Domingo, 16 Noviembre 2014 05:53

El gran escándalo

En los últimos días, Brasil vivió escenas hasta ahora impensables. Por ejemplo: el director-presidente de la Camargo Corrêa, una de las mayores constructoras de toda América latina, Dalton Avancini, se entregó en la Policía Federal en San Pablo. Junto a otros altos directivos de la empresa fue conducido, en un avión de la policía, a Curitiba, capital de la provincia de Paraná, donde todos quedaron presos.

Otro alto –altísimo– ejecutivo de otra gigante del sector, Sergio Mendes Filho, presidente y heredero principal de la Mendes Junior, creyó que ir preso y viajar en un avión de la Policía Federal sería demasiada humillación. Prefirió entregarse viajando en su jet particular.


El presidente de la Queiróz Galvao, otra enorme constructora, Ildefonso Colares Fi-lho, optó por aguardar uno o dos días antes de entregarse. Para meditar de manera tranquila y poder reunirse con sus abogados sin ser molestado, se alojó en el Hotel Fasano, en Ipanema. La tarifa de mil dólares por día (con derecho a desayuno) no ha sido problema. Difícil fue entender que saldría de uno de los hoteles más lujosos del país directamente a una celda colectiva, con cama de cemento y una colchoneta de ocho escasos centímetros de espesor.


Otros altos ejecutivos de las mayores constructoras de Brasil –y del continente– están detenidos, en la misma situación.
No hay cómo negarlo: es el mayor escándalo destapado en la historia reciente de Brasil, un país donde la corrupción integra, desde hace siglos, el cotidiano de la gente. Se barajan cifras sin que se logre saber con certeza cuántos miles de millones de dólares fueron desviados, pero no es absurdo mencionar, para empezar, una cifra de alrededor de cuatro mil millones de dólares. Se trata de descubrir cuánto fue desviado de los contratos cuya suma se calcula en unos ochenta mil millones de dólares.


Cuando la Corte Suprema empiece a convocar a acusados y testigos, se golpeará al mero corazón político del país. Se conocerán los nombres de los beneficiados por el esquema. Ya se sabe que al menos 70 fueron denunciados por la red de corrupción. Entre ellos hay senadores, diputados nacionales, ministros, gobernadores, ex ministros, ex gobernadores. Tres grandes partidos están en el ojo del huracán: el PT de Lula da Silva, su principal aliado, el PMDB, y otro aliado significativo, el PP, pero hay más.

Se sabe que todos los contratos firmados por la Petrobras en los últimos diez años tenían un margen que oscilaba entre 2 y 3 por ciento para "hacer caja" de los partidos. En el caso de los contratos más sonoros, a veces se negociaba y esa tasa podía bajar un poquito.


Si se recuerda que a partir de 2004 las inversiones de Petrobras se multiplicaron con velocidad astronómica, superando los ochenta mil millones de dólares, se entenderá que estamos hablando de cantidades siderales solamente en el rubro "propina". Si a eso se agrega la sobrevalorización de costos y el desvío puro y llano de recursos, la cuenta se pierde en el infinito.


Conviene advertir que Petrobras, como toda gran empresa estatal, siempre ha sido objeto de negocios oscuros y, a veces, escandalosamente oscuros. Casi siempre las investigaciones se hicieron de manera relajada, y los escándalos terminaron disolviéndose en el tiempo. Ahora se investiga a fondo y los resultados son elocuentes.


El tema vuelve reforzado semanas después de que Dilma Rousseff lograra una difícil reelección. Frente a una pirámide de indicios y pruebas concretas del escándalo, en algunos centros urbanos, especialmente San Pablo, capital financiera y principal núcleo antipetista del país, se exige a gritos que se decrete el impeachment de la presidenta, o sea, su deposición. Algunas voces van al grano, bramando por un golpe militar.


Es una situación extremadamente delicada. En algún momento, más temprano que tarde, se conocerán los nombres de los políticos denunciados por los delatores, que a cambio de condenas más blandas aceptaron contar lo que hicieron. Sin saber quiénes son los acusados, ¿cómo puede Dilma negociar nombramientos con los partidos aliados? ¿Y si nombra a alguien para un ministerio y a la semana se sabe que ese alguien cobró propinas para facilitar negocios a las grandes constructoras?


Más allá del gobierno, es el mismo esquema político vigente el que está bajo la lupa. En las recientes elecciones generales, las diez empresas que hicieron las mayores donaciones "eligieron" al 70 por ciento de la Cámara de Diputados. Las constructoras (inclusive las que ahora podrán realizar juntas de directores no en sus sedes, pero sí en la cárcel) declararon haber donado unos 18 millones de dólares solamente a candidatos a diputado nacional. Jamás se sabrá cuánto donaron realmente. La bancada parlamentaria de las constructoras, o sea, los diputados que deben favores a esas empresas, superan a la mitad del total de la Cámara.


Mientras persistan las donaciones privadas, las elecciones en Brasil serán siempre una especie de ventanilla en la cual las empresas invierten hoy en los que podrán transformarse en deudores mañana: diputados y senadores y gobernadores y presidentes.


Ese es solamente uno de los problemas que salta a la vista en ese escándalo. Pero hay otros.

Por ejemplo: ahora se investiga a Petrobras, la mayor empresa latinoamericana y la que realiza las mayores inversiones de la región. Pero, ¿y cuando se investigue lo que pasa en las demás estatales? ¿Qué ocurre en las empresas de energía eléctrica, que también determinan cantidades millonarias de recursos en obras de construcción? La lista es ancha e infinita.

El objetivo final de la oposición –tanto la representada por los partidos políticos, que alcanzaron niveles importantes en las recientes elecciones, como la más activa, instalada en los grandes medios de comunicación que representan los más altos intereses del capital en Brasil– es llegar a Lula da Silva en primer lugar, y a Dilma como consecuencia. Para que la estrategia resulte están dispuestos a cualquier cosa. La gran pregunta que hacen es la siguiente: ¿cómo sería posible que todo eso ocurriese sin que Lula ni Dilma se dieran cuenta?

Se olvidan, desde luego, de un aspecto esencial: la corrupción no empezó ahora. Lo que sí empieza es la determinación de investigar a fondo lo que pasa. No importa si la primera consecuencia sea tener que cortar la propia carne. Lo que importa es que se investigue y se castigue.


Nunca antes los corruptores tuvieron el mismo destino –la cárcel– que los corruptos. Y aunque todo eso no dure más que una quimera, o sea, que los poderosos poderosísimos salgan de la cárcel en pocos días, al menos se establece un antecedente.

Es muy fácil pecar de ingenuidad, pero existe la sensación –por fugaz que sea– que de algo más podrá cambiar en este país.

Publicado en Economía

Contra la Consulta Previa a las comunidades indígenas y a los grupos poblacionales afrodescendientes, existe una descomunal arremetida de poderosas empresas multinacionales asociadas al extractivismo, así como de sus agremiaciones y de altas esferas gubernamentales que los consideran un estorbo para su modelo depredador de "desarrollo" y explotación de los recursos naturales no renovables.

Es similar a la presión contra las licencias ambientales cuyas normas regulatorias recientemente han sido reformadas para establecer un mecanismo exprés que constituye una salvajada contra la naturaleza y el medio ambiente. Mediante el decreto 2041 de octubre de 2014 (http://bit.ly/10WLIon), el gobierno del señor Santos fijó un procedimiento sumario para que las Licencias se expidan en 150 días, cuando en otros gobiernos, como el de los Estados Unidos, dicho trámite demora, como mínimo, 6 años. Y eso que esa es la catedral del aterrador fracking.

Quiero responder la pregunta que encabeza esta columna colocando a consideración de quienes la lean dos planos que ilustran la situación concreta del ejercicio de este derecho fundamental de las comunidades étnicas nacionales. En primer lugar están los hechos ocurridos en el caso concreto del Cabildo Inga del municipio de Mocoa, Putumayo. De tales acontecimientos puede inferirse un sistemático sabotaje por parte de un poderoso grupo empresarial, propiedad de la familia Solarte de Pasto, contratistas del Estado en obras civiles, para impedir la realización de la Consulta Previa y el consentimiento tanto en lo relacionado con la expedición de la Licencia ambiental como con la ejecución de una obra vial que hace parte de un complejo de carreteras en construcción en la Amazonía. En segundo lugar, presento el panorama histórico, legal e institucional del reconocimiento y la garantía de esta institución en el periodo posterior a la expedición de la Constitución de 1991.

Los dos escenarios ilustran claramente cuál es la situación concreta de la Consulta Previa y su consentimiento en el Estado colombiano. Todos los datos y hechos nos demuestran que para las elites dominantes, para las multinacionales y para el modelo de acumulación extractivista y financiero neoliberal, la Consulta Previa a las comunidades indígenas y afros es un estorbo que debe ser doblegado, borrado y destruido.

Vamos por partes.

Los eventos en el Cabildo Ingá de Mocoa.

Sobre el territorio de la comunidad Inga (Cabildo de Mocoa) en la actualidad se adelanta el Contrato No 407 de 2010, Modulo 1. EXPLOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ubicado en jurisdicción del municipio de Mocoa, Putumayo (file:///C:/Users/usuario/Downloads/periodico.pdf).

Se trata del proyecto de "CONSTRUCCION DE LA VARIANTE SAN FRANCISCO MOCOA", que comprende la construcción de una vía nueva entre las cabeceras municipales de San Francisco y Mocoa, la cual será una ruta de una sola calzada con dos carriles bidireccionales de una longitud aproximada de 45.6 Km, incluyendo 49 puentes con una longitud de 2.775 metros, estructuras de contención, obras de arte y demás.
El 60 por ciento del trazado de la Variante está ubicado en la Reserva Forestal de la cuenca alta del rio Mocoa (http://bit.ly/1pOtLUW).

Para la ejecución de este proyecto vial el presupuesto aproximado suma quinientos mil millones de pesos (260 millones de dólares), que serán ejecutados a los largo de 6 años, iniciando en el mes de septiembre de 2010 y terminando en el 2016.

Este proyecto hace parte de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA), cuyo objetivo es desarrollar obras para el mejoramiento de la infraestructura regional de transporte, energía y telecomunicaciones; promover la integración regional; y facilitar la extracción de recursos naturales. Estrategia que cuenta con apoyo técnico y financiero del Banco Interamericano de Desarrollo, la Corporación Andina de Fomento, y el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (http://bit.ly/1EyOH56).

Se trata de un proyecto de interés para la región Ingá, el megaproyecto "Corredor Multimodal Tumaco-Puerto Asís-Belém do Pará, el cuál involucra directamente a los territorios indígenas de Putumayo. Este corredor multimodal está integrado por proyectos de naturaleza vial, fluvial, marítima y portuaria. De acuerdo con el Ministerio de Transporte de Colombia, son dos las funciones estratégicas del Corredor Intermodal: i) implementar el eje de desarrollo e integración del sur de Colombia, las zonas del norte ecuatoriano, el Amazonas peruano y el norte de Brasil y ii) potenciar la interconexión del interior del continente con la cuenca del Pacífico.


Antecedentes

En septiembre 15 de 2009 fue publicado el Plan de Manejo Ambiental, Social, Integrado y Sostenible –Pmasis- para el corredor vial Pasto-Mocoa variante San Francisco-Mocoa (co-l1019), donde, Corpoamazonia y el Invías, después de una evaluación técnica, económica y ambiental, seleccionan para la obtención de material de arrastre a utilizar en la construcción de la variante San Francisco/Mocoa, el río Mocoa, ya que de conformidad con la normatividad municipal vigente (PBOT de Mocoa)[1], se presenta como un lugar apto para su explotación. El sitio exacto propuesto se ubicaba en las inmediaciones del casco urbano de Mocoa con coordenadas: N: 620.200 m, E 1.048.400 m[2].

De acuerdo a lo indicado en el Pmasis (2009), estaba previsto comprar el material a las empresas mineras de la región que contaran con licencias y permisos ambientales y mineros vigentes para su explotación, así como con un plan de restauración de las áreas explotadas debidamente aprobado, o en caso de ser necesario, estuvieran en capacidad de tramitar las licencias y permisos ambientales y mineros exclusivos para la construcción de la Variante, ante las autoridades competentes.

En la margen derecha del río Mocoa para esa fecha se encontraba, y allí está actualmente el asentamiento "El Guadual", el cual ocupa territorios ancestrales, donde está viva la cultura, el pensamiento, la cosmovisión, los usos y costumbres del Pueblo Inga.

El 5 de diciembre de 2011, Corpoamazonia emitió el Informe No. 1453 denominado "Informe de viabilidad de obras preventivas en un tramo del río Mocoa, municipio de Mocoa"[3], en el que categorizaban el lugar del río Mocoa que abarca aproximadamente desde unos metros del puente metálico en la vía Mocoa- Pitalito (Vía Nacional 4503) y la desembocadura del río Mulato, como una zona de riesgo de inundación para el municipio de Mocoa, lo que coincidió "casualmente" con el lugar propuesto por el Pmasis (2009), para la obtención de material de arrastre.

Debido a lo anterior, el presidente del Consejo municipal para la atención de desastres del municipio de Mocoa, realizó acercamientos con el Invías y las empresas Sonacol S.A.S. y Consorcio Vial del Sur (de la familia Solarte), llegando a un acuerdo consistente en que autorizaban a la empresa Sonacol S.A.S., para que realizara obras de mitigación del riesgo y, como contraprestación, recibiría el aprovechamiento del material de arrastre del río para la construcción de la Variante San Francisco-Mocoa.

Para los meses de octubre y noviembre de 2011 la empresa Sonacol S.A.S., realizó acercamientos con el asentamiento Indígena "El Guadual", enviando un profesional para realizar el censo de la comunidad, pero en ningún momento les fue socializado el proyecto con todos sus componentes y alcances. Con engaños y maniobras fraudulentas se hizo firmar a la comunidad los informes sin que la misma tuviese pleno conocimiento de su contenido.

El 31 de enero de 2012 la empresa Sonacol S.A.S., se reúne con las familias del asentamiento "El Guadual", y sin las garantías del debido proceso, el consentimiento y la Consulta Previa, logran acuerdos verbales, como contraprestación al permiso para el paso del material del material de arrastre por el territorio de la Comunidad. Dichos acuerdos los plasma la empresa en un Acta que hace firmar a cada una de las familias, sin entregarles copia de la misma. Luego, cuando la comunidad finalmente conoce el texto del documento, se percatan que aparecen compromisos a los que no había llegado, por lo que sus integrantes consideran que la empresa se aprovechó y abusó del escaso conocimiento que para la época tenía la comunidad sobre su derecho a ser consultada y al consentimiento, dispuesto por la ley.

El Consorcio Vial del Sur entregó a Corpoamazonia para el trámite de la Licencia Ambiental del proyecto CONTRATO No. 407 DE 2010, entre otros documentos, copia del Acto Administrativo No. 949 del 30 de mayo de 2012[4], por medio del cual el Ministerio del Interior expidió la certificación de la no presencia de grupos étnicos en la zona del proyecto, obteniendo la viabilidad técnica para el mismo en el trámite de la Licencia Ambiental con Corpoamazonia, viabilidad que debían presentar al Servicio Geológico Colombiano para acceder a una autorización temporal de explotación. Sin embargo, este Acto Administrativo indicaba en su artículo Quinto, que si la empresa identificaba afectaciones directas a alguna comunidad indígena, antes o durante la ejecución del proyecto, estaría en la obligación de informar de inmediato a la Dirección de Consulta Previa y solicitar que esta inicie el proceso de consulta.

El Servicio Geológico Colombiano, a través de su Dirección del Servicio Minero expide, por solicitud del Consorcio Vial del Sur, la Resolución DSM No. 0021 del 21 de febrero de 2012, por medio de la cual concede la autorización temporal No. MLM-08541 para que el Consorcio Vial del Sur, explote, durante tres (3) años a partir de la inscripción de la resolución en el Registro Minero, el yacimiento de materiales de construcción ubicado en el río Mocoa con coordenadas: N: 620620.8 m, E 1048450.0 m, para la construcción de la variante San Francisco Mocoa. Cabe anotar que esta resolución queda sujeta al adecuado cumplimiento de la normatividad ambiental (Art. 10 de la Ley 1382 de 2010)[5] y que por tanto el Consorcio Vial del Sur, está obligado a acatar lo establecido en el artículo 117 del Código de Minas, en lo referido a la obtención de la Licencia Ambiental, como requisito legal para la ejecución de esta Autorización Temporal.

A partir del visto bueno emitido por Corpoamazonia, de que estaban en trámite la Licencia Ambiental, así como el permiso temporal otorgado por el Servicio Geológico Colombiano para la ejecución del proyecto CONTRATO No. 407 DE 2010, la empresa Sonacol S. A. S. inició actividades de obra hacia el mes de febrero de 2012, con pleno conocimiento –y ocultando a las entidades– la presencia de la comunidad indígena Inga de Mocoa en la zona de influencia directa del proyecto.

El día 1 de abril del 2013, la empresa Sonacol S.A.S, envió una solicitud al Incoder para le indicara, de acuerdo a sus bases de datos e información, si en la zona de extracción de minerales río Mocoa, ubicada en el municipio del mismo nombre, proyecto CONTRATO No. 407 DE 2010, existían resguardos titulados y en trámite de titulación de las comunidades indígenas.

Para el día 9 de julio de 2013 el Incoder remitió un oficio como respuesta a la solicitud de la empresa Sonacol S.A.S., en el que indicaba que aunque las coordenadas del área de influencia directa del proyecto, CONTRATO No. 407 DE 2010, no coincidían con coordenadas de resguardos indígenas titulados registrados en el Sistema de Información Geográfica –SIG-, ni tampoco en la base de datos de la Subgerencia de Promoción, Seguimiento y Asuntos Étnicos, el proyecto CONTRATO No. 407 DE 2010, podría no obstante, impactar sobre los territorios titulados o en proceso de titulación a las comunidades indígenas del Putumayo, y que por lo tanto, si al adelantar actividades la empresa encontrara la presencia de comunidades indígenas, o de sus territorios, debería informar de manera inmediata a esta entidad.

La empresa Sonacol S.A.S, como ejecutora del proyecto CONTRATO No. 407 DE 2010, conocía previamente (exactamente desde octubre de 2011) "la presencia" de la comunidad Inga de Mocoa en la zona de influencia directa del proyecto en mención, pero omitió lo estipulado tanto en la resolución No. 949 del 30 de mayo de 2012, como la Certificación emitida por el Incoder el 9 de julio de 2013, al no informar por escrito a la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior y al Incoder, la existencia de dicha comunidad, evitando con ello que estas entidades iniciaran el proceso de Consulta Previa y consentimiento, en cumplimiento del artículo 330 de la Constitución Política, del artículo 7 de la Ley 21 de 1991, del artículo 76 de la Ley 99 de 1993 y del Decreto 2820 de 2010.

El día 31 de julio de 2013, la comunidad Ingá de Mocoa, a través del el señor Álvaro Muchavisoy Buesaquillo, en calidad de Gobernador del Cabildo para el periodo 2013, solicitó a la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior que verificara y certificara la presencia de la Comunidad Indígena Inga de Mocoa en el área del mencionado proyecto y garantizara de esta manera el derecho a la Consulta Previa.

En respuesta a esta solicitud, el Ministerio del Interior certificó la presencia del Cabildo Inga en el área de influencia directa del proyecto: CONTRATO No. 407 DE 2010, por medio de una visita de verificación en campo llevada a cabo entre el 11 y el 14 de diciembre de 2013, con la cual concluyó que en el área de influencia de dicho proyecto había presencia del Cabildo Inga de Mocoa, reconocido por la Dirección de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías del Ministerio del Interior, y con base en la información aportada y recogida en esta visita de verificación, emitió la Resolución No. 20 del 6 de marzo de 2014 (http://bit.ly/1sz0Pe3) por medio de la cual revoca el Acto Administrativo No. 949 del 30 de mayo de 2012.

Pese a esta revocatoria, con la inocultable evidencia alegada, y con la entrada en vigencia del Acto Administrativo No. 20 del 6 marzo de 2014, y con pleno conocimiento de ello, la empresa Sonacol S.A.S. siguió ejecutando sin interrupción alguna el proyecto CONTRATO No. 407 DE 2010. Por tal motivo la comunidad, a través del señor Antonio Jacanamejoy Quinchoa, en su calidad de Gobernador del Cabildo indígena Inga de Mocoa periodo 2014, envió hasta el 4 de abril de 2014 varios derechos de petición y oficios a distintas autoridades e instituciones para que intervengan y corrijan el desconocimiento de los derechos de la comunidad Indígena Ingá de Mocoa a ser consultados, consentidas y a un ambiente sano, solicitado reiteradamente la colaboración institucional para lograr el cese de actividades de dicho proyecto y el inicio de una Consulta Previa.


No obstante todos estos eventos la empresa Sonacol/Consorcio Vial del sur sigue bloqueando la realización de la Consulta Previa y la obtención del consentimiento del Cabildo Inga de Mocoa. La más reciente maniobra fue la decisión del Tribunal de Bogotá que admitió una acción de tutela de los Solarte para negar la Consulta porque, según los magistrados, los Inga violaron el debido proceso. Un absurdo. Tanto como si a una persona en estado grave de salud le es negada la atención médica de urgencia argumentando la alteración del debido proceso. Eso solo ocurre acá.

Desde luego, este aberrante atropello no es casual. El desconocimiento del derecho a la Consulta Previa, al consentimiento, a los derechos adicionales como el de las indemnizaciones por daños y afectaciones, los beneficios derivados de la ejecución de un proyecto o la anulación del mismo, ha sido una constante en las últimas dos décadas en que tal institución democrática ha hecho parte de los derechos de las minorías étnicas.

La Consulta Previa ha sido sometida al más feroz bloqueo por poderosos grupos minoritarios. Circunstancia que lleva a pensar en acudir a instancias judiciales internacionales para obtener su garantía.



La Consulta Previa, lectura histórica

Veamos cuál ha sido su desarrollo desde el año 1991 en que fue incorporada a la legislación nacional.

La noción [6].

La Consulta Previa es un derecho fundamental de las comunidades que se autoreconocen como indígenas y pueblos triviales que deben ser consultadas sobre actos legislativos, medidas administrativas y proyectos públicos o privados que pueden afectar directamente sus formas de vida. Los criterios señalados para la consulta son: la buena fe, la información (y comunicación), la adecuación cultural, el carácter previo y oportuno, la amplia participación y la consecución de acuerdos o consentimientos. La Consulta Previa es una obligación para los estados que la incorporan a sus bloques de constitucionalidad.

En Colombia ese derecho fue reconocido a través de la ley 21 de 1991 (http://bit.ly/1u8p0p9), la cual adopta el Convenio 169 de la OIT (http://bit.ly/1pJrOFL). El derecho a la Consulta Previa es reconocido dentro del bloque de constitucionalidad y tiene carácter obligatorio. La Consulta Previa procede para tratados de libre comercio, leyes de iniciativa parlamentaria y del gobierno, el Plan nacional de Desarrollo, la Licencia ambiental, los permisos y autorizaciones ambientales, los permisos de investigación y acceso a recursos genéticos, los proyectos de adaptación y mitigación del cambio climático, la erradicación de cultivos de uso ilícito y el ingreso de las Fuerzas Armadas a los territorios, entre otras materias.

Algunas de las disposiciones sobre la Consulta Previa son el Decreto 1320 de 1998 (http://bit.ly/1u8pg7D) que reglamenta la Consulta Previa a comunidades indígenas y negras sobre la explotación de recursos; la directiva presidencial 01 de 2010 (http://bit.ly/1ukmjR2) que reseña mecanismos de consulta; el decreto ley 4633 de 2011 (http://bit.ly/1xr1tiN) que dicta "medidas de asistencia, atención, reparación integral y restitución de derechos territoriales a las victimas pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas"; y la Directiva Presidencial No 10 de 2013 (http://bit.ly/14aDD1k) que ofrece unas guías para la realización de la Consulta y brinda herramientas de coordinación interinstitucional. La Corte Constitucional ha señalado que la omisión de la Consulta constituye un vicio de forma, y que por tanto, puede viciar la constitucionalidad de la medida.

Historia de su aplicación nacional.

No obstante que el Estado colombiano adoptó el derecho desde 1991, solo hasta 1994 fue realizada la primera Consulta Previa. En la administración César Gaviria (1990-1994) solo fueron realizados tres procesos de consulta. En el periodo de Ernesto Samper (1994-1998), tomaron forma dos consultas relacionadas con situaciones de intensa conflictividad, el caso U´Wa y el caso Urra. Andrés Pastrana (1998-2002) debió asumir demandas indígenas de eliminación del Decreto 1320. En la primera administración de Uribe Vélez (2002-2006) se adelantaron cuatro consultas y se incrementaron los procesos de judicialización de casos, lo que hizo que en su segundo gobierno (2006-2010) se ampliaran los procesos de Consulta Previa, al tiempo que los jueces defendieron el derecho. Por lo menos, tres leyes de importancia fueron declaradas inexequibles por vicios en el procedimiento al no haber sido sometidas a Consulta Previa: La Ley Forestal, el Estatuto de Desarrollo Rural y la reforma de Código de Minas (Ley 1382 de 2010).

Durante el primer periodo de Juan Manuel Santos (2010-2014), por primera vez se consultó el Plan Nacional de Desarrollo, así como la Ley de Victimas y Restitución de Tierras. Sin embargo, altos cargos del Ministerio de Agricultura, Ambiente y Desarrollo Sostenible y Minas y Energía desatendieron y estigmatizaron la Consulta Previa como un obstáculo para el desarrollo de medidas legales, administrativas y proyectos.

De otro lado el Departamento de Planeación Nacional/DNP en el Conpes 3762 de 2014 (http://bit.ly/1zicAuW) estableció entre las mayores dificultades para agilizar el desarrollo de PINES la Consulta Previa y los permisos y tramites ambientales. En consecuencia planteo estrategias para solucionar los supuestos escollos mediante el recorte de tales herramientas sociales y ambientales.

Estas posturas gubernamentales son adversas a la Sentencia T-574 de 1996 (http://bit.ly/1EyVmfJ) que estableció que los derechos de los pueblos en condiciones de vulnerabilidad prevalecen sobre el interés particular del crecimiento económico.

La realidad hoy respecto de la Consulta Previa es que las esferas gubernamentales han omitido deliberadamente la aplicación de la consulta en la mayoría de los casos, y las poblaciones han tenido que recurrir sistemáticamente a la acción de tutela para la protección de de sus derechos fundamentales. El aumento en el número de consultas realizadas consolida esta percepción. El incremento del número de consultas desde el segundo gobierno de Uribe Vélez es el resultado del gran volumen de procesos judiciales por violación y vulneración del derecho a la consulta. Adicionalmente, el Informe de 2013 de la Alta Comisionada de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos en Colombia hizo hincapié en la inexistencia de una sola buena práctica en la materia (http://bit.ly/1tErI0k).
Hay que resaltar que la Consulta Previa conlleva derechos adicionales como la reparación por daños (sociales, económicos, culturales y ambientales), los beneficios de la ejecución del proyecto o la suspensión del mismo si se determina que no es viable.

Por tal razón la violación y desconocimiento de este derecho da lugar a la reparación económica y simbólica a las comunidades que han sido afectadas. Entre estas medidas se encuentran la restitución a la situación anterior, la compensación o indemnización proporcional a la gravedad de la violación, la indemnización colectiva e individual, la rehabilitación física y psicológica, medidas dignificantes y garantías de no repetición.

La Consulta Previa en sectores urbanos y el consentimiento libre, informado y previo son oportunidades para avanzar en la garantía del derecho. Las consultas en sectores urbanos reconocen la contemporaneidad de los pueblos sin restringirla a contextos rurales. Y el consentimiento permite avanzar en el carácter vinculante de las decisiones durante el proceso.

El antecedente internacional más importante en materia de consentimiento es la sentencia del 28 de noviembre de 2007 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso del pueblo Saramaca versus Surinam. En ésta la Corte señala que los planes de desarrollo y las inversiones a gran escala, no solo deben ser consultados sino consentidos (http://bit.ly/TaBn48).

En Colombia, el consentimiento procede en los siguientes casos: si se requiere traslado o desplazamiento, si está en juego el vertimiento y almacenamiento de sustancias toxicas y se entra en riesgo la existencia misma de la comunidad étnica.

En el 2012 el gobierno de Santos organizó una propuesta de Ley Estatutaria para reglamentar y acotar la Consulta, en la que proponía la conformación de un Registro Único Nacional de etnias, la creación de una única instancia consultiva conformada por tres Cámaras y la restricción de la duración de la consulta a tres meses: la Organización Nacional Indígena/ONIC expreso abiertamente su inconformidad al juzgar que la Ley no era necesaria y que apuntaba a restringir y estandarizar los procedimientos. Es por tal razón que se puede inferir que dicha iniciativa de Estatuto es parte de la política minera explotadora y destructora de los recursos ambientales.

Como tal proyecto se hundió el gobierno expidió el decreto 2613 de 2013 o Protocolo de coordinación institucional para la Consulta Previa (http://bit.ly/1sz6YGZ).

Ese decreto asume que la función administrativa sirve a los intereses generales que el gobierno debe consultar a pueblos interesados en cumplimiento de la Ley 21 e 1991 y que la dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior tiene competencia en la coordinación interinstitucional para la Consulta Previa. Con tales planteamientos, el decreto adopta un Protocolo de coordinación interinstitucional.

Dicho Protocolo es utilizado, entre otros, en los siguientes casos: en proyectos prioritarios presentados por el Gerente de Proyectos de Interés Nacional y Estratégicos/PINES (Conpes 3762); cuando lo solicite el gerente de los Pines en proyectos concretos con dificultades de gestión; y cuando el Comité técnico o el Gerente de los Pines considere indispensable el Protocolo para dinamizar la consulta. La Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior es la entidad competente en la certificación de la presencia de comunidades étnicas. El Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) tiene competencia para suministrar rápidamente a la Dirección de Consulta Previa la información actualizada sobre resguardos indígenas y títulos colectivos de comunidades negras, legalmente constituidos y en proceso de constitución. Asimismo, la Dirección de Consulta Previa puede solicitar a cualquier entidad pública o ejecutor del proyecto la información necesaria para la expedición de los certificados, por ejemplo, la descripción del proyecto y su área de influencia. Las autoridades públicas deben dar respuesta a estas solicitudes de manera explícita.

El Protocolo también señala los momentos específicos para la solicitud de certificados por entidades públicas o ejecutores de un proyecto, obra o actividad. Para la construcción de infraestructura, cuando se haga pública la contratación de estudios de los proyectos en el Portal Único de Contratación (Secop).

La Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior es competente para convocar reuniones de coordinación entre entidades públicas para determinar el plan de trabajo y los recursos para la realización de la consulta. Igualmente, la dirección de Consulta Previa es competente para la suscripción de acuerdos entre las autoridades, los ejecutores de POA y las comunidades. La autoridad competente en la expedición de licencias ambientales debe participar en el proceso.

Para dar seguimiento y cumplimiento a los compromisos asumidos en la consulta, el protocolo dispone un comité de seguimiento integrado por la dirección de Consulta Previa, el ejecutor del Proyecto, los organismos de control, las autoridades ambientales y los representantes de la comunidad. Solo hasta que el comité verifique el cumplimiento de los compromisos, la Dirección de Consulta Previa puede convocar a la reunión de cierre de la Consulta.

El Protocolo de coordinación interinstitucional para la Consulta Previa reproduce en su lenguaje una aproximación al derecho fundamental a la Consulta Previa como un problema de "gestión" y una postura de intervención estatal para la "dinamización" de medidas administrativas, legislativas y proyectos de interés nacional. Esta visión difiere del espíritu garantista del Convenio 169 y de la Ley 21 de 1991. Si bien el Protocolo determina competencias entre autoridades estatales, en particular en relación a la coordinación institucional, el mismo no prevé estrategias de fortalecimiento institucional tanto en personal como en presupuesto para hacer operativos y más rigurosos los procedimientos. La información se asume como una condición previa, pero no atienden las dificultades en términos de producción, disponibilidad y acceso a la información. Además, los momentos que establece el Protocolo son contrarios al carácter previo de la consulta. Según el protocolo, la consulta procede de manera posterior a la contratación de estudios para la construcción de infraestructura, en este caso específico.

En tal sentido, el Protocolo recoge una tendencia a la delimitación, restricción y estandarización del derecho, en lugar de avanzar en su garantía atendiendo a los procesos propios y la diversidad de las comunidades étnicas. Todavía se encuentran pendientes medidas de reparación, pecuniarias y no pecuniarias por la multiple y sistemática vulneración del derecho, así como debates sobre el consentimiento de carácter vinculante y el reconocimiento del derecho en contextos urbanos.


Mi opinión

En vista de las dificultades y del sabotaje que las empresas, contratistas y funcionarios del Estado hacen de la Consulta Previa, del consentimiento de las comunidades indígenas y afro, de los derechos correspondientes y de la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos Indígenas (http://bit.ly/1GMYhU5), no queda más alternativa que la movilización social y la denuncia que hagan las comunidades étnicas. Además, es necesario adelantar todos los procesos administrativos y judiciales para que el derecho sea reconocido efectivamente. En la situación de la comunidad Inga de Mocoa, con el Proyecto vial San Francisco-Mocoa, es necesario hacer la reposición y la apelación del pronunciamiento del Tribunal de Bogotá que negó la Consulta y acudir, con una Acción de Tutela ante la Corte Constitucional, y en el caso de persistir el bloqueo, dirigirse a instancias judiciales internacionales hasta que se haga efectivo el derecho fundamental, para lo cual es sustancial apoyarse en los Principios rectores sobre empresas y derechos humanos aprobados desde el 2011 por las Naciones Unidas (http://bit.ly/1skBwx0).

Nota. Para cualquier gesto de apoyo y solidaridad con la comunidad Ingá del Putumayo, dirigirse al siguiente correo electrónico: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Mocoa, 11nov2014.

[1] Se trata del Plan Básico de Ordenamiento Territorial del municipio de Mocoa disponible en la siguiente dirección electrónica http://bit.ly/1GMScqA

[2] CORREDOR VIAL PASTO-MOCOA VARIANTE SAN FRANCISCO-MOCOA (CO-L1019) PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y SOCIAL, INTEGRADO Y SOSTENIBLE PMASIS. 15 de Septiembre de 2009. Consultado el 9 de septiembre de 2014, de la dirección: http://www.corpoamazonia.gov.co/files/otros/pmasis/pmasis.pdf

[3] Corpoamazonia (2011). Informe No.1453. "Informe viabilidad de obras preventivas en n tramo del río Mocoa, municipio de Mocoa (http://bit.ly/1syXjjP).

[4] Acto Administrativo 949 del 30 de mayo de 2012. Ministerio del Interior. Obtenido de: http://mininterior.gov.co/sites/default/files/recursos/archivos/CONSUTA%20PREVIA/CERTIFICACIONES%20CONSULTA%20PREVIA%202012/CERTIFICACION%209497709.PDF
[5] Dicha norma que contenía el Código de Minas fue declarada inexequible por la Corte Constitucional, ver siguiente enlace electrónico http://bit.ly/1utFgg4

[6] La presentación de este contexto histórico, legal, político e institucional se apoya en el texto de Gloria Amparo Rodríguez sobre la Consulta Previa disponible en el siguiente enlace electrónico http://bit.ly/1v0D0T6; igualmente en el Informe del Observatorio de las industrias extractivas correspondiente al año 2013, coordinado de manera excelente por el experto Fabio E. Velásquez, de donde he tomado gran parte de los planteamientos sobre la situación de la Consulta Previa y el consentimiento a las comunidades

Publicado en Colombia

Miguel Jara es escritor y periodista independiente, especializado en la investigación de temas relacionados con la salud. Ha escrito libros varios libros en los que cuenta el poder de las grandes farmacéuticas, la peligrosidad de ciertos medicamentos o cómo juegan con nuestra salud con total impunidad.


Por sus trabajos en este campo ha sido galardonado con el premio Eupharlaw-Ibercisalud 2011 como la personalidad del año en el ámbito sanitario. Su lucha es también judicial, a través de un bufete en el que denuncia los daños provocados por medicamentos. Una ejemplo de como ejercer como 4º poder en red, en batalla constante contra las farmacéuticas, uno de los lobbys más fuertes y con un gran dominio en las administraciones públicas.


¿Cómo gestionaron los grandes laboratorios la crisis del ébola?


El virus del ébola no interesaba nada hasta hace unas semanas. Como siempre, se marca un antes y un después cuando se contagian los primeros occidentales. En este momento interviene la OMS, a la que creo que había que prestar más atención sobre sus conflictos de intereses y su actitud siempre pro farmacéutica.


En esta ocasión, no se cumplían los requisitos para declarar una epidemia, y sin embargo la OMS declara el estado de emergencia mundial hace como mes y medio por este motivo. En ese momento, daba el pistoletazo de salida a la campaña de márketing del miedo que finalmente hicieron los medios de comunicación. Como los medios publican mucho sobre el tema, los gobiernos están temerosos y, por no enfadar a su ciudadanía, cuando haya unas vacunas o unos antivirales los van a comprar sin apenas pensarlo.


Con esto quiero decir que la OMS ha creado un mercado que antes no existía. A partir de ese momento las farmacéuticas aprovechan las circunstancias para sacar provecho. En la actualidad hay como 6 o 7 grandes farmacéuticas ensayando vacunas y antivirales.


¿Hasta qué punto se aprovechan?


Por ponerte un ejemplo, GlaxoSmithKline, que es la segunda farmacéutica más importante y la que se cree que lleva más avanzadas las pruebas de su vacuna, está pidiendo que por adelantado se comprometan los gobiernos a indemnizarla en caso de que pierda dinero, porque le salga más cara la investigación que la rentabilidad.


Pasó algo parecido con la gripe A...


Sí. En 2009, la OMS también declara la pandemia y les hace el favor, con la excusa de que se necesitan rapidísimamente los medicamentos, eliminar muchas trabas legales y normas de ejecución en los ensayos clínicos. Como los medicamentos se han ensayado muy rápido pueden no ser seguros y hacer daños a la población. Por lo que en los contratos que firmaron el gobierno español y todos los gobiernos del mundo, había cláusulas en las que se comprometían a correr con los gastos de posibles indemnizaciones de daños a causa del medicamento.


De esta forma, eximen de responsabilidad en la seguridad de sus fármacos al gran laboratorio, algo que jamás ocurre en ninguna otra situación. En esa ocasión, dieron el pelotazo económico las grandes farmacéuticas poniendo en el mercado vacunas de baja eficacia y que, finalmente, causaron daños.


No contentos con esas condiciones, en el caso del ébola, además de esos beneficios, quieren también recibir dinero con antelación en concepto de provisión de fondos por si tienen pérdidas en el futuro... Es un disparate, siempre salen ganando.

Epidemias como negocio...


Exacto, estamos viviendo una especie de campaña de márketing del miedo. Aprovechar comercialmente el temor de las sociedades a las epidemias y pandemias. Esto se repite año tras año.


En 2001, tras los atentados del 11-S, se distribuyen unas cartas con ántrax, que es un virus muy peligroso como el del ébola. En este caso también hubo una campaña del miedo en la que salió ganando Bayer, que curiosamente ya tenía un antibiótico que trataba la enfermedad.
En 2005 se produce la no pandemia de gripe aviar. Aquí había unos clamorosos conflictos de intereses porque estaba el ministro de Defensa de EEUU, que tenía acciones en farmacéuticas que comercializan el principal antiviral de las dos últimas pandemias de gripe. Esta es la segunda gran campaña del miedo asociada a un pelotazo económico, en este caso con implicaciones e intereses políticos incluidos.


En 2009 está la gripe A, que también produjo un pelotazo. No hubo pandemia como se había anunciado sino que la gripe fue benigna, comparando con años anteriores. El pelotazo se produjo porque se vendieron vacunas y Tamiflú a mansalva. De hecho, ahora siguen acumuladas o ya prácticamente caducadas.


Todos estos casos, incluido el del ébola, tiene como nexo común que los grandes medios de comunicación han participado en esta feria del márketing del miedo. Hay que tener mucho cuidado con la exageración y el sensacionalismo. Porque al final se crea una tensión social que no ayuda a resolver el problema y, además, genera más alarma. La actuación de los medios es crucial: en estos casos tienen mucho poder, el poder de calmar o alarmar a los ciudadanos y ciudadanas.


¿Hasta qué punto son necesarias unas políticas públicas para frenar el poder de las farmacéuticas?


El problema de los gobiernos es que también tienen graves conflictos de intereses: el fenómeno de las puertas giratorias. El lobby de las farmacéuticas es enorme. Se pasean por el Ministerio de Sanidad como por su casa. Vivimos en una democracia muy degenerada y muy poco transparente. Por eso la corrupción también existen en el ámbito sanitario. Las puertas giratorias son muy comunes. Muchos altos cargos públicos pasan después a las farmacéuticas.


Estamos viviendo una era, con el PP y con el PSOE, que no sabemos quién hace la política, si los propios laboratorios o los políticos profesionales.


Ese poder del lobby farmacéutico también fue clave en el sistema de patentes...


Sí, el sistema de patentes es una imposición de las patronales, de los lobbys farmacéuticos y los gobiernos más ricos, como EEUU. Este sistema pervierte el sentido de buscar medicamentos. Investigan sólo los más comunes en los países ricos. Los fármacos deberían ser bienes sociales.


¿Crees posible alguna solución?


Evidentemente más financiación pública. Me parecería un paso adelante que los estados invirtieran más en investigación. Que las universidades públicas, cuando encuentran algo interesante no lo vendan al mejor postor, que siempre es un laboratorio, y apuesten por desarrollar el medicamento y dedicarlo a fines sociales, sin patentes, ya que es un medicamento financiado con los impuestos de todos y todas. El fin último es que termine en la sociedad a un precio barato, que es un poco lo que hacen en Cuba.


Sin embargo se hace todo lo contrario, se recorta en investigación....


Exacto. Es que además los recortes están mal hechos. Si quisieran recortar, podrían nombrar una comisión que se llamaría "por la racionalización de la aplicación de medicamentos". Ahora mismo estamos gastando una millonada en fármacos que son ineficaces y peligrosos. El número de medicamentos verdaderamente esenciales, importantes, eficaces y seguros que necesita la humanidad son entre 350 y 400 según la OMS. En España hay en total 17.000 marcas de medicamentos diferentes.


Puede ser una medida polémica...


Sí, pero muchos de esos 17.000 medicamentos son incluso peligrosos, poco seguros... y, sin embargo, siguen financiados. Si un gobierno tuviese el interés político real de ahorrar dinero, sin otras intenciones políticas, no tendría que hacer recortes. Aplicaría medidas de racionalización de los medicamentos, para quedarse con los más seguros y eficaces. Sacaría de la financiación pública medicamentos que honestamente no lo merecen. Y con todo esto ahorraríamos miles de millones de euros que se podrían invertir en mejorar la sanidad pública o en investigación.


Pero volvemos al inicio, a las farmacéuticas no les interesa...


Claro, de ahí la importancia de los lobbys y de la transparencia del gobierno. Los principales clientes de la industria farmacéutica son los estados. Por lo que los cambios sólo podría hacerlos un gobierno independiente que consiga anteponer los beneficios de los ciudadanos a los de las farmacéuticas, acabar con las puertas giratorias y poner coto al lobby. Un gobierno con la voluntad política de terminar con la corrupción, también en el campo de la salud.

Publicado en Sociedad

Uno de los mayores escándalos existentes en el mundo económico-político de hoy es el comportamiento monopolístico de la industria farmacéutica, aprobado y subvencionado por la autoridades públicas (en teoría, representantes de la población), que protegen dicho monopolio a través de la asignación de las llamadas patentes, que garantizan la potestad a tal industria para inflar los precios de los fármacos. El argumento a favor de este privilegio es que la industria ha invertido enormes cantidades de dinero en la investigación de los productos farmacéuticos, una investigación que necesita ser pagada y retribuida, permitiéndole definir un elevado precio del fármaco, dándole, además, la exclusividad en la venta del producto, prohibiendo la aparición en el mercado de otros productos idénticos que hicieran la competencia a aquellos que tienen la patente. En consecuencia, la industria farmacéutica, altamente concentrada, es uno de los sectores con mayores beneficios existentes en el mundo de hoy.


Esta argumentación oculta varios hechos bien conocidos entre los expertos en la materia. Uno de ellos es que la mayor parte de la investigación que se realiza conducente a la producción del fármaco no ha sido financiada por la industria farmacéutica, sino por centros de investigación financiados públicamente. Se han publicado muchos estudios mostrando, por ejemplo, que la producción de los principales productos en venta en el sector farmacéutico de EEUU se basa en investigación básica financiada por los National Institutes of Health (NIH), los centros de mayor investigación sanitaria del gobierno federal de EEUU. Lo que hace la industria farmacéutica es utilizar esta información, aplicándola a la producción del fármaco. Esta investigación aplicada es una porción pequeña de todo el proceso de producción del fármaco. La mayor parte de los costes de producción no han sido, pues, sostenidos por la industria farmacéutica, sino por el erario público. En realidad, economistas que han estudiado el tema han recomendado que sean los mismos institutos de investigación médica (NIH) que realizan la investigación básica los que hagan la investigación aplicada, con lo cual se evitarían los elevados precios que la industria farmacéutica está exigiendo. Como señala Dean Baker, el Estado federal de EEUU se ahorraría mucho dinero si produjera él mismo los productos farmacéuticos, en lugar de tener que comprarlos a la industria farmacéutica.


Otro elemento ignorado, cuando no ocultado, es que un gran número de empresas farmacéuticas cargan como gastos de investigación gastos que no corresponden a esta categoría, como, por ejemplo, marketing. Y todavía peor, utilizan todo tipo de triquiñuelas para alargar la patente, declarando como productos nuevos productos con ligeras variaciones sobre el producto anterior.

La protesta mundial: la aparición de los genéricos


Esta situación está cambiando como resultado de la enorme movilización y protesta frente a este comportamiento. Como es lógico, la mayor protesta procede del mundo subdesarrollado, que no puede pagar los elevados precios de tales productos. Y algunos Estados, como el de la India, dicen, con razón, que la vida de sus ciudadanos es más importante que la acumulación de riqueza por parte de las empresas farmacéuticas. De ahí que sucesivos gobiernos de la India hayan indicado que en casos de vida o muerte, la ley internacional de patentes no debería aplicarse, una postura que encuentra una gran aprobación y resonancia en la mayoría del mundo donde la pobreza es una constante. Esta postura del gobierno indio se hizo altamente popular cuando dicho gobierno facilitó el desarrollo de una industria farmacéutica basada en genéricos que pudiera competir con las industrias con patentes, lo que ha forzado a la bajada de los precios.


El caso más conocido fue el de los fármacos necesarios para el tratamiento del SIDA, enfermedad que era mortal hasta que la utilización de los fármacos permitió salvar millones de vidas. Cuando tales medicamentos se introdujeron en el mercado, el coste anual del tratamiento por paciente era de 10.000 dólares, en el año 2000. Al año siguiente, en el 2001, el coste bajó en picado, pasando a ser de solo 140 dólares al año, y ello como resultado de la introducción de productos genéricos procedentes de la India, lo cual permitió salvar las vidas de los enfermos con SIDA que vivían en países subdesarrollados económicamente. Médicos Sin Fronteras calcula que el 90% de los 11 millones de enfermos de SIDA que viven en países pobres están vivos porque son tratados con medicamentos contra el SIDA que son productos genéricos, la mayoría de los cuales se fabrican en la India.

Ni que decir tiene que la industria farmacéutica utiliza todos los medios para parar la "invasión" del mercado por parte de estos genéricos. Y uno de dichos medios es tratar de influenciar a los Estados de los países más ricos, como el Estado federal de EEUU, para que se prohíban tales genéricos. El lobby de la industria farmacéutica en EEUU (PhRMA) gasta la friolera cantidad de 132 millones de dólares al año para comprar los votos de los congresistas clave, dentro del Congreso de EEUU, que tienen la responsabilidad de tomar decisiones sobre estos temas. Mike Ludwig (en su artículo "Big Pharma Lobbies Hard to End India's Distribution of Affordable Generic Drugs", Truthout, 10.10.14) documenta nombre por nombre quién recibe dicho dinero.


Una situación menos declarada, pero semejante, se da en los países de la Unión Europea, donde el lobby de la industria farmacéutica en Brusela es de los más extensos y más poderosos de los muchos lobbies que configuran la legislación europea. Y una situación idéntica aparece en España.

Publicado en Ciencia y tecnología
Sábado, 25 Octubre 2014 08:11

Los '30 Berlusconis' de Brasil


Así denominó Reporteros sin Fronteras a las siete familias brasileñas que se reparten el 90% de los medios de comunicación del país. La diferencia de trato hacia los candidatos vuelve a desestabilizar la campaña electoral para las presidenciales.


Leer los grandes diarios de Brasil puede llevar a pensar que la economía del país se ha hundido, que ya no hay inversores interesados y que sólo existe un culpable de cualquier escándalo de corrupción: el Partido de los Trabajadores (PT). Al mismo tiempo que publican que la tasa de desempleo cae a un 5%, la más baja de los últimos 24 años, denuncian que los brasileños tienen dificultades para encontrar trabajo.

Durante la campaña electoral para las presidenciales, que este domingo se disputan en segunda vuelta Aécio Neves y Dilma Rousseff, estas características se han acentuado. El discurso de oposición de Neves es un claro reflejo del de los medios de comunicación: "Ahora que ven posibilidades reales de que el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) vuelva al poder, el que era un habitual desgaste progresivo ha pasado a ser una masacre. La guerra de baja intensidad ahora es un bombardeo indiscriminado", denuncia Guilherme Boulos, profesor de Filosofía de la Universidad de São Paulo.


El portal Manchetômetro publicaba la semana pasada una pesquisa en relación a las noticias positivas y negativas que aparecían en los principales medios de comunicación sobre ambos candidatos. Entre los tres principales periódicos impresos (Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, Jornal Globo) las portadas positivas para Dilma fueron cuatro, para Aécio Neves, 32. Las negativas para Roussef fueron 176 y para Neves, 31. En el principal telediario del país, el Jornal Nacional de la televisión Globo, la cobertura de noticias favorables para la candidata del PT duraron 4 minutos y 14 segundos. Para el candidato del PSDB llegaron a los 9 minutos y 52 segundos. En el caso de las noticias desfavorables, el tiempo dedicado a Rousseff fue de 53 minutos, mientras que el dedicado a Neves fue de siete minutos y seis segundos.


Muchos de los los siete grupos de poder existen desde antes de la dictadura


En 2013 Reporteros sin Fronteras (RSF) publicaba un informe, conocido como Los 30 Berlusconis de Brasil, para referirse a las siete familias que se reparten el 90% de los medios de comunicación del país. "Las características del funcionamiento de los medios impiden la libre circulación de la información y el pluralismo. Brasil presenta un nivel de concentración mediática que contrasta con el potencial de su territorio y la diversidad de su sociedad civil", denunciaba el informe.


Los siete grupos de poder se reparten entre Rio de Janeiro y São Paulo, y muchos de ellos existen desde antes de la dictadura. Algunos como Globo o Folha de São Paulo, colaboraron con ella, como señala la tesis doctoral sobre medios y censura de la historiadora brasileña Beatriz Kushnir.
En el espectro audiovisual la familia Marinho. dueña del grupo Globo. se coloca en primer lugar. Los hermanos Marinho no son sólo grandes magnates de la televisión y la prensa brasileña, sino que son considerados, según Forbes, el clan más rico de Brasil con una fortuna que alcanza los 29 billones de dólares. Le sigue en el ramo audiovisual, el grupo SBT (Sistema Brasileño de Televisión) del que es dueño Silvio Santos, encargado de presentar el mismo programa de televisión desde hace más de 40 años.


"Las oligarquías mediáticas son las las élites de Brasil, las que deciden quién manda"


La familia Saad es la responsable de la Rede Bandeirantes, y la televisión evangélica Record forma parte de la fortuna del presidente de la Iglesia Universal del Reino de Dios, Edir Macedo. En relación a la prensa escrita, el grupo Globo mantiene un lugar privilegiado junto a diarios como Folha de São Paulo, de la familia Frías Filho, o el Estado de São Paulo de la familia Mesquita. La editora Abril, de la familia Civita, es dueña del 70% de los semanarios de Brasil, con la revista Veja como estandarte del grupo.


"En este país los nombres de puentes y de calles son para estas familias. Tenemos el puente Octavio Frías, la avenida Roberto Marinho o la Plaza Víctor Civita. Nuestras oligarquías mediáticas son las las élites de Brasil, los que deciden quién manda en el país y los que se quedan hasta con los nombres de nuestras calles", dice la periodista brasileña Cynara Menezes.


Un enemigo común


Desde que Luiz Inácio Lula da Silva llegó al poder en 2002, el ex presidente no ha dejado de denunciar los ataques que sufre por parte de los grandes medios. "Quien hace oposición en este país es un determinado tipo de prensa, si dependiese de ellos, yo tendría un 0% de aprobación", argumentaba en la pasada campaña electoral. Hace dos semanas en otro actodecía: "Estoy cansado, todas los años es igual, dicen que el país está en quiebra, usan informaciones sin contrastar para acusarnos de corrupción, pero ahora está siendo mucho peor, han diseminado un odio hacia el PT que ha superado todos los límites".


El politólogo del Instituto de Pesquisas de Rio de Janeiro, Marcos Figueredo, asegura que los medios impresos brasileños tienen un doble discurso. Por un lado presumen de seguir una línea de periodismo americana, objetiva, y por otro están los resultados de sus publicaciones: "Al final lo que vemos son diferencias de trato con cada candidato, profundizan en ciertos temas negativos asociados a Lula o a Dilma, y son benevolentes a la hora de tratar temas espinosos de los adversarios que están en la oposición".

Los ataques no son tan duros como las omisiones. A lo largo de la actual campaña la gran prensa ha insistido en el escándalo de desvío de dinero de la directiva de Petrobrás, la cual había sido elegida por Dilma Rousseff. El director está siendo juzgado y continúa prestando declaraciones, pero algunos medios han publicado nuevas acusaciones no confirmadas. Sin embargo, los escándalos de corrupción vinculados al candidato Neves, como la construcción con dinero público de un aeropuerto privado dentro de la finca de su tío, o el desvío de dinero en la construcción de trenes y metro del PSDB en São Paulo, pasan desapercibidos.


La portada de hace un mes de la revista Veja vinculada directamente a Rousseff con el escándalo de Petrobrás, pero no ofrecía ningún dato que confirmara esa afirmación. Tras esta publicación el periodista Ricardo Kotscho escribió en su columna de Record News (R7) una anécdota del fallecido candidato Eduardo Campos: "No pensaba contar esto, pero después de la portada de este domingo me acordé de lo que me dijo Campos en 2012 cuando entró por primera vez en el despacho de Roberto Civita. Se quedó asombrado al oír del dueño del grupo Abril la siguiente frase: -¿Está viendo todas estas portadas de Veja? Esta es la única verdadera oposición al PT, el resto son tonterías. Sólo nosotros podemos acabar con esta gente, e iremos hasta el final-".


Internet es el instrumento que sirve para compensar el desequilibrio frente a los grandes medios


El nieto de João Goulart, el último presidente brasileño antes del golpe militar de 1964, salió a defender a Dilma la semana pasada: "Es increíble la campaña de terrorismo económico, sistemática del oligopolio de los medios de comunicación buscando desestabilizar el gobierno Dilma. Es muy parecido a lo que hicieron con mi abuelo", decía João Alexandre Goulart en el Diario do Centro do Mundo.


Internet es el instrumento que sirve para compensar el desequilibrio frente a los grandes medios. Portales de noticias como Fórum, Diario do Centro do Mundo, O Cafezinho, o blogs como Conversa Afiada, ofrecen una óptica distinta, mayoritariamente petista. Muchos de ellos tienen en sus redacciones a periodistas que ya trabajaron en la gran prensa y que decidieron marcharse, y otros que sólo han trabajado para medios alternativos. "Trabajé más de ocho años en la Folha de São Paulo y nunca me censuraron, en el único medio que me tocaron mis textos fue en la revista Veja. Pero sé de muchos amigos periodistas que han sido despedidos cuando sus jefes sospechaban que pudieran ser petistas", asegura Cynara Menezes, periodista de la revista Carta Capital, el único semanario nacional que se declara a favor del Gobierno.


Regulación de la Ley de Medios


Uno de los cánticos más sonados de las manifestaciones de junio de 2013 era el de "Fuera Red Globo". Además de mejoras en los servicios públicos, educación y sanidad principalmente, los brasileños pedían la democratización de las comunicaciones. Dilma Rousseff ha prometido durante la campaña que si llega a ser reelegida va a llevar a cabo una Regulación de la Ley de Medios. La Ley de 1988 prohíbe la creación de monopolios y oligopolios mediáticos, pero hasta el momento nadie la cumple.


"De nada sirve que ahora el PT se ponga a llorar. Ha tenido doce años para discutir la democratización de los medios y no ha tenido coraje", decía el profesor Guilherme Boulos, y añadía en un artículo del diario Outras Palavaras: "La masacre que estamos viendo y que veremos hasta el día 26 de octubre, revela la adhesión en bloque de la élite a la candidatura de Aécio Neves y a su apuesta por la polarización. Si ganan, podrán consolidar una onda conservadora en Brasil y en América Latina. Si pierden, pagarán por haber exagerado en la dosis de polarización, ya que eso no es algo que se desmonte con facilidad". En la misma línea se muestra Cynara Menezes: "Su enemigo número uno es Lula, y cada vez están suscitando más odio hacia el PT, se les está yendo de las manos. Como decís en España: Cría cuervos y te sacarán los ojos".

Publicado en Política
Miércoles, 22 Octubre 2014 18:54

Con paso de sastre turbayista

Con el supuesto de luchar contra la corrupción política y electoral, el gobierno impulsa la denominada reforma constitucional "Equilibrio de poderes", con la que dice buscar la no reelección presidencial, el voto obligatorio –que por oferta y demanda simplemente reducirá el costo de la compra–, y la lista cerrada, que ocultará a los candidatos desacreditados tras unos que gocen de buena reputación". Además, tiene como foco la circunscripción nacional, la lista abierta y el voto preferente, intentando golpear el voto de opinión, voto de castigo contra el poder tradicional.

Una reforma al sistema política se lleva a cabo con el fin de recomponer la relación vivida al interior del mismo en determinado momento histórico. Una reforma de este carácter puede darse como medida para desarrollar la democracia y ampliar el reconocimiento de nuevos actores, o en sí, para perfeccionar el sistema electoral.

Por lo general una verdadera reforma al sistema político es fruto de consensos entre la diversidad de actores que están y aspiran a estar en el escenario político representativo, o en caso contrario, una reforma política puede ser un reversaso para las conquistas democráticas de la ciudadanía. Acción propia de las dictaduras militares y civiles.

Caso sui generis. En Colombia una reforma política es el producto del acomodamiento momentáneo de las circunstancias de una crisis en la relación de los actores clientelistas, más que la necesidad de mejoramiento constitucional para ampliar la democracia. En efecto, y no en vano, desde 1991 hasta la actualidad, sin incluir la presente, la Constitución ha sufrido 39 remiendos. Uno de los primeros consistió precisamente en volver a la figura de parlamentario principal y suplente, lo cual motivó que un senador electo le diera entrada las veces que quisiera a su segundo, tercero y así sucesivamente, al personaje que le siguiera en lista. Esto no fue más que un acomodamiento clientelista.

La fallida reforma a la justicia vía constitucional del año 2013, fue otra trama para acomodar las circunstancias de tiempo de los miembros de las altas cortes, con el fin único, de mejorar sus prebendas salariales y pensionales. Unos años atrás, la reforma constitucional del momento fue para desmejorar las prestaciones pensio-nales de los colombianos y otra para darle vía libre a la entrada de capital extranjero sin temor a las nacionalizaciones.

Con los hechos presentados, se contradice el decir, que "sólo puede concebirse una democracia de acuerdo con reglas y orientaciones específicas"1, pero más aún, en nuestro caso, "la representación política (no es), el instrumento que enlaza la comunidad política con el gobierno", y deja de lado el sentido que "el gobierno, como la Constitución, encarna la comunidad política"2.

"Equilibrio de poderes", la actual propuesta de reforma constitucional que está en curso, dice buscar la no reelección presidencial, acción necesaria ya que al interior del propio bloque de poder, tanto político como clientelista, se encuentra con que en su disputa por puestos y prebendas las fuerzas políticas tropiezan con reelecciones en una diversidad de instancias ejecutivas, judiciales y electorales entre otras, que en su momento les facilitaban una rotación de cargos "sin traumatismo". En tal sentido, más que buscar consensos para ampliar la democracia, incluso, incluir elementos tácitos de los acuerdos de La Habana en lo referente a su punto segundo, lo que persigue en sí está reforma es un objetivo eminentemente clientelista.

Precisamente, a decir del senador Jorge Robledo, "Las reformas legales han de ser juzgadas por lo que proponen y por lo que no proponen; por lo que muestran y por lo que ocultan"3. En este sentido, la de poderes es la de la 'mermelada', el clientelismo y el fraude electoral, ya que "La del santismo ni menciona estas lacras y exhibe dos falsas soluciones contra la corrupción: el voto obligatorio, que por oferta y demanda simplemente reducirá el costo de la compra, y la lista cerrada, que ocultará a los candidatos desacreditados tras unos que gocen de buena reputación"4.

A decir del Polo Democrático, y con razón, "La reforma santista, además, se dirige contra la circunscripción nacional, la lista abierta y el voto preferente, de manera que golpea el voto de opinión, que es aquel en el que el ciudadano sí vota libremente, como sucede con los electores del Polo Democrático Alternativo. Igualmente, la reforma del gobierno presenta esos cambios como si de verdad atacaran la corrupción política y electoral, cuando, si mucho, le abarata sus costos y la esconde del escrutinio ciudadano. Y mantiene vigentes el umbral de tres por ciento, la cifra repartidora y el actual diseño de Consejo electoral, tres mecanismos calculados contra las fuerzas minoritarias".

Con esta realidad al frente de nuestros rostros, nos encontramos, parafraseando a Marx, que los cambios constitucionales en Colombia ocurren como "comedia" y, aún más, como "tragedia", al tiempo que como farsa. Y en el mismo sentido del ilustre alemán, "el interés más exclusivo (del clientelismo) se impone al más amplio", que debiera ser el de ampliar la democracia, lo cual no ocurre hasta ahora.

Al así suceder, no queda duda, los cambios constitucionales oficiados en nuestro país desde la cúpula del poder tradicional, no han buscado más que, y de manera exclusiva, que los sectores dominantes, tanto económicos como políticos clientelistas, no choquen entre sí con el "disfrute de los derechos iguales de las clases dominantes y sus aspiraciones políticas"5.

 

La reforma que Colombia necesita

 

Colombia necesita una reforma de fondo de todo el sistema político y electoral, que empiece por prohibir y perseguir en serio el constreñimiento al ciudadano en todas sus manifestaciones y que cambie la actual estructura (Consejo Electoral y Registraduría), diseñada para que las organizaciones políticas del establecimiento impongan un tipo de oscura partidocracia al servicio de intereses que no son los de los colombianos6.

En nuestro país, el clientelismo y la corrupción son las características esenciales, tanto del sistema político como del electoral. La compra y venta de votos, la comercialización de líderes –entre estos concejales y diputados–, el control y monopolización de entidades públicas por parte de los partidos (hoy la Unidad Nacional, ayer el uribismo, antes liberales y conservadores), los contratos a dedo, la financiación de los partidos por debajo de la mesa, el apoyo de los cacaos a los partidos liberal y conservador, el aparato estatal y con ellos sus funcionarios base del "sistema" a disposición de gamonales y caciques electorales, la financiación de las maquinarias políticas tradicionales por parte del paramilitarismo y del narcotráfico, etcétera, todo esto hace casi que imposible, a cualquier partido político de sesgo opositor, disputar de tú a tú curules para el Congreso. No más imaginar que la elección de un senador de la República, a precios de 2014, puede costar cerca de 10.000 millones de pesos, en especial en la Costa Atlántica, nos da una imagen del tipo de régimen político que tenemos y la dificultad para, siquiera, oxigenarlo.

Por ello, más que espacios políticos transitorios lo que debe garantizarse, como parte de la negociación en curso en La Habana, es una reforma política y electoral a fondo, tendiente a cambiar el sistema de repartición de curules, darle oportunidades a la guerrilla en sus tradicionales zonas de influencia, permitiéndoles ser actores protagónicos del sistema político, de manera que se sientan parte de nuestra democracia, en vez de excluidos otra vez, como actualmente sucede. La participación política no debe estar al servicio de los delfines y familiares de altas "cumbres" sociales, sino que debe ser el escenario de la confrontación de ideas y proyectos de sociedad y gobierno.

En este sentido, la oposición, como explica Giovanni Sartori, deberá contar con un estatuto serio a su favor, ya que "Cuando no se limita el ejercicio del principio mayoritario, surge la tiranía de la mayoría. En sustancia, aquí el problema es o son los derechos de la minoría". Es inconcebible, que desde 1991, cuando se estableció por Constitución el Estatuto de la Oposición, éste no se haya concebido, en lo fundamental por temor a que el clientelismo sea debidamente auscultado por partidos diferentes a los tradicionales. Es más, hoy el Centro Democrático añora un Estatuto de la Oposición, cuando el uribismo en su momento lo negó. Cosas de la vida.

Al analizar en profundidad lo acordado en La Habana hasta ahora, y por lo cual Santos dice "que la paz está de un cacho", lo que encontramos es retórica, nada en concreto, y de aceptar las farc dicha retórica, entonces se cumplirá la sentencia de Roy Barreras que a las farc las "muelen" en las primeras elecciones en que participen.

De esta manera, aceptar la propuesta de reforma política del gobierno Santos, dizque en busca del "equilibrio de poderes", es aceptar la continuidad del clientelismo en todas sus formas. Y ojo, no es que el clientelismo se acabe por decreto, pero por lo menos una democracia debe darle a la oposición dientes para llevar a cabo su trabajo de juicio parlamentario y disponer de una relativa igualdad de condiciones para participar en una contienda electoral. ¿Quién le puede ganar a los Ñoños en Córdoba, cuándo de por medio disponen de miles de millones en mermelada para repartir? Y así sucesivamente. ¿Quién le puede ganar a "Robert" Gerleín, cuando cuenta con la abultada chequera de su hermano Julio Gerleín, gran contratista del Estado nacional? Ejemplos sobran, y hoy podemos decir, que el Congreso en sí es una mafia. Una clase social que dispone de oportunidades, recursos y formas de incidir en la organización social, política y económica del Estado colombiano, más que ningún otro sector, incluso, si quisieran, arrodillarían a los "cacaos".

Así, ¿de que democracia hablamos en Colombia?

 

* Magíster en ciencia política, Universidad de los Andes.

1 Arato, Andrew, "Formas de diseño constitucional y teorías de la democracia", en: Lapolítica # 4, Paidós, Madrid, página 59
2 Rivero, Ángel, "sobre la constitución de la comunidad política y su representación", en: Op. Cit, página 99
3 Ver: http://bit.ly/1okGMiv
4 Ver: http://www.moir.org.co/Reforma-a-favor-del-clientelismo-y.html
5 Ver. Carlos Marx, "El dieciocho Brumario de Luis Bonaparte", Obras escogidas, Tomo I, Editorial progreso, Moscú, 1973, Página 419.
6 jorgerobledo.com/la-reforma-politica-y-electoral-de-santos-mantiene-y-oculta-un-sistema-inicuo/

 

 

Con el país en la cabeza

Una verdadera reforma política, con criterio de paz, debe disponer por lo menos de los siguientes aspectos:

Derecho de acceso propio a la información del Estado, clasificada o no; presencia de la oposición, por derecho, en el Consejo Nacional Electoral; acceso al registro electoral del país y de colombianos en el exterior; implantación del voto electrónico en todo el territorio nacional; representación en las registradurías departamentales y municipales; financiación plena de las campañas electorales; representación amplia en las Mesas Directivas de Senado y Cámara, así como sus Comisiones, incluyendo sus secretarías por derecho propio; posibilidad de réplica en todos los medios de comunicación; participación en las Comisiones Accidentales, incluyendo la de Relaciones Exteriores, Endeudamiento Externo y Militar; participación en las directivas de Ecopetrol, Banco de la República y servicio civil, entre otras; participación en los órganos de control, y derecho propio en la Procuraduría, Defensoría del Pueblo y Contraloría. Pero también se les debe abrir canales para participar en la selección de los magistrados de las altas Cortes, e incidir en el sistema judicial, etcétera.


Todos estos aspectos deben estar presentes en las negociaciones de La Habana si de verdad no queremos repetir la historia de tragedia y muerte de los últimos 60 años, y la fallida e irreglamentada Constitución de 1991, la cual dejó su actualización al clientelismo.

En cuanto al sistema electoral, lo preferible es mantener el sistema de listas cerradas por partidos o movimientos políticos a nivel nacional, o en su caso, si se trata de darle representación a las regionales, dividir el Senado entre 60 senadores de lista nacional y 60 de listas regionales. Ojo, regiones, no departamentos, y ampliar los cupos departamentales en la Cámara para los antiguos territorios nacionales.

La democracia cuesta, eso lo señaló en alguna ocasión Carlos Gaviria, y tiene la razón. Se critica mucha el costo del Congreso, pues entonces, redúzcanse los salarios de los congresistas y acaben esa sinvergüencería llamada UTL Unidad de Trabajo legislativo, y nómbrese equipos por partidos. Ahí existen recursos para ampliar las representaciones regionales tan comentadas y solicitadas. Un ejemplo, España con una población similar a Colombia, tiene un Congreso (Senado y Cámara de Diputados) de 550 miembros.

Pero si algo no debe quedar por fuera de una verdadera reforma política, es la lucha contra el clientelismo, comenzando por la legalización, o no, para todos y por igual de las asignaciones específicas, pasando por el nombramiento de los registradores y veedores electorales, y llegando a la financiación de la campañas electorales, poniéndole el ojo a la financiación por "debajo de la mesa", esa que se presta para la compra de votos y registradores. Si una campaña electoral, a la luz pública supera los topes electorales, en la realidad, no en las estadísticas de información, debe penalizarse y responder con la disminución del número de curules. Pero algo más a fondo, no puede permitirse que continúe el cuento de nunca acabar de que el abuelo fue ladrón, luego el hijo, y el cupo al senado ahora le pertenece al nieto, como sucede con la familia García Romero–Zuccardi. La comunidad debe emplear una sanción social y penal en estos casos.

Reforma para abrir el sistema político. Pensar y calcular, como lo hacen muchos parlamentarios liberales y conservadores, que la guerrilla entre al Congreso "y que después la molemos", es lo peor que nos podría suceder como país. A Colombia le hace falta una oposición orgánica, seria y consecuente, pero sobre todo que pueda existir y desempeñarse con garantías. Que tenga capacidad de denuncia y ser alternativa de poder democrático. Pero si el "sistema" aporta a la democracia, tanto la guerrilla como la izquierda también deberán aportar, así como la sociedad en su conjunto; un primer aporte de esta izquiera radica en vencer sus egos, "ismos" y divisiones que le han caracterizado a través de su historia, entendiendo por esto –por las razones expuestas– que la unidad en sí misma es la razón de su supervivencia en un sistema político y electoral altamente competitivo.

Finalmente, quién lo creyera, una verdadera reforma constitucional pasa por La Habana, y hasta ahora esto no ha sucedido, aunque tengamos presente que "El conflicto de clase puede ser perfectamente un importante medio para el desarrollo de los derechos ciudadanos"*, y es el momento para que así suceda.

* Held, David, "ciudadanía y autonomía", en: Lapolítica # 3, Paidós, Madrid, página 53.

Publicado en Edición Nº207

 

De 2007 a 2013 las mayores empresas brasileñas de la construcción financiaron en secreto con 187 millones de dólares las campañas de los principales partidos políticos del país –incluido el gobernante Partido de los Trabajadores (PT) y su rival, el Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB)– para asegurarse la licitación de grandes obras públicas, según denuncia publicada hoy por el diario O Estado.


Esta nueva revelación sobre los acuerdos por debajo de la mesa entre grandes compañías privadas y los partidos para allegarse de recursos en periodos electorales fue publicada a sólo una semana de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil, que disputarán Aécio Neves (PSDB) y Dilma Rousseff, quien busca la relección como abanderada del PT.


La noticia publicada en O Estado apareció también en momentos en que circulan otras denuncias periodísticas sobre el desvío de fondos de la estatal Petrobras hacia el PT y sus aliados, los partidos del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), el Socialista Brasileño (PSB) y el Progresista (PP), así como a Demócratas (DEM), coaligado al PSDB.


El sábado, Rousseff reconoció por primera vez en sus casi cuatro años de administración que hubo malversación de dineros en Petrobras, y aunque no reconoció que esos recursos fueron destinados a partidos políticos en contubernio con empresas constructoras, la mandataria ofreció resarcir el daño causado.


En su edición de este domingo, el diario O Estado de Sao Paulo publicó que 14 empresas de la construcción, como Odebrecht, conocida en América Latina por haber recibido grandes contratos, Andrade Gutierrez y Queiroz Galvao, suministraron 187 millones tanto al PT y al PSDB como al PMDB, al PSB, al PP y a Demócratas.


Las 14 empresas están en la mira de la opinión pública por su presunta participación en un cártel de la industria de la construcción que se reparte grandes licitaciones públicas en el país, incluidas varias obras licitadas por Petrobras.


El ex director de Refinación y Abastecimiento de la petrolera, Paulo Roberto Costa, declaró a principios de octubre ante autoridades judiciales que parte de los fondos desviados desde la empresa estatal sirvieron para financiar las campañas presidenciales del PSDB y de Rousseff en 2010. El ex funcionario está preso por denuncias de colusión entre las empresas constructoras que se benefician de las licitaciones de Petrobras, favoreciendo a los partidos políticos.


En un comunicado el PT y el PSDB negaron hoy haber cometido alguna irregularidad con las donaciones recibidas y aseguraron que su actuación fue de conformidad con la ley. O Estado –uno de los tres grandes diarios de Brasil, junto a Folha y O Globo– consultó a las empresas para conocer su versión de las denuncias, pero su respuesta sobre su presunta implicación fue una negativa.


O Estado también divulgó información sobre la supuesta entrega de un millón de reales (unos 410 mil dólares) a la ex jefa del Gabinete Civil de la presidencia brasileña, Gleisi Hoffmann, provenientes de las arcas de Petrobras.


El rotativo citó declaraciones de Costa, preso por integrar una red de lavado de dinero y quien ha hecho una serie de revelaciones a las autoridades para conseguir una reducción de condena.


Según Costa, el dinero le fue entregado en efectivo a un emisario de Hoffmann y fue usado para financiar su campaña electoral de 2010, cuando disputó un escaño en el Senado. Al siguiente año, la legisladora asumió la jefatura del Gabinete Civil de la entonces flamante presidenta Dilma Rousseff.
Otra acusación de corrupción conocida como la mensualidad (mensalao, en portugués) fue denunciada en 2005 e implicó a José Dirceu, quien era entonces el jefe del Gabinete Civil del presidente Luiz Inacio Lula da Silva, quien destituyó a su mano derecha y en su lugar dejó a Rousseff, quien posteriormente dirigió el consejo de administración de Petrobras, coincidiendo, en parte, con el periodo en que fueron desviados los fondos de la petrolera estatal, mediante contratos sobrefacturados.

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Martes, 14 Octubre 2014 21:07

Las tumbas mejor planeadas de Iguala

Más de cuarenta estudiantes fueron secuestrados la semana pasada en el estado de Guerrero, México. Los asesinaron y sus cuerpos están apareciendo en tumbas colectivas. Marcela Turati, joven reportera que acaba de ganar el premio García Márquez a la excelencia periodística, lo cuenta en la siguiente crónica.

Más de cuarenta estudiantes fueron secuestrados la semana pasada en la localidad de Iguala, en el estado de Guerrero. Sólo estaban manifestando. Los torturaron y asesinaron y sus cuerpos están apareciendo en tumbas colectivas. Una masacre más de las tantas que se producen a diario en México. Marcela Turati, joven reportera que acaba de ganar el premio García Márquez a la excelencia periodística por sus coberturas sobre la violencia en su país, lo cuenta en la siguiente crónica.1 En la contratapa, Brecha reproduce una nota de reflexión de Turati sobre qué es eso de convertirse en "corresponsal de guerra" en su propio país.


Nunca vi nada así, se le escucha decir al nervioso policía apostado en la punta del monte, el rifle atento. A unos pasos la tierra cortada; hay seis hoyos bien trazados, son seis fosas que escondían los fragmentos de 23 cuerpos calcinados. Bajo la arena retirada a golpes de pala se logran ver troncos de árboles chamuscados, ramas marchitas manoseadas por el fuego. Un pedazo de pantalón de mezclilla. Banderines rojos que marcan el terreno y una cinta amarilla desmayada con el rótulo "Escena del crimen".

"¿Te imaginas todo lo que pensaron mientras llegaban acá?", suelta una fotógrafa jovencita, la mirada de tristeza. El silencio que se impone.

La identidad de esos cuerpos no está confirmada, pero nadie puede espantar de la mente el testimonio de los dos detenidos que declararon a la Procuraduría General de Justicia de Guerrero que ahí asesinaron y enterraron a 17 de los 43 normalistas de Ayot-
zinapa desaparecidos; los que fueron arrestados por policías municipales y entregados a sicarios de la narcomafia local Guerreros Unidos.

El pesado silencio queda ahogado por un zumbido: es el concierto de las moscas.

Un reportero local lanza como telegrama los que imagina fueron los últimos momentos de los condenados a muerte: "Los obligaron a subir caminando. Los ejecutaron. Pusieron una cama de troncos. Los quemaron. Ahí mismo los enterraron. A ellos mismos les hicieron cavar sus tumbas".

La fragancia de la muerte impregna el monte. Ese olor cada vez más frecuente en esta interminable fosa común en la que se ha convertido México. El mismo lodo podrido, con mezcla de masa orgánica, que se pisa en Tijuana, en los terrenos regados con ácidos con los que los cadáveres son disueltos. El mismo olor que despiden las fosas donde quisieron ser reducidos a nada los migrantes masacrados en San Fernando, Tamaulipas. El mismo que se hace presente, cada vez con más frecuencia, en episodios que por comunes pasan desapercibidos para la prensa.

Es un olor dulzón y rancio que hace nido en las fosas nasales, asfixia la garganta, se atenaza en el cerebro. No se quita por más que te bañes o recurras a los perfumes. Es un recordatorio que deja el sufrimiento de un ser humano que se niega a ser desaparecido, enterrado a escondidas, martirizado.

Una mariposa negra y amarilla aletea al borde del corte de la tierra. Avanza y retrocede. Testigo de primera fila. Centímetros abajo agua de lluvia que al contacto con la tierra se convirtió en un caldo pútrido, un charco estancado, con nata en la superficie que impide cualquier reflejo.

Para subir a las fosas de Iguala hay que salir de esta ciudad –la tercera más importante de Guerrero– y dirigirse a la periferia, donde la ciudad se convierte en campo. Hay que guiarse por un cerro con pelo verde, andar por calles sin pavimento, preguntar por Jardín Pueblo Viejo, luego por la vereda a La Parota.

Derecho por la vereda formada por piedras hay que seguir el camino marcado por las pisadas pioneras. Es un sendero paralelo a un maizal del que se va perdiendo la perspectiva porque a lo largo se extiende una bóveda de ramas y arbustos que hacen pensar en la entrada a una selva.

No hay pérdida si se sigue la vía marcada por los cubrebocas azules colgados de los matorrales, tirados en el piso, aventados en la cuneta, como en una urgencia de quienes querían desprenderse pronto de la peste. Para más referencias se puede buscar las marcas que dejó en algunos arbustos el enviado de una televisora deseando que nadie se perdiera.

Impresas en el lodo del suelo se notan huellas de distintos tamaños, de botas, de tenis, de huaraches. Son las huellas de la gente que ha subido a ese cerro. Me pregunto si alguna de ellas será de los asesinados, si sabrían que ese iba a ser su destino, que ese monte sería su cementerio. Pocas huellas, casi ninguna, van en sentido contrario. Claro, ellos no bajaron. Ellos se quedaron arriba.
Caminar. Subir. El único ruido es el de la propia respiración y la orquesta de insectos. Hasta que se llega al lugar marcado por las moscas, el inconfundible sitio de la muerte. El lugar que condensa el horror de la narcopolítica mexicana. La presentida confirmación de la identidad que nadie desea. ¿Asesinaron aquí a los estudiantes normalistas raptados durante la novatada que les hicieron en su escuela que ni siquiera habían cumplido los 20 años? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Quiénes? ¿Por qué así?

Sólo queda lanzar en silencio un rezo en este espacio de muerte y pedir que (sea quien sea) quien murió aquí encuentre la paz, que sus restos regresen a su casa.

A unos metros del área marcada, en un claro aplanado se ve un montículo formado por ropa, basura, plásticos, cobijas. Es fácil pensar que esa era una guarida de los dueños de estos caminos prohibidos. Donde descansaban, porque las masacres implican trabajo.

El camino de regreso a la ciudad lo marca el botadero de bolsas de basura de plástico rojo con signos que indican toxicidad. Y más cubrebocas, decenas de ellos, guantes de látex, botas de plástico, empaques de geles o desinfectantes tirados a lo largo del camino, como si quienes participaron en las exhumaciones hubieran querido quitarse de encima el horror aferrado en la piel. Como si quisieran dejar atrás la pesadilla.

Un reportero local dice que este horror no es peor que el de las fosas de los 18 turistas michoacanos enterrados en una huerta de coco en Acapulco y exhumados un mes después de sus asesinatos. Su error fue haber viajado juntos a bordo de un autobús que llevaba placas del lugar equivocado, de su estado natal que engendró también un cártel rival a los de Guerrero.
Estos duelen distinto porque las declaraciones apuntan a que aquí quedaron puros estudiantes, los mejores de sus pueblos, los que se inscribieron a la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa porque desafiaron su destino y quisieron ser alguien.
Iguala es tierra fértil para la siembra de cadáveres.

Según el Departamento Municipal de Panteones, 76 personas no identificadas han sido enviadas a la fosa común del cementerio durante la administración interrumpida del alcalde perredista prófugo José Luis Abarca (quien gobernó dos años).
Los cuerpos de desconocidos provienen de diferentes hallazgos.

En mayo de 2013 en San Miguelito, parte trasera del Cerro de La Parota, fueron de-senterradas 33 osamentas. Hace cuatro meses, de camino al municipio vecino de Taxco, en Mezcaltepec, se descubrieron 17 cuerpos (el sexenio pasado encontraron a 55 dentro de un pozo). Ahora la tierra engendró cadáveres en La Parota, ese cementerio clandestino que algunos funcionarios locales dicen que era usado desde hace más de un año para eliminar seres humanos.

Esto ocurre en Iguala, la cuna de la bandera nacional. La ciudad que se ufana de tener el lienzo tricolor más grande del país enarbolado desde uno de sus cerros. Por toda la ciudad se ven bardas ilustradas con episodios de la independencia que se comenzó a esbozar aquí hace 200 años, aunque al día de hoy la gente vive como esclava, sometida por el crimen organizado que de día impone su ley y en las noches su toque de queda.

Antes de subir a La Parota un reportero local, que acudió a la despedida de los policías municipales enviados voluntariamente-a la fuerza a reeducarse en una academia de policía en Tlaxcala, me mostró una fotografía que lleva en su celular: tirados sobre el piso se encuentran seis cuerpos inflados, brillosos, tapizados por arena café.

El reportero aseguraba que corresponden a los cuerpos recuperados de esa fosa, que son la prueba de que los exhumados no son los de los normalistas. "No son los estudiantes –afirmaba mientras agrandaba con sus dedos la fotografía en su celular–, estos cuerpos son de adultos, no son de jóvenes. Este cinturón de cuero no es el que usa gente como los normalistas."

Yo veo bultos inertes. No sé distinguirles la humanidad, salvo por la silueta. No sé qué cinturones usan los estudiantes más pobres de México, los que buscan superarse estudiando la carrera de maestro en una escuela normal.

Más tarde un forense que participó en las exhumaciones corregirá la información sobre esa foto de los cadáveres inflados que se publica en un diario de nota roja. Asegura que las personas enterradas en La Parota podrían haber sido asesinadas ocho días antes. Los restos recuperados no estaban completos. Estaban podridos. Quemados. Fragmentados.
"Quien hizo esto trató de no dejar huella, fue como una cremación. Sabía. Trataba de borrar rastros", explicaría el especialista bajo la condición del anonimato.

Según se rumorea, la noche que cavaron su propia tumba en La Parota, después de que fueron asesinados, una lluvia impidió que esos cadáveres rociados con diesel y prendidos con lumbre quedaran reducidos a cenizas. Como si la naturaleza se hubiera resistido a destruir la evidencia. Como si ella también esperara a que en México algún día se haga justicia.

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Miércoles, 24 Septiembre 2014 16:06

Abundante necesidad

El paisaje cotidiano de Santa Marta, además de sus bellos entornos y refrescantes brizas, desde décadas atrás está enmarcado por centenares de niños y jóvenes que sobre sus delgadas contexturas cargan canecas con agua. Transportan, con gran esfuerzo, el precioso líquido para sus casas, tratando de amainar en algo la crisis de agua que padece la ciudad. La historia y el alegato de y sobre una crisis que sí tiene solución.

 

 Para el 2012, y según el Dane, la población de Santa Marta registraba 461.900 habitantes, de los cuales el 92 por ciento habita en el casco urbano. De ellos el 64 sobrevivía en la informalidad, el 40 en la pobreza, el 10 en la pobreza extrema, el 29 con las necesidades básicas insatisfechas; el 33 por ciento era menor de 15 años de edad.
 

El casco urbano de Santa Marta está distribuido en 3 bahías que de norte a sur tienen por nombre Taganga, Santa Marta y Gaira. Al sur de Gaira se encuentra una franja de litoral que limita con Ciénaga y en la cual hoy toman forma grandes proyectos de turismo de gran valor comercial, mientras que hacia el Norte de Taganga el Parque Nacional Natural Tayrona pone límites a la edificabilidad, extendiéndose hasta la desembocadura del río Piedras, remanso de Caribe desde el cual puede observarse la Sierra aún Nevada de Santa Marta. Entre el Piedras y el Palomino, otros cuatro caudalosos y transparentes ríos entretejen la riqueza agrícola de grandes propietarios, descolgándose hasta el mar.

Esta región, que cuenta con dos Reservas de Biosfera declaradas por la Unesco, consideradas como las de mayor biodisponibilidad de agua potable en proporción al territorio, aprovecha y deteriora las mismas fuentes hídricas desde hace más de 60 años. Para no ir muy lejos, si en 1996 la situación era insostenible para la mayoría de sus pobladores, ¡qué decir hoy día!


Dolo continuado

 

En mayo 29 de 2014, la empresa Metroagua S.A. E.S.P., pionera en Colombia en la prestación del servicio público de acueducto y alcantarillado, dio respuesta a las mismas preguntas formuladas en otras dos ocasiones, dieciocho años atrás. Destacamos de la reciente respuesta la siguiente afirmación: "Por otro lado, es importante resaltar, que el agua es un recurso natural cuya disponibilidad, como consecuencia del crecimiento de la población, de la degradación de los ecosistemas y de las variaciones en el sistema climático, resulta ser cada vez más limitada, incrementando la vulnerabilidad de los sistemas y el riesgo de desabastecimiento en los mismos. Es así como dicho recurso, en muchos casos resulta de difícil acceso. No obstante, la empresa Metroagua S.A. E.S.P. no ha escatimado esfuerzos para lograr una cobertura más cercana a la totalidad de la población Samaria".

En su respuesta, llama poderosamente la atención que las cantidades estimadas en litros por segundo que ingresan al sistema de acueducto de la ciudad sean, incluso, menores a las reportadas por la misma entidad en 1996. En efecto, si hoy ingresan 1.084. lps, en 1996 lo hacían 1.384 lps y en ambos casos no se contabilizan las pérdidas constantes y causadas por conexiones fraudulentas y por las redes obsoletas, instaladas hace más de 70 años. ¿En qué ha consistido el esfuerzo, que ahora pregona esta empresa? ¿Qué ha hecho el Distrito a través de estos años?

Sin duda, lo mínimo o casi nada. Las coberturas de acueducto y alcantarillado siguen prácticamente iguales y, podemos afirmar, qué la degradación ambiental del entorno y de las condiciones de salubridad pública de la población continúan en aumento, toda vez que mientras en 1996 Santa Marta contaba con no más de 340.000 habitantes, hoy día supera los 460 mil.

Retrotrayendo la mirada hacia 1996, resaltamos que al solicitar a las autoridades locales y regionales información sobre el sistema de acueducto, alcantarillado, aseo y disposición final de residuos, así como también con respecto al ordenamiento territorial del Distrito de Santa Marta, las respuestas recibidas confirmaban que las aguas residuales eran vertidas sin tratamiento previo alguno a los cuerpos de agua adyacentes (bahías, ríos Manzanares y Gaira) así como también discurrían casi de manera permanente como efluentes de excremento diluido en las calles de la antigua ciudad dos veces Santa. Situación que podemos confirmar que aún persiste.

La bahía que inspiró tanto al Libertador como al geógrafo Eliseo Reclus, concentraba en 1996 más de 40.000 coliformes fecales sobre 100 mililitros de sus aguas, además de presentar bacterias patógenas tales como Streptococcus fecalis, Salmonella, Pseudomonas, Aeromonas y Vibrio. Vertimiento realizados hasta principios del año 2000 como un arroyo de mierda sobre la playa denominada "El boquerón", ubicada detrás de Punta Betín, (puerto de Santa Marta) de cara a la emblemática ensenada de Taganga, la cual carecía y carece, de los servicios de acueducto y alcantarillado mientras que padecía y padece la indiferencia de los habitantes de las bahías vecinas que de este modo contribuían, tal como hoy día, a la degradación de su entorno.
Taganga soportaba en 1996 sobre sus transparentes aguas el vertimiento de más de 70.000 metros cúbicos de aguas residuales al día, los cuales hoy son vertidos a través de un emisario submarino que les da tratamiento, sólo qué los aportes de aguas residuales recibidos en la zona costera de Santa Marta a través de los ríos Manzanares y Gaira, promediaban en 2005 –según Invemar– más de 110.000 coliformes fecales sobre 100 mililitros; sin contar con los efluentes de alcantarillado que son continuos en algunas zonas de la ciudad por los rebosamientos de las insuficientes redes. Taganga filtra sus pozas sépticas a su propia bahía, además de recibir la influencia de las corrientes que arrastran los vertimientos sin tratar de las bahías adyacentes, no obstante que de manera enfática dos sentencias judiciales ordenan la realización de las obras de saneamiento ambiental básico desde 1997 y 2003.

A pesar de las coberturas poblacionales estimadas en este 2014 en un promedio de 89 por ciento para acueducto y 75 para alcantarillado, cifra optimista frente a la presentada en 2012 por el Pnud, es observable que la variación con respecto a 1996 tiende a ser más qué negativa, prueba de la ineptitud y delincuencia que mantiene el caos y reproduce las condiciones de miseria. No se trata simplemente de que ingresa menos caudal al sistema de acueducto, que aprovecha las mismas fuentes hídricas, sino que además se ha prohijado la expansión urbanística en zonas carentes de alcantarillado y con deficiencias o carencias de acueducto, así como también se transgrede la prelación legal de usos del recurso, el cual se destina a fines distintos al consumo humano.

Por tanto, el agua para sus casas que en canecas de gasolina arriaban sobre sus hombros los menores en edad escolar en 1996, continúa siendo hoy arriada por nuevas generaciones que preservan este legado de indiferencia y egoísmo, constituyendo así el paisaje subhumano cotidiano de barrios emblemáticos como Pescaito, Bastidas, Manzanares, Los Almendros, María Eugenia, Pastrana, El Pando... y mejor no sigo, por cuanto, sabemos con total indiferencia que sólo los barrios estratos 4, 5 y 6, disponen con cierta regularidad, más no continuidad, del servicio de acueducto. Por lo que puede afirmarse, con tristeza, que una gran parte de la población samaria sobrevive la mayor parte del tiempo a la carencia del servicio de acueducto y alcantarillado por el esfuerzo y la imaginación que le colocan para sobrellevar esta eterna e insoportable crisis del agua y, como si fuera poco, en época de invierno, soportan las inundaciones de sus hogares, pues obligados como están por el precio de la tierra y su monopolización, no pueden sino ubicarse en zonas de alto riesgo tales como rondas de quebradas o ríos.

 

¡Todo bien, todo bien!

 

En éste epicentro del abuso y la indiferencia, fuimos sentenciados por los concejales de la ciudad en un debate nocturno, como samarios no gratos, al interponer en 1996 una acción de tutela que "aireaba los trapos sucios ante la nación" y que por supuesto el Tribunal Administrativo del Magdalena rechazó en decisión confirmada por el Consejo de Estado, pero que la Corte Constitucional, al seleccionar la demanda para revisión, decidió con ella unificar la jurisprudencia en materia ambiental, de salud y servicios públicos a través de la Sentencia SU-442-97. Allí se ordenó, entre tantas cosas aún irrealizadas, la optimización de los sistemas de acueducto y alcantarillado, la suspensión de licencias de construcción sin certificación de disponibilidad de servicios públicos y/o viabilidad ambiental, el cierre definitivo del botadero a cielo abierto de residuos solidos, especiales, peligrosos, hospitalarios sin tratar, llamado Veracruz, el cual discurría sus lixiviados sobre quebradas afluentes del río Manzanares, que contribuye al sistema de acueducto en un estimado del 20 por ciento en aguas superficiales y otro tanto en aguas subterráneas. Así fue dictada la Bula papal, la Carta Magna protegida y las esperanzas retornaron sobre un territorio olvidado a su mala suerte.

Salvo un emisario submarino y un plan de ordenamiento territorial, poco se cumplió de la Sentencia. Plan, valga decir, con pretensiones entonces de seguir interviniendo el sacro territorio ancestral a través de la categorización de bahía Concha –parte integrante del Parque Nacional Natural Tayrona–, como zona portuaria para la realización de un "megapuerto" carbonífero que afortunadamente fue desestimado por el Ministro de Desarrollo Augusto Ramírez Ocampo (q.e.p.d), ante el silencio cómplice de Juan Myer Ministro de Medio Ambiente. ¡Claro, Juan y su Fundación Pro?,... Sierra según algunos! temía enfrentar a las elites locales que al fin y al cabo le daban abrigo.

La Justicia como reina de burlas. Luego de dos sentencias más por acciones populares referidas al acueducto y alcantarillado, tanto del sur de la ciudad (2007) como de la zona de Taganga (febrero 5 de 2003), a la fecha seguimos con las mismas fuentes hídricas agotables, los mismos índices de pérdidas en el sistema, la expansión del área urbana y la proliferación de construcciones, todas estas necesarias "para el crecimiento de la ciudad" o, más bien, para el lavado de los dineros robados en cada pulsación de la agotable vida de los recursos nacionales, regionales y locales. ¿Creería usted que el metro cuadrado en Santa Marta puede estar alrededor de los 8 millones de pesos en algunas zonas donde a menos de 50 metros de la construcción ofertada, son continuos los efluentes de alcantarillado?


Mientras esto sucede, Metroagua S.A. E.S.P., Sociedad experimental a nivel nacional, inspiración de los políticos y empresarios locales, encargada de prestar el servicio público de acueducto y alcantarillado, es un operador del sistema público, que además puede hacer obras como contratistas del Distrito o de la Nación, que factura gracias al patrimonio público y prefiere, por razones económicas destinar, a manera de ejemplo, 600 metros cúbicos diarios de agua potable a la Sociedad Portuaria de Santa Marta, cliente con capacidad de pago, frente al potencial cumulo de pobretones que rodean el puerto y que viven en Pescaito e inmediaciones. La transformación del servicio público en negocio, torna en clientes a los usuarios. Así es papá y así funciona... ¡todo bien, todo bien!

 

Agua por doquier

 

El Rodadero y la zona sur de la ciudad en proceso de colonización, dispone del agua surtida por el sistema del río Gaira, mientras qué la zona norte, conformada por Santa Marta y Taganga, se nutren de los ríos Piedras, Manzanares y su acuífero. Manto acuífero sobreexplotado especialmente desde 1996 a la fecha, con el agravante que en momentos de escasez de aguas superficiales, se extrae con mayor avidez, aún en zonas en las cuales no hay redes de alcantarillado por lo qué a los pocos meses los pozos terminan contaminados con aguas residuales de pozas sépticas. Así ha sucedido desde 1996 a la fecha y las consecuencias en dicho tiempo no fueron distintas a que el 0.75 por ciento de la población epidemiológicamente padeció cólera... sin amor alguno.

¡Y pensar que las soluciones no son complicadas y en solo un par de meses, podrían resolverse las necesidades inmediatas, mientras se implementan las soluciones a largo plazo! Sí, tomar del rio Toribio sus aguas para toda la zona sur que comprende la zona turística y así liberar la presión sobre el Gaira, para calmar la sed de Santa Marta, mientras se regulariza el cauce del Manzanares para con sus remanentes surtir a la Sociedad Portuaria, dado que así liberaríamos agua para más de 4.200 familias humildes a razón de 1 metro cúbico semanal. Y mejor aún, sin quitarle el negocio de la Sociedad Portuaria a Metroagua, para no complicarnos entre leguleyos, trujamanes y poder celebrar así con copetines de fiesta.

Hay otras opciones complementarias. Revisar, por ejemplo, la posibilidad de construir embalses en las fuentes actuales y optimizar las líneas de conducción y redes citadinas, impidiendo así, la continuidad de conexiones fraudulentas y las pérdidas por deficiencias de las redes. ¿Nos vamos a comer el cuento de que protegeremos las nuevas conducciones desde otras fuentes como el Guachaca, cuando desde 1996 está identificado que el sistema actual registra pérdidas del orden del 50 por ciento? ¿Por qué no empezar con optimizar lo actual antes de extender la irresponsable intervención? ¿Podríamos considerar agregar fuentes que abastezcan alternativamente a las actuales?

Pero, como quiera que todos estamos muy ocupados con nosotros mismos, especialmente aquellos que debieran ocuparse por resolver los problemas públicos y que sólo se ocupan por su rápido enriquecimiento sin importar el daño que hacen a los demás, hoy camino entre las asquerosas calles del centro de Santa Marta, esquivando las cucarachas que a pleno día se atraviesan por doquier, mientras pienso: ¿Qué nos pasó? ¿Adónde se fueron las ilusiones? ¿Somos ya una causa pérdida?

Publicado en Edición Nº206
Martes, 23 Septiembre 2014 05:59

Donar a la campaña para luego cobrar

Desde que la campaña electoral de este año fue iniciada oficialmente, a mediados de junio, y hasta el día 6 de septiembre, los partidos que disputan plazas que van de diputado estadual a diputado nacional, de senador a gobernador y, para completar, a presidente de la república, han recaudado nada menos que 500 millones de dólares.


Vale repetir: eso, hasta el primer sábado de septiembre. No se sabe cuánto habrá caído en los cofres de los partidos en las semanas siguientes, y mucho menos cuánto recaudarán las dos candidaturas presidenciales que pasen a la segunda vuelta. No es absurdo suponer que hasta el domingo 26 de octubre, cuando todo ese proceso termine, la suma total alcance la casa de siderales 750 millones de dólares.


Las reglas para realizar donaciones electorales en Brasil son claras y pasan por revisiones que buscan hacerlas más rigurosas en cada elección. La expresión "asegurar transparencia" es repetida como un mantra. Al mismo tiempo, saben todos que, al margen de las donaciones que obedecen a todas las letras de la ley, llueven en los cofres de los partidos lo que se llama de "caja dos", traducción local para dinero negro.


Es imposible calcular el monto de esas donaciones ilegales, pero ningún analista consideraría absurdo pensar en, por lo menos, 25 por ciento del total declarado de manera legal. Esa es la fuente principal de la corrupción que alcanza, sin excepción, a todos los partidos que tienen voz y participación activas en el escenario político brasileño. Y no me refiero solamente al dinero negro: también las donaciones legales responden, de forma clara, a asegurar privilegios futuros. Basta con saber que de esos 500 millones de dólares donados hasta la primera semana de septiembre, más de la mitad tuvo origen en solamente 19 grupos empresariales. Se dona hoy para cobrar mañana, y ese mecanismo perverso es considerado parte del juego político.

El PT y la actual presidenta, Dilma Rousseff, reclaman una reforma política que, por fuerza constitucional, tendrá que partir del Congreso Nacional, prohibiendo donaciones privadas. Ocurre que ese mismo Congreso es integrado por diputados y senadores que, al fin y al cabo, son los beneficiarios de las donaciones realizadas por aquellos grupos económicos a los que beneficiarán después.

Acorde con la actual legislación electoral brasileña, las empresas pueden donar hasta un dos por ciento de los ingresos declarados en el año anterior. Las donaciones individuales tienen como tope 10 por ciento de la renta declarada. Sin embargo, no hay límites absolutos, o sea, grupos que ingresan miles de millones de dólares pueden hacer donaciones siderales sin que eso signifique más que cosquillas en sus contabilidades. Al fin y al cabo, más que donación se trata de una inversión, cuyo retorno está asegurado por el grado de influencia que esas empresas conquistan sobre los que son electos.

En el balance parcial recién divulgado, el donador más generoso es la JBS, la mayor industria de carnes del mundo, una potencia planetaria que se consolidó en las dos presidencias de Lula: unos 55 millones de dólares llovieron en las cajas de al menos 168 candidatos a diputado nacional, 197 postulantes a diputado estadual, 12 a gobernador, 13 a senador y los tres principales candidatos a la presidencia.


También los gigantescos grupos de la construcción, que suelen conquistar obras públicas de valores multimillonarios, son de una generosidad asombrosa a la hora de donar. Por razones nada ideológicas, sus dineros suelen concentrarse en los candidatos oficialistas, pero la oposición –por las dudas– también recibe su parte. Cuando surge algún fenómeno de sorpresa, como es este año el caso de Marina Silva, los recaudadores, en lugar de golpear puertas, no necesitan hacer otra cosa que sentarse y esperar por las ofertas.


Hasta fines de agosto, las mayores constructoras brasileñas donaron unos 34 millones de dólares a las campañas de los partidos y alianzas de los tres principales candidatos: Dilma Rousseff, Aécio Neves y Marina Silva.


Entre los donantes individuales, este año se observan curiosidades. Alexandre Grendene, dueño de la Grendene, que la revista Forbes dice ser la mayor fabricante mundial de ojotas, donó, hasta la primera semana de septiembre, nada menos que medio millón de dólares al Partido Comunista de Brasil. Bastante más coherente parece ser la señora Maria Alice Setúbal, una de las herederas del Itaú, mayor banco privado de Brasil. Ella donó unos 700 mil dólares al partido de Marina Silva, de quien es una de las principales asesoras.

La banca en general suele sufrir brotes de generosidad en temporadas electorales. Hasta fines de agosto, los pulpos del sector donaron unos quince millones de dólares, la mayor parte destinada a los dos candidatos de oposición.
Esa fiesta perpetúa un sistema plagado de vicios y es la matriz de parte sustancial de la corrupción irremediable que el país enfrenta. Se dona hoy para cobrar mañana. Quien más dona más sabrá cobrar.


Cada político electo contrae una deuda, y la generosidad de los donantes se transforma en apetito voraz a la hora de obtener los resultados de su inversión.

Publicado en Internacional
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