Rousseff dijo que “la razón principal del golpe es impedir a Lula disputar la elección presidencial” , ya que todas las encuestas lo ubican como el líder más popular. La sesión final en el Senado del juicio político contra la presidenta se realizará después de los Juegos.

Dilma Rousseff anunció por primera vez que el ex mandatario Luiz Inácio Lula da Silva será candidato a la presidencia en la próxima disputa electoral. Además, se supo que la mandataria prepara, junto al Partido de los Trabajadores (PT), una carta dirigida al pueblo brasileño en un intento por recuperar la ofensiva contra el juicio político que se le sigue. La sesión final del Senado que definirá el destino de la mandataria se realizará entre el 25 y el 27 de agosto, poco después del cierre de los Juegos Olímpicos, señaló ayer el jefe de la Cámara alta.


En una entrevista con la revista francesa L’Express, Rousseff afirmó: “Esta es, ciertamente, la razón principal de este golpe de Estado: impedir a Lula disputar la elección presidencial; hoy, en las encuestas –a pesar de todas las tentativas de destruir su imagen– Lula continúa siendo la persona más querida, y puedo decirle que él va a disputar la próxima elección”, dijo Rousseff a la revista, pero no precisó si eso ocurrirá en el 2018 o antes.


Al hablar sobre el proceso de juicio político, Rousseff dijo que fue una profunda injusticia la manera en que fue apartada del poder y preguntó: “¿De qué estoy siendo acusada?”. Sostuvo, también, que su crimen fue haber publicado decretos para obtener recursos adicionales para financiar los programas sociales. “¡Eso no es un crimen! Y yo no soy el primer presidente en hacerlo”, protestó, y recordó que el socialdemócrata Fernando Henrique Cardoso publicó 23 decretos similares durante su mandato, entre 1993 y 2001.


Rousseff también fue consultada sobre si no supo nada del esquema de corrupción en Petrobras, cuando fue ministra de Minas y Energía entre 2003 y 2005 y presidenta del Consejo de Administracion de la petrolera estatal entre 2003 y 2010. Dijo que uno de los delatores de la llamada operación Lava Jato reveló que el esquema ocurrió desde 1972 y que es muy difícil de controlar lo que pasa en todas las negociaciones.


La agencia Brasil 247 dio un anticipo de la carta al pueblo brasileño, a la que tuvo acceso la revista económica Valor, que reedita la que lanzó Lula en las elecciones de 2002. En el documento, Rousseff afirma que intentó reconciliar al país después de vencer en la más ajustada disputa presidencial desde la recuperación de la democracia, cuando asumió el programa de gobierno de la oposición y nombró al economista ortodoxo Joaquim Levy como ministro de Hacienda. Sostiene que fue saboteada por la derecha y por las “decisiones-bomba” del Congreso, por lo que promete, si fracasa el juicio político en su contra y regresa al cargo, que retomará el programa que presentó en la campaña electoral, cuyo abandono fue calificado de fraude por sus seguidores y simpatizantes.


La defensa de la presidenta brasileña reiteró ayer, ante una comisión del Senado que analiza la posibilidad de someterla a juicio político, los mismos alegatos rechazados por mayoría en la Cámara de Diputados. La comisión escuchó al abogado general del Estado, José Eduardo Cardozo, y los ministros de Hacienda, Nelson Barbosa, y Agricultura, Katia Abreu, que insistieron en la tesis de que no existe base legal para procesar a Rousseff. El abogado general del Estado reiteró que la nulidad de origen está en el hecho de que el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, a quien la Constitución le reserva potestad de iniciar el proceso contra un mandatario, actuó por venganza al aceptar las denuncias.


El presidente del Senado, Renán Calheiros, puso fin a las especulaciones de que Rousseff podría escuchar la sentencia en su contra durante las Juegos Olímpicos de Río 2016, a disputarse entre el 5 y el 21 de agosto, cuando todas las miradas estarán puestas sobre el gigante latinoamericano. “A partir de hoy (por ayer) se discutirán las pericias técnicas, a continuación irán los alegatos finales con plazos para la acusación y para la defensa, luego votaremos la recomendación de la comisión de impeachment y vendrá el juicio, que deberá realizarse entre el 25 y el 27 de agosto’’, dijo en rueda de prensa Calheiros.


La jornada final del impeachment será conducida por el presidente de la Corte suprema, Ricardo Lewandowski, y marcará el cenit de una encarnizada disputa política que hundió al país en la incertidumbre al ritmo de una crisis económica sin antecedentes en su historia moderna.


El proceso fue abierto en diciembre de 2015, y luego de ser admitido por ambas cámaras del Congreso, pasó a fase de instrucción: recolección de pruebas y testimonios, pericias técnicas y diligencias que realiza una comisión creada especialmente en el Senado. Ese cuerpo legislativo elaboraró una recomendación que será sometida a una primera votación por 81 senadores –prevista para el 9 de agosto– donde deberá cosechar un mínimo de 41 votos (mayoría simple) para que se prosiga al juicio. De aprobarse la continuidad del proceso, tendrá lugar el juicio final –entre el 25 y 27 de agosto– que determinará si Rousseff es destituida en forma definitiva. Para que eso ocurra, será necesaria una mayoría especial de 54 votos (dos tercios). De lo contrario, el caso será archivado.

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Martes, 28 Junio 2016 14:13

Un vuelco en el proceso contra Dilma


El informe técnico del Senado concluyó que la denuncia contra Rousseff no se ajusta a derecho, lo que puede complicar la tarea de destituir a la suspendida mandataria. Y se alzaron las voces que hablan de golpe institucional.


Desde Río de Janeiro


Fue divulgado ayer el resultado del peritaje realizado por técnicos del Senado brasileño sobre los crímenes de responsabilidad que, según la acusación, fueron cometidos por Dilma Rousseff. Y el resultado significó un vuelco en el proceso que tramitan los senadores y que podrá llevar al alejamiento definitivo de la mandataria electa en 2014: los peritos llegaron a la conclusión de que la denuncia no se ajusta al derecho.


Reconocieron que Rousseff emitió tres decretos de “créditos suplementarios” sin previsión en el Presupuesto Nacional y sin la autorización del Congreso. Aun así, no estaría configurado crimen de responsabilidad, una vez que el mismo Congreso autorizó alteraciones en el Presupuesto, amparando de esta manera los decretos presidenciales.


De inmediato los que se oponen al juicio abierto en el Senado reforzaron sus denuncias de que efectivamente se trata de un golpe institucional, y reiteraron que no existen razones legales para alejar a la presidenta de su mandato conquistado en las urnas.


Hace algunos días, durante una de las sesiones de la comisión especial del Senado que examina el juicio, la senadora Rose de Freitas, aliada al vicepresidente en ejercicio, Michel Temer, había reconocido, con todas las letras, que la verdadera razón del alejamiento de Rousseff era que “ella ya no tiene condiciones de gobernar”.


La Constitución no prevé, en ninguno momento, que por tal motivo sea posible interrumpir un mandato alcanzado por el voto popular, y Rousseff obtuvo 54 millones de ellos.


Para los que critican el gobierno interino acusándolo de ser ilegítimo, está ahora claramente configurado que se trata de un golpe, y la denuncia presentada no se sostiene bajo ningún otro punto de vista. Sin respaldo constitucional, no hay cómo legitimar el interinato que Michel Temer ejerce con poderes imperiales.

Ayer mismo Rousseff anunció que pretende intensificar los encuentros con centrales sindicales y movimientos sociales, buscando respaldo para su propuesta de realizar un plebiscito tan pronto reasuma su mandato, para que se realicen nuevas elecciones presidenciales. Antes, deberá reunirse hoy mismo con la Ejecutiva del PT para detallar la estrategia a ser adoptada. De momento, la iniciativa enfrenta resistencias, especialmente en la poderosísima Central Única de Trabajadores (CUT), muy allegada al PT. Otro importante movimiento, el de los Sin Tierra, también resiste a la propuesta.
El ex presidente Lula da Silva, por su parte, viene insistiendo cada vez más en la necesidad de que las fuerzas que resisten al golpe encabezado por Michel Temer presenten propuestas concretas, en lugar de esperar que nuevas denuncias de corrupción inviabilicen de una vez el gobierno interino.


Lula considera que la eventual realización de nuevas elecciones sería una ‘salida legítima’ para la actual crisis, que parece sin fin: encuestas de opinión pública, cuyos resultados también fueron divulgados ayer, indican que 70% de los entrevistados son contrarios a la permanencia de Temer en la presidencia.


Es fácil imaginar qué pasará cuando, con semejante índice de reprobación, Temer anuncie la implantación de medidas drásticas, como la reducción de derechos laborales, cambios violentos en el sistema de jubilaciones, recortes en los recursos destinados a salud y educación, entre otras que reposan sobre su mesa a la espera de obtener seguridad de su aprobación en el Congreso.


La generosa distribución de cargos, puestos y presupuestos a diputados y senadores forma parte de la doble negociación llevada a cabo por Temer y sus aliados. De un lado, está la necesidad de asegurar que las medidas impopulares sean aprobadas. Y de otro, conquistar previamente el respaldo seguro de 54 senadores para que Rousseff sea definitivamente destituida y tenga sus derechos políticos suspendidos por al menos ocho años.


Temer tiene prisa. Ayer, mientras se conocía el laudo que puede complicar la tarea de destituir en el Senado a la presidenta electa, el interino se reunió con sus principales ministros para anunciar una determinación más en lo que parece una política de tierra arrasada contra todo lo que se hizo en los últimos trece años y medio.


La nueva orden del interino es radical: privatizar todo. Y por todo, se entiende todo. De inmediato, autopistas, puertos, aeropuertos, energía eléctrica, sistema de suministro de agua, saneamiento público. No quedó dicho, pero sí está implícito que luego los activos de la Petrobras entrarán en la lista.


Con eso, Temer busca el respaldo aún más amplio del sacrosanto mercado financiero. Y, al mismo tiempo, hacer con que los senadores que se declararon proclives a cambiar su voto original y reconocer el derecho de Rousseff reasumir la presidencia se mantengan favorables al golpe institucional. ¿Cómo? Demostrando fuerza política.


Si muchas de las medidas adoptadas por el presidente interino en ese corto espacio de tiempo son reversibles y el golpe fracasa, otras podrán ser irreversibles. Temer y los defensores de la aplicación radical de la receta neoliberal tienen prisa en implantarlas. Los que resisten al golpe tratan de impedir que eso ocurra.

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José López, exsecretario de Estado de Obras Públicas en Argentina, escondía grandes cantidades de dinero, armas y relojes en un convento

 

El episodio fue un Berlanga de ocasión: en los suburbios turbios de Buenos Aires, una noche de invierno, un señor bajito se baja de un gran coche con varios bolsos en las manos, trastabilla, toca el timbre de un convento; espera, nervioso, no le abren. En el monasterio de las Hermanas Orantes y Penitentes de Nuestra Señora de Fátima viven tres monjas muy viejitas, con problemas de sueño: suelen tomar pastillas. El señor, desesperado, lanza los bolsos sobre el muro, salta; un vecino lo ve y, preocupado por las monjitas, llama a la policía. Suenan sirenas, llegan dos patrulleros, el señor sale, se identifica: es José López, secretario de Estado de Obras Públicas durante los Gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández. La policía le pregunta qué hay en esos bolsos; nada, unos papeles. Los abren: los fajos de dólares rebosan. El señor exsecretario les ofrece dinero para que olviden y se vayan: es el procedimiento acostumbrado. Por alguna razón no se lo aceptan.


En los bolsos había 90 kilos de billetes: nueve millones de dólares, euros, yuanes, relojes de lujo, una ametralladora; ahora José López está preso y su abogada —una cantante de cumbia que se ha hecho fotos con poca ropa en revistas al uso— lo quiere hacer pasar por perturbado. El que está perturbado por el hecho es el país: la farsa trágica del convento de Fátima parece ser el desastre final del kirchnerismo. Hay quienes lo celebran: el Gobierno y sus defensores, por supuesto. Pero también la izquierda, las fuerzas que buscan algún cambio.


El kirchnerismo fue lo peor que le pasó a la izquierda argentina desde la dictadura militar. No sólo terminó convenciendo a millones de votar a la derecha y el centro –en las últimas elecciones, el 90 por ciento de los argentinos lo hizo– sino que volvió sospechoso cualquier discurso de justicia social, redistribución de la riqueza y otras aspiraciones: los usó como pura retórica mientras mantenía las injusticias y la pobreza, y ahora suenan a chistes gastados. Pero, sobre todo, arrastró tras de sí a miles de jóvenes bienintencionados, desvió las energías de cambio de toda una generación y las puso al servicio de sus falsificaciones.


La farsa Fátima ha dejado, por fin, completamente al descubierto la gran farsa. Pocos imaginan que López, que formó parte del círculo íntimo de los Kirchner desde 1994, haya podido actuar sin su aprobación. Acorralada, Cristina Fernández ahora se empeña en demostrar que no es ladrona sino tonta: que sus funcionarios más cercanos robaban sin parar y medio país lo sabía pero ella no. Sea lo uno o lo otro, su tiempo terminó.


Ya se ve: sus seguidores más conspicuos hablan de desaliento, indignación, vergüenza. Se pasaron 12 años sin querer creer que sus jefes no hacían lo que decían y hacían sobre todo lo que no podían decir. Se escudaron, para eso, tras el argumento de que las denuncias eran infundios de la maldita prensa; ahora, la imagen del secretario saltando la tapia mata cualquier excusa.


El hormiguero después de la patada: el resultado de la farsa Fátima será, a mediano plazo, mucha energía social en busca de caminos nuevos, muchos jóvenes que quisieron creer mascando su desaliento y pensando si podrán volver a creer y, en tal caso, qué. Donde se alzaba un muro ahora hay un espacio abierto, las posiciones empiezan a redefinirse. En unos años sabremos cómo será el nuevo capítulo que los 90 kilos de billetes del señor bajito están abriendo en la política argentina.

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Sábado, 18 Junio 2016 08:31

Volver, como sea, al gobierno

Retornar al gobierno es la principal estrategia trazada por los dirigentes del PT. La fecha clave es agosto, cuando el Senado debe votar la destitución definitiva de Dilma Rousseff PT en Brasil. Plazos demasiado cortos para un objetivo ambicioso.

 

“Derrotar el golpe para restaurar la democracia con grandes movilizaciones en la calle.” Palabras más o menos, es la estrategia trazada por el Partido de los Trabajadores (PT) para los próximos meses, según el relato de Miguel Rossetto, ex ministro y dirigente petista, a los medios y organizaciones sociales montevideanos. “Los golpes pueden ser derrotados”, dijo el dirigente, que visitó Montevideo en los últimos días.


Desde 2003 Rossetto fue ministro de Desarrollo Agrario de los gobiernos de Lula y Rou-sseff. Antes se había incorporado al ala trotskista del PT. Forma parte de Democracia Socialista, una de las corrientes más importantes del partido, arraigada con fuerza en Río Grande del Sur y que cuenta entre sus líderes más destacados al ex alcalde de Porto Alegre Raúl Pont. De algún modo, Rossetto pertenece a los sectores que pueden ser considerados como el ala izquierda del PT.


Llegó a Montevideo con el objetivo de difundir la situación de su país y, de modo especial, para defender la idea de que no habrá democracia hasta tanto la presidenta Rousseff no sea repuesta en el cargo, algo que puede suceder en el mes de agosto si se modifica la relación de fuerzas que llevó a 55 senadores, el 12 de mayo pasado, a separarla de la presidencia por 180 días,.


Estrategia para dos meses.


Rossetto se muestra optimista, por lo menos ante Brecha, a la hora de trazar el futuro inmediato. “Se trata de construir opinión democrática movilizando a la sociedad brasileña en las calles para generar la base política que permita revertir el golpe. Todos los esfuerzos del PT y de los partidos democráticos son para seguir en la calle con manifestaciones que son enormes, ampliar el diálogo con los senadores para impedir la construcción de una mayoría para el apartamiento de Dilma y conseguir el aislamiento internacional del gobierno ilegítimo de Michel Temer”.


Según Rossetto, el PT es responsable ante el pueblo brasileño, que escogió a Dilma con 54 millones de votos para presidir el país durante cuatro años, por lo que considera que su retorno al Palacio de Planalto es innegociable. “La democracia en Brasil depende de la derrota del golpe”, asegura el dirigente. Cree que es posible derrotarlo porque en Brasil estaría creciendo la opinión democrática que “rechaza al impostor Temer y a un gobierno marcado por la corrupción que ya tiene dos ministros separados por corrupción y que además desorganiza las políticas públicas y los programas sociales”.


Rossetto asegura que “una parte de los senadores ya anunciaron que no están comprometidos con sacar a Dilma del gobierno, y sabemos que algunos rechazan su salida definitiva”. Además de volver al gobierno se trata de “crear las condiciones para poder gobernar”. Eso pasa por un “diálogo con la sociedad” que tarde o temprano debería cuajar en una reforma política, porque la izquierda considera que el sistema de representación política fracasó en Brasil, sobre todo por la financiación empresarial de las campañas electorales.


En este punto, Rossetto debe responder por qué razones habría de hacerse ahora una reforma que el gobierno del PT no consiguió plasmar en 12 años. “Es el financiamiento empresarial lo que creó un Congreso donde dominan las bancadas más conservadoras”, señala en referencia a la “triple B”, las bancadas de la bala, la Biblia y el buey, hegemónicas en el parlamento más conservador desde el retorno de la democracia, con fuerte presencia de evangélicos, de defensores de la pena de muerte y del agronegocio.


Pero no resulta sencillo explicar cómo se puede crear una nueva relación de fuerzas, justo ahora que los conservadores son fuertes y la izquierda está en franco retroceso. Más aun cuando el PT se propone no sólo generar las condiciones para la reforma política sino también para la democratización de los medios de comunicación, “que censuran la realidad brasileña y perjudican la democracia”. Rossetto sostiene que “los medios eliminaron la agenda democrática nacional” y que resulta urgente resolver esta cuestión porque la sociedad tiene “derecho a la información democrática”.


Demasiadas incertidumbres


La dirigencia del PT parece acertar en la descripción de la situación actual, pero no logra convencer en cuanto a los caminos para resolverla. La propuesta de Rossetto es calcada de la que defiende Emir Sader, uno de los intelectuales fieles al partido. En su opinión, se trata de llegar al 16 de agosto (fecha de la votación decisiva en el Senado) con la capacidad de impedir que los partidarios del impeachment obtengan dos tercios de los votos.


Sader razona que se puede cambiar la relación de fuerzas mediante un plebiscito para que la población decida si quiere nuevas elecciones presidenciales. Pero esa convocatoria debe contar con el apoyo de la mayoría del Congreso. “Es una posibilidad, la única concreta que se puede vislumbrar, de derrota del golpe y de reafirmación de la democracia en Brasil. En caso de darse, el país saldría más fuerte, la democracia renovada, el pueblo más confiado y decidido a tomar otra vez en sus manos el destino de Brasil”, asegura el sociólogo (Alai, 13-VI-16).


Hace una semana Dilma Rousseff defendió en una entrevista televisiva que el plebiscito sería una forma de rehacer el “pacto democrático” que, en su opinión, fue roto al abrirse el proceso de impeachment. “Es necesario un proceso en el que la población sea consultada. Puede ser un plebiscito. Es algo que está siendo discutido” (El País, 1-VI-16). Para evitar su destitución, Dilma necesita el voto de 28 senadores, un tercio del cuerpo. Hace un mes hubo 22 que votaron en contra del impeachment, 54 lo hicieron a favor y cuatro no votaron. En suma, necesita convencer a seis senadores.


Hay dos aspectos que no parecen claros en esta estrategia. El primero, y básico, es que los aliados con que cuenta el PT son pocos y es difícil quepueda sumar nuevos. Según Rossetto, además de los movimientos y la Iglesia Católica, hay sectores empresariales que estarían apoyando el retorno de Dilma, aunque no consiguió aclarar a cuáles hacía referencia. Es cierto que el gobierno de Temer es débil (tiene un apoyo similar al que tuvo Dilma, en torno al 11 por ciento), pero no debe olvidarse que la mayor parte de la población apoyó y sigue apoyando la destitución. El discurso que dice que si Dilma no retorna al gobierno “es el fin de la democracia brasileña” parece poco atractivo aunque racionalmente suene coherente.


Esta posición argumenta que el movimiento social ha infligido derrotas al gobierno golpista, como la restauración del Ministerio de Cultura, que Temer había suprimido. Pero en el PT hay quienes dudan de la conveniencia de esta estrategia. Señalan que al adoptar el discurso del plebiscito el PT daría un giro radical a su posición de que la separación de Rousseff de la presidencia fue un “golpe”. Sin embargo, uno de los movimientos más activos en estos momentos y con mayor incidencia en los barrios populares, el Movimiento Sin Techo, cree que lo mejor es la convocatoria de nuevas elecciones, ya que el gobierno de Temer es la peor salida para el proyecto de país que defienden.


Los problemas del PT tienen difícil solución en cualquiera de los escenarios imaginables. Una reciente encuesta de cara a las elecciones de 2018 muestra a Lula bien posicionado en la primera vuelta, pero siempre derrotado en la segunda. Su principal problema es que el índice de rechazo supera el 50 por ciento (El País, 11-VI-16). Quienes todo lo apuestan al carisma de Lula pueden equivocarse feo si hubiera elecciones este mismo año. Pero los riesgos también son grandes a mediano plazo, ya que el gobierno de Temer puede mejorar la situación económica y poner en jaque el capital político del PT.


Según Rossetto, “los golpes pueden ser derrotados, como sucedió en 2002 en Venezuela”, cuando Hugo Chávez fue derribado y hecho prisionero. Esta posición olvida que, en una década, el clima político regional cambió de rumbo y que hoy las tendencias conservadoras son más potentes que las progresistas.

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Viernes, 17 Junio 2016 08:18

Tambalea Temer y tiemblan los golpistas

 

Temer negó toda vinculación con la corrupción en Petrobras que hizo rodar las cabezas de sus ex ministros Romero Jucá (Planificación), Fabio Silveira (Transparencia) y ahora Henrique Eduardo Alves (Turismo).

 

En caída libre. Si el miércoles pasado cuando su nombre fue citado explícitamente en el escándalo de corrupción del “Petrolao” Michel Temer había quedado a milímetros del abismo, ayer con la renuncia del ministro de Turismo, el presidente interino parecía haber dado un largo paso hacia el vacío.

 

Henrique Eduardo Alves, del Partido Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) presentó su dimisión por la tarde luego de que el Supremo Tribunal Federal levantó el secreto del sumario sobre los dichos de un ex ejecutivo del grupo Petrobras, Sergio Machado, que para mitigar la condena optó por la “delación premiada” de sus correligionarios.

 

El “pemedebista” Alves es el tercer ministro que cae. Alves fue víctima del fuego amigo de su compañero de partido Machado, cuya función en el PMDB precisamente era la de recaudar fondos ilegales para el partido valiéndose de su alto cargo en la compañía Transpetro, que distribuye combustible para Petrobras.

 

Según rumores que corrían en los pasillos del Poder Legislativo el efecto radioactivo causado por Machado se completará en los próximos días con confesiones de otros arrepentidos. Por la mañana, antes de que se supiera la salida del ministro de Turismo Alves, Temer convocó de urgencia a los periodistas para sobreactuar su indignación contra el traidor Machado quien aseguró haberle entregado el equivalente a unos 340.000 dólares malhabidos para financiar una campaña en 2012.

 

Al mandatario en ejercicio le cuesta expresarse de forma directa, usa construcciones verbales del portugués antiguo, cargadas de prefijos, similares a las empleadas por los jueces cuando leen sus sentencias.

 

Por ejemplo, en lugar de emplear la frase “he dicho que no”, Temer opta por la más rebuscada “habiéndome yo expresado negativamente”. Por eso no es fácil traducir literalmente sus discursos.

 

Temer comenzó su intervención diciendo que su “honra está por encima” de todo y argumentó que en su condición de persona de bien, que primero se debe a su familia, decidió continuar al frente de la Presidencia pues no cometió ninguna irregularidad. Y luego reforzó, “hablo en primer lugar como hombre, como ser humano, en esa condición me quiero referir a los muchos amigos que tengo en Brasil”.

 

De esa forma negó toda vinculación con la trama de corrupción en Petrobras, la cual ya hizo rodar las cabezas de sus ex ministros Romero Jucá (Planificación), Fabio Silveira (Transparencia) y el más reciente Henrique Eduardo Alves. Debido a la avalancha de escándalos el mandatario ha fracasado en su apuesta, y de los mercados asociados a los medios, de construir una imagen positiva en sus primeros días de gestión.

 

Al punto que hasta la fecha sólo una vez dejó la sede del gobierno para visitar Rio de Janeiro, donde el martes un fuerte cerco policial impidió que los manifestantes se le acercaran con sus consignas “Fuera Temer” y “No al golpe”. Al cierre de esta crónica las últimas informaciones indicaban que los asesores de Temer habían decidido suspender un mensaje por radio y televisión en cadena nacional previsto para este viernes ante el temor de que fuera repudiado con un carceloazo. A esa misma hora senadores del Partido de los Trabjadores hablaban en el Legislativo de la salida forzada del ministro de Turismo y las “evidencias” de que la caída de Dilma fue urdida como un atajo para garantizar la impunidad de los golpistas.

 

Dilma se sumó a esa crítica ayer durante una visita a Salvador de Bahia, como parte de su primera gira por la región nordeste costeada por el PT luego de que el gobierno en ejercicio le prohibió hacer uso del avión de la Fuerza Aérea al que tiene derecho como presidenta electa suspendida provisoriamente hasta que concluya el impeachment. “Este golpe es diferente a los que daban los militares, ahora no usan armas, usan parásitos que quieren comer la sabia de los árboles que son las políticas sociales de nuestros gobiernos”. De allí, siguió Dilma, que a través del equipo económico encabezado por Henrique Meirelles, ex presidente del Banco de Boston, se impulse la reducción de los presupuestos para “la salud y la educación en un país como Brasil con las necesidades que tenemos”.

 

El actor Wagner Moura se sumó a la actriz Sonia Braga, en la campaña internacional de denuncia sobre el golpe. Un mes después de que la protagonista de Doña Flor y sus dos maridos mostrara en el festival de Cannes un cartelito escrito en francés sobre el “coup d´etat” esta semana el protagonista de la miniserie Narcos, producida por Netflix, declaró en un programa de televisión norteamericana que no votó a Rousseff pero la respalda por haber sido víctima de “algo muy parecido al golpe de Estado, la sacaron del gobierno sin ninguna razón, desde el punto de vista democrático hubo una ruptura”.

 

El actor que encarna al capo colombiano Pablo Escobar Gaviria consideró “muy importante” el papel de la prensa internacional para la cual Temer no es un mandatario legítimo. A través de las informaciones generadas en el exterior se establece un módico contrapunto, dijo, con la desinformación brasileña donde la prensa está bajo el control de “cinco familias”, simpáticas al régimen de excepción.

 

 

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Martes, 14 Junio 2016 06:53

Seguimos con los ojos bien abiertos

Después del ajustado triunfo de PPK, respiramos más tranquilos porque se derrotó al fujimorismo y su cola de narcotráfico y corrupción, lo que preserva la conciencia moral del país. Al final, PPK se sumó al campo del antifujimorismo, a contrapelo de quienes le decían que no debía sumarse a la estrategia “de la izquierda”. Decían que, más bien, había que resaltar las coincidencias en la continuidad del modelo económico de los dos “segundavuelteros”. Ya sabemos por qué ganó.

Esta derrota del fujimorismo, sin embargo, no nos aleja un ápice de lo que hemos dicho durante toda la campaña: en lo económico ambos programas son similares, por lo que hoy nos toca conocer en detalle la propuesta económica de PPK, en particular su propuesta tributaria.


Más allá de algunas promesas hechas a diferentes gremios sindicales –que deben ser honradas-, se agudiza y empeora lo hecho por Castilla y Segura. Veamos. El plan PPK propone mantener la rebaja del Ministro Segura del impuesto a la renta (IR) a las empresas del 30 al 28% en el 2015, a 27% en el 2017 y a 26% en el 2019. El FMI estima las pérdidas en 2.2% del PBI, US$ 4,400 millones.


¿Quiénes son los mayores beneficiados? Pues las 250 empresas más grandes, que pagan el 50% del total del IR. Entre ellas están las principales empresas mineras, que ya terminaron sus contratos de estabilidad y pueden acogerse a esta graciosa medida: Southern, Yanacocha y, desde este año, Antamina.


Pero el programa va más lejos: permite a las grandes empresas, aquellas que facturan 2300 UIT’s (S/. 9 millones) o más, “el descuento del íntegro de su inversión física en contra de su monto imponible” (Programa PPK, p. 134). Habrá que calcular el impacto de esta rebaja al IR, pero no cabe duda de que será cuantiosa.


La “lógica” es: con más dinero en la empresa (paga menos impuestos), habrá una mayor capacidad de inversión, lo que haría crecer la economía y los empleos. Este enfoque, llamado también de la oferta, se planteó en EEUU bajo Reagan y fracasó. ¿Por qué? Porque la inversión futura depende de la expectativa de recuperar la inversión, lo que a su vez depende de las perspectivas de la demanda. Si eso “no se ve”, no habrá mucha más inversión. Y la poca que haya, pagará menos impuestos.


Y sigue: PPK propone bajar el IGV del 18 al 15% en 3 años para poner más dinero en manos del público y estimular la demanda. Actualmente el IGV es el 50% de la recaudación total: S/. 51,600 millones en el 2015 de un total de S/. 103,900 millones. Cada 1% de rebaja del IGV son S/. 2,870 millones de menor recaudación.


Pero no hay ninguna garantía de que esta se traslade a los precios finales que paga el consumidor. Eso lo enseña la experiencia: en la Amazonía no se paga IGV y los precios son similares a los del resto del país. Además, algunos medicamentos no pagan IGV pero sus precios no bajan, como lo ha constatado el Ministerio de Salud.


El por qué es simple: en el Perú hay completa libertad de precios. Y punto. Si Usted compra una lavadora, ciertamente pagará menos IGV y el fisco recaudará menos. Pero lo más probable es que el precio a pagar sea el mismo, pues el comerciante podría haber ya subido su precio de venta. ¿Y el Indecopi en el programa de PPK? Bien, gracias.


Hay dos problemas graves aquí. Uno, nuestra presión tributaria es una de las más bajas de la Región: 14.7% del PBI en el 2015. Y las rebajas la van a empeorar. Por tanto, la capacidad redistributiva del Estado vía presupuesto se va a deteriorar, lo que tendrá influencia en el gasto y la inversión pública, agravando el déficit fiscal, que ya está en 2% del PBI.


Dos, la estructura tributaria se volverá más regresiva, pues disminuirán los impuestos directos –rebaja el IR de Segura más el crédito tributario contra el IR del 100% de la inversión de PPK. No se gravará más al que más tiene, que es la propuesta progresiva, avalada hoy por el FMI y la OCDE.


Por el contrario, la propuesta de reactivación económica del Frente Amplio revertía la rebaja de Segura e impulsaba medidas contracíclicas de aumento de la inversión pública financiada con parte del Fondo de Estabilización Fiscal (el “chanchito”) y otros ahorros (cuantiosos) del Tesoro Público. También se proponía abaratar el crédito para el sector privado y las MYPES con la reducción de la tasa de interés de referencia del BCR, además de devolver el drawback a las empresas exportadoras, entre otras medidas. Eso es otra cosa, ¿no es cierto?


Para que el resultado electoral nos permita avanzar, sepamos que en materia tributaria, el retroceso va a ser enorme. Y en otros temas económicos, lo más probable es que ya esté en marcha un acuerdo, bajo o sobre la mesa, para relanzar el modelo neoliberal, dando como excusa las “reformas pendientes” para impulsar un modelo agotado. Dicho esto, habrá algunos temas sociales y políticos puntuales de coincidencia con el nuevo gobierno. Y quizá algún tema económico (¿Modernizar Talara?, ¿el gasoducto sur peruano y la petroquímica?). Apoyándonos sobre lo avanzado, que es bastante, sigamos con los ojos bien abiertos.

http://larepublica.pe/impresa/opinion

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LA COMISION DE ETICA DE DIPUTADOS DE BRASIL DECIDIRA EL FUTURO DEL POLITICO OPOSITOR DE DILMA

Desde Río de Janeiro

El suspendido jefe de Diputados es acusado de mentir sobre sus cuentas secretas en bancos suizos. El fiscal general de la República pide que vaya preso. Bajo esta presión, Cunha amenaza con complicar a 150 diputados, un ministro y un senador cercanos a Temer.

Está prevista para hoy la sesión en que la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados decidirá el futuro de Eduardo Cunha. Pese a todos los anuncios formales y oficiales, nada asegura que la sesión efectivamente ocurrirá. Es que a lo largo de los últimos siete meses, desde la apertura del juicio en su contra, Cunha hizo todo tipo de maniobras para postergar los trabajos de la Comisión, además de contar con el respaldo de aliados dispuestos a todo y algo más con tal de salvar el cuello de su jefe.


Cunha es acusado de quiebra de decoro, al mentir en una Comisión de Investigación sobre sus cuentas secretas en bancos suizos, generosamente abastecidas por dinero de corrupción descarada.


Tanto intervino en los trabajos internos de sus pares, que tratan de condenarlo a perder el mandato, que el Supremo Tribunal Federal decidió alejarlo de su escaño y de la presidencia de la Cámara por tiempo indeterminado. La semana pasada el fiscal general de la República, Rodrigo Janot, pidió al Supremo que conduzca a Cunha directamente a la prisión. Mientras, el juez de primera instancia Sergio Moro acogió una denuncia de la fiscalía contra Claudia Cruz, mujer del diputado. Entre otras razones, por haberse comprobado que ella utilizó tarjetas de crédito vinculadas a cuentas suizas no declaradas. Y ayer, la fiscalía entró con una nueva acción, pidiendo que sus derechos políticos sean suspendidos por diez años. También se pide que Cunha y su esposa devuelvan al erario público casi seis millones de dólares desviados del esquema de corrupción implantado en la Petrobras.


Cada vez más cercado y presionado, Cunha se volcó a una de sus más conocidas especialidades: la amenaza. Primero, al recordarle al presidente interino Michel Temer que sin su apoyo ningún gobierno logrará aprobar, en la Cámara de Diputados, un solo proyecto relevante. Y para dejar claro que su poder sigue intacto o casi, Cunha creó una agrupación reuniendo diputados de partidos oscuros y de poca expresión, pero en número suficiente para controlar la Cámara.


Así impuso al interino Temer el nuevo “líder del gobierno”, o sea, el jefe de la bancada oficialista. Se trata de un diputado que responde a cuatro investigaciones por corrupción y a una denuncia por intento de asesinato.


Finalmente, y para reforzar el mensaje de que no está dispuesto a dejarse arrastrar por las denuncias en su contra, a los más recientes interlocutores que el interino Michel Temer envió en un nuevo intento de convencerlo a renunciar al menos a la presidencia de la Cámara, Eduardo Cunha fue directo y contundente. Pidió a los emisarios del interino que le transmitiesen el siguiente mensaje: si es fulminado por sus pares, o si se determina su prisión en el Supremo Tribunal Federal, no caerá solo. Llevará con él a al menos 150 diputados, un senador y un ministro “muy cercano” a Temer.


Aseguró no creer que los pedidos de prisión enviados al Supremo Tribunal Federal sean acatados, en referencia al ex presidente José Sarney, al senador Romero Jucá y al presidente del Senado y del Congreso, Renan Calheiros. Dijo que sabe que el verdadero blanco es él, y que a menos que el gobierno interino haga algo para salvarlo, sabrá ser implacable.


La semana pasada, una nueva denuncia surgió contra Cunha: además de las cuentas secretas en Suiza, él abrió otra, en Uruguay.

En total, la cuenta uruguaya recibió por lo menos 20 millones de dólares, cuyo origen está en el esquema de corrupción implantado en Petrobras, y del cual Cunha era uno de los controladores y beneficiarios.


Tanto el ‘núcleo duro’ de Michel Temer como aliados de Cunha consideran que, a estas alturas, su situación es prácticamente irreversible.


Si logra escapar de sus pares y mantiene su mandato de diputado, difícilmente escapará de los jueces del Supremo Tribunal Federal.


En público, Temer y sus principales ministros dicen que el gobierno decidió no mover un grano de arena por Cunha. En privado, tratan de buscar una salida –alguna salida– mientras evalúan las consecuencias del desastre si Cunha efectivamente decide llevar consigo “al menos 150 diputados, un senador y un ministro muy cercano” al interino.


Es plenamente conocida la trayectoria de Cunha y su fórmula para tejer lealtades eternas: además de haber buscado financiación para elegir al menos 200 diputados desconocidos, supo manejar, a lo largo de los años, todas las claves de corrupción que se extienden por todos los partidos políticos brasileños, en especial el mismo PMDB al que pertenecen él, Temer y los principales ministros interinos. Sus archivos abrigan información cuyo poder devastador es incalculable.


Hay otro motivo de preocupación para el gobierno de Temer: los seguidos sondeos de opinión, cuyos resultados no son divulgados al público, muestran que la vital alianza con Cunha corroe aún más la ya debilitada imagen del presidente interino.


Sin medios para librarse ostensivamente de su riesgoso sostén en la Cámara de Diputados, ese desgaste no hará más que crecer.


La gran incógnita en Brasilia es hasta qué punto Cunha, el hombre bomba, aguantará sin detonar su arsenal de maldades y cuál será el alcance de su poder destructor.

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Jueves, 09 Junio 2016 07:08

Una caricatura de la realidad

En estos tiempos políticos, que no son tan diferentes a otros tiempos pasados, siempre me viene en mente un breve cuento que quizás ilustra un poco, o quizás mucho, cómo piensa la clase política en el poder o la que está a punto de ingresar en tales filas. A continuación lo relato:


“En su sesión matutina, al ministro le toca recibir a diversos personajes del pueblo o de la burocracia que le han pedido cita para solicitar la resolución de algún problema que aqueja a la entidad correspondiente.


El ministro llama a su ayudante y pregunta:


–¿A quién le toca ahora, Rodríguez?


Rodríguez, hombre bajito, de las confianzas del ministro y muy servicial, contesta:


–A la maestra de escuela, señor ministro.


–Que pase, Rodríguez.


La maestra, mujer pequeña y tímida, quien ante el rango y la grandeza física imponente del señor ministro se achica más, espera que le ofrezcan sentarse en una de las sillas, igual de majestuosas que el recinto donde atiende el ministro.


–¡Qué se le ofrece, maestra? (sin ofrecerle asiento).


La maestra señala una silla donde con la mirada pide permiso para sentarse y dice:


–Señor ministro, disculpe la molestia, pero resulta que tenemos graves problemas en nuestras escuelas. Los techos no tienen impermeabilizante, con la consecuente filtración cuando llueve; los vidrios de muchas ventanas están rotos y los niños, con tanta humedad y aire, se enferman de pulmonía; los pisos están muy deteriorados; nos faltan pupitres; no hay suficientes pizarrones, gises ni borradores; los libros son insuficientes y los maestros escasean mucho, por tanto problema y ausentismo de niños por enfermedad y falta de recursos.


–Bueno, bueno, ¿cuánto se necesita para resolver todo esto? –interrumpe el ministro.


–Pues mire usted, hemos calculado que con quinientos mil pesos podríamos subsanar algunas deficiencias elementales.


–¿Quinientos mil pesos...? Maestra, eso es imposible, es mucho dinero, la patria está exangüe, el presupuesto prácticamente se ha terminado en el área de educación. De momento, maestra, nos da mucha pena, pero es imposible darle un solo centavo.


Cabizbaja, la maestra da las gracias y se va.


–Rodríguez, ¿quién sigue?


–El director de la cárcel, señor ministro.


–Que pase.


El susodicho director, hombre impecablemente vestido, con Rolex, varios anillos, fistol y demás adornos propios de su nivel, es recibido con una mezcla de respeto y desprecio por el señor ministro, quien le señala cortésmente que se siente.


–¿Qué se le ofrece, señor director?


–Vengo a solicitarle presupuesto para adiciones a la cárcel más importante del país.


–Dígame.


–Pues bien, nos hacen falta unos jacuzzis en algunas zonas estratégicas; también necesitamos unas canchas de tenis, mejoras en el gimnasio, una pista para competencias internas; los baños requieren regaderas a presión. Requerimos un restaurancito para que los presos reciban a sus cónyuges, novias, etcétera, y un cocinero con mucha experiencia, además de modificaciones en la cocina para mejorar la alimentación de nuestros internos.


–¿Y cuánto cuesta eso?


–Pues mire, hemos calculado que alrededor de 5 millones de pesos.


–Bueno, déjeme ver, ya le avisaremos.


El ministro se levanta, despide con deferencia al director y llama a su ayudante.


–Rodríguez, hágame favor de dar instrucciones para que al director de la cárcel le extiendan los recursos que solicitó.
Rodríguez (con sorpresa) repara:


–Pero, señor ministro, ¿no acaba usted de negarle a la maestra un presupuesto 10 veces inferior para mejoras en las escuelas?


–Rodríguez, no sea usted pendejo, ¿acaso piensa usted regresar a la escuela?”


Quizás por esto, entre muchas otras cosas, es que no avanzamos mucho.

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El parlamento de Brasil presenta este panorama: 313 de los 503 diputados están acusados o condenados por corrupción; en la misma situación están 49 senadores de los 81 con que cuenta el Congreso. ¿Es una excepción en las democracias electorales o tiende a ser la norma? Si a los cargos electos les aplicaran las mismas reglas que a los ciudadanos comunes, ¿una parte considerable de ellos no estarían purgando cárcel? ¿Porqué los representantes del pueblo tienen un nivel de vida muy por encima de la media de sus representados?

Si concluimos que la corrupción de los representantes y cargos electos no es casual sino un rasgo sistémico, se imponen otras preguntas. ¿Qué relación tiene la corrupción con el modelo extractivo, acumulación por despojo o, mejor, cuarta guerra mundial? En un modelo que destruye la humanidad y la naturaleza, ¿no es, acaso, comprensible que los encargados de gestionarlo se apropien de unas cuantas monedas?


Entre la política electoral/institucional y la guerra hay mucho en común. Ambas están en manos de mercenarios. Aquellos ejércitos reclutados entre las poblaciones dieron paso a cuerpos de combatientes que luchan apenas por un salario, muy elevado por cierto. No defienden países sino empresas. No se guían por la lógica de la defensa del Estado-nación, sino de la corporación multinacional que los contrata. La ética de la guerra, que la hubo, dejó su lugar al frío cálculo de beneficios. Los soldados que antes retrocedían ante el robo o la violación, ahora las utilizan como tácticas para ablandar enemigos.


Por eso, es absurdo sorprenderse que los políticos, y los generales, roben o se hagan los distraídos ante la violación o el genocidio. Dirán que hay políticos honestos. Les decimos que tantos como generales humanitarios. La política electoral/institucional, como la guerra, forma parte del mecanismo del despojo/cuarta guerra mundial. Quienes la promueven, es probable que aspiren a ocupar un lugar allá arriba.


No se trata de que la llamada clase política sea intrínsecamente corrupta. El nudo del problema es que las instituciones estatales son las encargadas de gestionar la guerra contra los pueblos, que no otra cosa es el extractivismo. Es desde esa función como deben ser comprendidas la corrupción, las traiciones, la vulneración de los derechos de los pueblos y todas las fechorías que a diario padecemos.


Los políticos en las instituciones no pueden hacer otra cosa que gestionar el modelo existente. En esa tarea son acompañados por los grandes medios de comunicación y el sistema de justicia, por una camada importante de académicos que se hacen llamar intelectuales, por sindicalistas y empresarios. Por eso, se hace necesario comprender que dedicar el grueso del tiempo y los recursos a esa política es, como mínimo, errar el camino. ¿No hemos aprendido nada de la crisis brasileña como para creer que si elegimos a los buenos, o sea a los nuestros, las cosas pueden cambiar?


Hay otros caminos que ya están siendo transitados por varios movimientos en diferentes partes del mundo: desde el Kurdistán sirio hasta Chiapas, desde las comunidades autónomas mapuche hasta la Organización Popular Francisco Villa de la Izquierda Independiente, en una decena de barrios/comunidades en el DF; pasando por la red de cooperativas Cecosesola en el venezolano estado de Lara, entre muchas otras iniciativas que aparecen en estas páginas.

 

Es evidente que la alternativa al camino electoral que lleva a gestionar el modelo, no puede ser la lucha armada de vanguardias. Los ejemplos mencionados hablan de la construcción de poderes no estatales, poderes de los movimientos y de los pueblos. No se trata de un camino “alternativo”, mucho menos complementario a la estrategia centrada en lo electoral. Es una cultura política diferente, anclada en la ética y el trabajo.


Mientras la vieja cultura política consiste en administrar lo existente, ésta se propone crear lo nuevo, es el mundo nuevo realmente existente. En el lugar de la representación coloca la presencia directa de las comunidades y pueblos en la resolución de todos y cada uno de sus problemas. Los trabajos colectivos ocupan el lugar del trabajo alienado; la comunidad y el espíritu comunitario suplantan la organización homogénea y jerárquica.


Se dirá que esto no es nuevo, que lo vienen haciendo los zapatistas desde hace más de dos décadas. Cierto. No negaré la inspiración zapatista. Pero es lo que se hace, también, en la Comunidad Acapatzingo en Iztapalapa; en los barrios de Rojava, en el Kurdistán; en las cincuenta cooperativas que integran la red de la Central de Cooperativas Servicios del Estado de Lara (Cecosesola), en Venezuela. Por mencionar apenas iniciativas que incluyen miles de personas.


Tenemos además decenas, cientos de iniciativas de pequeña escala, desde las huertas comunitarias y las escuelas autogestionadas en barrios y pueblos, hasta cientos de fábricas recuperadas en los más diversos países. Las grandes y las pequeñas tienen dos cosas en común: no hay espacio para la corrupción, ya que los que se corrompen son controlados a tiempo por los demás; son el modo de resistir el modelo extractivo, pero de resistir creando y haciendo.


Hemos dicho al principio que el extractivismo es guerra contra los pueblos, porque esos pueblos sobran en el modelo de despojo. Por eso, necesitamos espacios e iniciativas que nos garanticen la vida en un mundo de muerte.

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Eran las seis de la mañana del 11 de mayo cuando un grupo de personas, en su mayoría indígenas de los pueblos wayúu, nasa, sikuani, misak, arhuaco y muisca, entre otros, nos reunimos en el corazón de Bacatá, territorio de estos últimos, en un ritual de armonización que sanaba los corazones y abría el lugar para el duelo que en un par de horas daría inicio. El universo, la naturaleza y el territorio, como signo de aprobación y armonía, iluminaron el espacio con los rayos del sol que nos acompañarían durante el ritual de duelo de principio a fin.

 

Del departamento de La Guajira —ubicado en el extremo norte de Colombia— vinieron a llorar a sus niñas y niños muertos 60 mujeres y hombres wayúu acompañados por defensores de derechos humanos y étnicos, académicos, artistas, organizaciones sociales, movimientos de mujeres y ciudadanos en general. Todos nos unimos en el Movimiento de las Mantas Negras con un propósito: defender la vida de niños y niñas indígenas.

 

Un total de 4.151 niños de La Guajira murieron entre 2008 y 2013, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística de Colombia (DANE): 278 por desnutrición, 2.671 por enfermedades que pudieron haberse tratado y 1.202 porque no alcanzaron a nacer. En otros informes he comprobado que 37.000 padecen desnutrición y al menos cinco mil muertos por inanición. Sin embargo, las autoridades tradicionales wayúu nos dicen que el número de fallecimientos puede acercarse a los 14.000 menores, debido a que el sub-registro de nacimientos y muertes en ese departamento es muy alto.

 

Desde la Casa de Pensamiento Indígena, a las nueve de la mañana empezamos a salir por la calle novena un nutrido grupo de indígenas, no indígenas, mujeres, hombres, jóvenes, ancianos, católicos, cristianos, judíos, ateos, artistas; éramos un abanico de personas con diferencias raciales, sociales y políticas unidas por el mismo sentimiento de dolor.

 

Subimos por la calle décima hasta llegar a la Plaza de Bolívar. Mujeres con mantas negras y pañoletas y hombres con sombreros cargaban 500 ataúdes pequeños, símbolo de los miles de menores que no alcanzaron a cumplir su ciclo de vida y que murieron por causas prevenibles. Una espiral formada por docenas de personas y a la que llamamos El despertar de las semillas se movía al ritmo de sonidos andinos.

 

Cada uno de nosotros se manifestó frente al Palacio de Justicia, el Capitolio Nacional y el Palacio de Liévano, edificaciones en las que se concentra el poder político y judicial de la Nación. Allí, en donde se originan las leyes y se vela por el bienestar del pueblo colombiano, el Movimiento de las Mantas Negras nacía para la opinión pública en medio del llanto de mujeres y los hombres wayúu y arijuna (palabra empleada por los wayúu para referirse a una persona no indígena), abrazadas a un ataúd marcado con el nombre, la edad y el año de fallecimiento de la niña o niño que ese 11 de mayo fue reconocido y honrado.

 

Cada lamento que escuché fue una exigencia a las autoridades competentes para que tomen las acciones necesarias y duraderas porque, de acuerdo al auto 004 de 2009 proferido por la Corte Constitucional, los wayúu son uno de los 32 pueblos indígenas en riesgo de desaparecer por el conflicto armado y porque no tienen sus necesidades básicas satisfechas: sufren la falta de agua, inseguridad alimentaria, un pésimo servicio de salud y la poca cobertura de los programas del Estado, desarticulados y sin pertinencia regional, cultural y lingüística.

 

Durante el ritual leímos los nombres escritos en cada ataúd, incluso los que tenían las frases “menor muerto antes de nacer” o “menor muerto sin registro”. Las autoridades tradicionales del pueblo wayúu expresaron su lamento; como el tío Jairo que interpretó una canción en medio de su tristeza: “Pensé que yo era mayor, pensé que yo era una autoridad, al venir a Bogotá pensé que la autoridad me iba a recibir, como es mi costumbre, pero resulta que el presidente Santos ni siquiera me ha mirado, ni siquiera me ha saludado. Yo vengo con mucha tristeza, con mucho dolor...”.

 

Espiritualidad y arte acompañaron el ritual de duelo. Representantes de distintos credos dimos nuestra bendición al ritual y reconocimos la barbarie que se vive en La Guajira. Por su parte, los artistas acompañaron el dolor con su música y con una actuación en la que se custodiaban simbólicamente los ataúdes, colocados en forma de flores que luego fueron rodeadas por un enorme cordón hecho con cientos de borlas de lana. Así honramos a cada uno de los muertos.

 

Sobre el mediodía escuchamos la lectura del comunicado oficial, donde se explicaba el origen del Movimiento de las Mantas Negras, los objetivos del ritual y las acciones exigidas a corto, mediano y largo plazo para terminar con las muertes de niñas y niños indígenas en el país.

 

Los portavoces oficiales del Movimiento de las Mantas Negras son Remedios Uriana, en representación del pueblo Wayúu, Luis Fernando Arias, consejero mayor de la Organización Nacional Indígena de Colombia y yo misma, como subdirectora de la Fundación Caminos de Identidad (Fucai), organización con la que llevamos 25 cinco años trabajando con pueblos indígenas en cuatro áreas: gobierno comunitario, familia, niñez y juventud, soberanía alimentaria y educación. Actualmente, y gracias al apoyo de organizaciones internacionales como Manos Unidas, nuestra socia local en España, Fucai está presente en 22 comunidades wayúu formadas por 316 familias y 1.800 personas. Con ellos realizamos el seguimiento y la recuperación nutricional de 381 niños y niñas menores de cinco años, hemos capacitado a 66 líderes y autoridades tradicionales y hemos desarrollado actividades de articulación e incidencia interinstitucional para garantizar los derechos de los niños y sus comunidades.

 

El ritual de duelo Entre mantas y llantos fue una manifestación pacífica, multicultural y pluriétnica, con un impacto visual sin precedentes. Imposible que el transeúnte desprevenido no volteara sus ojos hacia las mujeres de manta negra que lloraban al pie de sus ataúdes, dentro de ese enorme cementerio en el que se convirtió la Plaza de Bolívar de Bogotá.

 

 

*Ruth Consuelo Chaparro es subdirectora de Fucai (Fundación Caminos de Identidad), socia local de Manos Unidas en Colombia y Premio Bartolomé de las Casas 2015.

 

 

 

 

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