Medellín, "ciudad innovadora", no logra quebrar la racha de violencia y muerte que la consume. Sus organizaciones sociales no desisten de su esfuerzo por cambiar el rumbo de la urbe, e insisten en articularse y construir proyectos comunes. Un reciente foro realizado por iniciativa de algunas de ellas, así lo propone.

 

¡Vaya paradoja! Ahora resulta que Medellín es la "ciudad más innovadora del mundo". En medio de un intenso conflicto social, con cifras de violencia –ver recuadro– que no amainan a pesar de las obras y el cemento que rellena calles y montañas, la capital de Antioquia es reconocida a nivel internacional.

 

¡Increíble! Pero así se miden las potencialidades y logros en los concursos mundiales. Lo social poco aparece, pero sí el cemento. ¿Por qué la innovación no ha podido minimizar hasta lo "normal" el conflicto que nos ahoga? ¿Por qué la innovación no ha podido romper los indicadores de desigualdad social, de concentración de la riqueza y multiplicación de la pobreza? Entonces. si la innovación no sirve para esto, ¿para qué sirve?

 

Pero la situación real de Medellín, la que sufre y padecen miles de familias que han tenido que pegarse a los filos de sus montañas para hacerse a un techo, está agudizada por un modelo de desarrollo urbano cimentado sobre megaproyectos orientados hacia la privatización y la explotación del ambiente, así como a la realización de proyectos urbanísticos, la promoción del turismo, la prestación de servicios y al fortalecimiento de las industrias culturales.

 

En medio de este complejo panorama, buscando que en el futuro cercano la vida sea más amable con quienes hoy se ven excluidos y negados de las mieles de la "innovación", algunas organizaciones sociales y comunitarias intentan articularse. Desde los Festivales comunitarios por la vida, estas se han venido encontrando, construyendo confianzas, intercambiado potencialidades y conocimientos, y su disposición para la movilización social y las luchas por la vida digna. De este modo, crean un ambiente propicio para actuar de manera conjunta. Su potencial: poner en juego ante la ciudad las propuestas políticas construidas por los procesos comunitarios frente a los territorios, el desarrollo local, la exigibilidad de los derechos humanos y la paz con justicia social.

 

Al abordar estas preocupaciones comunes, y la manera de encarnarlas, estas organizaciones dispusieron el 26 de febrero la realización de un primer foro (Comunidades, conflictos y territorios. Modelo de ciudad para Medellín), que además del diagnóstico de la ciudad, deje para todos/as ideas sustanciales para construir una agenda social común de ciudad.

 

El intercambio de ideas

 

En su desarrollo, el foro contó con la intervención, inicial, del ambientalista Martín Román. Entre los temas abordados, vale la pena resaltar: la privatización del espacio público, el desarrollo regional, el modelo de ciudad y sus consecuencias, los conflictos violentos y los relacionados con el acceso a la ciudad, así como su incidencia en el entramado del sector privado y público. También, se consideraron tópicos relacionados con el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), el "Cinturón verde metropolitano", el Sistema Municipal de Planeación y Presupuesto Participativo, el denominado "Plan vial del río" y "Parque central de Antioquia", los cuales están siendo analizados por las comunidades de las laderas de Medellín que desde ya prevén, serán seriamente afectadas por desalojos, desplazamientos, ruptura del tejido social y desarraigo, entre otras afectaciones.

 

En el espacio de intercambio de ideas se enunciaron preguntas y consideraciones en torno al conflicto suscitado por el uso del suelo en Medellín. En este sentido, se planteó que desde finales de la década de 1990 se evidencia la creciente pugna entre los intereses privados y los comunitarios, situación que refleja perfectamente la metodología aprobada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi para la formulación e implementación de los Planes de Ordenamiento Territorial donde prevalece, según una lectura crítica de estos, el uso según la ley, que a su vez propicia su transformación en oferta para el mercado inmobiliario.

 

De igual manera, se analizó que el modelo de ciudad que predomina en el municipio núcleo del Valle de Aburrá, es un generador de exclusión y fragmentación social, situación que sobresale en los fenómenos de conflicto violento, en la imposibilidad de acceso a la ciudad y en la negación, de facto, del derecho a misma.

 

Se presentaron, asimismo, intervenciones frente a la vulneración del derecho a la vivienda, a la información, voces que plantearon la necesidad de indagar por datos que se ajusten a la realidad de lo que acontece en los territorios, en términos de las afectaciones de las políticas y proyectos anteriormente mencionados. De igual manera, se sugirió identificar y promover la participación de la ciudadanía y los diferentes liderazgos comunitarios en torno a la problemática descrita, posibilitando así, la recuperación de la memoria, la transformación social, la movilización y el afianzamiento de los debates de ciudad.

 

Se ratificó en el Foro, además, la necesidad de continuar y avanzar en la construcción de propuestas organizativas, de movilización y articulación comunitaria que posibiliten el fortalecimiento de acciones colectivas en favor de la consecución de vida digna, y que redunden en la construcción de una ciudad realmente incluyente y participativa para todas las personas que la habitan.

 

El debate hay que continuarlo, con mayor participación y protagonismo comunitario, para que las propuestas lleven a la movilización.

 

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Recuadro

 

Violencia homicida en Medellín

 

En el año 2012, la mayoría de las víctimas fueron hombres: 1.163 casos. Los de edades comprendidas entre los 18 y 26 años –con 475 casos– representaron el 39%. El segundo grupo de víctima tenía edades entre los 27 y 32 años, con 245 asesinados, que representan el 20% de total, (Fuente: Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia –SISC–, 2012).

 

Otra manifestación de esta violencia: los grupos armados ilegales continuaron ejerciendo diferentes formas de control territorial, económico y poblacional, lo que mantiene en vilo la soberanía y gobernabilidad del Estado, así como la pretensión del monopolio estatal de las armas, la seguridad y la justicia, no solo en los territorios en donde la violencia armada es manifiesta, sino también en donde es latente, tal y como acontece en las comunas de la zona nororiental (Comunas 1, 2, 3 y 4) y noroccidental (Comunas 5, 6 y 7), en las cuales se ha presentado una disminución acentuada de los homicidios durante los últimos dos años, pero en donde prevalece el registro de personas desaparecidas (Ver Informe sobre Desaparición y desapariciones forzadas en Medellín 2012).

 

De acuerdo con la información del Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (SISC), en el año 2012 los asesinatos fueron 1249, del total de homicidios la mayoría de las víctimas fueron hombres, con 1.163 casos. De esta cifra, el 39% tenían edades entre los 18 y los 26 años, 475 casos; el 20% entre los 27 y los 32 años, 245 casos; y el 9% entre los 14 y los 17 años, 109 casos. 

São Paulo, la capital paulista, está sometida a la violencia y al miedo. Asesinatos y masacres se repiten cada día. Y lo peor: la población se siente insegura ante la policía. Un ciudadano, aunque sea un delincuente, puede ser detenido con vida y al poco tiempo aparecer muerto, como se comprobó recientemente con la foto de un sospechoso baleado por la PM después de haber sido dominado.

 

El número de homicidios en la ciudad de São Paulo creció un 34% en el 2012. Por cada 100 mil habitantes la media de asesinatos fue de 12.02. En supuestos enfrentamientos con la Policía Militar murieron 547 personas. Los casos de estupros subieron un 24%; el robo de vehículos un 10%; los robos el 8%. Los asaltos a bancos, sin embargo, bajaron un 12%. Estos datos son provenientes de la Secretaría de Seguridad Pública, publicados el 25 de enero.

 

São Paulo se divide en 96 distritos, la mayoría de los cuales tiene más de cien mil habitantes, lo que significa que cada uno supera en población al 95% de los municipios brasileños.

 

¿Por qué tanta violencia en la gran ciudad? Ponga diez ratones en una caja y verá que al poco tiempo se estarán agrediendo unos a otros. Lo mismo ocurre con el ser humano cuando está confinado en espacios urbanos opresivos, donde los niños no disponen de plazas y parques, donde los jóvenes no cuentan con centros deportivos y culturales, y los adultos no tienen dónde reunirse si no es en el bar de la esquina.

 

Según Nuestra Red São Paulo, de los 96 distritos, 60 no tienen ningún centro cultural (teatro, cine, sala de eventos…); 56 no poseen ninguna instalación deportiva pública; 44 no disponen de biblioteca pública; en 38 no hay ni un parque; y en 20 no hay delegación de policía.

 

La ciudad más rica del país tiene 11 millones de habitantes; 1.3 millones de los cuales viven en favelas; y 250 mil jóvenes de entre 15 y 19 años no van a la escuela; 181 mil jóvenes de 15 a 24 años están desempleados, y 98 mil niños esperan un puesto en guarderías públicas.

 

¿Qué se puede esperar del futuro de jóvenes que ni estudian ni trabajan? ¿De qué viven? ¿Cómo obtienen dinero? ¿Cómo sacian sus ansias de consumo? No es necesario tener una bola de cristal para saber que, de esos jóvenes, muchos recurren al crimen como medio de sobrevivencia.

 

São Paulo es una ciudad congestionada. Para trasladarse, el paulista emplea, como media, 2 horas y 23 minutos al día en el transporte, lo que equivale a un mes por año; y el transporte público es deficiente. En las horas pico los autobuses y el metro no dan abasto con la cantidad de pasajeros, hasta el punto de tener que intervenir la policía para controlar el acceso a los mismos.

 

¿Y qué sucede cuando se enferma uno en una megápolis como ésta? La media de espera para ser atendido en un puesto de salud es de 52 días; hacerse exámenes de laboratorio 65 días; y para cirugías y procedimientos más complejos 146 días. Eso cuando el enfermo logra sobrevivir…

Ante este panorama, ¿cómo evitar la impaciencia, el estrés, la sublevación, el crimen? Como indica Nuestra Red São Paulo, “éste es un escenario perfecto para que prospere la criminalidad y la violencia: extrema carencia, desigualdad enorme que engendra frustración y rebelión ante la injusticia, ausencia del poder público y falta de oportunidades de trabajo, educación, cultura y entretenimiento para jóvenes de escasos recursos, además de servicios públicos de educación, salud y transporte de baja calidad (las gentes de mayor poder adquisitivo y hasta los responsables de las políticas públicas pagan servicios privados)”.

 

El combate a la violencia exige cambios profundos en nuestras instituciones. Requiere una policía bien preparada y bien pagada, dotada de recursos de alta tecnología para las investigaciones, más orientada a la prevención que a la represión. Nuestro sistema penitenciario necesita dejar de ser depósito de escoria humana para transformarse en centros de recuperación mediante estudio, deporte, artes y calificación profesional.

 

Nuestros gobernantes debieran de trazar metas para atacar las causas de la criminalidad y la violencia, como reducir sustancialmente la desigualdad social y económica; y dotar a cada distrito de la ciudad de todos los equipamientos y servicios públicos necesarios para ofrecer calidad de vida digna a sus habitantes.

 

Es necesario priorizar la rendición de cuentas de los agentes públicos acusados de practicar actos de violencia y de violar los derechos humanos; fortalecer la autonomía de la Defensoría Pública; estimular la creación de espacios comunitarios que favorezcan los vínculos de solidaridad entre los miembros de la comunidad.

 

Le corresponde al poder público el desmontar las redes de corrupción y criminalidad, identificar a los dirigentes de esas redes y combatirlos, así como desarticular los grupos de exterminio dentro de las fuerzas policiales. Son medidas de corto plazo que deben ser tomadas, habida cuenta de la situación de guerra civil que se vive en São Paulo, lo que recae principalmente sobre la población más pobre y vulnerable de las periferias.

 

Por Frei Betto, escritor, autor de “Hotel Brasil. El misterio de las cabezas degolladas”, entre otros libros.  www.freibetto.org/ > twitter:@freibetto.

Después de esta última semana queda claro que para defender y salvar a este país del enemigo” a veces es necesario violar, destruir y anular los derechos y libertades que, dicen, definen a esta “nación indispensable”.

 

Observar la audiencia ante el Senado para la ratificación de John Brennan como próximo jefe de la CIA (agencia donde trabajó durante 35 años antes de ser el asesor antiterrorista del presidente Barack Obama) fue escalofriante porque muy tranquilamente afirmó que, en efecto, el gobierno de Obama se atribuye el derecho –sin formular acusaciones formales, sin orden judicial, sin tener que presentar pruebas, sin supervisión ni consulta de otro poder gubernamental– de asesinar a cualquiera que considere “terrorista”, aun si es ciudadano estadunidense, en cualquier parte del mundo (aparentemente incluido, y nadie aclara lo contrario, dentro del país).

 

Brennan, el arquitecto de la estrategia de ataques selectivos con aviones no tripulados (drones) como principal instrumento de la guerra contra el terrorismo, insistió en que todo esto es justificable por ser necesario para la defensa de Estados Unidos. Y cuando se le preguntó cómo puede asegurar que no se cometan abusos de este poder extraordinario, su respuesta esencialmente fue: “confíen en nosotros”.

 

Para varios observadores, este espectáculo llamó la atención sobre todo por eso de que ciudadanos estadunidenses pueden ser (y ya han sido) objetivos de estas misiones de lo que esencialmente son escuadrones de la muerte aéreos. Según la ley, el gobierno no puede privar de la vida a ningún ciudadano sin un proceso legal que respete los derechos fundamentales del acusado, incluido el de defenderse ante las acusaciones. Esto no es un asunto hipotético; ya ha sucedido: el ciudadano estadunidense Anwar Awlaki fue asesinado por un drone en septiembre de 2011, y dos semanas después su hijo de 16 años fue abatido en la misma forma.

 

A otros les importó lo parecido que es todo esto con lo que sucedió con Bush, y que tanto criticó en ese tiempo Obama. Señalan que de nuevo el Ejecutivo se otorga poderes extraordinarios sin aprobación legislativa o judicial para realizar acciones en nombre de la guerra contra el terror, incluida la elaboración de justificaciones legales secretas para todo. La revelación, por NBC News, de un memorando del Departamento de Justicia girado la semana pasada para justificar el asesinato de integrantes de Al Queda y “grupos asociados” –incluida una muestra del genio de los abogados del país, con un argumento de que no son asesinatos– es muy parecida a los documentos del Departamento de Justicia de los tiempos de Bush, cuando se elaboró la famosa justificación legal de la tortura.

 

En la justificación legal se afirma, como reportó La Jornada la semana pasada, que “una matanza legal en defensa propia no es un asesinato. En la opinión del Departamento (de Justicia), una operación letal realizada contra un ciudadano estadunidense cuya conducta represente una amenaza inminente de ataque violento contra Estados Unidos sería un acto legítimo de autodefensa nacional, que no violaría la prohibición del homicidio. Igualmente, “el uso de fuerza letal, consistente con las leyes de guerra, contra un individuo que es un objetivo militar legítimo, sería legal y no violaría la prohibición de asesinato”.

 

Algunos cálculos independientes son que entre 2 mil y más de 3 mil personas han sido asesinadas en ataques con drones sólo en Pakistán desde 2004. La gran mayoría en el gobierno de Obama, después de 2008.

 

Entonces, ahora estamos en una coyuntura en la que se afirma que por el bien del país se requieren escuadrones de la muerte aéreos que realizan misiones de asesinato extrajudicial decididos por el presidente y su equipo.

 

Además, nuevas medidas en las leyes autorizan la detención indefinida de cualquiera, incluso de estadunidenses, bajo custodia militar si el gobierno determina que uno es integrante de Al Qaeda o “grupos asociados”, o si uno ha brindado apoyo a esas agrupaciones. El gobierno puede detener a cualquiera con esa justificación hasta “el fin de hostilidades”, o sea, para siempre, ya que esa “guerra contra el terrorismo” no tiene, por definición, un fin.

 

Más aún, si uno revela los documentos secretos que contienen las órdenes para ejecutar estos actos, incluidas las justificaciones “legales”, puede ser enjuiciado conforme a la Ley de Espionaje de 1917. Tampoco estamos hablando de un asunto hipotético: el gobierno de Obama ha empleado esta antigua ley (de tiempos de la Primera Guerra Mundial) en siete ocasiones, más que todos sus antecesores combinados. La razón oficial: por bien del país, para proteger al pueblo.

 

Todo esto en nombre de la libertad, los derechos humanos, la paz y la justicia, no sólo aquí, sino a nivel mundial. De hecho, en uno de los actos de despedida como secretaria de Estado, Hillary Clinton afirmó: “entonces, cuando digo que verdaderamente somos la nación indispensable, no es un alarde ni una consigna vacía. Es un reconocimiento de nuestro papel y nuestras responsabilidades. Por eso, los que dicen que estamos en declive están absolutamente equivocados”.

 

Pero parece que para permanecer como la “nación indispensable” se tienen que pasar por alto garantías constitucionales, leyes contra el asesinato tanto de ciudadanos como de extranjeros, detenciones indefinidas sin cargos, algo muy parecido a las desapariciones en otros regímenes, y las normas establecidas en el derecho internacional.

 

De cierta manera, esto recuerda esa famosa frase de un oficial estadunidense al entonces corresponsal de guerra de Ap Peter Arnett en la guerra en Vietnam, al ser interrogado sobre por qué se dio la orden de bombardear un pueblo llamado Ben Tre en 1968 sin importar las bajas civiles: “se volvió necesario destruir el pueblo para salvarlo”.

El déficit de vivienda en Bogotá es fruto de un proceso complejo de urbanización. Las cifras manejadas por la alcaldía señalan 258.046 hogares sin habitabilidad. Una población clasificada, según el Dane, por dos tipos de déficit: los que no tienen disponibilidad de vivienda, un déficit cuantitativo en el que se encuentran 116.529 hogares. Otros 146.517 están con déficit cualitativo, es decir, en viviendas que no cumplen los requisitos habitacionales establecidos por estructura de materiales, cohabitación de varios hogares en una misma vivienda, hacinamiento no mitigable que indica la presencia mayor de 3 a 5 personas por cuarto, la ubicación de la cocina al interior del mismo dormitorio, y el acceso a servicios públicos domiciliarios.

Para remediar esta realidad, el Distrito contempla programas como: cupos para vivienda nueva, subsidios para la adquisición de vivienda usada, para mejorar condiciones estructurales de la vivienda o cupos de arrendamiento. Todos son insuficientes para responder a la demanda. Pero a su vez, proyectos cada vez más insostenibles debido a la relación inversamente proporcional entre el crecimiento urbano y el agotamiento del suelo. Por ejemplo, se estimó en el 2009 que cada año se pueden construir 140.000 unidades de vivienda, al tiempo que se constituyen 185.000 nuevos hogares. Eliminar ese déficit habitacional implicaría construir en Bogotá 30 veces Ciudad Salitre, o 60 veces Ciudadela El Recreo, u 84 veces Ciudad Tunal. En todo caso la ciudad sigue extendiéndose como lo muestra los cuatro proyectos de Metrovivienda: Operación Nuevo Usme, Ciudadela Porvenir, Nuevo Usme y la Palestina. Proyectos de Vivienda de Interés Social (VIS) precarios: una hectárea para 100 unidades residenciales.

Hace poco, Economistas Urbanos Asociados, una empresa de investigación en mercado y opinión calculó que la cifra es mucho mayor, alrededor de 1´300.000 hogares, que en su mayoritaria pertenecen a los estratos dos y tres, una población que ascendería a cinco millones de personas, el 63,7% de ellas viven en el sur de la ciudad, entre barrios populares, donde el promedio de personas por cuarto es de 3,72 y a su vez viviendas donde habría 1,7% hogares, lo que refleja de manera clara el grado de hacinamiento que existe. La firma sostiene, además, que 629.033 familias pagan arriendo en Bogotá.

La ausencia de vivienda es aprovechada para criticar la administración Petro. La Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) señala, por boca de su subgerente Martha Moreno, el incremento del déficit en 57.000 viviendas por año, su preocupación no es por quienes carecen de una vivienda propia sino por la caída del sector de la construcción. Presión mayor se puede deducir de las declaraciones del Ministro de vivienda, ciudad y territorio, Germán Vargas Lleras, por la caída en el desarrollo de proyectos de vivienda, ciertamente molesto porque contaba con la construcción de la Ciudadela Campo Verde en Bosa. Al Ministro solo le importaba que esas 85 hectáreas sumen a la meta de cumplir las 8.000 VIP, así las familias estén en evidente peligro por el desbordamiento de los ríos Tunjuelo y Bogotá.

La dinámica urbanística en Bogotá ha sido poco planeada, potenciada además, por un acelerado crecimiento demográfico producto de constantes procesos migratorios y la misma dinámica natalicia. Un proceso urbanístico que el geógrafo francés Jacques Aprile llama “colonización de caracol”: llegar en situación de arrendatario, en inquilinato, para pasar como propietario a la periferia1.

Pasado y presente

Para 1954 Bogotá ya anexaba seis municipios cercanos, pero el crecimiento desordenado no fue tomado en cuenta por las alcaldías de entonces. Los gobernantes durante mucho tiempo hicieron oídos sordos al tipo de modelo de urbanización, llamados que ya tenían estudios académicos, por ejemplo el realizado en 1969 por el Centro de Investigaciones para el Desarrollo de la Universidad Nacional (CID) bajo la dirección de Louchin Currie, donde hacía un llamado para cambiar el modelo de crecimiento extensivo en bajas densidades a uno más compacto en el centro, pero la administración Barco no tomó las recomendaciones de los estudiosos. El proceso de desarrollo urbano capitalino se hizo afectando los municipios de departamentos cercanos, como Tolima y Cundinamarca.

Se permitió que la ciudad creciera de manera informal, a través de tomas de predios no reconocidos o en riesgo, junto al loteo y la venta de la piratería, de esa manera su periferia se extendió más allá de lo mitigable. Ahora la Administración tiene que afrontar también una política de vivienda que busca, por seguridad física la reubicación, el reconocimiento formal de predios que no tienen titulación, o brindar subsidios para mejorar la habitabilidad y estructura de vivienda. Hoy son muchas las familias que no tienen más opción que exponerse en zonas de alto riesgo. La Dirección de Prevención y Atención de Emergencias (DPAE) priorizó en el 2007 a 4.545 familias ubicadas en zonas de alto riesgo no mitigable, en lo recorrido de estos 5 años sólo se ha logrado reubicar 1.303 de ellas. Las demás tendrán que esperar la posibilidad de reubicarse o el peligro de un desastre. En la actualidad los programas atienden los reasentamientos, titulación y mejoramiento de vivienda en los Cerros Orientales, Operación Tunjuelito, Relleno Sanitario Doña Juana y Río Bogotá.

Las últimas administraciones de la capital tratan de modificar el ordenamiento territorial que traía la urbe, pero priorizando el mercado y el capital transnacional, con proyectos de renovación urbana como el Plan Centro y el Anillo de Innovación. Y esto sin resaltar el negocio especulativo inmobiliario potenciado por los desplazamientos internos, o la especulación con el suelo a través de proyecto como la Operación del aeropuerto. Y aquellos que siguen en la lógica expansiva como la operación Nuevo Usme que busca acercarse a los Llanos, o como Santa Mercedes en localidad de Suba, en la expansión del noroccidente de Bogotá.

La ciudad región Sabana

El gobierno nacional considera que para el 2020 la Sabana tendrá un déficit de 919.000 unidades de vivienda, 712.000 en Bogotá. El propósito con la urbanización en la región central Sabana es construir 649.454 VIS junto a 351.534 no VIS. Una inversión de 78,3 billones de pesos que provienen en su mayoría del crédito de ahorro hipotecario.

En estos momentos se adelantan macroproyectos, al estilo de la Ciudad Capital, como Ciudad Verde en Soacha, o Pesqueros y Ciudad Florecer en Mosquera. Una investigación analiza a Bogotá en dos experiencias que se relacionan con la Región Central2. La primera abarca los departamentos de Boyacá, Cundinamarca, Meta y Tolima, donde se evidencia un crecimiento demográfico mayor que el registrado por la capital de Boyacá, en municipios como Duitama, Sogamoso Villa de Leyva y Chiquinquirá, o hacia Lérida, en el Tolima. En esta relación también hay que tener en cuenta que existe una alta población rural en Cundinamarca y Boyacá, éste último único departamento que concentra el 69.1% de su población en zona rural. La segunda es la Mesa Regional entre Bogotá y Cundinamarca, que al tomar los trece municipios de área de influencia de Bogotá contabilizaría 900.825 habitantes, según la investigación los municipios más cercanos a la ciudad son los que presentan mayor densidad.

Dentro de la asociación de municipios cercanos a la capital hay unos que ven con recelo algunos efectos de la ciudad en su entorno, como Cota, Cajicá y Chía. Por otro lado están quienes quieren tener un tipo de asociación, los más afectados por el crecimiento de la misma ciudad, como Madrid y Soacha. Ya comenzaron a valorizarse los suelos en estos municipios: en Chía su valor se ha multiplicado cinco veces; en Cajicá su incremento también ha sido significativo.

Contrario a ciudades como Nueva York y Madrid, donde producto de su planeación un importante porcentaje de su población vive en los municipios del área metropolitana, en Bogotá sucede lo contrario. Aunque tarde, la importancia de asumir una planeación regional concertada no debe dilatarse más.

En las ciudades del actual mundo capitalista se concentra más de la mitad de la humanidad, una frase que convocó la sexta sesión del Foro Urbano Mundial en la ciudad de Nápoles. Lo más preocupante es que se espera que la cifra alcance los dos tercios de la población total en poco más de una generación. La próxima sesión del Foro en Medellín –2014– seguirá abordando temas de equidad, economía y ecología urbana.

El 60% de las ciudades han crecido sin ninguna planificación, generando grandes asentamientos humanos donde los centros de trabajo están distantes de los barrios. Las zonas urbanas reflejan una forma de organización de las ciudades con el capital expresada en la relación entre concentración y expansión geográfica de la tensión centro-periferia.3

Para América Latina y el Caribe la concentración en las áreas urbanas llega hasta el 80% de la población según ONU- Habitad, en donde una de cada cuatro personas es pobre. A nivel nacional son 2.216.863 hogares que viven en arriendo en viviendas sin habitabilidad, el 76% vive en zonas urbanas principalmente en las ciudades de Cali Medellín, Bucaramanga y Bogotá. La región sabana de la ciudad capital concentra el 43% de ese déficit de vivienda urbana. Es por eso que el problema de las ciudades no tiene una solución en los mandatarios de turno, ya que vivido es la forma como el mundo globalizado habita el planeta.


Notas

1 Aprile-Gniset, Jacques, (1992) La ciudad colombiana: siglo XIX y siglo XX. Talleres Gráficos Banco Popular, Bogotá.
2 Rincón Avellaneda, Patricia (2006). “El tema de la vivienda en Bogotá desde el territorio de la Región Central del país”, en Revista Bitácora, enero. pp.136-147.
3 Harvey, David (2007) Espacios del capital. Hacia una geografía crítica. Ediciones Akal, Madrid, p. 265.

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Recuadro 1

Esperando toda la vida una bendición

Al cruzar el portón de esa casa esquinera, asombrado recordé el primer piso que era la tienda de esquina en el barrio de mi infancia. La señora Lucrecia es la dueña de la casa, desde que la recuerdo siempre me pareció muy anciana, pero se conserva siempre igual. Después de liquidar la tienda encontró en el arriendo y los pequeños préstamos a interés, una forma de vivir.

Allí Nora Patricia, una mujer de 32 años me invita a la sala. Un espacio que comprendía mis recuerdos como la zona principal de la tienda, con un mostrador de madera en la esquina del fondo, dos mesas, cada una con tres butacas hacia la pared de la ventana que da a la calle. De frente lo que era en algún tiempo el lugar de la máquina electrónica con la que me inicié en los videojuegos y el orinal de la tienda que entre la modificación de la casa y el olvido del recuerdo todavía no sé ubicar.

Fui a entrevistarla porque mi mamá la conoce. Me comienza a relatar su historia de vida, vivir en Bogotá toda su vida sin conocer que es tener casa propia. Incluso su mamá también toda la vida ha pagado arriendo. Y ninguna de las cuatro hermanas de Nora tiene hasta el momento vivienda propia. El abuelo tenía una propiedad con los hermanos. La mamá de Nora se fue de la edificación de sus tíos –en la séptima con once sur– cuando tenía unos 23 años. Toda una vida pagando arriendo.

Alguna vez el papá de Nora pensó en tomarse algún predio dejado en el proceso de reubicación de las familias del barrio Malvinas. Un barrio informal fundado con el auspicio de la insurgencia en el año de la guerra de Argentina e Inglaterra, y colindante con el barrio Guacamayas. Ella lleva en ese piso siete años. Su primer hijo llegó a los 20 años, pero al papá del niño lo mataron. Después conoció al progenitor del segundo, un niño de de cinco años que nos acompaña en la conversación mientras cambia canciones en el celular de su mamá, pero se separó del papá de Nicolás. En la actualidad convive con una tercera persona con quien tiene un bebé.

“Yo me enteré del arriendo por mi hermana que vivía en una pieza del segundo piso. Ahora ella vive con mi mamá por los lados de aquí abajo”. Nora cancela mensualmente la suma de 270.000 pesos, que incluyen los servicios .La dificultad de pago se presenta cuando se termina el periodo académico, pues trabaja en un colegio. Cuando eso sucede se rebusca para trabajar por días.

Conseguir casa es algo que sueña. Significa para ella una bendición, pero no piensa mucho en ello. Tiene claro que con un mínimo no alcanza para sostener una cuota para VSI o VIP, ni que hablar de créditos bancarios. Mucho más escéptica pues su hermana buscó hace cuatro años un subsidio de vivienda que ofrecía la alcaldía. “Ella fue al Cade aquí en el comunal, pero nunca le salió. No sé si será suerte. Se cansó y retiró la plata que tenía ahorrada. Mi mamá dice que quizás fue porque ella dijo que vivía con marido. Allá le dijeron que lo mejor que podía hacer era meter esa plata (2.400.000 pesos) en un banco dizque para tener un… como se dice… no rentabilidad sino crédito. Mi hermana la menor junto con el marido esperan que les entreguen un apartamento allá en Soacha”.

Nora responde sin rodeos, tiene claro que con los ingresos que tiene no cumple los requisitos para acceder a alguna oferta de vivienda. Seguirá como su mamá, esperando una bendición y pagando la pena.

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Recuadro 2

El drama de cada día

El drama de la vivienda en Colombia lo sufren a diario miles de familias, las cuales tienen que hacer rendir sus escasos pesos para garantizar el pago puntual del alquiler y así garantizar que no los desalojen.

Pero la precariedad de los ingresos mensuales obliga no sólo a vivir en arriendo sino, además, a compartir vivienda con otras familias, acomodándose, como se pueda, en una pieza, compartir, además, cocina y servicios sanitarios. Es el famoso inquilinato.

En ocasiones, para fortuna, las casas que arriendan piezas están organizadas con varias cocinas y baterías sanitarias, una por familia, lo cual alivia la cotidianidad.

En no pocas ocasiones, las familias se las arreglan para resguardarse en casas de madera, paroi o latas, lo que para la mayoría de estas es transitorio, pero no faltan las excepciones: familias que a pesar del paso del tiempo, y de contar con un lote amplio, no tienen con qué construirlo: es el caso del señor Carlos Rodríguez, habitante del barrio Potosí, en Bogotá, que se tiene que acomodar con sus 12 hermanos en un área “construida” de 20 metros (“…se ha construido con prefabricado reciclado 10 metros cuadrados, y entre pedazos de madera y lata otros 10 metros”), pues no tiene con qué edificar los 112 metros del lote que posee. Carlos trabaja por días, su esposa arregla casas, pero ninguno de los dos tiene estabilidad en sus oficios, lo cual hace de sus ingresos algo irregular y totalmente insuficiente. Con paciencia acceden al baño, y con cariño cocinan “… como somos familia, en una sola olla”.

En otras ocasiones, los progenitores arriendan a sus hijos, con lo cual se aseguran sus ingresos, y aunque son la misma familia, en verdad terminan siendo varias parejas e hijos al interior de una misma casa. Es lo que le sucede a Asdrúbal Tapasco, que con su familia (esposa e hija), comparte vivienda con su madre y padre, pero también con la familia de su hermana (5 integrantes), 10 personas en total, cancelando $150.000 por la pieza de 3 x 5 que habita. Él vive tranquilo, a pesar de lo pequeño del espacio, pues al fin y al cabo comparte espacio con su familia, y reafirma, “…si estuviéramos viviendo en otro lado, el caso sería más complicado”.

Y es consciente de ello pues la casa cuenta con un solo baño, lo cual los obliga a organizar muy bien su uso. Para la cocción de los alimentos “hay dos cocinas; una que comparte mi núcleo familiar con el de mi mamá, y la otra que la utiliza solo mi hermana con su familia…”.

Pero también hay otras situaciones, como la de Karen Julieth Cabal Castaño, cuya familia –de 4 integrantes– comparte espacio con otras dos familias. La suma de las tres familias da 12 personas en una sola casa. La ventaja que ella destaca del espacio que alquila es que tienen servicio de baño y cocina independiente. Por estos lujos deben cancelar, como arriendo, $280.000 por mes.

La situación más común es la del simple alquiler de casa, así sea estrecha, como la de Aura Cardona, que habita con sus progenitores y tres hermanos en un área de 7 x 3 metros, y cuyo alquiler asciende, más o menos, a $ 250.000.

Para todos los entrevistados, con salarios que escasamente alcanzan al mínimo, en su mayoría inestables, el anhelo de casa propia los acompaña desde siempre, y la realidad del arriendo los tormenta. Esta es la realidad de un barrio en Bogotá, pero con seguridad se encuentran fotos idénticas por todo el país.

 

Álvaro Sanabria –ÁS–: La construcción de vivienda de interés social (VIS) y de interés prioritario (VIP), como se denomina en lenguaje oficial, a la vivienda popular, es un problema grave. Desde una visión ortodoxa clásica se dice que no hay oferta porque los grandes empresarios no tienen interés en ese tipo de vivienda, y a su vez no hay demanda efectiva porque los niveles de ingreso de grandes sectores les impide demandar un bien tan costoso. El acceso a la tierra es uno de los grandes problemas, por su costo. ¿Cómo han actuado organizaciones como la Federación nacional de vivienda popular (Fenavip) para romper ese círculo vicioso: un producto muy caro, unos ingresos muy bajos? ¿Cuál es el secreto para construir las 20 mil viviendas que ustedes han edificado?
Germán Ávila –GÁ–: Lo primero es que la vivienda es el principal bien y el más costoso que compra cualquier familia en toda su vida. Acceder a ese bien requiere de una serie de acciones del Estado, para facilitárselo a la población de más bajos ingresos.

Hay que dejar claro que la construcción es un bien que produce altísimos niveles de rentabilidad, pero en la producción de vivienda de mediano y alto costo. Sin embargo, se llega a un punto en que la construcción privada acumula un gran nivel de inventarios para estratos medios y altos, creando una especie de sobre-oferta que coincide con ciertos ciclos de la economía, lo que obliga, de manera temporal, a suspender su producción. Entonces, la VIP, la VIS, se transforma en el refugio durante la etapa de depresión de la demanda de vivienda para estratos altos.

Cíclicamente, cada 3-4 años, encontramos que de pronto se despierta un inmenso interés por el problema de la VIS. Lo que en realidad sucede es que se está en la etapa del ciclo de la producción de la vivienda. En esos momentos lo que hace el constructor es explorar la opción de rentabilidades razonables, ligadas por lo general a su producción masiva.

En el caso nuestro la razón era completamente distinta: no generábamos proyectos en función de rentabilidad sino en función de asegurar que esa producción masiva de vivienda, sin importar la rentabilidad, fuera factible. Nosotros no contábamos ni con recursos, ni con aparatos financieros, ni con aparatos económicos que respaldaran esos procesos, solamente contábamos con una fortaleza: la organización popular.

Segundo: Para lograr avanzar se requiere ser muy rigurosos en los temas administrativos y técnicos de producción de la vivienda porque parte del reto también era competir de manera eficiente con la construcción privada.

–ÁS–: El Estado, al anunciar la política de las cien mil unidades de vivienda, de alguna manera reconoce el fracaso de su política de subsidios, por lo menos para los estratos más marginales. De las mismas cifras oficiales se puede deducir que hay mucho dinero de los subsidios al que no se accede. ¿Cómo ven ustedes el problema de los subsidios?
–GÁ–: ¿Qué hay detrás de esta política de las 100 mil viviendas gratis? La propuesta tiene unos antecedentes: el primero: la sentencia 3025 del 2004 de la Corte Constitucional, ordenándole al Estado atención integral para la población desplazada, empezando por establecer su adecuado registro. Después de una serie de presiones sobre el Gobierno, estableció 600 mil familias registradas oficialmente como desplazadas, es decir, el Estado reconoce una población cercana a los 3 millones de personas en esa condición.

Llegados a este punto, entonces, la Corte Constitucional le dice a ese mismo Estado que está en la obligación de atender esa población y, entre otras cosas, darle una solución de vivienda.

–ÁS–: El Estado les ofreció subsidios..
–GÁ–: Sí Hasta el 2010-2011, asignó cerca de 80 mil subsidios a esa población, ejecutando una cifra no mayor a 40 mil, por lo que había otros 40 mil subsidios no ejecutados.

–ÁS–: ¿Por qué no se habían ejecutado?
–GÁ–: Porque el subsidio no era equivalente al valor de la vivienda, y pedirle a una familia desplazada que se fuera a conseguir un crédito para completar el pago de una vivienda, es absurdo.
Pero, en segundo lugar, tenemos otro antecedente a esta política: los damnificados de la ola invernal, cerca de 200 mil familias en el último ciclo, familias que tampoco pueden hacer efectivo el subsidio de vivienda que les oferta el Gobierno.

–ÁS–: En estas condiciones, ¿cuál es el déficit de vivienda en el país y los costos que implicaría atenderlo?
–GÁ–: Algunos dicen que tenemos un déficit de un millón, otros lo extienden hasta un un millón y medio de viviendas.

Para atenderlo, países similares al nuestro han requerido invertir en promedio, en un horizonte de mediano plazo, el 3% del presupuesto nacional. Pero vea, Colombia, en su mejor momento, ha destinado tan sólo el 0.03%. Es decir, aquí se necesitaría destinar el 10% del presupuesto Nacional, en un horizonte de 10 o de 15 años. Es decir, invertir 4,5 billones a la vivienda por año, y acá en cuatro años le han invertido 4 billones.

–ÁS–: Además de esta, ¿cuál es la dificultad más grande que enfrentará esta estrategia?
–GÁ–: El problema de tierras, particularmente en Bogotá donde es muchísimo más grave.
Y recuerde algo, cuando se construye vivienda toca pensar en que las familias que van a vivir ahí deben contar con colegios para educar a sus hijos, centros de salud, servicios básicos alrededor de las viviendas por construir, lo cual implica una inversión, en promedio, cercana a un 30-35% de la inversión total que implica la construcción.

ÁS. En Colombia, desde hace mucho tiempo, de manera análoga a como sucede con el campo, se habla de reforma urbana, pero nunca se ha llevado a cabo. La sensación de escasez generalizada de tierras hace necesaria una legislación muy fuerte sobre las zonas urbanizables, pero ésta no pasa del papel. Ahora se habla de redensificar, como un recurso para obviar el problema de la escasez de tierras urbanizadas no construidas. ¿Cómo ven ustedes ese proceso de redensificación y el uso de los centros históricos de las ciudades para esa propuesta? ¿Realmente es viable?
–GÁ–: La reforma urbana está normalmente asociada a una estrategia de uso racional del suelo urbano. Y nosotros hemos hecho como tres. Y extiendo una conclusión simpática del tema: la Constitución del 91 estableció en su artículo 58, que la tierra como es un bien social, privado, pero de uso social público, podría ser expropiada. La Constitución incorporó el concepto de la expropiación cuando prima el uso social de un bien respecto al interés privado, y eso duró unos pocos años en la Constitución; rápidamente aprobaron reformas constitucionales (gobierno de Pastrana) que desaparecieron de la Carta el concepto de expropiación.

¿Por qué era importante el concepto de expropiación? Porque es la única manera como el Estado puede intervenir suficiente y adecuadamente ese bien que se llama tierra, para ponerlo en función social. A pesar de seguir hablando de expropiación lo que en realidad existe es una obligatoriedad de venta.

Recientemente se habla de redensificar las zonas urbanas ya desarrolladas, creo que es viable, me parece un camino conveniente. Lo que pasa es que eso tiene una serie de complejidades adicionales que hay que analizar. Efectivamente hay tierras en los centros urbanos que cuentan con los servicios públicos, deterioradas porque no hay un desarrollo urbano que les permita consolidarse. Las experiencias mundiales de los procesos de renovación urbana han tenido dos características: primero, el modelo de expulsión y, segundo, el de incorporación. Si voy a implementar un modelo de renovación y de redensificación urbana sin expulsión, sino con incorporación, tengo que implementar un modelo de organización social.

–ÁS–: Hablando un poco de eso, se alude a las soluciones de vivienda como si esta fuera una cosa completamente independiente de la vida cotidiana de las personas, como si no tuviera nada que ver con su dimensión como ser humano. Uno ve que la VIS o VIP está diseñada prácticamente como si se tratara de un reclusorio, ¿no es momento de empezar a hablar no simplemente de vivienda, sino de vivienda digna?
–GÁ–: Es que el mercado de la producción de vivienda, como su nombre lo indica, es un mercado y cuando se comporta como tal las variables de humanización o de dignidad desaparecen. El mercado tiene una lógica absolutamente avasalladora, en búsqueda permanente del mayor nivel de rentabilidad posible.

Por ello, la solución al incremento de los costos es reducir cada vez más la calidad de la vivienda. En los años 60 una vivienda en un lote de 60 m2 era considerada pequeña; en los años 80 el lote bajó a los 40 mts., y para el 2000 se llega a los 30 mts, y hoy se producen viviendas en lotes de 28m2 o 26 m2. Esa es la lógica del mercado. La política de vivienda en Colombia, se redujo en exclusivo a un programa de otorgar subsidios. Cuando esto sucede, el resto de los factores quedan en manos del mercado, y la consecuencia de eso es que la calidad de las soluciones siempre va en detrimento.

–ÁS–: Bueno, para finalizar, saliendo un poco del deber ser y aterrizando en la cruda realidad, ¿cómo ven ustedes el futuro de la VIP en el corto y en el mediano plazo?
–GÁ–: Nosotros hicimos un largo recorrido en pro de alternativas, por la vía de los esfuerzos de la economía social y popular, para generar vivienda para la población de menores ingresos. La reflexión que nos hacemos es: ¿Se justifica reemplazar al Estado y hacer lo que éste debería hacer, con todo el poder y la capacidad de intervención que tiene para generar alternativas? Creo que después de la experiencia acumulada lo que hoy debe ponerse al frente son modelos en donde el Estado empiece a cumplir su papel. Forzarlo, pensar en un Estado alternativo que sea capaz de hacer lo que le corresponde.

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Recuadro 

“Hemos propiciado la construcción de 20.000 soluciones de vivienda”

Tradicionalmente, cuando se habla de la construcción de vivienda y de los gremios privados de la construcción se alude a Camacol, pero no se reconoce o no se le da importancia a otras formas alternativas de producción de vivienda, las denominadas Organizaciones o Asociaciones Populares de Vivienda, agremiadas en las Federaciones de Vivienda Popular.

La Federación nacional de vivienda popular (Fenavip) es la organización que en los últimos 15-20 años ha agrupado de manera más significativa a las llamadas Organizaciones Populares de Vivienda, desarrollando de manera legal, organizada y ordenada, y con mayor impacto en el país, la construcción de vivienda popular para los sectores de más bajos ingresos.

En Colombia en los últimos años se han construido –a través de estas formas organizativas– cerca de 20 mil soluciones de vivienda, desarrollas por organizaciones vinculadas a Fenavip. Este inmenso logro no aparece ni en las estadísticas ni en las referencias comerciales del tema de la construcción de vivienda, porque son formas organizativas de las comunidades, a través de modelos solidarios y cooperativos.

Fenavip representa, entonces, a las organizaciones populares de vivienda, orientando su esfuerzo hacia la población que no recibe sino 2 o 3 salarios mínimos, que es el 70 por ciento de la población, pues los asociados en Camacol se dirigen al restante 30 por ciento de la población, la más pudiente.

Ustedes saben que la población más necesitada ha tratado de solucionar de manera directa el inmenso problema de la vivienda. Para ello no dudó en recurrir a opciones ilegales (proyectos conocidos como piratas), con los cuales no pocos constructores y negociantes se hicieron ricos. En esta misma senda optó por las invasiones, a través de las cuales –años 60 y 70–, no pocas familias resolvieron su problema. Pero también tomó cuerpo la organización y desarrollo de proyectos comunitarios y colectivos, construyendo con su esfuerzo viviendas dignas, accesibles, bien hechas, con todos los servicios públicos incorporados: vivienda digna.

Para poder llevar a cabo estos proyectos tomaron forma las Organizaciones Populares de Vivienda y el modelo de autogestión comunitaria. Y la Fenavip, lo que ha sido en cierta forma, es la impulsora de que ese modelo alternativo de economía solidaria, de producción de vivienda legal con estándares de calidad y de legalidad, tome forma. En Bogotá construimos en estos años cerca de 10 mil soluciones de vivienda, sin duda, un resultado de alto impacto para la ciudad.

 

El caricaturista estadounidense Robert Ripley creó en 1918 la modalidad de los “aunque usted no lo crea”, en la que se divulgaban sucesos curiosamente extraños, que además de asombrar buscaban divertir. La última crisis del capital, que parece de nunca acabar, ha sido prodiga en hechos, que para las personas equilibradas parecen increíbles pero no divertidos, por lo que seguramente no hubieran tenido cabida en el periódico gráfico de Ripley.

Los irlandeses, por ejemplo, tuvieron que observar la demolición de un bloque de apartamentos, situado a 115 kilómetros de Dublín (y se espera la destrucción de muchos más), en el verano que está concluyendo, porque no tenía comprador y, además, terminaron enterándose que en su país, que apenas cuenta con 4,5 millones de habitantes se habían construido, entre 1995 y 2005, 550 mil unidades habitacionales, y 1.850 proyectos inmobiliarios habían quedado inconclusos, siendo su derribamiento el destino más apropiado que el capital les depara. Las garras del “tigre celta” (así llamaron los economistas oficiosos a Irlanda en la época de la bonanza artificial), que por lo visto eran de ladrillo, hoy son demolidas sin que nadie se escandalice por el despilfarro que la economía de mercado y el “eficiente” sector privado terminan cargando sobre las espaldas de la sociedad.

Lo peor, sin embargo, es que esos proyectos han sido asumidos por los llamados “bancos malos” (lo que sin duda parece una redundancia), que son aquellas entidades que constituyen los Estados para comprar los denominados “activos tóxicos” (invendibles), y que en realidad son bodegas de “basura” financiera, de la que se espera recuperar algo en plazos que van hasta los quince años, y que pagados con dineros públicos “rescatan” a los inversionistas fracasados.

En España, que está repitiendo la historia irlandesa, se estima que en el último año se han dado 60.000 desahucios, mientras más de 3 millones de casas permanecen vacías. Los “ocupas” de las llamadas “corralas” han acuñado el lema de “ni gente sin casa ni casas sin gente”, cuyo parafraseo ha servido de título a esta nota. Lo aberrante de la situación, es que la reciente aprobación del “banco malo” español se ha acompañado de opiniones que ven en la destrucción del “exceso de oferta” inmobiliaria, a través de la demolición de lo construido, un hecho “normal”. Y ya raya a lo obsceno que eso suceda en un mundo en el que cerca de mil millones de personas habita en tugurios.

¿Qué pasa en nuestro vecindario?

Según ONU-Habitat, América latina es la región más urbanizada del mundo, con cerca del 80 por ciento de personas viviendo en las ciudades, casi el doble de los índices de África y Asia, y también superior a los registros de los países del centro capitalista. Esa urbanización, sin embargo, no ha sido consecuencia directa de una robusta tecnificación del campo, y por tanto de una menor necesidad de fuerza de trabajo en ese sector, sino de un inveterado extractivismo (en lo esencial de tipo minero), que forzó tempranamente una tercerización de la economía (aproximadamente el 70% de la población se ocupa en la actualidad en el sector servicios) en la que las actividades comerciales se constituyeron, desde los inicios, en el eje del mercado interno.

Estas urbes sui generis, son las más inequitativas del planeta y las más peligrosas, pues la región es la que presenta la tasa de homicidios más elevada del orbe, 20 por cada 100 mil habitantes, cuando el promedio mundial es de siete, para esa misma proporción. El 39% de los habitantes de nuestras ciudades (111 millones de personas) vive en tugurios, como consecuencia de los bajos ingresos y el elevado peso de las informalidad laboral que varía en un amplio rango que va desde el 30% en Chile hasta el 60% en Colombia.

Para 2010, más de 10 millones de habitantes de América Latina carecía de agua potable y 74 millones no contaban con instalaciones mejoradas de saneamiento, y pese a que el 97,5% de personas accede a agua mejorada, el 25% lo hace a través de conexiones clandestinas o mercados informales. En Chimbote, ciudad del Perú, en marzo de este año, habitantes de la zona invadieron el cementerio para improvisar sus viviendas allí, en un inédito “desahucio” de muertos como una muestra más que el formato de Ripley es un marco muy estrecho cuando se trata de observar las consecuencias de las lógicas del capital.

¿Y qué en nuestro patio?

El gobierno colombiano promulgó este año la ley 1537, en la que por primera vez se reconoce la necesidad de suministrar vivienda totalmente subsidiada a los sectores más vulnerables de la población. Con eso no sólo se terminó aceptando el fracaso de la estrategia de los subsidios como política para proveer de vivienda a los grupos de más bajos ingresos, sino que se pretende dar impulso a una de las “locomotoras” varadas de Santos.





El anuncio de la construcción de 100 mil viviendas para ser entregadas de forma gratuita, debe servir para dimensionar un problema que como los de la gran mayoría de éste país, ha sido velado por la prensa y esterilizado por la academia que aceptan, sin más, que en vivienda se invierta tan sólo 0,51% respecto del PIB, mientras que para seguridad se destine el 5,3%. Se estima que el déficit cuantitativo de viviendas en Colombia es de 1.300.000 unidades, y que el cualitativo agrega 2.500.000 viviendas a las carencias, para un total del 36% de los hogares colombianos habitando en malas condiciones. Lo que prueba que el gesto del gobierno no puede considerarse siquiera la cuota inicial para acercarnos a la solución del problema.

Que para el proyecto de viviendas totalmente subsidiadas, Bogotá no haya podido ofrecer un terreno adecuado porque el área de Campo Verde, situada en la confluencia de los ríos Tunjuelito y Bogotá, haya resultado zona de inundación no mitigable, cuando tenía un plan parcial de desarrollo urbanístico aprobado, es tan sólo una pequeña muestra de cómo la mercantilización de un derecho humano como el techo, acaba creando situaciones aberrantes en todas partes del mundo. No sólo las condiciones arquitectónicas de la vivienda popular son violatorias de los derechos humanos, sino que su ubicación hace a sus habitantes altamente vulnerables a los accidentes naturales.

Según la CepalL, en Colombia, entre 1990 y 2007, el porcentaje de hogares que se declaraban propietarios de sus casas descendió 12,5%, revelándose un fenómeno de expropiación que puede considerarse paralelo al del campo y del que muy poco se habla. El país es el que muestra el más alto porcentaje de personas viviendo en arrendamiento en toda la región, estimándose en 38% la proporción de hogares en esa condición (en 2003 eran el 33%). Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), tan sólo el 15% de los hogares colombianos tiene capacidad para cubrir los costos de una hipoteca, y el 25% de quienes emprenden la compra de vivienda ven seriamente comprometida la satisfacción de las demás necesidades.





De los 12,3 millones de hogares colombianos, 5,3 millones (43%) no tiene posibilidad de acceder a vivienda propia. Según la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), a comienzos de 2008 la oferta de Vivienda de interés prioritario (VIP), que es aquella cuyo costo no supera los 70 salarios mínimos mensuales legales vigentes ($39’669.000 en la actualidad), representaba en promedio el 10% de la oferta total de unidades, mientras que para fines de 2011 caía a su nivel más bajo representando tan sólo el 2% de ese total. En la gráfica se puede observar que los metros cuadrados licenciados para construir vivienda de interés social han permanecido estancados, al tiempo que los dirigidos hacia los grupos con mayor capacidad adquisitiva se multiplicaban por cinco.

La caída del crédito inmobiliario y la indiscutible tendencia hacía el arrendamiento como forma de tenencia, indican claramente la obligada renuncia social de las clases marginadas a la propiedad. Esa tendencia no es reciente, si observamos que los créditos hipotecarios al principio del siglo representaban el 31% del total de créditos, mientras que en la actualidad alcanzan tan solo el 7,6%.

El despojo patrimonial de los sectores populares es, entonces, innegable y prueba que la concentración de la riqueza en pocas manos se ha acelerado a un ritmo sin antecedentes, así como que dejarle al mercado la asignación de las cosas fundamentales de la vida es un despropósito que ya se manifiesta en los hechos más absurdos.

Hemos visto ahogar o enterrar vivos miles de pollos recién nacidos, derramar millones de litros de leche, destruir miles de toneladas de alimentos procesados, y hoy asistimos al derribo de edificios que ni siquiera fueron estrenados, todo eso en nombre del “exceso de oferta” ¿Qué pensar, entonces, cuando los académicos oficiosos empiezan a hablar de exceso estructural de fuerza de trabajo? ¿Significará el regreso de la eugenesia? No olvidemos que cuando la política y el mercado necesitaron “soluciones finales”, la academia estuvo presta a alinearse para legitimarlas. Los nombres de Heidegger y Heisenberg, fueron un buen ejemplo de eso en la Alemania de la segunda guerra mundial.

Lo que está en juego es la vida de millones de personas, y lo que no podemos permitir es que la destrucción masiva de riqueza nos parezca algo “natural”, y que en nombre del “equilibrio macroeconómico”, “sinceramiento de los precios” y otras expresiones similares de una pseudo-ciencia como la economía convencional, terminemos aceptando el sacrificio de grandes grupos de la población como si se tratara de algo inevitable y conveniente.



 

El X-51A WaveRider debería de haber volado a velocidad hipersónica durante 300 segundos para sumergirse después en el Océano Pacífico. Aunque las mismas fuentes no pudieron dar información sobre los resultados obtenidos, de haber sido realizado con éxito, la nave debería haberse destruido durante la prueba, haciendo imposible su recuperación, pero los ingenieros podrían utilizar todos los datos registrados durante el vuelo para el desarrollo de la tecnología hipersónica en usos militares.

El vuelo de prueba X51A ha sido el tercer experimento de un programa que comenzó en el año 2004. El primer Waverider, construido por Boeing, fue probado en mayo de 2010 a 3.500 kilómetros por hora durante 143 segundos, antes de que un fallo técnico pusiera fin a la prueba antes de tiempo; así como el segundo, que fue ejecutado en junio de 2011 y también terminó antes de lo esperado aunque éste sí generó datos concretos.

La Fuerza Aérea tiene previsto desarrollar y utilizar tecnología hipersónica para trasladar misiles o aviones a cualquier parte del mundo en cuestión de minutos en lugar de horas, con el objetivo de no dejar tiempo de reacción al enemigo. Además de la velocidad, las aeronaves hipersónicas volarán a gran altura fuera del alcance del fuego enemigo o un misil.

La NASA y el Pentágono están financiando tres centros nacionales en el país para estudiar el vuelo hipersónico. El programa WaveRider costará 140 millones de dólares según las estimaciones de la página especializada en desarrollo militar, Globalsecurity.com.

El avión no tripulado experimental X-51A WaveRider, una aeronave hipersónica capaz de sobrevolar el Océano Pacífico a 5.793 kilómetros por hora, ha sido puesta a prueba este martes por el Pentágono en un vuelo "clave" para el desarrollo de su tecnología, según una fuente del Departamento de Defensa.

Desde un hangar de la Base Edwards de la Fuerza Aérea estadounidense en el desierto de Mojave (California), un equipo de ingenieros aeroespaciales ha puesto a punto el aparato, que podría recorrer la distancia entre Nueva York y Londres en menos de una hora.

El proyecto, desarrollado por la Agencia Espacial estadounidense (NASA) y la Agencia de Investigación de Proyectos Avanzados de Defensa de EEUU (DARPA), se ha puesto a prueba mediante el anclaje del X-51A Waverider al ala de un antiguo bombardero B-52.

Parece increíble. Justo cuando la crisis apunta a la bancarrota de los modelos y las recetas económicas desde arriba, cuando las supuestas bondades del "libre comercio" y del crecimiento sinfín quedan al desnudo, y mientras resulta que lo que falta es más democracia, hay donde se pretende construir realidades sociales con base en aquellos elementos ideológicos.

Es el caso de las llamadas ciudades modelo (charter cities), enclaves privados de industria, comercio y finanzas con sus propias leyes, sistema fiscal, policía, etcétera, que el gobierno hondureño quiere poner bajo la supervisión de su promotor, el economista estadunidense Paul Romer.

Al final es él quien acuñó aquel dicho que cobró vida entre los políticos y economistas neoliberales: "una crisis es algo que es terrible desperdiciar".

Teórico del "modelo endógeno del crecimiento económico" y de la "nueva teoría del crecimiento" que enfatiza la importancia de las "ideas" para el desarrollo, Romer dice a los países pobres que su problema son las "malas reglas" y la falta de "libertades para crear riqueza". Y da su receta, un modelo para armar: una ciudad al estilo de Hong Kong o Singapur, construida desde los cimientos y basada en "buenas reglas" que garantizan inversiones (o sea democracia restringida, flexibles normas laborales, sueldos mínimos, acceso ilimitado a los recursos naturales).

Casi lo logró en Madagascar, pero lo frenó el golpe de Estado a principios de 2009 (ocasionado, entre otros, por los planes gubernamentales de vender la tierra cultivable a las compañías extranjeras). Pero el otro golpe en Honduras en junio de 2009 le dio otra oportunidad: los golpistas que desde la deposición de Manuel Zelaya emprendieron una política de despojo, a fin de entregar el país al capital privado, se enamoraron de sus ideas.

En enero de 2011 el Congreso cambió sin ninguna consulta la Constitución para crear las Regiones Especiales de Desarrollo (RED), donde se construirán las ciudades. Cada una ocupará unos mil kilómetros cuadrados y albergará unos 10 millones de habitantes (toda Honduras tiene ocho...).

Habrá al menos dos. La primera en Trujillo, en el norteño departamento de Colón (nombrado tras el famoso navegante que allá tocó la tierra). El problema es que es un territorio del pueblo garífuna, que tras su expulsión de San Vicente, en 1797, pobló las costas del Caribe mesoamericano conservando el idioma y tradiciones de los arawak, caribes y de los esclavos africanos.

"Hay muy poca información, pero por lo que ya sabemos, no nos gusta nada la idea. Aquí no habrá trabajo. Las empresas traerán a su propia gente", me dice Evaristo Pérez, maestro de la secundaria, coordinador de la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh) y director de una radio comunitaria en Trujillo.

"Tampoco se nos ha consultado, tal como lo estipula el Convenio 169 de la OIT, al respeto de los pueblos indígenas", añade, ya que las autoridades ven a los garífunas como afrodescendientes (además de la RED sus tierras están amenazadas por un megaproyecto turístico Banana Coast).

Para Ofraneh las ciudades modelo son una vuelta al colonialismo: una "resurrección de William Walker" (filibustero que establecía republiquetas privadas en la región y terminó fusilado en Trujillo en 1860) y una nueva modalidad de la "república bananera" (término acuñado por O. Henry en Cabbages and kings, 1904, de hecho luego de vivir en Trujillo), un Estado servil y dependiente.

Y por si fueran pocas las coincidencias, la aprobación de las RED ocurrió un siglo después de la invasión en la bahía de Trujillo perpetrada por el magnate bananero Sam Zemurray y el ex presidente Manuel Bonilla (fundador del Partido Nacional, actualmente gobernante), que entregó el país a las compañías estadunidenses.

Las ciudades modelo no sólo significarán la creciente desmantelación del Estado (la distopía corporativa pretenderá modelar el resto del territorio a su semejanza), sino que su creación es posible gracias a que Honduras después de 2009 se volvió un Estado disfuncional, sumergido en la violencia política y criminal.

En este sentido, ¿no será que las "malas reglas" que impiden su desarrollo, tienen que ver más que con el déficit del clima pro negocios, con la falta de las libertades democráticas y la dominación de la oligarquía que inspiró el golpe?

Como subrayan varios analistas, el capitalismo que parecía "casado" con la democracia hoy prescinde de ella para garantizar mejor la acumulación del capital. Es el caso de la crisis y sus "soluciones" y sobre todo de Singapur, que forjó el modelo del "capitalismo autoritario", admirado por Romer y por los políticos hondureños que quieren emularlo (lo hizo, por ejemplo, China).

Según Peter Sloterdijk, si a alguien en el futuro se construirán los monumentos es al ex primer ministro singapurense Lee Kuan Yew, su artífice.

No extraña que también libertarianos, fans de Ayn Rand, que creen que el capitalismo es incompatible con la democracia (y optan por el primero), están haciendo cola para echar una mano en la construcción de las ciudades modelo, un monumento tanto a las nefastas tendencias actuales del capitalismo como a su oscuro pasado colonial.

*Periodista polaco. Desde Trujillo.

El 9 de marzo Bogotá se conmocionó. No fue para menos. Desde primeras horas de la mañana, una ola de inconformidad se extendió sobre Transmilenio, en lo fundamental, en la avenida Caracas.

De manera coordinada, centenares de estudiantes de secundaria, acompañados por núcleos estudiantiles del Sena, y en algunos sectores por pequeños focos universitarios (Pedagógica y Distrital), así como por población en general, se congregaron en puntos previamente seleccionados. Es así como ocuparon las estaciones de la calle 72, 53, 45, 39, y otras más.


La razón de la protesta no es ajena para nadie en la capital del país: el transporte público articulado, sobre el cual se han gastado miles de millones de pesos, diseñado y dispuesto –a pesar del inmenso gasto público– para beneficio de unos pocos empresarios del transporte, está colapsado: la incomodidad a la hora de abordarlo, las largas esperas para poder acceder al mismo, el alto costo de su tarifa (300 pesos más que los buses y busetas tradicionales), la lentitud del servicio (sobre todo por la avenida Caracas, traducida por el deterioro de las losas en una verdadera trocha), todo ello ha colmado la paciencia de la población que lo utiliza, y ha creado un ambiente favorable a la protesta y la exigencia.


La inconformidad se sentía crecer con fuerza. Semanas antes los bloqueos para interrumpir el servicio se hicieron comunes. Sabotajes de unos cuantos minutos, en la mayoría de los casos de una hora, y en una ocasión de cinco. Pero el nueve de marzo la protesta, ampliada por la ocupación de estaciones, el enfrentamiento con antimotines y el Esmad, el saqueo de cajas con dinero, etcétera, se extendió durante todo el día. Nueve horas para ser más precisos, obligando a la administración distrital a cancelar el servicio por la avenida ocupada los manifestantes.


Llama la atención que la jornada de protesta, anunciada por redes sociales, sin sigilo alguno, sorprendiera a la administración bogotana, la cual demostró una total subestimación de lo anunciado, calculando sin duda que la misma no pasaría de algunos bloqueos momentáneos de la vía. Pero no fue así. Tal vez superando lo calculado por los propios organizadores, la jornada fue mucho más allá, logrando enlazar en una misma acción sectores poblacionales cansados totalmente con el servicio Transmilenio (el cual no deja opción de competencia en muchos de los barrios de la ciudad, y por lo tanto hay que abordarlo gústese o no), con sectores decididos a tumbar al nuevo alcalde capitalino. Así las cosas, para sorpresa de muchos, la contundencia de la acción logra romper la misma ecuanimidad del alcalde, que al recibir los reportes de los bloqueos en creciendo, rompió en señalamientos y acusaciones.


Un comportamiento salido de tono y de toda explicación, ya que unos días antes el mismo funcionario había criticado los contratos firmados por administraciones anteriores, los cuales permitieron el prolongado abuso de algunos comerciantes del transporte (lo que hace necesario su renegociación), beneficiándose del monopolio sobre el servicio del transporte en amplios sectores de la ciudad, con tarifas costosas, las mismas que también el alcalde ha dicho en repetidas ocasiones que deben reducirse, al estar infladas en 456 pesos. Para darle paso a esto, buscando mejorar el servicio, un día antes la misma alcaldía había instalado los comités de usuarios del Transmilenio por localidad.


Es decir, el principal funcionario público de la ciudad contaba con toda la información y los antecedentes para neutralizar con argumentos y acciones la protesta que rompía la ciudad por la avenida Caracas. Pero para sorpresa no lo hizo, sino que se destempló en alegatos virtuales.

Un error garrafal, pues una de sus principales funciones es educar políticamente, es propiciar organización social, es motivar la apropiación y defensa de lo público por parte de la ciudadanía en su conjunto, señalando con toda claridad el o los enemigos a confrontar en cada momento. En este caso, las empresas que se han apropiado del transporte público de la ciudad, monopolizándolo, obligándolos a renegociar los acuerdos, pero al mismo tiempo, creando las condiciones para que la ciudad se haga a la totalidad del servicio, que como se sabe es de carácter estratégico, bien en la perspectiva de calidad de vida de sus habitantes, bien en las mismas finanzas de la urbe.

Pero olvidado de esto, actuando como si fuera un individuo y no un colectivo que tendría que estar reunido de manera extraordinaria en Consejo de Gobierno, se enfrentó y se expuso de manera descontrolada a sus contradictores. En ese trance, se olvidó del derecho a la protesta y la rebeldía anti estatal, que él mismo promulgó –con armas en la mano– décadas atrás.

Así, en un trance de acción individualista que devela lo que tanto le han criticado en otros escenarios –su liderazgo individualista–, perdió lo ganado unos días atrás, al dar señales inequívocas de que el servicio Transmilenio, su tarifa y contratos, hay que mejorarlos en beneficio de toda la ciudadanía.

Pero no sólo se equivocó él, también le sucedió a quienes, consciente o inconscientemente, impulsaron la jornada de protesta –o colaboraron a su radicalización– y la llevaron hasta el extremo de la denuncia del alcalde como un neoliberal sin posibilidad de corrección.

Los que así actúan se equivocan de cabo a rabo, toda vez que el enemigo principal no es el alcalde, el cual –y su administración– ha dado muestras innegables de querer llevar a cabo una administración de puertas abiertas, dialogada, movilizadora de la ciudadanía para enrutar la urbe en muchos de sus destinos controlados –a pesar de las dos administraciones del Polo– por los mismos de siempre.

La oportunidad es única, y se debe actuar. Con los ciudadanos indignados se debe iniciar un proceso de debate sobre las posibilidades técnicas de aquellas medidas susceptibles de ser implementadas en el corto plazo, y cuyo objetivo no puede ser distinto al de paliar algunos de los efectos más nocivos del sistema de transporte vigente. Y, diferenciarlas de aquellas estructurales, y de largo plazo, en las que la consideración y valoración del tiempo y confort de los usuarios del transporte público sean de verdad el centro de la acción.

Y hay espacio para actuar. Si más del 60 por ciento de los viajes del transporte masivo los cubren aún los buses y busetas, es claro que buena parte de la solución a los problemas de movilidad residen en una regulación fuerte de la forma como circula y es utilizado esta parte del parque automotor. Revisar el proceso de sectorización de la ciudad y racionalizar el uso de estos vehículos no puede ser una tarea imposible. Es claro que el uso de las vías públicas ha sido un ejemplo de que lo privado no es, por principio, superior a lo estatal ni a lo colectivo, y ya va siendo hora de demostrar que el ejercicio del poder en función del interés ciudadano es posible entre nosotros. Y se puede actuar.

Para este tipo de giros hay espacio, apoyo y simpatía en el país, así lo demostraron quienes protestaron el 9 de marzo. Un giro que rompería con la imposición de los comerciantes del transporte, que por décadas han impuesto sus intereses –con el beneplácito estatal–, perjudicando a la mayoría. Ya es hora de revertir la situación.

No hay que olvidar que en el caso del transporte de pasajeros, en Colombia se llevó a cabo una privatización temprana que nunca permitió implementar soluciones colectivas. El desmonte de los ferrocarriles en la comunicación intermunicipal y la ausencia de sistemas de gran escala en las ciudades, no son un producto del azar, sino de la parcelación de un mercado y su entrega a cotos de caza privados que los han usufructuado en su beneficio. ¿No es hora de pensar en grande? Pues bien, cuando decimos –pensar en grande– no nos referimos a la monumentalidad de la intervención, sino a la utilidad y objetivo de la misma, es decir, a la primacía del interés social sobre el particular.

En esta lucha, y como lo enseña la Ciencia Política, no hay que olvidar que en un territorio dado cada periodo señala con claridad el enemigo por enfrentar, sobre el cual se deben concentrar todas las fuerzas de quienes son sus opositores. Ese es uno de los axiomas de esta Ciencia. La pregunta es obvia: ¿en Bogotá y en el actual periodo, para los sectores que se autodefinen como de izquierda, el enemigo principal es el actual alcalde?

Si alguien así piensa, no hay duda que está totalmente errado. Si se evalúa lo sucedido el 9 de marzo, la manera como se desenvolvieron los hechos, no queda duda que allí aprovecharon, para atizar lo que ya había tomado cuerpo, sectores de derecha, accionando hasta crear o propiciar caos. Si así fuera, no es ilógico preguntar, ¿por qué sucedió esto? Pero además, ¿quién se beneficia en mayor medida de lo ocurrido?

Los hechos ya están consumados, y lo único que queda por hacer de parte de las fuerzas políticas es valorar el escenario y tomar decisiones colectivas sobre el qué hacer en la coyuntura en que se encuentra la ciudad. La enseñanza de lo que está ocurriendo con Transmilenio –durante 8 años de Polo no se contó con espacio ni voluntad para remediar lo hecho por la administración Peñalosa– es clara: hay que movilizarse por la renegociación temporal de los contratos, por la reducción de la tarifa, por el mejoramiento del servicio en todas sus etapas, y por un viraje estratégico en la propiedad del servicio, hasta hacerlo totalmente de quienes habitan en la capital del país.

Este es el camino por seguir. Errar no es posible en esta coyuntura histórica, pues acá se están definiendo las rutas del mañana. Acrecentar el poder de las clases subordinadas, dar voz e imagen a los invisibles, son las verdaderas tareas de la izquierda y en eso, a pesar de las diferencias que puedan existir acerca de los objetivos específicos o en las estrategias para los logros de lo popular, hay que estar unidos. Las diferencias reales que subsisten al interior de la izquierda no pueden confundirse con los apetitos personales ni llevarla a la inmovilidad ni a favorecer a los amigos del statu quo. Hay un espacio para la grandeza y quienes lo ocupen de verdad serán quienes se inscriban en la memoria de la gente, como hacedores de sociedad y de futuro.