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El último día del mes de julio fue suspendido por 10 espacio de meses Luis Miguel Cotes gobernador del Magdalena, gracias a la viciada licitación de la Vía de la prosperidad que cruza por su departamento,en la cual beneficiaba al consorcio Rivera Este, dentro del que tiene intereses la familia de José David Name, actual presidente del Senado de la República.

 

El jueves 31 de julio sonó la nota final del acordeón de Luis Miguel "el mello" Cotes en la gobernación del departamento del Magdalena. Una decisión de la Procuraduría primera delegada para la contratación pública lo removió de sus funciones, al demostrar que la licitación que otorgó la construcción de la Vía de la prosperidad, que transita por el Magdalena, fue adjudicada modificando las exigencias a los proponentes, para favorecer al consorcio Rivera Este, además el departamento no contaba con el total de recursos necesarios para adelantar la obra.

 

El entierro del gobernador

 

Luis Miguel Cotes Habeyches conocido en la costa Atlántica por dos razones: la primera, por ser heredero del clan de los Cotes, encabezado por su padre Álvaro y su tío Luis Miguel Cotes Vives, apodados "los conejos", conocidos empresarios y varones electorales en la región, involucrados en la financiación y apoyo de personajes como el exgobernador Trino Luna y el ex alcalde de Santa Marta, José Francisco "Chico" Zúñiga -quien además es su cuñado- condenados por su nexos con el paramilitarismo; la segunda, "el mello" es un referente de la parranda samaria, desde los cuatro años toca acordeón y estuvo dispuesto a alejarse de sus estudios universitarios en Administración de Empresas en la Universidad del Norte de Barranquilla para profesionalizarse en su labor musical. Sin embargo, sus aspiraciones reñían con los intereses de su familia, la que decidió realizar un concurso entre "el mello" y su hermano Álvaro para decidir quien sería el heredero político de la dinastía, de esta manera Luis Miguel terminó por convertirse en 2007 en diputado a la Asamblea del Magdalena y en 2010 gobernador del departamento.

 

En la carretera. El 8 de enero de 2013 fue abierta la licitación LP-DM-07-2012 para construir la Vía de la prosperidad que bordearía 52.6 kilómetros del río grande de la Magdalena, abrazando a los corregimientos de Palermo y Guaimaro que están atravesados por el nudo del municipio de Sitio Nuevo. La carretera era una antigua promesa para el campesinado y los ganaderos del departamento, agilizando el paso desde el interior de la región hasta la costa Atlántica, además de funcionar como dique para evitar las inundaciones en el margen oriental de la principal arteria fluvial del país. El costo inicial proyectado de la carretera fue por 466.000 millones de pesos, de los cuales 200.000 saldrían de las regalías del Magdalena y el resto del presupuesto sería derivado del gobierno nacional a través del Ministerio de Transporte. Tres fueron los consorcios presentados para hacerse con este jugoso negocio: la Unión Temporal Vial del Magdalena, el Consorcio de la prosperidad Magdalena y el Consorcio Rivera Este, el cual terminó ganando la licitación.

 

Los problemas comenzaron rápidamente. El 13 de agosto de 2013, el juzgado 34 civil de Bogotá ordenó paralizar el proceso de desembolsos al consorcio Rivera Este por parte de la gobernación. Sin embargo, menos de un mes después el Tribunal Superior de Bogotá, junto con el juzgado 12 laboral del circuito de Barranquilla, revocaron el fallo del juzgado 34 civil, permitiendo que el gobernador Luis Miguel Cotes girara el 2 de enero de 2014 un anticipo de 66 mil millones al Consorcio Rivera Este, a pesar de las contradicciones con el Invías y de las declaraciones de la directora de regalías del Departamento Nacional de planeación –Amparo García– quien afirmó "pedimos a la gobernación no hacer desembolsos hasta la definición legal de este proyecto, y hasta hoy ese proceso contractual no ha sido resuelto".

 

La situación se agudizó, pues el fallo del Tribunal Superior de Bogotá llevó a que la ministra de transporte Cecilia Álvarez-Correa radicara una tutela de consulta ante la Corte Constitucional, cuyo fallo suspendió de manera provisional el proceso de construcción de la Vía de la prosperidad. La novela, que no termina ahí se tensó cuando la máxima entidad de control constitucional concluyó que el procedimiento de otorgamiento de la vía fue irregular, ante lo cual el 11 de marzo del año en curso a las 5:48 pm se firmó el acta de suspensión de la vía de la prosperidad, sólo 3 minutos después de firmada el acta de inicio del contrato 617 con el cual quedaba habilitada la construcción de la misma.

 

Es en este contexto que la Procuraduría General de la Nación sancionó con suspensión del cargo a Luis Miguel Cotes Habeych por 10 meses. Es decir, hasta mayo 28 de 2015, dejando al clan de los Cotes en una profunda debilidad para la campaña electoral regional del próximo año que ya remueven la política nacional. Junto con el gobernador fueron sancionados Claudia Janeth Orjuela, asesora jurídica, quien elaboró y estructuró la licitación, y el secretario general de la gobernación, Rodolfo Enrique Sosa, quien en la fecha ostentó la calidad de gobernador encargado y abrió el proceso licitatorio para la construcción de esta vía.

 

La vía de la prosperidad sus problemas, más que contractuales

 

Según la Contralora Sandra Morelli, en advertencia publicada en diciembre de 2013, la construcción de la Vía de la prosperidad –tal y como está planeada– dañaría el Sistema Delta estuarino Ciénaga Grande de Santa Marta, conllevando la destrucción de un sistema de acuíferos del que incluso proviene el agua que consumen los samarios.

 

Así, en palabras de la Contralora se produciría un daño en el "ingreso de los flujos de agua y el nivel del río Magdalena en época de crecientes, lo cual podría llevar a que las aguas inundaran zonas que antes no presentaban esta situación y que, por lo tanto, no están protegidas de forma correspondiente para tales eventos". Palabras más palabras menos, para desinundar algunas zonas premeditadamente se avocaría a la inundación del margen izquierdo del río, próximo a Barranquilla, afectando a cultivadores, ganaderos y campesinos de la región.

 

A los dilemas ambientales deben sumarse el hecho que la licitación fue otorgada al Consorcio Rivera Este representada por Gary Rivero Espitia, quien en 2010 fungía como gerente de la firma Coinses S.A. que hizo parte de la concesión Unión Temporal Plazas que recibió el contrato No. 0135-2010-000272 de $37 mil millones para la mejora de 16 plazas y parques del departamento del Magdalena, el mismo que terminó incumplido. 

 

Adicionalmente, el consorcio Rivera Este está compuesto por las empresas Assignia Infraestructura, Compañía de Seguros y Negocios S. A., Constructora FG S. A. y Consultores del Desarrollo S. A. (Condesa), esta última representada po rManuel Gómez López, pero en verdad dirigida por la familia Name, de la cual procede el presidente del Congreso, senador José David Name.

 

La firma Condesa S.A es una de los grandes actoras en el mundo de las concesiones, a ella le han otorgado obras como la nueva vía Cartagena-Barranquilla y la interventoría del Proyecto Hidroeléctrico Porce III en Antioquia. Empresa, por demás,instituida como la base de múltiples escándalos entre ellos la entrega de 150 millones de pesos para financiar el proceso de recolección de firmas del referendo reeleccionista de Álvaro Uribe Vélez en 2010.

 

Como sucede desde siempre en nuestro país, política y negocios, nepotismo y corrupción, poder y economía, están finamente ligados. ¿Hasta cuándo seguirá siendo esta la tónica en esta democracia de papel?

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Martes, 22 de Julio de 2014 15:58

La ira que paró a Yopal

Tres días de paro, con protestas que lograron paralizar a Yopal, obligaron a todo el país a mirar de nuevo hacia el Casanare. El motivo de la parálisis no fue gratuita: días, semanas, meses, años, sin agua potable, e incluso, sin que el agua llegue por tubería a los hogares de los más de 80 mil habitantes de esta ciudad. Mientras tanto, los presupuestos destinados para garantizar el precioso líquido fueron licuados en bolsillos particulares.


El último día de paro la tensión fue inmensa, pero luego de nueve horas de reunión entre líderes del "Movimiento cívico ciudadano en defensa del agua potable para Yopal" y el Gobierno Nacional, el paro fue levantado. Así lo permitió la concreción de un acuerdo resumido en 12 puntos, enmarcados en tres líneas temáticas: financiación del sistema de acueducto municipal, el pago de tarifas y la instalación de mesas de trabajo permanentes.


Cansados de estar buscandosoluciones desesperadas al desabastecimiento de agua, los pobladores de la capital casanareña se tomaron las principales vías de su municipio por más de dos días. Las arengas no pararon hasta que el Gobierno Nacional respondió con soluciones concretas a la problemática que enfrenta Yopal desde hace tres años. Doce fueron los acuerdos a los que llegaron el Gobierno Nacional y los líderes del Movimiento en defensa del agua potable, reunidos en la mesa de trabajo constituida para tal fin.


Inicialmente, el Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Luis Felipe Henao y el gobernador de Casanare, Marco Tulio Ruíz, asumieron el compromiso de financiar la construcción de la planta de tratamiento del agua potable, con aportes de 50% por parte del Ministerio y el restante 50 por parte de la gobernación de este departamento.


Entre los acuerdos firmados en la noche del domingo 20 de julio está, por ejemplo, la publicación en la página web de la Fiduciaria de los prepliegos para la construcción de la planta de agua de Yopal, con fecha máxima para el 30 de julio, para que pueda ser conocida y debatida por los miembros de la mesa de trabajo.


También acordaron, entre otros aspectos, continuar con los procesos contractuales entre la Gobernación y la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal (EAAAY) para la construcción de tres nuevos pozos: uno para finales de noviembre y otros dos, de los cuales se recibirán propuestas el 22 de julio, para que estén en funcionamiento en el primer trimestre del próximo año. Mientras que La Unidad de Gestión de Riesgo y el ejército construirán cuatro pozos adicionales.


Las soluciones planteadas hasta ahora son a mediano y largo plazo y, según Isaac Marín, miembro de la Corporación Social para la Asesoría y la Capacitación Comunitaria (Cospacc), no resuelven el problema de fondo, "Las soluciones serán demoradas por que hay que hacer estudios geológicos y eso implica un proceso largo".


Por ahora la única solución inmediata dada al problema de desabastecimiento del agua es la utilización de plantas portátiles de suministro de agua enviadas por la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos y diferentes instituciones, además de la utilización de carrotanques, que hasta ahora ha sido la salida frecuentemente utilizada por los pobladores. Agua que, según información del medio Ola Política del Casanare, no es apta para el consumo humano y sólo cubre necesidades de higiene.


Esta es otra de las preocupaciones de la población yopaleña, pues un estudio del Instituto Nacional de Salud sobre el agua suministrada en la zona concluyó que existen en ella importantes concentraciones de virus, identificándose: hepatitis A, enterovirus y adenovirus, que afectan a gran parte de los 86.860 habitantes del municipio

.
¿Quién tiene la culpa?


Según lo dicho por Luis Felipe Henao en diferentes entrevistas a medios de comunicación, la crisis del desabastecimiento de agua en el municipio de Yopal es un problema netamente de corrupción de la administración local. Tres años pasaron desde que la planta de tratamiento del líquido vital fuera destruida por un alud de tierra en mayo de 2011, sin que el alcalde William Celemín, hoy destituido e inhabilitado por manejo irregular de los recursos del municipio, invirtiera en el arreglo de la planta.


Ante estas acusaciones Celemín se defendió en una entrevista transmitida por Blu Radio argumentando que "todos los procesos contractuales que hace la Alcaldía son independientes del alcalde. Hoy el alcalde de Yopal no tiene el control de la empresa de acueducto. Lo que hace es supervisar".


Por otro lado, aspectos como las condiciones climáticas del municipio y la falta de planeación de su crecimiento demográfico, son factores que influyen en la problemática del desabastecimiento del agua que vive y que deben ser analizados para que no sigan afectando a su población. Según Isaac Marín, "Yopal tuvo un crecimiento muy acelerado y las condiciones de equipamiento de infraestructura no pudo responder a ese crecimiento", pasando de 44.761 pobladores en 1993 a 86.860 en el 2003 registrando en la actualidad tasas de crecimiento superiores casi cinco veces a las del promedio nacional.


A esto debe agregarse la concentración de un enorme porcentaje de la población en barrios subnormales donde existe carencia de acueducto, alcantarillado e infraestructura escolar, lo que agrava las condiciones de vida de los pobladores.


El padecimiento no es sólo de Yopal. Municipios como Agua Azul y Tauramena, influenciados por la bonanza petrolera, padecen una problemática similar: "por lo general la empresa petrolera ofrece puestos de trabajo, pero las condiciones sociales de la gente, esas sí no las resuelve", agrega Marín.


Ese fue verdaderamente el punto de inflexión que generó que los yopaleños cerraran las principales vías del municipio el 18 de julio, pues además de no contar con el servicio de agua, los pobladores ya tenían serias dificultades con la infraestructura de puestos de salud y una deficiencia en el servicio de gas, a lo que debe sumársele la problemática del sector educativo que apenas hace dos meses salió a protestar a las calles en busca de una solución a la falta de infraestructura y docentes en el departamento. El problema del agua solo fue una gota que rebosó el vaso y que se ahondó aún más con la crisis administrativa por la que ahora pasa Yopal con la destitución de su alcalde.


Entonces, ¿de quién es la culpa? Los dedos de sus pobladores señalan diversas personas e instituciones, pero aún no es del todo claro. La improvisación aún reina, la corrupción en cabeza de diversas instituciones es pan común en las conversaciones entre vecinos, los efectos nocivos de la minería no dejan de estar presentes, el clientelismo, las manipulaciones con origen bogotano, todas ellas están en la base de esta problemática que secó la paciencia de sus pobladores.


Por lo pronto, entre los 12 acuerdos pactados se encuentra el estudio que realizará el Ministerio de Minas y Energía, de los acuíferos y del impacto de la exploración petrolera, para determinar la zona de recarga para protección del acuífero subterráneo de Yopal. Mientras que la Superintendencia de Servicios Públicos interviene la empresa municipal de acueducto en busca de más culpables.


Por su parte los ciudadanos yopaleños esperan que por esta vez los acuerdos sí sean cumplidos (Ver recuadro, acuerdos totales), garantía que fue delegada en la Defensoría del Pueblo, Institución que deberá hacerle seguimiento a lo firmado.


 

Recuadro

Los 12 acuerdos pactados

1. Para la construcción de la planta de tratamiento del agua potable, el Ministerio de Vivienda financia el 50% y la Gobernación de Casanare el otro 50 %, siempre y cuando la nación compense al departamento para cofinanciar nuevos proyectos de los municipios de todo Casanare. Para esto, se debe enviar memorial al Tribunal Administrativo de Casanare expresando acuerdo de voluntades.

 

2. Se publicarán los pre-pliegos en la página www.fidubogota.com.co para la construcción de la planta de agua de Yopal el 30 de julio a las 4.00 pm, mientras surten efectos licencias y permisos ambientales.

 

3. Los pre-pliegos se dejarán en página durante 15 días para las respectivas observaciones.

 

4. Se realizará una audiencia pública para la adjudicación del contrato a finales de octubre e inicios de noviembre.

 

5. El ejército Nacional construirá un pozo profundo junto a la Décima Sexta Brigada por ofrecimiento de un particular y otro de propiedad del Ejército en la finca El Remanso, previa evaluación de pruebas de calidad de agua hechas por la EAAAY, para determinar factibilidad de ser usados en el llenado de carrotanques en un tiempo de 8 días a partir de la fecha.

 

6. Se continúa ejecutando el convenio 1313 de julio de 2012 suscrito entre la Gobernación y la EAAAY para la construcción de tres nuevos pozos: Uno para finales de noviembre ubicado en la manga de coleo con capacidad para 50 litros por segundo que está en ejecución, y otros dos para los cuales se reciben propuestas el 22 de julio, para ponerlos en funcionamiento en el primer trimestre del próximo año ubicados uno en la central de abastos y el otro en el núcleo urbano dos.

 

7. Se construirán cuatro pozos adicionales con apoyo del Ejército con cargo a recursos de la Unidad de Gestión de Riesgo, los cuales tienen un avance del 30%. Estos se ubicarán en el Mega Colegio, en el Materno Infantil, y dos sitios más por determinar según resultados del acuífero.

 

8. El 28 de julio se creará una mesa con funcionamiento en Yopal para evaluar y optimizar el plan de contingencia.

 

9. El servicio geológico que depende del Ministerio de Minas y Energía, realizará el estudio de los acuíferos y del impacto de la exploración petrolera, para determinar la zona de recarga para protección del acuífero subterraneo de Yopal.

 

10. Se Expedirá un comunicado de prensa y un 'trino' de la Presidencia de la República con los compromisos adquiridos.

 

11. El Gobernador de Casanare, marco Tulio Ruiz, garantiza la llegada del Presidente de la República, Juan Manuel Santos a Yopal, para hacer seguimiento y discutir con el movimiento los distintos temas planteados en el pliego de peticiones.

 

12. El 28 de julio se instalará en Yopal una mesa donde hagan presencia los ministros y/o viceministros de Minas, Ambiente, Educación y Agricultura, para establecer cronogramas de trabajo para cada uno de los puntos del pliego de peticiones.

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  • Antetítulo Paro cívico en la capital del Casanare
  • Autor Daiana González Navas
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"No nos llamemos a engaño: la formación socioeconómica que todavía prevalece en Venezuela es de carácter capitalista y rentista. Ciertamente, el socialismo apenas ha comenzado a implantar su propio dinamismo interno entre nosotros. Este es un programa precisamente para afianzarlo y profundizarlo; direccionarlo hacia una radical supresión de la lógica del capital que debe irse cumpliendo paso a paso, pero sin aminorar el ritmo de avance hacia el socialismo".


"Para avanzar hacia el socialismo, necesitamos de un Poder Popular capaz de desarticular las tramas de opresión, explotación y dominación que subsisten en la sociedad venezolana, capaz de configurar una nueva socialidad desde la vida cotidiana donde la fraternidad y la solidaridad corran parejas con la emergencia permanente de nuevos modos de planificar y producir la vida material de nuestro pueblo. Esto pasa por pulverizar completamente la forma Estado burguesa que heredamos, la que aún se reproduce a través de sus viejas y nefastas prácticas, y darle continuidad a la invención de nuevas formas de gestión política".

Presidente Hugo Chávez. "El Programa de la Patria", Programa de Gobierno presentado en 2012 al pueblo de Venezuela para los años 2013-2019.

El poder de la burocracia del Estado y su lógica de acción


El poder de una parte significativa de las elites burocráticas, es decir, con poder de decisión y acceso a los presupuestos, en las empresas públicas y en el Estado, es transitorio en cada funcionario individual. Tienen con frecuencia un discurso aprendido de memoria, con el cual aparentan ser socialistas para mantener el cargo y engañar al pueblo.


Por supuesto, que también hay funcionarios honestos dentro del Estado y algunos son también auténticos revolucionarios, pero parecen ser una minoría en los cargos de decisión. Es expresión de la lucha de clases en el Estado y la sociedad, lucha entre revolucionarios y contrarrevolucionarios. El poder de las elites burocráticas, se articula de múltiples maneras con el poder del capital privado nacional y transnacional en los sectores: financiero, agroindustrial y comercial importador, y con el de los terratenientes criollos –a los cuales sirve funcionalmente y a los que en algunos casos logran integrarse los burócratas de acuerdo al capital acumulado en desarrollo de sus funciones–, que en conjunto, hacen parte del núcleo económico de la oposición política contra-revolucionaria.


Desde el mismo Estado, sabotearon sistemáticamente la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social Simón Bolívar (PNSB) 2007-2013, con sus 7 líneas estratégicas, y por supuesto, sabotean el Programa de la Patria 2013-2019. En esencia, impiden u obstaculizan que el país avance en la transformación de su modelo económico capitalista, subdesarrollado, rentista petrolero y dependiente, hacia uno soberano, productivo, diversificado y socialista.


El carácter transitorio del poder burocrático y la condición de sus personificaciones de estar des-vinculados como individuos, de la propiedad de las empresas públicas o comunitarias, hace que –sin consciencia socialista–, objetivamente, el interés personal de los burócratas no esté centrado en desarrollar la producción e incrementar la productividad para satisfacer necesidades de la población y fortalecer la soberanía nacional. Porque esto requiere de estrechos vínculos con el Poder Popular naciente, gran voluntad política, valores humanistas y compromiso personal, conocimientos científicos, técnicos y en gestión socialista, que en general no tienen ni pueden adquirir por su autosuficiencia y falta de interés y disciplina para estudiar; también porque desarrollar las fuerzas productivas y producir con eficiencia exige esfuerzos sostenidos, una visión sistémica de la sociedad y su desarrollo y mucha planificación. Y por último, porque sus ingresos no están vinculados a la productividad de las empresas que dirigen, ni dependen de los resultados alcanzados. Sus sueldos mensuales, -cuando los burócratas son corruptos-, sólo representan una pequeña parte de sus ingresos.


Por desfortuna, para mal de la nación, su interés está centrado generalmente en conseguir el mayor presupuesto posible y ejecutarlo por medio del Plan Operativo Anual (POA), aunque esto no signifique la transformación de la realidad ni la solución de los problemas sociales a los cuales se debería dar respuesta; por ello es que en todo el país se encuentran infraestructuras y equipos completamente improductivos, construidos o a medio construir y adquiridos por el gobierno bolivariano, sobre todo en el sector de la agricultura: casas de cultivo protegido, mataderos, plantas de procesamiento agroindustrial.


Su objetivo es capturar por medio legales, y fraudulentos (corrupción administrativa) en el menor tiempo posible, a través de la ejecución de los presupuestos asignados por la nación y los contratos derivados de ellos, la mayor parte posible de la renta petrolera para su beneficio personal y de grupo.


Como los cargos con acceso al control de presupuestos son de libre nombramiento y remoción, y el burócrata no sabe cuánto tiempo estará allí, trata de saquear el erario público con la mayor velocidad posible. La impunidad, hasta ahora muy generalizada en Venezuela, lo estimula a robar sin temor a ser castigado. Esta se facilita con prácticas nepotistas, o sea, con el nombramiento de familiares en cargos de importancia administrativa. Si lo botan de una empresa o ministerio, probablemente para a otro u otra, pars hacer lo mismo, porque no existe una base de datos poderosa donde verificar los comportamientos laborales previos, ni una Comisión Nacional de Desarrollo y Control de Cuadros del Estado. Como excepción, en los últimos meses varios funcionarios de alto rango, algunos vinculados al partido de gobierno, fureon encarcelados.


Este tipo de burócratas saqueadores del Estado, ejercen el control sobre la producción de las empresas e instituciones en que actúan; definen sin participación de los trabajadores sus precios de venta y a quien venderle la producción. De esta manera, pueden obtener ingresos extraordinarios al desviar parte de los productos a intermediarios especuladores y recibir por ello una parte del sobreprecio.


Por lo común y para desgracia de los trabajadores, estos burócratas, de los cuales dependen temporalmente –mientras el control obrero no se haga realidad–, no destinan parte de los ingresos obtenidos para mantenimiento preventivo, reparaciones o reposición de equipos, con lo cual aumentan los riesgos de accidentes laborales. Tampoco hacen inversiones para ampliar la capacidad productiva de las empresas, y si lo hacen, compran los equipos y maquinarias con sobre-precios, para asegurar una buena comisión por parte de las empresas fabricantes o proveedoras; porque con frecuencia las compras se hacen a empresas comercializadoras y no fabricantes, con lo cual los costos son aún mayores. Y la tendencia predominante es a importar productos, maquinarias y equipos, a pesar de que en algunos casos sean o puedan ser producidos en Venezuela, actuando en contra del desarrollo productivo del país, porque con ello, la burocracia de niveles directivos puede acceder a divisas compradas a tasas de cambio preferenciales, de las cuales una parte puede ser luego vendida al precio del dólar en el mercado paralelo, lo cual crea enormes oportunidades de enriquecimiento personal.


Los trabajadores sufren de angustia permanente porque las líneas de producción se van desgastando por el uso y en cualquier momento pueden quedar paralizadas. Los trabajadores temen perder su fuente de trabajo y quedar desempleados. Además, las empresas disminuyen paulatinamente su capacidad productiva y el pueblo deja de recibir cierta cantidad de productos a precios justos y regulados por el Estado. Si las empresas del Estado se paralizan, la escasez, el desabastecimiento y la especulación afectarán principalmente a la población más pobre del país y el gobierno Bolivariano será responsabilizado por ello. Puede apreciarse claramente, de esta manera, el efecto contrarrevolucionario de su nefasta gestión.


Para tratar de perpetuar su poder alienante y explotador, las elites burocráticas, personificaciones de lo que el sociólogo Max Weber llamó la alienación psicopática del burocratismo del Estado, reprimen y aniquilan de manera sistemática todo esfuerzo por desarrollar el auténtico Poder Popular, en especial los Consejos Comunales verdaderamente autónomos, la Gestión Socialista con Control Obrero, los Consejos de Trabajadores y Trabajadoras, y la Contraloría Social.


Afianzar la soberanía nacional y avanzar en la construcción del socialismo en Venezuela


Avanzar en la construcción del socialismo implica, de manera simultánea: fortalecer y afianzar la soberanía nacional, desarrollar la producción y elevar la productividad en todos los sectores de la economía, desarrollar valores humanistas y consciencia socialista en la población y en los trabajadores, fortalecer y generalizar el Poder Popular, los Consejos Comunales y las Comunas, como formas de autogobierno del pueblo en sus territorios; el control obrero y la gestión socialista del Estado, la economía y las empresas.

 

Sólo será posible afianzar la soberanía nacional y avanzar en la construcción del socialismo en Venezuela:

 

1. Transformando de manera progresiva la economía rentista petrolera en una economía soberana, productiva, eficiente y diversificada.

2. Si a la vez que luchan por el Poder Popular y la gestión socialista con control obrero, los trabajadores y las comunidades realizan procesos planificados permanentes de formación y desarrollo de la conciencia socialista (colectiva e individual), que les permita modificar sus psiquis, mentalidad y comportamiento, incorporando en su ser social valores de igualdad, equidad, solidaridad y justicia social; honestidad, responsabilidad social, conocimientos y habilidades técnicas, científicas y productivas suficientes para realizar una gestión de las empresas y del Estado, que permita a la sociedad aprovechar los recursos de todo tipo, de manera honesta, eficiente y eficaz, para aumentar la producción y la productividad, generar y desarrollar relaciones socialistas con su cultura correspondiente, para así satisfacer sus necesidades prioritarias, tanto materiales como culturales y morales.


3. Si, organizados en Consejos de Trabajadoras y Trabajadores, en Consejos Comunales y articulados entre ellos y con otras formas organizativas del Poder Popular, logran, con su acción revolucionaria, desplazar a esa parte de la burocracia psicopática, ineficiente y corrupta, de los cargos de poder, para ejercerlo de manera directa y conjunta, con voceros auténticamente revolucionarios del gobierno, quienes también deben formarse para serlo.

Por Rafael Enciso, Economista-investigador
Caracas, julio 20 de 2014

*Adaptaciones del texto del autor: "Lucha de clases y rentismo petrolero en Venezuela", de agosto 12 de 2013

 

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Obstáculo para avanzar en la construcción del Poder Popular y el Socialismo en Venezuela y su superación

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  • Antetítulo Aportes para el análisis del III Congreso Nacional del PSUV (II)
  • Autor Rafael Enciso
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El inicio de una nueva legislatura en Colombia trajo consigo la instalación de la hegemonía costeña en las presidencias del Senado y la Cámara de Representantes: José David Name y Fabio Amín Saleme, respectivamente, asumieron la cabeza de las corporaciones públicas. Su elección no sólo demuestra la influencia de la Costa en el Congreso, sino, también, la continuidad de las castas tradicionales de la política y de la parapolítica en la definición de las lógicas de poder en el país.

 

La mesa directiva del Senado

 

Tal y como lo fue indicado en desdeabajo, edición 204, la existencia de una oposición numerosa en el Congreso habilita a los partidos de la coalición de gobierno para exigir mayores prebendas, incrementando su poder de negociación frente al Ejecutivo. En este caso la designación de José David Name, como candidato del Partido de la U, y su posterior elección en la presidencia del Senado, es una clara afrenta al guiño del presidente Juan Manuel Santos quien terminó impulsando la candidatura al interior de su partido de Armando Benedetti.

 

Name, es el delfín político del clan Name Terán, iniciado por su padre el cacique atlanticense José Name quien fuera congresista durante una treintena de años. Este cacique fue vinculado a las investigaciones de la parapolítica por testimonios de los ex miembros de las autodefensas: Carlos Mario García Ávila, Alfredo Arrault, Edgardo Ignacio Fierro Florez, Mario Marenco, Pedro Pablo Sánchez, Guillermo Ariza, Fernando Garcés y Julio Polanía.

 

Su poder y ligazón con el Gobierno central le permite grandes negocios, producto de los cuales terminó involucrado en variadas polémicas, algunas de ellas por concesiones otorgadas para construir obras de infraestructura, entre ellas la vía de La prosperidad, concesión ganada junto a un consorcio que lo conjuga con el dudoso gobernador del Magdalena, Luis Miguel "El Mello" Cotes –próximo al condenado para-político Trino Luna–; y otras polémicas por actos como la entrega de 150 millones de pesos, a través de su empresa "Consultores del Desarrollo", para financiar el referendo del ex presidente Uribe.

 

Para la legislatura que arrancó este 20 de julio, su campaña a la presidencia del Senado fue apoyada por la poderosa familia García, quienes a través del senador Andrés García Zuccardi (hijo de la condenada por para-política Piedad Zuccardi y de Juan José García, penado por su relación con los dineros calientes del proceso 8000), y de la senadora Teresita García (hermana de Juan José y Álvaro García, este último condenado a 40 años de prisión por su participación intelectual en la masacre de los paramilitares en Macayepo Bolívar, que dejó 15 campesinos muertos), quienes hicieron todo el lobby necesario para reunir los 10 votos costeños de la bancada de la U y así vencer a los otros postulados para esta presidencia: Mauricio Lizcano y Armando Benedetti.

 

Aparte de los herederos de la para-política del clan García, Name contó en su campaña hacia la presidencia del Senado con el apoyo de Dilian Francisca Toro, procesada por lavado de activos. De igual manera, en medio de la elección en la plenaria del Senado, resultó respaldado por la bancada del expresidente Álvaro Uribe.

 

Como si fuera poco, la mencionada Teresita García fue electa como segunda vicepresidenta de la Cámara. La parapolítica, conjugada con la resistencia de los clanes políticos costeños a su muerte, es una constante que desnuda la arquitectura mafiosa y clientelar del régimen político colombiano.

 

También en la Cámara

 

La Cámara de Representantes quedó liderada por el liberal cordobés Fabio Amín Saleme, reencarnación del jefe de su clan, José Name Terán. Su familia fue relacionada con las dudosas concesiones de infraestructura otorgadas en el caribe colombiano. Su logró le permitirá revivir a su clan en el poder en el departamento del Atlántico, donde está aminorada por la influencia de los Char.

 

Recientemente fue vinculado al escandalo del carrusel de los dudosos viajes de un grupo de más de 10 congresistas por Argentina y Chile, aprovechándose de la financiación de la corporación pública.

 

El panorama real del poder político en Colombia, sin duda alguna, prosigue por los mismos caminos. El legislativo instalado el 20 de julio, mezcla de corrupción, clientelismo, mafia, para-política, así lo confirma.

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  • Antetítulo Colombia, 20 de Julio
  • Autor Miguel Suárez
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Viernes, 23 de Mayo de 2014 08:46

Paro. ¿En qué va la "distri"?

Continúa el cese de actividades académicas en la Universidad Distrital. Este movimiento surgió a raíz de la imposición de los acuerdos 008 y 009 (noviembre de 2013) que estipulan su reestructuración –tanto en lo académico como en lo administrativo, arriesgando la continuidad de Facultades históricas para la casa de estudios–, así como la modificación de la normatividad que establece el promedio mínimo considerado como "bajo promedio académico" que pasaría de 3,2 a 3,5.


Tras casi un mes de cese de actividades académicas, la conmoción a su interior es total. La protesta no es sólo de estudiantes, pues profesores y trabajadores también manifiestan su malestar con lo que ocurre al interior de la 'distri'. No es para menos, escandalosos casos de corrupción están en boca de todos, dentro de los que destacan las irregularidades en la contratación para la construcción de la nueva sede en la localidad de Bosa –por 70 mil millones de pesos–, en el que están involucrados, como lo revelan otros medios de comunicación, tanto el rector encargado Roberto Vergara, el ingeniero Wilson Morales –encargado de la unidad que adjudicó la licitación– así como las firmas constructoras Ingenieros GF SAS, Conequipos y Ziggurat Arquitectura Ltda.


Pero no es sólo este caso, también está el posible detrimento del patrimonio de la Universidad por 6.000 millones de pesos que pasa por la irregularidad de 106 casos de dobles pagos pensionales, la adición presupuestal de 4.530 millones de más para la construcción de la biblioteca Aduanilla de Paiba y los adelantos por 1.565 millones de pesos para un contrato firmado en 2010 para reconstruir el edificio B de la sede Macarena que pese al paso del tiempo aún no inicia su construcción.


La protesta, en cabeza de las multiestamentarias (estudiantes, profesores y un grueso de los trabajadores), ha dado paso a discusiones y debates sobre qué hacer con la Universidad, cómo actuar ante la corrupción y el clientelismo político –bajo el cual negocian sus cargos administrativos y directivos–, en los que destacan las injerencias del senador Samuel Arrieta del PIN y del concejal Hosman Martínez de la Alianza Verde, nexos que llevan a pensar que los hechos denunciados no son excepcionales sino prácticas sistemáticas de injerencia partidista a su interior.

 

A su vez, reabre el debate sobre el propósito de la Universidad, del conocimiento allí impartido y de las condiciones económicas y políticas indispensables para la realización de su misión.

 

Punto de quiebre

 

El momento que vive el centro de estudios es un real punto de quiebre y avance en dos dimensiones: primero, sienta un precedente de articulación y de trabajo mancomunado de la triestamentaria, propiciando la apertura de discusiones sobre el conjunto de la Universidad: desde las particularidades propias de cada estamento y, segundo, re-oxigena el análisis y la reflexión sobre la precariedad en que sobrevive la educación superior pública en nuestro país, para cuestionar, una vez más, su sentido y su misión que la distancia de las verdaderas necesidades y sueños de la mayoría de quienes integran el mismo.


Las discusiones diarias desatadas en el claustro universitario ahora también preguntan por el rumbo que debe y puede tomar el paro, así como por los posibles escenarios y alternativas ante la crisis de la 'distri'.


Si bien el florero de Llorente que desató la indignación de la comunidad universitaria reposa en los acuerdos 008 y 009, bajo el sol de hoy estos son solo dos momentos más dentro del debate, que empieza a tomar tintes más críticos y radicales, que repara no sólo en los acuerdos, sino que reconoce la necesidad de reformar la Universidad en toda sus esferas, abordando con seriedad y sinceridad sus principales problemas, tanto administrativos y económicos así como académicos y políticos, razón suficiente para comprender el porqué de la suspensión y no derogación de los acuerdos lo que antes que despertar confianza en quienes protestan detona incertidumbres dentro de la comunidad universitaria.


Es importante destacar, para alimentar el análisis, que en medio de los debates en curso avanza la construcción de alternativas de reforma para "la universidad de los capitalinos". En tales debates está en proceso un oportuno ejercicio de sistematización de las principales propuestas y alternativas de reformas y de re-estructuración de la Universidad, levantadas en los últimos años tanto por estudiantes como por trabajadores y profesores, propuestas hasta ahora desconocidas por las directivas de la 'distri', ejercicio re-constructor de la memoria que por un lado revela el carácter profundamente antidemocrático sobre el cual las directivas (atrincheradas en su Consejo Superior) han defendido el horizonte impuesto por ellos para este centro de estudios, y por otro lado es elemento determinante para el desarrollo de la disputa llevada a cabo en la misma, tanto para nutrirla de cotenidos críticos como para arrojar insumos que permitan re-pensar su crisis y sus posibles alternativas.


Frente a esta situación, debemos preguntarnos: ¿Será esta Universidad un ejemplo y un referente de construcción alternativa que desde su particularidad aborde y brinde una salida a los problemas generales de la educación superior pública en Colombia? Sino es así, ¿Qué hace falta para que esto ocurra?

 

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Univerisidad Distrital ¿Poder constituyente?

Periódico desdeabajo Nº201, 20 de abril - 20 de mayo de 2014

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  • Antetítulo Universidad Distrital
  • Autor María Giraldo y Mauricio Pérez
  • País Colombia
  • Región Suramérica
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Jueves, 22 de Mayo de 2014 08:43

Dos por dos

La sociedad colombiana asiste a una campaña electoral que no logra despertar más que bostezos. La pobreza y similitud programática de los principales candidatos recuerda que la crisis de la política tradicional, en la era del neoliberalismo, es universal, y entre nosotros no podría ser distinto. Gobiernan para sus intereses y por tanto no tienen que esforzarse en imaginar nada. Simplemente copian los recetarios de las agencias internacionales.

 

Pese a esto, hay disputas, diferencias, matices, que permiten la fuga de información y el develamiento de verdades. Una de ellas, que todos estamos espiados. Vivimos en una sociedad vigilada y controlada, no hay duda, ello sucede en el nivel global y Colombia no es la excepción de la regla. Así lo evidenció el caso Andrómeda, agencia de inteligencia del ejército colombiano, puesta al descubierto en febrero pasado, y ahora lo ratifica el 'control de redes' realizado por el 'asesor informático' (¡qué tal el eufemismo!) de la campaña de Óscar Iván Zuluaga, cuyos seguimientos incluían hasta al presidente Santos.

 

No es un hecho cualquiera, pero tampoco es novedad sino una reafirmación: entramos en una nueva fase de guerra preventiva y control social donde el Estado prosigue su deformación como monstruo todopoderoso al que las tecnologías desarrolladas en las últimas décadas le permiten desmanes de todo tamaño. En la supuesta acción preventiva que despliega, el espionaje asume nuevos ribetes y posibilidades, y en el control del territorio llega la ciberguerra.

 

Ya lo habían develado Snowden y Assange, cuyas revelaciones sobre la capacidad tecnológica y las andanzas de la NSA dejaron al descubierto que el derecho a la privacidad llegó a su fin, y que el control de todos los ciudadanos del mundo es una realidad que se puede traducir en muerte o violación de cualquier derecho humano cuando así lo decida este superpoderoso organismo de espionaje de los Estados Unidos. Los agentes secretos, las máquinas de vuelo automático e inteligencia artificial, y otras tecnologías aplicadas a diversas herramientas de guerra, manejadas y teledirigidas por 'personal profesional', hacen lo demás.

 

En Colombia son conocidas tales aplicaciones, facilitadas por la estrecha relación que las fuerzas armadas oficiales mantienen desde décadas atrás con sus pares de Estados Unidos, traducida en la transferencia de ciertos métodos, prácticas, técnicas y tecnologías. La última fase de esta transferencia, de manera abultada, ocurrió bajo el paraguas del Plan Colombia. El caso Raúl Reyes, más otros ataques dirigidos vía satelital contra la insurgencia, reafirman lo anotado.

 

Estamos ante esos contundentes como espionaje desbordado, control y seguimiento de la ciudadanía como si fuéramos agentes de un ejército invasor. Lo ocurrido ahora, en plena campaña electoral para la presidencia de la república, reafirma de bulto que las agencias de inteligencia del Estado actúan a mano libre por doquier. Ahora, con un nuevo expediente: retoman el peligroso esquema de los contratistas privados, en este caso mercenarios de la ciberguerra dispuestos a concretar las tercerizadas tareas ilegales de la inteligencia militar y política.

 

Y los efectos pesan. En el afán de controlar el poder desprendido de la máquina estatal, el acumulado de inteligencia sirvió para presionar la renuncia de J.J. Rendón, asesor de la campaña de Juan Manuel Santos, y con él la de Germán Chica, integrante de la primera contienda de Santos, exalto Consejero presidencial de Asuntos Políticos y exintegrante de la Fundación Buen Gobierno, actuando, según la contraparte, como mensajeros de la mafia y los paramilitares.

 

El golpe fue directo y sin miramientos, tratando de descuadernar la campaña del presidente-candidato. La información que produjo este resultado le recordó a todo el país que la relación de la oligarquía con las mafias del narcotráfico es histórica y estas no están dispuestas a romperla, utilizándola para financiar campañas electorales y para multiplicar patrimonios familiares de históricos del poder o de recién llegados. Los millones de dólares no solamente ofrecidos sino entregados –según sus mismos donantes, Combas y demás– también recuerdan que la democracia colombiana está degradada en todos sus ribetes, y que la acción electoral sigue controlada por quien más tiene y más compra: "democracia del billete", provenga de donde provenga el corruptor de las 'mejores mentes'.

 

Inteligencia, guerra y diálogos de paz

 

La inteligencia es acumulada, seleccionada, procesada y utilizada cuando lo consideran necesario. No pasaron muchas horas, y aún mareada la campaña reeleccionista, cuando mostró para qué sirve el Estado y cómo se utilizan sus instituciones: develaron que uno de los supuestos 'técnicos' en redes sociales, asesor en la campaña del candidato Óscar Iván Zuluaga, era un espía. Al allanar su sede encontraron información diversa: sobre la Policía, los desmovilizados de las farc, periodistas, así como reportes de comunicaciones de personas vinculadas de manera directa con los diálogos de La Habana, y parece que mucho más. El responsable de todo este manejo, Andrés Fernando Sepúlveda, y con él su jefe, el principal asesor de Zuluaga, Luis Alfonso Hoyos, cayeron en desgracia. Golpe por golpe.

 

A la denuncia le siguió la propaganda, sobre todo en este último caso, que logró el eco de las grandes cadenas de comunicación, tomado como bandera por parte de la campaña cuasiestatal para despertar miedos sobre una posible interrupción de los diálogos de La Habana, en caso de triunfar el candidato en cuerpo ajeno, es decir, buscando despertar temor en la sociedad y lograr la movilización del voto útil. En esta, hasta la Fiscalía misma sirve como parlante de los propósitos santistas. ¿Un Estado de bolsillo? Y las farc, como en el 82 con Belisario Betancur, y en el 98 con Andrés Pastrana, terminan actuando –pero también utilizadas– como el factor fundamental de la campaña.

 

Las reacciones van y vienen. Las dos campañas electorales quedan enfrascadas en un mar de denuncias que reflejan la mediocridad de la política oficial colombiana, en la cual los debates programáticos brillan por su ausencia e inexistencia, con el ridículo ejemplo de la negativa a concitar un debate nacional televisado entre los candidatos, recordándole al país que cualquiera que llegue a la Presidencia no variará significativamente el libreto. Sí, habrá matices, pero lo sustancial será idéntico, incluida la negociación de paz, la cual ya hace parte de una política de alto gobierno que no se podrá romper, aunque ello no niegue que en el manejo de la Mesa, en los tiempos y ritmos, sí brillarán particularidades, sobre todo intentando sacarle el mejor provecho a la negociación, es decir, buscando someter al contrario. La guerra sigue: esta es parte de la metodología impuesta por el actual gobierno en los diálogos en curso, desplegando todos los días en su potenciación lo mejor de la tecnología cibernética y el control de comunicaciones de punta, y con ellas las redes sociales, bajo seguimiento constante de las agencias oficiales o de mercenarios, como ahora surge a la luz pública.

 

De parte de los otros candidatos, sólo silencio y estupor, sin capacidad para romper el libreto impuesto, quedando como fichas de negociación para la anunciada segunda vuelta.

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Miércoles, 21 de Mayo de 2014 10:24

Dos por dos

La sociedad colombiana asiste a una campaña electoral que no logra despertar más que bostezos. La pobreza y similitud programática de los principales candidatos recuerda que la crisis de la política tradicional, en la era del neoliberalismo, es universal, y entre nosotros no podría ser distinto. Gobiernan para sus intereses y por tanto no tienen que esforzarse en imaginar nada. Simplemente copian los recetarios de las agencias internacionales.

 

Pese a esto, hay disputas, diferencias, matices, que permiten la fuga de información y el develamiento de verdades. Una de ellas, que todos estamos espiados. Vivimos en una sociedad vigilada y controlada, no hay duda, ello sucede en el nivel global y Colombia no es la excepción de la regla. Así lo evidenció el caso Andrómeda, agencia de inteligencia del ejército colombiano, puesta al descubierto en febrero pasado, y ahora lo ratifica el 'control de redes' realizado por el 'asesor informático' (¡qué tal el eufemismo!) de la campaña de Óscar Iván Zuluaga, cuyos seguimientos incluían hasta al presidente Santos.

 

No es un hecho cualquiera, pero tampoco es novedad sino una reafirmación: entramos en una nueva fase de guerra preventiva y control social donde el Estado prosigue su deformación como monstruo todopoderoso al que las tecnologías desarrolladas en las últimas décadas le permiten desmanes de todo tamaño. En la supuesta acción preventiva que despliega, el espionaje asume nuevos ribetes y posibilidades, y en el control del territorio llega la ciberguerra.

 

Ya lo habían develado Snowden y Assange, cuyas revelaciones sobre la capacidad tecnológica y las andanzas de la NSA dejaron al descubierto que el derecho a la privacidad llegó a su fin, y que el control de todos los ciudadanos del mundo es una realidad que se puede traducir en muerte o violación de cualquier derecho humano cuando así lo decida este superpoderoso organismo de espionaje de los Estados Unidos. Los agentes secretos, las máquinas de vuelo automático e inteligencia artificial, y otras tecnologías aplicadas a diversas herramientas de guerra, manejadas y teledirigidas por 'personal profesional', hacen lo demás.

 

En Colombia son conocidas tales aplicaciones, facilitadas por la estrecha relación que las fuerzas armadas oficiales mantienen desde décadas atrás con sus pares de Estados Unidos, traducida en la transferencia de ciertos métodos, prácticas, técnicas y tecnologías. La última fase de esta transferencia, de manera abultada, ocurrió bajo el paraguas del Plan Colombia. El caso Raúl Reyes, más otros ataques dirigidos vía satelital contra la insurgencia, reafirman lo anotado.

 

Estamos ante esos contundentes como espionaje desbordado, control y seguimiento de la ciudadanía como si fuéramos agentes de un ejército invasor. Lo ocurrido ahora, en plena campaña electoral para la presidencia de la república, reafirma de bulto que las agencias de inteligencia del Estado actúan a mano libre por doquier. Ahora, con un nuevo expediente: retoman el peligroso esquema de los contratistas privados, en este caso mercenarios de la ciberguerra dispuestos a concretar las tercerizadas tareas ilegales de la inteligencia militar y política.

 

Y los efectos pesan. En el afán de controlar el poder desprendido de la máquina estatal, el acumulado de inteligencia sirvió para presionar la renuncia de J.J. Rendón, asesor de la campaña de Juan Manuel Santos, y con él la de Germán Chica, integrante de la primera contienda de Santos, exalto Consejero presidencial de Asuntos Políticos y exintegrante de la Fundación Buen Gobierno, actuando, según la contraparte, como mensajeros de la mafia y los paramilitares.

 

El golpe fue directo y sin miramientos, tratando de descuadernar la campaña del presidente-candidato. La información que produjo este resultado le recordó a todo el país que la relación de la oligarquía con las mafias del narcotráfico es histórica y estas no están dispuestas a romperla, utilizándola para financiar campañas electorales y para multiplicar patrimonios familiares de históricos del poder o de recién llegados. Los millones de dólares no solamente ofrecidos sino entregados –según sus mismos donantes, Combas y demás– también recuerdan que la democracia colombiana está degradada en todos sus ribetes, y que la acción electoral sigue controlada por quien más tiene y más compra: "democracia del billete", provenga de donde provenga el corruptor de las 'mejores mentes'.

 

Inteligencia, guerra y diálogos de paz

 

La inteligencia es acumulada, seleccionada, procesada y utilizada cuando lo consideran necesario. No pasaron muchas horas, y aún mareada la campaña reeleccionista, cuando mostró para qué sirve el Estado y cómo se utilizan sus instituciones: develaron que uno de los supuestos 'técnicos' en redes sociales, asesor en la campaña del candidato Óscar Iván Zuluaga, era un espía. Al allanar su sede encontraron información diversa: sobre la Policía, los desmovilizados de las farc, periodistas, así como reportes de comunicaciones de personas vinculadas de manera directa con los diálogos de La Habana, y parece que mucho más. El responsable de todo este manejo, Andrés Fernando Sepúlveda, y con él su jefe, el principal asesor de Zuluaga, Luis Alfonso Hoyos, cayeron en desgracia. Golpe por golpe.

 

A la denuncia le siguió la propaganda, sobre todo en este último caso, que logró el eco de las grandes cadenas de comunicación, tomado como bandera por parte de la campaña cuasiestatal para despertar miedos sobre una posible interrupción de los diálogos de La Habana, en caso de triunfar el candidato en cuerpo ajeno, es decir, buscando despertar temor en la sociedad y lograr la movilización del voto útil. En esta, hasta la Fiscalía misma sirve como parlante de los propósitos santistas. ¿Un Estado de bolsillo? Y las farc, como en el 82 con Belisario Betancur, y en el 98 con Andrés Pastrana, terminan actuando –pero también utilizadas– como el factor fundamental de la campaña.

 

Las reacciones van y vienen. Las dos campañas electorales quedan enfrascadas en un mar de denuncias que reflejan la mediocridad de la política oficial colombiana, en la cual los debates programáticos brillan por su ausencia e inexistencia, con el ridículo ejemplo de la negativa a concitar un debate nacional televisado entre los candidatos, recordándole al país que cualquiera que llegue a la Presidencia no variará significativamente el libreto. Sí, habrá matices, pero lo sustancial será idéntico, incluida la negociación de paz, la cual ya hace parte de una política de alto gobierno que no se podrá romper, aunque ello no niegue que en el manejo de la Mesa, en los tiempos y ritmos, sí brillarán particularidades, sobre todo intentando sacarle el mejor provecho a la negociación, es decir, buscando someter al contrario. La guerra sigue: esta es parte de la metodología impuesta por el actual gobierno en los diálogos en curso, desplegando todos los días en su potenciación lo mejor de la tecnología cibernética y el control de comunicaciones de punta, y con ellas las redes sociales, bajo seguimiento constante de las agencias oficiales o de mercenarios, como ahora surge a la luz pública.

 

De parte de los otros candidatos, sólo silencio y estupor, sin capacidad para romper el libreto impuesto, quedando como fichas de negociación para la anunciada segunda vuelta.

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  • Autor EQUIPO DESDE ABAJO
  • Edición 202
  • Sección Editorial
  • Fecha Mayo 15 - junio 15 de 2014
  • Bajante
Publicado en Edición Nº202
Domingo, 27 de Abril de 2014 14:05

Dilma Rousseff y su océano de problemas

Ya en la primaria se enseña que una isla es un pedazo de tierra cercado de agua por todos lados. Pues en Brasil, la presidenta Dilma Rousseff es una isla a su manera: un gobierno cercado de problemas por todos lados. Y más: cada semana aparecen nuevos problemas, y su conjunto ya forma todo un océano.

 

Hay denuncias de corrupción que se renuevan y se lastran. Cuando faltan menos de dos meses para el Mundial de Futbol, el cuadro de la organización del evento es, en la mejor de las hipótesis, asustador. La previsión no es nada buena. El mismo estadio donde se disputará el partido inaugural sólo estará listo a menos de una semana del comienzo del torneo. Se confirmó que los aeropuertos tampoco estarán dispuestos. Habrá improvisaciones variadas en casi todas las 12 ciudades que abrigarán el campeonato.

 

Se da por descartado que ocurrirán manifestaciones violentas. El gobierno asegura que las fuerzas armadas se encargarán de mantener a los manifestantes lejos de los estadios. O sea, habrá violencia por doquier, pero nada impedirá la realización de los partidos.

 

La violencia, a propósito, volvió a estallar en Río de Janeiro, con nuevos y feroces enfrentamientos entre habitantes de las favelas y la policía militar. La política de seguridad pública aplicada en la ciudad, con la ocupación de las favelas por la policía militar, está en jaque. Los habitantes de esos asentamientos acusan a los policías de ser excesivamente violentos y de estar en connivencia con los narcotraficantes.

 

En Sao Paulo aumentó considerablemente el número de asaltos, robos y asesinatos. En Salvador de Bahía, una huelga de la policía militar transformó la ciudad en presa fácil de asaltantes, saqueadores y asesinos. Los policías amenazan con una nueva huelga en pleno mundial.

 

Hay más: la economía crece menos que lo esperado, mientras la inflación presiona más y más. El resultado, según la opinión pública, es vivir bajo una inflación mayor de la que el gobierno admite.

 

A la vez, dentro de la desigual y muchas veces inexplicable alianza de partidos que apoyan al gobierno, las disputas persisten. Cada tanto hay brotes de rebelión contra Rousseff, y para controlarlos la única salida es conceder más y más prebendas. Hay un permanente ciclo de chantajes a los que el gobierno está sometido.

 

También dentro del Partido de los Trabajadores (PT) se nota una creciente división entre dilmistas y lulistas. Pese a las mil y una veces que Lula da Silva aseguró que no existe la mínima posibilidad de presentarse en lugar de Dilma, en el PT las corrientes que defienden el lema Vuelve, Lula persisten en sus presiones. Tal posibilidad efectivamente es nula, pero significa más desgaste para la presidenta.

 

Es verdad que las encuestas de opinión pública indican que Dilma sigue como franca favorita, con amplias posibilidades de relegirse en la primera vuelta. Eso, en todo caso, se debe más a la inmovilidad de los dos adversarios, Aécio Neves, del mismo Partido Socialdemócrata Brasileño del ex presidente Fernando Henrique Cardoso, y Eduardo Campos, del Partido Socialista Brasileño, que hasta hace pocos meses ha sido uno de los más leales aliados del PT y de Lula da Silva, pero que rompió lazos con Rousseff y su gobierno. En los últimos sondeos, mientras los dos no crecieron nada, Dilma perdió seis puntos.

 

Otro aspecto relevante es que 64 por ciento de los entrevistados afirman desear un cambio en la manera de gobernar el país.

 

Dilma basará su campaña en los logros alcanzados, pero seguramente abrirá espacio para anunciar cambios. Para sus adversarios, el discurso viene listo: hay que cambiar todo...

 

En al menos un aspecto, Eduardo Campos podrá tener cierta ventaja sobre el otro candidato opositor. Es que mientras Aécio Neves dispara su ametralladora giratoria contra el PT, contra Lula y, por supuesto, contra Dilma, Campos prefiere centrar fuego en la actual mandataria, insinuando que ella desvirtuó el buen trabajo del popularísimo antecesor, traicionando la confianza del electorado.

 

Falta mucho camino hasta que, a mediados de julio y coincidiendo con el final del mundial, la campaña empiece en serio. Pero está claro que la relección de Dilma se aleja cada vez más del paseo tranquilo que parecía ser hace pocos meses.

 

Por más que nadie ponga en duda su integridad y su honestidad personal, la imagen de la gestora severa y eficaz sufre nuevos desgastes de manera seguida.

 

De ahora en adelante, y de manera creciente, para Rousseff cada semana será un nuevo periodo de tensiones y expectativas.

 

Es como si de una hora a otra el blindaje que parecía sólido para retener todos los votos necesarios para una relección segura se abriese exhibiendo varias fisuras.

 

La inflación creciente corre por un lado, los escándalos de corrupción irrumpen aquí y allí, los conflictos entre aliados abren nuevos agujeros, y hay que ver si Dilma y sus estrategas serán hábiles lo suficiente para impedir que el blindaje se rompa mucho y deje escapar toneladas de votos. Esa es la apuesta de la oposición.

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  • Autor Eric Nepomuceno
  • País Brasil
  • Región Suramérica
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Jueves, 17 de Abril de 2014 06:03

Italia pasó una ley antimafia

Con la nueva ley, aprobada ayer, no serán condenados sólo quienes reciban dinero de las mafias, como hasta ahora, sino también quienes las favorezcan directa o indirectamente o reciban favores, aun sin recibir ni un centavo.

 

Volaron insultos de todo tipo ayer en el Senado italiano. Dos senadores fueron expulsados de la sesión. Y las fotos de Silvio Berlusconi, del presidente de la República, Giorgio Napolitano, y del primer ministro, Matteo Renzi, con una boina siciliana en la cabeza, fueron enarboladas como símbolos mafiosos por el Movimiento Cinco Estrellas. Los grillinos, como se los llama por su líder Beppe Grillo, acusaron a los tres personajes y a los miembros del Senado de no haber incorporado ciertos puntos que ellos querían por estar complotados con las mafias. Al final, una nueva ley electoral fue aprobada por 191 votos a favor y 32 en contra del M5S y de los racistas de la Liga Norte.


Se trata de un texto, que está vigente desde ayer y que en consecuencia se aplicará en ocasión de las candidaturas para las elecciones europeas de mayo, que castiga el intercambio de favores entre políticos y mafiosos. Un mal muy viejo en Italia, surgido sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial cuando Italia se transformó en una República y que arrastraba resabios del período bélico, cuando los aliados, que desembarcaron contra Mussolini en Sicilia, contaron con la ayuda de Cosa Nostra. La mafia siciliana, además, votaba religiosamente a la Democracia Cristiana, un partido católico como ella que gobernó este país por casi 40 años ininterrumpidamente, muchos de cuyos exponentes han sido procesados por complicidad con la mafia posteriormente.


Don Ciotti, un sacerdote que desde hace años lucha contra la mafia en Sicilia, calificó a la nueva ley como "una buena noticia" y, también, los líderes del gobernante Partido Democrático. La senadora Anna Finocchiaro, por ejemplo, comentó por televisión que "por ganar algunos votos el M5S usa mentiras, mistificaciones, falsedades". Otros calificaron como "vergonzoso" el comportamiento de los parlamentarios grillinos porque, subrayaron, hace 20 años que se discute esta ley y ahora que se logró, ellos votan en contra.


Pero en algo tienen razón los grillinos, ya que la penas contra estos delitos fueron disminuidas para ciertos casos respecto de un proyecto de ley precedente, aspecto que también criticó la asociación antimafia Libera de Don Ciotti. "Podría haber sido mejor, pero de todas maneras había que aprobarla", comentó el ex juez y hoy senador del PD Felice Casson. Antonio Di Pietro, también ex juez de Manos Limpias, como se llamó la gran campaña anticorrupción de la década del 1990, y fundador de Italia de los Valores, comentó algo similar: "Se podía haber hecho mejor, pero de todas maneras es un paso adelante".


La asociación entre políticos y mafiosos es un viejo mal en Italia. Pero en la segunda década del siglo XXI sigue existiendo. Es una enfermedad que ha afectado a muchos políticos de las regiones con mayor penetración mafiosa como Sicilia, Calabria, Apulia y Nápoles. Los candidatos piden los votos de las mafias para ser elegidos, a cambio de favores. Pueden ser contratos con empresas del Estado en caso de ganar las elecciones, licitaciones para la construcción de puentes o carreteras, y muchas cosas más. Pero también financiación de campañas electorales, viajes, etc. Así como por ejemplo, la autopista que va de Nápoles a Calabria que hace más de 20 años que está en construcción vaya a saber por qué acuerdos políticos-mafiosos. Pero nadie se hace cargo de los problemas que ocasiona a todos los viajeros. Con la nueva ley no serán condenados sólo quienes reciban dinero de las mafias, como hasta ahora, sino también quienes la favorezcan directa o indirectamente o reciban favores, aun sin recibir ni un centavo.


En Italia hay cuatro mafias famosas, la tradicional Cosa Nostra de Sicilia; la emergente 'Ndrangheta de Calabria, que controla buena parte del tráfico de cocaína en Europa; la poderosa camorra de Nápoles, que controla todo el tráfico ilegal de productos de marcas famosas falsificadas y también tráficos de drogas varias, y la Sacra Corona Unida de Apulia (sur), la menos importante y menos extendida.

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  • Antetítulo CRITICAS Y ELOGIOS DESDE DISTINTOS SECTORES POLITICOS
  • Autor Elena Llorente
  • País Italia
  • Región Europa
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Martes, 15 de Abril de 2014 05:44

Brasil, un pozo de escándalos

El pasado viernes, la policía federal brasileña llegó al imponente edificio de Petrobras, la estatal de petróleo, en el centro de Río de Janeiro. La recibió Graça Foster, presidente de la mayor empresa del país y que, en su momento, alcanzó a ser una de las diez mayores petroleras del mundo (hoy no está más entre las veinte). La federal buscaba un más que sospechoso contrato por valor de unos 180 millones de dólares. La empresa, dijo el vocero de la policía, "colaboró voluntariamente y presentó toda la documentación requerida".


Ha sido la primera vez en los más de sesenta años de Petrobras que la policía entró en su sede para investigar contratos sospechosos. Y ha sido un paso más en la fuerte escalada de escándalos que involucran a la empresa. Uno de sus antiguos directores está en la cárcel, respondiendo a una amplia y vasta colección de acusaciones, que van de asociación ilícita con un "dolero" (que es como llaman en Brasil a los operadores de remesas ilegales de dólares al exterior) a cobrar comisión sobre negocios de la estatal.


Hay, sin ninguna sombra de duda, una intención política muy clara en el cerco armado alrededor de Petrobras: alcanzar a Dilma Rou-sseff, a Lula da Silva y al Partido de los Trabajadores (PT). En relación con Dilma, a nadie se le ocurriría intentar levantar sospechas sobre su honestidad. Lo que sí se intenta es desmontar su imagen de gestora austera y eficaz. Como ministra primero de Minas y Energía de Lula, y después de la Casa Civil (a quien corresponde coordinar a todo el gabinete ministerial), y como presidente ahora, Dilma no se habría dado cuenta de negocios por lo menos desastrosos (y con fuertísimos indicios de corrupción) llevados a cabo por Petrobras. En relación con Lula, se lo acusa de haber copado la empresa con cuadros del PT que la transformaron en un pozo de escándalos.


La oposición y parte de los siempre dudosos aliados del gobierno intentan crear una CPI (Comisión Parlamentaria de Investigación) para examinar la compra, en 2006 y por un precio final de 1200 millones de dólares, de una refinería en Texas que había sido comprada, un año antes, por 45 millones.


Pero una amplia y profunda investigación de la policía federal sobre un "dolero", acusado de evasión de divisas, fraude fiscal y corrupción junto a órganos del gobierno, llevó a la detención de uno de sus socios, quien hasta 2012 fue uno de los directores de Petrobras, Paulo Roberto Costa. Así la olla empezó a ser destapada y emergió una montaña de escándalos.


Todavía es temprano para saber hasta qué punto todo eso perjudicará la campaña de Rousseff a la reelección. Los sondeos más recientes apuntan a una fuerte caída (seis puntos) de la actual presidenta en su marcha rumbo a la reelección. Ninguno de sus adversarios, sin embargo, se benefició con esa caída, y Dilma sigue favorita para ser reelegida ya en la primera vuelta.


En relación con Petrobras, en todo caso, el daño ya es palpable. La imagen de la empresa, que por décadas fue orgullo nacional, ha sido dañada de manera indiscutible. Además de la compra nebulosa de la refinería de Pasadena, Texas, que puede haber provocado pérdidas irrecuperables, quedó claro que la gestión del PT en la empresa ha sido como mínimo desastrosa. Un complicado e intrincado esquema de negocios extraños se amplía a cada paso de las investigaciones de la policía federal.


Igualmente visible –y palpable– es la motivación política que encubre toda esa historia. Al fin y al cabo, la compra de la refinería texana se dio en 2006. En 2008, Dilma, todavía ministra de la Casa Civil, vetó el negocio. Sin embargo, el contrato de asociación entre Petrobras y la petrolera belga Astra estaba tan escandalosamente mal hecho que la Justicia de Estados Unidos determinó que se consumase la compra.
¿Por qué sólo ahora toda esa historia llega al público? Por una sola razón: porque 2014 es año de elecciones generales.


Se roba mucho, en Brasil. Y en todos los gobiernos, sin excepción. Lo que ahora se denuncia en Petrobras no empezó con Lula y con el PT. Para no ir más lejos, en la primera presidencia de Fernando Henrique Cardoso, sobre cuya honestidad nadie tampoco podrá jamás levantar sospechas, el entonces presidente de Petrobras fue fulminado por sus negociados con proveedores de plataformas de explotación marítima de petróleo. En aquella ocasión, lo que se reveló fueron pérdidas superiores a lo de ahora.


La intención de esa nueva oleada de denuncias, queda claro, es corroer el PT de Lula y Dilma. Y ahí está el nudo de la cuestión: las gestiones del PT de Lula en Petrobras son fuente riquísima de desastres. No por casualidad, Dilma, desde su primer día como presidenta del país, empezó una operación de limpieza en la estatal. Por lo visto, había más mugre de lo que se suponía. Y todo indica que se está en el comienzo de una larga y fea historia.

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  • Autor Eric Nepomuceno
  • País Brasil
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