El avance en las conversaciones que llevan a cabo Gobierno e insurgencia en La Habana demanda que en la sociedad colombiana comiencen a ventilarse diversos temas y problemáticas que afectan al conjunto nacional, bien como soporte de la guerra que padecemos, bien como expresión de la misma. La necesaria reforma de las Fuerzas Militares y de la Policía, es una de ellas. Aquí un primer acercamiento a una realidad que afecta a todos los que habitamos este país.

 

Durante las últimas semanas del 2015 la Policía Nacional estuvo en el ojo del huracán mediático a raíz de las denuncias en contra de su director, el general Rodolfo Palomino, por acoso sexual, incremento injustificado en su patrimonio, corrupción, interceptación de comunicaciones y seguimientos a periodistas. Con pocas excepciones, la discusión se concentró en la persona del General, quien hasta hace poco era una de las figuras públicas con más aceptación en las encuestas. El Gobierno respaldó al acusado y explicó las denuncias como consecuencia de pugnas internas generadas cada fin de año, cuando los altos oficiales son llamados a cursos de ascenso. No obstante, la situación plantea el interrogante sobre las reformas que deben implementarse en esa institución de cara a un eventual posacuerdo de paz.

En parte por los costos electorales que acarrea la gestión de la seguridad ciudadana, pero sobre todo por la autonomía de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) en el manejo de sus asuntos, que ha operado desde el establecimiento del Frente Nacional (1958), lo que ha caracterizado a los gobiernos civiles respecto de la Policía es la despreocupación: sólo se han intentado reformas en coyunturas críticas que obligan a operar de manera reactiva. La comisión investigadora establecida por el Ejecutivo el pasado 9 de diciembre no rompe con esa tendencia, pero tiene un plazo de 90 días para rendir un informe, tiempo reducido para dar respuesta a la crisis de liderazgo, pero importante si se trata de realizar un diagnóstico que establezca las bases de una reforma.

Según la revista Semana, entre agosto de 2013 y diciembre de 2015 fueron retirados del servicio más de 3.500 policías, la mitad capturados por vínculos con actividades criminales, el resto por fallos disciplinarios o aplicando la facultad discrecional1, lo que realza, ante todo, la falta de mecanismos de control interno y externo en un cuerpo armado destinado para la seguridad ciudadana. Empero, el real problema –estructural– del que se desprende esta situación es su militarización.

En efecto, los problemas institucionales de la Policía se remontan a 1953, cuando el gobierno de Rojas Pinilla la sometió al control de las Fuerzas Militares (FF.MM.) con el objetivo de despolitizarla, puesto que anteriormente las autoridades locales designaban con criterios políticos a sus efectivos. Desde entonces, la militarización se expresa en sus estructuras, sus doctrinas, sus formas de operación, su subordinación a las políticas contrainsurgentes y el combate al "enemigo interno". Adscrita al Ministerio de Guerra y, más tarde, al de Defensa, la Policía ocupó siempre un lugar subordinado a los imperativos de la confrontación interna.

 

Paso en falso

 

La ley 62 de 1993 fue una reforma civilizatoria implementada en el marco del "revolcón" del gobierno Gaviria, un esfuerzo del gobierno civil por definir una política de seguridad con la Estrategia Nacional contra la Violencia y el nombramiento de un civil como Ministro de Defensa. Si bien la Comisión Consultiva Externa convocada para tal propósito no alcanzó el consenso en torno a extraer la Policía del Ministerio de Defensa, se pusieron en práctica mecanismos de control interno y externo que buscaban mejorar las relaciones de la Institución con el ámbito civil del Gobierno y la ciudadanía. Entre otras cosas, se estableció un sistema nacional de participación ciudadana en la formulación de políticas de seguridad y veeduría sobre la función policial; el control de la gestión policial incluía la subordinación de los comandos municipales a los alcaldes; y fue creada la figura del Comisionado Nacional de Policía civil con funciones de control interno y manejo de quejas.

Sin embargo, el carácter militarizado de la Institución, junto con el espíritu de cuerpo que tal situación implica, impidieron que muchos de los mecanismos de la reforma tomaran forma. Otros se reversaron con el Programa de Transformación Cultural ejecutado por la propia Policía, entre 1995 y 1998, en medio de la crisis del gobierno Samper2. El Comisionado Nacional de Policía no operó ante el descontento que produjo entre oficiales que no estaban dispuestos a que un civil los controlara. Las quejas y reclamos continuaron siendo potestad de la Inspección General. En la práctica, los controles institucionales fueron reemplazados por la facultad discrecional del director para retirar efectivos sin necesidad de seguir procesos disciplinarios o esgrimir una causa explícita. El retiro, entre 1995 y 1998, de cerca de 7.000 uniformados, permitió depurar la Institución al costo de generar impunidad respecto de las faltas y crímenes presuntamente por ellos cometidos. La escalada de la guerra impidió, salvo en las grandes ciudades, que los alcaldes operaran como jefes de policía, pues la estructura militar de la Institución llevó a privilegiar el mando policial.

Desde 2002 era evidente que el sistema de control interno de la Policía había hecho agua, pero el gobierno Uribe, empeñado en una política contrainsurgente que subordinó la seguridad ciudadana a la seguridad nacional, no tomó los correctivos necesarios. Ese año salieron a la luz pública casos de corrupción, como el manejo indebido de recursos para la política antidrogas de la Embajada de EE.UU., el enriquecimiento ilícito de altos oficiales y la apropiación por parte de efectivos policiales de más de dos toneladas de cocaína. El Gobierno conformó una Misión Especial que constató que la injerencia del Ministerio de Defensa sobre la Policía era reducida y propuso la creación de una Consejería Especial para Asuntos de Policía, reactivar el Consejo Nacional de Policía e incluso fundar un viceministerio de policía dependiente del Ministerio del Interior. Empero, para evitar roces con los altos mandos y no entorpecer la implementación de la política de seguridad democrática el Gobierno evitó implementar las reformas de fondo.

 

Nueva oportunidad

 

Han transcurrido varios años desde estos intentos. Aunque la situación no ha cambiado sustancialmente, la actual coyuntura es una oportunidad para discutir el tipo de fuerza policial que requiere el posacuerdo. Por tanto, el problema de los controles institucionales debe enmarcarse en una reforma estructural de la Institución que necesariamente redunde en su desmilitarización y el establecimiento de un control democrático sobre esta fuerza.

Obviamente, la militarización en sí misma no se traduce en falta de eficacia o corrupción, incluso existen ámbitos de la seguridad ciudadana que requieren fuerzas policiales con ciertas características militares, y es lógico que en un conflicto armado como el colombiano los roles y funciones de Ejército y Policía terminaran confundidos. Sin embargo, la militarización tiene consecuencias negativas para el desempeño de la función policial y la implementación de políticas de seguridad ciudadana, que empiezan por dificultar cualquier iniciativa de reforma proveniente del ámbito civil, pues en la Institución tomó forma, fortalecido, un espíritu de cuerpo similar al de las FF.MM.

La estructura de la Policía no se distingue de la de un ejército, su carácter vertical asimila los policías a soldados dejando poca autonomía a la base para interactuar con la ciudadanía. Aunque la reforma de 1993 pretendió unificar la carrera de mando, las resistencias internas sólo permitieron profesionalizar el antiguo nivel de suboficiales, ahora denominado nivel ejecutivo, sin tocar para nada el nivel de los oficiales y quedando prácticamente intacta la estructura militar. En términos de la doctrina, la Policía interiorizó la ideología contrainsurgente, privilegiando la seguridad nacional y el mantenimiento del orden público sobre la seguridad ciudadana, concepto que implica la garantía y el desarrollo de los derechos y libertades individuales.

Hoy en día, la Policía ha insertado en sus discursos, planes y programas, el concepto de seguridad ciudadana. No obstante, existe un desencuentro entre tales discursos y algunas de sus prácticas producto del legado de la doctrina militar y contrainsurgente. Principalmente, existe una cierta distancia respecto de los ciudadanos, cuya percepción oscila entre una visión que los concibe como parte de la comunidad a la cual hay que acercarse para solucionar los problemas de seguridad y otra que los concibe como potenciales enemigos. En esta última visión está presente el combate a un imaginario "enemigo interno" que no pocas veces se confunde con aquellos ciudadanos que hacen uso de su derecho a protestar y manifestar su descontento públicamente, de ahí las críticas y fallos judiciales en contra de cuerpos como el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad). Así pues, el posacuerdo plantea la necesidad de despolitizar a la Policía, entendiendo por tal una transformación doctrinaria que acepte la pluralidad que caracteriza una sociedad democrática, lo que supone terminar con el sesgo anticomunista y anti-izquierdista propio de las políticas contrainsurgentes, como paso necesario para garantizar los derechos políticos de todos los ciudadanos.

La subordinación de la Policía al gobierno civil no es en sí mismo garantía para su buen desempeño. Por ejemplo, el extinto Departamento Administrativo de Seguridad (Das) desde su creación estuvo supeditado a la Presidencia de la República; sin embargo, eso no evitó que se desviara de sus funciones constitucionales para realizar interceptaciones ilegales de comunicaciones y persecuciones en contra de la oposición al gobierno de Uribe. Por esta razón es necesario vincular a la ciudadanía al control de la gestión policial. La implementación de controles ciudadanos en instancias para el procesamiento de quejas, como sucede en países como Canadá y EE.UU. aumentan la transparencia y la eficiencia de las instituciones. A eso apuntaba la reforma de 1993 cuando creó el sistema nacional de participación ciudadana.

En fin, más que un control civil en cabeza de las autoridades puede ensayarse un control democrático con mecanismos de participación ciudadana y con formas de gestión policial transparentes. En este empeño también sería deseable resolver el problema de la adscripción al Ministerio de Defensa, teniendo en cuenta que allí la Policía parece operar como "rueda suelta" y que su misión y funciones tienen características singulares que la diferencian de los asuntos de la defensa. Además, pertenecer a ese Ministerio no blinda a la Institución contra la politización ni la corrupción, como han demostrado sucesivos escándalos durante los últimos años.

 

Efecto necesario

 

El posacuerdo requiere una fuerza policial que permita la construcción de la paz y la consolidación de la democracia. Los diversos escándalos en la Policía deberían enfocarse en sus problemas estructurales, en lugar de reducirse a la gestión de determinados individuos. Esta coyuntura abre una ventana de oportunidad para realizar una reforma estructural de esta Institución que desmilitarice sus estructuras, su doctrina y sus formas de operación, de tal manera que se haga efectiva la Constitución, cuando concibe la Policía como "un cuerpo armado permanente, de naturaleza civil, a cargo de la Nación, cuyo fin primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz" (art. 218).

1 "Palomino, el general en su laberinto". http://www.semana.com/nacion/articulo/escandalos-del-general-palomino/450089-3  (16 de noviembre de 2015).
2 El estudio más completo al respecto sostiene que se trató de una "contrarreforma". Casas, P. (2005). "Reformas y contrarreformas en Policía colombiana", en VVAA, Seguridad urbana y policía en Colombia. Bogotá: Fundación Seguridad y Democracia, pp. 1-80

Publicado en Edición Nº220
Miércoles, 20 Enero 2016 19:08

¿Un cuento pastuso?

Comienzan a emerger a la luz pública los primeros escándalos por malversación de recursos provenientes de la sobretasa a los combustibles.

Hechos humo. Así quedaron 27 mil millones de pesos que debieron entrar a las arcas de la alcaldía de Pasto producto del cobro a la sobretasa a la gasolina que realizaron los expendedores de gasolina de esta ciudad.

La cifra es inmensa, pero no recoge el total del dinero que, como por un exosto, fue a parar a los bolsillos de particulares. Investigaciones posteriores determinaron que otros miles millones –por igual concepto– sufrieron idéntico destino. La denuncia por esta realidad, que ya acumula varios años, llegó con ánimos conciliatorios ante los jueces el pasado 10 de diciembre, pero la alcaldía de la capital nariñense no mostró ánimo alguno para dirimir de manera pronta el litigio.

 

Motor a millones

 

El origen de lo que hoy es un cuento que demuestra una vez más que existen pastusos que vuelan con gasolina propia, nos lleva al 29 de abril de 2005, cuando la alcaldía de Pasto presidida por Raúl Delgado Guerrero y la auditora GS, suscribieron un contrato, No. 050536, que pretendía proporcionar al ente municipal toda la información necesaria sobre el manejo que los distribuidores minoritarios de gasolina de esta ciudad le habían dado a los recursos recolectados, a nombre de la sobretasa a la gasolina, durante los años 1999 y 2004. La unión temporal GS desarrollaría las intervenciones pertinentes para lograr luces sobre el manejo del dinero, y si el resultado de sus acciones conducía a que fueran recuperados recursos que el municipio no había recaudado.

La auditoría* adelantada por GS demostró que durante los años en cuestión las estaciones de servicio vendieron alrededor de 6'560.637 galones de combustible por encima de la cantidad declarada y comprada al mayorista en Yumbo. Pudo establecerse, luego de auditar 32 estaciones de servicio que solo cinco de ellas habían cumplido con todas sus obligaciones, las demás tuvieron ventas de combustible por encima de lo declarado, sin poderse establecer aún hoy de dónde salió la gasolina corriente y extra vendida, y qué se hicieron los 27 mil millones de pesos recaudados por la sobretasa a estos carburantes y que debieran de haber terminado en las arcas municipales.

Con paciencia y diligencia, tras un poco más de un año de iniciado el proceso, en el 2007, GS entregó los resultados de su labor auditora y comenzaron a llevarse a cabo una serie de actos administrativos orientados a recuperar el dinero adeudado al municipio de Pasto por las estaciones de servicio. La larga y tortuosa batalla legal desencadenada por la negativa de muchas de las estaciones a reconocer como legítimos los montos que adeudaban, llevó a algunas de estas a interponer acciones de tutela y demandas en contra de la administración municipal, acciones jurídicas con las que fueron derrotadas durante el transcurso de los años.

Justicia administrativa coja. Poco antes del año 2011, cuando aún era alcalde de Pasto Eduardo José Alvarado Santander, comenzaron a presentarse algunas actuaciones dudosas por parte de la alcaldía municipal, en palabras de uno de los profesionales de la Unión Temporal GS: "[...] una actuación lenta en la administración municipal y esos procesos tienen unos tiempos, una vez que se hace un cobro y hay una demanda hay unos tiempos que si se dejan pasar pierden vigencia y ya se pierde la oportunidad de cobro [...] nosotros siempre estuvimos advirtiendo , allí están las notas claras, oportunas, de advertencia a los entes de control, la Contraloría Municipal se enteró, advirtió al municipio, mire actué [...]", pero contrario a lo esperado –y a pesar de todas las advertencias de los organismos de control– el municipio de Pasto no actuó a tiempo y solo tres estaciones de servicio, algunas de las que menos dinero debían a la ciudad, accedieron a cancelar sus obligaciones girando una cantidad de dinero que no alcanzaba siquiera a los 100 millones de pesos.

 

Humo espeso

 

Hacía finales del 2011 ganó las elecciones Harold Guerrero López, el tercero de los alcaldes que encabeza la administración municipal después de iniciada la auditoría de GS. Sobre este alcalde comenta el profesional de GS entrevistado: "Recuerdo que en esa campaña uno de los contendores le dijo al candidato Harold Guerrero: pero es que usted no puede ser alcalde, usted le debe una plática al municipio [...]. Alcanzaron a decirle eso, usted no está a paz y salvo, señor Guerrero López, y él no dijo nada pero días después dijo, aquí está mi paz y salvo". El documento expedido por la administración municipal fue suscrito para acreditar al entonces candidato a la alcaldía, precisamente uno de los propietarios de algunas de las estaciones de servicio que no pagaron la sobretasa de varios años; el paz y salvo certificaba, supuestamente, que había cumplido con sus obligaciones con el ente municipal.

Sorprendente. Eduardo Alvarado, aún en ejercicio de sus funciones como burgomaestre local, "Además de lento –según el entrevistado– terminó expidiéndole un paz y salvo a los dueños de las estaciones, incluido entre ellos Harold Guerrero López [...]", propietario de cuatro estaciones y uno de los mayores deudores por la causa investigada.

La norma lo establece. El funcionario no podría expedir este tipo de paz y salvo pues por Ley no está permitido que concilien sobre los tributos del Estado; pese a ello los tribunales de justicia otorgaron concepto favorable por lo actuado. Ante tal realidad, la Unión Temporal GS apeló el caso ante el Consejo de Estado, de donde lo devolvieron a la instancia local ante la evidencia de las serias fallas cometidas al perdonar la deuda a las estaciones de combustible.

Aunque la alcadía había procedido así, antes de finalizar la administración de Eduardo Alvarado, la alcaldía solicitó a GS que capacitara a un grupo de funcionarios para que auditaran, con la misma técnica empleada por GS, el manejo de los recursos de la sobretasa correspondientes a los años 2005-2008. Así fue hecho. Una vez capacitados pusieron manos a la obra, el profesional de GS describe: "[...] también hicieron hallazgos donde el municipio pierde otra vez más de $8.000 millones de pesos y eso está documentado; quienes hicieron eso finalmente renunciaron al proceso porque sufrieron amenazas de muerte [...]". El robo del dinero de la sobretasa es mucho más grande e infame de lo que había sido contemplado.

En la actualidad hay un litigio entablado entre GS y el municipio de Pasto, al que la auditora demandó por incumplimiento de los términos del contrato firmado entre las partes el 29 de abril de 2005. Entre las formulaciones de declaraciones y condenas que vincula la demanda, se encuentran: "SEGUNDA.- Se declare mediante sentencia que el MUNICIPIO DE PASTO [...] incumplió el contrato Número 050536 del 29 de abril de 2005, con sus correspondientes adiciones y/o prorrogas [...] cuando omitió deliberadamente la realización de todos los actos necesarios para el cobro de la sobretasa al combustible automotor adeudados por las estaciones de servicio, los intereses y sanciones quienes a pesar de haberlos recaudado del consumidor final no lo declararon y no cancelaron en su oportunidad al MUNICIPIO, dejando operar figuras como la prescripción en el cobro dentro de los procesos de fiscalización; a pesar de la insistencia de parte de mis poderdantes, conforme a los informes de auditoría presentados, a los requerimientos y solicitudes personales y escritas realizadas a diferentes funcionarios del municipio".

De esta manera se vislumbra que una de las estrategias jurídicas de GS es presionar con la demanda de incumplimiento del contrato para que finalmente puedan llevarse a cabo las actuaciones que sean necesarias para que la ciudad recupere los dineros concernientes al recaudo de la sobretasa de la gasolina ilegalmente apropiada por los propietarios de las estaciones de servicio e ilegalmente condonada por la administración municipal.

Proceso que no será fácil de adelantar, toda vez que, como explican los profesionales de GS, hay actuaciones de funcionarios públicos que no facilitan hacer justicia y vencer la corrupción, principal lastre del municipio y las que hacen prever que el caso puede tener repercusiones del orden nacional.

Ante este caso y experiencia, es necesario preguntar, ¿en cuántas otras ciudades y durante cuánto tiempo habrá ocurrido similar situación?

* Fueron revisadas las facturas de las ventas de gasolina en cada una de las estaciones de servicio, cotejadas con las facturas de los mayoristas que dispensaban los hidrocarburos a cada una de las estaciones; además fue desarrollado un arqueo sobre los contadores de las maquinas surtidoras en cada una de las estaciones.

Publicado en Edición Nº220

Cali, la tercera ciudad de Colombia, hoy, parece un infierno.

Aquí el fenómeno del niño es un descomunal cataclismo.

Las temperaturas, arriba de 36 grados, son un tormento para sus dos millones 400 mil habitantes y para los más de tres millones del Área Metropolitana.

Pero no es solo eso.

No hay agua potable.

La salud colapso como resultado de la corrupción politiquera.

Y el transporte público es un caos.

La ciudad necesita dramáticamente una acción de emergencia ante la catástrofe que se vive. Y no exagero.

Desde el lunes 18 de enero, y por tiempo indefinido, el agua y por decretó entró en racionamiento, decisión que afecta varios espacios urbanos como el centro, el oeste y el norte de la ciudad. Esto quiere decir, que más de 70 sectores de la ciudad, que se surten de la planta Río Cali, tendrán suspensión del servicio entre las 10:00 p.m. y las 4:00 a.m. hasta se que se recuperen los bajos niveles del río Cali.

Uno de los sectores afectados será el barrio San Fernando, donde se encuentran diferentes entidades de salud, entre ellas el Hospital Universitario del Valle.

Los barrios afectados por este cruel racionamiento de agua son:

El Refugio, Cascada, Pampalinda, Cuarto de Legua, Urbanización Santiago de Cali, Cañaveralito, Lido, Nueva Granada, Santa Isabel, La Morelia, Tejares, Cristales, San Fernando Viejo, El Morichal, Miraflores, Sector Guadalupe,
Cañaveral, Bellavista, El Nacional, Navarro, Santa Bárbara, Los Libertadores, Miraflores, San Cayetano, San Antonio, EL Peñón, La Chamca, Bosques Municipal.

En la comuna 1, los barrios Terrón Colorado I y II, Palermo y su sector de la Fortuna; Alto Aguacatal y sus sectores; Mata de Guadua, la Estatua, la Paz, la Gracia, la Playita, Puente Azul; Vistahermosa y sus sectores las fresas, patio bonito, los lotes, el retén, la berraquera; Bajo Aguacatal, Palmas I y II, La Legua, Urbanización Aguacatal y Villa del Mar. Está localizada al occidente del área urbana.

Comuna 2: Altos de Menga, Arboledas, Área Libre-Parque del Amor, Arroyohondo, Brisas de los Álamos, Centenario, Ciudad los Álamos, Chipichape, Dapa, El Bosque, Granada, Juanambú, La Campiña, La Flora, La Paz, Menga, Normandía, Pacará, Prados del Norte, San Vicente, Santa Mónica, Santa Rita, Santa Teresita, Sector Altos de Normandía-Bataclán, Urbanización La Flora, Urbanización La Merced, Versalles, Vipasa, no tendrán el servicio de acueducto.

También son varios los municipios con problemas de agua por este sorpresivo racionamiento. Nos referimos a los municipios de La Cumbre, Vijes, Restrepo, La Victoria, Toro, Jamundí, Candelaria, Palmira, La Unión, San Pedro, Zarzal, Roldanillo y Ansermanuevo.

Cali, bañada por siete ríos y que cuenta con varios humedales, es una ciudad donde el agua pareciera ser un recurso ilimitado. Sin embargo, las constantes suspensiones del suministro y las dificultades para tener acceso a dicho líquido se han convertido en el calvario de cada día de millones de personas, sobre todo de los más pobres, que viven en zonas donde no existen fuentes limpias de agua.

El abastecimiento de la ciudad depende de los ríos Cauca, Meléndez y Cali, y las tres cuencas presentan problemas de deforestación y pérdida de calidad por minería ilegal.

No solo se trata de las afectaciones climáticas, que a pesar de ser previstas no han sido manejadas con medidas de choque que garanticen el cuidado del recurso. Hay diferentes actores que intervienen en el problema: campesinos que viven aguas arriba o cerca a sus nacimientos y que no cuentan con herramientas para que generen ingresos sin tener que intervenir el bosque que protege las fuentes de agua; y las industrias y empresas capitalistas que producen residuos líquidos, que en buena parte no cuentan con sistemas de limpieza del agua que utilizan, y que vierten sus contaminantes en los ríos sin tratamiento adecuado.

Está también el sistema administrativo, insuficiente, corrupto, clientelar y burocrático, que a la hora de tomar decisiones ante estos problemas, que debieron ser tratados hace tiempo, no lo han hecho con la premura debida, muy posiblemente por falta de continuidad a las propuestas que nacieron en las administraciones de turno, lo que ha permitido el deterioro del sistema hídrico de la ciudad.

Para cerrar este desolador escenario, la nueva Gerente de Emcali, Cristina Arango, se nos vino con nuevos anuncios de incremento de las tarifas de los servicios de agua, luz, teléfonos, gas y recolección de basuras a partir de enero.

No hay derecho a semejante abuso. Son unos neoliberales delirantes.

Se robaron a Emcali y ahora quieren tapar los huecos y organizar mas saqueo con el ajuste de las tarifas.

A este oscuro panorama hay que agregar los graves problemas de la salud. Los hospitales, como el departamental, lo arruinaron los politiqueros corruptos y despojadores de los presupuestos correspondientes. En Cali la salud colapso y necesita un plan extraordinario de intervención.

Adicionalmente el transporte y la movilidad de millones de personas se han convertido en un caos descomunal.

Las operadoras del sistema de transporte masivo MIO se mueven en la bancarrota, y el servicio es un desastre en las diferentes rutas que operan en el espacio vial y urbano.

Mientras todo este caos crece el anciano Alcalde Maurice Armitage posesionado el pasado 1 de enero, se despacha con discursos cantinflescos y con retoricas empresariales que solo favorecen a una minoría, a la vieja casta oligárquica que vive a expensas de la miseria y explotación de los demás caleños.

El pueblo de Cali y de los municipios cercanos debe proceder a organizar una gran movilización cívica que exija la solución de estos graves problemas.

Hay que dar paso a un amplio movimiento social que articule todas las demandas sociales para alcanzar el bienestar de las mayorías ciudadanas.

En las condiciones presentes es imposible que la paz llegue a la capital del departamento del Valle.

Agua, salud y transporte es la demanda inmediata de todo el pueblo de Cali.

Todo nuestro apoyo.

Publicado en Colombia
Domingo, 17 Enero 2016 05:32

Un momento judicial insólito

Brasil vive una circunstancia insólita y contradictoria. Desde hace muchos meses, algunos de los mayores empresarios del ramo de la construcción –entre los cuales está Marcelo Odebrecht, heredero y presidente de la constructora que lleva el apellido de la familia y es la más grande de América latina– están presos por órdenes de un juez de primera instancia. Altos funcionarios de la estatal Petrobras siguen igualmente detenidos, mientras otros fueron liberados luego de adherir al instituto de la "colaboración voluntaria", mejor conocida por "delación premiada". Hay ex diputados, senadores y ministros presos. Hay un senador que fue detenido en pleno ejercicio de su mandato. Otros son investigados, entre ellos los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado.


La sensación general es que nunca antes hubo tanta corrupción en Brasil. La verdad, sin embargo, es bien otra: lo que nunca antes hubo es tanta investigación, gracias precisamente a la independencia que los gobiernos del PT concedieron (algo inédito en la historia reciente) a la Fiscalía General de la Unión.


Los grandes medios de comunicación, por su vez, lograron, gracias a una manipulación escandalosa, su objetivo: la opinión pública está claramente convencida de que la corrupción es culpa única y exclusiva del PT, que sedujo a sus aliados a base de harta distribución de puestos, presupuestos y dinero desviado de estatales. Hay una persistente insistencia en involucrar a Lula da Silva, que sigue siendo la figura política de mayor protagonismo en el país, en los escándalos.


La manipulación es clara tanto por parte de los grandes medios como de investigadores y fiscales, a través de una evidente selección de lo que se filtrará, desde los pasillos de los tribunales y de la Policía Federal, a los diarios, revistas y emisoras de televisión. El supuesto sigilo de Justicia es violado con facilidad asombrosa por fiscales auxiliares y policiales.
El fiscal general de la Nación, Rodrigo Janot, se muestra a la vez implacable en sus denuncias y olímpicamente independiente del gobierno que lo nombró, lo que es algo igualmente inusual en Brasil.


Este es el aspecto insólito del tema: nunca antes se investigó tanto, y nunca antes tantos poderosos –económica y políticamente– se enfrentaron a la Justicia.


Sin embargo, hay algo que preocupa a abogados y juristas: la actuación de Sergio Moro (foto), el mediático juez que, en primera instancia, conduce los procesos. Dueño de un ego hipertrofiado, Moro dejó claro desconocer límites en su conducta. Su método es mantener en prisión a los acusados hasta que acepten un acuerdo de "delación premiada", o sea, contar todo a cambio de salir de la cárcel, obtener drásticas disminuciones en sus condenas y poder responder al proceso en libertad.


Dice la ley que solo pueden permanecer detenidos por tiempo indeterminado presos con posibilidad de amenazar el orden público, entorpecer la Justicia o perjudicar investigaciones. No es, bajo ninguna circunstancia, el caso de la mayoría de los que permanecen en la cárcel por determinación del juez Moro: los allanamientos en oficinas y residencias ya aportaron pruebas que no pueden ser destruidas. Pero el mediático juez quiere más: quiere pasar a la historia como un paladín de la Justicia. Algunos detenidos llevan seis meses de cárcel, sin haber sido llamados más de una vez para declarar.
No son pocos los juristas que comparan tal método –de evidente presión psicológica– a lo que practicaban los militares en tiempos de la dictadura (1964-1985), con la diferencia (clave) de que ahora no hay tortura física.


La alianza entre fiscales, policiales y los grandes medios hegemónicos de comunicación para seleccionar muy bien los filtrajes, y luego manipular todo, es otro punto de inquietud.


Hace pocos días un "delator premiado", ex directivo de Petrobras, reiteró lo ya sabido: en la empresa había desvío de dinero desde, por lo menos, los dos gobiernos de Fernando Henrique Cardoso, del PSDB, principal partido adherido al golpe institucional contra Dilma.


La noticia mereció escasos centímetros en los grandes diarios. Ya cualquier mención a Lula, al PT o a Dilma merece titulares de primera página. La opinión pública, embobada y maravillada, aplaude.


Contra esa situación se manifestaron 105 de los principales abogados criminales del país. Denuncian el menoscabo a la presunción de inocencia y al derecho de defensa, el desvirtuar el uso de la prisión provisoria, el filtraje selectivo de informaciones sigilosas, que están consolidándose como las marcas de la actual operación en curso. "Es inconcebible que los procesos sean conducidos por un magistrado (en relación a Sergio Moro) que actúa con parcialidad, portándose de manera más acusadora que la misma fiscalía", escribieron los abogados.


Así es cómo, haciéndose cómplice de la más poderosa y deshonesta fuerza de la oposición –la prensa, los grandes medios–, se satisface el inmenso ego del juez y sus auxiliares mientras se destrozan reputaciones, se manipula la verdad y se ejerce presión desmesurada sobre presos cuya prolongada permanencia en el cárcel no se explica.


Así se da este momento insólito: la Fiscalía General de la Unión actúa como debería haber actuado siempre, y un juez de provincia actúa como no debería hacerlo jamás.

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En grave riesgo queda el proceso de paz que se adelanta en La Habana con las Farc con la arremetida neoliberal santista que suma la privatización de Isagen, el golpe a los salarios y el aumento del IVA.

La descomunal crisis económica y fiscal que afecta y carcome a la sociedad y al Estado colombiano pretende ser superada por la casta dominante con las recetas neoclásicas del modelo neoliberal: privatizaciones de bienes públicos, congelamiento de salarios, incremento del IVA y manejo monetario con devaluación e inflación.

A lo que hay que sumar la descontrolada corrupción de la mafia política del oficialismo santista.

En resumen, con mayores privilegios sociales y económicos para la minoría oligárquica del establecimiento profundo y su trama, pero con más pobreza, miseria y exclusión de las mayorías sociales que ven agravar su crisis existencial.

Para empezar el 2016, el Presidente Juan Manuel Santos y su tecnocracia han soltado una violenta arremetida contra el salario mínimo de millones de trabajadores, tocado con un ridículo incremento; con la privatización de Isagen, uno de los más importantes y lucrativos bienes públicos de la sociedad y su Estado; y con el impulso de una reforma tributaria que conlleva un nuevo aumento del IVA, el cual recae directamente en la población más débil y de escasos recursos.

Dado que nos encontramos a las puertas del cierre de un trascendental proceso de paz para poner fin al prolongado conflicto social y armado más sangriento de la historia nacional, la cuestión que surge es la siguiente: ¿se arruinaran y destruirán las conversaciones de paz que se adelantan en La Habana como consecuencia de la escalada neoliberal santista?

La respuesta a esta pregunta admite diversos matices y consideraciones.

Por supuesto, esas medidas, como la precipitada venta del 57,6% de Isagen a la Brookfield Asset Management (BAM), con la fraudulenta mediación de T. Blair, el promotor y ejecutor de las guerras contra IeK y otras naciones árabes, para privatizar uno de los más rentables activos del Estado, y la
consiguiente manipulación de los resultados de tal operación, equivalentes a los casi 7 billones de pesos, en la campaña politiquera del actual vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, enfocado en alcanzar a como dé lugar la presidencia en las elecciones del 2018, no son hechos menores en el cuadro general de la coyuntura que se sugiere como inicio en un nuevo ciclo político.

Para decirlo de manera directa. Es imposible no lesionar los sentidos, la dinámica y los alcances del proceso de paz en curso con las medidas neoliberales en curso.

Al otro lado de la Mesa de paz. Al frente de la comisión del gobierno hay un movimiento agrario y expresión de la resistencia campesina que toma nota y calibra el efecto devastador, sobre el modelo de la paz con justicia social, de la violenta descarga oligárquica contra el pueblo colombiano.

Me refiero a la incidencia en temas concretos como las fechas de cierre con un Acuerdo general, a los ajustes institucionales para la paz, a los pactos agrarios establecidos y a la profundización de la democracia en los términos consensuados en Cuba.

El "paquetazo neoliberal" de Santos es rechazado por amplias mayorías sociales y vendrá la acción colectiva de los movimientos sociales que se expresaran con paros, tomas de carreteras, huelgas, protestas y otros eventos de rebeldía que acudirán a diversas recursos políticos para hacer retroceder el plan fiscal y económico de la oligarquía empresarial, militar y política.

En el alzamiento popular no es descartable el uso de la violencia social para hacer frente al autoritarismo sangriento del Estado y sus aparatos armados. Pero esta conjetura no pretende insinuar o reivindicar de manera absoluta, como sucedió en anteriores décadas, la lucha armada como instrumento exclusivo, único o valido para superar la injusticia social propiciada por el rampante neoliberalismo.

El conflicto social y político debe poderse surtir en forma civilizada y democrática, pues es ese el objetivo central de los diálogos de La Habana. Pero esta hipótesis depende más del comportamiento civilizado y en derecho de las elites dominantes, que aun siguen siendo patológicamente violentas y plagadas de codicia y acumulación de riqueza.

Con la venta de Isagen, con los recortes salariales y el aumento del IVA, Santos juega con fuego y daña la paz.

Con razón decía y repite De La Calle que el modelo era intocable.

No se toca el modelo de acumulación y menos su guardia pretoriana protectora a sangre y plomo.

Es intocable efectivamente y la salida frente a ese cinismo es la constitución de un poderoso bloque nacional popular que recoja y sume todas las injusticias para desalojar del poder nacional la voraz oligarquía que pretende oxigenarse con una grotesca mueca pacificadora.

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Domingo, 03 Enero 2016 09:04

En Brasil, todavía estamos en 2015

Hubo celebraciones por todos lados, y una vez más la playa de Copacabana, en Rio de Janeiro, ha sido un espectáculo incomparable reuniendo a más de un millón de personas para recibir el Año Nuevo y ofrecer homenajes a Iemanjá, la diosa del mar.


Pero, la verdad verdadera es que el año 2015 terminó solamente en el calendario. Para Brasil, 2016 empezará a partir de febrero, quizá marzo. Será cuando la Corte Suprema y el Congreso retomen sus actividades, luego del receso de fin de año. Mientras, los principales problemas de 2015 seguirán preocupando al país. Sus excelencias, los más altos magistrados, y los casi nunca honorables diputados y senadores, se dan vacaciones entre el 23 de diciembre y el primero de febrero. Cuando vuelvan a sus labores tendrán que decidir sobre el futuro de las figuras que concentraron las atenciones a lo largo de cada día de ese 2015 que no termina.


En el Congreso tendrá un nuevo comienzo el juicio que decidirá la permanencia de Dilma Rousseff en la presidencia de la nación. El Supremo Tribunal Federal, instancia máxima de la justicia, ya determinó cómo debe ser el proceso del juicio, pero el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, anunció que lo recurrirá.


Blanco de tres investigaciones en la misma Corte Suprema, Cunha también está sometido al juicio de sus pares acusado de quiebra de decoro. En ese periodo de receso parlamentario conspira un día sí y otro también. Sabe que perderá su mandato y la presidencia de la Cámara, y muy probablemente irá a parar a una cárcel, debido a los delitos que cometió (lavado de dinero, evasión fiscal, corrupción y otras cositas más). Pero tratará de postergar al máximo su destino derrocando a la mandataria que fue electa por la mayoría de los brasileños.


Antes de marzo, nada será decidido, y el país seguirá en vilo, mientras los indicadores económicos y sociales se derrumban con rapidez.


Sin embargo, es probable que tan pronto retomen sus actividades, los integrantes de la Corte Suprema decidan primero el futuro del mismo Cunha: la Procuraduría General de la Nación pidió formalmente la suspensión de su mandato, acusándolo, además de los crímenes que ya están bajo investigación, de utilizar las prerrogativas de su puesto para impedir la acción de la justicia.


Dilma Rousseff, por su parte, logró algún espacio para volver a respirar con un poco más de alivio. Sabe que el escenario de 2016 es feo, herencia de un 2015 en que el país vivió la peor recesión de los 25 años pasados. El desempleo, que ronda la tasa de 8 por ciento, crecerá principalmente en los sectores de servicios y comercio.


Las investigaciones sobre corrupción en las empresas estatales, principalmente Petrobras, seguirán sacudiendo a los medios políticos brasileños. Las acciones de la policía y del mediático juez de provincia a cargo del caso seguirán presionando a algunos de los principales aliados de la mandataria, como el presidente del Senado y del Congreso, Renan Calheiros.
En las pasadas dos semanas, Dilma Rousseff emitió señales claras de que intenta reconquistar el espacio perdido junto a la izquierda y a los movimientos sociales. Cambió al ultraliberal ministro de Hacienda, Joaquim Levy, por el desarrollista Nelson Barbosa.


Insiste, y con razón, en la urgente necesidad de alcanzar reformas esenciales, como la tributaria, la laboral y la del sistema de jubilaciones. Pero no quiere avanzar sobre temas delicados sin antes abrir un hasta ahora inédito diálogo con las bases del PT y de la izquierda. Sabe que necesitará de su apoyo para reconquistar otro espacio perdido, el de las calles, sin el cual crecen las posibilidades de que triunfe el golpe tramado en el Congreso.


Por esos días ocurrió algo insólito: el gobierno reconoció lo que está a la vista de todos, es decir, los errores cometidos. Primero, el jefe de gabinete, Jacques Wagner, admitió con todas sus letras que las medidas de incentivo al consumo (exención fiscal) abrieron un agujero catastrófico en la recaudación del gobierno (algo así como siderales 130 mil millones de dólares en dos años). Y, luego, la misma Dilma aceptó un inédito mea culpa.


Si 2015 fue un año perdido, gracias en muy buena parte a la conducta irresponsable de la oposición, que sigue negándose a admitir el resultado de las urnas de un ya lejano 2014, sus efectos sobre 2016 ya están consolidados. La crisis política paralizó al gobierno y arruinó la economía, que ya estaba mal. Ahora, Dilma y sus articuladores buscan, desesperadamente, recomponer la alianza que supuestamente le aseguraría condiciones mínimas de gobernar.


Hay poquísimos rayos de luz en un cielo tapado por nubarrones de malos presagios, pero queda alguna esperanza. Cuando la Corte Suprema y el Congreso vuelvan a funcionar, algunos aspectos básicos serán aclarados, principalmente con relación al futuro de Eduardo Cunha, una de las más nefastas figuras del escenario político brasileño en muchas décadas.


Empezará, entonces, el 2016, que vendrá a la sombra de un año catastrófico. Nos queda un consuelo: difícilmente será peor que ese 2015 que insiste en no terminar...

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Domingo, 20 Diciembre 2015 06:51

Brasil: intentar entender la crisis

Para Brasil 2015 quedará en la memoria como un año con muchos más de 365 días, todos vacíos. Un año de crisis sin tregua ni sosiego, con un gobierno acosado e inerte, un Congreso –especialmente la Cámara de Diputados– saboteador y paralizante, un aumento asombroso en los índices negativos de la economía, en el crecimiento del desempleo, la corrosiva amenaza sobre las conquistas sociales de la última década y media.


Brasil tiene una importancia geopolítica indiscutible. Es el más poblado país de América Latina. Su economía, la mayor de la región, está –pese a todo– entre las ocho o nueve mayores del mundo.


Hasta hace un par de años, las conquistas alcanzadas, especialmente a raíz de los programas sociales implantados por el mismo PT, que sigue en el gobierno, eran mencionadas como ejemplo para todos.


¿Qué pasó? ¿Cómo se puso todo eso en riesgo? ¿Dónde se fracasó?


Aparte de las inepcias y la escasísima habilidad política de Dilma Rousseff, y los equívocos de la propuesta económica de los dos últimos años de su primer mandato (2011-2014), ¿cómo se llegó a semejante panorama de casi ruina?


¿Será todo por culpa de Dilma y del PT? ¿Ese océano de denuncias de corrupción que ahoga al país empezó con el PT? ¿Cómo gobernar un país dentro de tamaña confusión? ¿Por qué Dilma y su partido eligieron de manera tan desastrada sus aliados, que traicionan con la misma facilidad con que respiran?


Si para los brasileños esas son preguntas cuyas respuestas son difíciles de encontrar, para los lectores extranjeros mucho más complicado será.


Brasil vive un régimen presidencialista, acorde a su Constitución. Ocurre que solamente en el Congreso, mientras escribo, existen nada menos que 27 partidos. Y digo mientras escribo porque a cualquier momento puede surgir otro.
Hace poco, fue creado el PMB, Partido de la Mujer Brasileña. Su bancada cuenta con 20 diputados, de los cuales, 18 son hombres y dos mujeres.


O sea, gracias a la flexibilidad de las leyes para que cualquiera invente un partido político y llegue al Congreso, aunque sea con un solitario representante, será imposible que un presidente sea electo con una mayoría en el Congreso que le permita gobernar.
No le quedará otra que estructurar una alianza, que jamás será programática, sino siempre pragmática. Es decir, las alianzas se darán a cambio de cargos, puestos y presupuestos. Con semejante pulverización de partidos, será imposible armar una alianza con coincidencias ideológicas, políticas o programáticas.


Le pasó a Fernando Henrique Cardoso en sus dos presidencias (1995-2002), igual que a Lula da Silva (2003-2010), y le pasa ahora a Rousseff.


Tenemos, entonces, la primera puerta de entrada al caos. Mientras la legislación electoral sea tan blanda como es, aceptando una treintena de partidos sin ninguna barrera de reconocimiento de representatividad (un mínimo, por ejemplo, de 3 por ciento de votos en plan nacional), ningún presidente electo logrará armar alianzas confiables. Lo que significa que ningún mandatario estará inmune al chantaje.


La coalición de Rousseff cuenta con más de una decena de partidos. Entre ellos, bancadas ultraconservadoras, controladas por autonombrados pastores evangélicos, y también el Partido Comunista de Brasil. Y, lo más grave, integrada por el PMDB, que desde el retorno de la democracia jamás dejó de integrar un único y solitario gobierno: su lema no es aprovechar oportunidades, sino hacer imperar el oportunismo.


Esa es una de las raíces de toda turbulencia: lo que se llama presidencialismo de coalición, desde la elección del socialdemócrata devenido en neoliberal Fernando Henrique Cardoso, que en sus dos mandatos presidenciales (vale repetir: 1995-2002) hizo lo que pudo para controlar el Congreso.


En esa época hubo corrupción (compra de votos parlamentarios para cambiar la Constitución y poder relegirse, por no mencionar los procesos de privatización de paraestatales a precio de banana), y se estableció el esquema que, hoy por hoy, sofoca al país. Más que gobierno de coalición existe un presidencialismo de cooptación. No hay coincidencias, hay trueque.


La otra raíz del caos. Las campañas presidenciales en Brasil cuestan más que las de Estados Unidos. Ninguna de las que han ganado costó menos de cien millones de dólares.


Las campañas en Brasil no son exactamente políticas, son publicistas. No se dan a conocer al electorado las ideas y propuestas de los candidatos, se venden productos, como si los aspirantes fuesen jamón o jabón.


Aécio Neves, un playboy provinciano, mentía al hacerse pasar por un tipo del pueblo. Dilma Rousseff mentía al decir lo que no haría e hizo tan pronto fue declarada vencedora.


Las campañas son financiadas por las llamadas donaciones. ¿Los mayores donantes? Bancos, frigoríficos (Brasil es un gran exportador de carnes), y principalmente los gigantes de la construcción. ¿No sería más honesto decir inversiones en campañas?
No se elige un diputado nacional por menos de un millón de dólares. En sus cuatro años de mandato, él no ganará semejante suma. ¿Cómo pagará sus deudas electorales? Defendiendo los intereses de sus financiadores de campaña. Ni modo.


Ahí está la fuente de la corrupción. En la fragmentación absurda de la representación parlamentaria, la generación de alianzas espurias. Y en la financiación por empresas que prestan servicios a los gobiernos.


Hay, claro, otras raíces más para los males que mi país padece. Pero con esas dos ya nos bastaría...

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Sábado, 12 Diciembre 2015 09:09

Cambio de signo

El resultado electoral venezolano no puede ser únicamente atribuido a la crisis económica que afecta al país desde el desplome de los precios del petróleo.


Los resultados son tan claros que no dejaron el menor lugar a dudas ni a reclamaciones. El proceso fue transparente, el reconocimiento de la derrota por parte de Nicolás Maduro fue inmediato y no dejó margen para quienes pronosticaban fraude.


El triunfo aplastante de la oposición –seis de cada diez votos emitidos– puso en evidencia el deterioro del proceso bolivariano en los últimos años. Se trata de una fuerte inversión en la relación de fuerzas, que incluso en las últimas elecciones había mostrado un país partido en dos.


Con dos tercios de la Cámara, 112 bancas, la oposición logra la llamada "segunda mayoría calificada", que le permite convocar a una Asamblea Constituyente y avalar una reforma constitucional, designar o remover a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, nombrar a los integrantes del Consejo Nacional Electoral y hacer otro tanto en la fiscalía general, el contralor general y el defensor del pueblo. Con semejante panorama es difícil que el oficialismo consiga gobernar, ya que estará a merced de la mayoría opositora, si es que ésta no se fisura, algo poco probable pero no imposible.


Reducir las razones de la derrota al problema económico sería demasiado simplista. La elevada tasa de inflación (hasta 200 por ciento anual), la escasez endémica y el desgobierno de la vida productiva llevaron al país a una irracionalidad por la cual una caja de fósforos tiene el mismo precio que llenar el tanque de gasolina del coche. Ningún gobierno puede resistir cuando la población tiene que hacer horas de colas para comprar los productos básicos, cuando la inflación de tres dígitos devora los ingresos, o sea, cuando la previsibilidad de la vida cotidiana deja de existir. Pero si la situación económica ha jugado un papel destacado en el desgaste del chavismo, un papel no menor juega la violencia desbocada que se ceba, justamente, con los más afectados por la crisis y el desabastecimiento. El director del Departamento de Criminología de la Escuela de Derecho de la Universidad Central de Venezuela, Andrés Antillano, ferviente chavista, psicólogo social y militante de movimientos por la vivienda, cree que la recesión económica (este año el Pbi puede caer hasta un 10 por ciento) combinada con el aumento de la represión policial puede tener un efecto social explosivo.


Sostiene que la violencia actual proviene de los años ochenta. "A partir de 1989 se duplica, por primera vez, la tasa de homicidios y desde entonces ha tenido una escalada persistente. Un fenómeno que ocurre en toda América Latina durante ese período. Muy pocos países han logrado revertir la tendencia, quizás la excepción sean Colombia y Brasil. Por esta razón Venezuela pasa a ser la nación con el mayor número de homicidios en Sudamérica" (Contrapunto, 16-VIII-15).


Crecen por un lado los pequeños delitos, como los hurtos, y crecen también los robos violentos intra-clase, que afectan sobre todo a los sectores populares, donde la inseguridad pega muy fuerte. Pero el aumento exponencial de los últimos años está relacionado con la crisis y el descalabro de los cuerpos policiales.


MENOS DESIGUALDAD, MÁS VIOLENCIA

 

"Investigo en una zona que está, ahora, bajo esa idea de que es una 'zona de paz', y que está copada por paramilitares –apunta Antillano–. Hemos visto allí dos cosas: primero, que los actores de la violencia no son paramilitares, son muchachos excluidos que no tienen empleo, que están por fuera del sistema educativo y que se juntan con muchachos semejantes del barrio vecino, en escaramuzas y violencias fortuitas que son fuentes para recibir una suerte de reconocimiento." La segunda conclusión es que "ha venido creciendo la violencia policial y las ejecuciones extrajudiciales".


Antillano analiza lo que considera una paradoja. "La violencia tiene mucho que ver con el tema de la desigualdad. En los años noventa, aumenta la desigualdad y aumenta la violencia. En Venezuela, sin embargo, en los últimos diez años disminuye la desigualdad, disminuyen los índices de pobreza, pero la violencia se dispara." El resultado es que la gente siente una gran sensación de vulnerabilidad y desamparo que el analista atribuye a la pérdida de la presencia legítima del Estado.


Rechaza la opinión gubernamental que relaciona el aumento de la violencia con la presencia de paramilitares colombianos (lo considera un argumento racista), y estima que "no es un problema de ausencia del Estado, sino de falta de una trama institucional legítima que le brinde protección efectiva a la gente". Situación que se agrava desde 2013, cuando el gobierno comienza a culpar a la "guerra económica" de todos los problemas.


Antillano no se conforma con culpar al gran capital, con el cual el régimen tiene, sin embargo, relaciones estrechas, y cree que es irresponsable culpar del desabastecimiento a sectores populares involucrados en el pequeño contrabando, denominados "bachaqueros". "Es muy curioso el desplazamiento y la búsqueda de un nuevo enemigo: facciones de los pobres, bien sea como bachaqueros o como paramilitares", concluye.


LA CULTURA DEL FACILISMO

 

El principal error de los gobiernos chavistas ha sido persistir y profundizar en la dependencia del petróleo. Que Venezuela es un país petrolero está fuera de duda. Pero que en 16 años no haya sido capaz de salir de la monoproducción petrolera es grave. Una dependencia que se agrava con la caída de los precios internacionales del crudo, lo que agudiza todos los problemas y deja sin margen de acción al gobierno.


Aparecen aquí dos problemas entrelazados: uno cultural y otro conceptual. El primero se relaciona con lo que los miembros del movimiento cooperativo venezolano denominan "facilismo", la cultura del no trabajo y la supervivencia con base en la renta petrolera: "Solucionar necesidades y carencias sin desplegar un esfuerzo, sin tener que mover un dedo y que otros me resuelvan", señala un texto de las cooperativas del estado de Lara.


La cultura de la renta petrolera se instaló hace un siglo, cuando se descubrieron los grandes yacimientos en Maracaibo. "Los sucesivos gobiernos no han combatido esta cultura, sino que se apoyaron en ella, precisamente porque es más 'fácil' que combatirla y ofrecer alternativas. Lo que ha cambiado (con el chavismo) es la orientación del facilismo, el direccionamiento de los recursos hacia sectores más amplios o más restringidos de la población, pero no su esencia, que ha permanecido incambiada" (Rebelión, 21-VIII-15).


Esta cultura impidió que las ricas tierras del país sean cultivadas, que las empresas nacionalizadas sigan siendo tan productivas como cuando estaban bajo la esfera privada, que los trabajadores trabajen y los empresarios inviertan. Buena parte del caos económico existente proviene del predominio de esta cultura que alienta la corrupción. La otra parte, efectivamente, es generada por el gran capital y la política de Estados Unidos que el gobierno de Maduro denomina "guerra económica".


La cuestión conceptual es más grave. Con su discurso sobre el socialismo del siglo XXI vinculado a la renta petrolera, el chavismo alimentó la idea de que la nueva sociedad sería fruto de la distribución de los bienes existentes. Una idea mesiánica (inspirada en la bíblica multiplicación de panes y peces) pero alejada de la propuesta de los fundadores del socialismo, quienes siempre sostuvieron que una nueva sociedad debería estar fundada en el trabajo y la austeridad.


En este sentido el mesianismo chavista empata con el mesianismo cristiano, pero no tiene relación con el socialismo moderno (ni en sus versiones marxista ni anarquista originales), y cede ante un sentido común –popular, pero también ilustrado– que consideró que la riqueza petrolera era necesario explotarla y repartirla sin más, rehuyendo los procesos productivos que en los años cuarenta atravesaron el continente. Nunca existió una burguesía que se propusiera sustituir importaciones, toda vez que éstas llegaban gracias a la abundancia casi divina que manaba del subsuelo.


EL FUTURO DEL CHAVISMO

 

Como fuerza social y política, el chavismo popular tiene un enorme futuro en Venezuela y quizá en la región latinoamericana. Por "chavismo popular" se entiende algo distinto al entramado gobierno-fuerzas armadas-partido (Psuv). Aunque se exprese parcialmente en esas instituciones, está enraizado en la sociedad y de modo muy particular en las periferias de las grandes ciudades. Dicho de otro modo: una fuerza que luego de años de desastrosa gestión gubernamental cosecha un 40 por ciento de los votos es impensable que pueda desaparecer.


En Venezuela los conflictos entre conservadores y liberales que empedraron el tramo final del siglo XIX fueron momentos decisivos en la formación de las culturas políticas vernáculas.
La Guerra Federal o Guerra Larga, entre 1859 y 1863, provocó la muerte del 10 por ciento de la población –unas 200 mil personas, en su inmensa mayoría campesinos que dejaron de cultivar sus tierras–, la desaparición de 7 millones de cabezas de ganado, y una secuela de devastación y pobreza. Pese a la virulencia, la guerra se cerró con un acuerdo (el Tratado de Coche, que instituyó un parlamento en el que cada bando tenía una mitad del cuerpo) entre la oligarquía surgida de la guerra de independencia que había perpetuado el orden colonial, y los liberales que defendían la autonomía de las provincias basándose en sus ideas de libertad e igualdad.


Otro pacto, el de Puntofijo, en 1958, selló la paz entre los partidos tras la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. El acuerdo tuvo el objetivo de estabilizar la democracia antes de la convocatoria electoral. El mecanismo encontrado fue la participación paritaria de todos los partidos en el gabinete del partido triunfador, menos los comunistas, que fueron excluidos y perseguidos.


En ambos casos el objetivo fue salvar al país de males mayores, como el retorno de los militares al poder a fines de los años cincuenta o la persistencia del caos en el siglo XIX.
En 16 años el chavismo no pudo borrar del mapa a la oposición, aunque durante un buen tiempo tuvo una hegemonía consistente. Sería impensable que ahora la oposición pueda erradicar al chavismo. Debe recordarse que desde 1989, por no remontarnos a la historia lejana, los sectores populares venezolanos desafiaron la cruda represión militar hasta desarticular el pacto de Puntofijo y a los partidos tradicionales, hundiendo el sistema político bipartidista.


¿Será posible un acuerdo o por lo menos la convivencia más o menos pacífica entre dos corrientes llamadas a alternarse en el gobierno, como antes liberales y conservadores, o socialdemócratas y socialcristianos? Podría decirse que la supervivencia del país está en juego. Aunque, en realidad, unos y otros vivieron y vivirán de la renta petrolera, en particular los patrones estadounidenses de la nueva mayoría. Para que el petróleo fluya debe haber cierta paz social en la que a largo plazo todos están interesados, en particular los clientes chinos y yanquis.


La derecha liderada por Capriles y agrupada en la Mud, alianza orientada por las clases medias, tendrá que aceptar convivir con los pobres, de quienes recela por cuestiones de color, de piel y de clase. Para sobrevivir, el chavismo seguramente dejará de lado su discurso más mesiánico.


El resto del mundo descubrirá que la corrupción, la gestión estatal y el despilfarro de recursos, incluso la represión y los excesos autoritarios, no tienen, en los tiempos que corren, el menor signo ideológico. Son cuestión de Estado.

 

Contracara


El apoyo a Evo

Cercano a cumplir diez años de gobierno (en enero de 2016), el gobierno de Evo Morales tiene el 56 por ciento de apoyo de la población (15 por ciento lo considera excelente, 41 por ciento lo considera bueno), contra 14 por ciento que lo califica de malo a pésimo. La encuesta, publicada en Bolivia por un pool de periódicos de la de oposición, fue realizada por la empresa Mercados y Muestras.
Entre las realizaciones del gobierno que los bolivianos más valoran están la recuperación de los recursos naturales, las políticas sociales, la proyección internacional del país y la demanda de la salida al mar a Chile. La semana pasada una encuesta de la Asociación de Comunicación Política puso a Evo en segundo lugar entre los presidentes más populares del mundo, apenas detrás de Vladimir Putin, quien recientemente se reunió con Morales en Irán.
Sin embargo, los bolivianos siguen oponiéndose a la posibilidad de reformar la Constitución en el referéndum convocado para el 20 de febrero, que podría permitirles a Evo Morales y a Álvaro García Linera candidatearse a un nuevo mandato a partir de 2020, conforme fue aprobado por la Asamblea Nacional. Un 53 por ciento de los bolivianos está en contra de esa posibilidad, mientras que 45 por ciento están dispuestos a reelegir a ambos.

Los principales candidatos de la oposición, a su vez, reciben un rotundo rechazo: Samuel Doria Medina tiene el 72 por ciento de opiniones negativas, Jorge Tuto Quiroga, un 77 por ciento y Ruben Costas, 67.

Emir Sader

Estado y cambio social


Relaciones peligrosas


Por Raúl Zibechi


Desde hace muchos años el historiador Immanuel Wallerstein sostiene que las fuerzas antisistémicas no deben hacerse con el poder estatal porque corren el enorme riesgo de relegitimar el sistema que pretenden transformar. Por el contrario, deben recargarlo con demandas democráticas: más cosas para más personas. Sólo deberían apostar al Estado cuando éste pueda caer en manos del fascismo, que lo utilizaría para eliminar a las izquierdas.
El tema no es menor. El sentido común imperante dice que sólo se pueden cambiar las cosas desde el aparato estatal, y que hacerlo desde otro lugar –la sociedad, los movimientos, las iniciativas de base– es como apostar al localismo y la marginalidad, o sea una suerte de esterilidad política.
Parece haber poco interés en las izquierdas por hacer un balance de décadas de gestiones estatales. No lo han hecho quienes han intentado tomar el poder "por las bravas" (Rusia, China, Cuba, Vietnam) ni las de cuño socialdemócrata y progresista (europeas y latinoamericanas). Todas ellas tuvieron en común dos efectos: fortalecieron los estados, iniciaron algunos cambios que se fueron apagando con los años, cuando no degeneraron en algo irreconocible en relación con los cambios prometidos. Para ejemplo, el del "socialista" Felipe González.
En una línea opuesta, a principios del siglo pasado los anarquistas colocaron la ética en el lugar más destacado y desecharon la captura del Estado, en el que nunca creyeron más que para abolirlo. Quienes no procedemos de esa cultura política deberíamos reflexionar más (a la luz de lo sucedido tanto en Venezuela como en Brasil) sobre la coherencia de vida que sobre los supuestos resultados políticos, que siempre son discutibles y azarosos.

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En una misma jornada, el Congreso nacional ha sido escenario de una victoria esencial para Dilma Rousseff y de una noticia que, aunque esperada, puso al país patas arriba. Con la serenidad cuidadosamente ensayada para la circunstancia, el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, del PMDB, que se supone sería el principal aliado en la base de apoyo al gobierno, convocó una rueda de prensa para anunciar que había decidido aceptar un pedido de apertura de juicio político –el impeachment– contra la presidenta.


No por coincidencia, el anuncio de Cunha fue hecho exactamente cuando el presidente del Senado, Renan Calheiros, del mismo PMDB, confirmaba que un proyecto de ley enviado por el Ejecutivo había sido aprobado por amplia mayoría. Ha sido quizá la mayor victoria de Dilma en el Congreso desde que se inició su segundo mandato, hace once meses. Gracias a esa aprobación, su gobierno fue autorizado a cerrar las cuentas de 2015 con un hueco descomunal, un déficit de 120 mil millones de reales, lo que significa un agujero de estruendosos 31.500 millones de dólares (al cambio de ayer). De no haber sido aprobada la modificación en el Presupuesto Nacional, Dilma Rousseff estaría incumpliendo la Ley de Responsabilidad Fiscal, lo que pondría su mandato en altísimo riesgo.


No hubo tiempo, sin embargo, para celebraciones. Renan Calheiros anunciaba el resultado de la votación cuando, en otra parte del Congreso, Eduardo Cunha comunicaba su decisión de acatar un pedido de impeachment acusando a Dilma precisamente de haber cometido crimen de responsabilidad fiscal por haber gastado, en lo que va del año, más de lo que había sido autorizado por diputados y senadores.


Cunha, quien enfrenta un juicio en el Consejo de Etica de la Cámara de Diputados, habló de manera serena e insistió, en tres ocasiones, en que la suya había sido una decisión "estrictamente técnica". También repitió dos veces que no sentía "ninguna felicidad" por haberla adoptado. Minutos después, en su cuenta de Twitter, el mismo Cunha divulgaba alegres mensajes, asegurando que había escuchado "los pedidos de la calle". De decisión estrictamente técnica, ninguna palabra.


Tan pronto supo de la medida adoptada por Cunha, Dilma se reunió con su núcleo duro y decidió hacer un rápido comunicado a la Nación, a través de una cadena nacional de radio y televisión. En escasos tres minutos, la presidenta manifestó que recibió "con indignación" la medida "contra el mandato que me fue concedido democráticamente por el pueblo brasileño", aseguró que su gobierno "no practicó actos ilícitos" y rechazó cualquier fundamento en el pedido de impeachment aprobado por Cunha.


En un clarísimo mensaje al presidente de la Cámara de Diputados, que enfrenta procesos en la Corte Suprema por haber practicado evasión fiscal, lavado de dinero, fraude contra el fisco y recibido coimas millonarias, Dilma Rousseff dijo, con semblante claramente contrariado, que "no existe sobre mí ninguna sospecha de desvío de recursos públicos, no mantengo cuentas en el exterior y jamás oculté del conocimiento público la existencia de mis bienes personales".


Luego de las palabras de Dilma, algunos de sus asesores más cercanos admitieron, en conversaciones reservadas (o casi), que "ha sido mejor así". Se explica: el gobierno estaba virtualmente paralizado en manos de una Cámara de Diputados presidida por Cunha, que desde hace al menos siete meses actuaba de manera pendular, como forma de chantajear tanto al gobierno como a la oposición. Al gobierno lo amenazaba con aceptar un pedido de impeachment si no era atendido en sus insistentes pedidos de apoyo para mantenerse en su puesto, principalmente después de que sobre él se desató una tormenta de denuncias acompañadas de pruebas contundentes. A la oposición la amenazaba con no aceptar ninguno de los pedidos de impeachment, a menos que le asegurasen la tan requerida protección. Será más fácil, dicen los asesores, derrumbar en el Congreso la iniciativa de Cunha.


Controlando al menos cien diputados en una Legislatura de 513 que es la de peor nivel –político, intelectual, ético y moral– de los últimos treinta años en Brasil, Cunha se movió como pez en el agua hasta hace poco menos de tres meses, cuando creció de manera consistente el volumen de acusaciones contra él. Dueño de una larga carrera de escándalos, Cunha llegó a la presidencia de la Cámara gracias al apoyo de las bancadas más retrógradas, y por haber sido siempre un excelente captador de recursos –casi nunca lícitos– para ayudar a financiar campañas ajenas, además, claro, de las suyas. Con eso logró contar con la lealtad absoluta de muchos diputados inexpresivos, que lo siguen y obedecen con la fidelidad de los perros bien entrenados y alimentados.


A partir de ahora, el trámite seguirá lo que determinan las leyes, y será largo. Primero, se arma una Comisión Especial para analizar la eventual admisibilidad del pedido de impeachment. Esa comisión es formada obedeciendo a la proporcionalidad de los partidos en la Cámara. Si la comisión mantiene el pedido, el tema será llevado al Pleno, donde necesitará la aprobación de dos tercios, o sea, 342 diputados. Para impedir que eso ocurra, el gobierno tendrá de alcanzar 171 votos. Si no los consigue, Dilma Rousseff será alejada del puesto mientras se analiza el tema en el Senado, que tiene la palabra final. En tal caso, asume el vicepresidente Michel Temer. El gobierno necesitará igualmente del voto de dos tercios de los senadores.


Es muy poco probable que el gobierno, ya en la primera etapa, es decir, en la Cámara, no logre los 171 votos necesarios. Algunos analistas dicen que eso es casi imposible. De todas formas, mientras tramita el proceso –cuyo plazo es difícil de calcular, una vez que la ley establece un determinado número de sesiones para cada paso, y las sesiones no tienen fecha rígida para ocurrir–, la tensión será permanente. Con el país atravesando un cuadro económico especialmente grave, ese nuevo ingrediente en una crisis política que ya era bastante seria no hace más que dejar entrever un 2016 muy duro.

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Brasil se hunde cada día más en una recesión que parece no tener un fin. En un año, el país, que hace una década asombraba al mundo con cifras estratosféricas, se ha desplomado un 4,5%, sin ninguna esperanza de que mejore. Es la recaída más violenta de los últimos 20 años. Algunos analistas apuntan que va camino de ser la peor recesión en 80 años. Nada se escapa al hundimiento: el consumo familiar –uno de los motores de los venturosos años del expresidente Lula- retrocede un 4,5%.

Nadie se fía, nadie compra y nadie vende. Sobre todo porque el desempleo –otro fantasma en alza- llega ya al 8% y nada augura que no siga subiendo. La agricultura, que por lo general constituía un mercado paralelo indestructible también se resiente, sobre todo debido a la menor demanda de soja de China. Ni siquiera las exportaciones -en teoría beneficiadas por la devaluación del real de los últimos meses- consiguen remontar. La construcción de infraestructuras se desploma con un 6,3% menos de actividad.


Esto último se explica no sólo por el sombrío ambiente económico sino por un fenómeno inusual y puramente brasileño que tiene a la sociedad estupefacta: los dueños de las mayores empresas de construcción del país se encuentran en la cárcel, acusados de sobornar a empleados de la petrolera Petrobras. El viernes, el presidente de la constructora Andrade Gutiérrez, Otávio Marques de Azevedo, llegó a un acuerdo con la Fiscalía brasileña: pagará 1.000 millones de reales ( 250 millones de euros) de multa –la mayor multa de la historia de Brasil- tras reconocer que ha pagado sobornos millonarios a cambio de lograr contratos para levantar tres estadios de fútbol del Mundial de Brasil, líneas férreas y refinerías, entre otras cosas.

También se compromete a denunciar a otros implicados (en la prensa brasileña se especula que señalará a dos senadores próximamente). Todo a cambio de la libertad condicional atado a una pulsera electrónica para estar localizable y a que su empresa pueda volver a optar a concursos públicos, dado que la parálisis la estaba llevando a pique. No es el primer gran empresario (equivalente a Florentino Pérez en España) que da este paso. Hace unos meses lo hicieron los directivos de la empresa Camargo y Correa, después de pagar una multa de 800 millones de reales (200 millones de euros). En prisión, desde junio, aún se encuentra, con todo, Marcelo Odebrecht, el propietario de la mayor empresa constructora del país. Muchos se preguntan cuánto tardará en acogerse a la misma opción que sus competidores.


La semana pasada, fue detenido también uno de los hombres más ricos del país, el banquero André Esteves, también involucrado en el Caso Petrobras, acusado de tratar de entorpecer la labor de la justicia. El domingo, la Fiscalía decidió, a la vista de las pruebas, no otorgarle la libertad condicional. Tanto Esteves como Marques de Azevedo constituían ejemplos de empresarios exitosos brasileños, habituales de las portadas de revistas prestigiosas de economía y negocios. De ahí que el descrédito de la élite brasileña (políticos, empresarios, altos cargos) sea total, y esto incida en el clima funesto que se cierne sobre el país. Nadie es capaz de vislumbrar dónde puede acabar el pozo de corrupción de Petrobras, que incide en la economía directamente.


De hecho, el círculo vicioso de revelaciones de corrupción que conducen a una crisis política que alimenta su vez una crisis económica no se ha deshecho en lo que va de año. El debilitado Gobierno de Dilma Rousseff, mientras, trata –sin éxito hasta ahora- de que un Congreso hostil apruebe las medidas necesarias de ajuste que, según el ministro de Economía, Joaquim Levy, servirán para dar credibilidad a las finanzas brasileñas de cara al exterior y relanzar la gripada economía. Dada la mala situación de las cuentas públicas, Rosseff decidió, el viernes, congelar de golpe el gasto del Estado bloqueando 10.000 millones de reales (2.500 millones de euros).


El domingo, una sintomática encuesta publicada por el periódico Folha de S. Paulo reveló que por primera vez en su historia, el principal problema que atosiga a los brasileños no es ni la sanidad, ni la educación, ni la inseguridad ni la marcha calamitosa de la economía. Es, simplemente, la corrupción. En la misma encuesta se daba constancia de la escasa aceptación de Dilma Rousseff, que lleva meses arrastrándose alrededor de un 10% de aprobación.

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