Estados Unidos ha detenido a uno de los ministros estrella del Gobierno de Álvaro Uribe, Andrés Felipe Arias, condenado en Colombia a 17 años de prisión por corrupción. La noticia se conoció en el mismo día en que el ejecutivo de su sucesor, Juan Manuel Santos, tiene previsto anunciar en La Habana el cierre de las negociaciones con las FARC, proceso que el expresidente ha criticado de forma consistente.


El que fuera ministro de Agricultura entre 2005 y 2009 fue arrestado en respuesta a una solicitud de extradición tramitada por el Gobierno colombiano hace casi dos años y compareció este miércoles por primera vez ante una juez en Florida, Estado donde según medios colombianos trabajaba como docente. El anuncio de su detención lo dio el propio Uribe, quien denunció en Twitter que su antiguo protegido, al que llegaron a llamar el Uribito por su cercanía al expresidente, fue arrestado “por presión de Santos para que lo extraditen a Colombia”.


Arias fue condenado en julio de 2014 a 17 años de prisión y a una multa de 15 millones de dólares por un caso de corrupción relacionado con un programa estrella de la era uribista que buscaba ayudar con subsidios a los productores agrícolas de medianos ingresos que se vieran afectados por los Tratados de Libre Comercio. Según consideró probado la Corte Suprema de Justicia, parte de estas ayudas acabaron de forma irregular en manos de grandes empresarios, con conocimiento de Arias. El exministro, que en 2010 intentó convertirse en candidato presidencial para suceder a Uribe, también está inhabilitado para participar en política por 16 años debido a ese mismo caso.


Tras conocerse que Arias estaba en Florida, el entonces embajador colombiano en Washington y ahora ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, tramitó en noviembre de 2014 ante las autoridades estadounidenses la petición de extradición cursada por la Cancillería colombiana a solicitud del tribunal supremo.


Fuentes cercanas al exministro dijeron a Efe que no consideran posible que EE UU pueda extraditar a Arias “porque está en proceso de asilo”. Uribe ha denunciado el enjuiciamiento de su antiguo ministro, así como de otros altos funcionarios de su gobierno como una persecución política contra sus aliados.


Durante su comparecencia ante una juez penal en Miami, Alicia Otazo Reyes, la magistrada le informó de que esa primera audiencia tenía como objetivo informarle de la existencia de una petición para que sea entregado a Colombia para cumplir su condena. Sus abogados afirmaron que Arias corre peligro en caso de ser devuelto a su país y solicitaron su libertad condicional, pero la magistrada dijo necesitar más información y decretó su prisión hasta el viernes, cuando se celebre otra audiencia, informa Efe.

Washington 24 AGO 2016 - 15:01 COT

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Domingo, 14 Agosto 2016 06:56

Tres tristes meses

 

El pasado viernes Michel Temer cumplió tres meses en el ejercicio interino de la presidencia del más poblado y económicamente poderoso país de América latina. A lo largo de cada minuto de cada hora de esos noventa días se portó como si desde el primer instante supiese con plena certeza de que el interinato se transformaría, como seguramente ocurrirá, en un mandato efectivo que terminará el 31 de diciembre de 2018. Actuó con prepotencia imperial e imponiendo una política de tierra arrasada que tuvo un sólo precedente en los últimos cincuenta años: la impuesta luego del golpe militar de 1964, que inauguró una dictadura que sofocó el país durante 21 largos años.


El balance de esos tres meses no es exactamente favorable al interino. Su popularidad sigue bajísima (14% de aprobación, en la media de los resultados de los sondeos más recientes), pese al respaldo unánime de los grandes conglomerados de comunicación. Ni siquiera las Organizaciones Globo (diarios, radios, revistas y la mayoría aplastante de la audiencia de televisión) ha sido capaz de convencer a los brasileños que el interino instalado en el sillón presidencial gracias a un golpe institucional que se consumará formalmente a fines de este mes es la maravilla de las maravillas. La economía sigue produciendo resultados alarmantes, el mercado laboral encoje cada día, el tan anunciado y esperado respaldo concreto del empresariado y del mercado financiero sigue anunciado y esperado. Pero en concreto, nada.


Por si fuera poco, se reforzaron claramente, pese a los intentos de una justicia viciada y viciosa, las acusaciones contra no solo prácticamente todo su círculo más cercano, sino también contra el mismo Temer. Casos antiguos, tratados por la prensa con beneplácito, vuelven a la superficie con fuerza, gracias a las delaciones de los grandes empresarios detenidos por orden del juez de primera instancia Sergio Moro.


Por más que Moro siga en su paranoica obsesión contra el ex presidente Lula da Silva - mucho más que juzgar lo que hace es condenar de antemano - quedó claro que la ‘Operación Lavado Rápido’, inicialmente dedicada a investigar el esquema de corrupción instalada en la estatal Petrobras, podrá escapar de su control y destrozar casi todo el sistema político brasileño. Las últimas y sonorísimas revelaciones, tratadas con mano floja por la prensa cómplice del golpe institucional (invariablemente durísima frente a cualquier susurro contra Lula y el PT), indican lo sabido pero jamás dicho de manera tan clara: Temer pidió contribuciones ilegales de por lo menos tres millones de dólares.Y su grosero y torpe ministro de Relaciones Exteriores, José Serra, de diez millones de dólares.


De los 81 senadores que juzgarán la presidente apartada DilmaRousseff, 35 responden juicios o son investigados por corrupción. Que el Jefe de Gabinete Eliseu Padilha sea conocido por Eliseu Pandilla refleja su muy justificada fama. Su ministro de Salud, el ingeniero Ricardo Barros, sigue luciendo una extraordinaria capacidad para decir idioteces.


Luego de anunciar que consultaría líderes religiosos, en especial los vinculados a sectas electrónicas evangélicas que disputan entre sí para ver cuál es más estúpidamente retrógrada, para ‘reevaluar’ la muy retrasada ley del aborto, hace pocos días, para justificar su intención de recortar drásticamente el servicio público de salud, aseguró que los hombres recurren menos a los hospitales públicos porque trabajan más que las mujeres.


Barros no es solamente un idiota más en un gobierno de esperpentos: lo que él defiende - la creación de planes privados de salud para los pobres y, al mismo tiempo, un recorte profundo en la salud pública - tiene plena justificación. Al fin y al cabo, son precisamente las empresas privadas de salud las financiadoras de sus campañas electorales. Para Temer y su peculiar sentido de la ética, no hay ninguna anormalidad tenerlo al frente de la cartera responsable por la salud de los más de 130 millones de brasileños que no disponen de un plan privado de salud.


Esa es solamente una de las muestras de lo que hizo el gobierno interino de Temer a lo largo de tres meses. Llueven ejemplos semejantes, y tan asustadores, por donde quiere que uno mire el escenario.


Ninguna de las medidas anunciadas fue llevada al Congreso: Temer prefirió esperar hasta asumir como presidente efectivo. Mientras, sigue fielmente la cartilla del fétido sistema político brasileño, distribuyendo cargos, puestos y presupuestos a cambio de respaldo.


El mismo jueves 25 de agosto en que el Senado empieza la votación que sellará la ya sellada suerte de DilmaRousseff y sus 54 millones de votos obtenidos en 2014, Temer anunciará oficialmente cuáles empresas públicas serán privatizadas. Luego anunciará cambios profundos en las leyes laborales, la reforma en el sistema de jubilaciones, y el fin de una serie de programas sociales surgidos desde 2003, cuando Lula da Silva llegó al poder.


Un nuevo país nacerá de sus manos avaras y traicioneras. Exactamente el país rechazado claramente por el electorado a lo largo de los últimos trece años y medio.


Pero para él y sus cómplices, ese es un dato sin relevancia.

 

 

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Viernes, 12 Agosto 2016 07:24

La corrupción del siglo

El espectáculo mediático de actos de corrupción que se pisan unos con otros oculta la corrupción inmensamente más grande que domina la vida del mundo. Su causa principal es consecuencia del capitalismo del siglo XXI, global, expoliador y depredador de toda vida en el planeta. Es verdad que en cualquier sistema aparece corrupción. El punto es otro. En el socialismo, comunismo, comunitarismo, cooperativismo, populismo democrático o como se llame el acto corrupto atenta contra el interés común y de cada individuo: la solidaridad, el cuidado del otro y de todos es el centro vital social, es el sistema. En el capitalismo la corrupción es inherente a su práctica: el meollo creador es la apropiación privada de la producción colectiva, el mayor valor surge de la parte no pagada –apropiada– del trabajo vivo de los asalariados de cualquier calidad o especie. Esta verdad era tan cierta cuando se la desveló como hoy, cuando los patrones pugnan, con eufemismo por bajar salarios, en “bajar costos”, para aumentar ganancias particulares. Este origen cultiva egoísmo individualista, categorías morales acordes y a partir de allí las variadas formas de corrupción en el literal sentido de pervertido, vicioso, venal. Sin aquella fuente, con eje productivo en el gregarismo humano, la paz, la solidaridad, el trabajo, el bien común, el favorecimiento de las expresiones existenciales espirituales y el interés y amor al prójimo, cualquier corrupción es fulminada por el sistema como anormal e inaceptable. Pero además, es incapaz de engendrar una perversión de tamaño universal como la dominante. No es lo mismo ser capitalista que no serlo.

 

En el siglo XXI el sistema tomó el planeta íntegro, no tiene más lugar. Se focalizó en las finanzas –producción de dinero con sólo dinero– y en depredar la Tierra misma, sin miramiento alguno. Las ciencias y la técnica tampoco le permiten ya soluciones cualitativas a la ausencia de espacio: están capturadas por el engendro y sólo a él sirven.

 

Para indagar el diseño del monstruo, empecemos por su síntesis final, su quintaesencia: el dinero. ¿Quiénes lo tienen? Con referencia a humanos adultos, ejemplifiquemos con el centro, EE.UU. De lo pagado por trabajo, el 1% cobra el 17%. Remarco: es desigualdad en remuneraciones. En cuanto a la originada por el producido del capital (inmobiliario y financiero), un 1% percibe el 35%; el 10% el 70%; la mitad más pobre –el 50% de la población– recibe el 5%. En el 1% de los muy ricos por cualquier ingreso están los que poseen más capital quienes, como siempre, perciben poco o nada que provenga de trabajar. Pero ahora están en esa franjita personas que llegan por sus ingresos y tienen poco o ningún capital. En general, son los “populares” CEOS. Esto se repite, con diferencias insustanciales, en todo el mundo central.

 

¿Dónde está ese dinero? En las guaridas o “paraísos” fiscales, o eufemísticamente zonas extraterritoriales. Con asepsia: lugar que atrae negocios garantizando, fuera del alcance de las leyes de los Estados, confidencialidad total sobre origen y propiedad del dinero depositado producto de delitos de cualquier tipo y dimensión, pago de impuestos y más. En lenguaje vulgar, una cueva de ladrones.

 

“El sistema extraterritorial no es una excrecencia pintoresca de la economía mundial, sino que se halla exactamente en su centro”.

 

En 2010 la banca internacional y la emisión de bonos del mundo ocurría en un 85% en la zona sin Estado llamada euromercado; ese mismo año el FMI estimó que los balances financieros de los ínfimos territorios de Caimán, Bahamas, Vírgenes inglesas, Man, Jersey, Gibraltar, Malta y decenas más equivalían a un tercio del PBI mundial; en 2016 habría que sumar a la cuenta Mónaco, Andorra, Uruguay, Dubai, Irlanda, Panamá, Liberia, p.ej.,pero por sobre todo a la poderosa City de Londres y su red planetaria y al mismo Estados Unidos entero a nivel federal, con “especialidades” en Florida, Wyoming, Nevada e islas Vírgenes y Mar- shall (Shaxson, Nicholas, “Las Islas del Tesoro”, FCE.)

 

Según nuestro gobierno desde fines de 2015, “hemos vuelto al mundo”, al central occidental. Así, las cifras son “auspiciosas” en cuanto a aumento de la desigualdad. En Estados Unidos, el milésimo superior superó el 12% de ingreso anual. Vale reproducir que “...el carácter más o menos sostenible de desigualdades tan extremas depende no sólo del aparato represivo sino también –y tal vez por sobre todo– de la eficacia del aparato de justificación... insistamos, la cuestión central atañe a la justificación de la desigualdad, mucho más que a su magnitud como tal”. En Argentina 2016 el discurso oficial es que con un sueldo “normal” no se puede viajar en vacaciones, tener celular y televisión modernos, “esa persona está desubicada”. El mundo de los países centrales de occidente augura riquezas maravillosas. El cienmilmillonésimo de adultos de allá –unos 45– pasaron entre 1987 y 2013 de contar con 3.000 millones de dólares promedio cada uno a 35.000 millones promedio per cápita, muestra ineluctable de la falacia del “derrame”. Las proyecciones estadístico matemáticas indican que 1.400 multimillonarios de 2013 con el 1,5% de todo el capital mundial, llegarían al 60% al finalizar el siglo por la fuerza centrípeta de las grandes fortunas. El 0,00000001 de la población sería dueña del más de la mitad del planeta; menos de la mitad, del 99,99999999 restante, de lo “derramado”. Nada hay en el funcionamiento capitalista globalizado que lo cambie: funciona así de manera inexorable.

 

¿Quién tiene esa masa de riqueza y dónde? En principio las corporaciones multinacionales productoras de bienes y servicios, los dueños de latifundios, los bancos y el mundo financiero en general, son más o menos visibles. Pero casi en su totalidad permanece oculto: para nuestro mundo existencial, no está; es un vacío sin realidad siquiera como tal. Ya hace veinte años la mitad del comercio internacional pasaba por los paraísos fiscales, en la oscuridad; hacia 2010 el 85% de la banca internacional operaba en la impenetrable “eurozona”, el más grande agujero de opacidad. Mucho se menciona a Reagan, Thatcher y Friedman cuando de globalización se habla, pero poco a la economía “en negro” que inficiona el mundo entero. En 2005, Tax Justice Network estimó que los individuos ricos tenían en guaridas fiscales 11,5 billones de dólares, un cuarto de la riqueza total del planeta e igual a un PBI de Estados Unidos. El Banco Mundial dividió en tres esa fortuna: un tercio provenía del narcotráfico, crimen organizado y delitos en general; un 3% al producido de sobornos a funcionarios estatales; el resto –casi dos tercios– a transacciones de empresas elusivas de tributos. Los tres –narcos, coimeros y CEOS– usan las mismas herramientas, en los mismos lugares, con iguales resultados y ocasionando análogos daños (por la masa de dinero involucrado y el hambre, enfermedades y carencias que ocasionan, por muy lejos los peores son los últimos). Los expertos afirman que las sedes económicas que no están en ninguna parte y no tienen ley que las regule han desplazado la riqueza y el poder desde los pobres a los ricos con mayor fuerza que cualquier otro acontecimiento en la historia de la humanidad.

 

Vamos al tema del título. El sistema está dirigido, literalmente, por ladrones de distinto rango que atesoran y mezclan, en guaridas inexpugnables, el dinero que logran con delitos, en su mayor cuantía sustracción de lo que deberían pagar –según sus mismas leyes– para sostener la infraestructura social. Quienes lo dirigen o usufructúan ¿de qué moral pueden hablar? ¿Con qué autoridad pueden ser justicieros de sus ínfimos cómplices? Como cabeza putrefacta derrama hacia toda la sociedad reglas de conducta moralmente no rechazadas, corrupción privada menor, egoísmo, individualismo, consumismo y más. La reserva moral humana solo se sostiene porque es inherencia gregaria de la especie y se manifiesta en los pueblos que en todas sus formas específicas trabaja y produce y, lo sepa o no, ha seguido haciéndose cargo de la subsistencia de la humanidad.

 

En su voracidad de ganancias máximas e inmediatas, encerrado en el planeta sin fronteras a traspasar, el capitalismo ha arremetido ahora contra la Tierra misma, su capa atmosférica, sus aguas de mares, ríos y polos helados, sus capas de humus, sus bosques, sus fuentes de energía no renovables, contra la biodiversidad, el clima y toda la vida misma. El Banco Mundial alertó en 2012 que con aproximarnos al 2% de calentamiento se entra en zona de riesgo de inflexión... y que estamos avanzando hacia el 4% que... “sumergiría Maldivas y Tuvalu y zonas costeras de Ecuador, Brasil, Holanda, California, sur y sureste de Asia y tendrían serio riesgo de inundación Boston, Nueva York, Los Ángeles, Vancouver, Londres Bombay, Hong Kong, Shanghai” (obvio, Buenos Aires).

 

La corrupción en serio al comando de la economía mundial está devastando a los pueblos del mundo. En la Argentina tenemos ahora una dirigencia de fervorosos peones de esta estructura degenerada, ponzoñosa como no se conoció jamás, letal. En estos días, sin que piensen retornar lo que ellos personalmente tienen, distrayendo al pueblo usando a los jubilados, aspiran a que otros saqueadores del producto argentino legalicen, sin explicación de origen, siquiera un décimo de lo vaciado al país (50.000 dólares sobre 500.000 que se calculan están en el exterior, ver La Nación del 19 de junio, Página/12 y El Cronista del 30 de julio de 2016).

 

Académicos economistas de estatura mundial proponen medidas de gobierno, cambio cultural, implantación de impuestos progresivos, transparencia y control democrático del capital. Es seguro que deben utilizarse los mecanismos institucionales de las democracias occidentales. Pero la metástasis de corrupción que las aqueja provoca una lucha despareja dentro de ellas para que sean eficaces en el combate contra la corrupción que vimos. Es una batalla a dar, pero aislada no alcanza para el tiempo que nos queda. Antes que llegar al triunfo, habremos perdido la guerra. Quien apunta bien es Naomí Klein. Inventaría innúmeras batallas menores, todas triunfantes, dadas por los pueblos, la mayoría de ellos originarios. El movimiento de masas es el eje primordial de un cambio de esencia en el modo de producción y de vida terrestre y cuenta con base objetiva como nunca antes la tuviera: le va la vida en él. Hubo en todo el mundo numerosos y ocultados ejemplos de luchas victoriosas contra las industrias extractivistas de aguas, bosques y animales, por preservación de culturas, fuentes de trabajo, recuperación de fábricas.

 

Este camino atraviesa una cuestión enorme: el de la representación popular y la participación de las masas. Escuetamente: el pueblo europeo padece un sistema bipartidista con política única, contraria a sus intereses; igual Estados Unidos, donde vota una minoría selecta y la mayoría reniega de quienes ejercen el mandato de magnates y corporaciones, que con dinero eligieron sus candidatos; en América Latina los factores de poder económicos nacionales y foráneos ejercen permanente dominio sobre las instituciones. En la Argentina, legisladores de todos los partidos aceptaron órdenes de un juez municipal de Nueva York sin atención al perjuicio del pueblo, ni al honor, la soberanía y la patria; un poder ejecutivo en manos de un beneficiario de la obra pública, que usa paraísos fiscales y se olvidó de otros 18 millones de pesos que tenía depositados en la guarida de Bahamas; un poder judicial en su gran mayoría corporativo, elitista y servil del poder real y, en la más importante organización no gubernamental, dirigentes con décadas al frente de una clase obrera que no representan. Se trata entonces de utilizar al máximo las posibilidades institucionales que nos proporciona la democracia librando batallas en concejos deliberantes, legislaturas provinciales, el Congreso Nacional y con acciones judiciales, para defender los derechos ganados. Pero el eje centralizador debe componerlo la movilización de todos los beneficiarios de los derechos conseguidos, cualquiera sea su ubicación partidaria o política si es que la tienen, para participar en la custodia de lo que obtuvo y le corresponde. Todos los modos imaginables –marchas, plazas por la democracia, protestas colectivas, peticiones, reuniones de vecinos, de consumidores, de clubes, de bibliotecas, de centros de salud, de estudio, comedores, difusión y propaganda, ayudas para las cooperativas, trincheras para las fábricas recuperadas, auxilios a las economías regionales y las pymes, de amparos colectivos ante la justicia– deben extenderse y articular con la medida de la infinita creatividad popular. Un machacar constante, cotidiano, sobre toda la geografía nacional detendrá y revertirá el ataque de la derecha contra el pueblo, saqueado a mansalva que, sin lugar a la menor duda, responderá y triunfará con algunos dirigentes a la cabeza y con la cabeza de la mayoría de ellos. Será el imprescindible Frente Ciudadano camino del poder democrático, participativo, popular, que se inscriba en la recuperación de la Patria Grande para la soberanía y bienestar de los argentinos con destino de ejercer su potente aporte en el difícil y peligroso panorama mundial, que nos incumbe en la misma y antagónica medida que a los buitres que lograron poner a sus administradores al frente de la Nación. En esa columna popular en marcha, por esos fines, objetivamente no existe lugar para corruptos. Quien pretenda serlo será un cuerpo extraño, un pequeño tumor que se irá o se verá expulsado por repugnancia exudada por su connatural condición. Esa es la única y auténtica vía contra la corrupción en serio, la que llegó a límites extremos en el siglo XXI, practicada y dirigida por praxis contrarias al interés del otro, enemigas del bien común, egoístas, miserables, sustractoras del producto social que cada individuo, quien sólo así, desarrollándose como tal en el abierto escenario de sus posibilidades existenciales sociales, será.

 

* Ex juez de Cámara Penal, primer titular de la Oficina Anticorrupción.

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Domingo, 07 Agosto 2016 09:18

Temer cobró una coima, dijo Odebrecht

El ex presidente de la constructora Odebrecht aseveró que se reunió con Temer en 2014 para concretar una “donación” a la campaña presidencial de diez millones de reales. También involucró al ministro de la Presidencia, Eliseu Padilha.

 

El empresario de la construcción Marcelo Odebrecht, uno de los acusados presos por el escándalo de corrupción en Petrobras, afirmó en una de sus declaraciones ante la Justicia que el presidente interino de Brasil, Michel Temer, y también el ministro de la Presidencia, Eliseu Padilha, fueron beneficiados por la red de corruptelas relacionada con la petrolera estatal.


En una declaración en la que negocia un acuerdo de delación premiada para reducir su condena, el ex presidente de la constructora Odebrecht aseveró que se reunió con Temer en 2014 para concretar una “donación” a la campaña presidencial de diez millones de reales (unos 3,1 millones de dólares), de acuerdo con el semanario Veja. El encuentro, según establecen las informaciones, se celebró en el Palacio do Jaburu, la residencia oficial del entonces vicepresidente Temer, que asumió el poder el pasado 12 de mayo en sustitución de la presidenta suspendida, Dilma Rousseff (quien deberá afrontar un juicio político en el Senado por supuestas maniobras fiscales en su gestión).


Odebrecht, junto a otros ejecutivos de constructoras, ex altos cargos de Petrobras y políticos vinculados al caso, responden ante la Justicia. El empresario movilizó una centena de abogados para asesorar su declaración y la de unos 50 ejecutivos de la compañía que negocian la delación premiada, apuntó Veja.


En la parte de la declaración a la que tuvo acceso la publicación, Odebrecht indicó que en la reunión celebrada en mayo de 2014 también estuvo Eliseu Padilha, actual ministro de Presidencia. En esa época, Temer era vicepresidente de la República y presidente del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB). El pago del “apoyo financiero”, como fue descrito por Odebrecht, fue realizado entre agosto y septiembre de 2014, antes de las elecciones presidenciales de octubre.


Del dinero entregado, cuatro millones de reales (unos 1,26 millones de dólares) fueron para Padilha y los seis millones de reales (unos 1,89 millones de dólares) restantes para Paulo Skaf, presidente de la Federación de Industrias del Estado de Sao Paulo (FIESP) y entonces candidato al Gobierno de Sao Paulo, citó Veja.


La Operación Lava Jato, como se conoce el caso Petrobras, señala que las constructoras sobrevaloraban contratos con la petrolera y el soborno era repartido entre ejecutivos de esas empresas, ex directores de la estatal y una cincuentena de políticos.


Temer, a través de un comunicado, confirmó el encuentro y dijo que se trató del “auxilio financiero” de la constructora a las campañas electorales “de acuerdo con la legislación en vigor”. Según el presidente interino, el aporte fue después declarado al Tribunal Superior Electoral (TSE), que deberá verificar si esa cantidad en cuestión está dentro de la que fue relacionada por el PMDB. Padilha, que no fue candidato en esas elecciones, y Skaf, que admitió una donación de 200 mil reales (unos 63.111 dólares) de la petroquímica Braskem –controlada por Odebrecht–, negaron haber recibido auxilios de la constructora.


Odebrecht era considerado uno de los hombres de negocio más poderosos de Brasil, pero un tribunal determinó que parte de su influencia procedía de fuentes ilícitas. El millonario y expresidente de la constructora Odebrecht, la empresa de ingeniería y construcción más grande de América Latina, fue condenado a 19 años y cuatro meses de prisión por un escándalo de corrupción que involucra a la petrolera estatal brasileña Petrobras. El juez federal Sergio Moro lo declaró culpable por el pago de más de 30 millones de dólares en sobornos a funcionarios de Petrobras a cambio de obtener contratos e influencia.


Según la sentencia, Odebrecht fue hallado culpable de los delitos de corrupción pasiva, lavado de dinero y asociación para delinquir.
El empresario está detenido desde junio de 2015 y en diciembre pasado renunció a los cargos que ostentaba dentro del grupo de compañías Odebrecht, fundado por su abuelo Norberto Odebrecht. El consorcio realiza grandes obras de infraestructura a lo largo del continente americano y en África. Antes del escándalo contaba con 181 mil empleados distribuidos en 21 países.


Odebrecht era uno de los más ricos y poderosos empresarios de Brasil y contaba con relaciones cercanas con muchos políticos de alto nivel.


Se estima que el escándalo de corrupción le costó a Petrobras unos 16 mil millones de dólares, incluyendo unos dos mil que fueron a parar directamente a manos de ejecutivos y empresas corruptas. Las inversiones de Petrobras representan dos por ciento del Producto Interior Bruto de Brasil. Las dificultades por las que atraviesa la compañía afectaron a la economía del país, que lucha para recuperarse de la caída de los precios de las materias primas.

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Los malos manejos del Cargo por Confiabilidad (CC) entregado a las generadoras de electricidad continúan. Desde su implementación en el 2006 el Gobierno propició la apropiación por parte de estas empresas de USD $8.000 millones aportados por los usuarios. Con estos recursos generadoras e inversionistas debían garantizar la disponibilidad de activos de generación durante un periodo establecido bajo cualquier condición, pero no fue así. Parte importante de los recursos entregados fueron usados para financiar a las empresas y proyectos de inversión al margen de los propósitos establecidos por las obligaciones contraídas al recibir el Cargo. Callan las entidades de control, guarda silencio el Gobierno, las empresas siguen recibiendo exorbitantes cantidades de dinero por parte de los usuarios sin que sea conjurado el fantasma del desabastecimiento y la crisis energética en el país.

Todavía están frescas la indignación nacional y la polémica desatada en algunos de los medios de comunicación oficiosos del país, a finales del año anterior, cuando los colombianos afrontamos la seria amenaza de una nueva crisis energética. En esta oportunidad, según el Gobierno, por culpa del Fenómeno del Niño que había secado de manera considerable el caudal de afluentes empleados para la generación de electricidad. Con el desabastecimiento rozándonos los tobillos, y el efecto de una inusitada oleada de solidaridad que logró dejar en oscuras casas, edificios, negocios y hasta prescindir de la iluminación de navidad, fueron extinguiéndose los apuros.

Justo cuando los ajetreos de esta crisis parecen quedar atrás, una de las razones fundamentales para comprender los actuales riesgos que continuamos enfrentando respecto al suministro, parecen ahogarse en el silencio y en la providencial tranquilidad experimentada después de la tormenta. Sin embargo, al día de hoy existen motivos que permiten deducir que además de estar sometidos a una prolongada estafa, los colombianos seguimos expuestos a un “corto circuito” en el sistema de electricidad nacional, resultado de los malos manejos del CC, la herramienta justamente diseñada para evitar estos impases.

Así las cosas, el fantasma de la crisis persiste porque muchos de los recursos entregados a estas empresas no los están usados para potenciar sus activos de generación, no existen controles suficientes de parte de los agentes o instituciones destinados a asegurar el cumplimiento de los parámetros técnicos que habilitan a inversionistas o generadores para poder recibirlos, así como tampoco parecen haber mayor interés del Estado por replantear de manera radical la concepción del negocio de la electricidad que sigue trasladando la carga de los riesgos, de los impactos, del crecimiento y hasta el “aseguramiento” de la provisión futura a los ciudadanos, que además tienen que comprar la electricidad a precios altos y en algunos casos con pésima calidad del servicio, todo lo cual produce en el país billonarias ganancias a generadoras y distribuidoras de electricidad.

 

Antecedentes del Cargo por Confiabilidad

 

En junio del presente año fue publicado el “Informe de resultados de la actuación especial de fiscalización sobre el manejo del Cargo por Confiabilidad”, desarrollado por la Contraloría General de la República. El estudio resumido en el informe fue llevado a cabo por el ente regulador con el propósito de fiscalizar el manejo del Cargo, estudio enfocado en la gestión de las instituciones involucradas en el CC, en el manejo de los recursos, en los ajustes regulatorios del precio de la generación bajo condiciones críticas y el incumplimiento de las Obligaciones de Energía Firme (OEF) (1).

El CC (Ver recuadro 1) es la versión 2.0 del Cargo por Capacidad creado por el artículo 13 de la Ley 143 de 1994 (2). Este primer cargo, creado en la década de los noventas, inauguró el esquema de remuneración a los generadores de electricidad mediante el cuál el Gobierno autorizó la transferencia de altísimos montos de dinero desde la sociedad hacía las arcas de las generadoras de energía para que estas pudieran disminuir sus riesgos operacionales y aseguraran el suministro de electricidad. Tal y como lo consigna el documento ABC Cargo por Confiabilidad de la Creg (Ver recuadro 2): “El anterior modelo de Cargo por Capacidad consistía en un mecanismo de remuneración administrado de la capacidad de generación, que garantizaba un ingreso fijo anual por megavatio instalado, a un precio definido por el regulador. No existía una obligación concreta de los generadores, asociada a esta remuneración”.

Gracias al Cargo de Capacidad, se estima que entre los años 1994 y 2004, según lo consignado en el documento de la Creg D-038-2004, las generadoras de electricidad recibieron la nada despreciable suma de USD $5.000 millones sin que el manejo de estos dineros fuera objeto de fiscalización o auditoría alguna por parte del Estado o las autoridades competentes.

El informe de la Contraloría específica que algunas deficiencias tales como “[...] la inestabilidad de los resultados de la herramienta de asignación de las unidades, los problemas en la definición del producto y en la remuneración de la capacidad teórica, y la exclusión del comportamiento y capacidad de pago de la demanda; llevaron a la Comisión de Regulación de Energía y Gas –CREG– a diseñar un esquema nuevo basado en un mecanismo de mercado denominado Cargo por Confiabilidad, esquema que opera desde el primero de diciembre de 2006, conservando lo esencial del sistema de liquidación, facturación y recaudo del anterior cargo”.

Pero en esta oportunidad se pretendió amarrar la asignación de los recursos a la disponibilidad de activos de generación que mostraran y se comprometieran a consolidar cada uno de los generadores o inversionistas. Estas capacidades de producción serían calculadas a través de los indicadores ENFIC (3) y OEF auditados y certificados por instituciones competentes que se encargarían de reportar los resultados a la Creg, institución con la “virtual” potestad de mantener, prorrogar o sancionar por el incumplimiento de los compromisos de producción asumidos en el esquema del Cargo de Confiabilidad.

 

¿Cómo asignan el Cargo por Confiabilidad?

 

Según el documento ABC Cargo por Confiabilidad (4), todo empieza con la participación de los propietarios de plantas e inversionistas interesados en llevar cabo nuevos proyectos de generación, en una subasta convocada y regulada por la Creg. Estas subastas se llevan a cabo para asignar las Obligaciones de Energía Fime (OEF), es decir la cantidad de energía que estas generadoras o inversionistas se van a comprometer a entregar durante un período establecido a precios eficientes. La empresa Xm (Ver recuadro 2), precisa: “Con las obligaciones de energía firme, los generadores se comprometen a entregar en la bolsa de energía una cantidad preestablecida de energía cuando el mercado indique que se presentan condiciones de escasez; es decir, en cada uno de los días para los cuales en al menos una de las horas el precio de bolsa supera al precio de escasez. En tales períodos, los generadores venden su energía comprometida en obligaciones de energía firme al precio de escasez y la energía adicional al precio de bolsa” (5).

No todos los interesados pueden participar en estas ferias, según plantea el documento inmediatamente referido: “Para participar en las Subastas para la Asignación de Obligaciones de energía Firme o en el mecanismo de asignación que haga sus veces, los agentes interesados deberán presentar previamente al Administrador de la Subasta una garantía que cubra la obligación de entregar, en las fechas y condiciones requeridas en la regulación, las garantías exigidas a quienes resulten con asignación de Obligaciones de Energía Firme. Adicionalmente, deberán haber entregado las garantías al Promotor de la Subasta para el pago de la Comisión de Éxito”.

La subasta es precedida por un período de precalificación donde tanto generadores como inversionistas deben proporcionar la información requerida que permita calificarlos como agentes con capacidades técnicas y respaldo económico para cumplir con las obligaciones OEF que pudieran ser pactadas con ellos. Precisa el ABC del Cargo por Confiabilidad: “Para plantas de generación nuevas o especiales, deberán aportar certificación de la UPME de que el proyecto se encuentra registrado al menos en fase 2 y que se ha presentado ante esta entidad el estudio de conexión a la red de transmisión. En el caso de plantas hidráulicas, deberán disponer de registros históricos de aportes hidrológicos de al menos 20 años. Para plantas o unidades de generación termoeléctrica, deberán aportar copia de las licencias ambientales asociadas a la operación con el combustible o combustibles elegidos por el generador para respaldar su energía firme. Finalmente, todos los interesados deberán cumplir con los plazos para el suministro de información y documentación, declaración de parámetros y energía firme establecidos para el periodo de precalificación de la subasta”.

Las subastas para la asignación de obligaciones de energía firme se llevan a cabo tres años antes de que tal energía sea requerida, los inversionistas gozan con un período de gracia de hasta siete años para empezar a cumplir sus obligaciones energéticas. Estas subastas se desarrollan con una metodología llamada de “reloj descendente” y funcionan de una forma bastante particular: la subasta abre con una cantidad de dólares por Kw producido ofrecidos por la Creg, los generadores e inversionistas comunican cuanta energía están dispuestos a vender al precio comunicado. El administrador de la subasta (Asic) suma las ofertas, y si la cantidad ofertada es superior a la que se pretende contratar, repite el proceso. La subasta, finalmente, se cierra cuando la cantidad que ofertan los generadores es igual a la que se quiere contratar (con su respectivo precio). Una subasta de este tipo puede representarse en la gráfica 1.

 

Gráfica No. 1. Subasta de Reloj descendente

Tomada de: http://www.creg.gov.co/cxc/secciones/subasta_asignacion/descripcion.htm

 

 

 

 

Este proceso suele endilgar responsabilidades de producción en términos de Teravatios hora–año (Twh-año) a cada generador que tendrá que producir esta cantidad de energía comprometida en el tiempo definido. En todo este tiempo no podrá vender la energía por encima del Precio de Escasez prefijado por la Creg y actualizado mensualmente de conformidad a lo establecido en la Resolución CREG 071 de 2006. Solo después de cumplir con este largo proceso, de pactar las responsabilidades mencionadas, los generadores e inversionistas pueden acceder a los recursos del Cargo por Confiabilidad.

 

Los hallazgos de la Contraloría

 

El informe de resultados la Contraloría General de la República consigna algunos delicados hallazgos. El primero de ellos está relacionado con la verificación de los parámetros del ENFICC bajo responsabilidad del Concejo Nacional de Despacho (CND) quien había contratado a XM para llevar a cabo tales controles, detalla el informe: “[...] se otorgó una remuneración a los diferentes agentes generadores por la disponibilidad de activos de generación con las características y parámetros declarados para el cálculo de su Enficc, sin que se verificara por medio de auditorías y en su totalidad, dichas características y parámetros”.

Solo entre los meses de agosto del 2007 y enero 2008 se dejaron de auditar con parámetros asociados a la Enficc 180 generadoras en todo el país, y la desarrollada se hizo de manera incompleta pues seis parámetros fundamentales (Topología de plantas Hidráulicas, Filtraciones, Descargas máximas embalses, Capacidad túneles, Almacenamiento de combustibles y Serie histórica de caudales medios mensuales de los ríos del SIN) solo fueron auditados hasta junio del 2010, más de dos años después, a pesar de contar con los procedimientos para efectuar tales verificaciones.

Otro de los hallazgos señala a la propia Creg como institución responsable de posibles detrimentos, pues según la Contraloría: “[...] se identificaron posibles incumplimientos de obligaciones asociadas a imposición de sanciones frente a discrepancias en los valores de parámetros de la ENFICC”. Al respecto, el Informe subraya el caso de Generador Prado y Empresa de Energía del Pacífico S.A. E.S.P para los cuales los informes de auditorías de enero del 2008 y de junio del 2010 dieron cuenta de que no estaban cumpliendo con algunos parámetros, sin que por ello fueran objeto de sanción alguna. Grave situación.

Los activos entregados a las empresas de generación se convirtieron, en la mayoría de ocasiones, en recursos que estas emplearon para financiar año a año sus actividades de operación e inversión. Amplía el informe del ente: “Esto no es deseable en la medida en que los recursos del Cargo por Confiabilidad son financiados por los usuarios y deben destinarse únicamente a mantener operativos los activos comprometidos en el Esquema y no a financiar toda la operación de una empresa; esta condición trae como riesgo adicional que las empresas con márgenes de maniobra estrechos (poco efectivo disponible), presenten problemas de liquidez e incluso tengan que operar a pérdida”. Esta situación no se dio en todas las empresas, en termoeléctricas como Termocandelaria y Termovalle los ingresos por este cargo resultaron ser fundamentales para cubrir sus necesidades de inversión y operación.

Cómo si lo anterior fuera poco, la Contraloría se refirió al incremento desbordado en las tarifas de electricidad anunciadas desde fines del año pasado (ver: Estafa legalizada: incrementan el valor de la electricidad https://www.desdeabajo.info/colombia/item/27522-estafa-legalizada-incrementan-el-valor-de-la-electricidad.html ): “Para ajustar el Precio de Escasez (6), la Comisión de Regulación de Energía y Gas, expidió la Resolución 178 de 2015, lo que se constituye en un traslado efectivo a los usuarios de las pérdidas de corto plazo que pudieron tener aquellos agentes cuyos costos de producción sobrepasan la remuneración recibida (Precio de Escasez). Esto fue trasladado como observación con alcance fiscal y disciplinario, a la CREG”.

Como consecuencia de este incremento decretado por la Creg el Estado tuvo que meterse la mano al bolsillo para sacar $53.706 millones de pesos para cumplir con las obligaciones de los subsidios a su cargo durante la vigencia de la resolución 178. La Contraloría precisa que si bien, aún, no pueden endilgarse responsabilidades fiscales, sin embargo: “ [...] se mantiene la observación con alcance administrativo y se sugiere adelantar una Indagación Preliminar a efectos de establecer si la gestión que se reprocha a la CREG constituye un acto de gestión fiscal, ajustado a la descripción que de la misma hace el artículo 3 de la Ley 610 de 2000; lo mismo que identificar qué servidores públicos, con su actuar comisivo u omisivo, pudieron generar el presunto detrimento al patrimonio público que se infiere de lo actuado por la Contraloría General de la República”.

Muchos interrogantes se desprenden de estos hallazgos. Pocas explicaciones se encuentran para que organismos con competencias establecidas por la Ley para verificar el cumplimiento de las disposiciones técnicas del Cargo por Confiabilidad no hayan actuado ante un masivo incumplimiento (Ver recuadro 3). No se entiende cómo fue posible que otorgaran tantas libertades a las empresas para manejar los recursos por recibir; cómo pudo tomar forma una normativa tan laxa que nunca estableció el mínimo control sobre el manejo contable y administrativo dado por esta empresas a multimillonarios recursos entregados por los usuarios, recursos que al día de hoy superan los USD $8.000 millones.

Tambalea la legitimidad de este rubro. Cuando a finales del año anterior las condiciones de escasez, amenazaron con el desabastecimiento, fue claro que las empresas que habían recibido dinero por este monto no estaban en capacidad de cumpliendo con sus OEF, al precio estipulado de producción y venta, bajo las condiciones críticas impuestas por la sequía. Esto no solo permitió vislumbrar los malos manejos dados a los recursos, lo que hoy confirma la Contraloría con sus apreciaciones, sino que permite cuestionar –una vez más– la lógica neoliberal latente en el negocio de la electricidad propiciada por el gobierno colombiano: aquella que prescribe que recae sobre los mismos usuarios que enriquecen a las empresas –comprando su energía– la financiación de la estabilidad financiera, la capacidad de inversión y generación de electricidad, así como minimizar todos los riesgos que puedan derivar de contingencias impuestas por su actividad económica. Excelente negocio para quienes tengan los millones necesarios para invertir en este sector.

 


(Recuadro 1).


¿Qué es el Cargo por Confiabilidad?

 

El informe de la Contraloría precisa: “El Cargo por Confiabilidad se define como la remuneración que se paga a un agente generador por la disponibilidad de activos de generación con las características y parámetros declarados para el cálculo de la ENFICC (7), que garantiza el cumplimiento de la Obligación de Energía Firme (OEF) (8) que le fue asignada en una subasta para la asignación de OEF's u otro mecanismo que haga sus veces” (9).

En términos prácticos puede decirse que este Cargo fue creado para asegurar a las empresas generadoras de electricidad, capaces de comprometerse a producir y entregar al Sistema Interconectado Nacional (SIN) una cantidad diaria de energía (en condiciones ideales o adversas de despacho), un cúmulo de recursos adicionales para invertir en equipos e infraestructura fortaleciendo su capacidad de generar electricidad para abastecer la demanda futura bajo cualquier condición, asegurando la confiabilidad del suministro. Otro de los objetivos de este Cargo se proponía mantener estables los precios de energía eléctrica pagada por los usuarios en periodos de sequía prolongada.

¿Quién aporta el Cargo por Confiabilidad? No es el Gobierno, son millones de usuarios quienes pagan este monto como un rubro adicional en los recibos de electricidad que cancelan mes tras mes. Puede decirse que a estos colombianos, según lo argumentado por la Creg, fue a quienes correspondió aportar el dinero para: “i) motivar la inversión en generación de punta, logrando la estabilización de los ingresos de los generadores; tomando en consideración que en general, esta generación resulta más costosa comparada con la generación que se requiere en la operación normal del sistema, y ii) otorgar señales de inversión para que nuevos proyectos entren a competir en el largo plazo y para que los existentes permanezcan en el mercado [...] (10)” y evitar que: “dadas las altas volatilidades en los precios del mercado, se genera[ra] incertidumbre que el inversionista valora como un mayor nivel de riesgo en la inversión y asimismo los usuarios prefieren no recibir una señal de precios volátil, con lo cual están dispuestos a asumir dicho costo” (11).

De esta manera, usted, aquel, los otros, estos, los de más allá, todos, somos quienes debemos minimiza, con nuestros recursos, los riesgos a los grandes capitales de los inversionistas en el sector.

 


(Recuadro 2)

 

¿Cuáles son los agentes vinculados al Cargo por Confiabilidad?

 

Según el documento publicado por la Contraloría General de la República, los siguientes son algunos de los agentes e instituciones vinculadas al manejo del cargo por confiabilidad (CC).

 

* Ministerio de Minas y Energía (MME): “El MME formula, adopta, dirige y coordina la política en materia de generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, también coordina y hace seguimiento a todas las actividades relacionadas con el servicio público de electricidad, define los criterios para el aprovechamiento económico de las fuentes convencionales y no convencionales de energía, dentro de un manejo integral eficiente y sostenible de los recursos energéticos del país y promueve el desarrollo del uso eficiente y racional de la energía”.

* Unidad de Planeación Minero Energética (UPME): “Define los planes de expansión en generación y red de interconexión, los cuales deben concordar con las políticas trazadas en el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Energético Nacional. Además es la entidad encargada de elaborar las proyecciones de demanda objetivo, dentro de la operatividad de las subastas de energía en firme”.

* Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg): Comisión de Regulación de Energía y Gas. Según el informe de la Contraloría referenciado, esta Comisión se encarga de desarrollar el marco regulatorio para incentivar la capacidad de generación y transmisión en el Sistema Interconectado Nacional (SIN), así como crear las condiciones para asegurar la disponibilidad de una oferta energética capaz de abastecer la demanda. Esta Comisión es la encargada de definir el Precio de Escasez que determina el nivel del precio de Bolsa usado como base para calcular las OEF, también establece los protocolos, parámetros y demás aspectos necesarios para la realización de las subastas, tiene la potestad para modificar las normas en las resoluciones concernientes al Cargo por Confiabilidad.

* Centro Nacional de Despacho (CND): “[...] Es el encargado de la planeación, la supervisión y el control de la operación integrada de los recursos de generación, interconexión y transmisión del Sistema Interconectado Nacional, teniendo como objetivo una operación segura, confiable y económica. El CND está sujeto al cumplimiento del Código de Operación y a los Acuerdos Técnicos del CNO” (12).

* Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales (ASIC): Dependencia del Centro Nacional de Despacho de que tratan las Leyes 142 y 143 de 1994, encargada del registro de fronteras comerciales, de los contratos de energía a largo plazo; de la liquidación, facturación, cobro y pago del valor de los actos, contratos, transacciones y en general de todas las obligaciones que resulten por el intercambio de energía en la bolsa, para generadores y comercializadores; de las Subastas de Obligaciones de Energía Firme; del mantenimiento de los sistemas de información y programas de computación requeridos; y del cumplimiento de las demás tareas que sean necesarias para el funcionamiento adecuado del Sistema de Intercambios Comerciales (SIC). (Fuente: R. CREG-071-2006; Art. 2)

XM S.A. E.S.P: “Compañía de Expertos en Mercados, es la empresa que opera y administra el mercado eléctrico colombiano. XM es una empresa filial de ISA.XM se encarga de operar el Sistema Interconectado Nacional colombiano a través del Centro Nacional de Despacho –CND– y de administrar el Mercado de Energía Mayorista –MEM–. Además, XM administra las Transacciones Internacionales de Electricidad de corto plazo –TIE– con Ecuador y coordina la operación interconectada con el Sistema Eléctrico Venezolano”.

 

(Recuadro 3)


Las sanciones que debieron ser interpuestas


El informe de resultados de la Contraloría General de la República consigna (13):

 

1.3.4. Sanciones por incumplimiento del régimen de garantías

En general para cualquier agente generador que incurra en cualquier evento de incumplimiento establecido en el reglamento de garantías, se le hacen efectivas las garantías respectivas e implica la pérdida de la asignación de la OEF objeto de la misma, así como de la remuneración asociada.

Por incumplimiento de parámetros de la Enficc

La definición de la existencia de discrepancias entre los valores verificados de los parámetros y los reportados por los agentes, por fuera de los rangos de holgura o margen de error definidos por la CREG, conlleva a la pérdida de la asignación de OEF para el Período de Vigencia de la Obligación para el cual se utilizó la información sobre parámetros entregada por los agentes. Lo anterior implica además, la cesación de los pagos por concepto de CC que aún no se hayan efectuado y la devolución de los pagos recibidos en la forma como lo defina la Creg. En consecuencia, los pagos por concepto del CC están sometidos a condición resolutoria, consistente en que si mediante acto administrativo en firme, la Creg determina la existencia de discrepancias en los parámetros verificados, los pagos hechos sobre el correspondiente período, se tienen como pago de lo no debido.

Por incumplimiento de disponibilidad en condiciones críticas

Cuando un generador declare para el despacho horario una disponibilidad igual a cero y la planta sea requerida por el CND para cubrir generación de seguridad y las autoridades competentes determinan que su indisponibilidad no es justificada, el agente se hace responsable por los perjuicios derivados del racionamiento causado. Esto implica además, que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios puede tomar posesión de la empresa.


 

1 La Obligación de Energía Firme (OEF) alude a cantidades de energía que las generadoras se comprometen a entregar por un periodo específico para garantizar a los usuarios que el servicio de electricidad sea confiable bajo condiciones críticas. El cargo por confiabilidad corresponde a todas las OEF asignadas en subasta por la Creg y se paga al precio del cierre de la misma.

2 “Por la cual se establece el régimen para la generación, interconexión, transmisión, distribución y comercialización de electricidad en el territorio nacional, se conceden unas autorizaciones y se dictan otras disposiciones en materia energética”.

3  La Enficc (Energía Firme para el Cargo por Confiabilidad), es la máxima energía eléctrica que es capaz de entregar una planta de generación continuamente, en condiciones de baja hidrología, en un período de un año.

4 ABC Cargo por Confiabilidad. http://www.xm.com.co/Promocin%20Primera%20Subasta%20de%20Energa%20Firme/abc2.pdf

5 Experiencias de la segunda subasta de energía firme en Colombia. http://www.xm.com.co/BoletinXM/Pages/NuestroEditorialEne11.aspx. 12 de noviembre del 2012.

6 El Precio de Escasez se disparó por el incremento desbordado del gas, combustible usado preferencialmente por las termoeléctricas del país para sus operaciones de generación. Este incremento del precio se debe a la disminución de la producción de este combustible Colombia.

7 La Enficc (Energía Firme para el Cargo por Confiabilidad), es la máxima energía eléctrica que es capaz de entregar una planta de generación continuamente, en condiciones de baja hidrología, en un período de un año.

8 La Obligación de Energía Firme (OEF) alude cantidades de energía que las generadoras se comprometen a entregar por un periodo específico para garantizar a los usuarios que el servicio de electricidad sea confiable bajo condiciones críticas. El cargo por confiabilidad corresponde a todas las OEF asignadas en subasta por la Creg y se paga al precio del cierre de la misma.

9 Contralorìa General de la República. Informe de resultados de la actuación especial de fiscalización sobre el manejo del Cargo por Confiabilidad. Junio del 2016. pp:7 – 8.

10 Ibíd., p. 8.

11 Ibíd., p. 9.

12 Descripción del Sistema Eléctrico Colombiano. http://www.xm.com.co/Pages/DescripciondelSistemaElectricoColombiano.aspx

13 Contraloría General de la República, Op. Cit., p. 14.

Publicado en Colombia
Martes, 02 Agosto 2016 07:14

Ya vimos esa película



No queda un solo poder del Estado que no esté alineado ni institución pública independiente en Nicaragua



Nos encaminamos en Nicaragua hacia unas elecciones presidenciales que no lo serán de verdad; desde luego que todo ha sido decidido de antemano para que el mismo candidato del mismo partido a lo largo de más de 30 años, Daniel Ortega, sea reelegido. Serán unas elecciones sin observadores internacionales, declarados non gratos de antemano, y sin un aparato electoral creíble.


Los verdaderos partidos de la oposición han sido eliminados por sentencias de la Corte Suprema, fiel políticamente a Ortega, y la oposición parlamentaria ha sido expulsada de la Asamblea Nacional. No queda un solo poder del Estado que no esté alineado ni institución pública independiente.


La institucionalidad funcionaba a medias, pero hoy ha dejado de funcionar del todo por una serie de medidas que aún tienen perplejos a quienes no se atrevían a decidirse si esta era una democracia limitada, un Gobierno autoritario, o simplemente una dictadura. Hoy queda claro ante el más benévolo que se trata de un régimen de partido único, a la usanza más obsoleta, fruto de la nostalgia trasnochada por los desaparecidos sistemas del llamado socialismo real que se hundieron con la caída del muro de Berlín.


Y al mismo tiempo, es una autocracia familiar como las que hemos conocido en el pasado en América Latina y claro está, en la misma Nicaragua, y que vuelven siempre a resucitar. La alternancia en el poder, las elecciones libres, las libertades democráticas, escritas en la Constitución, desaparecen de la vida real.


Crece la intolerancia, como se ha visto en las deportaciones de quienes vienen a realizar investigaciones académicas, o reportajes periodísticos sobre temas que se han vuelto tabú, como la pobreza, o la gran mentira del Gran Canal Interoceánico; o simplemente a participar en programas ecologistas en comunidades rurales.


El régimen se había valido hasta ahora de su alianza con la empresa privada, que aprendió a no temer al discurso virulento de Ortega en contra del imperialismo yanqui, el capitalismo y la oligarquía. La regla de oro de esta relación era que los asuntos políticos quedaban excluidos de las mesas de concertación donde se tratan los temas económicos, que se ajustan al marco aconsejado por el Fondo Monetario Internacional.


Hoy esta alianza empieza a mostrar sus fracturas cuando las cámaras empresariales protestan por las medidas arbitrarias que quitan la representación parlamentaria a la oposición, y eliminan de la contienda electoral a los partidos.

 

El temor de los empresarios es que el clima de estabilidad económica conseguido hasta ahora se deteriore, y que las inversiones extranjeras resulten ahuyentadas, lo mismo que la cooperación internacional. Un clima de negocios, con moderadas tasas de crecimiento y baja inflación, que hasta ahora no ha provocado ninguna reducción apreciable de los índices de pobreza, ni ha sacado a Nicaragua de la cola entre los países más atrasados de América Latina, en disputa con Haití.

 

Las elecciones del mes de noviembre tendrán un candidato único, y ya hay un ganador de antemano que pretende sacar más del 90% de los votos. Ya hemos visto esa película.

 

 

 

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El juez federal Ricardo Leite acepta a trámite las acusaciones contra el expresidente y otras seis personas por el caso de corrupción

 

Al ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva se le complica el laberinto judicial en el que vive inmerso. Un juez de Brasilia le ha imputado, junto a otras cinco personas, el delito de obstrucción a la justicia y le acusa de formar parte de una trama que trató de comprar el silencio de uno de los acusados de la red corrupta de Petrobras que, según la Fiscalía, iba a denunciarles. El Fiscal reclama por esto al carismático político brasileño una pena de cárcel de tres a cinco años.

 

A juicio del Fiscal, Lula “impidió y dificultó la investigación criminal” que trata del Caso Petrobras “ocupando un papel central” en el asunto.

 

Los hechos se remontan a 2015, cuando el senador Delcídio do Amaral, hombre fuerte del PT (Partido de los Trabajadores) en la Cámara Baja, fue denunciado por tratar de comprar el silencio de un ex alto cargo de Petrobras acusado de corrupción, Néstor Cerveró. En una grabación oculta efectuada por el hijo de Cerveró, Bernardo, Do Amaral aconsejaba al ex alto cargo, a cambio de dinero, que no colaborara con el sistema judicial brasileño delatando a otros implicados en la trata a cambio de rebajar condena y que escapara al extranjero.

 

En la conversación, Do Amaral, incluso, llegaba a recomendarle cómo debía huir en avión a Europa vía Madrid. Bernardo Cerveró grabó todo y entregó la grabación al juez. Y el que se tornó a partir de ahí colaborador con la justicia –también a cambio de rebajas de condena–, fue Do Amaral. El ex senador (fue expulsado del Senado y del Partido de los Trabajadores) ha asegurado a la policía que, en el fondo, era Lula el que lideraba todo este plan para silenciar a Cerveró.

 

La Fiscalía considera que lo que argumenta Do Amaral es cierto: “Delcídio do Amaral, como representante del Gobierno (entonces gobernaba el PT con Dilma Rousseff), no ejercía de líder de esta trama criminal. (...) Y el relato de Delcídio se muestra claro, plausible y, lo que es más, corroborado por varias reuniones mantenidas entre Lula y Bumlai (un ganadero millonario amigo de Lula y también imputado en este caso) para que éste pasase a comprar el silencio de Cerveró”.

 

No es este el único caso en el que está envuelto Lula, aunque sí es el único, hasta ahora, en que obtiene la categoría de imputado. También el juez Sérgio Moro, de Curitiba, le investiga, paralelamente, por sospechas de haber obtenido un apartamento en la playa del litoral de São Paulo y una casa de campo pagados por empresas relacionadas con la trama corrupta de Petrobras. También, en un tercer frente, al expresidente brasileño el Tribunal Supremo le investiga, por obstruir la justicia amparándose en un cargo de ministro –que nunca llegó a ostentar– para obtener un foro privilegiado que le permitiera, precisamente, escapar del juez Moro y de su investigación sobre el apartamento en la playa y la Casa de Campo.

 

Lula no ha perdido, aún, sus esperanzas de presentarse a las elecciones de 2018, en representación del PT. De hecho, aún aparece encabezando los sondeos en el primer turno de las elecciones. En el segundo, en cambio, pierde en todas las encuestas, lo que indica que el rechazo que genera es aún mayor que la adhesión que suscita entre sus seguidores. De cualquier modo, según muchos que le conocen bien, sólo dos circunstancias podrán evitar que no acuda a esas elecciones: una es que su salud, débil en los últimos años en los que superó un cáncer, se resienta. La segunda es que la pinza de la justicia, en cualquiera de los casos que penden sobre él, finalmente, le atrape.

 

En una nota emitida poco después de conocer el auto del juez, la defensa de Lula aseguró que el ex presidente brasileño ya esclareció ante la Fiscalía General de la República que nunca trató de interferir en las investigaciones del Caso Petrobras”. Y añade: “La acusación se basa solamente en la delación –recompensada a cambio de rebaja de condena- de un imputado que ha confesado sin credibilidad” . “Lula”, prosigue, “no se opone a ninguna investigación siempre que sea realizada con arreglo a los debidos procesos legales y a las garantías fundamentales”.

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Filadelfia.

 

Después de cuatro días de elogios, cantos, testimonios, videos y un coro unido de la cúpula del partido, Hillary Clinton fue lanzada como la persona más calificada, más sagaz, más astuta y más comprometida con su pueblo, para confiarle el destino del "país más grandioso del mundo" en la historia y ocupar la Casa Blanca; sólo falta que los electores les crean.

 

Clinton tiene la distinción de ser la candidata presidencial más reprobada por amplia mayoría de la opinión pública (unos dos tercios) en la historia reciente; algo que comparte con su contrincante republicano, Donald Trump. Se puede deducir que la mayoría no quiere a ninguno de los dos y, por lo tanto, y por ahora, esta contienda girará sobre cuál de los dos es menos peor, o en quién se desconfía menos.

 

Tan es así que que Clinton y Trump son más despreciados por los jóvenes que Voldemort, el villano de la serie de Harry Potter, según un sondeo de NextGen Climate.

 

La opinión de los jóvenes representa el futuro de este partido, pero obviamente no se trata de una división generacional, como lo comprueba el hecho de que el precandidato más viejo, el insurgente "socialista democrático" Bernie Sanders, de 74 años, capturó con amplio margen el voto joven en las elecciones primarias.

 

La participación o abstención de los jóvenes podría ser determinante en la elección general de noviembre –como lo fue en la histórica primera elección de Barack Obama–; por ahora, Clinton no sólo no ha convencido a este sector, sino que es símbolo perfecto del pasado.

 

Ese pasado también es problemático para otros sectores, lo cual también fue expresado en la campaña insurgente de Sanders y se manifestó aquí en la Convención Nacional Demócrata. A pesar de los esfuerzos de Bill Clinton y de la cúpula del partido por presentar a la candidata como "una agente del cambio", su largo historial político constituye un ejemplo casi perfecto de una figura del establishment.

 

Más aún, su inevitable identificación con las políticas de su marido cuando fue presidente implican que se perciba como partidaria de una agenda neoliberal que desmanteló parte de la red de bienestar, que impulsó una ley que llevó a cientos de miles de jóvenes aforestadunidenses y latinos a prisión, otra que anuló la separación de la banca comercial y la de inversión producto de las reformas después de la gran depresión, lo cual fue factor clave en la gran recesión de 2007, y un giro hacia la derecha en la política exterior.

 

Los casi mil 800 delegados (46 por ciento del total) de Sanders, junto con otros que apoyan de manera crítica a Clinton, han debatido todo esto durante las elecciones primarias. Ese debate no ha concluido, y las filas disidentes dentro del partido y de su ahora candidata –aunque no todos opuestos a ella– continuaron expresando su reprobación a ese pasado.

 

Hoy, otra protesta irrumpió en el centro de prensa. Decenas de delegados de Sanders repudiaron nuevamente las acciones de Clinton y la cúpula. “La colusión del Comité Nacional Demócrata con la campaña de Clinton –comprobada con las filtraciones de Wikileaks– y que la presidenta del partido, Debbie Wasserman Schultz, haya tenido que renunciar por eso sólo para ingresar al equipo de campaña de Clinton, son indicadores de que nada va a cambiar”, comentó a La Jornada Valdez Bravo, delegado de Sanders de Oregon y veterano militar.

 

"Es otra bofetada de la cúpula a los 13 millones que votaron por Sanders", agregó Bravo. Algunos se saldrán del partido por eso, otros evalúan qué harán ante la amenaza de Trump, afirmó. Pero al final, dijo, "esta convención se realiza en Filadelfia, la cuna de la revolución de independencia, y algunos de nosotros consideramos que este movimiento es una segunda revolución estadunidense".

 

Dentro de la convención estas expresiones disidentes siguen manifestándose. Leon Panetta, ex jefe de la CIA y ex secretario de Defensa de Obama, y anteriormente jefe de gabinete de Bill Clinton, fue abucheado por cientos de delegados cuando se atrevió a abordar el tema de las libertades civiles en su discurso ante la convención el miércoles. Las políticas de supresión de libertades civiles con base en leyes antiterroristas, la persecución de "filtradores" de información clasificada para el bien público (Chelsea Manning, Edward Snowden, Julian Assange y varios periodistas) son objeto de condena por muchos dentro del partido.

 

A la vez, el impacto de la campaña de Sanders también quedó claro dentro de esta convención. El presidente Obama, en su discurso de ayer ante los delegados e invitados y el mundo, se vio obligado a elogiar a los activistas de Sanders por colocar el tema de que "hay demasiada desigualdad en nuestra economía, y demasiado dinero en nuestra política".

 

El propio Sanders celebra que su "revolución política" logró una gran participación de jóvenes y otros sectores que no suelen ser activistas electorales, y que con ello se logró elaborar "la plataforma más progresista en la historia del partido".

 

Más aún, Clinton fue obligada a adoptar algunas posturas de Sanders en su campaña, entre ellas elevar el salario mínimo, establecer un mecanismo para garantizar una educación superior gratuita en universidades públicas para gente con recursos limitados, y más notablemente pronunciarse en contra el Acuerdo Transpacífico de Libre Comercio (después de promoverlo durante meses).

 

Pero aunque aquí fueron expuestas las grietas entre los demócratas, vale recordar que el Partido Republicano está mucho más dividido, tal vez al borde de una crisis institucional irreparable. Sólo se tienen que ver las imágenes de la convención republicana en Cleveland, donde la mayoría de las figuras más reconocidas del partido se ausentaron, incluidos los dos ex presidentes, todos los anteriores candidatos presidenciales de ciclos anteriores y hasta el anfitrión de la fiesta, el gobernador de Ohio, mientras aquí está todo el elenco mayor del partido abrazando a Clinton.

 

A la vez, el Partido Demócrata, por la amplia gama de sus bases y aliados, refleja el futuro diverso de este país, comparado con un Partido Republicano abrumadoramente blanco.

 

Si algo mostraron estas primarias y estas convenciones es el repudio al consenso entre las cúpulas de ambos partidos durante los últimos 30 años, sobre todo en torno a las políticas socioeconómicas tanto dentro como fuera del país.

 

Eso continuará como el centro de esta elección dentro de ambos partidos de aquí al 8 de noviembre.

 

 

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Sin darse cuenta los constituyentes de 1991 crearon un monstruo llamado Fiscal General de la Nación. La figura no era nueva en el derecho público, pues su primera noticia la tuvimos los colombianos en 1979, mediante el acto legislativo número uno, promovido por el presidente Turbay Ayala. Pero ese aparato no tuvo operatividad porque la enmienda constitucional fue declarada inexequible por la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, muchas de las normas del 79 fueron rescatadas por la Constitución de 1991, bajo la figura del sistema acusatorio del derecho penal. Se trata de un régimen mixto o sui generis, pues no depende del Ejecutivo, como en el sistema anglosajón, sino que dentro de la estructura del Estado hace parte de la Rama Judicial. Hacer parte de la Rama Judicial es un decir, toda vez que se trata de un ente autónomo e independiente, desde el punto de vista administrativo y presupuestal. Sin ninguna dificultad se observa que dos ramas del poder público –ejecutiva y judicial– intervienen para darle vida humana, en cabeza de un hombre o una mujer, a un monstruo que ya está institucionalizado en la Constitución.

 

Ese funcionario llamado Fiscal General de la Nación, no solo es un monstruo porque nace de dos ramas del poder público, pero que no depende de ninguna de las dos, debido a que es autónomo en su estructura, presupuesto y planta administrativa, sino por el cúmulo de funciones que la propia Constitución Política le otorga. En efecto, la Fiscalía como aparato, tiene unas atribuciones relacionadas con la libertad de los ciudadanos: debe perseguir a los presuntos delincuentes, proteger a las víctimas y los testigos, y dirigir y coordinar las funciones de policía judicial. Pero además de esas funciones del aparato estatal en sí, el Fiscal General, como funcionario individual, puede investigar y acusar a los altos funcionarios del Estado, nombrar y remover los 25.000 empleados que la integran, participar en el diseño de la política criminal y atribuir funciones de policía judicial a los organismos que considere necesarios. En suma: tiene más poder burocrático que el propio presidente de la República, además de la espada de Damocles, llamada libertad, de la que no dispone el jefe de Estado.

 

Con tantos y tan desorbitados poderes, se supondría que los colombianos deberíamos escoger al más pulcro, al más honesto, al más sabio, al mejor formado académica, intelectual y moralmente de todos los hombres y mujeres de la nación para ocupar el cargo de Fiscal General. Sin embargo, los colombianos del común nada tenemos que hacer frente a los compromisos políticos, afectivos, económicos o judiciales de docena y media de poderosos que intervienen en su elección: el presidente de la República y de 16 magistrados de la Corte Suprema de Justicia. No siempre coinciden los intereses del que hace la terna –el Presidente– con los de los electores –los magistrados–, pero siempre-siempre será “cosecha de lo que la tierra da”: demasiado políticamente correcto, vocero de alguna religión, defensor de los grandes bandidos, aspirante a la presidencia de la República o metido en el entramado de los más poderosos intereses económicos nacionales o globales. Hoy la suerte y la más fina sutileza de intrigas favoreció al abogado Néstor Humberto Martínez Neira. Todos los designios de los intervinientes en su nombramiento estaban tan enfocados sobre él, que ni siquiera le produjo el más leve rasguño la profunda metida de pata del elegido, el día de su presentación ante la Corte: el desprecio por la violencia intrafamiliar, víctima de la cual, en la mayoría de los casos, son las mujeres. ¡Qué paradoja! Quien salió a bajarle el tono a esa ofensa femenina en la que incurrió Martínez, fue precisamente una mujer: la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, la señora Cabello Blanco.

 

Otra gabela más tiene el Fiscal General de la Nación: al igual que la más alta burocracia del Estado (presidente de la República y magistrados de las altas cortes) no tiene juez que lo investigue y lo sancione. Teóricamente lo debería hacer el Congreso de la República, en un complicadísimo juicio político que señala la propia Constitución. El sistema está hecho de manera tan perfecta para que no tenga efectividad, que en sus 25 años de vida jurídica no ha producido el primer fallo, aunque en sus anaqueles haya cientos de procesos, como ocurre en el caso del expresidente Álvaro Uribe. El gobierno Santos promovió una reforma constitucional para crear un “tribunal de aforados”, que reemplazara el kafkiano proceso político del Congreso, pero el fiscal Montealegre maniobró con tal audacia, tanto en el curso de los debates del proyecto de acto legislativo, como después de haber sido expedido, ante la Corte Constitucional. Justo, al cierre de esta edición de desde abajo –julio 14 de 2016–, el más alto juez de la jurisdicción constitucional declaró esa reforma inexequible. Por ello solo debemos esperar otros veinticinco o cien años de impunidad de los grandes bandidos de Colombia.

 

¿Qué hacer ante tal cúmulo de impedimentos que se le presentarán a Martínez para perseguir a los grandes bandidos? Banqueros, azucareros y petroleros están entre sus clientes. Verse ante la perspectiva de tener que perseguir a sus cliente, debió causarle tanto rubor al elegido Fiscal General, que de inmediato se apresuró a proponer unas “profundas reformas”, en el organismo que va a ocupar: nombramiento de fiscal ad hoc por parte de la Corte Suprema de Justicia, siempre que tenga que declararse impedido para perseguir el delito; una auditoría interna que le reporte directamente a la Corte el comportamiento del organismo y de su titular, y el nombramiento de un fiscal encargado una vez que el titular termine su período o renuncie a su cargo. En realidad, en cualquiera de las tres reformas, no son más que simples distractores. En el caso de NHMN, ¿qué dificultad tendrá en postular subrepticiamente ante el alto tribunal el nombre o los nombres de los candidatos a fiscal ad hoc, así como su sucesor temporal y el propio auditor interno? Supongamos que no intrigara, ¿qué sucede mientras se tramita la reforma? Sencillamente, que cada vez que tenga que declararse impedido, lo reemplazará aquel funcionario que él ha nombrado: el Vicefiscal.

 

En la actual coyuntura los colombianos solo podemos hacer votos porque el poderoso funcionario Martínez Neira, aunque sea para guardar las apariencias, obre de la manera más equilibrada posible, y que haga justicia en lo que a la Fiscalía corresponde. El momento es muy delicado, y el Fiscal General tiene que jugar un papel determinante. En efecto, se sabe que en la actualidad cursan más de 110.000 procesos que tienen su origen en el conflicto social armado, que esperamos que pronto sea cerrado, tanto con las Farc como con el Eln. De acuerdo con el Tribunal Especial de Paz, acordado entre el Gobierno y las Farc en La Habana, el Fiscal General no solo debe enviar esos 110.000 procesos al nuevo tribunal, sino que debe colaborar con las nuevas investigaciones que surjan, en relación con la guerra. En el futuro Colombia debe pensar en una reforma estructural de la justicia, en la que se contemple la Fiscalía General de la Nación, en un régimen acusatorio pleno, pero en que su elección no dependa del ejecutivo y de la rama judicial, sino de los propios ciudadanos. Por otra parte, nuestro país está en mora de pensar seriamente en una reforma de la estructura del Estado, redefiniendo funciones en las distintas ramas y órganos del poder público, para que efectivamente haya una verdadera separación y equilibrio de poderes.

 

 

Publicado en Edición Nº226
Jueves, 28 Julio 2016 11:50

Estado omnipresente


Julio de 2016. Veinticinco 25 años después de la aprobación de la Constitución Política, y 46 desde que fuera expedido el decreto 1355 que regulaba las funciones de la Policía, estamos ante un nuevo Código Nacional de Policía que reproduce los autoritarismos característicos de la Constitución del 86, y que desconoce los derechos fundamentales inscritos en la Carta del 91.

 

 

Su sombra ya nos acecha. El 17 de junio de 2016 fue aprobado el nuevo Código Nacional de Policía (CNP). Sin mayores discusiones ni análisis profundos, es decir, a pupitrazo limpio, los “padres de la patria” aprobaron 243 artículos impregnados de ese tufillo autoritario del que nunca ha podido escapar el establecimiento colombiano, y del cual se ha valido para reprimir y violentar “legalmente” a sus connacionales; Código igualmente impreganado de ese moho moralista con el cual han pretendido inculpar a quien pretenda salirse del marco de la tradición y las “buenas constumbres.”

 

Protección legalista. El Código le permite a las “autoridades”, desde el ingreso a los hogares sin una orden judicial, pasando por la prohibición del trabajo informal en las calles, hasta la retención y la privación de la libertad de una persona, hasta por 6 horas, solo por sospecha. La nueva normativa sintetiza y enfatiza lo que para el neoliberalismo depredador es el deber ser de la vida pública y privada:

 

“Las disposiciones previstas en este Código son de carácter preventivo y buscan establecer las condiciones para la convivencia en el territorio nacional al propiciar el cumplimiento de los deberes y obligaciones de los civiles, así como determinar el ejercicio del poder y la función de la policía, de conformidad con la Constitución Política, el ordenamiento jurídico vigente y el criterio de nuestros uniformados”.

 

Palabras elocuentes con un propósito “noble”: el orden y la buena convivencia. Eso diría cualquiera que no fuera más allá de la letra gruesa, de la superficie del texto, sin adentrarse en los entre líneas que esconden un extenso compendio de normas, multas y castigos cuyo fin es modelar conformismos, silencios, y reproducir estereotipos del criminal (generalmente pobre) y formas de ser y de pensar que por años nos han impuesto aquellos que con garrote y hambre aprietan las cadenas de quienes habitan el territorio colombiano. Ellos lo saben: Imponiendo terror y sumisión, el cuerpo armado a su servicio –la violencia legalmente establecida– ha cumplido satisfactoriamente la tarea impuesta por la clase dirigente: mantener, asegurar y perpetuar su dominio autoritario.

 

 

Imprecisiones e incertidumbres

 

El nuevo Código que entrará a regir el próximo año, deja a consideración del uniformado cuando violentar o no los derechos básicos de sus “protegidos”, por lo cual a quienes sufrimos el acoso policial no nos queda más opción que confiar en “su buena fe”. Sobre todo si la Ley no se aplicará al acto policial ni a los procedimientos policiacos, sino hasta después de que se rindan declaraciones y los informes pertinentes y, naturalmente, el proceso jurídico será realizado, en primera instancia por la misma institución.

 

Con todo a su favor. Basta con leer unas cuantas páginas para encontrar una serie de imprecisiones que dan pie a múltiples interpretaciones que propician el abuso de autoridad de la Policía. Es el caso del Artículo 35 “Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades”, en el que indican que una persona “no deberá resistirse a procedimientos de identificación o individualización, ni negarse a dar información veraz sobre lugar de residencia, domicilio y actividad, a las autoridades de policía cuando estas lo requieran. No podrá ofrecer ningún tipo de resistencia a la aplicación de una medida o la utilización de un medio de policía”.

 

Sin ser perspicaces, podríamos concluir: no podemos salir ni a la esquina sin algún documento de identidad, tratar –en lo posible– de no parecer sospechoso. En caso de no tener un documento esto podría ser considerado como “resistirse a procedimiento de identificación o individualización, por parte de las autoridades de policía”, en consecuencia, el uniformado procedería a la “aplicación de una medida o la utilización de un medio de policía”; cuestionar el procedimiento nos costaría 687 mil pesos.

 

 

Espacio público

 

El Código defiende el espacio público privatista y restrictivo. El Artículo 140. Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público, numerales 4. Ocupar el espacio público en violación de las normas vigentes, 5. Ensuciar, dañar o hacer un uso indebido o abusivo de los bienes fiscales o de uso público o contrariar los reglamentos o manuales pertinentes y 6. Promover o facilitar el uso u ocupación del espacio público en violación de las normas y jurisprudencia constitucional vigente:

 

Artículo 28 del decreto 1504 de 1998. -La ocupación en forma permanente de los parques públicos, zonas verdes y demás bienes de uso público, [...] sin la debida autorización de las autoridades municipales o distrital, [...] y la ocupación temporal o permanente del espacio público con cualquier tipo de amoblamiento o instalaciones dará lugar a la imposición de las sanciones urbanísticas que señala el artículo 104 de la Ley 388 de 1997. El Artículo 104 de la Ley 388 de 1997 numeral 4 dice: Multas sucesivas entre treinta (30) y doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales, para quienes ocupen en forma permanente los parques públicos, zonas verdes y demás bienes de uso público [...].

 

Así las cosas, cualquier actividad económica informal realizada en el espacio público y que lo ocupe permanentemente, tendrá una reprimenda de 86 mil, 344 mil y hasta 687 mil pesos y además… Parágrafo 3°. Cuando el comportamiento de ocupación indebida del espacio público a que se refiere el numeral 4 del presente artículo, se realice dos (2) veces o más, se impondrá, además de la medida correctiva prevista en el parágrafo anterior, el decomiso o la destrucción del bien con que se incurra en tal ocupación.

 

No queda lugar a duda alguna: el Código vela por el patrimonio de las grandes cadenas comerciales, en su afán por atacar y erradicar la economía informal, las economías populares y el trabajo no formalizado. Son, entonces, los/as trabajadores/as de las ventas informales criminales que no pagan impuestos y atentan contra el paisaje urbano del ideario de país que invisibiliza los serios problemas de desempleo e inequidad.

 

 

El derecho a la protesta: sí, pero no

 

Aunque en el Código es reconido el derecho fundamental a la protesta, el mismo exige unos requisitos y eleva unas especificaciones que terminan por contradecir totalmente el principio de este derecho y de la libre expresión.

 

-Debe darse aviso por escrito ante la primera autoridad administrativa del lugar o mediante correo electrónico.

-Tal comunicado debe ser suscrito por lo menos por tres personas.

-Tal aviso deberá expresar día, hora y sitio de la proyectada reunión.

-Debe presentarse con 48 horas de anticipación indicando el recorrido prospectado.

-Toda reunión y manifestación que cause alteraciones a la convivencia podrá ser disuelta.

-Los alcaldes distritales o municipales deberán permitir el uso de las vías salvo circunstancias excepcionales o de fuerza mayor.

 

De esta manera, el derecho a la protesta queda sujeto a la aprobación de las autoridades administrativas pues en caso de incumplir alguno de los requisitos, podrá ser calificada como ilegal, por lo que podrá ser disuelta (así llaman a la represión o violencia) por la Policía. Es inherente a la marcha, manifestación y protesta la alteración de la cotidianidad, en cuanto a que esta implica la obstrucción de la vía pública. Como se ha visto en muchas ocasiones, las movilizaciones que recurren al bloqueo de las vías terminan siendo víctimas de la arremetida violenta del Esmad.

 

En el artículo 53 del Código no quedan claras cuáles son las circunstancias excepciones por las que, un alcalde puede prohibir una manifestación, ni a qué se le puede llamar “alteración a la convivencia”. El Código, además, hace énfasis en la manifestación y la protesta pacífica, es decir, aquella que no altere la normalidad de un día cualquiera. Entonces, ¿cómo puede llevarse a cabo la misma para que cumpla con esta exigencia?

 

Entre norma y norma, lo cierto es que estamos ante un simple eufeminsmo. Lo que suscita el nuevo reglamento resalta el empeño del gobierno por silenciar a la oposición, extendiendo por todo el cuerpo social sus prácticas y procederes contrainsurgentes, los cuales siguen inundando su comprensión de la vida cotidiana “anormal” y de la inconformidad social. De esta manera y para lograr su propósito de control y sujeción social, el Esmad, la normatividad penal y este Código de Policía, son parte de los instrumentos de represión legal del establecimiento, sumados, por supuesto, a la represión paramilitar que sigue actuando con total impunidad y complicidad de sectores de las Fuerzas Armadas.

 

No en vano fueron las palabras del presidente Santos respecto al reforzamiento de estas Fuerzas:

 

“[...] Y ahora que vamos a ver, porque eso es parte natural de este proceso, más movilizaciones y protestas sociales, porque ya no va a ser en las selvas a punta de bala, sino por la vías democráticas como se solucionen las diferencias de nuestra sociedad, el papel de nuestra fuerza pública se vuelve también muy importante, el papel de Esmad se vuelve especialmente importante. Preservar la seguridad en todo el territorio es otra prioridad [...] es falso que la institución vaya a desaparecer o que la Fuerza Pública se va a ver disminuida tras el desarme de la guerrilla. Aclaró, eso sí, que tendrán un nuevo rol, como el de hacerles seguimiento a las manifestaciones sociales y a su legalidad, defendiendo el legítimo derecho de quienes decidan protestar ya no con las armas sino en las calles de forma pacífica [...] se requieren personas de temple, personas fuertes, personas con nervios de acero, pero con el corazón ardiente por el amor a su institución y a su Patria para cumplir bien ese indispensable deber de preservar el orden público en todas las zonas y territorios del país”.

 

Palabras más apropiadas para un país con un conflicto en auge y no para uno que se dispone para la paz armada. El aumento de la protesta es directamente proporcional a la inconformidad del pueblo, demostrando así, que la guerra no es causa, sino consecuencia de la desigualdad y la inequidad en Colombia.

 

 

 

 

Además...

 

El Código faculta a la policía para retener a personas que consideren estan bajo la influencia del alcohol u otras sustancias sicoactivas, aún si el consumo de drogas ocurre en la intimidad del hogar. La Policía puede irrumpir en cualquier casa, sin ninguna orden judicial, si consideran que allí se está cometiendo alguna falta contra el Código de Policía. Nuevamente queda sometido al criterio de un policía la posibilidad de vulnerar un Derecho, de intervenir sin que la persona lo solicite o sin que haya una orden judicial, medidas que en un Estado represor como el colombiano, seguramente serán usadas para abusar de la autoridad y realizar acciones con motivaciones políticas y de persecución.

 

Buenas son razones, pero... El CNP castiga a quienes dañen el medio ambiente, criminaliza la minería artesanal, pero no hace mayor referencia a la afectación causada al mismo por las grandes empresas multinacionales. Así las cosas, ¿en dónde quedan los acuerdos, las demandas democráticas de las comunidades y procesos sociales, expresados una vez más en la reciente Minga nacional?

 

En general, este nuevo Código represivo, resume una aspiración de control total con enfoque autoritario, convirtiendo a la Policía en el estandarte de la sociedad a través de la regulación del comportamiento y la convivencia, asumiendo el control pleno de la vida ciudadana. Estamos pues, ante un Código con visión punitiva y criminalista, nunca civilista, que nos remonta cien años en el pasado nacional.

 

 

Colombia: un Estado de sitio

 

Ante el yunque de este nuevo Código Nacional de Policía, bueno es mirarnos en nuestro propio espejo.

 

Estuvo entre nosotros por muchos años. Con la excusa del peligro de una subversión emergente y grupos al margen de la ley, el gobierno colombiano utilizó el estado de sitio para violar sistemáticamente los derechos humanos y las libertades ciudadanas. Con la Constitución de 1886 fue implementada esta herramienta de la opresión.

 

Artículo 121. -En los casos de guerra exterior, o de conmoción interior, podrá el Presidente, previa audiencia del Consejo de Estado y con la firma de todos los Ministros, declarar turbado el orden público y en estado de sitio toda la República o parte de ella.

 

Mediante tal declaración el Presidente investido de las facultades que le confieran las leyes, y, en su defecto, de las que le da el Derecho de gentes, para defender los derechos de la Nación o reprimir el alzamiento. Las medidas extraordinarias o decretos de carácter provisional legislativo que, dentro de dichos límites, dicte el Presidente, serán obligatorios siempre que lleven la firma de todos los Ministros.

 

El Gobierno declarará restablecido el orden público luego que haya cesado la perturbación o el peligro exterior; y pasará al Congreso una exposición motivada de sus providencias. Serán responsables cualesquiera autoridades por los abusos que hubieren cometido en el ejercicio de facultades extraordinarias.

 

Así, durante 70 de los 105 años que mantuvo vigencia la Constitución del 86, el autoritarismo fue elevado a norma de la nación, y con éste la criminalización de la protesta, la persecución política y la “limpieza” social. La violencia en la historia de nuestro país ha moldeado el orden estatal y la manera como éste legisla, priorizando la protección del orden público, sobrevalorando el papel de la Fuerza Pública y la militarización de la vida cotidiana, enfatizando en el castigo y no en la prevención. Corresponde al prolongado uso del estado de sitio el mecanismo y el espacio, además, para consolidar a la Policía y a las Fuerzas Armadas como las herramientas por antonomasia usadas por el gobierno para imponer un sistema opresor en un marco de aparente democracia.

 

 

Estatuto de Seguridad

 

“Por el cual se dictan normas para la protección de la vida, honra y bienes de las personas y se garantiza la seguridad de los asociados”.

 

No fue suficiente el estado de sitio, y le dieron una vueltas más a la tuerca. Eran tiempos de fuerte convulsión social. La inconformidad ganaba espacio a lo largo y ancho del país, y su máxima expresión se logró el 14 de septiembre de 1977, con la realización del Paro Cívico Nacional, del cual echaron mano para declarar una vez más el estado de sitio.

 

El Presidente de entonces, Alfonso López, con el sol a sus espaldas, se resiste a firmar el Estatuto de Seguridad, el que vendría a ser aprobado por quien le sucederá en sus funciones: Julio César Turbay Ayala.

 

Así, en 1978, el 6 de septiembre, mediante el Decreto 1923, fue establecido el Estatuto de Seguridad utilizando como plataforma jurídica el Estado de excepción, con la excusa de combatir los grupos guerrilleros, lo que desencadenaría una constante y difícil situación de orden público.

 

La confrontación entre el Estado y la insurgencia captó la atención de toda la sociedad colombiana, tras bambalinas, quedó encubierta una guerra sucia que fue apoderandose del país con el aliento del narcotráfico. Se criminalizó la oposición política; todo tipo de protesta: sindical, popular, libre circulación y expresión, etcétera. Toda manifestación de inconformidad era catalogada y castigada como subversiva.

 

El Estatuto de Seguridad respondía a la Doctrina de Seguridad Nacional (DSN) según la cual las Fuerzas Armadas debían combatir al “enemigo interno”, al considerar que cualquier opositor o crítico del Estado era una amenaza a los valores políticos importantes del país. Esta Doctrina le otorgaba importancia decisiva a la representación directa de las fuerzas militares en las diversas instituciones estatales.

 

Hace 38 años, bajo tal Estatuto, las fuerzas militares y de policía fueron investidas de facultades judiciales, se inventaron supuestos delitos que atentaban contra el orden público y condenas exageradas por cualquier expresión de inconformidad social o de supuesto desorden social. Por ejemplo, una contravención que era sancionada con 30 días de arresto, entonces era de uno a cinco años de prisión; hoy, con el nuevo Código de Policía, amenazan el bolsillo de las personas. Entonces las cárceles se llenaron de presos políticos. Hoy ya están colmadas por ellos, ¿quedarán repletas?

 

 

 

Publicado en Edición Nº226
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