a las condiciones de regulación vigentes. Y, por último, existen las actividades laborales abiertamente ilegales, que algunos clasifican como trabajo sumergido. Esto, como veremos, es una categorización aún muy gruesa pero indicadora de la complejidad del mundo laboral.

La OIT, en su informe “Tendencias Mundiales del Empleo 2012”, señala cómo la crisis actual ha retirado de la búsqueda de empleo a cerca de 29 millones de personas (22,3 millones de adultos y 6,4 millones de jóvenes), dejando al descubierto que, si las tasas de desempleo (determinadas por el número de personas que buscan trabajo remunerado y no lo encuentran) no son mayores, es porque un número creciente de trabajadores se ve obligado a abandonar los intentos de emplearse, y pasa a engrosar el grupo de quienes viven resignadamente del rebusque. Ello significa que, para el conocimiento del estado del mundo del trabajo, las cifras de desempleo son cada vez más engañosas y más irrelevantes, en la medida en que el volumen de actividad laboral asume cada vez menos la condición de empleo tradicional.

Pero, aún guiándonos por las cifras oficiales, la situación no se muestra nada halagüeña. La tasa de desempleo promedio en el mundo se ha estancado en el 6 por ciento (en los países dominantes, esa tasa es del 10), lo que significa que 200 millones de personas buscan trabajo convencional. Adicionalmente, de los 3.300 millones de trabajadores que se estiman en total, 900 millones viven por debajo de la línea de pobreza (tienen ingresos menores a 2 dólares diarios), sin contar a los trabajadores pobres del mundo desarrollado (a propósito, ¿cuál debe ser el ingreso de un trabajador en esos países para considerarse pobre? ¿Por qué esa discusión no se ha abordado?).

El aumento de los desempleados, desde 2007, fue de 27 millones de personas, lo que no tiene antecedentes en el mundo laboral moderno, según expresión de la propia OIT, siendo una prueba adicional de la degradación de lo laboral. Del total de la fuerza de trabajo, 1.520 millones (46%) viven en condiciones de ocupación vulnerable (trabajos por cuenta propia y trabajadores de familiares, sin remuneración), mostrando que el empleo convencional tiene un peso cada vez menor.

Si entendemos por precaria una situación que revela carencias fundamentales, es claro que el trabajo precario es aquel que no garantiza la subsistencia, pero también el que se realiza en condiciones de indignidad o el que atenta contra la tranquilidad de las personas. Por eso, si bien las cifras de la OIT son insuficientes y carecen de la pertinencia necesaria para una aproximación precisa al volumen de la precariedad laboral de hoy, de allí se puedan entresacar algunas señales sobre su peso creciente. Que esa organización haya iniciado una campaña por el trabajo decente es una muestra más de la magnitud del problema.

El miniempleo, trabajo ocasional y de pocas horas, que se denomina “trabajo basura” (se conoce en la literatura especializada como minijob, denominación en inglés), se constituye en la otra cara del ‘milagro’ alemán. Se estima que en este momento no menos de 4,6 millones de personas trabajan en ese país con ese tipo de contratos, en jornadas que van de 10 a 15 horas semanales, por un salario de 400 euros mensuales. Así se ha instituido la figura del pluriempleado que, además de tener que servir a muchos ‘señores’, si es que quiere redondear la subsistencia, termina laborando muchas más horas que las de una jornada normal. La crisis actual parece invitar a que este tipo de situaciones se extienda por toda Europa y luego, como es el uso, se importe a nuestras latitudes.

Los datos estadísticos tampoco reflejan algo del trabajo marcadamente ilegal. La prostitución, el contrabando de armas, la producción y la venta de sustancias psicotrópicas, el plagio y la suplantación de marcas, entre muchas otras actividades, dejan de ser ocupaciones marginales en el sentido de minoritarias. Y si bien se trata de actividades sumergidas, el capital las subsume de modo creciente y las convierte en espacios de la valorización y por tanto de explotación de seres humanos. La izquierda suele ser remisa a abordar el tema y se limita a adjetivar como lumpen a quienes desde una posición de subordinación se ven reducidos a este tipo de labores, esquivando la toma de posición sobre el asunto.

En América Latina, donde siempre se ha conocido la informalidad, el Banco Mundial estima que el 57 por ciento del trabajo se puede considerar de tal categoría, siendo los informales independientes el 24 y los informales asalariados el 33 restante. Pero, pese a la evidencia de que el trabajo precario, desregulado y cada vez más informalizado es un fenómeno estructural, nuestros neoliberales criollos siguen pensando que los impuestos a la nómina (los llamados parafiscales) son la causa del fenómeno, con una porfía que sólo puede ser hija del dogmatismo o la ignorancia.

La hora de los grandes cambios estructurales

Las visiones alternativas ya han avanzado y sustentan propuestas racionales que no por su audacia deben ser eludidas. El tanque de pensamiento británico New Economics Foundation (NEF), por ejemplo, publicó el año pasado un estudio en el cual se sustenta no sólo la viabilidad sino además la necesidad de reducir la jornada laboral a 21 horas semanales. Los movimientos feministas han mostrado desde hace tiempo que el trabajo de cuidados (doméstico), no remunerado en la actualidad, es ‘productivo’ en el sentido de que sin él no hay continuidad de la fuerza de trabajo, y que por tanto debe tener reconocimiento social y económico; y los teóricos de la renta básica demuestran que su propuesta es aplicable y ventajosa. Queda claro que, sin una fuerte redistribución del trabajo y el ingreso no hay posibilidades de soluciones reales y que la búsqueda de esas metas se debe convertir en bandera universal de los trabajadores convencionales y de los no convencionales, en el mismo sentido que lo fue el lema de los “tres ochos” a fines del siglo XIX y principios del XX (ocho horas de trabajo, ocho de estudio y ocho de descanso).

Sin embargo, la concienciación sobre la existencia de un precariado lleva en algunos países a una fuerte confrontación con lo que se considera el trabajador clásico. El mayday actual, si bien se realiza el primero de mayo, tiene lugar separadamente de los actos de las centrales obreras. No se ha difundido, por ejemplo, que el mayday original fue una celebración pagana y antiautoritaria (se consideraba el día del desgobierno) en la que no se reconocían diferencias sociales, y que se prohibió en 1664 por su carácter libertario. El primero de mayo, mucho antes de convertirse en el Día del Trabajo, fue el día del “no trabajo”, pues era una fecha en la que no se requería permiso del patrón para ausentarse de la fábrica o el taller.

De allí que sea tan significativo que los norteamericanos quieran recuperar ese día con su primera huelga general, y que el lema de ésta sea “un día sin el 99 por ciento”. El valor de los nuevos movimientos reside en que no sólo han identificado al enemigo sino que asimismo han medido su tamaño. Y desde esa perspectiva, así parezca una exageración, debemos convencernos de que ese enemigo es pequeño, pues si en realidad, como lo sostienen los datos, los verdaderos dueños del poder ni siquiera llegan al 1 por ciento sino que se reduce al 0,1, es por lo menos incomprensible que siete millones de personas puedan seguir imponiendo sus intereses a los 6.993 millones restantes.

Se hace necesario entender que el llamado Estado del Bienestar fue tan solo un parpadeo en la historia de la clase trabajadora, y que el obrero, fuera de ese período, siempre fue precario. Igualmente, que los “30 años gloriosos” (1945-1975) no pasaron de ser una breve tregua del capital a la que se le ha dado el pitazo final, y que el sistema no va a reversar.

El “análisis concreto de la realidad concreta”, para utilizar una expresión setentera (y que seguramente sonará chocante en los oídos más sofisticados), es una necesidad perentoria para que los movimientos sociales que toman fuerza puedan acertar. Grecia, Portugal y España son apenas una pequeña muestra de la dureza de los ajustes que se propone el capital si los movimientos sociales no responden. La toma de las calles, y no un solo día sino los que sean necesarios sin el 99 por ciento en sus sitios tradicionales, es el único correctivo posible a la contrahecha situación que se está predibujando. El primero de mayo es un espacio para la convergencia de los subalternos y es nuestra obligación intentarla.

 

La economía italiana “estaba ya enferma de ‘enanismo’ cuando llegó la crisis de 2008. La declinación del sistema industrial había comenzado mucho antes, había serios problemas estructurales, fraccionamiento del sistema productivo y una progresiva caída de las inversiones, tanto a nivel privado como público”, dijo la secretaria general de la principal central sindical italiana, la CGIL (de izquierda), Susanna Camusso, en un encuentro con periodistas extranjeros en Roma.

“Se creía –agregó– que ‘piccolo era bello’, que no hacía falta competir, sino producir cosas bellas, y ahora el país se encuentra que no puede competir a nivel internacional. El otro problema fue que en ese período buena parte de los capitales fue invertido a nivel financiero y no industrial. Y luego llegó la crisis, provocando una inmediata restricción del crédito, lo que significó a su vez no poder invertir y, a veces, ni mantener las empresas. A todo esto se le agregó que el primer ministro Silvio Berlusconi se pasó tres años diciendo que en Italia no había crisis.”

Camusso y sus colegas de las centrales sindicales UIL (socialista) y CISL (filocatólica) han llevado adelante en estos últimos meses una dura negociación con el gobierno de Mario Monti y los industriales, en defensa de los derechos de los trabajadores, en particular para evitar los “despidos fáciles”, tema, en cambio, sobre el que no se ha llegado a un acuerdo. Pese al desacuerdo, el gobierno, a través de la ministra de Trabajo, Elsa Fornero, está elaborando una propuesta de ley para presentar al Parlamento. Por eso Camusso ha amenazado con 16 horas de huelga a lo largo del próximo mes y varias manifestaciones en todo el país.

Con una larga trayectoria en la lucha sindical comenzada en 1975, militante entonces del Partido Socialista Italiano, Camusso ha pasado por distintas áreas sindicales, ocupándose del sector agroalimentario, automovilístico, metalúrgico, para finalmente ser elegida, en 2010, secretaria general de la CGIL. Mujer enérgica y con las ideas muy claras, Camusso ha debido lidiar curiosamente en esta negociación con otras dos mujeres, la ministra Fornero y la jefa de la Confindustria, la principal organización empresaria de Italia, Emma Marcegaglia. Y como contó a los periodistas extranjeros, el estar entre mujeres tal vez no hizo necesario alzar la voz para imponer el propio punto de vista.

Para ayudar a los jóvenes que no encuentran trabajo (la desocupación es del 28 por ciento en este sector), en vez de aumentar la edad jubilatoria, como impuso la reciente reforma del sistema jubilatorio de Monti, se debería haber hecho al revés, dejando espacio libre para ellos, dijo Camusso. La sindicalista descartó además que la reforma laboral que se ha estado discutiendo pueda crear por sí misma “nuevas fuentes de trabajo”. “Esto no quiere decir que no sea necesaria –indicó–. Pero nos causa gracia cuando algunos aseguran que la reforma permitirá disminuir la desocupación al 5 por ciento (N. de la R.: del actual 9 por ciento)”. Y agregó que la propuesta del gobierno de todas maneras “tiene algunas cosas positivas, otras negativas, como el asunto de los despidos, y algunas incompletas”. Sobre todo es positivo que se trate de limitar la precariedad de los trabajadores y los contratos con esas características. “En cambio no estamos de acuerdo con que los llamados ‘amortiguadores sociales’ (varios tipos de seguro de desempleo, jubilaciones tempranas y los llamados contratos de solidaridad, entre otros) no sean aplicados a todas los sectores de trabajadores como pedimos nosotros”, subrayó.

El artículo 18 del Estatuto de Trabajadores, que rige desde la década del ’70 y que garantizaba la estabilidad laboral, es el punto principal del desacuerdo con el gobierno. “Creemos que de lo que menos tenía necesidad el país era de facilitar los despidos, cuando en estos últimos años se han perdido 700.000 puestos de trabajo”, precisó. El gobierno, en efecto, propone eliminar la reintegración laboral en caso de un despido injusto, aplicándola sólo para el caso de que se haya tratado de un despido discriminatorio, pero no por razones económicas. Para este último caso prevé una indemnización y no la reintegración al trabajo como antes. “Nosotros creemos que lo que se debe sancionar es que, tratándose de un despido ilegítimo, así calificado por la Justicia, haya reintegración, cualquiera sea el origen del despido, económico o discriminatorio. La empresa no dirá jamás que despide a un empleado porque es mujer o porque lee el diario de izquierda que no le gusta al patrón. Dirá que lo hace por razones económicas. Y así justificará cualquier cesantía”, enfatizó. ¿Pero por qué el gobierno de Monti insiste en cuestionar la estabilidad laboral? “Creo que este gobierno piensa que los despidos determinan un mayor desarrollo y nosotros creemos, en cambio, que determinan una extraordinaria crisis del sistema”, dijo.

Camusso, que recordó que la CGIL ha mantenido siempre relaciones intensas con los sindicatos argentinos, no sólo por la numerosa comunidad italiana residente en el país, sino incluso durante la última dictadura militar, interesándose por el problema de los desaparecidos, descartó que pueda presentarse como candidata en las próximas elecciones italianas previstas para 2013. En cambio, no eliminó completamente la posibilidad de alguna revuelta social si las cosas siguen mal. “Italia es un país asustado y eso ha inducido al gobierno a recortar algunos derechos de los trabajadores. Pero hay límites para todo”, indicó. La manifestación nacional convocada por la CGIL para el 13 de abril podría servir como medidor del descontento.

La historia se repite. Crisis económica tras crisis económica, en el continente o en el país que sea, quienes terminan cargando con las tristezas y los efectos más negativos de la misma es la población trabajadora, en primera instancia la menos cualificada, para nuestro tiempo, la que cuenta con menos acceso a los conocimientos científicos y tecnológicos. Durante muchas décadas sucedió así con los obreros de los países periféricos; ahora ocurre también con los que habitan en los países centrales.

En medio de la tragedia, y a la deriva, están 200 millones de trabajadores desempleados en todo el mundo, y 900 millones más viven por debajo de la línea de pobreza, en una radiografía más que gráfica del efecto devastador de la actual crisis. De estos, 23,8 millones habitan en Europa y 16,5 en la llamada zona euro, en cuyos países no hubo por décadas tales registros, índices descontrolados en el sector (1).

Como comedia, así se repite en algunas ocasiones la historia A la hora de aplicar los consabidos ajustes salariales, los argumentos esgrimidos por los dirigentes políticos son los mismos en uno o en otro país, periférico o central, sin que importen los resultados que arroja su aplicación de planificación macroeconómica. De ahí la comedia.

Aquello no produce risa sino llanto. Las medidas que ahora se aplican en Europa para ajustar las finanzas son las mismas que hace varios años se tomaron en América Latina cuando la crisis tocó a la puerta. Semejantes resultan estas medidas, sea en la década de los 80 o los 90 del siglo pasado: flexibilización laboral, reducción del costo de la mano de obra, eliminación de normas que dificultaban los despidos o procuraban estabilidad laboral, congelación e incluso reducción de salarios, incremento de los años de trabajo para acceder a una pensión, privatización de bienes públicos estratégicos, etcétera. Disposiciones idénticas en nuestro entorno fueron aplicadas por ‘recomendación’ y bajo la supervisión del Fondo Monetario Internacional, y por ‘concepto’ de las agencias de calificación de riesgos, erigidas en el reciente tiempo en un poder de poderes en el mundo.

Por estos días, de Grecia a España, pasando por Irlanda, Italia y otros países del Viejo Mundo, las medidas son comunes, y repetitivos los argumentos. El ambiente para su aplicación y justificación corre por cuenta de los creadores de opinión con parlante abierto en los grandes medios de comunicación. En esta hora, por cuenta de los profesores de economía, que, como lo describe Renaud Lambert en la presente edición (pág. 12), en muchas ocasiones son asesores o parte de los bancos o de distintas agencias financieras. Contrario a esta constante mundial, por ninguna parte se valora la fijación de un tope a los ingresos altos, para estimular por este conducto otra vía hacia la justicia social (Sam Pizzigati, pág. 11).

Los millones de trabajadores europeos que padecen la “sabiduría de la ciencia económica” ahora viven y sienten la historia como tragedia. No es para menos. Si bien el llanto que con seguridad entristece a muchos hogares es parte de la comedia que se dirige desde la troika, con toda seguridad lo que domina es la tragedia, la misma que se desprende de ver y sufrir la pérdida de importantes conquistas laborales y políticas, logradas por el esfuerzo y la lucha de millones de obreros que durante los siglos XIX y XX se enfrentaron a lo más retrógrado de sus sociedades hasta vencer en una disputa por la justicia y la dignidad, de la cual se desprendieron irrenunciables derechos que ahora se relativizan, toda vez que, como en Colombia, para su aplicación quedan sometidos a la estabilidad fiscal.

Es una historia repetida como tragedia y comedia, al olvidar o no considerar las direcciones de los distintos gobiernos que, antes que al sistema financiero, es humano salvar a los millones que le entregan sus dineros en depósito para que este sistema especule por doquier. Especulación con todo, pues su función de fomento de las grandes obras públicas quedó en el pasado.

El olvido proviene también de no mirar por el retrovisor a nuestros antepasados, padeciendo jornadas diarias de trabajo de hasta 14 o más horas, a las que eran obligados incluso los menores de 10 años bajo el sacrosanto criterio moral de ganarse el pan con el sudor de la frente o de allanar el camino a la eternidad mediante la sumisión al patrón.

Este marco de imposiciones fue relativizado con el transcurrir de algunas décadas del siglo XIX y bajo los efectos de la Revolución Industrial cuando algunos patrones demostraron que si sus obreros trabajaban menos rendían más. Y marco que tuvo reformas por los efectos saludables de la innovación científica y tecnológica que dieron lugar a que miles de manos fueron reemplazadas por la acción repetitiva de los aceros, que en un tiempo nuevo producían lo que por décadas significó la infelicidad para millones.
A la par, y como factor determinante, la resistencia de los obreros obligados a vivir en condiciones de semiesclavitud creó el empuje necesario para que las jornadas de trabajo fueran reducidas. Como estímulo para la resistencia obrera, se contó con la consigna de los socialistas de implementar una jornada de 8 horas.

Tal reivindicación fue rechazada durante años por los propietarios de los medios de producción bajo el fútil argumento de la “reducción de sus ganancias”. En medio de esta disputa, no faltó quien gritara que la reducción estimularía la pereza. Sin embargo, no valió la oposición patronal y del poder capitalista en expansión: tras inmensas jornadas de resistencia extendidas por años, las 8 horas se hicieron universales. En esta forma, la producción que antes se hacía, día a día, por dos turnos de trabajadores en la fábrica, requirió tres, y, por tanto, hubo lugares de trabajo para más gente (2).

Eran otros tiempos. Pero transcurrido más de un siglo y a pesar de las evidencias, se vuelve a los mismos argumentos o por lo menos similares. En Portugal –que tampoco se salva de la crisis–, tras una visita de los Comisarios de la Unión Europea, los líderes del país se quejaban porque la gente tenía sus negocios cerrados en día feriado. Sin duda, estaban pensando que sus conciudadanos sufren de pereza –‘de ahí’ la crisis–, que, como se decía en otros tiempos, es “la madre de todos los vicios” (3). He ahí un diagnóstico amañado y un moralismo que pretenden erigir en ciencia.

Extraño proceder que, negando la historia, a la hora de tomar medidas correctivas en economía y política, no valora factores sustanciales como el humanismo, la ciencia, la población, la productividad, el tiempo, etcétera. En el mismo siglo en que se ganó el derecho a la jornada de 8 horas de trabajo hubo quienes alcanzaron a pensar que, producto de la técnica y la elevación de la productividad, la humanidad podría llegar a reducir aún más el horario laboral y dedicar el resto del día a labores más felices: la creación, el arte, el amor, y así vivir más hermanados.

Pero parece que el sueño fue ilusión. La ideología del Homo Economicus permeó a toda la academia sin que ésta apenas lo percibiera. Se idealizaron los volúmenes de consumo como medida de la felicidad y se erigieron, también como medidas del ‘desarrollo’, los kilos, los watts y los bits per cápita consumidos, en una orgía que no sólo olvidó el concepto de necesidades básicas cubiertas para todos, como la condición mínima de la equidad y la paz social, sino que además aceleró las diferencias en ese consumo como mecanismo amenazante contra aquellos que no se reducían al maximalismo desatado.

En esta orgía consumista, los países del centro, incluidas sus clases subordinadas, creyeron que aquellos niveles de consumo discriminantes eran una conquista irreversible que los había separado para siempre de sus congéneres del tercero y el cuarto mundo, y opusieron poca resistencia a la implantación de un modelo que les decía cómo, para que el consumo siguiera creciendo, era menester que se incrementaran aún más las ganancias. A ese dios se le sacrificó la progresiva estructura fiscal, en primera instancia, y luego el crecimiento de los salarios. Hoy, cuando se le quieren sacrificar las demás conquistas del llamado Estado del Bienestar, los trabajadores del Centro parecen recordar que todos somos habitantes del mismo planeta y que los defensores de los principios del capital y el capitalismo se enceguecen cuando se trata de defender sus excedentes.

De esta manera, las utopías prometeicas de las conquistas tecnológicas y los sueños de un mundo de fantasía en el que la escasez material de algunos fuera tan solo un mal recuerdo parecen darle paso al escepticismo del futuro. Y lo paradójico del asunto es que el problema no reside en insuficiencias en la producción sino en cómo se distribuye el producto. La riqueza está ahí pero la capacidad de reproducirla también. ¿Dónde está, entonces, el problema? La equivocación no parece residir en la inquietud de disminuir los esfuerzos para generar el producto sino en el destino de lo que se ahorra, y en la racionalidad del para qué y el cuánto producir. Escapar del mito de la condena bíblica de “te ganarás el pan con el sudor de tu frente” fue uno de los impulsos de la tecnologización, así como el de la reconquista de una abundancia permanente que liberara a todos los seres de la angustia de la supervivencia.

Perspectiva evidente. En las pocas décadas que forman un siglo, la humanidad vivió un cambio sustancial, hasta el punto de producir suficiente riqueza como para redistribuir entre los millones que habitan el globo, garantizando su vida en dignidad, eliminando el hambre, reduciendo hasta el mínimo de mínimos la desigualdad, que le permite al 1 por ciento concentrar en sus manos, en igual proporción, el restante 99 por ciento.

En verdad, este rumbo que ahora surte retrocesos como extensión desafortunada de otra revolución industrial –para algunos la segunda, para otros la tercera–, sin duda una revolución que rompe paradigmas pero que a la par, como producto del desaforado apetito de ganancia de los grandes banqueros e industriales, sitúa a la humanidad ante el riesgo de su propia extinción.
Esta revolución, al transformar el planeta en una aldea, relativizó tiempo y distancia pero a la vez propició que la jornada de trabajo, otrora reducida al tercio del día, de nuevo se alargue: vía teléfonos móviles, computadores portátiles y otras manifestaciones de la tecnología de punta, además de novedosas teorías administrativas. Así, la opresión –si alguna vez tuvo consideración– afecta la cotidianidad de quienes tienen como única fuente de sustento su fuerza de trabajo. Todo, muy a pesar de la elevada productividad que se registra por doquier: mientras que, a mediados del siglo XX, en el campo, con las tecnologías de punta un trabajador producía 12,5 toneladas, hoy puede llegar a producir 500. Bajo el ritmo de estos cambios, es posible pensar y proyectar el trabajo, lo mismo que los ingresos que garantizan la reproducción de la vida, bajo otros parámetros. Sin embargo, prevalece la tradición.

Está a la vista que el 1 por ciento que detenta el poder y los privilegios sin fronteras impone que el mundo se abra a nuevas opciones. Por tanto, y no por casualidad, decide que los menos favorecidos de la sociedad carguen sobre sus cuerpos y sus hogares con el peso de la crisis. Es un designio político, económico, social, transnacional, por encima de las distintas opciones en brega para garantizar que la humanidad recorra otro rumbo. Exabrupto tal que cuesta vidas y guerras.

Entonces, para que la historia no curse en tragicomedia, habría que examinar los debates del siglo XIX en los legislativos de los países europeos, a la par del examen de los beneficiosos resultados de una jornada laboral menos opresiva. Pero, también, aplicar medidas para que sea lo productivo, y no la especulación y la burbuja de dinero-papel, el factor que rija y garantice la cotidianidad de la sociedad mundo. Sin duda, el sueño de un mundo de libre creación aún no está perdido.

Si un giro así tuviera empeño y lugar, con seguridad la jornada de 6 horas ocuparía el orden del día de todos los programas y debates políticos: ahora, ¡no serían tres los turnos de trabajo por empresa fabril sino cuatro!, con la garantía, por supuesto, de un salario igual al percibido hasta entonces. Pero, además, con respeto por el derecho del trabajador a jubilarse en edad aún productiva, de modo que pueda gozar el resto de la vida y no sólo dedicársela a los hospitales, que es hoy el camino asegurado y común para todo aquel que por décadas laboró en trabajos repetitivos. Pero, además, cabe aquí problematizar el tema: ¿Cuáles serían las consecuencias lógicas de una reducción aún mayor de la jornada laboral necesaria para producir los bienes que la sociedad toda necesita? La respuesta conduce claramente a una solución política y que tiene que ver con el acceso de todo ser humano, simplemente por serlo, al disfrute de lo que la sociedad produzca como resultado del trabajo de todos, de modo que realmente se pueda romper con la contradicción implícita en una producción social frente a una apropiación privada.

Esos cambios, sin embargo, exigen hoy, en plena etapa global, su universalización. Son impensables las reducciones de jornada en un solo país, de suerte que las luchas por su implementación obligan a una comunidad de metas. Las clases trabajadoras requieren verdaderas organizaciones internacionales, pues el capital está internacionalizado, y los movimientos sociales y políticos no pueden seguir concibiéndose en el estrecho margen de sus reducidas parcelas nacionales. Si los trabajadores alemanes piensan que la suerte de sus pares griegos les es ajena, muy poco se puede avanzar. Los llamados países desarrollados, que por tanto tiempo miraron los dramas del tercer mundo como de un planeta extraño, deben aprender la lección y aplicar celosamente el adagio de que “cuando las barbas del vecino veas cortar, pon las tuyas a remojar”. No cabe duda de que es la hora del internacionalismo y la solidaridad de clase, de una clase que hoy suma el 99 por ciento de la población y que está en condiciones de decir “basta ya”. Se repite por doquier: a la redistribución racional de la riqueza material le llegó la hora.

Al proceder con esta conciencia, se recorrería sin duda una vía expedita para enfrentar el desempleo, que ahora supera en muchos países los dos dígitos, con golpes cotidianos y sin piedad contra los más jóvenes, muchos como herederos y portadores de gran parte del conocimiento acumulado por la humanidad durante decenas de siglos.

1 http://www.intereconomia.com/noticias-negocios/laboral/desempleo-record-europa-20120131.
2 Lafargue, Paul, El derecho a la pereza. Editorial Grijalbo, 1970, “La jornada legal de trabajo”, pp. 117-135.
3 Chollet, Mona, “Una austeridad que viene de lejos”, ver esta edición, p. 18.

El apretón provocado por la crisis financiera en Europa y Estados Unidos se ha cebado fuertemente con el trabajo: su cantidad, su precio y las condiciones laborales. Las tasas de desempleo son muy elevadas y afectan a millones de personas. El proceso no se retraerá de manera rápida y se extenderá por un periodo cuando menos de dos o tres años, según admiten políticos y expertos, antes de ceder.

El ajuste económico, eminentemente recesivo, que se aplica ante el alto déficit fiscal y el endeudamiento público ha llevado al despido de miles de empleados estatales a los que se añaden quienes pierden el empleo en el sector privado ante la caída del gasto de consumo e inversión por las medidas de austeridad. Son muchos quienes han dejado de buscar empleo y ni siquiera se cuentan en las estadísticas.

Ahora la Unión Europea y el FMI han propuesto hasta la reducción de los salarios mínimos en Grecia para forzar alguna forma de ir cerrando las cuentas. A eso se suma el recorte de las horas laborables y los servicios sociales, la ampliación de la edad para la jubilación y la capacidad de mantener los recursos de las pensiones.

Los acuerdos del mercado laboral que se habían conseguido en las décadas de crecimiento luego de la reconstrucción y la expansión productiva de la posguerra se han ido desmoronando. Las pautas de la organización del trabajo que conformaban el marco de las políticas de bienestar se fueron acomodando de manera progresiva, con la flexibilización, a las cambiantes formas de competencia y acumulación. Esto ocurrió en las condiciones de cada país, diferentes en Alemania que en Francia o Estados Unidos, por ejemplo, y también con las exigencias de la globalización y, en el caso europeo, con las modalidades institucionales de la unión económica y la eurozona.

Ahora se tensan más las condiciones laborales como ocurre en España, donde el gobierno popular usa su capital político conseguido en las recientes elecciones para profundizar las reformas que ya había iniciado el anterior gobierno socialista.

En España, los salarios están prácticamente congelados hasta 2014 y se han alterado radicalmente los requerimientos de contratación lo que equivale al replanteamiento básico de las medidas de despido de los trabajadores para hacerlas menos costosas para las empresas. Flexibilización de raíz. Se argumenta que, así, habrá eventualmente mayor estímulo para contratar y que podrán sostenerse los trabajos existentes y absorber a los 4.5 millones de parados.

Mientras eso sucede, el fuerte ajuste del gasto destruye más empleos, se reconoce abiertamente que así será en 2012, pero no se advierten las razones para que así suceda después. La recomposición del mercado laboral es de naturaleza estructural y no se da mientras las demás condiciones sociales y económicas permanecen inalterables. Es el conjunto de los arreglos y su dinámica en el tiempo lo que va definiendo el escenario y este puede variar ampliamente del deseado con las reformas.

El conflicto entre capital y trabajo ha resurgido de manera ostensible. Hoy no puede sostenerse que el capitalismo haya logrado articular de modo virtuoso y permanente los intereses de ambas partes. Ese discurso, alentado por la ideología del tipo del Consenso de Washington y el Fin de la Historia está rebasado. La incertidumbre crece en cuanto a la configuración social en un entorno de recesión en los países centrales, de conflictos regionales que provocan cada vez más violencia y de hegemonías en disputa.

La confrontación entre el salario y las ganancias está abierta de par en par. La reducción de los salarios reales (descontando el efecto de la inflación) es condición para mantener a flote cualquier posibilidad de acumulación y choca con el problema de cómo crear suficiente demanda efectiva para estimular la producción.

Eso atañe al precio del trabajo, el salario; pero integra, igualmente, la cantidad, que tiene que ver con la posibilidad de generar suficiente empleo. La producción manufacturera, por ejemplo, se expande con menores requerimientos de trabajadores. Y ahí debe considerarse la cuestión demográfica: los cambios en el patrón de edades, los recursos para mantener a una población que envejece, la capacidad de crear empleos productivos.

Por otra parte crece la precariedad del trabajo y su repercusión en la cohesión social. No sólo son las condiciones directas del empleo sino las que componen la estructura del bienestar, como la educación y la salud las que están en jaque.

La competencia por los empleos es global, y la determinación de los salarios y las condiciones de contratación son variables de ajuste frente a la lucha por mantener la rentabilidad de las inversiones productivas y financieras. Las evidencias apuntan a un debilitamiento de la situación de clases medias y ese fenómeno puede cambiar significativamente la composición y los equilibrios sociales, sobre todo en un entorno de desgaste de la democracia.

Finalmente, el apretón al trabajo trata de personas; parece evidente, pero no habría que olvidarlo.

La polémica sobre el mentado “artículo 18” en Italia podría estar llegando al punto final. Y los que pagarían una vez más podrían ser los que están peor. Quienes defienden esta reforma, incomprensiblemente contradictoria para muchos, hablan de que “todos se beneficiarían”, empresarios y trabajadores, y de que así se cumpliría con la flexibilización del mercado laboral solicitada repetidamente por la Unión Europea.
 

Según la prensa italiana, el gobierno de Mario Monti y algunos exponentes sindicales no verían con demasiados malos ojos el hecho de eliminar la vigencia del artículo 18, sólo para aquellos que hoy tienen trabajos precarios, es decir que son semidesocupados. De concretarse esta reforma, esos jóvenes podrían entrar a trabajar a una empresa, pero durante tres o cuatro años correrían el riesgo de quedar nuevamente en la calle.
 

Aunque para entender esta maraña hay que ir por partes. El artículo 18 del estatuto de trabajadores italiano ofrece al empleado una serie de garantías para no ser dejado cesante fácilmente. Se aplica a las empresas con más de 15 empleados y si son agrícolas, con más de cinco. Dispone que el trabajador sea reintegrado en su trabajo si se demuestra que no hubo una justa causa para echarlo, o bien que sea indemnizado por los daños que se le ocasionan.
 

Este artículo, que en teoría es la garantía del “trabajo seguro”, ha estado en el centro de las negociaciones entre el gobierno –en particular su ministra de Trabajo, Elsa Fornero– y las centrales sindicales CGIL–CISL-UIL, que mayormente lideran el movimiento obrero de la península. Las centrales, y no sólo ellas, no querían saber nada de cambiarlo.
 

Las reacciones contra el gobierno se enardecieron cuando hace algunos días Monti se salió con una frase lapidaria, referida al artículo 18. “Qué aburrido tener siempre el mismo trabajo”, dijo en un programa de televisión. Acto seguido, le llovieron críticas de todos lados, especialmente de la centroizquierda. Y Monti tuvo que aceptar públicamente que su comentario había estado fuera de lugar, porque tener un trabajo seguro –a menudo sacrificando el propio gusto o la propia carrera profesional– ha sido el leitmotiv de los italianos desde la posguerra.
 

“Un trabajo es aburrido sólo para el que lo tiene”, comentó el líder del Partido Democrático (ex PC), Pier Luigi Bersani, que propone que no se toque el artículo 18 sino que en todo caso se haga una interpretación judicial menos rígida de algunas normas laborales. El líder de Italia de los Valores, el ex juez Antonio Di Pietro, también de la centroizquierda, por su parte dice que presentará una moción en el Parlamento para que el artículo 18 sea excluido de la tratativa entre gobierno y sindicatos. La desocupación juvenil, cercana al 28 por ciento según datos de la OCSE (Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo), es uno de los más graves problemas de Italia.
 

Ahora, después de repetidas reuniones –y al decir de un diario italiano, de un encuentro secreto entre Monti y la secretaria de la central CGIL (ex comunista) Susanna Camusso, desmentido sin embargo por ellos–, el acuerdo estaría a punto de concluirse. El artículo 18 quedaría suspendido por tres o cuatro años para los trabajadores que tienen contratos a tiempo determinado y son asumidos por una empresa. Los defensores de esta solución dicen que “todos se beneficiarían” porque el trabajador precario que es asumido, aunque tenga la inseguridad laboral como una espada de Damocles sobre la cabeza durante tres años, podría tener la posibilidad de pasar a ser efectivo después de ese lapso. Las empresas, a su vez, podrían echarlo sin problemas en esos tres años. Cada uno saca su tajada, dicen.
 

Pero, en realidad, el precario seguirá siendo precario, aunque se lo llame de otra forma, durante tres años. ¿Y después? ¿Quién puede garantizar lo que sucederá? El empresario podría despedirlo un mes antes de que se cumplan los tres o cuatro años previstos y hacer el mismo jueguito con otros en su misma condición. ¿Qué porcentaje de los que sean asumidos en estas condiciones podrían pasar a ser trabajadores fijos? Estas preguntas, por ahora, no tienen respuesta. Pero los riesgos existen.
 

Anja lleva seis años encadenando contratos para limpiar y lavar platos por dos euros la hora. Vive en la ciudad alemana de de Stralsund, una atractiva y pintoresca ciudad costera. Se sorprende cuando los periódicos alemanes hablan del "milagro laboral" del país. En un pequeño apartamento de la misma ciudad un hombre de 50 años asegura: “Mi empresa me explota”. Habla sentado en la cocina de su pequeño apartamento situado al este de Stralsund. "Si pudiera encontrar algo mejor, ya me habría ido", añade. Anja, que prefiere no dar su nombre completo por miedo a ser despedida, tampoco puede permitirse ir a los cafés de su ciudad.
 

La moderación salarial y las reformas del mercado laboral han reducido la tasa de desempleo en Alemania hasta el nivel de hace 20 años. El modelo alemán se cita a menudo como un ejemplo para los países europeos que tratan de reducir el paro y ser más competitivos. Pero los críticos aseguran que las reformas que ayudaron a crear puestos de trabajo también ampliaron y afianzaron un sector de trabajos temporales y mal pagados, que aumentaron la desigualdad salarial.
 

Los datos del Departamento de Trabajo alemán muestran que los contratos con salarios bajos crecieron tres veces más rápido que otro tipo de empleos entre 2005 y 2010. Eso explica por qué el milagro laboral "no ha provocado que los alemanes gasten mucho más de lo que hacían antes”. En Alemania, que carece de un salario mínimo nacional, hay sueldos que pueden estar por debajo de un euro la hora, sobre todo en las regiones de la antigua Alemania del este. "He visto gente que ganaba solo 55 centavos de dólar a la hora", afirma Peter Huefken, jefe de la agencia de empleo de Stralsund, el primero en demandar a los empresarios por pagar tan poco. Huefken está animando a otras agencias de empleo a seguir su ejemplo.
 

El Eurostat revela que los trabajadores en Alemania son menos propensos a la pobreza que sus vecinos de la eurozona. Pero el riesgo ha aumentado: un 7,2% de los empleados ganaban tan poco que estaban cerca del umbral de la pobreza en 2010, frente al 4,8% en 2005. Aun así, es menor que la media de la eurozona, donde el 8,2% de los trabajadores están cerca del umbral de la pobreza.

 
El número de los llamados “trabajadores pobres” ha crecido más rápido en Alemania que en el resto de países con la moneda común. En respuesta, mientras otros países europeos se apresuran a desregular, Alemania va hacía una nueva regulación. El gobierno conservador de Angela Merkel trata de diluir los efectos de las reformas aprobadas por su predecesor, el socialdemócrata del SPD Gerhard Schroeder. Y lo hace un año y medio antes de las próximas elecciones federales, cuando se espera que Merkel busque su tercer mandato consecutivo.

 
Reformas precoces

 
El contraste entre los niveles récord de empleo en Alemania y la grave situación en otros países de Europa es notable. El año pasado, el número de contratados en Alemania superó por primera vez la barrera de los 41 millones de trabajadores. La tasa de paro se ha reducido constantemente desde 2005 y ahora se sitúa en solo el 6,7%, frente al 23% en España y el 18% en Grecia.
 

Ha sido una dura batalla desde que el paro alemán alcanzara su punto máximo tras la reunificación en 1990. Entonces, muchas empresas de la Alemania del este naufragaron en una sociedad de libre mercado cuando cayó el Muro de Berlín. El paro se fue por encima del 20%. La globalización puso a la economía alemana, dependiente de las exportaciones, bajo serias presiones competitivas, y les obligó a adaptarse rápidamente a la nueva situación. En 2003, Alemania se embarcó en un sistema de reformas que fueron calificados como el mayor cambio en el estado de bienestar desde la Segunda Guerra Mundial. Mientras, muchos de los países vecinos se movían en la dirección opuesta: Los socialistas franceses introdujeron la semana de 35 horas y pusieron en marcha los salarios mínimos. Por contra, los socialdemócratas alemanes del SPD desregularon el mercado laboral y aumentaron la presión sobre los desempleados para que buscaran trabajo.Sindicatos y empresarios pactaron una moderación salarial a cambio de seguridad en el empleo y crecimiento. Un modelo laboral flexible y subvenciones del Gobierno redujeron las horas de trabajo para permitir a los empresarios ajustarse al ciclo económico sin necesidad de contrataciones ni despidos.

 
A partir de 2005, el desempleo comenzó a caer y se acercó a los niveles anteriores a la reunificación. En otras partes de Europa, los gobiernos se enfrentan ahora a altas tasas de paro emprendiendo reformas laborales. El presidente de Francia, el conservador Nicolas Sarkozy, ha citado repetidamente en los últimos meses las reformas de la “Agenda 2010” que Schroeder puso en marcha como un ejemplo para su país. Las reformas laborales que se están introduciendo en España y Portugal tienen muchos puntos en común con el sistema alemán.

 
El sector con salarios bajos más importante de Europa

 
El crecimiento del empleo en Alemania se ha debido fundamentalmente al aumento del modelo de bajos sueldos y a las agencias de trabajo temporal, impulsados por la desregulación y la promoción de la de flexibilidad y a los contratos de bajos ingresos, subvencionados por el Estado, llamados mini-jobs. El número de trabajadores con contrato indefinido de salarios bajos –definido como aquellos que ganan menos de dos tercios de los ingresos medios-- se elevó un 13,5% hasta los 4,3 millones entre 2005 y 2010. Un crecimiento tres veces más rápido que otra modalidad de empleo, según el Departamento de Trabajo. Los empleos las empresas de trabajo temporal alcanzaron un récord en 2011 con 910.000 puestos de trabajo --el triple que en 2002, cuando Berlín comenzó la desregulación--.

 
Los economistas aseguran que la intención de Schroeder fue lograr una rápida expansión de estos sectores (salarios bajos y trabajos temporales) para conseguir la incorporación al mercado laboral de trabajadores pocos cualificados y desempleados de larga duración. En 2005, el último año de Schroeder como canciller, presumió en el Foro Mundial de Davos: "Hemos construido una de los mejores sectores de salarios reducidos de Europa". Siete años más tarde, los empresarios alaban las reformas que les permitieron crecer con minijobs y trabajos temporales.

 
“El argumento de los sindicatos de que los (mini) empleos provocan que las condiciones de trabajo sean más precarias en Alemania no es válido ", dijo Mario Ohoven, jefe de la asociación "Mittelstand" de pequeñas y medianas empresas. Ohoven, asegura que este tipo de empleos fueron particularmente populares entre las mujeres y los estudiantes que trataban de ganar algo de dinero extra. Por su parte, Juergen Wuttke, de la patronal BDA, indica que las reformas ofrecieron a las compañías una mayor flexibilidad y la capacidad para contratar a más gente con baja cualificación y de baja productividad.

 
Fritz Engelhardt, que dirige un pequeño hotel de tres estrellas en el sur-oeste de la ciudad de Pfullingen, señala que cuenta con dos trabajadores con minijob que le ayudan durante el fin de semana y hacen pequeños recados. "Mucha gente en el sector de la restauración tratar de hacer frente a los picos de trabajo del fin de semana o cuando tienen eventos especiales mediante los minijobs", añadió Engelhardt. "En las grandes cadenas, los hoteles pueden utilizar a la plantilla de una filial, pero para las empresas pequeñas y medianas los miniempleos son cruciales para su propia existencia".

 
Incluso las grandes multinacionales alemanas se acogen a estas nuevas formas de empleo para lograr mayor flexibilidad. Adidas, el segundo mayor fabricante mundial de ropa deportiva, y la cadena de supermercados Kaufland, que forma parte del mismo grupo que la cadena de descuento Lidl, se valen de mini-empleos para llenar las vacantes de personal cuando el negocio lo requiere.

 
Los datos de la OCDE reflejan que en Alemania los contratos con salarios bajos son el 20% de los trabajos a tiempo completo, frente al 8,0% en Italia y un 13,5% en Grecia. Los críticos creen que las reformas de Alemania han supuesto un alto precio ya que arraigó firmemente el sector de sueldos bajos y deprimió los salarios, lo que llevó a un mercado laboral de dos niveles. Las nuevas categorías de bajos ingresos, puestos de trabajo subvencionados por el Estado ---un modelo que está siendo considerado en España -- han demostrado ser especialmente problemáticos. Algunos economistas señalan que son contraproducentes. Fueron creados para ayudar a aquellos que eventualmente tenían malas perspectivas de empleo se reintegraran en el mercado laboral, pero las encuestas muestran que para la mayoría de la gente no condujo a ninguna parte.
 

Los empresarios tienen pocos incentivos para crear trabajos a tiempo completo normales si existe la posibilidad de emplear a trabajadores con contratos flexibles. Uno de cada cinco puestos de trabajo es ahora un “mini-trabajo”, en los que los trabajadores ganan un máximo 400 euros al mes libres de impuestos. Para casi cinco millones de trabajadores este es su principal empleo, que requiere financiación de fondos públicos. "Los empleos a tiempo completo normales se están dividiendo en mini-empleos”, indicó Holger Bonin del ZEW, un think tank con sede en Mannheim. Y no hay mucho que hacer para impedir que los empresarios paguen poco con minijobs puesto que saben que el Gobierno les va a apoyar y además no hay un salario mínimo legal.

 
Los sindicatos y los empresarios en Alemania optan tradicionalmente por pactos salariales colectivos, bajo el argumento de que un salario mínimo legal podría suprimir puestos de trabajo. Pero estos acuerdos sólo afectan a algo más de la mitad de la población empleada y, además, pueden ser evitados. "Muchos de mis amigos trabajan como carpinteros, pero las empresas los registran como conserjes en sus contratos para evitar el pago del salario negociado en el convenio colectivo ", asegura un parado de 33 años de edad, que prefiere no dar su nombre. La desregulación de las empresas de trabajo temporal también ha dado a los empresarios menos incentivos para contratar a trabajadores de plantilla con contratos con una protección de empleo y un salario decente. A los trabajadores temporales se les paga menos que al personal de plantilla alemán. Los bajos salarios de los miniempleos y una mayor presión sobre los desempleados para conseguir un trabajo han tenido un impacto deflacionario en los salarios en todos los sectores, según algunos economistas.

 
Mientras la desigualdad salarial, que solía ser tan baja en Alemania como en los países nórdicos, ha aumentado considerablemente durante la última década. Los trabajadores con sueldos bajos ganan menos respecto a la media en Alemania que en el resto de países de la OCDE, excepto en Corea del Sur y los Estados Unidos. "Los pobres han perdido claramente a la clase media, más en Alemania que en otros países ", asegura el economista de la OCDE Isabell Koske. La caída de los salarios y la inseguridad laboral han mantenido un tope en la demanda doméstica, el talón de Aquiles de la economía alemana que depende de las exportaciones, pese a la exasperación de sus vecinos. “La demanda de importaciones es baja, a pesar de que Alemania tiene uno de los mejores resultados de la zona del euro y podría contribuir más a un mejor desempeño de sus países socios ", dijo Ekkehard Ernst de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

 
Con la inminencia de las elecciones de 2013 y los vecinos europeos quejándose por los desequilibrios comerciales, los líderes de Alemania, han puesto el asunto de los bajos salarios en su agenda. La canciller Merkel tiene previsto introducir un salario mínimo para los sectores que aún no tienen uno y el ministro de Trabajo, Ursula von der Leyen, prevé lanzar una campaña para que los trabajadores temporales se les pague tanto como a los de plantilla.
 

“El hecho de que tengamos un gobierno conservador que está discutiendo el establecimiento de un salario mínimo, es un hecho que dice algo", señaló Enzo Weber, del Instituto alemán para la Investigación de Empleo (IAB). “Cualquiera que sea el gobierno que venga a continuación, las medidas que aplique para hacer más flexible el mercado laboral no irán al mismo ritmo. Hemos llegado a un punto crítico y no creo que vaya a ir más allá". Ekkehard Ernst de la OIT considera que Alemania sólo puede esperar que otros países europeos no emulen sus políticas salariales deflacionarias, ya que la demanda caerá: "Si todo el mundo hace lo mismo, no habrá nadie a la izquierda de la exportación".


Por Sarah Marsh / Holger Hansen (REUTERS) Stralsund 9 FEB 2012 - 13:39 CET 

 

Dos siglos después de la abolición de la esclavitud, regresa una práctica abominable: la trata de personas. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) estima que 12,3 millones de personas en el mundo se ven sometidas, por redes ligadas a la criminalidad internacional, a la explotación de su fuerza de trabajo en contra de su voluntad y en condiciones inhumanas.

Tratándose de mujeres, la mayoría son víctimas de explotación sexual mientras muchas otras son específicamente explotadas en el servicio doméstico. También se da el caso de personas jóvenes y en buen estado de salud que, bajo diversos engaños, son privadas de su libertad con el fin de que partes de sus cuerpos alimenten el tráfico ilegal de órganos humanos.

Pero la trata se está extendiendo cada vez más a la captura de personas que sufren explotación de su fuerza de trabajo en sectores de la producción muy necesitados de mano de obra barata como la hostelería, la restauración, la agricultura y la construcción.

A ese tema preciso, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) dedicó en Viena, los días 20 y 21 de junio pasado, una Conferencia internacional con la participación de autoridades políticas, organismos internacionales, ONG y reconocidos expertos (1).

Aunque el fenómeno es mundial, varios especialistas subrayaron que la plaga del trabajo esclavo está aumentando imparablemente en el seno mismo de la Unión Europea. El número de casos revelados por la prensa, cada vez más numerosos, sólo constituyen la punta del iceberg. Las organizaciones sindicales y las ONG estiman que hay en Europa centenares de miles de trabajadores sometidos a la execración de la esclavitud (2).

En España, en Francia, en Italia, en los Países Bajos, en el Reino Unido y en otros países de la UE, numerosos migrantes extranjeros, atraídos por el espejismo europeo, se ven atrapados en las redes de mafias que les obligan a trabajar en condiciones semejantes a las de la esclavitud de antaño. Un informe de la OIT reveló que, al sur de Nápoles, por ejemplo, unos 1.200 braceros extracomunitarios trabajaban 12 horas diarias en invernaderos y otras instalaciones agrícolas sin contrato de trabajo y por sueldos miserables. Vivían confinados en condiciones propias de un campo de concentración, vigilados militarmente por milicias privadas.

Este “campo de trabajo” no es el único en Europa. Se ha descubierto, por ejemplo, en otra región italiana, a centenares de migrantes polacos explotados del mismo modo, a veces hasta la muerte, esencialmente para la recogida de tomates. Se les había confiscado su documentación. Sobrevivían subalimentados en una clandestinidad total. Sus “propietarios” les maltrataban hasta el punto de que varios de ellos perdieron la vida por agotamiento, o por los golpes recibidos, o empujados al suicidio por desesperación.

Esta situación concierne a miles y miles de inmigrantes sin papeles, víctimas de negreros modernos en los más diversos países europeos. Según varios sindicatos, el trabajo clandestino en el sector agrícola representa casi el 20% del conjunto de la actividad (3).

En esta expansión de la trata de trabajadores esclavos, el modelo económico dominante tiene una gran responsabilidad. En efecto, la globalización neoliberal –que se ha impuesto en los tres últimos decenios gracias a terapias de choque con efectos devastadores para las categorías más frágiles de la población– supone un coste social exorbitante. Se ha establecido una competición feroz entre el capital y el trabajo. En nombre del libre-cambio, los grandes grupos multinacionales fabrican y venden en el mundo entero. Con una particularidad: producen en las regiones donde la mano de obra es más barata, y venden en las zonas donde el nivel de vida es más alto. De ese modo, el nuevo capitalismo erige la competitividad en principal fuerza motriz, y establece, de hecho, la mercantilización del trabajo y de los trabajadores.

Las empresas multinacionales, al deslocalizar sus centros de producción a escala mundial, ponen en competencia a los asalariados de todo el planeta. Con un objetivo: minimizar los costes de producción y abaratar los salarios. En el seno la Unión Europea, eso desestabiliza el mercado del trabajo, deteriora las condiciones laborales y hace más frágiles los sueldos.

La globalización, que ofrece tan formidables oportunidades a unos cuantos, se resume para la mayoría de los demás, en Europa, a una competencia sin límites y sin escrúpulos entre los asalariados europeos, pequeños empresarios y modestos agricultores, y sus equivalentes mal pagados y explotados del otro lado del mundo. De ese modo se organiza, a escala planetaria, el dumping social.

En términos de empleo, el balance es desastroso. Por ejemplo, en Francia, en los dos últimos decenios, ese dumping causó la destrucción de más de dos millones de empleos únicamente en el sector industrial. Sin hablar de las presiones ejercidas sobre todos los salarios.

En semejante contexto de desleal competencia, algunos sectores en Europa, en los que existe una carencia crónica de mano de obra, tienen tendencia a utilizar a trabajadores ilegales. Lo cual estimula la importación de migrantes sin papeles, introducidos en el seno de la UE por traficantes clandestinos que en muchos casos les obligan al trabajo esclavo. Numerosos informes evocan claramente la “venta” de braceros agrícolas migrantes.

En el sector de la construcción, muchos trabajadores jóvenes extracomunitarios, sin papeles, se hallan bajo el control de bandas especializadas en la trata de personas, y “alquilados” a empresas alemanas, italianas, británicas o griegas. Estos trabajadores esclavos se ven forzados por las bandas que los explotan a pagar sus gastos de viaje, de alimentación y de alojamiento cuyo total es en general superior a lo que ganan. De tal modo que pronto, mediante el sistema de la deuda, pasan a “pertenecer” a sus explotadores (4).

A pesar del arsenal jurídico internacional que sanciona esos crímenes, y aunque se multipliquen las declaraciones públicas de altos responsables que condenan esa plaga, hay que reconocer que la voluntad política de poner fin a esa pesadilla resulta más bien débil. En realidad, las patronales de la industria y de la construcción y los grandes exportadores agrícolas influyen en permanencia sobre los poderes públicos para que hagan la vista gorda sobre las redes de importación de migrantes ilegales. Los trabajadores sin papeles constituyen una mano de obra abundante, dócil y barata, una reserva casi inagotable cuya presencia en el mercado del trabajo europeo contribuye a calmar los ardores reivindicativos de los asalariados y de los sindicatos.

Los partidarios de una inmigración masiva siempre han sido las patronales. Y siempre por el mismo motivo: abaratar los sueldos. Los informes de la Comisión Europea y de Business Europe (la patronal europea), desde hace decenios, reclaman siempre más inmigración. Los patronos saben que cuanto mayor sea la oferta de mano de obra, más bajos serán los salarios.

Por eso ya no sólo los negreros modernos explotan a los trabajadores esclavos; ahora se está desarrollando una suerte de “trata legal”. Véase, por ejemplo, lo que sucedió en febrero pasado en Italia, en el sector de la industria del automóvil. El grupo Fiat colocó al personal de sus fábricas ante un chantaje: o los obreros italianos aceptaban trabajar más, en peores condiciones y con salarios reducidos, o las fábricas se deslocalizaban a Europa del Este. Enfrentados a la perspectiva del paro y aterrorizados por las condiciones existentes en Europa del Este donde los obreros están dispuestos a trabajar sábados y domingos por salarios miserables, el 63% de los asalariados de Fiat votaron a favor de su propia sobreexplotación...

En Europa, muchos patronos sueñan, en el marco de la crisis y de las brutales políticas de ajuste, con establecer esa misma “trata legal”, una especie de esclavitud moderna. Gracias a las facilidades que ofrece la globalización neoliberal, amenazan a sus asalariados con ponerlos en competencia salvaje con la mano de obra barata de países lejanos.

Si se quiere evitar esa nociva regresión social, hay que empezar por cuestionar el funcionamiento actual de la globalización. Es hora de comenzar a desglobalizar.

Por Ignacio Ramonet
Le Monde Diplomatique

Notas:

(1) Bajo el título: "Preventing Trafficking in Human Beings for Labour Exploitation: Decent Work and Social Justice", la Conferencia fue organizada por la Representante especial y Coordinadora para la lucha contra la trata de seres humanos, Maria Grazia Giammarinaro, y su equipo, en el marco de la Alianza contra la trata de personas.

(2) Léase el informe: Combating trafficking as modern-day slavery: a matter of rights, freedom and security, 2010 Annual Report, OSCE, Viena, 9 de diciembre de 2010.

(3) Léase el informe: The Cost of coercion, OIT, Ginebra, 2009.

(4) Cf. No trabajar solos. Sindicatos y ONG unen sus fuerzas para luchar contra el trabajo forzoso y la trata de personas en Europa, Confederación sindical internacional, Bruselas, febrero de 2011.

25 millones –más que la población combinada de Guatemala, El Salvador y Costa Rica; más que la población de Australia– no tienen trabajo de tiempo completo en Estados Unidos.

No es que sean ignorados: cada día en los medios se habla de los desempleados y subempleados, de cómo la tasa de desempleo se mantiene alta, de que es raro que esta “recuperación” esté generando tan poco empleo. Pero, como afirma el ensayista e intelectual Lewis Lapham, el tema se trata casi igual como si en una cena de ricos se hablara del “problema de los sirvientes”.

Los políticos han logrado hablar del tema sin hacer casi nada para resolverlo. Desde el presidente a los alcaldes en todo el país, y sus múltiples voceros, expertos, comentaristas y analistas, lo registran. El tema político central no es el empleo ni los trabajadores, sino déficit presupuestales, impuestos y la deuda; las propuestas a debate son cuántos desempleados más y recortes en programas sociales se requieren para resolver esos problemas. Lo de los sirvientes, perdón, los humanos, es asunto secundario aunque sí, a veces, se lamentan estas consecuencias “desafortunadas” de la crisis.

La tasa de desempleo se ha mantenido en niveles históricamente altos durante más de dos años; hoy es de 9.1 por ciento (y sería de más de 10 por ciento si se contara a los que ya se dieron por vencidos en encontrar chamba). Según cálculos y análisis de datos oficiales por el Instituto de Política Económica (EPI por sus siglas en inglés), en Washington, la tasa de subempleo, una medida más amplia que incluye tanto los oficialmente desempleados como los que se vieron obligados a tomar un empleo de tiempo parcial pero desean uno de tiempo completo, y los que han abandonado el intento de encontrar chamba, ha llegado a 15.8 por ciento, cifra que equivale a 24.6 millones de personas.

Se han generado tan pocos empleos que ahora en este país hay 4.6 desempleados para cada nuevo empleo disponible, o sea, para 3 de cada 4 trabajadores no existe la posibilidad de un empleo.

Mientras tanto, el desempleo afecta de manera mucho más dramática a los jóvenes y a las minorías. En mayo, la tasa de desempleo era de 17.3 por ciento en trabajadores de entre 16 y 24 años de edad (casi el doble de la tasa general de 9.1 por ciento). En trabajadores afroestadunidenses la tasa de desempleo en mayo era de 16.2 por ciento, y en latinos, de 11.9 por ciento.

Datos, cifras, análisis de todo tipo ofrecen un panorama desolador para los trabajadores. Pero esto no sólo se refleja en el desempleo, sino en lo que implica, y por supuesto, también revela a quién beneficia.
Los salarios se han mantenido casi estancados durante más de 30 años a pesar de enormes avances en productividad. Pero para los ricos es otra historia: la riqueza que se ha generado a lo largo de estas últimas décadas se ha concentrado cada vez más en un reducido numero de súper ricos.

Entre 1979 y 2005, la quinta parte de los hogares más pobres de la escala de ingresos percibieron un crecimiento promedio en términos reales de sólo 200 dólares en total. Para 0.1 por ciento de los hogares más ricos del país, el ingreso promedio en esos mismos 26 años fue de un total de casi 6 millones de dólares, calcula EPI.

Con semejante tendencia no debe sorprender que ahora (en 2009), 5 por ciento más rico controlaba 63.5 por ciento de la riqueza del país. El 80 por ciento de abajo controlaba sólo 12.8 por ciento de la riqueza en Estados Unidos.

Pero esta prosperidad entre ricos no es un fenómeno sólo estadunidense. Recientemente, el Wall Street Journal reportó que un nuevo informe del Boston Consulting Group registra que los millonarios del mundo, 0.9 por ciento de la población del planeta, controlan 39 por ciento de la riqueza mundial. Su riqueza acumulativa que puede ser empleada para inversiones es ahora de 47.4 billones de dólares. El número de familias millonarias se incrementó 12.2 por ciento en 2010 para alcanzar un total de 12 millones 500 mil. Estados Unidos permanece como la sede principal de millonarios en el mundo, con 5.2 millones de hogares de millonarios, seguido por Japón, con 1.5 millones; China, con 1.1 millones y el Reino Unido, con 570 mil.

¿Y cómo es posible que esta desigualdad continúe a pesar de estar a la vista de todos? El economista Paul Krugman, columnista del New York Times, dice que es resultado de un “gobierno de rentistas”. Sólo así se explica que a pesar de que el desempleado estadunidense promedio ahora ha estado sin chamba durante casi 40 semanas, “no hay voluntad política para hacer algo sobre la situación. Lejos de estar dispuestos a gastar más en generar empleo, ambos partidos están de acuerdo en que es momento de reducir el gasto –destruyendo empleos en el proceso–, con una mínima diferencia entre ellos”. Las recetas políticas que se promueven, agrega, tienen un elemento en común: “protegen los intereses de los acreedores, sin importar el costo”, y éstos son los banqueros y los ricos: los que gozan de mayor acceso a los formuladores de política en este país.

“Enmarcar el problema del desempleo del país como una metástasis desafortunada del problema de sirvientes no debería sorprender. El país está en manos de una oligarquía acaudalada, contenta con la lectura de Voltaire sobre sus derechos”, escribe Lapham en su revista maravillosa Lapham’s Quarterly. Dice que ante toda la atención dedicada al desempleo entre políticos y en los medios, “me fijo en que no tiene mucho que ver con seres humanos, y mucho menos con el entendimiento del trabajo de un hombre como el significado de su vida o la libertad de su mente”.

Sí, sólo es un problema para decenas de millones de trabajadores y sus familias que en apariencia deben agradecer que, de vez en cuando, los más afortunados (o sea, con fortunas) hablan de los problemas de los sirvientes en tonos muy educados y hasta decorados con expresiones de simpatía. “La comodidad de los ricos depende de una oferta abundante de pobres”, afirmaba Voltaire (recuerda Lapham).

Por David Brooks
La Jornada

En la mayor parte del mundo, el primero de mayo es una fecha feriada de los trabajadores internacionales, ligada a la amarga lucha de los trabajadores estadunidenses en el siglo XIX en demanda de una jornada laboral de ocho horas. El primero de mayo pasado lleva a una reflexión sombría.