Los máximos promotores del desahuciado neoliberalismo en Latinoamérica emergen en el blanqueo de paraísos fiscales desde las islas Caimán, pasando por Panamá hasta Bahamas.

El neoliberalismo de Latinoamérica expele su insoportable hediondez en varios paraísos fiscales desde las cuentas de 2 mil 642 "mexicanos" entre los 100 mil blanqueadores de la "lista Falciani" (los SwissLeaks) de HSBC/Suiza (https://goo.gl/3i0dwb) hasta “Los papeles de Panamá de Vargas Llosa (https://goo.gl/KnRc70)”.

Se han filtrado datos de 175 mil sociedades opacas y 1.3 millones de documentos en el paraíso fiscal de Bahamas (https://goo.gl/QpPPdJ), en los que resaltan Meritor Investment Ltd y Ashburton Company Ltd, del dictador chileno general Augusto Pinochet Ugarte, su hijo Marco Antonio, así como la participación del presidente argentino, Mauricio Macri, su padre Francisco y su hermano Mariano con el Grupo Sogma (https://goo.gl/mctsbT), al unísono de 431 "mexicanos" hasta ahora “intocables (https://goo.gl/BaMS3y)”.

También asoma el fugaz ex presidente argentino Fernando de la Rúa con dos sociedades, Furia Investment Holdings Inc y Bonds Cay Development Bahamas Ltd.

El zelote neoliberal Macri ya había sido desnudado con sus empresas Fleg Trading y Kagemusha SA por los explosivos papeles de Panamá (https://goo.gl/3HlEBX).

The Irish Times comenta que “los datos de Bahamas Leaks, cuando se cotejan con los papeles de Panamá, proveen una fresca introspección a las tratativas offshore de políticos, criminales (sic) y ejecutivos, así como los banqueros y abogados que ayudan a mover el dinero (https://goo.gl/TqXtyu)”.

Nicholas Shaxson, autor de Las islas del tesoro: paraísos fiscales y los hombres que roban al mundo (http://treasureislands.org/), fustiga que Bahamas "se encuentra a la par con Panamá en términos de su sed y su tolerancia para el dinero sucio (sic)".

Mossack Fonseca, con sede en Panamá, con 20 mil (sic) entidades en Bahamas, forma parte del mefítico grupo.

El portal Critica.com.pa glosa que “los archivos de Bahamas revelan detalles sobre las actividades offshore de primeros ministros, ministros de gabinete, príncipes y delincuentes convictos (https://goo.gl/DNkfbE)”.

Nada nuevo sobre el impulsor del neoliberalismo en Latinoamérica, impuesto por un golpe de Estado con bendición de Kissinger, general Pinochet, quien ya había sido descubierto con sus pestilentas cuentas en el banco Riggs, en Washington (https://goo.gl/NNbUjJ).

Como no puedo ahondar sobre la cleptocracia integral de 175 mil sociedades y 1.3 millones de documentos, seré mas estratégico y regional.

Perturba el pletórico número de "ejecutivos" de Pemex con cuentas espurias en Bahamas. Luego preguntan adónde fue a dar la fortuna de Pemex, hoy privatizado, para ocultar cadáveres y delincuentes.

Brotan ex funcionarios y/o contratistas de los panistas Fox y Calderón (https://goo.gl/6jTPa9): Ignacio Quesada, ex director de "Finanzas Pemex" y ex jefe de asesores en Sedesol y Hacienda del ahora senador panista Ernesto Cordero (íntimo de Calderón), quien expectoró que los mexicanos podían vivir con 6 mil pesos al mes,…pero siempre que se tengan millonarias cuentas alternas en Bahamas.

Las empresas lavadoras de Pemex: Mavi International Corp, Lion Asset Management, Pasco International Ltd, Geological Investment Ltd, Elan Overseas Ltd y Grupo Aknuum –accionista de la infecta Oceanografía, conectados a los hijastros de Fox (https://goo.gl/hcxLDt)–, de los hermanos Hernández Mena, con sus empresas Gixi Ltd y Fortiver Holdings Ltd, enlazados a los gobiernos panistas de Calderón y Fox.

La criminalidad fiscal de Fox no es nueva cuando su también locuaz ex canciller Castañeda Gutman fue desnudado en su asociación con el banco defraudador Stanford, que lavaba al cártel del Golfo (https://goo.gl/x7pk90).

Varios personajes del entramado panista de Fox y Calderón fueron descubiertos ocultando cuentas "paradisiacas": Fernando Canales Clariond, ex secretario de Economía y Energía de Fox, y Fernando Gómez-Mont (https://goo.gl/zNRQOC), ex secretario de Gobernación de Calderón e íntimo de su esposa, Margarita Zavala.

Destacan las cuentas de Olegario Vázquez Raña, Olegario Vázquez Aldir y María de los Ángeles Aldir –presuntamente ligados a Marta Sahagún de Fox– mediante sus radios, televisoras, periódicos, hospitales, hoteles y bancos, con cuatro empresas: Radal Global, Mundella Global, Albino Hall Holdings Ltd. y Marshalls Creek (https://goo.gl/NfFqL5). ¡Qué bonito!

¿Quién investiga?

¡Luego preguntan por qué impera tanta desinformación en el "México neoliberal itamita"!

Son también exhibidos los controladores de Comex: Marcos Achar Levy, Marcos Achar Mehoyas y Salomón Achar Achar, mecenas del mendaz portal "enlace judío" e íntimos de una candidata del PAN a la Presidencia (https://goo.gl/W7RoRY).

Otro personaje vinculado al gobierno de Fox y Calderón es el prófugo Gastón Azcárraga –familiar del mandamás de Televisa–, quien descuartizó a Mexicana de Aviación.

Perturba que Alberto Bazbaz Sacal, encargado de la "Unidad de Inteligencia (sic) Financiera" e inmerso en varios macabros escándalos –desde el caso Paulette hasta el surrealismo de Ficrea (https://goo.gl/BtYRK8), en complicidad con el vilipendiado titular de Condusef– no descubra nada del descarado lavado en HSBC/Suiza ni en papeles de Panamá ni en Bahamas Leaks.

Sin eludir los fétidos nombres fundidos al PRI, no se puede soslayar la operatividad delincuencial del "eje criminal fiscal" del PAN con el Partido Popular español en los paraísos fiscales con sus metástasis pasadas y presentes en Televisa (https://goo.gl/ib1RKl), banco Santander (https://goo.gl/ABZTiZ) y el polémico BBVA Bancomer, cuya bisagra se subsume en los controvertidos quehaceres del "empresario cultural" de Televisa y de Alberto Bailleres, del grupo BAL y mandamás del ITAM, consagrado al desmantelamiento del "México profundo".

No es gratuito que Banco Santander, anterior accionista de Televisa, haya abierto “559 sociedades en Bahamas para sus clientes (https://goo.gl/65AWJS)”.

Toda la emética megacorrupción de OHL está impregnada por las tratativas mafiosas de José María Aznar y el Partido Popular (https://goo.gl/nFrvgc), cuya hediondez se ha vuelto intolerable, en conjunción con el megacorrupto Antonio Solá Reche, su "ideólogo" y anterior jefe de la inmunda campaña electoral del panista Calderón (http://goo.gl/TNkyOO).

El lavado del Partido Popular es ya proverbial (https://goo.gl/atbUps).

De manera más causal que casual, el fondo buitre Cerberus, asociado a la familia Aznar (https://goo.gl/ZVA3Jn), ostenta sus filiales en Bahamas (https://goo.gl/xZqP0A).

Bahamas Leaks es la punta del iceberg de la criminalidad fiscal y/o su espurio blanqueo inherentes al modelo neoliberal "iberoamericano" condensado en el "eje" del Partido Popular y el PAN con sus infectas metástasis "empresariales" y "culturales".

Más allá de las "personas", se trata de una estructura criminal trasnacional muy bien aceitada en Iberoamérica que no solamente blanquea dinero, sino también pretende lavar "imágenes" pútridas mediante la desinformación de sus poderosos multimedia.

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Domingo, 25 Septiembre 2016 06:10

“Estoy en contra de la libertad para mentir”

El Ministerio Público había afirmado tener la “convicción” de que Lula fue el “comandante” de la corrupción nacional en la denuncia luego aceptada por el juez Moro, pese a que en la querella no hay ni siquiera indicios sobre la existencia de una “asociación ilícita”.


El golpe inconcluso. La destitución de Dilma Rousseff ocurrida el 31 de agosto fue un momento determinante pero no el último de la avanzada contra el orden democrático la cual se prolongaría el martes pasado cuando a Luiz Inácio Lula da Silva le fue abierto un proceso por parte de su mayor antagonista político, el juez de primera instancia Sergio Moro, responsable por la causa “Lava Jato” sobre estafas en perjuicio de Petrobras.


A Dilma se la separó del cargo por senadores, la mitad de los cuales procesados o sospechados de corrupción, que reconocieron carecer de pruebas sobre la comisión de delitos. Hace diez días el Ministerio Público afirmó tener la “convicción” de que Lula fue el “comandante” de la corrupción nacional en la denuncia luego aceptada por Moro pese a que en ella no hay ni siquiera indicios sobre la existencia de una “asociación ilícita”. El expediente acusatorio apenas contiene documentos sobre la compra con dinero de origen dudoso (para los fiscales) de una propiedad en Guarujá.


Por cierto es difícil sostener, en términos jurídicos, que Lula sea el “boss” de todo el engranaje delicitivo montado en el “Petrolao” por ser el titular, aunque nunca lo ocupó, un departamentito en una ciudad balnearia donde veranean las masas paulistas, ya que los ricos hace tiempo no la frecuentan. Desde que apresó por unas horas a Lula en marzo pasado, y lo liberó ante la espontánea irritación popular, el juez Moro, venerado por las clases medias antipetistas, no disimula que su “misión” (palabra repetida por jueces y fiscales, algunos evangélicos) es darle caza al expresidente.


Este tipo de anomalías, como la de un magistrado que milita contra un dirigente político al que imagina corrupto, son posibles en el régimen post democrático, que comenzó a regir en Brasil desde el 12 de mayo cuando la expresidenta fue suspendida del cargo y se confirmó con su deposición definitiva en agosto. El fin de Dilma fue, en rigor, el momento inicial de un proceso que parece se prolongará hasta la proscripción de Lula.


“Nadie puede ser juzgado con base en convicciones, cuando el Ministerio Público, la Policía Federal, las instituciones comienzan a exagerar de esta manera la democracia está en riesgo” dijo el viernes por la noche el ex mandatario cuando volvió a repudiar “el golpe parlamentario”. Vestía una camisa roja con la que encabezó un acto del PT en el estado nordestino de Pernambuco, como parte de las campaña electoral hacia los comicios municipales del 2 de octubre. Manos cayosas de gente pobre lo abrazaron en su gira por el nordeste donde su liderazgo parece estar intacto, lo que no ocurre en los reductos de clases medias blancas de los estados del sur y parte del sureste.


“Moro y la (cadena) Globo construyeron la idea de que para condenar a alguien basta con ponerle la prensa en contra ... no se necesitan pruebas, se necesitan titulares ...no estoy contra la libertad de expresión, estoy contra la libertad para mentir”.


Lula también deploró la detención, el jueves, de su ex ministro de Hacienda, Guido Mantega, cuando se encontraba en un hospital de San Pablo junto a su esposa enferma de cáncer. La prisión del economista del PT ordenada por Moro, fue poco después anulada ante las críticas de juristas, incluso algunos que apoyan la causa “Lava Jato”.


El expresidentes está convencido de que la única forma de evitar ser condenado en el proceso por el “Petrolao” y, consecuentemente, ser proscripto de las elecciones de 2018 en las que se perfila como favorito, es refrendar su condición de líder popular.


Y, paralelamente, denunciar en el resto del mundo las arbitarieades de las que es víctima, como ocurrió el martes pasado durante un evento realizado en Nueva York, donde participó su abogado Geoffrey Robertson. Ex defensor del fundador de Wilileaks Juian Assange y del escritor hindú Salman Rushide, Robertson habló de la “persecución” de la que es víctima Lula y la falta de respeto al derecho de defensa que impera en Brasil tras la instalación del nuevo gobierno. Lo afirmó poco después de que Michel Temer pronunciara su discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas.


De sus primeros 22 días como presidente efectivo Temer pasó diez fuera de Brasil repitiendo ante quienes quisieran escucharlo, no fueron muchos, que su gobierno se ajusta a derecho y respeta las garantías constitucionales.

Convengamos que nadie legítimamente electo deambula por los foros multilaterales para alardear lo democrático que es. Su campaña de marketing en beneficio propio empezó en Hangzou, China, durante la Cumbre del Grupo de los 20 y continuó la semana pasada en Nueva con su pronunciamiento en la ONU al comienzo del cual se ausentaron de la sala, en protesta contra el golpe, los representantes de Bolivia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Nicaragua y Venezuela.


El sucesor de Rousseff, que se presenta como “político y escritor”, habla con un estilo barroco saturado de sufijos y prefijos como lo hacían los jueces de antaño. “Permítome a los señores decirles que no habrán de encontrar en el mundo todo democracia alguna tan sólida como la que en mi país existe” (recreación libre de sus intervenciones recientes). Ese estilo afectado puede ser últil para posar de demócrata cuando habla para los medios de su país que le disimulan los defectos pero no funciona con el grueso de la prensa internacional.


Varios medios extranjeros registraron que mientras discurseaba en Nueva York, en la sede de la ONU en Ginebra su gobierno era denunciado por la represión contra manifestantes que exigían “elecciones directas ya” uno de los cuales, una estudiante de 19 años, perdió un ojo de un balazo de goma policial mientras un reportero de la BBC recibió una paliza de la misma fuerza de seguridad pese a que mostró su credencial.


Con los viajes a China y Estados Unidos se buscó tanto o más que la legitimación ante la comunidad internacional, celebrar un encuentro o al menos aparecer en una foto junto Barack Obama. Los fotógrafos oficiales habrían sido orientados para registrar el instante en que Temer, primer orador en la Asamblea, y Obama, que iba a ser el segundo, se cruzaran en los corredores del Palacio de Cristal de la ONU, lo cual no ocurrió porque el estadounidense llegó tarde. ¿Fue para evitar a su par sudamericano?. No hay información consistente para afirmar que ese fue el motivo del desencuentro.


El caso es que Obama no dijo palabra sobre la nueva administración de la mayor potencia latinoamericana ni en Hangzou ni en Nueva York, pese a que la Casa Blanca y el Departamento de Estado apoyaron el derrocamiento de las autoridades electas con una serie de comunicados y decisiones concretas, como el designar un nuevo embajador tras la suspensión del mandato de Dilma y aceptar rápidamente las credenciales del representante de Temer en Washington.


Entre las conjeturas sobre el ninguneo sufrido por el brasileño hay dos relativamente plausibles. Una se basa en el oportunismo Obama que habría eludido mostrarse junto a un aliado útil pero impresentable. Otra explicación toma en cuenta el pragmatismo del norteamericano quien tal vez poder real de un colega muy impopular (68 % de rechazo según una encuesta) y carente de comando sobre sus aliados, que comienzan a dar señales de insubordinación. Al respecto cabe señalar que el viernes el Supremo Tribunal Federal autorizó una investigación preliminar sobre Temer, que fue durante años presidente del Partido Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), ante la sospecha de que arregló el financiamiento ilegal de al menos una campañas con Sergio Machado, un ex gerente de Transpetro, subsidiaria de Petrobras.


La decisión del Supremo se basa en una confesión del propio Machado, también del PMDB, que se acogió a la delación premiada para atenuar la condena por las decenas de millones de dólares robados a Petrobras.


Si la causa contra el gobernante avanzara podrá ser destituido con lo cual habría elecciones indirectas en 2017, un escenario que cuenta con el aval disimulado de sectores del poder judicial y partidos que en su hora integraron el frente formado para derrocar a Rousseff, pero nunca fueron incondicionales de su sucesor . Si esto ocurriera, será un golpe dentro del golpe.


No se trata de una buena noticia para alguien con tan poco tiempo en el Planalto que esta semana volverá a dejar el país para viajar a Colombia donde participará de la firma del acuerdo de paz entre el presidente Juan Manuel Santos los rebeldes de las FARC, y la semana próxima posiblemente embarcará hacia Buenos Aires, donde espera eludir las protestas. Según el diario Folha de San Pablo los encargados del ceremonial prefieren que el paso Argentina no sea en la forma de una visita de Estado pues de ser así Temer estaría obligado a pasar por El Congreso donde podría ser cuestionado.

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Martes, 20 Septiembre 2016 06:37

Un bandolero llamado Eduardo Cunha

Entre fines de julio y principios de agosto Eduardo Cunha despachó emisarios para sondear la Fiscalía General de la Unión. Quería saber si había buena disposición para establecer un acuerdo de “delación premiada”, que le aseguraría penas blandas, en caso de una condena que parecía y parece inevitable, a cambio de informaciones.


Cunha lo desmintió con vehemencia durante todo el proceso que culminó con su expulsión de la Cámara de Diputados, la suspensión definitiva de su mandato (y los correspondientes fueros privilegiados) y su inhabilitación política por ocho años.
Ahora, los procesos a que respondía en el Supremo Tribunal Federal pasan a primera instancia. Uno de ellos ya fue enviado al provinciano juez de primera instancia Sergio Moro, firme admirador no confesado de los tribunales de la Santa Inquisición: más que buscar justicia a la hora de juzgar, tiene la obsesión de condenar.


Fulminado por sus pares, abandonado por sus huestes, Cunha vuelve al llano intentando aparentar la calma de un lago nórdico en invierno. Sabe que perdió casi todo su poder en la Cámara de Diputados. Sabe que es un cadáver político. Sabe que se transformó en símbolo máximo de podredumbre en un sistema político podrido. Sabe que es la imagen lapidada de un corrupto vulgar, de un bandolero desarmado.


Pero también sabe que lo que sabe puede ser letal para un número incalculable de políticos de todos los calibres, a empezar por su veterano aliado y cómplice Michel Temer. Eximio maestro del chantaje, Cunha deja claro que se sintió abandonado por traidores voraces.


Quedan, en ese enredo, al menos dos preguntas básicas. La primera: ¿qué hará ahora, cuando tanto él como su esposa, Claudia Cruz, están bajo la amenaza concreta de prisión?


No hay mucho espacio para negociación con los fiscales ávidos de aplausos de una opinión pública entorpecida por los mismos medios hegemónicos de comunicación que hasta hace pocos meses ignoraban olímpicamente los desmandes colosales del bandolero-mor de la República. Y menos para intentar alguna complacencia de la Corte Suprema.
Precavido, desde hace al menos dos meses trata de seducir a los fiscales y a la Policía Federal con la perspectiva de delatar. El eventual beneplácito de la Justicia dependerá de lo que Cunha esté dispuesto a ofrecer.


Una primera muestra surgió ayer, cuando en una entrevista del diario conservador O Estado de S. Paulo (uno de los adalides del golpe institucional que destituyó a la presidenta electa Dilma Rousseff y colocó en su lugar a un Michel Temer que sigue buscando desesperadamente una legitimidad cada vez más inviable) Cunha lanzó algunos contundentes disparos de alerta. El blanco ha sido uno de los hombres fuertes de Temer, Wellington Moreira Franco, encargado del muy jugoso tema de las privatizaciones. La reacción de Moreira Franco fue intentar desclasificar a su acusador. Bueno, Cunha es, efectivamente, un desclasificado ético y moral. Pero en ese terreno, Moreira Franco es un imponente competidor: su integridad tiene la consistencia de un consomé aguado. Cunha salpicó, de paso, a otro monumento de polución ética y moral, el mismo Michel Temer. ¿Amenaza velada? No: mejor considerarlo una especie de advertencia.


La otra pregunta básica: ¿cómo ha sido posible que semejante creatura, cuya trayectoria fue sólidamente pavimentada de robos, coimas, chantajes, haya reunido tanto poder, a punto de haber sido el gatillo disparador de un golpe institucional victorioso?


La respuesta es dura, pero no hay salida: eso ocurrió gracias al ambiente degradado de la política brasileña, al silencio cómplice de los medios de comunicación, a la bovina pasividad de las cortes superiores de Justicia, a la inercia de un sistema judicial tan perezoso como contaminado. A la despolitización de un electorado que se deja conducir como rebaño de terneros distraídos. Y, duro pero innegable, a la admisión, por parte del PT, de aliarse a un partido como el PMDB, plagado de traidores como Cunha, Temer y todo el resto de la pandilla.


Por décadas Cunha supo buscar financiación para campañas electorales ajenas, armando una red de deudores que luego transformaba en cómplices de sus negocios sin escrúpulo.


Con un Congreso en que existen nada menos que 28 partidos políticos, impera en Brasil un engendro llamado “presidencialismo de coalición”. O sea, ningún presidente logra gobernar sin aliarse para intentar una mayoría parlamentaria. Ese escenario propicio a todo tipo de chantaje y de negociaciones espurias sirve de pasto generoso para el apetito desorbitado de bandoleros como Eduardo Cunha. Y sirvió para que Dilma, el PT y Lula fuesen traicionados de manera vil.
Cunha fue, quizá, el más hábil e inteligente de toda una enorme pandilla que ahora se reúne alrededor de Michel Temer. Cuando sus servicios dejaron de ser necesarios, fue defenestrado por sus pares con la frialdad de los chacales.
Sabe que perdió casi todo su poder, pero que mantiene algo de su otrora olímpica influencia, en especial sobre partidos pequeños e inexpresivos que, reunidos, suman una bancada de casi 20 por ciento de la Cámara de Diputados.
Vengativo e implacable, advirtió que no caería solo: caería disparando. Bueno, ya cayó. Ahora vendrán los disparos.


EL MAGISTRADO DEBE DECIDIR SI PROCESA AL EX PRESIDENTE O RECHAZA LOS CARGOS POR CORRUPCION


El juez Moro y la denuncia contra Lula


El fiscal federal y pastor evangélico Deltan Dallagnol llamó a Lula “comandante máximo” de la red de corrupción, pero no lo denunció por asociación ilícita sino por supuesta corrupción y lavado de dinero en la compra de un departamento.

 

El juez federal brasileño Sergio Moro, quien conduce la investigación sobre la red de corrupción en torno de Petrobras, debe decidir a la brevedad si acepta o rechaza la denuncia de la fiscalía por corrupción y lavado de dinero contra el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, su esposa Marisa Leticia y otras seis personas.


Así lo informó una fuente del Juzgado Federal número 13 de Curitiba, capital del estado de Paraná, que indicó que el magistrado, de todos modos, no tiene plazos para expedirse sobre el reclamo de los fiscales federales de la Operación Lava Jato.


Moro puede aceptar la denuncia y convertir a Lula en procesado o rechazar la acusación, que fue muy cuestionada en ámbitos jurídicos e incluso entre los ministros del Supremo Tribunal Federal (STF), según reportó ayer el diario Folha de S. Paulo.


El fiscal federal y pastor evangélico Deltan Dallagnol llamó a Lula “comandante máximo” de la red de corrupción el miércoles pasado, pero no lo denunció por asociación ilícita sino por supuesta corrupción y lavado de dinero en torno de un apartamento en el balneario de Guarujá.


“Moro es juez y parte. Si llega a rechazar la denuncia, esto no quita el clima de persecución del cual es víctima Lula”, dijo el abogado del ex presidente (2003-2010), Cristiano Martins.


Otra acusación está basada en un acuerdo entre Lula y la empresa OAS, involucrada en sobornos en Petrobras, para guardar el archivo presidencial, seis containers con todos los obsequios recibidos en el período en que ejerció la máxima magistratura, que el ex mandatario estuvo obligado a llevarse y proteger una vez que dejó el cargo, en 2010.


Los fiscales indican que esta transacción tiene vinculaciones con la red de corrupción en la petrolera y en la financiación de campañas políticas.


El fin de semana en Estados Unidos, donde participó de un seminario, Moro fue consultado por el portal de la revista Veja si podría pedir la detención de Lula pese a que los fiscales no lo habían solicitado. “Sin comentarios”, respondió el magistrado.
En tanto, la ex presidenta brasileña Dilma Rousseff, destituida en juicio político el pasado 31 de agosto, comenzó a participar de las campañas electorales de aliados de cara a las elecciones municipales del 2 de octubre próximo.


En ese marco, Rousseff es esperada mañana para participar en un acto en Cinelandia, en el centro de Río de Janeiro, para apoyar la candidatura a alcalde de la ciudad maravillosa de Jandira Feghali, del Partido Comunista do Brasil (PCdoB), aliado del Partido de los Trabajadores.


Rousseff apareció en la televisión haciendo campaña a favor de Feghali, una de sus principales defensoras en la Cámara de Diputados, y también en Porto Alegre, donde reside.


En la capital de Río Grande do Sul, Rousseff en la propaganda electoral pide el voto para Raúl Pont, aspirante a jefe municipal de Porto Alegre por el PT.

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Unos documentos judiciales ocultos pertenecientes a la investigación contra Scott Walker muestran la influencia de las grandes empresas sobre el proceso democrático.

 

La influencia omnipresente del dinero de las grandes empresas en el proceso democrático, y lo que son capaces de hacer políticos, lobistas y hasta jueces para pedir dinero queda al descubierto con la filtración de unos documentos a los que ha podido acceder The Guardian.


Los documentos John Doe están compuestos por 1.500 páginas que, en su mayoría, jamás fueron publicadas. Forman parte de las pruebas recolectadas por los fiscales que investigan las presuntas irregularidades en la recaudación de fondos para la política. El año pasado, la Corte Suprema de Wisconsin ordenó que todos los documentos fuesen destruidos, pero algunos sobrevivieron y han llegado a manos de The Guardian.


Los documentos permiten ver un mundo que muy rara vez llega a ojos del público en el que las grandes corporaciones y las figuras multimillonarias donan en secreto millones de dólares a terceras partes para influir en las elecciones. En los documentos se toca un tema visceral del ciclo presidencial de 2016: la distorsión de la democracia estadounidense por culpa de las grandes empresas, a las que tanto Donald Trump como Bernie Sanders han criticado.


En un caso que está ahora en la Corte Suprema de EEUU, cinco fiscales de Wisconsin desarrollaron una minuciosa investigación sobre supuestas violaciones a la financiación de partidos por parte del comité de campaña de Scott Walker, gobernador de Wisconsin y excandidato presidencial del Partido Republicano. Conocida como la “investigación John Doe”, la pesquisa ha sido durante años el centro de una fiera pelea entre conservadores y progresistas.


En julio de 2015, la Corte Suprema de Wisconsin detuvo la investigación con el argumento de que los fiscales habían malinterpretado las leyes de financiación de las campañas y, como resultado, se habían metido con personas y grupos “totalmente inocentes de cualquier delito”. De manera muy inusual, la Corte también ordenó destruir toda la evidencia recolectada por la fiscalía. Luego se acordó que la información no fuera divulgada.


Los grandes magnates


Entre los documentos se encuentran varias presentaciones judiciales de este caso, además de cientos de páginas con intercambios de correos electrónicos que habían sido solicitados por los fiscales. En los correos electrónicos hay conversaciones entre Walker, sus principales asesores, los lobistas conservadores, y figuras republicanas tan importantes como Karl Rove y como Reince Priebus, el presidente del Comité Nacional Republicano.


En los documentos también aparece Trump, por una donación de 15.000 dólares que hizo después de visitar personalmente a Walker en la oficina central del candidato republicano en la Quinta Avenida.


Además de Trump, varias de las figuras de derecha más poderosas e influyentes de la nación figuran en los documentos: Ken Langone, cofundador de Home Depot; Paul Singer, director de fondos de inversión; Sheldon Adelson, magnate de los casinos de Las Vegas; y hasta el multimillonario Carl Icahn. “Hoy recibí un millón de dólares de John Menard”, dice Walker en uno de los mensajes, en referencia al multimillonario dueño de Menards, la cadena de artículos para el hogar y la construcción.


Entre el nuevo material que aparece en los documentos, hay contribuciones provenientes del dueño de NL Industries, una empresa que hace muchos años se dedica a la producción de pintura a base de plomo. Las contribuciones rondan los 750.000 dólares y se hicieron a una tercera parte estrechamente relacionada con Walker. Al mismo tiempo que tenían lugar las donaciones, la legislatura controlada por los republicanos aprobaba leyes que hacían mucho más difícil a los envenenados por el plomo de las pinturas presentar demandas contra NL Industries y otras empresas que fabricaban el mismo tipo de pinturas (las leyes fueron derogadas luego por los tribunales federales).


La conexión judicial


Los documentos John Doe ofrecen también nuevas evidencias de la extensiva campaña protagonizada por los aliados de Scott Walker para ayudar a David Prosser, miembro conservador de la Corte Suprema de Wisconsin, a conservar su puesto en la reelección de 2011. Una red de grupos y activistas con las mismas ideas inyectaron 3,5 millones de dólares de fondos corporativos anónimos para pagar anuncios en radio y en televisión a favor del juez Prosser.


Según revelan los documentos, se creía que la campaña era vital para mantener a la mayoría de los miembros de derecha en la Corte y preservar así las medidas anti-sindicatos que habían llegado de la mano de Walker. “Si perdemos al juez Prosser, los planes de Walker se caen”, escribe uno de los aliados en un correo electrónico enviado al jefe de personal del gobernador y a varios lobistas conservadores.


En 2015, el juez Prosser se negó a excusarse en un caso en el que se estaba juzgando a la Corte Suprema del Estado por la investigación John Doe, a pesar de que la investigación se centraba precisamente en la misma red de grupos de presión y contribuyentes que lo habían ayudado a permanecer en su puesto. El juez votó junto con otros cuatro jueces conservadores y, por mayoría, decidieron terminar con la investigación y destruir todos los documentos filtrados a los que The Guardian ha podido acceder.


Prosser dijo a The Guardian que habían pasado cuatro años entre su reelección y su decisión de sumarse al fallo para cerrar la investigación John Doe. Según Prosser, tiempo más que suficiente como para disipar cualquier conflicto de intereses.


La investigación John Doe se inició en 2012 luego de una serie de intentos de revocar el mandato impuesto a Walker y a otros seis senadores republicanos tras la ley 10, su medida hiperpartidista y anti sindicatos. Los fiscales alegaron que el comité de campaña del gobernador había manejado una red de lobbies externos para inyectar, sin hacerlo público, cantidades ilimitadas del dinero de las grandes empresas.


Walker y los otros partidos centro de la investigación John Doe se quejaron por haber sido acusados injustamente de violar la ley. Dijeron que no se habían presentado cargos en la causa, y que una serie de tribunales de Wisconsin, incluso el más importante del estado, los había declarado libres de culpa y cargo.


Los responsables de la campaña de Walker dijeron a The Guardian que la investigación John Doe era “infundada” y que había sido cerrada en repetidas ocasiones por los tribunales del estado. Según uno de sus portavoces, “no hay absolutamente nada que pruebe que se haya cometido un delito”.


Los lobbies que fueron el centro de la investigación dijeron que los fiscales habían acusado a personas completamente inocentes de delitos que no existían bajo las normas estatales. Insistieron en que ellos tenían derecho a opinar sobre las leyes y los funcionarios públicos, y a proteger la confidencialidad de sus contribuyentes.
Traducción de Francisco de Zárate

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Los investigadores aseguran que el expresidente "ordenó la formación de un esquema delictivo al llegar al poder"


El expresidente más popular de la historia de Brasil está desde este miércoles un paso más cerca del abismo. La fiscalía brasileña ha lanzado contra Luiz Inácio Lula da Silva la acusación más grave imaginable en el actual panorama político brasileño: ser “el comandante máximo del esquema de corrupción investigado por Lava Jato”, es decir, el mayor escándalo de desvío de fondos públicos en la memoria reciente del país. Una acusación que salpica a algunas apariciones recientes de Lula pero que sobre van dirigidas a sus dos legislaturas, movidas, según cuenta ahora la fiscalía, por los sobornos y las adjudicaciones a dedo. Formalmente, Lula y su mujer han quedado acusados de haber recibido sobornos de la empresa OAS, implicada en el escándalo de corrupción de Petrobras. El futuro del exmandatario, que hace poco declaró su intención de presentarse a las elecciones presidenciales de 2018, queda en las manos del juez Sérgio Moro, responsable de la investigación y archienemigo del exmandatario del Partido de los Trabajadores. Él es quien decidirá si Lula termina sentado en el banquillo de los acusados.


En particular, la fiscalía acusa a Lula de corrupción a través de la empresa OAS Léo Pinheiro, de la cual, sospechan, recibió hasta 3,7 millones de reales (1,1 millones de dólares), sobre todo en lo relativo a una casa, propiedad de Lula, supuestamente, de tres plantas en Guarujá, a las afueras de São Paulo: 1,1 millones (330.000 dólares) fueron para la compra de la casa, 926.000 (278,000 dólares) para la reforma y 350.000 (105.000 dólares) para equipar la cocina. Lula, por su parte, ha negado ser propietario de la vivienda. OAS también invirtió, se supone, 1,3 millones de reales en almacenar los bienes de Lula después de que dejara la presidencia.


Tanto Lula como su esposa, María Letícia, han quedado acusados también de estar implicados en un caso de sobornos al presidente del Instituto Lula (el organismo que funciona como portavoz del exmandatario brasileño), Paulo Okamoto; el arquitecto Paulo Gordilho y cuatro extrabajadores de OAS: el expresidente José Adelmário Pinheiro, conocido como Léo, el exejecutivo Agenor Franklin Magalhães Medeiros y otros dos empleados, Fábio Hori Yonamine y Roberto Moreira Ferreira.
La fiscalía habló de otras sospechas, como el que varias empresas que hayan donado dinero al Instituto Lula y formen parte de la red de Petrobras, y lo vinculó a otras acusaciones que ya penden sobre el presidente. Primero por, supuestamente, obstruir las investigaciones del Lava Jato al intentar evitar la acusación de Néstor Cerveró, el exdirector de la petrolera estatal Petrobras, sede de los escándalos que se investigan. Y segundo, por ser, de nuevo supuestamente, el propietario de una finca en Atibaia (São Paulo), reformada por la constructora Odebretcht. En realidad, el esquema de corrupción de Petrobras que baraja la justicia se remonta hasta 1987, pero, en función de la ley brasileña, solo se pueden investigar los últimos 12 años: justo el primer mandato de Lula.


No había ni terminado la rueda de prensa y el equipo de abogados de Lula ya estaba defendiendo su inocencia en redes sociales. “Desde el 30 de enero de 2016, Lula entregó los documentos que prueban que él no es el dueño de ningún apartamento en Guarujá”, publicó en su página de Facebook. “Lula apenas estuvo una vez en ese edificio, cuando su familia se planteaba comprar el inmueble. Jamás fue propietario”. En Twitter, sin embargo, hizo una broma histórica: “Curiosidad histórica: [el expresidente de Brasil] Juscelino Kubischek fue acusado de ser dueño de un inmueble en nombre de un amigo”.

Brasilia 15 SEP 2016 - 02:42 COT

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Miércoles, 14 Septiembre 2016 06:16

Final de historia, comienzo de pesadilla

“Michel no hizo nada para ayudarme”, se quejó Eduardo Cunha poco antes de perder su mandato de diputado nacional por aplastantes 450 votos contra diez en su defensa y nueve abstenciones.


“Michel” es Temer, el presidente ungido a raíz de un golpe institucional desencadenado precisamente por Cunha, cuando era el todopoderoso presidente de la Cámara de Diputados. Al perder su quinto mandato de diputado, Cunha también perdió sus fueros de privilegio. Cae, a partir de ahora, en las furiosas manos del provinciano juez de primera instancia Sergio Moro. Bandolero compulsivo, con una nutrida secuencia de juicios abiertos en el Supremo Tribunal Federal, Cunha se transforma ahora en un ciudadano de a pie. Y a juzgar por la conducta de Moro, lo esperan sentencias de pesadilla. La cantidad de decenas de años de cárcel a que será condenado no se cuenta ni con los dedos de dos manos.


Le queda una salida, la única para suavizar su futuro de sombras: delatar. Luego de ser defenestrado por sus pares, Cunha rechazó la idea de adherir a la tan polémica modalidad de la “delación premiada”, en que el condenado tiene sus condenas sustancialmente disminuidas a cambio de contar lo que sabe y todo lo que interesa a los fiscales y a la Policía Federal. Dijo, con la soberbia habitual, que no tiene qué delatar porque no cometió crimen alguno.


Bueno, cometió muchos, diversificados y graves. Aseguró que está escribiendo un libro, relatando todos los detalles del largo proceso de juicio político que abrió, por pura venganza personal, contra la ex presidenta Dilma Rousseff. “Todos los diálogos, toda la trama”, anticipó, para en seguida decir que espera ganar mucho dinero con el libro.


A interlocutores de su confianza (como si en el mar de lama en que se transformó la política brasileña la palabra “confianza” todavía tuviese algún espacio...), Michel Temer dice que no abandonó a su aliado. En tono de lamento, dice que era casi nada lo que habría podido hacer.


La verdad es otra, y nada ni nadie logrará ocultarla. Para Michel Temer y los que se engancharon en el poder, tan pronto se abrió contra Dilma Rousseff el juicio en el Congreso el escenario cambió y Cunha, antes elemento esencial, perdió utilidad. Con su consolidada (y más que justa) fama de símbolo perfecto de la corrupción, pasó a ser una figura incómoda. Sobrevivió por un tiempo, pero su condena estaba más que anunciada.


El problema ahora es otro: a lo largo de una carrera política construida en las sombras, sus archivos son implacables. Si cuenta lo que sabe y lo que hizo y lo que hicieron sus aliados y comandados, destroza a medio Congreso. Esa era su fuerza para dominar a dos centenares de diputados de escasa o nula significancia y fuerza. Fue traicionado. Ahora, es su fuerza para librarse de décadas de cárcel. Y, claro, su venganza.


Desde principios de 2015, inicio del segundo mandato de Dilma Rousseff, ese político de trayectoria gris y fuerza descomunal se lanzó a las estrellas. Dominando como nadie los regimientos y reglas jurídicas de la Cámara, maniobró a sus anchas. Acosó y boicoteó al gobierno, se hizo aliado esencial de Michel Temer y su grupo, ostentó su poderío político con la misma osadía que su mujer, Claudia Cruz, una ex presentadora igualmente opaca de la TV Globo, ostentaba gastos millonarios, absolutamente incompatibles con el patrimonio y la renta de la pareja. De carteras de cinco mil dólares a clases de tenis de 60 mil en seis meses, hubo de todo. Nada parecía tener límite para la mujer que comentaba alegremente con sus amigas que estaba entrenándose para ser primera dama, mientras el marido insinuaba claramente que para él, ni siquiera el cielo era un límite.


Bueno, ese tiempo se acabó. Los diputados todos (se calcula en poco más de 200) a los cuales Cunha, en sus buenos tiempos, financió campañas y facilitó negocios nada republicanos, lo abandonaron, con la solitaria excepción de los diez que votaron contra la suspensión definitiva de su mandato y los otros nueve que se abstuvieron de votar. También los medios hegemónicos de comunicación, la banca y el empresariado que elogiaban su desempeño cuando presidía la Cámara y boicoteaba el gobierno de Dilma ahora lo tratan como lo que realmente es, un ladrón voraz y vulgar.


Se acabó el ciclo de poder del corrupto más poderoso de estos tiempos tenebrosos que vivemos en mi país.


Empieza ahora otro tiempo de pesadillas para Michel Temer y el grupo que compone su “núcleo duro”. Todos responden a investigaciones o causas judiciales de corrupción, a empezar por el mismo presidente. Cunha sabe todo de todos.
Podrían, es verdad, haber intervenido para que a Cunha le tocase una punición más blanda. Habría sido un escándalo de dimensiones siderales.


Al abandonarlo a su propia suerte, corren el riesgo tremendo de ser denunciados con amplitud igualmente sideral de pruebas. En esa apuesta, quien más perdió ha sido el país. Temer sigue buscando una legitimidad inalcanzable. Sabe que es y será, para siempre, la más contundente y visible herencia de Eduardo Cunha, el corrupto que a última hora fue abandonado y traicionado por sus pares y por sus cómplices.


Y que sabrá vengarse. O al menos insinúa que sabe.

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Domingo, 11 Septiembre 2016 06:28

Brasil en tiempos de Temer

Hoy, Michel Temer cumple 11 días de presidente efectivo de Brasil. Once días, luego de casi cuatro meses de interino, mientras se desarrollaba en el Senado el juicio político que liquidó el mandato que Dilma Rousseff había conquistado, en 2014, por la vía del voto popular.

Para hacerse con su segundo mandato presidencial, Dilma Rousseff necesitó el voto de 54 millones 500 mil electores brasileños. Para hacerse presidente, Temer necesitó nada más que los 61 votos de senadores que decidieron, aunque no hubiese prueba alguna, que la mandataria cometió "crimen de responsabilidad", lo que, de acuerdo con la Constitución, justificaría destituirla. Ha sido un golpe institucional.

Hoy también se cumplen 11 días de incesantes marchas populares de protesta que se reproducen por todos el país, al grito de "¡Fuera Temer!"

Algunas fueron multitudinarias, en las que se reunieron 100 mil personas. Otras, más modestas, juntaron 2 mil, 3 mil. Hubo represión violenta en varias ciudades brasileñas, especialmente en Sao Paulo, la mayor ciudad del país, como una especie de advertencia de lo que podrá pasar.

En un solo día –el 7 de septiembre, fecha en que se conmemora la independencia– Temer fue abucheado cuatro veces. Una, en el desfile formal en Brasilia, y otras tres en Río. Pese a que su presencia ni siquiera había sido anunciada (a petición del gobierno), en la ceremonia de apertura de los Juegos Paraolímpicos hubo tres silbatinas poderosas. Dos, de manera espontánea, y otra cuando él cometió la temeridad de hablar frente a unas 70 mil personas en Maracaná.

A estas alturas, él sabe que, entre otros muchos problemas que lo esperan, está el rechazo mayoritario en la opinión pública brasileña. Los sondeos indican que más de 70 por ciento exige elecciones inmediatas, y que cuenta con solamente 9 por ciento de respaldo. Hay fuertes indicadores de que las marchas de protesta proseguirán. El problema de Temer es que, tan pronto empiece a implantar las medidas de "ajuste" que son anunciadas gota a gota, ese rechazo seguramente aumentará. Sus ministros no logran hablar en actos abiertos sin ser acompañados por un coro unísono de "¡Golpista!"

Además, cada marcha deja claro que el tema no es pedir el regreso de Dilma Rousseff, lo que tampoco sería solución alguna, sino rechazar la forma como –sin contar con un mísero voto popular– Temer y su banda se apoderaron del gobierno.

Hoy por hoy se instaló en la conciencia de todos que existen sobradas dudas sobre la legitimidad jurídica de las acusaciones que llevaron a la destitución de Dilma Rousseff. En un primer momento, tanto Temer como algunos de sus más poderosos ministros, al referirse a las manifestaciones de protesta, lanzaron frases despectivas. De inmediato se dieron cuenta del efecto contrario provocado por su soberbia. Las manifestaciones crecieron.

Ahora, en el gobierno hay una palpable preocupación: de persistir, el clima de rechazo podrá alastrarse, amenazando el equilibrio político buscado por Temer y su grupo. Además, el PT siempre ha sido ducho en la oposición, y por más hondo que haya sido el desgaste sufrido, viene dando claras muestras de que todavía tiene amplio espacio en las calles y mucha fuerza de convocatoria.

En ese cuadro, ¿cómo convencer a los brasileños de que las medidas que se pretende imponer de manera clara –para no mencionar a las que vienen protegidas por las sombras– son la vía de la salvación?

Otro punto débil en la estrategia de un gobierno que nace rechazado mientras busca una poco probable legitimación, es la comunicación. De cada cinco anuncios lanzados a bocajarro por los ministros, tres provocan un desastre inmediato. La semana pasada se anunció, por ejemplo, una reforma en la legislación laboral, que aumenta de 40 a 48 horas semanales la jornada de trabajo. Es como volver a los años 30. Además, se permitirá la contratación por horas, sin ninguna de las muchas garantías de la legislación. Es el resultado de la presión del gran empresariado que ha sido una de las fuerzas más poderosas fomentando el golpe institucional consumado el pasado 31 de agosto, y tendrá como consecuencia inmediata la durísima resistencia de las centrales sindicales.

Las medidas económicas tan ansiadas por el mercado financiero significarán, entre otros, la manutención de las más elevadas tasas básicas de interés en el mundo. La imposición de un tope a los gastos públicos parte del proyecto de enjugar al máximo el tamaño del Estado, significará un durísimo ajuste en los recursos destinados a la salud y la educación, por no mencionar los programas sociales implantados a lo largo de los 13 años pasados, los cuales beneficiaron a decenas de millones de brasileños.

La fragilidad de la alianza que impuso la destitución de la mandataria legítimamente electa será otro obstáculo para Temer.

Existe en Brasil tensión palpable en el aire. Para mantenerse en el gobierno, Temer tendrá de hacer milagros en la economía.

El problema es que, a estas alturas, creer en milagros es algo que no forma parte de la cotidianidad de los brasileños.

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Sábado, 03 Septiembre 2016 05:50

Final de una época

La muerte de Islam Karimov –quien gobernó con mano dura Uzbekistán durante el cuarto de siglo reciente– marca el final de una época en esa república centroasiática de la antigua Unión Soviética, que de una sociedad feudal pasó, el siglo pasado, al llamado socialismo desarrollado y, tras proclamar su independencia en 1991, devino régimen autoritario del entonces primer secretario del partido comunista uzbeko y, luego, presidente inamovible.


De acuerdo con la hermética tradición centroasiática de minimizar malas noticias, hechos, gestos y filtraciones –por ejemplo, los comunicados con información dosificada desde su hospitalización para tratamiento dilatado hasta el más reciente que reconocía el estado crítico del paciente, las fotos de los preparativos para un funeral fuera de lo común en Samarkanda, su ciudad natal, entre otros–, apuntaban hacia una sola conclusión: Karimov murió a comienzos de esta semana.


El anuncio oficial del deceso –tras sufrir el domingo anterior un derrame cerebral a los 78 años de edad– se hizo este viernes, sólo después de que los clanes que se reparten el poder en Uzbekistán, en un intenso forcejeo intramuros que duró varios días, decidieron quién sucederá a Karimov.


Cumplida la formalidad de las exequias de Estado, se dará a conocer el nombre del nuevo líder uzbeko. Descartada la hija mayor, Gulnara, cuyo palacete a orillas del lago de Ginebra se erige como todo un monumento a la corrupción y, desde que intentó desplazar a su padre, se encuentra en Tashkent bajo arresto domiciliario, dos son los candidatos más mencionados para tomar el relevo en Uzbekistán.


Encabeza la carrera sucesoria Shavkat Mirziayev, primer ministro desde 2003, y le sigue Rustam Azimov, el ministro de Finanzas. El primero cuenta con el apoyo de Rusia y del jefe del servicio de seguridad nacional, Rustam Inoyatov –el brazo represor de Karimov–, y el segundo, considerado un político más liberal, goza de simpatías en Occidente por sus nexos con el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo.


En todo caso, el cambio de gobernante en Uzbekistán ejercerá un fuerte ascendiente en toda la región de Asia central y no sólo por tener frontera con Afganistán, lo cual convirtió el país en puerta de entrada de la droga afgana hacia Europa y el resto del mundo. Aumenta el riesgo de expansión que representan los grupos islamitas radicales con cada vez más adeptos entre los jóvenes, en su mayoría desempleados, mientras Rusia, Estados Unidos, la Unión Europea y China no escatiman esfuerzos por alinear a Uzbekistán en su órbita.


Karimov deja como legado una población sumida en la miseria y una élite corrupta que no conoce límites para acumular riqueza, en un país que es el quinto exportador de algodón del mundo y figura entre los 10 principales en cuanto a reservas de oro y uranio, con cientos de opositores encarcelados y torturados, con serios conflictos interétnicos en el valle de Ferganá, disputas territoriales y tensión con sus vecinos.

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Viernes, 02 Septiembre 2016 06:12

El escenario regional después de Dilma

La destitución de Dilma Rousseff por el Senado más conservador desde 1964 (año del golpe de Estado contra João Goulart) cierra el ciclo progresista que se inició con la asunción de Luiz Inacio Lula da Silva el primero de enero de 2003. Siendo Brasil el país más importante de la región y el que marca tendencias, estamos ante una inflexión irreversible en el corto plazo, donde las derechas conservadores imponen su agenda.

El panorama regional sudamericano aparece claramente dominado por la alianza entre el capital financiero, Estados Unidos y las derechas locales, que muestran un dinamismo difícil de acotar a corto plazo. Hay que remontarse a principios de la década de 1990 para encontrar un momento similar, pautado por el triunfo del Consenso de Washington, el auge del neoliberalismo y el derrumbe del bloque socialista.

Sin embargo, sería equivocado pensar que estamos volviendo al pasado, por más que algunos analistas crean que se están perdiendo "conquistas". La realidad indica que la región camina hacia adelante pero, en lo inmediato, lo que tenemos enfrente no es la sociedad igualitaria y justa con la que soñamos, sino un inminente choque de trenes entre los de arriba y los de abajo, y luchas entre clases, razas, géneros y generaciones. Hacia ese desenlace va la humanidad, y ese es el futuro a mediano plazo que se avizora en la región.

En rigor, este panorama ya se venía perfilando desde hace varios años, cuando aún gobernaban los progresistas, por la creciente alianza de hecho entre las clases medias (viejas y nuevas) y los más ricos, en gran medida por el triunfo de la cultura consumista, despolitizadora y conservadora que impulsaron esos mismos gobiernos. Pero lo que importa, mirando hacia adelante, es el mentado choque de trenes.

Una nueva derecha se ha impuesto en la región. Una derecha que no tiene escrúpulos legalistas, que no está dispuesta a respetar los modos de las democracias, que pretende arrasar los sistemas educativo y de salud tal como los conocimos. En Brasil la nueva derecha ha puesto en pie el movimiento Escola Sem Partido, que ataca la educación pública, vapulea el legado de Paulo Freire y pretende controlar estrictamente a los docentes.

Habrá que volver con más detalle sobre este "movimiento", que promueve la disociación entre "educar" (responsabilidad de la familia y la Iglesia) e "instruir" (transmisión de conocimiento, que es la tarea de los profesores). Si los proyectos de ley que ingresaron al parlamento fueran aprobados, una porción de los docentes podría ser sancionada por "adoctrinamiento ideológico", por hablar de la realidad del país, ya que en las aulas, pregonan, no debe existir la libertad de expresión. En esa realidad no sólo entra lo político, sino incluso la violencia contra las mujeres. Apenas una muestra de lo que viene.

Para comprender por dónde va la nueva derecha no hay que mirar atrás, o sea, el periodo de las dictaduras, sino a personajes como la primera ministra británica, Theresa May, quien asegura estar dispuesta a usar armas nucleares aunque le cuesten la vida a inocentes (The Guardian, 18/7/16). O como Hillary Clinton, que considera a Vladimir Putin el "nuevo Hitler". No son declaraciones aisladas o fuera de contexto, es el estado de ánimo de las nuevas derechas, guerreristas, dispuestas a arrasar naciones enteras, como ya hicieron con media docena de países en Asia y Medio Oriente.

Para que haya choque de trenes tiene haber dos fuerzas antagónicas en disputa. Eso es lo que se viene perfilando en la región. Hemos recorrido las nuevas luchas estudiantiles y populares en Brasil (goo.gl/Bz9OBD), los movimientos que ganan protagonismo en Colombia (goo.gl/DfboIk) y las nuevas resistencias negras (goo.gl/GTQPzQ), entre otras.

A ellas deben sumarse la renovada fuerza del movimiento campesino en Paraguay; la resistencia al modelo soyero-minero en Argentina, y, en los últimos meses, al ajuste del gobierno de Macri; las importantes movilizaciones de las mujeres contra la violencia machista, como la realizada en Perú en agosto; la persistencia de los movimientos indígenas en Ecuador y Bolivia.

Se abren nuevas e imprevistas resistencias. En agosto hubo enormes movilizaciones en Chile, dos grandes marchas de más de un millón de personas contra el sistema privado de pensiones (Afp), y un cacerolazo, que anuncian el comienzo del fin de un sistema que fue la clave de la acumulación de capital en el régimen pospinochetista. Nueve de cada 10 jubilaciones son menores de 220 dólares, o sea, menos de 60 por ciento del salario mínimo, por lo que la población reclama el fin del sistema privado.

Lentamente se va abriendo paso entre los sectores populares la convicción de que la corrupción es sistémica, como el narco y los feminicidios, y que no importa si gobierna la derecha o la izquierda, porque las cosas seguirán más o menos igual. La prometida reforma educativa en Chile, que el Partido Comunista utilizó como argumento para abandonar la calle e ingresar al gobierno de Michelle Bachelet, se diluyó en las negociaciones con el empresariado y se sigue priorizando la enseñanza privada, como denuncia la nueva ofensiva estudiantil.

En esta etapa, el sistema no puede realizar reformas en favor de los pueblos, porque no tiene margen económico ni político. La economía funciona como una máquina que extrae, expropia y concentra los bienes comunes. La política se reduce a fuegos de artificio y deja paso, cada día con mayor evidencia, a la policía para dirimir los conflictos. La principal diferencia entre los colores que gobiernan es de velocidades en la aplicación de un modelo que no deja otra alternativa que la resistencia.

La destitución de Rousseff por un Senado infestado de corruptos podría ser la ocasión para reflexionar sobre la inconveniencia de seguir confiando en los mal llamados "representantes", que están allí para devolver favores al capital, y apostar con mayor energía a la organización. Nadie lo hará por nosotros.

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Estados Unidos ha detenido a uno de los ministros estrella del Gobierno de Álvaro Uribe, Andrés Felipe Arias, condenado en Colombia a 17 años de prisión por corrupción. La noticia se conoció en el mismo día en que el ejecutivo de su sucesor, Juan Manuel Santos, tiene previsto anunciar en La Habana el cierre de las negociaciones con las FARC, proceso que el expresidente ha criticado de forma consistente.


El que fuera ministro de Agricultura entre 2005 y 2009 fue arrestado en respuesta a una solicitud de extradición tramitada por el Gobierno colombiano hace casi dos años y compareció este miércoles por primera vez ante una juez en Florida, Estado donde según medios colombianos trabajaba como docente. El anuncio de su detención lo dio el propio Uribe, quien denunció en Twitter que su antiguo protegido, al que llegaron a llamar el Uribito por su cercanía al expresidente, fue arrestado “por presión de Santos para que lo extraditen a Colombia”.


Arias fue condenado en julio de 2014 a 17 años de prisión y a una multa de 15 millones de dólares por un caso de corrupción relacionado con un programa estrella de la era uribista que buscaba ayudar con subsidios a los productores agrícolas de medianos ingresos que se vieran afectados por los Tratados de Libre Comercio. Según consideró probado la Corte Suprema de Justicia, parte de estas ayudas acabaron de forma irregular en manos de grandes empresarios, con conocimiento de Arias. El exministro, que en 2010 intentó convertirse en candidato presidencial para suceder a Uribe, también está inhabilitado para participar en política por 16 años debido a ese mismo caso.


Tras conocerse que Arias estaba en Florida, el entonces embajador colombiano en Washington y ahora ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, tramitó en noviembre de 2014 ante las autoridades estadounidenses la petición de extradición cursada por la Cancillería colombiana a solicitud del tribunal supremo.


Fuentes cercanas al exministro dijeron a Efe que no consideran posible que EE UU pueda extraditar a Arias “porque está en proceso de asilo”. Uribe ha denunciado el enjuiciamiento de su antiguo ministro, así como de otros altos funcionarios de su gobierno como una persecución política contra sus aliados.


Durante su comparecencia ante una juez penal en Miami, Alicia Otazo Reyes, la magistrada le informó de que esa primera audiencia tenía como objetivo informarle de la existencia de una petición para que sea entregado a Colombia para cumplir su condena. Sus abogados afirmaron que Arias corre peligro en caso de ser devuelto a su país y solicitaron su libertad condicional, pero la magistrada dijo necesitar más información y decretó su prisión hasta el viernes, cuando se celebre otra audiencia, informa Efe.

Washington 24 AGO 2016 - 15:01 COT

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