Tres décadas y media después de su creación y a doce años de haber alcanzado el poder, el Partido de los Trabajadores (PT) atraviesa una profunda crisis que afecta su propia identidad, toda vez que abandonó principios éticos que pautaron los primeros años de su existencia. El último escándalo de corrupción en torno a la estatal Petrobras, no sólo puede desalojarlo del gobierno sino deslegitimarlo ante sus propias bases.

 

"El proyecto del PT hoy, como el de todos los partidos, es mantenerse en el poder y punto", asegura el sociólogo Francisco de Oliveira (Revista IHU, 1 de abril de 2013). Lo dice quien fue militante en la clandestinidad durante la dictadura y fundador del partido; quien bajo la presidencia de Luiz Inacio Lula da Silva lo abandonó por izquierda para formar el Partido del Socialismo y la Libertad (PSOL), un intelectual con larga trayectoria política que, desde los primeros pasos del PT en el poder, se esforzó por comprender la inédita experiencia de una fuerza nacida desde la experiencia cotidiana de los trabajadores para ascender en los diversos escalones del aparato estatal hasta coronar la presidencia en 2003. Y volverse, en apenas meses, partido del orden y de los empresarios.


"El poder intriga", escribió Frei Betto en 2006, luego de abandonar su cargo en el gobierno de Lula como asesor especial del presidente y Coordinador de Movilización Social del Programa Hambre Cero, "con derecho a gabinete en el Palacio de Planalto y una infraestructura nada despreciable: secretarias, móvil, viajes aéreos, vivienda, coche con conductor, todo pagado por el contribuyente" (Alainet, 14 de marzo de 2006). Sus desencantadas reflexiones en el libro Moca azul parecen premonitorias: "Un militante de izquierda puede perder todo, la libertad, el empleo, la vida. Menos la Moral"*.


Ambos referentes éticos e intelectuales de la izquierda brasileña coincidieron en tomar distancias del PT en el gobierno. De Oliveira dio un portazo a los pocos meses de que Lula se convirtiera en presidente, asegurando que era más privatizador que el neoliberal Fernando Henrique Cardoso, "privatizador en una escala que Brasil nunca conoció". Betto se fue en silencio, pero su libro fue un golpe tremendo al prestigio de Lula y del partido. Ambas denuncias partían del corazón mismo del poder. Sabían de qué hablaban y, de hecho, nunca fueron desmentidos.


Una década después de aquellas deserciones, las cosas no han hecho sino empeorar para el gobierno y el partido. Las grandes movilizaciones del pasado 15 de marzo, siete a diez veces más concurridas de las que convocó el arco oficialista dos días antes, el 13 de marzo, son apenas la parte más visible de un doble deterioro: el PT y el gobierno perdieron tanto la iniciativa política como la legitimidad largamente construida y, peor aún, perdieron la calle, allí donde nació el partido que llevó aire nuevo a la política brasileña.


Aún es pronto para saber si podrá recuperarse. Lo cierto es que sus cuadros e intelectuales no atinan a reconocer lo que está sucediendo. Lanzan pelotazos lo más lejos posible del área propia: acusan a los medios, a la derecha y al imperialismo de todo lo malo que les sucede, pero nada dicen de las decisiones políticas de la presidenta Dilma Rousseff que nombró a un Chicago boy al frente de Economía y a una contumaz representante del agronegocio en Agricultura, por poner apenas dos ejemplos.


La crisis actual tiene antecedentes que deben buscarse en la forma como construyó el PT la gobernabilidad desde 2003, de la mano de Lula, con el visto bueno de la central sindical CUT, de la dirección del partido, incluyendo sus diversas corrientes "críticas", y la casi totalidad de los movimientos sociales. Las voces disidentes, en estos doce años, fueron débiles y se atrincheraron con el gobierno con el argumento de "no hacerle el juego a la derecha", sin percibir que la derecha está, precisamente, en el gobierno.

 

Mensalao después

 

Apenas llegados al gobierno, los cuadros de confianza del PT diseñaron una política de alianzas para conseguir las mayorías parlamentarias necesarias para gobernar y una estrategia de expansión de la economía soldada con las grandes empresas brasileñas. La articulación con una decena larga de partidos requirió paciencia y habilidad política, pero pronto se supo que, para asegurar que los proyectos del Ejecutivo fueran aprobados en el Congreso, se había montado un esquema de pago de mensualidades (mensalão) desviando recursos de empresas estatales.


El escándalo le costó el cargo a José Dirceu, experimentado dirigente petista y hombre de máxima confianza de Lula, además de varios dirigentes del PT y de partidos aliados quienes fueron condenados por la justicia. Pero el episodio de corrupción que involucró a decenas de parlamentarios no tuvo grandes costos políticos, ya que apenas un puñado de militantes abandonó la sigla y la buena situación económica evitó mayor desgaste del oficialismo ante su electorado.


Sin embargo, fue claro para quien quiso ver que la ética había sido relegada en aras de un proyecto de poder. Algo similar sucedió con la alianza tejida por el lulismo con los empresarios. Las informaciones sobre las millonarias donaciones a las campañas electorales de los partidos, incluyendo al PT, no deterioraron la imagen del gobierno ni del partido, que aducía que era el modo como se financiaban todos.


Se trata de un vínculo estructural que hace al meollo de la gobernabilidad brasileña que, por cierto, no fue inventado por el PT, pero que un partido que se proclamó de los trabajadores y de la ética no hizo el menor intento por desmontar. Cuando se destapó el nuevo escándalo, conocido como Petrolão porque el epicentro es la empresa estatal Petrobras, involucrando a dirigentes de varios partidos que sostienen al gobierno, a altos cargos de la empresa y a directivos de las más conocidas constructoras, no fue una sorpresa. Salvo por el monto desviado: la friolera de casi cuatro mil millones de dólares en diez años.


Dos grandes problemas afectan al gobierno del PT. Uno, que no puede achacar la corrupción a nadie más que a sus propios cuadros, ya que la dirección de la estatal estaba en manos de Graças Foster, una tecnócrata de confianza de Rousseff. Ambas debían tener conocimiento de que se estaba desviando dinero, ya que la magnitud de la cifra no permite otra conclusión. Si no sabían, el desgobierno sería más grave aún.


El segundo problema que enfrenta, es que las empresas involucradas juegan un papel destacado en el esquema de gobernabilidad petista y en su engranaje de política exterior. Las constructoras son grandes multinacionales brasileñas definidas como "campeonas nacionales" por Lula, que contaban con generosos créditos del BNDES para lubricar su expansión por el mundo. Esta "alianza estructural" con el agronegocio, las mineras y los sectores estratégicos del empresariado es una de claves de la gobernabilidad del PT.


Por eso Bruno Cava, investigador de la Universidad Nómade, sostiene que el escándalo de corrupción no se debió a desvíos de dineros públicos por personas corruptas. O sea no fue un accidente ni un hecho puntual que pueda resolverse castigando a los implicados, sino que "estructura la propia gobernabilidad, de modo que es difícil decir quién es el corrupto y quién el corruptor: si las constructoras corrompieron al partido y al gobierno, o si el partido y el gobierno corrompieron a las constructoras" (Revista IHU, 23 de marzo de 2015).


Concluye destacando la existencia de redes de poder que abarcan tanto al polo estatal como al privado. Desde que llegó al gobierno, el PT promovió una reorganización del capitalismo brasileño en base al impulso estatal de un puñado de empresas en condiciones de competir en el mundo. Las constructoras formaban parte de ese núcleo.

 

Empresarios amigos

 

Desde 2011 hasta mediados de 2013, el expresidente Lula visitó 30 países, de los cuales 20 están en África y América Latina. Las constructoras pagaron trece de esos viajes, la casi totalidad por Odebrecht, OAS y Camargo Correa (Folha de São Paulo, 22 de marzo de 2013). Un telegrama enviado por la embajada de Brasil en Mozambique, luego de una de las visitas de Lula, destaca el papel del ex presidente como verdadero embajador de las multinacionales. "Al asociar su prestigio a las empresas que operan aquí, el ex-presidente Lula desarrolló, a los ojos de los mozambiqueños, su compromiso con los resultados de la actividad empresarial brasileña", escribió la embajadora Lígia Scherer.


La actuación de Lula no es ilegal. Por el contrario, su actitud está en sintonía con lo que suelen hacer los presidentes y ex presidentes de todo el mundo: trabajar para favorecer a las grandes empresas de sus países, aunque poco tiene que ver con una actitud de izquierda, solidaria con los trabajadores.


La casi totalidad de las obras de infraestructura contempladas en el proyecto Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA), en total de más de 500 obras por 100 mil millones de dólares, están siendo construidas por las multinacionales brasileñas. Lo mismo sucede con las represas hidroeléctricas. El estatal BNDES (Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social) es el principal financiador de estas obras, pero lo hace a condición de que el país que recibe el préstamo contrate empresas brasileñas.


El papel del Lula es el de promover a "sus" empresas, contribuyendo a allanar dificultades gracias a su enorme prestigio y a la caja millonaria del BNDES. No ilegal, pero políticamente impresentable para quien tenga pretensiones de considerarse de izquierda.


Cuando hubo conflictos entre las empresas y gobiernos de la región, los dirigentes del PT optaron por las empresas que, entre otras cosas, financian las campañas electorales, de modo muy particular las constructoras. Odebrecht fue expulsada por el gobierno de Rafael Correa en 2008 por las fallas de la represa San Francisco que debió ser paralizada apenas un año después de inaugurada. El gobierno de Lula se empeñó a fondo en la defensa de Odebrecht, una de las principales donantes a las campañas del PT.


Se trata de megaempresas (Odebrecht, Camargo Correa, Andrade Gutierrez, Gerdau, Votorantim, OAS) que nacieron al amparo del Estado en el periodo del desarrollismo de Getúlio Vargas (1951-1954) y crecieron gracias a la obra pública de la dictadura (1964-1985). Hoy son los principales apoyos empresariales de los gobiernos petistas, construyen las principales obras de infraestructura en Brasil, desde represas como Belo Monte hasta autopistas, ferrocarriles y aeropuertos, pero sobre todo los polémicos estados del Mundial 2014 y los Juegos Olímpicos de Rio en 2016.


Para hacerse una idea del poder de este grupo de empresas, sólo una de ellas, Odebrecht, tiene 160.000 empleados (sólo en Angola emplea 40.000 personas) y factura 55.000 millones de dólares, cifra similar al PIB de Uruguay. Tiene presencia en 17 países, sobre todo en América Latina y África, y el 52% de sus ingresos provienen del exterior, de ahí la necesidad que tienen de apoyo "diplomático".

 

Salvo el poder todo es ilusión

 

Mientras la socialdemocracia europea amarró su destino al Estado del Bienestar, con nudos tan potentes que se hundió con él, los progresismos latinoamericanos que nacieron en pleno etapa neoliberal trenzaron sus destinos con las elites empresariales locales. A diferencia de aquellos, nunca tuvieron la intención de erigirse como conciliadores de los intereses de clases (que implica derechos plenos para los trabajadores) sino que pusieron en pie una variedad de políticas sociales que en ningún caso representan ampliación de derechos, sino traspasos compensatorios que se resumen en integración de los de abajo a través del consumo.


Semejante política sólo pudo contentar a todas las partes en períodos de vacas gordas, o sea mientras duraran los altos precios internacionales de las commodities. En Brasil el empeño en promover los monocultivos de soja, las grandes obras de infraestructura, con algunos excesos como la represa de Belo Monte que ni la dictadura pudo realizar por la tenaz oposición social, y la expansión de la ganadería para exportación, generaron fuertes impactos ambientales que los gobiernos de Lula y Dilma nunca tuvieron en cuenta. Los políticos brasileños, de todos los colores, no se inmutaron siquiera este verano cuando la mega ciudad de São Paulo estuvo a punto de quedarse sin agua potable por la pertinaz, y previsible, sequía.


Pero el embrujo del lulismo se terminó. De la peor manera. En las calles millones de jóvenes mostraron su indignación por la perpetuación de la desigualdad, en el país más desigual del mundo. O povo acordou (El pueblo despertó), fue una de las consignas más gritadas en las 353 ciudades donde hubo manifestaciones en junio de 2013. Literalmente, despertó de un sueño de diez años acunado por los acordes del consumismo que hizo olvidar las necesarias reformas estructurales para superar la desigualdad.


Con ello el sistema político empezó a mostrar sus grietas, (mal) disimuladas por la euforia del coche nuevo, la moto y el plasma. Si ser de izquierda es "luchar por la igualdad social", como recuerda De Oliveira, el PT quedó tan malparado como los partidos de la derecha, en particular la socialdemocracia de Cardoso, su supuesto archienemigo. El modelo del "presidencialismo de coalición" actualizado por Lula y Dilma, se desvaneció en las calles.


"Lo trágico es que cuando una cosa termina no acaba inmediatamente y puede continuar como un zombi, como muerto vivo, y el país quedar paralizado por mucho tiempo", señala el filósofo Vladimir Safatle, quien asegura que el fin del modelo construido en la pos dictadura "se lleva consigo a los actores políticos, intelectuales y formadores de opinión" (bol.com.br, 15 de marzo de 2015). Lo primero es aceptar lo que sucede, el fin de algo. Sin dar ese paso, no se encuentran soluciones.


Pero el PT y sus intelectuales nunca comprendieron lo sucedido en junio de 2013. Hasta ahora resolvieron sus problemas apelando al marketing y a empresas de opinión pública. En lugar de intentar comprender los gritos de la calle, y acompañarlos como indica la ética de izquierda, se replegaron sobre un sistema político deslegitimado, se hicieron aún más conservadores (tanto los cuadros como sus intelectuales), mostraron toda la arrogancia de los que se creen investidos por un destino superior.


Peor aún: arrastraron a una parte significativa de los movimientos hacia un discurso vacío "contra el avance de la derecha". La izquierda es nada sin los movimientos que, para operar como tales, necesitan "liberarse de la dependencia financiera, política y simbólica en relación al gobierno y al PT", como señala Cava. La crisis del PT deja un vacío que, por ahora, lo está ocupando la derecha. Pero la gente del común, la que creó hace tres décadas la CUT, el MST y el propio PT, puede reaccionar y tomar la iniciativa. Sería una barrida fenomenal, en la que caerían no sólo las derechas tradicionales sino también los progresistas.

 

*Editorial Rocco, Rio de Janeiro, 2006, p. 149.

Publicado en Internacional

"Si hay sentencias rectas, la ciudad y el pueblo florecen; la paz anda; en la tierra nunca habrá dolorosa guerra. Nunca a los hombres de rectas sentencias el hambre acompaña. La tierra tiene sustento abundante: hay bellotas en el monte, lana en los rebaños, miel en los panales y las mujeres paren hijos semejantes a sus padres. Mas si son torcidas las sentencias, a un tiempo el hambre y la peste llegan, perecen los hombres, la mujeres dejan de parir, las casas se caen y la ciudad se hunde".

La reflexión es de Hesíodo (siglo VIII antes de nuestra era). Este hombre, del Valle de Beosia, entre Atenas y Delfos, con un adelanto de 2800 años, parece que estuviera haciendo un diagnóstico de la sociedad colombiana, de los tres primeros lustros del siglo XXI, pero al mismo tiempo parece que estuviera brindándonos la solución: justicia y paz. Todo está ahí, en muy pocas palabras. Para qué explicar o interpretar lo que está tan inmensamente diáfano.

Como las palabras de Hesíodo son demasiado claras, lo mejor es que los colombianos hagamos el esfuerzo de responder los interrogantes que encabezan esta nota. Habría que hacer votos porque sea un hecho aislado. Sí, será aislado, entre los nueve magistrados de la Corte Constitucional. Pero si los nueve representan 50 millones de habitantes ¿a cuántos representa un bandido?

Aunque nos hagamos la ilusión de que se trata de un hecho aislado, los antecedentes cercanos nos indican que se trata solo de la llaga de un cáncer generalizado. No solo en la rama judicial, sino en toda la estructura del Estado y en toda la sociedad. Basta recordar unos pocos casos para sacar conclusiones: la fallida reforma que promovió y hundió el presidente Santos en su primer mandato. El Gobierno tuvo que abortar el proyecto, por la perversidad en la que cayeron los legisladores y los altos jueces. El Consejo Superior de la Judicatura, a ciencia y paciencia de que la Constitución no le dio la función de juez, hace y deshace con las tutelas, que es una tarea exclusiva de los jueces. De ahí que todos los colombianos, excepto sus propios miembros, piden que se suprima. Pero recordemos que el propio presidente Santos ha denunciado el cortejo, que esos magistrados hacen a los legisladores, para mantener ese organismo. El presidente de la Corte Suprema de Justicia le entrega el carro oficial a su hijo, éste lo utiliza como motel en plena vía pública, y cuando los agentes de policía lo requieren, los ultraja y los amenaza, porque los pobres "no saben quién soy yo". Y, si seguimos anotando casos, no alcanzan las páginas de este periódico para relacionarlos todos.

Pero volvamos al caso Pretelt. Nadie de nosotros, común de los mortales, lo podemos condenar antes de ser juzgado y vencido en juicio por sus jueces naturales. Pero lo que sí podemos es hacernos mil y una preguntas. ¿Es supuesto el soborno o es real? Si es real, ¿es la primera vez que exige o lo ha exigido en otros casos, desde cuando se posesionó como magistrado? Un hombre que declara tener 3.077 millones de pesos y que gana 27 millones mensuales, ¿para qué necesita 500 millones más? ¿Acaso no le alcanzan esos recursos para el sostenimiento suyo y de su familia? ¿Será que un hombre es capaz de comerse en su vida, 3.077 millones de pesos? ¿Cómo hará para consumir ese dinero? ¿Qué pensará de estas cifras un excluido, un desplazado, un desheredado de la fortuna, un hombre de la calle, un vendedor informal, un asalariado de barrio, un labriego?

Todas las preguntas que aquí formulamos, las trasladamos a su juez natural. Y, ¿quién es juez natural? La Comisión de Acusaciones, cuyo presidente, el representante Julián Bedoya, asume, mutuo propio, la conducción del proceso. Y, ¿quién es Julián Bedoya? Un señor que no es abogado, que fue expulsado de la Escuela de Policía General Santander, porque se vio envuelto en el extravío de un arma oficial. En la praxis del juzgamiento de las personas protegidas con fuero especial, suele seguirse el principio de que se adelante por "un par profesional". Entonces, ¿cómo es que un hombre, que solo tiene el título de bachiller, puede juzgar a un abogado, que ostenta la más alta magistratura de la nación? Todo esto ocurre, porque en la alta dirección del Estado (presidente de la República, ministros, legisladores, altos magistrados, jefes de organismos de control), no han efectuado el ejercicio de pensar por quince minutos, ¿cuáles son las funciones esenciales del Estado y cómo deben repartirse esas funciones? Y, digo que no se han detenido a pensar, así sea por quince minutos, porque lo que están proponiendo como gran reforma es un cambio para que todo siga igual, o peor, aún.

Entonces, ¿qué hacer?, preguntarán muchos. El caso es de fondo, y no puede resolverse en mil cuartillas. Se trata de la voracidad del poder y la riqueza, que es insaciable. Donde quiera que hay un centro de poder, hay un bandido, o para ser más exactos, un gran bandido, que lo aprovecha todo en su propio beneficio. El ser humano es uno sin poder y otro con poder. La cultura de la corrupción, como la cultura de la guerra, se halla enquistada en el alma colectiva de nuestra sociedad. Y, para volver a Hesíodo, debemos comenzar a construir una cultura de la ética y de la paz. Lo que hemos tenido, durante los últimos doscientos años, ha sido una cultura de guerra, violencia y antivalores.

Publicado en Edición 211

Sao Paulo

 

Dos empresas involucradas en el caso de corrupción de Petróleo Brasileiro SA (Petrobras) firmaron un acuerdo para delatar al cártel que operó con la estatal, en un esquema que habría comenzado a gestarse a finales de los años 90, informó la autoridad antimonopolio de Brasil.


El cártel, que llegó a reunir 23 compañías, se fortaleció a partir de 2003, con el primer gobierno del ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva (2003-10), del izquierdista Partido de los Trabajadores.
A finales de los 90 el presidente era el hoy líder opositor Fernando Henrique Cardoso (1995-2003).


Los contactos y acuerdos entre competidores comenzaron de forma preliminar a finales de los 90 y principios de 2000, indicó el Consejo Administrativo de Defensa Económica (Cade), que firmó un acuerdo el viernes con las empresas Setal y SOG Oleo e Gas, que son parte de una misma sociedad.


Se tornaron más frecuentes y estables a partir de 2003/04 y duraron hasta, por lo menos, finales de 2011 y principios de 2012, añadió el texto, la única página disponible para lectura pública del documento de 70 páginas.


Según el Cade, las conductas anticompetitivas consistían en acuerdos de fijación de precios, condiciones, ventajas y abstención de participación y división de mercado entre competidoras en licitaciones públicas de obras en tierra de Petrobras en Brasil. Gracias al acuerdo con la autoridad antimonopolio las empresas entregarán información y documentos sobre el cártel a cambio de una reducción en eventuales castigos sobre prácticas anticompetencia, previstos en la ley brasileña.


El convenio fue suscrito en una investigación sobre el escándalo de corrupción en la gigante petrolera, que vincula a ejecutivos de Petrobras con empresarios, intermediarios y políticos en una trama ilícita que habría movido unos 4 mil millones de dólares en una década.


El caso estalló hace un año y ya existen acuerdos similares entre la justicia e individuos involucrados en la trama, que entregan información a cambio de reducción de sus penas.


Según el Cade, se formó un club de las nueve empresas que operaban como cártel con Petrobras, en el que participaban Setal y SOG, que después se extendió a 16 firmas, con la participación esporádica de siete empresas más.


En esos esquemas figuran las principales constructoras del país, como Odebrecht, Andrade Gutiérrez y Camargo Correa. La etapa previa a estos clubes ocurrió a finales de los 90, cuando las empresas comenzaban a organizarse, destacó por su lado el diario O Estado de Sao Paulo.


Las informaciones y los documentos recopilados por el Cade podrían ser enviados también a la fiscalía brasileña para complementar la investigación que lleva adelante.


El caso lava jato (lavadero de autos) ya ha señalado la existencia de un cártel de empresas que sobornaba a directivos de Petrobras para manipular licitaciones y cobrar sobreprecios en las obras, generando un flujo de dinero negro que enriquecía a directivos de la estatal, partidos políticos e intermediarios.


Por lo pronto, Engenharia, una de las constructoras contratistas de Petrobras, acusó a José Dirceu, ex jefe de gabinete de Lula, supuestamente por haber usado su empresa de consultoría para recibir dinero desviado de la petrolera, reportó este domingo el diario Folha de Sao Paulo.


La acusación fue hecha por Ricardo Pessoa, presidente de UTC Engenharia, preso por las investigaciones de este caso. Los pagos hechos a Dirceu correspondían a 2 por ciento del valor de los contratos que la empresa firmó con la estatal.
Dirceu cumple prisión domiciliaria tras haber sido condenado a diez años de cárcel por comandar una red de pago de sobornos mensuales a legisladores a cambio de que respaldaran al ejecutivo durante el primer gobierno de Lula.

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La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, dijo este lunes que su gobierno debe dialogar con quien sea y con humildad, y defendió su programa de ajuste económico, un día después de que más de millón y medio de personas marcharon en todo el país contra la corrupción y para exigir su renuncia.


Rousseff envió al Congreso un proyecto para combatir la corrupción en momentos en que el Ministerio Público acusó a otras 27 personas por el desvío de fondos en la estatal Petrobras, entre ellas a Renato Duque, ex director de abastecimiento de la empresa, y al tesorero del gobernante Partido de los Trabajadores (PT), Joao Vaccari Neto.


El gobierno tiene la obligación de abrir el diálogo, dijo la mandataria en una conferencia de prensa en esta capital, en su primera reacción tras las manifestaciones del domingo, que se realizaron en 83 ciudades del país.


La presidenta, quien a comienzos de la década de los 70 sufrió persecución y tortura por ser opositora a la dictadura militar, afirmó con voz emocionada: valió la pena luchar por la libertad y la democracia. Ayer (domingo), cuando vi a miles de ciudadanos manifestándose, no pude dejar de pensar que valió la pena luchar por la libertad. Este país está más fuerte que nunca.


Rousseff, quien empezó su segundo mandato el 1º de enero, fue blanco de cuestionamientos de los manifestantes, proceso que se ha ido agudizando por las constantes y escandalosas revelaciones de la confabulación político-empresarial que desvió unos 4 mil millones de dólares de Petrobras durante la última década.


La corrupción no nació hoy, es una señora que tiene muchos años, dijo la gobernante, y reiteró que había unanimidad en su gobierno acerca del combate a la corrupción y la impunidad, pero subrayó que se mantendría firme en las medidas de ajuste que impulsa para rencauzar las deficitarias cuentas públicas y recuperar el crecimiento, justo cuando la economía se deteriora cada vez más.


El paquete incluye la reactivación de algunos impuestos, un recorte de gastos en el Ejecutivo y restricciones al seguro de desempleo y pensión por muerte. Su lanzamiento despertó pugnas dentro de la base de partidos aliados al izquierdista PT y hasta en las filas de su propia agrupación.


La trama de corrupción en Petrobras, revelada hace un año, dejó al descubierto cómo las compañías sobornaban a directivos de Petrobras para poder manipular licitaciones y cobrar sobreprecios en las obras, generando un flujo de dinero negro que enriquecía a los que formaban parte de la confabulación y financiaba a agrupaciones políticas.


El Ministerio Público acusó al ex director de abastecimiento de Petrobras, Renato Duque, y al tesorero del PT, Joao Vaccari Neto, de corrupción, asociación criminal y lavado de dinero. Vaccari es señalado como el intermediario en el pago de sobornos por más de 1.23 millones de dólares al PT entre 2008 y 2010. Las nuevas denuncias, que incluyen a empresarios y ejecutivos de importantes constructoras como Mendes Junior y OAS, se refieren a irregularidades detectadas en contratos firmados por Petrobras para la construcción de dos gasoductos y de dos refinerías.


Duque, sospechoso de haber vaciado cuentas bancarias que mantenía en Suiza y haber transferido el dinero (unos 20 millones de euros) a cuentas secretas en el principado de Mónaco, fue detenido.


La Suprema Corte de Brasil autorizó este mes la apertura de investigaciones a 51 políticos –casi todos oficialistas–, entre ellos dos gobernadores y 34 legisladores, incluso los presidentes del Senado, Renan Calheiros, y de la cámara baja, Eduardo Cunha.

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La magnitud de las marchas sorprendió a muchos. El gobierno de Dilma Rousseff admite que ha sido una señal clarísima de un cuadro adverso, pero asegura que tiene todas las condiciones para mantenerse en pie y reaccionar.


Como suele ocurrir en ocasiones semejantes, hay discrepancias sobre el número de los manifestantes que ayer coparon calles en las 26 capitales provinciales de Brasil, además de Brasilia, capital federal, y por lo menos otro largo centenar de ciudades. Los organizadores hablan de dos millones. La suma de los datos de las respectivas policías locales llega a un millón y medio. Algunos diarios, a un millón ochocientos mil.


De todas formas, el número de manifestantes superó holgadamente la cifra del millón, como admite el mismo gobierno. Hasta el más optimista de los organizadores se sorprendió. Y hasta el más pesimista del gobierno se asustó. Ha sido una indiscutible manifestación de insatisfacción generalizada.


La gran sorpresa, en todo caso, fue Sao Paulo, principal bastión anti-PT y nicho más importante de los que se oponen radicalmente al gobierno de Dilma Rousseff. Asesores de la presidenta decían temer que el número de manifestantes superarse la marca de los cien mil y se acercase a la cifra esperada por los organizadores de la marcha, doscientos mil. Institutos de sondeo de opinión pública calcularon, terminada la marcha, que al menos un millón de personas desfiló por la avenida Paulista, corazón financiero no sólo de la ciudad, sino del país. Y la Policía Militar, encargada de mantener el orden, aseguró que marchó un millón y medio de personas. Es decir: como mínimo, algo así como una Montevideo, poco más de una Rosario, poco menos de una Córdoba entera en una sola avenida. Nadie, ni en sus más grandes delirios (o peores pesadillas, según quién), esperaba tanto.


Hasta que la marcha de Sao Paulo saliese a la avenida, las mayores concentraciones habían sido registradas en Brasilia y Belo Horizonte, con alrededor de 45 mil manifestantes. Río reunió entre 15 y 20 mil. Luego vino la primera sorpresa, en Porto Alegre, ciudad que desde hace décadas tiene al PT como principal partido preponderante y donde Dilma Rousseff hizo casi toda su trayectoria política desde que salió de las mazmorras de la dictadura: cien mil personas salieron a protestar.


El gobierno de Dilma, como se dice en el léxico del boxeo, sintió el golpe, pero trató de asimilarlo. O sea, admite que ha sido una señal clarísima de un cuadro adverso, pero asegura que tiene todas las condiciones para mantenerse en pie y reaccionar a la altura de lo que la circunstancia requiere.


A principios de la noche dos ministros, Miguel Rossetto, secretario general de la Presidencia, y José Eduardo Cardozo, de Justicia, ofrecieron una conferencia de prensa. Trataron de pasar la imagen de un gobierno que tomó muy buena nota de las dimensiones de las marchas, aseguraron que el combate a la corrupción –uno de los motores de las palabras de orden– seguirá siendo combatida tal como está, por todos los medios pero siempre respetando las bases esenciales del Derecho. Otro argumento fuerte fue que el mismo día en que se celebraron 30 años de la vuelta de la democracia (un 15 de marzo, de 1985, el último general-presidente, o sea, el último dictador, abandonó el palacio presidencial por la puerta de los fondos), el país vive tal estabilidad que más de un millón de personas fueron a las calles a protestar y no pasó nada.


Rossetto, un articulador hábil, destacó esa estabilidad y reiteró la necesidad de que sean implantadas medidas de ajuste fiscal, pero a la vez resaltó que el gobierno está completamente abierto al diálogo con todas las fuerzas políticas, la oposición inclusive.


Es un giro importante en la actitud hasta aquí mantenida por Dilma desde que logró su reelección, el pasado octubre, e inició su segundo mandato presidencial, el primer día del año. Luego de cosechar seguidas e importantes derrotas en el Congreso, debidas principalmente a la deslealtad de los aliados, que la acusaban de no negociar antes las medidas enviadas a la aprobación parlamentaria, ahora parece que cambiará de método.


No hubo incidentes, lo que ha sido un alivio para el gobierno. En São Paulo, la policía detuvo a un grupo de radicales que cargaba cohetes en mochilas. En Río, el único registro fue bastante más suave: la policía detuvo a media docena de ladrones de teléfonos celulares, y eso fue todo.

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Viernes, 13 Marzo 2015 09:55

Derechización o nuevo ciclo de protestas

Las alianzas entre Estado, empresarios y trabajadores que forjaron la gobernabilidad del PT no resistieron el embate del sistema financiero global. El desconcierto del gobierno de Dilma Rousseff y la incapacidad del partido de Lula para retomar la iniciativa indican que no encuentran una política y una economía alternativas.

 

La noche del domingo 8, mientras la presidenta se dirigía al país en cadena de televisión, una parte de la población le respondió con cacerolazos, bocinazos y abucheos en una decena de ciudades. Fue la primera aparición pública de Dilma Rousseff desde que se difundiera la lista con 47 políticos a ser investigados por desvío de fondos de la estatal Petrobras (véase nota de Agnese Marra, Brecha, 13-II-15).


La protesta fue convocada desde las redes sociales por la oposición, en la que juega un papel central el Partido de la Socialdemocracia Brasileña (Psdb) del ex presidente Fernando Henrique Cardoso y del candidato derrotado por Dilma en las últimas elecciones, Aécio Neves. Cardoso, sin embargo, se desmarcó del pedido de destitución de la actual mandataria, como promueve una parte de la oposición, incluyendo miembros de su propio partido.
Las protestas tienden a escalar. La oposición convocó marchas para el domingo 15, mientras el oficialismo reaccionó, de la mano de Lula, llamando a sus partidarios a ganar las calles hoy viernes. El clima de crispación social se produce en un marco de crisis económica, ajuste fiscal y recorte de beneficios sociales de los trabajadores. Una buena muestra de ese clima fueron las declaraciones de Aloysio Nunes, ex candidato a vicepresidente con Neves: "No quiero la destitución, quiero ver a Dilma de-
sangrarse" (Valor, lunes 9).


La máquina de lavar

 

La crisis en torno al desvío de fondos de Petrobras coloca al gobierno a la defensiva. Luego de varios días de zozobra, el Supremo Tribunal Federal publicó los nombres de los 47 políticos que serán investigados. La mayoría son miembros del PT, pero también de los partidos aliados como el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (Pmdb), al que pertenece el vicepresidente de la República, Michel Temer, y los presidentes de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, y del Senado, Renan Calheiros.


Cinco ex ministros de Rousseff, una ex gobernadora, 12 ex diputados y el ex presidente Fernando Collor de Mello integran la lista de sospechosos. En total están involucrados miembros de seis partidos, tanto del oficialismo como de la oposición. La investigación se basa en las denuncias hechas por el ex director de Abastecimiento de Petrobras Paulo Roberto Costa, y de Alberto Yousseff, encargado de lavar el dinero desviado. Ambos optaron por delatar a cambio de una reducción de la pena. Se estima que entre 2004 y 2012 la red de corrupción desvió unos 3.700 millones de dólares de la petrolera estatal.


El PT difundió un comunicado defendiendo la investigación y asegurando que si alguno de sus militantes es encontrado culpable será sancionado por el partido. Sin embargo, después de 12 años de gobierno el partido no puede reducir el problema a un puñado de dirigentes. Detrás de las denuncias, cierto es, puede estar la derecha, incluso el capital financiero global, que se frota las manos con la crisis de una de las principales petroleras del mundo, ante la perspectiva de su privatización como salida a los graves problemas que enfrenta.


Dos grandes problemas parecen conformar el telón de fondo de la corrupción. El primero es el modo como el PT se financia desde que está en el gobierno. Sus campañas electorales se benefician de donaciones de grandes empresas, muy en particular empresas nacionales de construcción que nacieron bajo el desarrollismo de Getúlio Vargas (1930-1945) y Juscelino Kubitschek (1956-1961) y se expandieron bajo la dictadura militar (1964-1985). Pero esas empresas multinacionales esperan un retorno ganando licitaciones para las grandes obras que emprenden los gobiernos estatales y federal.


Ese esquema de financiación, que no nace con el PT pero que el partido "institucionalizó", se diversificó desde el gobierno gracias al control de grandes empresas estatales, como sucedió con el mensalão bajo el primer gobierno Lula. En ese momento se utilizó a la empresa de correos como base de los desvíos que se usaban para pagar una mensualidad a los parlamentarios de la base de apoyo del gobierno, asegurando de ese modo su fidelidad. La justicia procesó, entre otros, a José Dirceu, ministro de la Casa Civil y hombre de confianza de Lula. Hubo otros casos posteriores que confirman que estamos ante un modo aceitado de financiación de los partidos, no sólo del PT, que se repite a escala de los estados y los municipios.


Aunque por ahora sus cuadros dirigentes no integran la lista difundida por la justicia, los grandes empresarios son también un sector fuertemente afectado por el caso de corrupción en Petrobras. El crecimiento del capitalismo brasileño tuvo uno de sus puntos de apoyo en un sector empresarial que proviene de familias emprendedoras cuyos negocios se focalizan en la construcción (Odebrecht, Camargo Correa, Andrade Gutierrez, Oas, Mendes Junior, entre las principales), en la alimentación (Jbs Friboi, Brasil Foods), en grupos económicos como Votorantim y metalúrgicas como Gerdau.


El problema es que una parte de estas empresas, en particular las constructoras que tienen sólidos vínculos con Petrobras, no podrán seguir operando del mismo modo que hasta ahora. Este punto afecta una de las patas de la gobernabilidad lulista-petista y no será fácil, en adelante, encontrar apoyos en el empresariado. Al partido en el gobierno le llevó muchos años ganar la confianza de ese sector empresarial que ahora parece estar tan a la intemperie como el propio gobierno.


Cambio de época.

 

Cuando llegó al gobierno en enero de 2003, Luiz Inácio Lula da Silva tejió una red de alianzas políticas y sociales que le aseguraron la gobernabilidad. En el parlamento consiguió formar una base aliada de una decena de partidos. Con 90 diputados electos en 513, estaba forzado a construir una base de sustentación de su gobierno. Para fines de año Lula había logrado que 11 de los 15 partidos con representación parlamentaria se comprometieran con el gobierno, unos 376 diputados, el 73 por ciento de la cámara (Fo-lha de São Paulo, 30-XII-03).


Es muy probable que muchos de esos diputados, algunos de cuño claramente conservador, hayan sido "ablandados" por las mensualidades que recibían puntualmente. Lo cierto es que la base aliada funcionó y se convirtió en una suerte de modelo de la gobernabilidad petista. Pero ese modelo se desgastó, como advierten muchos analistas, entre ellos el ex presidente Cardoso. "Se agotó el presidencialismo de coalición, que en realidad es el presidencialismo de cooptación" (Xinghua, martes 10).


Por un lado, se registra una evidente derechización del parlamento y un desgaste notorio del PT. En 2014 logró la elección de sólo 70 diputados y perdió estrepitosamente en lo que fue su bastión, San Pablo, donde consiguió apenas diez diputados, retrocediendo a los niveles de 1990. Entre los demás partidos hubo cambios en estos 12 años: algunos están en franco proceso de extinción, como el ultraderechista Pfl, ahora Demócratas; muchos perdieron fuerza, mientras el Pmdb mantiene una notable continuidad, quizá por su inveterado oportunismo.


Pero lo más destacado es que nuevos partidos ingresaron a la cámara, donde hay ya 28 siglas representadas, casi el doble que en 2003. Esta pulverización de la representación se relaciona con la crisis de los partidos que genera la aparición de siglas que antes eran marginales o inexistentes. Pero la base de apoyo del PT se debilita.


El parlamento elegido en 2014 es el más conservador desde el golpe de 1964: la "bancada de la bala", integrada por militares y policías que proponen la defensa individual armada, tuvo un crecimiento de 30 por ciento; la de los empresarios cuenta con 190 miembros; los ruralistas crecieron 33 por ciento, alcanzando la mayoría absoluta con 257 parlamentarios (Valor, 8-X-14). Por su parte, los sindicalistas tienen sólo 46 representantes, apenas la mitad de los que tuvieron en su mejor momento.


La crisis de 2008 y sus coletazos se conjugan con las movilizaciones de junio de 2013. No se trata de desgaste del gobierno sino de algo más profundo: el fin de un ciclo virtuoso, de crecimiento económico y paz social. El primero estuvo impulsado por el alza de los precios de los commodities y las importaciones de China, que dieron margen presupuestario para políticas sociales compensatorias, mientras la integración de sectores sociales antes excluidos a través del consumo generó el espejismo de que pertenecían a las clases medias.


Desde la vereda opuesta a la de Cardoso, el dirigente del Movimiento Sin Techo Guillerme Boulos coincide en que "el modelo petista de gobernabilidad está agotado". Asegura que durante los primeros seis años de Lula, hasta la crisis de 2008, se registró "un amplio proceso de conciliación de clases en la sociedad" (Correio da Cidadania, lunes 2). Explica que ese consenso se sostuvo gracias a ganancias récord del sector financiero, de las constructoras y del agronegocio, "una bonanza inédita del gran capital, al mismo tiempo que se ampliaban el salario mínimo y el crédito a los trabajadores, además de programas sociales como Bolsa Familia y Mi Casa Mi Vida".


Con la crisis no se pudo continuar el crecimiento de 4 por ciento anual registrado hasta 2010 y disminuyó el margen de maniobra para la conciliación de intereses. En la medida en que no hubo cambios con respecto a la desigualdad ni se realizaron reformas estructurales, el fin de la integración vía consumo abrió la espita de la protesta social, apenas contenida por las políticas sociales y la expectativa de mejoras. Los deficitarios servicios sociales, transporte, salud y educación, fueron colocados por los manifestantes como muestra de lo poco que había cambiado el país. El mito lulista comenzó a desvanecerse.


Des-norteados

 

"Lula paz y amor", lema de la campaña de 2002 que lo llevó a la presidencia, fue enterrado por muchas manos. En cierto momento, el capital financiero global (cuyos mandos se sitúan en Wall Street y la City londinense) decidió pasar a la ofensiva ante los crecientes desafíos que afronta: el yuan es ya la segunda moneda en el comercio internacional, desplazando al euro y al yen; China y Rusia tienen pronto un sistema de pagos paralelo al Swift, entre otros.


En cada parte del mundo esa ofensiva se fue concretando en tiempos y modos distintos. Así llegó la crisis en Ucrania, y el derribo violento del gobierno electo, el fin de las primaveras árabes, los ataques directos a los gobiernos de Caracas y Buenos Aires (usando incluso los servicios del juez federal estadounidense Thomas Griesa en el caso de los fondos buitre).
Los dirigentes del PT no percibieron el nuevo clima, y si lo hicieron no tomaron ninguna medida. Siguieron diciendo, como Lula, que la crisis de 2008 fue para Brasil apenas una marolinha (ola pequeña) y, sobre todo que el país "no tiene enemigos". Lo cierto es que el primer gobierno de Dilma fue derrotado por el capital financiero al impedir un mayor intervencionismo estatal en la economía.


Según el filósofo Pablo Ortellado, animador del Movimiento Passe Livre –convocante de las manifestaciones de junio de 2013–, la presidenta no pudo sacar adelante su política de reducir las tasas de interés y de subsidiar las tarifas públicas "por la influencia del sistema financiero en la política como en la economía" (Ihu Online, 25-II-15).


Los primeros meses del gobierno de Dilma representan la consolidación de esa derrota, desde el momento que colocó a un "Chicago boy" al frente de la economía (Joaquim Levy), y está haciendo todo lo que juró que no haría durante la campaña electoral. "El retorno a políticas ortodoxas es una necesidad para equilibrar las cuentas, pero es una derrota política, fruto de la incapacidad de implementar un modelo económico alternativo", sostiene Ortellado.


Este es el escenario que captó la derecha y sobre el cual está operando con lucidez. Los viejos esquemas de alianzas y la vieja economía sustentada en la exportación de commodities ya no pueden sostener el modelo, pero el PT, Dilma y Lula aún no han sido capaces de poner en pie otra cosa. Peor aun, se comportan como en 2003, cuando había margen político para hacer ajustes que permitieran relanzar la economía. El dato que aún no consiguen integrar en su análisis son los millones de brasileños en las calles de 353 ciudades durante un mes. La superficialidad con que el PT y sus intelectuales interpretaron lo sucedido (desde culpar a la derecha hasta sentir que se trataba de un brote juvenil fugaz) lo llevó a cometer error tras error.
Uno de ellos fue la brutal beligerancia en la que se empeñaron contra la ex verde Marina Silva durante toda la campaña electoral, con tal virulencia que la sacaron del escenario. El precio fue demasiado alto. Abrieron heridas difíciles de cerrar, cegaron alianzas, ofuscaron a diestra y siniestra, y al decir que todo lo que no fuera PT era derecha, quedaron prisioneros de la confrontación con una derecha social, económica y política que hoy es más fuerte y tiene la iniciativa. Meses después están haciendo la misma política de la que acusaron a Silva.


Para João Pedro Stédile, coordinador del Movimiento Sin Tierra, "la democracia brasileña fue secuestrada por las empresas, ya que las diez mayores financian el 70 por ciento del parlamento" (Carta Capital, 27-II-15). Por eso, dice, no va a haber en el país ninguna reforma política, cuya realización depende de un parlamento que difícilmente decida suicidarse.
Parece evidente que sólo una amplia movilización social puede modificar la relación de fuerzas. Más que eso, un ciclo de luchas como el que deslegitimó el modelo neoliberal entre fines de los noventa y comienzos del nuevo siglo. No alcanza con las marchas que suelen organizar los sindicatos, con carros de sonido y servicio de orden para encuadrar a los manifestantes. En esa lógica se trata de "presionar" para negociar. Por el contrario, el ciclo de luchas antineoliberal fue capaz de "destituir".


Es posible que Brasil sea el espejo donde el conjunto de la región puede mirarse, ya que en todas partes se está haciendo necesario, como dice Boulos, "un nuevo modelo político y económico". Un modelo capaz de abordar la desigualdad, que no se conforme con reducir la pobreza sin tocar las estructuras. Pero eso, como señala el dirigente de los sin techo, "no se alcanzará por medio de disputas institucionales" sino a través de "la intensificación de las luchas populares".


El principal obstáculo para que despegue un nuevo ciclo de luchas no es la supuesta "pasividad de la gente" (desmentida por las propias manifestaciones de junio) ni la hegemonía de los medios o las arremetidas de las derechas, sino el propio progresismo que, aferrado al poder, recela de las calles desbordadas porque teme que vayan a por ellos.

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La Corte Suprema de Brasil dio vía libre al fiscal general para que investigue a más de 50 políticos sospechados de estar vinculados con la red de corrupción en la estatal Petrobras. La lista de personas a investigar incluye a los presidentes de la Cámara de Diputados y el Senado, por un presunto desvío millonario de fondos del gigante petrolero. En la lista figuran también la ex jefa de Gabinete de la presidenta Dilma Rousseff, Gleisi Hoffmann; su ex ministro de Energía Edison Lobao; Antonio Palocci, ex ministro de Finanzas en la presidencia de Luiz Inácio Lula da Silva, y el ex presidente Fernando Collor de Mello.


La nómina fue divulgada en la noche del viernes por el magistrado del Supremo Tribunal Federal (STF), Teori Zavascki, relator del caso que sacude al gobierno Rousseff. La lista incluye, en total, a 54 políticos –22 diputados federales, de un total de 513, y 12 senadores sobre 81– que serán investigados a pedido del procurados general de la República, Rodrigo Janot, quien pretende determinar si tuvieron participación en los millonarios desvíos de fondos llevados a cabo en la principal empresa pública de Brasil. A la par de la decisión del STF de habilitar la investigación, se conoció la decisión de la fiscalía brasileña de solicitar a la Justicia que se investiguen las actividades que Palocci realizó en 2010, cuando recaudaba recursos para financiar la campaña electoral de Rousseff. Janot pidió la apertura de esa investigación, y el juez federal Sergio Moro deberá decidir ahora si se abre o no un proceso. La presidenta llegó a ser mencionada en declaraciones realizadas a la policía en el marco de las investigaciones sobre la red ilegal de Petrobras, pero no será investigada a instancias del cargo que ocupa.


El oficialista Partido de los Trabajadores (PT) divulgó ayer un comunicado en el que defendió la continuidad de las investigaciones y aseguró que, en caso de que se comprueben los delitos que se adjudican a sus militantes, éstos recibirán las sanciones previstas en el estatuto del partido. "Reafirmamos apoyo integral al proseguimiento de las investigaciones que se realizan en el ámbito de la operación policial de forma completa y rigurosa, sin favoritismos o parcialidad, en los marcos del Estado Democrático de Derecho", expresó la agrupación izquierdista, que tiene siete integrantes investigados. Una de ellas, la ex ministra Hoffmann, expresó estar triste y tranquila tras conocer el contenido de la lista. "La investigación es una oportunidad para aclarar los hechos y una forma de acabar con los juicios anticipados", dijo. Su correligionario Humberto Costa aseguró desconocer qué denuncias lo vincularon con Petrobras. "Estoy sorprendido e indignado por la noticia y de que mi nombre figurara en el listado", afirmó.


Cunha y Calheiros rechazaron los cargos y aseguraron que la imputación forma parte de un acuerdo entre la fiscalía y el gobierno federal para poder inculpar al opositor Antonio Anastasia. Cunha publicó ayer un comunicado titulado "Quien no debe, no teme", en el que plantea que el gobierno de Rousseff interfirió ante la Procuraduría General de la República (PGR) para que figuraran en la nómina él y Anastasia, ex gobernador del estado de Minas Gerais y único integrante del opositor Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) que será investigado por el caso. Por su parte, Calheiros afirmó que dará todas las explicaciones y prestará todas las informaciones que la Justicia desee. "Mis relaciones con el poder público nunca sobrepasarán los límites institucionales", dijo Renan mediante un comunicado.


Los denunciados pertenecen a seis partidos políticos, entre ellos el PT y su principal aliado, el centrista Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), al cual pertenecen Calheiros, Cunha y la ex gobernadora del estado de Maranhao Roseana Sarney –hija del ex presidente brasileño José Sarney,– quien ayer calificó como injusta la acusación en su contra. Entre los políticos del PT que integran la nómina están Hoffmann, Palocci –quien dejó el cargo por otro escándalo de corrupción–, los senadores Costa y Lindbergh Farias, los diputados José Mentor y Vander Loubet y el ex diputado Cándido Vaccarezza.
El pedido de investigación se basa en denuncias hechas por el ex director de Abastecimiento de Petrobras Paulo Roberto Costa –quien accedió al cargo a instancias del PP– y del cambista Alberto Yousseff, arrestados hace un año en el marco de una investigación de la Policía Federal sobre evasión de impuestos y lavado de dinero. Costa y Yousseff firmaron acuerdos de delación premiados como forma de conseguir reducción en sus respectivas penas, a cambio de suministrar detalles sobre la red de corrupción que desvió entre 2004 y 2012 unos 3700 millones de dólares de la estatal. El dinero, según las denuncias, fue usado para pagar sobornos a funcionarios y financiar partidos políticos. Los fraudes se realizaron en complicidad con los directores y altos ejecutivos de las principales constructoras del país, que actuaron como un cartel para ganar las licitaciones y firmar contratos sobrefacturados.


El líder de la oposición socialdemócrata, Aécio Neves, derrotado por Rousseff en las presidenciales de pasado octubre, amenazó con pedir un juicio político contra la presidenta si la investigación pone de manifiesto su directa responsabilidad. En tanto, para el domingo 15 de este mes fue convocada en las principales ciudades de Brasil una marcha nacional para pedir el juicio político a Dilma. Lula criticó duramente la iniciativa y anunció otra manifestación para el viernes 13, que contará con el apoyo de numerosos movimientos sociales. En este sentido, la presidenta reiteró que la Justicia hará todo lo posible para llegar a los culpables y que pagarán por eso.

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Golpismo precoz. La avanzada desestabilizadora contra Dilma Rousseff iniciada hace dos meses, cuando tomó posesión del cargo por segunda vez, se redobló en las últimas semanas a través del pedido de impeachment respaldado disimuladamente por el ex presidente Fernando Henrique Cardoso y la "hostilidad permanente de Globo y los demás grandes grupos de comunicación con un tratamiento dudoso de los casos de corrupción en Petrobras", resume el investigador Venício Lima, de la Universidad de Brasilia.


Ante el asedio mediático la presidenta resolvió, aconsejada por Luiz Inácio Lula da Silva, romper el silencio y desde el Carnaval realizó más declaraciones a la prensa que en los primeros cincuenta días de su gestión, la cuarta consecutiva del Partido de los Trabajadores (PT). Dilma salió del mutismo acusando al socialdemócrata neoliberalizado Fernando Henrique Cardoso (presidente entre 1995 y 2003) de haber sido omiso ante presuntos sobornos millonarios en Petrobras en los noventa, de acuerdo con la confesión de un ex gerente de la empresa estatal.


En el entorno presidencial opinan que fue un acierto asumir la iniciativa para revertir la agenda catastrofista que puso al gobierno entre las cuerdas, según publicó Folha de San Pablo el domingo, cuando varios diarios escribieron sobre los planes opositores de corto plazo.


Junto a la amplificación del caso Petrobras en el Parlamento, donde prevalecen las fuerzas conservadoras, fue convocada una marcha para el 15 de marzo bajo la consigna "Fuera Dilma" (lema coreado este fin de semana durante el paro de camioneros en el que murió un manifestante), en la que participarán grupos de la sociedad civil antipetista, y posiblemente políticos que reivindican, con mayor o menor desfachatez, el procesamiento de la mandataria y la privatización de Petrobras a caballo del escándalo narrado de forma "maniquea por la prensa".


"Es un hecho que hubo desvíos de dinero, sobornos e irregularidades, nadie negaría una cosa tan evidente" plantea Venício Lima. Y agrega, "también es evidente que en ese esquema oscuro hubo muchos políticos que no pertenecen al PT, pero curiosamente esos políticos no son citados en los titulares sensacionalistas sobre el así llamado 'Petrolao'".


"Esto nos está demostrando que la intención de la prensa, más que denunciar la corrupción, es utilizarla como excusa para desgastar un mandato presidencial que tiene fecha de conclusión el 31 de diciembre de 2018", sostiene Lima durante la entrevista con Página/12 en su departamento del barrio brasiliense Asa Sul, a pocas cuadras de la Presidencia y el Parlamento.
"Los editoriales de O Globo contra la política petrolera de corte nacionalista seguida por Dilma son tomados casi como una guía de acción por el Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB) y su ex candidato presidencial Aécio Neves (apadrinado por Fernando Henrique Cardoso), que en el Senado fundamentó el impeachment, sin mencionarlo, diciendo que detrás de la reelección de Rousseff había una asociación ilícita."


Derrotado por estrecho margen en los comicios del 26 de octubre, Neves parece haber adoptado el estilo de su amiga venezolana María Corina Machado (le rindió homenaje el año pasado en Brasilia), contra quien pesan varios cargos por participar en conspiraciones contra Hugo Chávez y Nicolás Maduro.


El ex candidato del PSDB es uno de los fogoneros de la marcha contra Dilma dentro de dos semanas, aunque todavía no confirmó su presencia ante el riesgo de chamuscarse junto a activistas habituados a reivindicar el retorno de los militares.
"El país está mal y la situación empeora con el aumento de la gasolina, el descrédito internacional (del gobierno), la inflación, la precariedad de la seguridad, todo lo cual genera una fuerte indignación", escribió ayer Neves, siempre sintonizado con la línea que baja desde Globo.


El diario de ese multimedios publicó este lunes un artículo no menos sedicioso, donde se lee que Luiz Inácio Lula da Silva "se está volviendo una fuerte amenaza a la democracia".


Lula 2018


Para Venício Lima, los adversarios de Dilma y el PT no se limitan a sabotear la actual administración levantando la bandera de un, todavía incierto, golpe blanco que requiera de una mayoría especial en el Legislativo.


También "están deconstruyendo la imagen de Lula para neutralizar su alta influencia en la opinión pública y, tal vez, para ponerle piedras en el camino a una eventual candidatura en 2018, donde se perfila como un postulante con serias chances".
"Desde la prensa nunca dejaron de golpear a Lula, pero en las últimas semanas ha salido todo tipo de noticias inconsistentes contra él, hasta publicaron que padece cáncer de páncreas, esto fue en el portal UOL de la misma empresa que edita Folha. Lo del cáncer es el summum, es una mentira fácilmente comprobable, ya que si alguien sufre de esa dolencia en el páncreas no sobrevive por mucho tiempo."


"Después de esa noticia extraña de UOL, el diario Valor Económico especuló sobre las relaciones de Lula con el Juego del Bicho (una suerte de quiniela clandestina) sin aportar ninguna prueba seria", recopila el profesor Lima, autor de ensayos y libros sobre poder, medios y democracia.


El cuadro de aislamiento político y comunicacional que hoy afecta a la presidenta presenta algunas semejanzas a lo ocurrido en 2006, luego del escándalo del Mensalao, causante de la mayor crisis del primer gobierno de Lula.


Sitiado por las falsedades de la cadena Globo, el entonces presidente resolvió dejar su despacho en Brasilia y recorrer el país para comunicarse directamente con el público. Fue acusado de chavista, por su estilo directo y la capacidad de cautivar a los vecinos de la Favela Rocinha en Río o los trabajadores de la Mercedes Benz en San Pablo, pero las críticas no revirtieron su decisión de hablar cara a cara con los electores, que finalmente lo reeligieron con cerca del 60 por ciento de los sufragios.
Aquella proeza política de Lula, a la vez que comunicacional (hasta rechazó participar en un debate organizado por Globo), fue desmontada teóricamente por Venício Lima en el libro Los medios y las elecciones de 2006. "Lula ya demostró con su reelección que los medios no son imbatibles a pesar del gran poder que detentan. Creo que si ahora él decide entrar de lleno en escena será un actor temible para la oposición y un respaldo inestimable para Dilma."


"Por otra parte, la sociedad brasileña ya no es tan manipulable como antes, el país cambió gracias a las políticas sociales y millones de personas que antes eran excluidas ahora frecuentan Internet, donde pueden acceder a discursos alternativos."
La semana pasada, Lula, pieza clave en las dos victorias de Rousseff en 2010 y 2014, fue el principal orador durante un acto de respaldo a Petrobras organizado por la Central Unica de Trabajadores en Río de Janeiro. "Defender a Petrobras es defender a Brasil, es defender a los trabajadores, es defender a la democracia", argumentó el ex jefe de los metalúrgicos de San Pablo durante la dictadura militar. Lula cerró su intervención denostando a la prensa por "criminalizar" al gobierno, a Petrobras y al PT, tras lo cual avisó: "Lo que yo quiero es paz y democracia, pero si ellos quieren guerra, yo también sé luchar". Sindicalistas, campesinos sin tierra e intelectuales lo ovacionaron de pie.

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El rey de Marruecos, Mohamed VI, el difunto presidente del Banco Santander, vedettes del mundo del espectáculo, múltiples sociedades privadas... habrían encomendado a este banco la misión de disimular ante el fisco y a la justicia de sus respectivos países una parte de sus ingresos.

 

El banco Hsbc ha vuelto al primer plano de la actualidad. Según las informaciones publicadas por varios medios de prensa el lunes 9, se habrían transferido cuentas a Ginebra por valor de 1.806 millones de euros entre el 9 de noviembre de 2006 y el 31 de marzo de 2007 (es decir, ¡en menos de cinco meses!). El rey de Marruecos, Mohamed VI, el difunto presidente del Banco Santander, vedettes del mundo del espectáculo, múltiples sociedades privadas... habrían encomendado a este banco la misión de disimular ante el fisco y a la justicia de sus respectivos países una parte de sus ingresos.


Las siglas Hsbc significan Hong Kong and Shanghai Banking Corporation. El grupo mundial Hsbc empleaba a 260 mil personas en 2014, está presente en 75 países y declara 54 millones de clientes. Desde sus orígenes ha estado mezclado con el comercio internacional de drogas duras. En efecto, fue fundado siguiendo la estela de la victoria británica contra China en las dos guerras del opio (1839-1842 y 1856-1860). Esas dos guerras jugaron un papel decisivo en el refuerzo del imperio británico y en la marginación de China, que duró alrededor de siglo y medio.


En el curso de esas dos contiendas el Reino Unido logró imponer a China la aceptación de las exportaciones británicas de opio provenientes de India (que formaba parte del imperio británico). China intentó oponerse al comercio del opio pero las armas británicas, con el apoyo de Washington, se impusieron. Londres creó una colonia en Hong Kong y, en 1865, fue fundado el Hong Kong and Shanghai Banking Corporation por un comerciante escocés especia¬lizado en la importación de opio (entonces, el 70 por ciento del flete marítimo que pasaba por Hong Kong concernía al opio venido de India).


Desde ese momento la historia del banco ha seguido siempre estrechamente la política exte-rior del Reino Unido y los intereses de la gran patronal británica en Asia. Después de 1949 y la victoria de la China de Mao, el banco se replegó a Hong Kong, que permaneció como territorio británico. Luego, entre 1980 y 1997, desarrolló sus actividades en Estados Unidos y en Europa. Sólo desplazó su sede social de Hong Kong a Londres en 1993, antes de la retrocesión del territorio a la República Popular de China, anunciada para 1997. El Hsbc sigue siendo parte inseparable de Hong Kong: emite el 70 por ciento de su moneda (el dólar de Hong Kong). Hong Kong constituye un elemento clave en la cadena del blanqueo de dinero acumulado por la nueva clase dirigente china.


Además del blanqueo de dinero de la droga y del terrorismo, el Hsbc está implicado en otros asuntos: la manipulación del mercado de tipos de cambio (el escándalo estalló en 2013 y trata sobre un mercado cotidiano de 5.300 millones de dólares), la manipulación de las tasas de interés interbancario (entre ellas la Libor), la venta abusiva y fraudulenta de derivados sobre las tasas de interés, la venta abusiva y fraudulenta de productos de seguros a los particulares y a las pymes en Reino Unido (la Fsa, la autoridad de control británica, ha perseguido al Hsbc en este asunto que ha revelado que el banco ha vendido seguros que no servían para nada o para muy poco), la venta abusiva de mortgage backed securities en Estados Unidos, la manipulación en las cotizaciones del oro y de la plata (el escándalo estalló en enero-febrero de 2014) y la organización a gran escala de la evasión fiscal de importantes fortunas.


¿EL EDGAR SNOWDEN DE HSBC? Hervé Falciani, un ciudadano franco-italiano, trabajó en los servicios informáticos del Hsbc suizo en Ginebra de 2006 a 2008. Antes de abandonar el banco copió 127 mil ficheros que ligaban al Hsbc con operaciones masivas de fraude y de evasión fiscal en las que el banco jugó un papel a menudo activo. Luego pasó a residir en Francia. Suiza decidió detenerlo y lanzó una orden de arresto internacional vía Interpol por "sustracción de datos", "violación de secreto bancario y del secreto comercial" y "presunción de venta de informaciones económicas". Hay que subrayar que Suiza no atacó al Hsbc.


A comienzos de 2009 el domicilio en Niza de Falciani fue objeto de un registro efectuado por la policía local. Las informaciones que poseía eran explosivas: entre los 127 mil archivos se encontraban fichas de exiliados fiscales franceses (8.231, según Falciani), belgas (más de 800), españoles (más de 600 nombres), griegos (la famosa lista llamada "Lagarde", porque la entonces ministra francesa, hoy directora del Fmi, la entregó a las autoridades griegas en 2010, y que contiene alrededor de 2 mil nombres), alemanes, italianos, mexicanos, estadounidenses... Hervé Falciani entregó toda o una parte de las informaciones que poseía a las autoridades francesas y a las de otros países.


Luego, según sus declaraciones, colaboró con las autoridades de Washington, a las que dio informaciones que hicieron avanzar el asunto del blanqueo del dinero de los cárteles de la droga de México y Colombia por el Hsbc. En 2012 colaboró con las autoridades españolas, pero fue detenido en aplicación del mandato de detención lanzado por Suiza. Suiza insistió con que España le entregara a Falciani, lo cual fue rechazado por Madrid en mayo de 2013, pues la justicia consideró que era un testigo privilegiado en varios grandes asuntos de fraude y evasión fiscal. En efecto, la comunicación a las autoridades españolas de los datos conseguidos por Falciani había permitido desde 2011 descubrir una gran cantidad de dinero (alrededor de 2.000 millones de euros) depositada en Suiza por miembros de la familia de Emilio Botín, el recientemente fallecido presidente del banco Santander. Éste, acorralado, pagó a las autoridades españolas 200 millones de euros de multa.


Los datos entregados por Falciani han desembocado también en el escándalo de la financiación fraudulenta del Partido Popular. La justicia española proporciona una protección policial permanente al franco-italiano. Las autoridades belgas y francesas se reúnen con él y utilizan los datos que les proporciona e instruyen expedientes. No es en absoluto seguro que esto desemboque en condenas por fraude, pues es más que probable que los defraudadores lleguen a acuerdos financieros que les permitan evitarlas.


Hay que subrayar que en este asunto no sólo Suiza intenta detener a quien ha dado la voz de alarma. Ocurre lo mismo en Grecia, donde la justicia arrestó al editor de la revista Hot Doc, Costas Vaxevanis, porque se había atrevido a publicar en octubre de 2012 la lista Lagarde-Hsbc-Falciani que las autoridades griegas habían perdido hacía tres años. Como consecuencia de las reacciones ciudadanas en Grecia y en el plano internacional, el periodista ha quedado en libertad.
No es fácil denunciar a un banco y a los ricos defraudadores que protege, o lo que viene a ser poco más o menos lo mismo: denunciar a los ricos defraudadores que protegen a los bancos y su sacrosanto secreto. Hay claramente una verdadera simbiosis entre los grandes bancos y la clase dominante, igual que existen pasarelas permanentes entre los gobernantes y las grandes empresas, en particular las de las finanzas.


En 2013 la Unión Europea fijó un límite a los bonos que podían recibir los dirigentes y traders de un banco. El bono no puede ser superior al doble de la remuneración salarial fija. Pero hecha la ley, hecha la trampa: la dirección del Hsbc anunciaba en febrero de 2014 que iba a aumentar considerablemente la remuneración fija de esos dirigentes a fin de que su bono no quedara reducido.


El grupo mundial Hsbc debería ser cerrado, despedida su dirección sin indemnización y llevada a los tribunales (igual que los grandes accionistas). El mastodonte Hsbc debería ser dividido bajo control ciudadano en una serie de bancos públicos de talla media, cuyas labores deberían estar estrictamente definidas y ejercidas en el marco de un estatuto de servicio público.


1. Autor del libro Bancocracia (Icaria, Barcelona, 2014), portavoz del Cadtm Internacional y miembro del Consejo Científico de Attac-Francia.


Imposible que el sistema financiero y HSBC cambien su manera de funcionar: Falciani

Armando G. Tejeda

Corresponsal
Periódico La Jornada
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Desde el refugio desconocido en el que vive desde que dio a conocer la lista de más de 130 mil defraudadores fiscales en el mundo con cuentas en el banco HSBC de Suiza, Hervé Falciani, un informático de origen francés e italiano, reconoció que su labor de denuncia pretende hacer el trabajo que no hacen ni los gobiernos ni los políticos. A pesar del nivel del escándalo y de los impactos –tanto jurídicos como mediáticos– de la filtración, Falciani reconoció que es imposible que el sistema financiero y el banco HSBC hayan cambiado su manera de funcionar.


En una entrevista con el programa de radio Carne Cruda, que ahora se emite desde un portal independiente después de haber sido censurados en Radio Nacional de España (RNE) y de que en la Cadena Ser también les cerraran el espacio, Falciani advirtió que trabaja en una comunidad de ciudadanos que luchan por destapar el fraude del sistema financiero internacional, que permite la corrupción política y favorece mover el dinero del crimen organizado, como se ha demostrado con el narcotráfico o los grupos extremistas islamistas, como Al Qaeda.


El ex trabajador del banco HSBC sustrajo material informático de la sede en Suiza que contenía centenares de miles de fichas de ciudadanos de todo el mundo con cuentas secretas en el país helvético. El material lo entregó a gobiernos, fiscalías y tribunales para que se investigara, pero también a un colectivo de periodistas de investigación que analizaron la información y contrastaron su veracidad.


En la entrevista radiofónica, que se hizo a través del teléfono y sin que se revelara el lugar en el que se encuentra, Falciani advirtió que los bancos trabajan para adaptar los mecanismos a su favor, por eso necesitamos a la sociedad civil dentro de los bancos. No podemos dejar que hagan las leyes los mismos que trabajan contra nosotros.


La llamada Lista Falciani contiene datos bancarios y personales de más de 130 mil evasores procedentes de 212 países, incluido México, entre los que hay numerosos políticos, empresarios, deportistas de élite y, por supuesto, delincuentes dedicados al tráfico de drogas.


Falciani explicó que su situación personal sigue siendo muy difícil, ya que se encuentra en un lugar secreto y siempre tiene que tener mucho cuidado para moverse a cualquier lugar o para hablar con alguien. Desde que entregó a la justicia de varios países la citada lista, se convirtió en un testigo protegido y en un hombre amenazado por las numerosas tramas mafiosas que habría desvelado con la información sensible que sustrajo de los archivos de su anterior trabajo, el banco HSBC.


Explicó que la reacción a la publicación de la lista es buena para entender dónde está el dinero que falta en esta crisis. Dónde está el control que todos pensábamos que existía, pero que en realidad no existe. Explicó que él, personalmente, siempre se mostró partidario de que no se hicieran públicos los nombres y que en caso de que esto ocurriera que su difusión no intercediera en los procesos penales abiertos contra las personas implicadas. Como así ha ocurrido, afirmó.
Yo jamás quise que los nombres se hicieran públicos, pero hay gente dentro del sistema judicial que quiere hacer algo por su país y por la sociedad y que piensa que si esto se hace público es útil. Lo entiendo y me parece correcto. Estamos en una comunidad y entre todos nos apoyamos, así que se sabía la publicación de los nombres porque estamos haciendo lo que los gobiernos no quieren hacer. Por eso necesitamos esta colaboración. Es una manera de hacer política más en la calle y así vamos a continuar.


Falciani reconoció que en su labor para denunciar la corrupción estructural del sistema financiero internacional se ha encontrado numerosas dificultades, sobre todo por parte de los gobiernos y de los políticos, que no ayudan, más bien al contrario. Siempre tenemos problemas de cooperación con los gobiernos. Hablamos mucho del dinero que se limpia en los paraísos fiscales, pero no se habla del dinero negro que permite la corrupción, que hace que encontremos siempre a las mismas personas hablando con los grandes gigantes de la economía. Por ejemplo, en el Parlamento europeo, añadió.

Publicado en Economía
Martes, 10 Febrero 2015 10:23

Ecopetrol y la mancha de la corrupción

La Unión Sindical Obrera –USO- obtuvo la base de datos donde reposa la información de los contratos comerciales celebrados por Ecopetrol con distintas multinacionales. Sorpréndase. La información permite deducir sobrecostos y ejercicios de corrupción.

 

Entre los datos sospechosos de estos dolos, según Edwin Castaño –presidente de la USO– figuran nueve contratos que estaban vigentes para finales del 2014 con la compañía estadounidense PetroTiger Service de Colombia –que tiene su base en las islas Vírgenes Británicas–, que suman más de 136.000.000 millones de pesos. Otros 7 contratos están bajo lupa por posibles sobrecostos.

 

El sindicato no entiende por qué después de un año de investigación, los contratos de esta multinacional conservan vigencia. Castaño afirmó que Ecopetrol debió dar por terminadas las relaciones contractuales debido a que la estatal petrolera cotiza en la bolsa de New York, por lo que su imagen y acción podría verse afectada si llegase a quedar involucrada en un escándalo de corrupción.

 

Más grave. La denuncia sobre estos contratos fue interpuesta en enero del 2014 por la misma Ecopetrol y la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República. La acusación tiene como origen el pago irregular de un contrato por 39 millones de dolares registrado en el 2010 entre la multinacional PetroTiger y la asociada indochina Mansarovar Energy Colombia Limited.

 

Entre las denuncias figuran supuestas consultorías autorizadas por el entonces presidente de PetroTiger Colombia, Joseph Sigelman, por un valor total de 266.000 dolares, dineros girados a las personas que hoy en día se encuentran bajo investigación, entre ellas el ingeniero de proyectos de Ecopetrol David Orlando Durán Flórez, que terminó su contrato en abril de 2011 y su esposa Hohanna Navarro.

 

Como testigo de la causa, la Fiscalía cuenta con Marcos Mauricio Vesga Niño, exgerente de la multinacional en Colombia, quien firmó un acuerdo para quedar exonerado del proceso judicial, debido a que fue el director de uno de los proyectos de donde provino el dinero para el pago de los sobornos.

 

¿Aguas tibias? Al medio día del lunes 9 de febrero –tratando de calmar los rumores de corrupción que podrian afectar una de las compañías más importantes del país- la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República sacó un comunicado donde alude a la adjudicación irregular de contratos de Ecopetrol que favorecen a terceros, y advierte que desde que fue interpuesta la denuncia penal en contra de los involucrados, el Gobierno trabaja con las autoridades nacionales y estadounidenses para garantizar el correspondiente castigo a los culpables.

 

En el comunicado las autoridades oficiales garantizan que los directivos de Ecopetrol no tienen nada que ver en el escándalo, al mismo tiempo que anuncian la completa disposición de la petrolera para ayudar a las autoridades en busca de archivos que lleven a esclarecer la verdad.

 

Mientras tanto, Ecopetrol comunicó que fueron ellos los que denunciaron y pidieron a las autoridades investigar los hechos ocurridos en el 2010 y se declararon victimas de este escándalo.

 

Por su parte Edwin Castaño advierte que Ecopetrol: "en vez de declararse victima", debe entregar toda la evidencia, porque el retener información que ayude a la justicia haría ver que éste solo es la "punta del icerberg de un problema mucho mayor", refiriéndose a una queja que el sindicato investiga y que afecta a una empresa de transporte de hidrocarburos.

 

Despidos masivos

 

Sumado a los escándalos de corrupción y a la caída de las acciones de Ecpetrol en la bolsa, está el recorte presupuestal y los despidos masivos, aplicados por las empresas del ramo, justificados en la caída del precio del hidrocarburo.

 

Así lo anunció Ecopetrol ante la comunidad en el campo de Cantagallo, ubicado en el departamento de Bolívar, previendo que tales recortes se harán efectivos en la segunda parte del 2015 y durante todo el 2016. Otras empresas contratistas como OXY, manifestaron que despedirán alrededor del 60 por ciento de los trabajadores del campo El Centro, ubicado en el Magdalena Medio.

 

Por lo pronto la Unión Sindical expone que en el campo El Centro, el contrato de mantenimiento de las líneas de producción –donde se encuentran contratados 50 trabajadores– finaliza el próximo 28 de febrero y la petrolera ya confirmó que no será renovado. La pregunta es: ahora, sin trabajadores, ¿quién se encargará de desempeñar dichas labores, si estas son primordiales?

 

El argumento utilizado por las empresas petroleras es la tal "crisis del sector", sin embargo a ojos de los lideres sindicales, estas son escusas para acabar con los puestos de trabajo y por supuesto desmejorar la calidad laboral

 

Según el sitio web de la USO, Fredy Pulecio directivo de la sindical, contradice lo dicho por las petroleras y afirma que: "Los actuales precios del petróleo siguen siendo muy rentables para las empresas [...]. Lo que pasa es que ellas se han dedicado a chantajear, quieren valerse de que el precio ha bajado para doblegar tanto a la nación como a los trabajadores. Al país le piden que les bajemos más impuestos de los que ya le hemos bajado. Pero tienen 32 exenciones tributarias por las cuales han dejado de pagar 608 billones de pesos en 10 años".

 

El líder sindical relató que en Pacific Rubiales ya han despedido a más de 7.000 trabajadores, de un total de 12.000. Los despidos, según el sindicato, no han surtido el proceso legal, lo cual es un delito, porque el ministerio debe dar un permiso especial para que la empresa pueda proceder.

 

Por su parte, Luis Eduardo Garzón, ministro de Trabajo, declaró que la industria petrolera en Colombia tiene un aproximado de 110 mil trabajadores, y que hasta ahora han solicitado el licenciamiento de 25 mil de ellos. Argumentando a que 'las empresas están perdiendo dinero' a causa de la caída del precio del barril.

 

En este momento la USO nacional se encuentra en la fase de divulgación, donde expone que aunque la problemática esta directamente relacionada con el modelo económico actual, el despido del personal podría evitarse con un trabajo en equipo, entre los obreros y las empresas.

Entonces. ¿Qué impide a las empresas buscar soluciones evitando una 'masacre laboral'?


Recuadro

Acciones que caen

La primera semana de febrero la acción petrolera alcanzó en un solo día un alza de un 10 por ciento. Sin embargo no son cifras para nada alentadoras ya que en el 2013 su precio ascendió a $ 5.500 y el actual es de $2.320.

 

Según el informe de la BBC mundo –en el que analiza la situación de la petrolera colombiana–, se reportó para finales del 2014 una reducción del 25 por ciento en su presupuesto de inversión para lo corrido del presente año. Es decir, sufrió un recorte de más de $2.000 millones de dólares.

Publicado en Colombia
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