Jueves, 03 Septiembre 2009 08:30

Ecuador. Proyecto prohíbe privatizar el agua


La propuesta de Ley del Agua, entregada por el Ejecutivo, plantea en sus primeros artículos la no privatización del recurso.

“El agua, por su trascendencia para la vida, la economía y el ambiente, no puede ser objeto de ningún acuerdo comercial, con gobierno, entidad multilateral o empresa extranjera alguna”, dice el proyecto de ley que será analizado por la Comisión de Soberanía Alimentaria de la Asamblea Nacional.

Una vez aprobada la ley, una de las disposiciones transitorias manda a la Secretaría Nacional del Agua (Senagua)  llevar a cabo un  catastro de las concesiones de derechos de uso y aprovechamiento de agua y al año se prevé que inicie el canje de 52.900 concesiones por las autorizaciones en el que será el Registro Público del Agua.  Se añade que en el plazo de 180 días las  corporaciones regionales de desarrollo entregarán las funciones de planificación hídrica a la autoridad única del agua.

La propuesta del Ejecutivo sugiere cambiar la figura de las concesiones (otorgar) por el de autorizaciones (permitir), bajo el principio de que el recurso es “patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible e inembargable”. Por lo tanto, las autorizaciones se entregarán por dos fines: satisfacción de las necesidades básicas o el aprovechamiento económico. El primero es prioridad. 

La nueva Ley del Agua sustituirá a la de 1972, elaborada en la dictadura de  Guillermo Rodríguez Lara

Además, se veta “la gestión privatizada encubierta”, se niegan las transferencias de autorizaciones para el aprovechamiento económico del agua, se establece que la gestión del agua no puede estar en manos privadas, tampoco se aprueba la gestión indirecta, delegación o externalización de la prestación de los servicios públicos.

La propuesta de ley, de 197 artículos, 12 disposiciones transitorias y 11 disposiciones derogatorias, fue trabajada desde noviembre del año pasado por la Senagua y llegó hasta su cuarta versión, antes de ser entregada a la Presidencia de la República para el envío al legislativo.

En el proyecto se define que habrá una Autoridad Única del Agua, pero al mismo tiempo señala que habrá una división con la Autoridad Única Ambiental, la  segunda ejercerá la rectoría cuando las fuentes de agua se hallen en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Mientras, la gestión del agua se manejará de acuerdo con los  sistemas de cuencas hidrográficas (nueve),   la cuenca y la subcuenca hidrográfica.

 En el Art. 7   se reconoce que la gestión del agua es pública o comunitaria, por lo tanto, “podrá ser gestionada por empresas públicas, comunas, comunidades campesinas, organizaciones comunales, sistemas comunitarios de prestación de servicios”.

 Pero, para la administración por sistemas comunitarios estos deberán acreditar:  cubrir una necesidad vital personal; funcionamiento y organización democráticos; alternabilidad en la dirección; igualdad real entre sus miembros (integrado por personas naturales); asegurar formas comunitarias de gestión del agua para consumo humano o pequeños productores agropecuarios; y, que no se busque el lucro.

En otros temas, el proyecto de ley reconoce las prácticas culturales sagradas y señala que la Senagua garantizará la  permanencia de los lugares  donde tradicionalmente las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades practican ritos  sagrados del agua, como la cascada de Peguche, y las lagunas de Quilotoa y Mojanda, entre otros.

En relación con el turismo, se menciona que, “en un plazo no previsto”, se deberá hacer  un reglamento para inventariar y evaluar la utilidad terapéutica (de aguas termales), recreacional, turística e industrial de las fuentes de agua, en coordinación con la autoridad de turismo. Para esto, se contará con el dictamen de la autoridad de salud pública.

 La Ley Orgánica del Agua es una de las normativas que debe aprobar la Asamblea hasta el 14 de octubre.

Ela Zambrano
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Publicado en Internacional
El invierno hace agua las políticas de desarrollo impulsadas desde el alto gobierno. El Congreso de la República, que negó el Referendo por el Derecho al Agua como bien público, está ante la posibilidad de corregir su gestión a favor de las minorías. Hay que continuar el esfuerzo por hacer de las propuestas de referendo un debate nacional y un horizonte de lucha social hacia la transformación profunda del modelo de desarrollo que hace del agua una amenaza, antes que un principio de vida.

La crítica situación nacional producida por las inundaciones de pueblos enteros y de tierras productivas en todo el país acrecienta el absurdo de la negativa del pasado Congreso Nacional a las propuestas del referendo de agua, avaladas por más de dos millones de firmas de ciudadanos dispuestos a votar por una nueva plataforma constitucional que le diera piso a una política integral del agua en el país, para evitar a largo plazo que millones de colombianos sigan sin acceder al agua potable, que millares de niños se sigan enfermando o muriendo por ello, o que decenas de municipios permanezcan anegados gran parte del año, antes de dar paso a las trágicas sequías.

Esa postura de la clase política no permitió llevar a debate un modelo de uso del agua todavía basado en la desecación de humedales, en destrucción de páramos, la devastación de bosques andinos y la extensión de potreros en los cuales la ganadería extensiva pisotea riberas y extiende latifundios, como forma de ampliar grandes propiedades rurales sin importar que ello conduzca a inundaciones de ciudades enteras. Ni dejó avanzar el debate nacional sobre la otra cara de ese modelo: el uso de ríos y humedales como botaderos de basura y de aguas servidas, que, además de destruir la vida misma, dificultan el ciclo del agua, ya enfrentado de hecho a los efectos globales del cambio climático.

Pero lo más grave es que esas mismas mayorías parlamentarias se aprestan ahora a incrementar esos problemas a través de su apoyo incondicional a un nuevo plan de desarrollo basado en propuestas que suponen un uso o afectación intensiva del agua por parte de las políticas forestales, agroindustriales, petrolera y minera, que ahora intensifican la demanda de agua como insumo, generalmente gratuito y a costa del derecho fundamental al acceso al agua potable.

En efecto, la gran minería, sustentada como fuente de recursos para resolver la crisis fiscal, de no mediar una fuerte y amplia movilización social y política que la rechace, se expandirá y continuará la destrucción de cuencas enteras; y la política de los planes departamentales de agua, predominantemente urbanos, imponen ordenamientos territoriales que tienden a descomponer lo que queda del campo y profundizan la inviabilidad financiera de los municipios, que, no pudiendo cumplir con las imposiciones financieras de tales programas, probablemente tendrían que aportar el agua misma en sus fuentes en los mercados crecientes del recurso.

Al lado de ello, los gobiernos locales avanzan en los procesos de concesionamiento y gestorización privada del agua potable mediante esquemas de prestación especulativos en contra de los municipios y los usuarios de los estratos 1, 2, 3 y 4 en la forma como acaba de suceder en Acuavalle, los contratos de Empresas Públicas Municipales de Cali y la continuidad de los contratos en la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.

Como se ve, el agua es un elemento esencial para la vida, pero a la vez un hilo conductor de los problemas y los conflictos nacionales, y un principio básico para recuperar la dimensión de los bienes comunes y públicos, y uno de los temas alrededor de los cuales se pudiera reconstituir un básico pacto social en torno a la sustentabilidad y la justicia social auténticas. El agua misma convoca a la reflexión y la movilización nacional; y el movimiento del agua continúa. 2011 será un año decisivo para ésta, la lucha de todos y de todas.

Recuadro

La Declaración final de la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra, realizada en Cochabamba en abril pasado y a la cual nos adherimos (*), es clara en advertir sobre las consecuencias de la expoliación de la naturaleza y sus efectos en el cambio climático, el aumento de la pobreza, la transnacionalización de la gestión del agua, la privatización de fuentes hídricas, el aumento de las emisiones de dióxido de carbono por los países desarrollados, y llama a desarrollar referendos en las ciudades de todo el mundo para protestar y denunciar las acciones y las conductas que llevan al desastre contra el ser humano, la flora, la fauna y la existencia misma del planeta Tierra, y convoca a forjar un nuevo sistema que restablezca la armonía con la naturaleza y entre los seres humanos.


* http://www.censat.org/noticias/2010/4/23/Declaracion-final-de-la-Conferencia-Mundial-de-los-Pueblos-sobre-el-Cambio-Climatico-y-los-Derechos-de-la-Madre-Tierra/.



Publicado en Edición 164
Martes, 24 Noviembre 2009 15:28

El Referendo por el Agua vuelve a debate

Luego de superar las arteras modificaciones a que fue sometido por la mayoría uribista de la Comisión Primera de la Cámara, desestimadas por la plenaria, el referendo por el agua volverá a ser debatido por la mencionada Comisión Quinta, encargada de los asuntos ambientales, a partir de su texto original.

La discusión tendrá lugar el próximo 24 de noviembre y desde ahora el gobierno nacional ha enfilado baterías contra la iniciativa a través de su Ministro de Hacienda. En oficio dirigido el pasado 18 de octubre al Presidente de la Comisión, el alto funcionario le pide a ésta no aprobar la convocatoria del referendo, pues “los costos generados por este proyecto no se encuentran contemplados en el Marco Fiscal de Mediano Plazo y desbordan las posibilidades fiscales de la Nación”.

Las cifras que maneja el funcionario de Hacienda se basan en valores irreales de la tarifa media nacional, e incluyen indemnizaciones y otros conceptos ajenos a la propuesta, buscando así el Ministro provocar temor entre los parlamentarios. Además, dando por cierto el cumplimiento de las metas del actual Plan Nacional de Desarrollo, concluye que en 2010 sólo un poco menos de tres millones de colombianos carecerán de agua potable, habiéndose reducido el problema a la mitad. Las cifras de Minhacienda contradicen el estudio de la Defensoría del Pueblo, “Diagnóstico del cumplimiento del derecho humano al agua en Colombia”, dado a conocer en abril pasado, según el cual 9.022.276 personas no accedían al vital líquido.

La intervención del jefe de Cartera de Hacienda y un reciente artículo del Subdirector de Planeación Nacional, publicado en Portafolio, se encaminan a amedrentar a la mayoría de la Comisión Quinta de la Cámara que, no obstante ser afecta al Gobierno, se inclina por convocar el referendo con modificaciones ‘blandas’ del texto original. De éste conservan el mínimo vital gratuito, aunque únicamente para personas de menores ingresos, el carácter de bien común y público del agua, y todo el bloque de protección ambiental, incluido el agua como parte integrante de los territorios étnicos, con la salvaguarda del interés público y la propiedad del Estado sobre el conjunto del recurso hídrico. Pero eliminan el derecho humano al agua, que se convierte en “condición esencial para la vida”, y el retorno de la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado a la esfera exclusivamente estatal y comunitaria.

Aunque la línea de modificación moderada del texto original no satisface al Comité Nacional en Defensa del Agua y de la Vida, que promueve el Referendo, es indudable que el Gobierno no acepta ni siquiera esta posición conciliadora aunque insuficiente.

Por lo anterior y por el respeto a este mecanismo constitucional de participación, al cual se acogieron más de dos millones de firmantes, el mencionado Comité ha decidido mantener la defensa del texto original, apoyado por la ponencia minoritaria suscrita por tres ponentes del Polo Democrático Alternativo y el Partido Liberal en la comisión que atiende este trascendental asunto.

Para hacer efectiva la movilización en defensa del texto original y expresar el respaldo que tiene, se ha realizado una firmatón durante el presente mes de noviembre, cuyos resultados, cercanos a las 15.000 firmas en todo el país, serán entregados a la Comisión Quinta el 24 de este mes, al igual que una carta suscrita por más de 100 organizaciones de importancia nacional y regional.
Publicado en Edición 152
Domingo, 19 Abril 2009 07:01

Incierto futuro del Referendo por el Agua

La semana de Pascua será crucial para el Referendo por el Agua en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes. Afectado por los coletazos de la reelección presidencial, todo indica que el gobierno, con Uribe a la cabeza y con la Viceministra de Agua y la Superintendente de Servicios Públicos como puntas de lanza, enfila baterías contra él.
 
Al contrario de lo que se pensaba, los referendos por el agua y por la cadena perpetua a los violadores de niños y niñas no serán adornos para motivar a la gente a votar en una megajornada referencial y así obtener el ‘quórum' de siete y medio millones de votantes, necesarios para aprobar la reelección presidencial, con la mitad más uno de esa cantidad.
 
La iniciativa de cadena perpetua, discutible pero con apoyo ciudadano, ha sido torpedeada con el anuncio de un proyecto de ley que elevará a 60 años la pena por el delito de violación de menores de edad. El Referendo del Agua resulta mucho más incómodo a las políticas neoliberales del gobierno, y por ello el propio Uribe ha decidido hundirlo, según información del periódico El Tiempo, en su edición del 3 de abril, al reseñar declaraciones del Presidente de la Cámara de Representantes, luego de una reunión sostenida con el Primer Mandatario. Esta noticia provocó la inmediata reacción del Comité Promotor del Referendo, que le dirigió una carta exigiendo equidad a quien usa el referendo como mecanismo de participación para reelegirse pero lo descalifica para temas sustanciales como el derecho humano al agua.
 
Lo cierto es que el ejercicio del poder presidencial sobre el Congreso y el alineamiento forzado de sus mayorías en éste es la única manera de detener una iniciativa sustentada en hechos y razones irrebatibles, y que cuenta con el apoyo de dos millones de colombianos y colombianas que aportaron sus firmas y además con el de amplios sectores de la sociedad colombiana y la opinión internacional, como lo demuestran las cartas dirigidas al Congreso por cientos de personas encabezadas por los ex ministros del Medio Ambiente, Manuel Rodríguez, Cecilia López y Juan Mayr, y por Maude Barlow, Eduardo Galeano y Federico Mayor Zaragoza, entre otras personalidades de talla internacional.
 
Los sofismas, más que argumentos, de la oposición gubernamental al referendo rayan en el cinismo. Expuestos por la viceministra Leyla Rojas en la sesión celebrada en la Comisión Primera el 1º de abril, y repetidos por Roy Barreras y Alejandro Gaviria en el Programa Hora 20, al cual se le solicitó derecho de réplica, se resumen en cuatro puntos: a). los actuales subsidios cruzados dan una cobertura gratuita mayor que el mínimo vital gratuito; b). el debilitamiento de la rentabilidad de las empresas, derivado de los cambios que implicaría el referendo, afecta la sustentabilidad ambiental; 3). la gestión estatal municipal es corrupta e ineficiente, y el derecho humano fundamental al agua potable fue rechazado en el V Foro Mundial del Agua, realizado del 15 al 20 de marzo en Estambul, y 4). tal derecho ya está reconocido en Colombia en la Carta Política, por la vía del denominado bloque de constitucionalidad.
 
Al contrario de lo afirmado por la funcionaria, lo relevante del Foro de Estambul es el avance en el número de países que apoyan el reconocimiento del derecho humano al agua, que ahora suman 26, destacándose la presencia de Latinoamérica, como Chile, que, habiendo implementado el modelo más extremo de privatización conocido, está iniciando la revisión de un código de aguas impuesto en la dictadura de Pinochet. Sobre el derecho humano al agua, basta revisar las sentencias de la Corte Constitucional para concluir que sólo es reconocido en casos particulares y sin alcance universal, y ésta es precisamente una de las razones para exigir su consagración amplia e incuestionable en la Constitución. La sostenibilidad ambiental no puede estar en función de la rentabilidad de las empresas, argumento que desnuda el carácter mercantilista del actual esquema, opuesto al derecho humano a la protección ambiental, cuando las dos cosas se pueden lograr con una política humanitaria y ambiental, hoy inexistente. Justamente con el referendo se busca establecer en la Constitución el status de uso público de todas las aguas, cauces, lechos, playas y rondas, al tiempo que se destinan con prioridad al ciclo hidrológico todos los ecosistemas esenciales para tal función natural. Escandalosa es, en fin, la pretensión de equiparar los denominados subsidios cruzados al mínimo vital gratuito, y contradictoria la crítica de que éste es inferior en metros cúbicos a lo que subsidian aquellos, si al tiempo se sostiene que el segundo es más costoso que los primeros.
 
Antes de la intervención presidencial, las posibilidades del referendo en la Comisión Primera parecía decidirse entre su convocatoria con el texto original, sin modificaciones, o con éstas. Se dibujaba un alineamiento cambiante en el que, a favor de la primera opción, se inscriben decididamente el Partido Liberal y el Polo Democrático Alternativo, y se aproximaba la mayoría de Cambio Radical. El Partido Conservador es todavía una incógnita, pero su vocero es uno de los firmantes de la ponencia mayoritaria que encabeza el Coordinador de Ponentes, Germán Navas, y que mantiene el texto original. Algunos representantes de la bancada uribista que se caracterizan por actuar con independencia pudieran votar favorablemente esta ponencia.
 
La intervención de Uribe representa un reto para la precaria independencia del Congreso, donde una iniciativa de origen genuinamente ciudadano es una rareza.
 
Si finalmente la nave del referendo se hunde, habrá que diseñar nuevas estrategias para la lucha por el agua, que ha demostrado un enorme potencial de movilización en torno a los problemas ambientales y sociales de Colombia.
Publicado en Edición 145
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