De 2007 a 2013 las mayores empresas brasileñas de la construcción financiaron en secreto con 187 millones de dólares las campañas de los principales partidos políticos del país –incluido el gobernante Partido de los Trabajadores (PT) y su rival, el Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB)– para asegurarse la licitación de grandes obras públicas, según denuncia publicada hoy por el diario O Estado.


Esta nueva revelación sobre los acuerdos por debajo de la mesa entre grandes compañías privadas y los partidos para allegarse de recursos en periodos electorales fue publicada a sólo una semana de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil, que disputarán Aécio Neves (PSDB) y Dilma Rousseff, quien busca la relección como abanderada del PT.


La noticia publicada en O Estado apareció también en momentos en que circulan otras denuncias periodísticas sobre el desvío de fondos de la estatal Petrobras hacia el PT y sus aliados, los partidos del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), el Socialista Brasileño (PSB) y el Progresista (PP), así como a Demócratas (DEM), coaligado al PSDB.


El sábado, Rousseff reconoció por primera vez en sus casi cuatro años de administración que hubo malversación de dineros en Petrobras, y aunque no reconoció que esos recursos fueron destinados a partidos políticos en contubernio con empresas constructoras, la mandataria ofreció resarcir el daño causado.


En su edición de este domingo, el diario O Estado de Sao Paulo publicó que 14 empresas de la construcción, como Odebrecht, conocida en América Latina por haber recibido grandes contratos, Andrade Gutierrez y Queiroz Galvao, suministraron 187 millones tanto al PT y al PSDB como al PMDB, al PSB, al PP y a Demócratas.


Las 14 empresas están en la mira de la opinión pública por su presunta participación en un cártel de la industria de la construcción que se reparte grandes licitaciones públicas en el país, incluidas varias obras licitadas por Petrobras.


El ex director de Refinación y Abastecimiento de la petrolera, Paulo Roberto Costa, declaró a principios de octubre ante autoridades judiciales que parte de los fondos desviados desde la empresa estatal sirvieron para financiar las campañas presidenciales del PSDB y de Rousseff en 2010. El ex funcionario está preso por denuncias de colusión entre las empresas constructoras que se benefician de las licitaciones de Petrobras, favoreciendo a los partidos políticos.


En un comunicado el PT y el PSDB negaron hoy haber cometido alguna irregularidad con las donaciones recibidas y aseguraron que su actuación fue de conformidad con la ley. O Estado –uno de los tres grandes diarios de Brasil, junto a Folha y O Globo– consultó a las empresas para conocer su versión de las denuncias, pero su respuesta sobre su presunta implicación fue una negativa.


O Estado también divulgó información sobre la supuesta entrega de un millón de reales (unos 410 mil dólares) a la ex jefa del Gabinete Civil de la presidencia brasileña, Gleisi Hoffmann, provenientes de las arcas de Petrobras.


El rotativo citó declaraciones de Costa, preso por integrar una red de lavado de dinero y quien ha hecho una serie de revelaciones a las autoridades para conseguir una reducción de condena.


Según Costa, el dinero le fue entregado en efectivo a un emisario de Hoffmann y fue usado para financiar su campaña electoral de 2010, cuando disputó un escaño en el Senado. Al siguiente año, la legisladora asumió la jefatura del Gabinete Civil de la entonces flamante presidenta Dilma Rousseff.
Otra acusación de corrupción conocida como la mensualidad (mensalao, en portugués) fue denunciada en 2005 e implicó a José Dirceu, quien era entonces el jefe del Gabinete Civil del presidente Luiz Inacio Lula da Silva, quien destituyó a su mano derecha y en su lugar dejó a Rousseff, quien posteriormente dirigió el consejo de administración de Petrobras, coincidiendo, en parte, con el periodo en que fueron desviados los fondos de la petrolera estatal, mediante contratos sobrefacturados.

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Martes, 14 Octubre 2014 21:07

Las tumbas mejor planeadas de Iguala

Más de cuarenta estudiantes fueron secuestrados la semana pasada en el estado de Guerrero, México. Los asesinaron y sus cuerpos están apareciendo en tumbas colectivas. Marcela Turati, joven reportera que acaba de ganar el premio García Márquez a la excelencia periodística, lo cuenta en la siguiente crónica.

Más de cuarenta estudiantes fueron secuestrados la semana pasada en la localidad de Iguala, en el estado de Guerrero. Sólo estaban manifestando. Los torturaron y asesinaron y sus cuerpos están apareciendo en tumbas colectivas. Una masacre más de las tantas que se producen a diario en México. Marcela Turati, joven reportera que acaba de ganar el premio García Márquez a la excelencia periodística por sus coberturas sobre la violencia en su país, lo cuenta en la siguiente crónica.1 En la contratapa, Brecha reproduce una nota de reflexión de Turati sobre qué es eso de convertirse en "corresponsal de guerra" en su propio país.


Nunca vi nada así, se le escucha decir al nervioso policía apostado en la punta del monte, el rifle atento. A unos pasos la tierra cortada; hay seis hoyos bien trazados, son seis fosas que escondían los fragmentos de 23 cuerpos calcinados. Bajo la arena retirada a golpes de pala se logran ver troncos de árboles chamuscados, ramas marchitas manoseadas por el fuego. Un pedazo de pantalón de mezclilla. Banderines rojos que marcan el terreno y una cinta amarilla desmayada con el rótulo "Escena del crimen".

"¿Te imaginas todo lo que pensaron mientras llegaban acá?", suelta una fotógrafa jovencita, la mirada de tristeza. El silencio que se impone.

La identidad de esos cuerpos no está confirmada, pero nadie puede espantar de la mente el testimonio de los dos detenidos que declararon a la Procuraduría General de Justicia de Guerrero que ahí asesinaron y enterraron a 17 de los 43 normalistas de Ayot-
zinapa desaparecidos; los que fueron arrestados por policías municipales y entregados a sicarios de la narcomafia local Guerreros Unidos.

El pesado silencio queda ahogado por un zumbido: es el concierto de las moscas.

Un reportero local lanza como telegrama los que imagina fueron los últimos momentos de los condenados a muerte: "Los obligaron a subir caminando. Los ejecutaron. Pusieron una cama de troncos. Los quemaron. Ahí mismo los enterraron. A ellos mismos les hicieron cavar sus tumbas".

La fragancia de la muerte impregna el monte. Ese olor cada vez más frecuente en esta interminable fosa común en la que se ha convertido México. El mismo lodo podrido, con mezcla de masa orgánica, que se pisa en Tijuana, en los terrenos regados con ácidos con los que los cadáveres son disueltos. El mismo olor que despiden las fosas donde quisieron ser reducidos a nada los migrantes masacrados en San Fernando, Tamaulipas. El mismo que se hace presente, cada vez con más frecuencia, en episodios que por comunes pasan desapercibidos para la prensa.

Es un olor dulzón y rancio que hace nido en las fosas nasales, asfixia la garganta, se atenaza en el cerebro. No se quita por más que te bañes o recurras a los perfumes. Es un recordatorio que deja el sufrimiento de un ser humano que se niega a ser desaparecido, enterrado a escondidas, martirizado.

Una mariposa negra y amarilla aletea al borde del corte de la tierra. Avanza y retrocede. Testigo de primera fila. Centímetros abajo agua de lluvia que al contacto con la tierra se convirtió en un caldo pútrido, un charco estancado, con nata en la superficie que impide cualquier reflejo.

Para subir a las fosas de Iguala hay que salir de esta ciudad –la tercera más importante de Guerrero– y dirigirse a la periferia, donde la ciudad se convierte en campo. Hay que guiarse por un cerro con pelo verde, andar por calles sin pavimento, preguntar por Jardín Pueblo Viejo, luego por la vereda a La Parota.

Derecho por la vereda formada por piedras hay que seguir el camino marcado por las pisadas pioneras. Es un sendero paralelo a un maizal del que se va perdiendo la perspectiva porque a lo largo se extiende una bóveda de ramas y arbustos que hacen pensar en la entrada a una selva.

No hay pérdida si se sigue la vía marcada por los cubrebocas azules colgados de los matorrales, tirados en el piso, aventados en la cuneta, como en una urgencia de quienes querían desprenderse pronto de la peste. Para más referencias se puede buscar las marcas que dejó en algunos arbustos el enviado de una televisora deseando que nadie se perdiera.

Impresas en el lodo del suelo se notan huellas de distintos tamaños, de botas, de tenis, de huaraches. Son las huellas de la gente que ha subido a ese cerro. Me pregunto si alguna de ellas será de los asesinados, si sabrían que ese iba a ser su destino, que ese monte sería su cementerio. Pocas huellas, casi ninguna, van en sentido contrario. Claro, ellos no bajaron. Ellos se quedaron arriba.
Caminar. Subir. El único ruido es el de la propia respiración y la orquesta de insectos. Hasta que se llega al lugar marcado por las moscas, el inconfundible sitio de la muerte. El lugar que condensa el horror de la narcopolítica mexicana. La presentida confirmación de la identidad que nadie desea. ¿Asesinaron aquí a los estudiantes normalistas raptados durante la novatada que les hicieron en su escuela que ni siquiera habían cumplido los 20 años? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Quiénes? ¿Por qué así?

Sólo queda lanzar en silencio un rezo en este espacio de muerte y pedir que (sea quien sea) quien murió aquí encuentre la paz, que sus restos regresen a su casa.

A unos metros del área marcada, en un claro aplanado se ve un montículo formado por ropa, basura, plásticos, cobijas. Es fácil pensar que esa era una guarida de los dueños de estos caminos prohibidos. Donde descansaban, porque las masacres implican trabajo.

El camino de regreso a la ciudad lo marca el botadero de bolsas de basura de plástico rojo con signos que indican toxicidad. Y más cubrebocas, decenas de ellos, guantes de látex, botas de plástico, empaques de geles o desinfectantes tirados a lo largo del camino, como si quienes participaron en las exhumaciones hubieran querido quitarse de encima el horror aferrado en la piel. Como si quisieran dejar atrás la pesadilla.

Un reportero local dice que este horror no es peor que el de las fosas de los 18 turistas michoacanos enterrados en una huerta de coco en Acapulco y exhumados un mes después de sus asesinatos. Su error fue haber viajado juntos a bordo de un autobús que llevaba placas del lugar equivocado, de su estado natal que engendró también un cártel rival a los de Guerrero.
Estos duelen distinto porque las declaraciones apuntan a que aquí quedaron puros estudiantes, los mejores de sus pueblos, los que se inscribieron a la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa porque desafiaron su destino y quisieron ser alguien.
Iguala es tierra fértil para la siembra de cadáveres.

Según el Departamento Municipal de Panteones, 76 personas no identificadas han sido enviadas a la fosa común del cementerio durante la administración interrumpida del alcalde perredista prófugo José Luis Abarca (quien gobernó dos años).
Los cuerpos de desconocidos provienen de diferentes hallazgos.

En mayo de 2013 en San Miguelito, parte trasera del Cerro de La Parota, fueron de-senterradas 33 osamentas. Hace cuatro meses, de camino al municipio vecino de Taxco, en Mezcaltepec, se descubrieron 17 cuerpos (el sexenio pasado encontraron a 55 dentro de un pozo). Ahora la tierra engendró cadáveres en La Parota, ese cementerio clandestino que algunos funcionarios locales dicen que era usado desde hace más de un año para eliminar seres humanos.

Esto ocurre en Iguala, la cuna de la bandera nacional. La ciudad que se ufana de tener el lienzo tricolor más grande del país enarbolado desde uno de sus cerros. Por toda la ciudad se ven bardas ilustradas con episodios de la independencia que se comenzó a esbozar aquí hace 200 años, aunque al día de hoy la gente vive como esclava, sometida por el crimen organizado que de día impone su ley y en las noches su toque de queda.

Antes de subir a La Parota un reportero local, que acudió a la despedida de los policías municipales enviados voluntariamente-a la fuerza a reeducarse en una academia de policía en Tlaxcala, me mostró una fotografía que lleva en su celular: tirados sobre el piso se encuentran seis cuerpos inflados, brillosos, tapizados por arena café.

El reportero aseguraba que corresponden a los cuerpos recuperados de esa fosa, que son la prueba de que los exhumados no son los de los normalistas. "No son los estudiantes –afirmaba mientras agrandaba con sus dedos la fotografía en su celular–, estos cuerpos son de adultos, no son de jóvenes. Este cinturón de cuero no es el que usa gente como los normalistas."

Yo veo bultos inertes. No sé distinguirles la humanidad, salvo por la silueta. No sé qué cinturones usan los estudiantes más pobres de México, los que buscan superarse estudiando la carrera de maestro en una escuela normal.

Más tarde un forense que participó en las exhumaciones corregirá la información sobre esa foto de los cadáveres inflados que se publica en un diario de nota roja. Asegura que las personas enterradas en La Parota podrían haber sido asesinadas ocho días antes. Los restos recuperados no estaban completos. Estaban podridos. Quemados. Fragmentados.
"Quien hizo esto trató de no dejar huella, fue como una cremación. Sabía. Trataba de borrar rastros", explicaría el especialista bajo la condición del anonimato.

Según se rumorea, la noche que cavaron su propia tumba en La Parota, después de que fueron asesinados, una lluvia impidió que esos cadáveres rociados con diesel y prendidos con lumbre quedaran reducidos a cenizas. Como si la naturaleza se hubiera resistido a destruir la evidencia. Como si ella también esperara a que en México algún día se haga justicia.

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Miércoles, 24 Septiembre 2014 16:06

Abundante necesidad

El paisaje cotidiano de Santa Marta, además de sus bellos entornos y refrescantes brizas, desde décadas atrás está enmarcado por centenares de niños y jóvenes que sobre sus delgadas contexturas cargan canecas con agua. Transportan, con gran esfuerzo, el precioso líquido para sus casas, tratando de amainar en algo la crisis de agua que padece la ciudad. La historia y el alegato de y sobre una crisis que sí tiene solución.

 

 Para el 2012, y según el Dane, la población de Santa Marta registraba 461.900 habitantes, de los cuales el 92 por ciento habita en el casco urbano. De ellos el 64 sobrevivía en la informalidad, el 40 en la pobreza, el 10 en la pobreza extrema, el 29 con las necesidades básicas insatisfechas; el 33 por ciento era menor de 15 años de edad.
 

El casco urbano de Santa Marta está distribuido en 3 bahías que de norte a sur tienen por nombre Taganga, Santa Marta y Gaira. Al sur de Gaira se encuentra una franja de litoral que limita con Ciénaga y en la cual hoy toman forma grandes proyectos de turismo de gran valor comercial, mientras que hacia el Norte de Taganga el Parque Nacional Natural Tayrona pone límites a la edificabilidad, extendiéndose hasta la desembocadura del río Piedras, remanso de Caribe desde el cual puede observarse la Sierra aún Nevada de Santa Marta. Entre el Piedras y el Palomino, otros cuatro caudalosos y transparentes ríos entretejen la riqueza agrícola de grandes propietarios, descolgándose hasta el mar.

Esta región, que cuenta con dos Reservas de Biosfera declaradas por la Unesco, consideradas como las de mayor biodisponibilidad de agua potable en proporción al territorio, aprovecha y deteriora las mismas fuentes hídricas desde hace más de 60 años. Para no ir muy lejos, si en 1996 la situación era insostenible para la mayoría de sus pobladores, ¡qué decir hoy día!


Dolo continuado

 

En mayo 29 de 2014, la empresa Metroagua S.A. E.S.P., pionera en Colombia en la prestación del servicio público de acueducto y alcantarillado, dio respuesta a las mismas preguntas formuladas en otras dos ocasiones, dieciocho años atrás. Destacamos de la reciente respuesta la siguiente afirmación: "Por otro lado, es importante resaltar, que el agua es un recurso natural cuya disponibilidad, como consecuencia del crecimiento de la población, de la degradación de los ecosistemas y de las variaciones en el sistema climático, resulta ser cada vez más limitada, incrementando la vulnerabilidad de los sistemas y el riesgo de desabastecimiento en los mismos. Es así como dicho recurso, en muchos casos resulta de difícil acceso. No obstante, la empresa Metroagua S.A. E.S.P. no ha escatimado esfuerzos para lograr una cobertura más cercana a la totalidad de la población Samaria".

En su respuesta, llama poderosamente la atención que las cantidades estimadas en litros por segundo que ingresan al sistema de acueducto de la ciudad sean, incluso, menores a las reportadas por la misma entidad en 1996. En efecto, si hoy ingresan 1.084. lps, en 1996 lo hacían 1.384 lps y en ambos casos no se contabilizan las pérdidas constantes y causadas por conexiones fraudulentas y por las redes obsoletas, instaladas hace más de 70 años. ¿En qué ha consistido el esfuerzo, que ahora pregona esta empresa? ¿Qué ha hecho el Distrito a través de estos años?

Sin duda, lo mínimo o casi nada. Las coberturas de acueducto y alcantarillado siguen prácticamente iguales y, podemos afirmar, qué la degradación ambiental del entorno y de las condiciones de salubridad pública de la población continúan en aumento, toda vez que mientras en 1996 Santa Marta contaba con no más de 340.000 habitantes, hoy día supera los 460 mil.

Retrotrayendo la mirada hacia 1996, resaltamos que al solicitar a las autoridades locales y regionales información sobre el sistema de acueducto, alcantarillado, aseo y disposición final de residuos, así como también con respecto al ordenamiento territorial del Distrito de Santa Marta, las respuestas recibidas confirmaban que las aguas residuales eran vertidas sin tratamiento previo alguno a los cuerpos de agua adyacentes (bahías, ríos Manzanares y Gaira) así como también discurrían casi de manera permanente como efluentes de excremento diluido en las calles de la antigua ciudad dos veces Santa. Situación que podemos confirmar que aún persiste.

La bahía que inspiró tanto al Libertador como al geógrafo Eliseo Reclus, concentraba en 1996 más de 40.000 coliformes fecales sobre 100 mililitros de sus aguas, además de presentar bacterias patógenas tales como Streptococcus fecalis, Salmonella, Pseudomonas, Aeromonas y Vibrio. Vertimiento realizados hasta principios del año 2000 como un arroyo de mierda sobre la playa denominada "El boquerón", ubicada detrás de Punta Betín, (puerto de Santa Marta) de cara a la emblemática ensenada de Taganga, la cual carecía y carece, de los servicios de acueducto y alcantarillado mientras que padecía y padece la indiferencia de los habitantes de las bahías vecinas que de este modo contribuían, tal como hoy día, a la degradación de su entorno.
Taganga soportaba en 1996 sobre sus transparentes aguas el vertimiento de más de 70.000 metros cúbicos de aguas residuales al día, los cuales hoy son vertidos a través de un emisario submarino que les da tratamiento, sólo qué los aportes de aguas residuales recibidos en la zona costera de Santa Marta a través de los ríos Manzanares y Gaira, promediaban en 2005 –según Invemar– más de 110.000 coliformes fecales sobre 100 mililitros; sin contar con los efluentes de alcantarillado que son continuos en algunas zonas de la ciudad por los rebosamientos de las insuficientes redes. Taganga filtra sus pozas sépticas a su propia bahía, además de recibir la influencia de las corrientes que arrastran los vertimientos sin tratar de las bahías adyacentes, no obstante que de manera enfática dos sentencias judiciales ordenan la realización de las obras de saneamiento ambiental básico desde 1997 y 2003.

A pesar de las coberturas poblacionales estimadas en este 2014 en un promedio de 89 por ciento para acueducto y 75 para alcantarillado, cifra optimista frente a la presentada en 2012 por el Pnud, es observable que la variación con respecto a 1996 tiende a ser más qué negativa, prueba de la ineptitud y delincuencia que mantiene el caos y reproduce las condiciones de miseria. No se trata simplemente de que ingresa menos caudal al sistema de acueducto, que aprovecha las mismas fuentes hídricas, sino que además se ha prohijado la expansión urbanística en zonas carentes de alcantarillado y con deficiencias o carencias de acueducto, así como también se transgrede la prelación legal de usos del recurso, el cual se destina a fines distintos al consumo humano.

Por tanto, el agua para sus casas que en canecas de gasolina arriaban sobre sus hombros los menores en edad escolar en 1996, continúa siendo hoy arriada por nuevas generaciones que preservan este legado de indiferencia y egoísmo, constituyendo así el paisaje subhumano cotidiano de barrios emblemáticos como Pescaito, Bastidas, Manzanares, Los Almendros, María Eugenia, Pastrana, El Pando... y mejor no sigo, por cuanto, sabemos con total indiferencia que sólo los barrios estratos 4, 5 y 6, disponen con cierta regularidad, más no continuidad, del servicio de acueducto. Por lo que puede afirmarse, con tristeza, que una gran parte de la población samaria sobrevive la mayor parte del tiempo a la carencia del servicio de acueducto y alcantarillado por el esfuerzo y la imaginación que le colocan para sobrellevar esta eterna e insoportable crisis del agua y, como si fuera poco, en época de invierno, soportan las inundaciones de sus hogares, pues obligados como están por el precio de la tierra y su monopolización, no pueden sino ubicarse en zonas de alto riesgo tales como rondas de quebradas o ríos.

 

¡Todo bien, todo bien!

 

En éste epicentro del abuso y la indiferencia, fuimos sentenciados por los concejales de la ciudad en un debate nocturno, como samarios no gratos, al interponer en 1996 una acción de tutela que "aireaba los trapos sucios ante la nación" y que por supuesto el Tribunal Administrativo del Magdalena rechazó en decisión confirmada por el Consejo de Estado, pero que la Corte Constitucional, al seleccionar la demanda para revisión, decidió con ella unificar la jurisprudencia en materia ambiental, de salud y servicios públicos a través de la Sentencia SU-442-97. Allí se ordenó, entre tantas cosas aún irrealizadas, la optimización de los sistemas de acueducto y alcantarillado, la suspensión de licencias de construcción sin certificación de disponibilidad de servicios públicos y/o viabilidad ambiental, el cierre definitivo del botadero a cielo abierto de residuos solidos, especiales, peligrosos, hospitalarios sin tratar, llamado Veracruz, el cual discurría sus lixiviados sobre quebradas afluentes del río Manzanares, que contribuye al sistema de acueducto en un estimado del 20 por ciento en aguas superficiales y otro tanto en aguas subterráneas. Así fue dictada la Bula papal, la Carta Magna protegida y las esperanzas retornaron sobre un territorio olvidado a su mala suerte.

Salvo un emisario submarino y un plan de ordenamiento territorial, poco se cumplió de la Sentencia. Plan, valga decir, con pretensiones entonces de seguir interviniendo el sacro territorio ancestral a través de la categorización de bahía Concha –parte integrante del Parque Nacional Natural Tayrona–, como zona portuaria para la realización de un "megapuerto" carbonífero que afortunadamente fue desestimado por el Ministro de Desarrollo Augusto Ramírez Ocampo (q.e.p.d), ante el silencio cómplice de Juan Myer Ministro de Medio Ambiente. ¡Claro, Juan y su Fundación Pro?,... Sierra según algunos! temía enfrentar a las elites locales que al fin y al cabo le daban abrigo.

La Justicia como reina de burlas. Luego de dos sentencias más por acciones populares referidas al acueducto y alcantarillado, tanto del sur de la ciudad (2007) como de la zona de Taganga (febrero 5 de 2003), a la fecha seguimos con las mismas fuentes hídricas agotables, los mismos índices de pérdidas en el sistema, la expansión del área urbana y la proliferación de construcciones, todas estas necesarias "para el crecimiento de la ciudad" o, más bien, para el lavado de los dineros robados en cada pulsación de la agotable vida de los recursos nacionales, regionales y locales. ¿Creería usted que el metro cuadrado en Santa Marta puede estar alrededor de los 8 millones de pesos en algunas zonas donde a menos de 50 metros de la construcción ofertada, son continuos los efluentes de alcantarillado?


Mientras esto sucede, Metroagua S.A. E.S.P., Sociedad experimental a nivel nacional, inspiración de los políticos y empresarios locales, encargada de prestar el servicio público de acueducto y alcantarillado, es un operador del sistema público, que además puede hacer obras como contratistas del Distrito o de la Nación, que factura gracias al patrimonio público y prefiere, por razones económicas destinar, a manera de ejemplo, 600 metros cúbicos diarios de agua potable a la Sociedad Portuaria de Santa Marta, cliente con capacidad de pago, frente al potencial cumulo de pobretones que rodean el puerto y que viven en Pescaito e inmediaciones. La transformación del servicio público en negocio, torna en clientes a los usuarios. Así es papá y así funciona... ¡todo bien, todo bien!

 

Agua por doquier

 

El Rodadero y la zona sur de la ciudad en proceso de colonización, dispone del agua surtida por el sistema del río Gaira, mientras qué la zona norte, conformada por Santa Marta y Taganga, se nutren de los ríos Piedras, Manzanares y su acuífero. Manto acuífero sobreexplotado especialmente desde 1996 a la fecha, con el agravante que en momentos de escasez de aguas superficiales, se extrae con mayor avidez, aún en zonas en las cuales no hay redes de alcantarillado por lo qué a los pocos meses los pozos terminan contaminados con aguas residuales de pozas sépticas. Así ha sucedido desde 1996 a la fecha y las consecuencias en dicho tiempo no fueron distintas a que el 0.75 por ciento de la población epidemiológicamente padeció cólera... sin amor alguno.

¡Y pensar que las soluciones no son complicadas y en solo un par de meses, podrían resolverse las necesidades inmediatas, mientras se implementan las soluciones a largo plazo! Sí, tomar del rio Toribio sus aguas para toda la zona sur que comprende la zona turística y así liberar la presión sobre el Gaira, para calmar la sed de Santa Marta, mientras se regulariza el cauce del Manzanares para con sus remanentes surtir a la Sociedad Portuaria, dado que así liberaríamos agua para más de 4.200 familias humildes a razón de 1 metro cúbico semanal. Y mejor aún, sin quitarle el negocio de la Sociedad Portuaria a Metroagua, para no complicarnos entre leguleyos, trujamanes y poder celebrar así con copetines de fiesta.

Hay otras opciones complementarias. Revisar, por ejemplo, la posibilidad de construir embalses en las fuentes actuales y optimizar las líneas de conducción y redes citadinas, impidiendo así, la continuidad de conexiones fraudulentas y las pérdidas por deficiencias de las redes. ¿Nos vamos a comer el cuento de que protegeremos las nuevas conducciones desde otras fuentes como el Guachaca, cuando desde 1996 está identificado que el sistema actual registra pérdidas del orden del 50 por ciento? ¿Por qué no empezar con optimizar lo actual antes de extender la irresponsable intervención? ¿Podríamos considerar agregar fuentes que abastezcan alternativamente a las actuales?

Pero, como quiera que todos estamos muy ocupados con nosotros mismos, especialmente aquellos que debieran ocuparse por resolver los problemas públicos y que sólo se ocupan por su rápido enriquecimiento sin importar el daño que hacen a los demás, hoy camino entre las asquerosas calles del centro de Santa Marta, esquivando las cucarachas que a pleno día se atraviesan por doquier, mientras pienso: ¿Qué nos pasó? ¿Adónde se fueron las ilusiones? ¿Somos ya una causa pérdida?

Publicado en Edición Nº206
Martes, 23 Septiembre 2014 05:59

Donar a la campaña para luego cobrar

Desde que la campaña electoral de este año fue iniciada oficialmente, a mediados de junio, y hasta el día 6 de septiembre, los partidos que disputan plazas que van de diputado estadual a diputado nacional, de senador a gobernador y, para completar, a presidente de la república, han recaudado nada menos que 500 millones de dólares.


Vale repetir: eso, hasta el primer sábado de septiembre. No se sabe cuánto habrá caído en los cofres de los partidos en las semanas siguientes, y mucho menos cuánto recaudarán las dos candidaturas presidenciales que pasen a la segunda vuelta. No es absurdo suponer que hasta el domingo 26 de octubre, cuando todo ese proceso termine, la suma total alcance la casa de siderales 750 millones de dólares.


Las reglas para realizar donaciones electorales en Brasil son claras y pasan por revisiones que buscan hacerlas más rigurosas en cada elección. La expresión "asegurar transparencia" es repetida como un mantra. Al mismo tiempo, saben todos que, al margen de las donaciones que obedecen a todas las letras de la ley, llueven en los cofres de los partidos lo que se llama de "caja dos", traducción local para dinero negro.


Es imposible calcular el monto de esas donaciones ilegales, pero ningún analista consideraría absurdo pensar en, por lo menos, 25 por ciento del total declarado de manera legal. Esa es la fuente principal de la corrupción que alcanza, sin excepción, a todos los partidos que tienen voz y participación activas en el escenario político brasileño. Y no me refiero solamente al dinero negro: también las donaciones legales responden, de forma clara, a asegurar privilegios futuros. Basta con saber que de esos 500 millones de dólares donados hasta la primera semana de septiembre, más de la mitad tuvo origen en solamente 19 grupos empresariales. Se dona hoy para cobrar mañana, y ese mecanismo perverso es considerado parte del juego político.

El PT y la actual presidenta, Dilma Rousseff, reclaman una reforma política que, por fuerza constitucional, tendrá que partir del Congreso Nacional, prohibiendo donaciones privadas. Ocurre que ese mismo Congreso es integrado por diputados y senadores que, al fin y al cabo, son los beneficiarios de las donaciones realizadas por aquellos grupos económicos a los que beneficiarán después.

Acorde con la actual legislación electoral brasileña, las empresas pueden donar hasta un dos por ciento de los ingresos declarados en el año anterior. Las donaciones individuales tienen como tope 10 por ciento de la renta declarada. Sin embargo, no hay límites absolutos, o sea, grupos que ingresan miles de millones de dólares pueden hacer donaciones siderales sin que eso signifique más que cosquillas en sus contabilidades. Al fin y al cabo, más que donación se trata de una inversión, cuyo retorno está asegurado por el grado de influencia que esas empresas conquistan sobre los que son electos.

En el balance parcial recién divulgado, el donador más generoso es la JBS, la mayor industria de carnes del mundo, una potencia planetaria que se consolidó en las dos presidencias de Lula: unos 55 millones de dólares llovieron en las cajas de al menos 168 candidatos a diputado nacional, 197 postulantes a diputado estadual, 12 a gobernador, 13 a senador y los tres principales candidatos a la presidencia.


También los gigantescos grupos de la construcción, que suelen conquistar obras públicas de valores multimillonarios, son de una generosidad asombrosa a la hora de donar. Por razones nada ideológicas, sus dineros suelen concentrarse en los candidatos oficialistas, pero la oposición –por las dudas– también recibe su parte. Cuando surge algún fenómeno de sorpresa, como es este año el caso de Marina Silva, los recaudadores, en lugar de golpear puertas, no necesitan hacer otra cosa que sentarse y esperar por las ofertas.


Hasta fines de agosto, las mayores constructoras brasileñas donaron unos 34 millones de dólares a las campañas de los partidos y alianzas de los tres principales candidatos: Dilma Rousseff, Aécio Neves y Marina Silva.


Entre los donantes individuales, este año se observan curiosidades. Alexandre Grendene, dueño de la Grendene, que la revista Forbes dice ser la mayor fabricante mundial de ojotas, donó, hasta la primera semana de septiembre, nada menos que medio millón de dólares al Partido Comunista de Brasil. Bastante más coherente parece ser la señora Maria Alice Setúbal, una de las herederas del Itaú, mayor banco privado de Brasil. Ella donó unos 700 mil dólares al partido de Marina Silva, de quien es una de las principales asesoras.

La banca en general suele sufrir brotes de generosidad en temporadas electorales. Hasta fines de agosto, los pulpos del sector donaron unos quince millones de dólares, la mayor parte destinada a los dos candidatos de oposición.
Esa fiesta perpetúa un sistema plagado de vicios y es la matriz de parte sustancial de la corrupción irremediable que el país enfrenta. Se dona hoy para cobrar mañana. Quien más dona más sabrá cobrar.


Cada político electo contrae una deuda, y la generosidad de los donantes se transforma en apetito voraz a la hora de obtener los resultados de su inversión.

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Miércoles, 17 Septiembre 2014 06:07

Un milagro en el auto del cardenal

La guardia aduanera francesa, en el peaje de la autopista E70, al norte de la ciudad de Chambery, en los Alpes franceses y cercana a la frontera italiana, el domingo pasado pasó por un sobresalto, incluidas miradas al cielo y no se descuenta que alguna oración. Ocurrió cuando los aduaneros decidieron revisar el baúl de un Ford con patente del Vaticano tan alejado de su sede aunque sin motivos valederos ya que se sabe, Dios está en todas partes. El revuelo tenía sus motivos. El vehículo, perteneciente al cardenal argentino José María Mejía, bibliotecario emérito de la Santa Sede, tenía en su baúl una valija en cuyo interior hallaron un paquete con cuatro kilos de cocaína y 150 gramos de hachís listo como quien dice para una fumata. En el auto viajaban dos italianos sin sotana que fueron inmediatamente detenidos. El Vaticano admitió la presencia del auto, pero rechazó cualquier vinculación de los dos italianos con la Santa Sede.


La detención del Ford tuvo lugar en el peaje de Chambery, sobre la E70. Chambery es una ciudad francesa ubicada en los Alpes, al sur de Ginebra y muy cerca de la frontera italiana que accede a la ciudad de Torino. El Ford con patente de la delegación francesa del Vaticano llegaba desde España y se dirigía hacia Italia, presumiblemente hacia Roma, aunque no se informó sobre su ruta de navegación ni sus paradas si es que las tenía programadas.


Precisamente la patente vaticana que aparentemente fue considerada como un escudo de inmunidad fue lo que provocó la curiosidad de los sabuesos franceses. La detención a un costado del peaje derivó en la revisión del baúl, donde hallaron el paquete de cocaína y los 150 gramos de hachís.


Los italianos que conducían el Ford negaron conocer la existencia de la droga. Uno de ellos tiene 41 años y el otro, 30. La comunicación con el Vaticano derivó en una explicación: el auto pertenece al cardenal argentino Mejía, de 91 años, que oficia como bibliotecario emérito de la Santa Sede. En 2013 sufrió un infarto que lo mantiene bastante alejado de la actividad y con una salud precaria.


El vocero del Vaticano, Federico Lombardi, informó oficialmente que Mejía no utiliza su vehículo sino, habitualmente, su secretario. Este entregó el Ford al taller para hacer una revisión mecánica. Los dos italianos, aparentemente, están vinculados con el taller. Según la sospecha purpurada utilizaron la patente para viajar a España, comprar la droga y trasladarla a Italia. "Confirmo que el coche es del cardenal Mejía y que ha sido interceptado en Francia. No estoy en condiciones de decir cuántas personas estaban a bordo, pero puedo afirmar que no involucra a personas de la Santa Sede, ni obviamente al cardenal. Corresponde a las autoridades policiales proseguir las investigaciones", declaró ayer Lombardi, después de que la radio francesa RTL filtrara la noticia. "Pero afirmo que no hay implicadas personas de la Santa Sede ni, obviamente, el cardenal Mejía, anciano y enfermo", agregó Lombardi. "Evidentemente han hecho un mal uso del coche", concluyó el vocero del Vaticano refiriéndose a los dos italianos detenidos.

Los dos italianos, que no tienen documentación diplomática, insistieron en que la droga no les pertenecía y que únicamente oficiaban de conductores del Ford, quedaron detenidos a disposición de la policía judicial de Lyon, a pocos kilómetros al oeste de Chambery, acusados de tráfico de estupefacientes.

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Lunes, 15 Septiembre 2014 06:00

Descompuesto

No es que nadie se dé cuenta; hasta los presidentes lo confiesan, a veces. Por más de una década parece que mucho del debate político aquí se trata de cómo están tan descompuestas las cosas. No se cansan de decir que el sistema de migración esta descompuesto. No niegan que el sistema financiero está descompuesto (no podían ocultarlo después de la crisis más grande desde la gran depresión). Que la guerra contra las drogas no funciona, que el sistema de educación está descompuesto, que el sistema de control de armas es disfuncional, que hasta la manera en que se espía a todo mundo está mal (aunque no queda claro si está mal sólo porque fue revelado, o si estaba mal desde antes); ni hablar de la salud, el cambio climático, el sistema penal y la infraestructura del país.


Cada semana hay más ejemplos:

¿Por qué no hay más banqueros en la cárcel?, preguntó la senadora demócrata Elizabeth Warren en una audiencia con reguladores financieros la semana pasada. Uno de los encargados de la Reserva Federal no tenía respuesta. Warren afirmó que el mensaje a todo banquero de Wall Street es fuerte y claro: si violan la ley, no irán a la cárcel, pero pueden acabar con un ingreso aún más alto, en referencia al ejecutivo en jefe de JPMorgan Chase, Jamie Dimon, quien, después de negociar una multa de su empresa sobre las hipotecas que provocaron la peor crisis financiera desde la gran depresión, recibió un incremento en su ingreso. Millones de desempleados y millones de familias que se quedaron sin casa aún no tienen respuestas.


En otro plano, durante su campaña presidencial, el candidato Obama declaró: nos enfrentamos a la creencia de que está bien que cabilderos dominen nuestro gobierno, que simplemente son parte del sistema en Washington. Pero sabemos que la influencia exagerada de los cabilderos es parte del problema, y esta elección es nuestra oportunidad para decir que ya no les permitiremos obstruir nuestro camino. Cuando llegó a la presidencia, emitió una orden ejecutiva que prohibió a los cabilderos en su gobierno. Pero después hubo excepciones a tal extremo que, según Politico, hasta la fecha, el gobierno de Obama ha contratado unos 70 ex cabilderos registrados que antes representaban a corporaciones y asociaciones empresariales.

En tanto, Ray Nagin, ex alcalde de Nueva Orleáns que tuvo un perfil nacional durante el desastre del huracán Katrina, ingresó a una prisión federal la semana pasada para iniciar su condena de 10 años por corrupción, que incluye lavado de dinero y sobornos, por lucrar con la reconstrucción de su ciudad.


El ex gobernador republicano de Virginia, Bob McConnell, considerado una de las estrellas nacionales de su partido y campeón de los valores familiares y la honestidad, fue declarado culpable de corrupción después de un largo juicio donde se comprobó que aceptó regalos de ricos a cambio de favores políticos. Su estrategia legal de defensa fue culpar a la loca de su esposa por todo.


Gobiernos extranjeros aportan decenas de millones de dólares en contribuciones a algunos de los grupos de pensamiento (think tanks) más prominentes y supuestamente objetivos de Washington, para comprar influencia y acceso político para promover políticas que reflejan los intereses de esos donantes, reportó el New York Times.


En otro rubro, casi cada semana hay otra tragedia por el uso de armas de fuego en lugares públicos, pero, casi dos años después de que 20 niños de primaria y seis adultos en Newtown, Connecticut, fueron ultimados por un joven armado, en lugar de imponer más restricciones, varios estados han impulsado leyes que permiten portar más armas para defenderse ante los otros armados; incluso permiten portarlas en las mismas escuelas. Hace unos días, una maestra de primaria accidentalmente se hirió cuando descargaba su arma de fuego en un baño de su escuela en Utah, reportó Los Angeles Times. La maestra tenía licencia para portar una arma oculta en Utah, de acuerdo con una ley que no requiere que informe que está armada. Una semana antes, un profesor en una universidad estatal en Idaho accidentalmente disparó su arma y se hirió el pie frente a estudiantes.


Por otro lado, dos hombres que han estado encarcelados 30 años –uno de ellos en la fila de la muerte a la espera de su ejecución– fueron exculpados cuando abogados comprobaron su inocencia con base en pruebas de ADN, en lo que varios medios, expertos y defensores de derechos declararon ejemplo perfecto de lo descompuesto que está el sistema de justicia estadunidense. Una vez más, el caso provoca la pregunta de cuántos más que están a la espera de ejecución son inocentes (desde 1973, más de 140 han sido exonerados), y cuántos de los mil 388 ya ejecutados desde 1976 lo eran.


El mayor Jason Wright, uno de los abogados militares estadunidenses asignado a defender al presunto autor intelectual de los atentados del 11-S en Guantánamo, renunció al ejército a finales de agosto, acusando al gobierno estadunidense de violaciones a los derechos humanos, que incluyen tortura (su cliente fue sometido a la técnica de waterboarding 183 veces, entre otras cosas) y de preparar un juicio parcial y de apariencias, reportó National Public Radio.


Más de 14 por ciento de los hogares estadunidenses –uno de cada siete– padecen inseguridad alimentaria, o sea, que por lo menos parte del año no tienen acceso a alimentación segura, el mismo nivel que en 2008, según el gobierno federal.
Por donde se vea –estos son sólo algunos ejemplos recientes–, las cosas no funcionan. Tal vez los más ricos y poderosos lo ven de otra manera: Wall Street y las grandes empresas están generando ganancias sin precedente; a los que se dedican a la industria de las armas, las guerras, el petróleo y las cárceles les va muy bien, y los políticos –a pesar de sus bajísimos índices de aprobación– aún despachan cómodamente para sus patrocinadores (algunos políticos corruptos demasiado tontos, que no entendieron cómo jugar, a veces pagan el precio). Pero con tantas cosas que no funcionan para las mayorías, tal vez el sistema es lo que está descompuesto.

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El último día del mes de julio fue suspendido por 10 espacio de meses Luis Miguel Cotes gobernador del Magdalena, gracias a la viciada licitación de la Vía de la prosperidad que cruza por su departamento,en la cual beneficiaba al consorcio Rivera Este, dentro del que tiene intereses la familia de José David Name, actual presidente del Senado de la República.

 

El jueves 31 de julio sonó la nota final del acordeón de Luis Miguel "el mello" Cotes en la gobernación del departamento del Magdalena. Una decisión de la Procuraduría primera delegada para la contratación pública lo removió de sus funciones, al demostrar que la licitación que otorgó la construcción de la Vía de la prosperidad, que transita por el Magdalena, fue adjudicada modificando las exigencias a los proponentes, para favorecer al consorcio Rivera Este, además el departamento no contaba con el total de recursos necesarios para adelantar la obra.

 

El entierro del gobernador

 

Luis Miguel Cotes Habeyches conocido en la costa Atlántica por dos razones: la primera, por ser heredero del clan de los Cotes, encabezado por su padre Álvaro y su tío Luis Miguel Cotes Vives, apodados "los conejos", conocidos empresarios y varones electorales en la región, involucrados en la financiación y apoyo de personajes como el exgobernador Trino Luna y el ex alcalde de Santa Marta, José Francisco "Chico" Zúñiga -quien además es su cuñado- condenados por su nexos con el paramilitarismo; la segunda, "el mello" es un referente de la parranda samaria, desde los cuatro años toca acordeón y estuvo dispuesto a alejarse de sus estudios universitarios en Administración de Empresas en la Universidad del Norte de Barranquilla para profesionalizarse en su labor musical. Sin embargo, sus aspiraciones reñían con los intereses de su familia, la que decidió realizar un concurso entre "el mello" y su hermano Álvaro para decidir quien sería el heredero político de la dinastía, de esta manera Luis Miguel terminó por convertirse en 2007 en diputado a la Asamblea del Magdalena y en 2010 gobernador del departamento.

 

En la carretera. El 8 de enero de 2013 fue abierta la licitación LP-DM-07-2012 para construir la Vía de la prosperidad que bordearía 52.6 kilómetros del río grande de la Magdalena, abrazando a los corregimientos de Palermo y Guaimaro que están atravesados por el nudo del municipio de Sitio Nuevo. La carretera era una antigua promesa para el campesinado y los ganaderos del departamento, agilizando el paso desde el interior de la región hasta la costa Atlántica, además de funcionar como dique para evitar las inundaciones en el margen oriental de la principal arteria fluvial del país. El costo inicial proyectado de la carretera fue por 466.000 millones de pesos, de los cuales 200.000 saldrían de las regalías del Magdalena y el resto del presupuesto sería derivado del gobierno nacional a través del Ministerio de Transporte. Tres fueron los consorcios presentados para hacerse con este jugoso negocio: la Unión Temporal Vial del Magdalena, el Consorcio de la prosperidad Magdalena y el Consorcio Rivera Este, el cual terminó ganando la licitación.

 

Los problemas comenzaron rápidamente. El 13 de agosto de 2013, el juzgado 34 civil de Bogotá ordenó paralizar el proceso de desembolsos al consorcio Rivera Este por parte de la gobernación. Sin embargo, menos de un mes después el Tribunal Superior de Bogotá, junto con el juzgado 12 laboral del circuito de Barranquilla, revocaron el fallo del juzgado 34 civil, permitiendo que el gobernador Luis Miguel Cotes girara el 2 de enero de 2014 un anticipo de 66 mil millones al Consorcio Rivera Este, a pesar de las contradicciones con el Invías y de las declaraciones de la directora de regalías del Departamento Nacional de planeación –Amparo García– quien afirmó "pedimos a la gobernación no hacer desembolsos hasta la definición legal de este proyecto, y hasta hoy ese proceso contractual no ha sido resuelto".

 

La situación se agudizó, pues el fallo del Tribunal Superior de Bogotá llevó a que la ministra de transporte Cecilia Álvarez-Correa radicara una tutela de consulta ante la Corte Constitucional, cuyo fallo suspendió de manera provisional el proceso de construcción de la Vía de la prosperidad. La novela, que no termina ahí se tensó cuando la máxima entidad de control constitucional concluyó que el procedimiento de otorgamiento de la vía fue irregular, ante lo cual el 11 de marzo del año en curso a las 5:48 pm se firmó el acta de suspensión de la vía de la prosperidad, sólo 3 minutos después de firmada el acta de inicio del contrato 617 con el cual quedaba habilitada la construcción de la misma.

 

Es en este contexto que la Procuraduría General de la Nación sancionó con suspensión del cargo a Luis Miguel Cotes Habeych por 10 meses. Es decir, hasta mayo 28 de 2015, dejando al clan de los Cotes en una profunda debilidad para la campaña electoral regional del próximo año que ya remueven la política nacional. Junto con el gobernador fueron sancionados Claudia Janeth Orjuela, asesora jurídica, quien elaboró y estructuró la licitación, y el secretario general de la gobernación, Rodolfo Enrique Sosa, quien en la fecha ostentó la calidad de gobernador encargado y abrió el proceso licitatorio para la construcción de esta vía.

 

La vía de la prosperidad sus problemas, más que contractuales

 

Según la Contralora Sandra Morelli, en advertencia publicada en diciembre de 2013, la construcción de la Vía de la prosperidad –tal y como está planeada– dañaría el Sistema Delta estuarino Ciénaga Grande de Santa Marta, conllevando la destrucción de un sistema de acuíferos del que incluso proviene el agua que consumen los samarios.

 

Así, en palabras de la Contralora se produciría un daño en el "ingreso de los flujos de agua y el nivel del río Magdalena en época de crecientes, lo cual podría llevar a que las aguas inundaran zonas que antes no presentaban esta situación y que, por lo tanto, no están protegidas de forma correspondiente para tales eventos". Palabras más palabras menos, para desinundar algunas zonas premeditadamente se avocaría a la inundación del margen izquierdo del río, próximo a Barranquilla, afectando a cultivadores, ganaderos y campesinos de la región.

 

A los dilemas ambientales deben sumarse el hecho que la licitación fue otorgada al Consorcio Rivera Este representada por Gary Rivero Espitia, quien en 2010 fungía como gerente de la firma Coinses S.A. que hizo parte de la concesión Unión Temporal Plazas que recibió el contrato No. 0135-2010-000272 de $37 mil millones para la mejora de 16 plazas y parques del departamento del Magdalena, el mismo que terminó incumplido. 

 

Adicionalmente, el consorcio Rivera Este está compuesto por las empresas Assignia Infraestructura, Compañía de Seguros y Negocios S. A., Constructora FG S. A. y Consultores del Desarrollo S. A. (Condesa), esta última representada po rManuel Gómez López, pero en verdad dirigida por la familia Name, de la cual procede el presidente del Congreso, senador José David Name.

 

La firma Condesa S.A es una de los grandes actoras en el mundo de las concesiones, a ella le han otorgado obras como la nueva vía Cartagena-Barranquilla y la interventoría del Proyecto Hidroeléctrico Porce III en Antioquia. Empresa, por demás,instituida como la base de múltiples escándalos entre ellos la entrega de 150 millones de pesos para financiar el proceso de recolección de firmas del referendo reeleccionista de Álvaro Uribe Vélez en 2010.

 

Como sucede desde siempre en nuestro país, política y negocios, nepotismo y corrupción, poder y economía, están finamente ligados. ¿Hasta cuándo seguirá siendo esta la tónica en esta democracia de papel?

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Viernes, 23 Mayo 2014 08:46

Paro. ¿En qué va la "distri"?

Continúa el cese de actividades académicas en la Universidad Distrital. Este movimiento surgió a raíz de la imposición de los acuerdos 008 y 009 (noviembre de 2013) que estipulan su reestructuración –tanto en lo académico como en lo administrativo, arriesgando la continuidad de Facultades históricas para la casa de estudios–, así como la modificación de la normatividad que establece el promedio mínimo considerado como "bajo promedio académico" que pasaría de 3,2 a 3,5.


Tras casi un mes de cese de actividades académicas, la conmoción a su interior es total. La protesta no es sólo de estudiantes, pues profesores y trabajadores también manifiestan su malestar con lo que ocurre al interior de la 'distri'. No es para menos, escandalosos casos de corrupción están en boca de todos, dentro de los que destacan las irregularidades en la contratación para la construcción de la nueva sede en la localidad de Bosa –por 70 mil millones de pesos–, en el que están involucrados, como lo revelan otros medios de comunicación, tanto el rector encargado Roberto Vergara, el ingeniero Wilson Morales –encargado de la unidad que adjudicó la licitación– así como las firmas constructoras Ingenieros GF SAS, Conequipos y Ziggurat Arquitectura Ltda.


Pero no es sólo este caso, también está el posible detrimento del patrimonio de la Universidad por 6.000 millones de pesos que pasa por la irregularidad de 106 casos de dobles pagos pensionales, la adición presupuestal de 4.530 millones de más para la construcción de la biblioteca Aduanilla de Paiba y los adelantos por 1.565 millones de pesos para un contrato firmado en 2010 para reconstruir el edificio B de la sede Macarena que pese al paso del tiempo aún no inicia su construcción.


La protesta, en cabeza de las multiestamentarias (estudiantes, profesores y un grueso de los trabajadores), ha dado paso a discusiones y debates sobre qué hacer con la Universidad, cómo actuar ante la corrupción y el clientelismo político –bajo el cual negocian sus cargos administrativos y directivos–, en los que destacan las injerencias del senador Samuel Arrieta del PIN y del concejal Hosman Martínez de la Alianza Verde, nexos que llevan a pensar que los hechos denunciados no son excepcionales sino prácticas sistemáticas de injerencia partidista a su interior.

 

A su vez, reabre el debate sobre el propósito de la Universidad, del conocimiento allí impartido y de las condiciones económicas y políticas indispensables para la realización de su misión.

 

Punto de quiebre

 

El momento que vive el centro de estudios es un real punto de quiebre y avance en dos dimensiones: primero, sienta un precedente de articulación y de trabajo mancomunado de la triestamentaria, propiciando la apertura de discusiones sobre el conjunto de la Universidad: desde las particularidades propias de cada estamento y, segundo, re-oxigena el análisis y la reflexión sobre la precariedad en que sobrevive la educación superior pública en nuestro país, para cuestionar, una vez más, su sentido y su misión que la distancia de las verdaderas necesidades y sueños de la mayoría de quienes integran el mismo.


Las discusiones diarias desatadas en el claustro universitario ahora también preguntan por el rumbo que debe y puede tomar el paro, así como por los posibles escenarios y alternativas ante la crisis de la 'distri'.


Si bien el florero de Llorente que desató la indignación de la comunidad universitaria reposa en los acuerdos 008 y 009, bajo el sol de hoy estos son solo dos momentos más dentro del debate, que empieza a tomar tintes más críticos y radicales, que repara no sólo en los acuerdos, sino que reconoce la necesidad de reformar la Universidad en toda sus esferas, abordando con seriedad y sinceridad sus principales problemas, tanto administrativos y económicos así como académicos y políticos, razón suficiente para comprender el porqué de la suspensión y no derogación de los acuerdos lo que antes que despertar confianza en quienes protestan detona incertidumbres dentro de la comunidad universitaria.


Es importante destacar, para alimentar el análisis, que en medio de los debates en curso avanza la construcción de alternativas de reforma para "la universidad de los capitalinos". En tales debates está en proceso un oportuno ejercicio de sistematización de las principales propuestas y alternativas de reformas y de re-estructuración de la Universidad, levantadas en los últimos años tanto por estudiantes como por trabajadores y profesores, propuestas hasta ahora desconocidas por las directivas de la 'distri', ejercicio re-constructor de la memoria que por un lado revela el carácter profundamente antidemocrático sobre el cual las directivas (atrincheradas en su Consejo Superior) han defendido el horizonte impuesto por ellos para este centro de estudios, y por otro lado es elemento determinante para el desarrollo de la disputa llevada a cabo en la misma, tanto para nutrirla de cotenidos críticos como para arrojar insumos que permitan re-pensar su crisis y sus posibles alternativas.


Frente a esta situación, debemos preguntarnos: ¿Será esta Universidad un ejemplo y un referente de construcción alternativa que desde su particularidad aborde y brinde una salida a los problemas generales de la educación superior pública en Colombia? Sino es así, ¿Qué hace falta para que esto ocurra?

 

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Univerisidad Distrital ¿Poder constituyente?

Periódico desdeabajo Nº201, 20 de abril - 20 de mayo de 2014

Publicado en Colombia
Jueves, 22 Mayo 2014 08:43

Dos por dos

La sociedad colombiana asiste a una campaña electoral que no logra despertar más que bostezos. La pobreza y similitud programática de los principales candidatos recuerda que la crisis de la política tradicional, en la era del neoliberalismo, es universal, y entre nosotros no podría ser distinto. Gobiernan para sus intereses y por tanto no tienen que esforzarse en imaginar nada. Simplemente copian los recetarios de las agencias internacionales.

 

Pese a esto, hay disputas, diferencias, matices, que permiten la fuga de información y el develamiento de verdades. Una de ellas, que todos estamos espiados. Vivimos en una sociedad vigilada y controlada, no hay duda, ello sucede en el nivel global y Colombia no es la excepción de la regla. Así lo evidenció el caso Andrómeda, agencia de inteligencia del ejército colombiano, puesta al descubierto en febrero pasado, y ahora lo ratifica el 'control de redes' realizado por el 'asesor informático' (¡qué tal el eufemismo!) de la campaña de Óscar Iván Zuluaga, cuyos seguimientos incluían hasta al presidente Santos.

 

No es un hecho cualquiera, pero tampoco es novedad sino una reafirmación: entramos en una nueva fase de guerra preventiva y control social donde el Estado prosigue su deformación como monstruo todopoderoso al que las tecnologías desarrolladas en las últimas décadas le permiten desmanes de todo tamaño. En la supuesta acción preventiva que despliega, el espionaje asume nuevos ribetes y posibilidades, y en el control del territorio llega la ciberguerra.

 

Ya lo habían develado Snowden y Assange, cuyas revelaciones sobre la capacidad tecnológica y las andanzas de la NSA dejaron al descubierto que el derecho a la privacidad llegó a su fin, y que el control de todos los ciudadanos del mundo es una realidad que se puede traducir en muerte o violación de cualquier derecho humano cuando así lo decida este superpoderoso organismo de espionaje de los Estados Unidos. Los agentes secretos, las máquinas de vuelo automático e inteligencia artificial, y otras tecnologías aplicadas a diversas herramientas de guerra, manejadas y teledirigidas por 'personal profesional', hacen lo demás.

 

En Colombia son conocidas tales aplicaciones, facilitadas por la estrecha relación que las fuerzas armadas oficiales mantienen desde décadas atrás con sus pares de Estados Unidos, traducida en la transferencia de ciertos métodos, prácticas, técnicas y tecnologías. La última fase de esta transferencia, de manera abultada, ocurrió bajo el paraguas del Plan Colombia. El caso Raúl Reyes, más otros ataques dirigidos vía satelital contra la insurgencia, reafirman lo anotado.

 

Estamos ante esos contundentes como espionaje desbordado, control y seguimiento de la ciudadanía como si fuéramos agentes de un ejército invasor. Lo ocurrido ahora, en plena campaña electoral para la presidencia de la república, reafirma de bulto que las agencias de inteligencia del Estado actúan a mano libre por doquier. Ahora, con un nuevo expediente: retoman el peligroso esquema de los contratistas privados, en este caso mercenarios de la ciberguerra dispuestos a concretar las tercerizadas tareas ilegales de la inteligencia militar y política.

 

Y los efectos pesan. En el afán de controlar el poder desprendido de la máquina estatal, el acumulado de inteligencia sirvió para presionar la renuncia de J.J. Rendón, asesor de la campaña de Juan Manuel Santos, y con él la de Germán Chica, integrante de la primera contienda de Santos, exalto Consejero presidencial de Asuntos Políticos y exintegrante de la Fundación Buen Gobierno, actuando, según la contraparte, como mensajeros de la mafia y los paramilitares.

 

El golpe fue directo y sin miramientos, tratando de descuadernar la campaña del presidente-candidato. La información que produjo este resultado le recordó a todo el país que la relación de la oligarquía con las mafias del narcotráfico es histórica y estas no están dispuestas a romperla, utilizándola para financiar campañas electorales y para multiplicar patrimonios familiares de históricos del poder o de recién llegados. Los millones de dólares no solamente ofrecidos sino entregados –según sus mismos donantes, Combas y demás– también recuerdan que la democracia colombiana está degradada en todos sus ribetes, y que la acción electoral sigue controlada por quien más tiene y más compra: "democracia del billete", provenga de donde provenga el corruptor de las 'mejores mentes'.

 

Inteligencia, guerra y diálogos de paz

 

La inteligencia es acumulada, seleccionada, procesada y utilizada cuando lo consideran necesario. No pasaron muchas horas, y aún mareada la campaña reeleccionista, cuando mostró para qué sirve el Estado y cómo se utilizan sus instituciones: develaron que uno de los supuestos 'técnicos' en redes sociales, asesor en la campaña del candidato Óscar Iván Zuluaga, era un espía. Al allanar su sede encontraron información diversa: sobre la Policía, los desmovilizados de las farc, periodistas, así como reportes de comunicaciones de personas vinculadas de manera directa con los diálogos de La Habana, y parece que mucho más. El responsable de todo este manejo, Andrés Fernando Sepúlveda, y con él su jefe, el principal asesor de Zuluaga, Luis Alfonso Hoyos, cayeron en desgracia. Golpe por golpe.

 

A la denuncia le siguió la propaganda, sobre todo en este último caso, que logró el eco de las grandes cadenas de comunicación, tomado como bandera por parte de la campaña cuasiestatal para despertar miedos sobre una posible interrupción de los diálogos de La Habana, en caso de triunfar el candidato en cuerpo ajeno, es decir, buscando despertar temor en la sociedad y lograr la movilización del voto útil. En esta, hasta la Fiscalía misma sirve como parlante de los propósitos santistas. ¿Un Estado de bolsillo? Y las farc, como en el 82 con Belisario Betancur, y en el 98 con Andrés Pastrana, terminan actuando –pero también utilizadas– como el factor fundamental de la campaña.

 

Las reacciones van y vienen. Las dos campañas electorales quedan enfrascadas en un mar de denuncias que reflejan la mediocridad de la política oficial colombiana, en la cual los debates programáticos brillan por su ausencia e inexistencia, con el ridículo ejemplo de la negativa a concitar un debate nacional televisado entre los candidatos, recordándole al país que cualquiera que llegue a la Presidencia no variará significativamente el libreto. Sí, habrá matices, pero lo sustancial será idéntico, incluida la negociación de paz, la cual ya hace parte de una política de alto gobierno que no se podrá romper, aunque ello no niegue que en el manejo de la Mesa, en los tiempos y ritmos, sí brillarán particularidades, sobre todo intentando sacarle el mejor provecho a la negociación, es decir, buscando someter al contrario. La guerra sigue: esta es parte de la metodología impuesta por el actual gobierno en los diálogos en curso, desplegando todos los días en su potenciación lo mejor de la tecnología cibernética y el control de comunicaciones de punta, y con ellas las redes sociales, bajo seguimiento constante de las agencias oficiales o de mercenarios, como ahora surge a la luz pública.

 

De parte de los otros candidatos, sólo silencio y estupor, sin capacidad para romper el libreto impuesto, quedando como fichas de negociación para la anunciada segunda vuelta.

Publicado en Colombia
Miércoles, 21 Mayo 2014 10:24

Dos por dos

La sociedad colombiana asiste a una campaña electoral que no logra despertar más que bostezos. La pobreza y similitud programática de los principales candidatos recuerda que la crisis de la política tradicional, en la era del neoliberalismo, es universal, y entre nosotros no podría ser distinto. Gobiernan para sus intereses y por tanto no tienen que esforzarse en imaginar nada. Simplemente copian los recetarios de las agencias internacionales.

 

Pese a esto, hay disputas, diferencias, matices, que permiten la fuga de información y el develamiento de verdades. Una de ellas, que todos estamos espiados. Vivimos en una sociedad vigilada y controlada, no hay duda, ello sucede en el nivel global y Colombia no es la excepción de la regla. Así lo evidenció el caso Andrómeda, agencia de inteligencia del ejército colombiano, puesta al descubierto en febrero pasado, y ahora lo ratifica el 'control de redes' realizado por el 'asesor informático' (¡qué tal el eufemismo!) de la campaña de Óscar Iván Zuluaga, cuyos seguimientos incluían hasta al presidente Santos.

 

No es un hecho cualquiera, pero tampoco es novedad sino una reafirmación: entramos en una nueva fase de guerra preventiva y control social donde el Estado prosigue su deformación como monstruo todopoderoso al que las tecnologías desarrolladas en las últimas décadas le permiten desmanes de todo tamaño. En la supuesta acción preventiva que despliega, el espionaje asume nuevos ribetes y posibilidades, y en el control del territorio llega la ciberguerra.

 

Ya lo habían develado Snowden y Assange, cuyas revelaciones sobre la capacidad tecnológica y las andanzas de la NSA dejaron al descubierto que el derecho a la privacidad llegó a su fin, y que el control de todos los ciudadanos del mundo es una realidad que se puede traducir en muerte o violación de cualquier derecho humano cuando así lo decida este superpoderoso organismo de espionaje de los Estados Unidos. Los agentes secretos, las máquinas de vuelo automático e inteligencia artificial, y otras tecnologías aplicadas a diversas herramientas de guerra, manejadas y teledirigidas por 'personal profesional', hacen lo demás.

 

En Colombia son conocidas tales aplicaciones, facilitadas por la estrecha relación que las fuerzas armadas oficiales mantienen desde décadas atrás con sus pares de Estados Unidos, traducida en la transferencia de ciertos métodos, prácticas, técnicas y tecnologías. La última fase de esta transferencia, de manera abultada, ocurrió bajo el paraguas del Plan Colombia. El caso Raúl Reyes, más otros ataques dirigidos vía satelital contra la insurgencia, reafirman lo anotado.

 

Estamos ante esos contundentes como espionaje desbordado, control y seguimiento de la ciudadanía como si fuéramos agentes de un ejército invasor. Lo ocurrido ahora, en plena campaña electoral para la presidencia de la república, reafirma de bulto que las agencias de inteligencia del Estado actúan a mano libre por doquier. Ahora, con un nuevo expediente: retoman el peligroso esquema de los contratistas privados, en este caso mercenarios de la ciberguerra dispuestos a concretar las tercerizadas tareas ilegales de la inteligencia militar y política.

 

Y los efectos pesan. En el afán de controlar el poder desprendido de la máquina estatal, el acumulado de inteligencia sirvió para presionar la renuncia de J.J. Rendón, asesor de la campaña de Juan Manuel Santos, y con él la de Germán Chica, integrante de la primera contienda de Santos, exalto Consejero presidencial de Asuntos Políticos y exintegrante de la Fundación Buen Gobierno, actuando, según la contraparte, como mensajeros de la mafia y los paramilitares.

 

El golpe fue directo y sin miramientos, tratando de descuadernar la campaña del presidente-candidato. La información que produjo este resultado le recordó a todo el país que la relación de la oligarquía con las mafias del narcotráfico es histórica y estas no están dispuestas a romperla, utilizándola para financiar campañas electorales y para multiplicar patrimonios familiares de históricos del poder o de recién llegados. Los millones de dólares no solamente ofrecidos sino entregados –según sus mismos donantes, Combas y demás– también recuerdan que la democracia colombiana está degradada en todos sus ribetes, y que la acción electoral sigue controlada por quien más tiene y más compra: "democracia del billete", provenga de donde provenga el corruptor de las 'mejores mentes'.

 

Inteligencia, guerra y diálogos de paz

 

La inteligencia es acumulada, seleccionada, procesada y utilizada cuando lo consideran necesario. No pasaron muchas horas, y aún mareada la campaña reeleccionista, cuando mostró para qué sirve el Estado y cómo se utilizan sus instituciones: develaron que uno de los supuestos 'técnicos' en redes sociales, asesor en la campaña del candidato Óscar Iván Zuluaga, era un espía. Al allanar su sede encontraron información diversa: sobre la Policía, los desmovilizados de las farc, periodistas, así como reportes de comunicaciones de personas vinculadas de manera directa con los diálogos de La Habana, y parece que mucho más. El responsable de todo este manejo, Andrés Fernando Sepúlveda, y con él su jefe, el principal asesor de Zuluaga, Luis Alfonso Hoyos, cayeron en desgracia. Golpe por golpe.

 

A la denuncia le siguió la propaganda, sobre todo en este último caso, que logró el eco de las grandes cadenas de comunicación, tomado como bandera por parte de la campaña cuasiestatal para despertar miedos sobre una posible interrupción de los diálogos de La Habana, en caso de triunfar el candidato en cuerpo ajeno, es decir, buscando despertar temor en la sociedad y lograr la movilización del voto útil. En esta, hasta la Fiscalía misma sirve como parlante de los propósitos santistas. ¿Un Estado de bolsillo? Y las farc, como en el 82 con Belisario Betancur, y en el 98 con Andrés Pastrana, terminan actuando –pero también utilizadas– como el factor fundamental de la campaña.

 

Las reacciones van y vienen. Las dos campañas electorales quedan enfrascadas en un mar de denuncias que reflejan la mediocridad de la política oficial colombiana, en la cual los debates programáticos brillan por su ausencia e inexistencia, con el ridículo ejemplo de la negativa a concitar un debate nacional televisado entre los candidatos, recordándole al país que cualquiera que llegue a la Presidencia no variará significativamente el libreto. Sí, habrá matices, pero lo sustancial será idéntico, incluida la negociación de paz, la cual ya hace parte de una política de alto gobierno que no se podrá romper, aunque ello no niegue que en el manejo de la Mesa, en los tiempos y ritmos, sí brillarán particularidades, sobre todo intentando sacarle el mejor provecho a la negociación, es decir, buscando someter al contrario. La guerra sigue: esta es parte de la metodología impuesta por el actual gobierno en los diálogos en curso, desplegando todos los días en su potenciación lo mejor de la tecnología cibernética y el control de comunicaciones de punta, y con ellas las redes sociales, bajo seguimiento constante de las agencias oficiales o de mercenarios, como ahora surge a la luz pública.

 

De parte de los otros candidatos, sólo silencio y estupor, sin capacidad para romper el libreto impuesto, quedando como fichas de negociación para la anunciada segunda vuelta.

Publicado en Edición Nº202
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