En la tercera marcha masiva en contra de la corrupción que ha sido la impronta del Partido Patriota, en el poder desde enero de 2012 y a ocho meses del término de su mandato el 14 de enero de 2016, unas 30.000 personas abarrotaron este sábado la Plaza Mayor de la capital guatemalteca, para pedir la renuncia de Otto Pérez Molina como presidente del país.


Poco antes del mediodía, grupos de manifestantes empezaron a confluir al punto de reunión desde los cuatro puntos cardinales, la que fue convocada por medio de las redes sociales y sin más hilo conductor que el clamor por la decencia. La movilización también provocó atascos importantes de tránsito.


Este sábado la consigna era exigir el fin de la corrupción y a ella se sumaron las universidades del país, campesinos indígenas, sindicalistas, colectivos homosexuales, el sector productivo y hasta un grupo de frailes franciscanos. Aunque convocada para las 15.00 locales, desde las 07.00 de la mañana unas 1.000 personas se reunieron frente a la Catedral Primada en una 'jornada de oración' para pedir por los manifestantes y para que la petición fuera escuchada. Ni las fuertes lluvias que azotaron varios barrios capitalinos restaron fuerza a la reunión. Los paraguas y chubasqueros improvisados sustituyeron a las gorras y sombreros de las jornadas anteriores.


La protesta, que tuvo réplicas en capitales de provincia y poblaciones importantes del país, se realizó una semana después de que la vicepresidente de Guatemala, Roxana Baldetti, agobiada por denuncias de corrupción, se viera obligada a dimitir de su investidura, y 48 horas después de que el Congreso eligiera como su sucesor al exmagistrado del Tribunal Constitucional, Alejando Maldonado Aguirre.


Existe entre la ciudadanía una sensación creciente de que el presidente Pérez Molina está involucrado en algunas de las redes de corrupción. Su enriquecimiento escandaloso, visible en sus lujosas mansiones en sitios turísticos de Guatemala, dan pie a la sospecha.


En declaraciones a la televisión y la radio, que transmitieron en directo, decenas de ciudadanos coincidieron en señalar al 'hartazgo ante el expolio al que los políticos, , han sometido al Estado' como el catalizador que ha provocado que los guatemaltecos dejaran de lado su tradicional indiferencia, para salir a las calles y clamar porque se llegue al fin de esta situación.


"Ya no se protesta en contra de una figura en particular. El clamor es en contra de una pseudo institucionalidad que la corrupción ha asolado. Hay que cambiar el sistema", dijo a una cadena de televisión la exministra de Educación, Carmen Aceña.


Jorge Briz, presidente de la patronal, al reiterar su condena a la corrupción, pidió también que se juzgue y, en su caso, se condene a los empresarios que se han beneficiado de la corrupción en las aduanas.


La manifestación concluyó sin incidentes al filo de las 19.00, aunque sí se dieron algunos momentos de tensión como cuando un grupo de manifestantes quiso derribar un poste donde el Ministerio del Interior había colocado cámaras de televisión, con la excusa de "garantizar la seguridad" de los manifestantes. La cordura se impuso y todo terminó en paz.

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Fue guerrillero la mitad de su vida, pasó 15 años en la cárcel, vivió en el monte, en la clandestinidad, y ahora dice que está viejo y no sabe cómo estará dentro de cinco años para volver a presentarse a presidente de Uruguay. Pero nadie diría escuchando a José Mujica que está en el final de su carrera. Pletórico, influyente como pocos en la región, pendiente de todo y de todos, Mujica viajó a Buenos Aires a presentar el libro sobre su presidencia, Una oveja negra al poder, de Andrés Danza y Ernesto Tulbovitz, que en breve saldrá en España (Random House Mondadori).


Pregunta. Viaja ahora a España, a reencontrarse con sus orígenes vascos ¿Cierra el círculo?
Respuesta. Sí, voy a Muxica, por un recuerdo a la familia de mi padre. Y después a un pueblito de Italia, cerca de Génova, donde está la familia de mi madre. Voy porque estoy entrando en una edad que si no voy ahora no voy más.

P. Dicen que usted va a volver a ser presidente de Uruguay, que sigue siendo el referente.
R. Sigo siendo referente pero ¡yo que sé cómo voy a estar dentro de cinco años! Tengo 80, pensar en los 85 es bravo, ¿no?

P. Usted se interesa por España. Podemos reivindica su inspiración en la izquierda latinoamericana. ¿Ve similitudes?
R. Me parece que cuando los pueblos tienen una crisis honda como España lo mejor es que las tensiones se puedan encauzar políticamente. Que la crisis española haya producido una cosa como Podemos me parece de lo más saludable. Es un fenómeno más maduro. Y como tal manejable. Imaginemos una Francia que se cierra, que no quiere saber nada con la Unión Europea, con los negros. ¿Adónde vamos? Por eso apuesto siempre a la política.


P. ¿Está volviendo la política?
R. La crisis de la política solo acentúa el individualismo. Prefiero que la gente no esté con la izquierda pero que esté con la política. Pagaría ese precio. Lo antipolítico es aventurerismo o fascismo. Prefiero la política conservadora, pero política.


P. ¿Le da miedo el populismo?
R. Me da miedo los sin partido, los que no responden a ninguna disciplina. Los partidos son el primer elemento de control que tienen los individuos. Se llame PP, socialismo, Podemos. Pero es algo colectivo. Pero ojo, si populismo es la lucha por elevar el nivel de vida de la gente o las políticas de igualdad, ese pecado lo pueden tener muchos. La frontera de eso es cuando las medidas que se toman paralizan a la economía, porque querés repartir tanto que al final quebrás el interés en el trabajo y la inversión. Si matás eso no tenés para repartir. Yo llamaría populismo a eso.


P. ¿Está pensando en Venezuela?
R. Venezuela tiene la desgracia del petróleo. El país más robado de América Latina. ¿Cómo va a andar una sociedad en la que cuesta más una botella de agua que un litro de nafta [carburante]?


P. ¿Recomendó a Maduro que no detenga a opositores?
R. Creo que hay un interés en ir preso en Venezuela. Es una técnica, es la forma de luchar de la oposición. Inducen al Gobierno a pasarse de la raya. Le crean una contradicción internacional notable y estos bobos entran. Se lo he dicho a ellos. Es un error.


P. La gente protesta y se aleja de la política en Brasil, en Chile, por la corrupción. ¿Las nuevas generaciones son más exigentes?
R. Tenemos un flagelo adentro de carácter ético. Cuando el afán de hacer plata se mete adentro de la política nos mata a la izquierda. ¿Por qué prolifera tanto la corrupción? ¿Parece sensato que gente de 60, 70 años se emporque en unos pesos inmundos? ¡Si sabe que tiene poca vida por delante! El tema de tener plata para ser alguien puede ser una herramienta de progreso en el mundo del comercio, donde se corren riesgos empresariales, pero cuando se mete en la política estamos fritos. Pasó en Italia, en parte en España. Es inexplicable lo de Brasil. Y aquí en Argentina el vicepresidente está procesado.


P. En el libro dice que en Brasil parece imposible hacer política sin ceder a la corrupción.
R. La democracia moderna es muy cara. Brasil es muy grande, tiene Estados que son como países. Allí hay partidos locales, y el que gana el Gobierno nacional tiene que transar con ellos. Ahí empieza todo.


P. ¿Viene una época difícil para la izquierda latinoamericana?
R. No sabemos. La derecha tampoco está dando muchas respuestas, no creo que pueda hacer maravillas. Yo creo que estamos en un momento de retroceso de la izquierda en Europa y cierto grado de estancamiento en América Latina.


P. ¿Cómo vive alguien que fue guerrillero el acercamiento de EE UU y Cuba?
R. Era un remanente de la guerra fría, hay que terminar con eso. En EE UU mucha gente cree que esto va a llevar a cambios en la sociedad cubana y los cubanos piensan que van a resistir. La historia va a decidir. Los cubanos tienen un punto fuerte: mandan miles de médicos afuera y el grado de deserción es mínimo. ¿Lo podrán resistir? No lo sé, porque habrá que ver el efecto de la entrada en Cuba de "la magia de la mercadería", en palabras de Trotsky.


P. ¿Está mediando en el conflicto de Colombia?
R. No estoy mediando nada. Pero tengo que tener una conversación con la gente de las FARC por dificultades de la negociación. No le puedo decir nada porque si no estoy quemando todo. Pero tengo que hablar.


P. ¿Es optimista?
R. Nunca se ha estado tan cerca. Vale la pena pelearla. Mantener un conflicto in eternum no es estrategia de nada. La geografía colombiana es de terror. Perseguir a las FARC en esas montañas es infinito. La guerrilla podrá no triunfar pero terminar con ellos es imposible. Es la guerra ucrónica, permanente. El presidente Santos tiene buena fe pero tiene resistencia dentro y quisiera ver si lo que está representando a las FARC en Cuba en las negociaciones es obedecido en todo el campo de las FARC. Cuando uno está con las armas en la mano la política pasa por la mira. Es un problema que tenemos siempre los hombres armados. Tendemos a ver la estrategia política a través de las armas, desconfiamos de lo demás.


P. Usted es la prueba de que se puede llegar al poder después de dejar las armas.
R. Yo sí, pero conozco las enfermedades. A las organizaciones armadas les cuesta mucho tener capacidad política para negociar. Pero hemos entrado en otra época. Con el adelanto tecnológico, la guerra es una ilusión óptica que dirime la tecnología. Nada tiene que ver con el heroísmo. Someterse a que te maten por control remoto... Hoy es posible hacérselas pasar bastante mal a los Gobiernos sin tirar un tiro. No hay que irse a la sierra.

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Mariano Rajoy lo calificó como "el mejor ministro de Economía de la democracia" y "artífice del milagro español": Rodrigo Rato, también ex director gerente del FMI, hoy está acusado de fraude fiscal.

 

El jueves 16 el Juzgado número 35 de Madrid ordenó el registro del domicilio de Rodrigo Rato. Tres horas después Rato fue detenido por la policía judicial acusado de fraude, alzamiento de bienes y blanqueo de capitales. Imputado también, dentro del caso Bankia, por otros graves delitos motivo de "alarma social", la opinión pública española considera que el único milagro de Rodrigo Rato es haber eludido la prisión. A un mes de las elecciones municipales y autonómicas, este nuevo escándalo amenaza las mayorías absolutas del Partido Popular que, a pesar de todo, puede ser la fuerza política más votada.


Con unos índices de pobreza y desigualdad social que se cuentan entre los más elevados de la Unión Europea, con la tasa de desempleo más alta de la Ocde (23,6 por ciento), con casi 180 mil desalojos ejecutados en los últimos seis años y un modelo productivo que, basado en sectores de bajo valor añadido –como la construcción y el turismo, responsables de la mitad del producto nacional–, es incapaz de revertir la situación, la empobrecida sociedad española es extremadamente sensible a la cascada de delitos de fraude fiscal, malversación de fondos y corrupción que, en lo que va del siglo, tienen como protagonistas a cerca de 400 políticos y altos jerarcas, un 80 por ciento de los cuales son miembros del PP y el Psoe, los dos partidos que se han alternado en el poder desde los ochenta. Rato es uno de esos altos jerarcas.


La operación en su contra se originó el 17 de febrero, cuando el director general de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez, anunció que 715 contribuyentes "expuestos políticamente", acogidos a la regularización fiscal aprobada en 2012 por el gobierno de Mariano Rajoy, iban a ser indagados. A esta regularización fiscal (que hizo aflorar 40.000 millones de euros no declarados y de los cuales sólo 1.700 millones fueron para Hacienda) se acogieron 30 mil personas, entre los que se encontraban Luis Bárcenas (ex tesorero del PP, imputado por su implicación en el caso Gurtel, la trama de corrupción vinculada al Partido Popular), varios hijos del ex presidente catalán Jordi Pujol y Diego Torres (socio del yerno de Juan Carlos de Borbón), todos procesados por fraude fiscal y/o evasión de capitales.
Rodrigo Rato era uno de los 715 indagados por la Agencia Tributaria. Sus investigadores entregaron al titular del Juzgado 35, Enrique de la Hoz, un esquema de la trama liderada por el ex director del Fmi y compuesta por siete u ocho sociedades ubicadas en paraísos fiscales de Gibraltar y Suazilandia. Cada una de ellas habría ocultado al fisco entre uno y dos millones de euros. Algunas de estas empresas, al parecer, se utilizaron para trasvasar dinero a sus hijos, mediante donaciones que luego retornaban al propio Rato a través de firmas que actuaban como pantalla.


El fin era sortear un eventual embargo de bienes por parte de la Audiencia Nacional en relación con el caso Bankia, en el que el ex ministro figura como encausado. Ese movimiento de capitales constituiría un delito de alzamiento de bienes. También para evitar esas y otras responsabilidades económicas se sospecha que ha puesto diversas propiedades a nombre de terceros.


Las pesquisas contra Rato incluyen asimismo el fraude fiscal (dejó de tributar 1,42 millones de euros por Irpf). Según la investigación, su patrimonio descubierto de 26,6 millones de euros no fue declarado en su totalidad, ni en la amnistía fiscal ni en la regularización de bienes en el extranjero que el gobierno permitió en 2013.


El caso Bankia. Rato, militante del PP, vicepresidente segundo del gobierno y ministro de Economía de José María Aznar entre 1996 y 2004, fue calificado por el propio Fmi, al que condujo entre 2004 y 2007, como uno de los peores directores jamás habidos y responsable de una nefasta gestión que ponía como ejemplo de economía "robusta" a Islandia (que después quebró) y elogiaba el sistema financiero estadounidense como "resistente y bien regulado" (como Lehman Brothers y el resto de la banca de inversión demostraron). Chicago boy puro y duro, el español aseguraba también que "los mercados han mostrado que pueden autocorregirse y que de hecho lo hacen".
En 2010, sin embargo, Rajoy decidió premiarlo con la presidencia de Caja Madrid, por entonces la cuarta entidad financiera del Estado español. Durante su gestión Rato fusionó a Caja Madrid con otras seis cajas de ahorro (entidades de titularidad pública), dando paso a Bankia, que en julio de 2011 salió a la bolsa con una capitalización de 6.500 millones de euros. Dos años más tarde apenas superaba los 225 millones. En diciembre de 2011 el Banco de España obligó a los directivos de Bankia a publicar sus salarios: Rato percibía 2,34 millones de euros por año. Cinco meses más tarde dimitió tras haber presentado un plan para el banco, rechazado por el Estado, donde se exponía que la entidad tendría que recibir unos 6.000 millones de euros de dinero público. Considerada por el Fmi el principal riesgo para el sistema bancario español, en mayo de 2012 Bankia pasó a ser controlada por el Estado. Después del rescate de Bankia, la UE entregó 100.000 millones de euros a la banca española. El Fmi apuntó a la criatura de Rato como el principal responsable del rescate.


En la causa Bankia, en julio de 2012, la Audiencia Nacional imputó a Rato los delitos de falsificación de cuentas, administración desleal, maquinación para alterar el precio de las cosas y apropiación indebida. Esto es, falsificar la realidad para poder salir a cotizar en la bolsa. También está imputado por administración desleal y apropiación indebida en la pieza separada de las tarjetas de crédito opacas al fisco con las que Rato y los ex consejeros de la entidad financiera gastaron 15,5 millones de euros.


Por suerte para Rodrigo Rato, el viernes 24, estimando los recursos interpuestos por él y otros tres imputados, la Audiencia Nacional rebajó la fianza civil impuesta en marzo a Bankia y cuatro directivos –Rato entre ellos– por la salida a la bolsa de la entidad con información financiera falseada: de 800 millones a 34 millones de euros. Bankia, consecuentemente, deberá bajar la cantidad reclamada al ex ministro –la sexta parte de la fianza– de 133 a 5,6 millones. Los embargos que Rato temía siguen, sin embargo, vivos.


Año electoral.

 

En opinión de muchos analistas políticos, la de Rodrigo Rato ha sido una caída propiciada desde su bando. Una cabeza de turco que, a menos de un mes de la primera cita con las urnas de este año, purifique al PP y lo salve de la quema a donde lo llevan la corrupción y las políticas de ajuste. Los propios integrantes del partido heredero del franquismo creen que el golpe puede ser devastador. Los sondeos electorales, no obstante, dan al partido que Rodrigo Rato recién abandonó esta semana como la agrupación política con más intención de voto. La entrada en liza de otro grupo de derecha, Ciudadanos, limitado a Cataluña durante 12 años, proporciona a Rajoy y al capital la muleta donde apoyarse y poder continuar con las mismas políticas aplicadas en los últimos años.
El Psoe y su nuevo secretario general, Pedro Sánchez, la otra cara de la moneda, intentan detener su más que probable debacle electoral erigiéndose en adalides de la honradez. La jugada no tiene visos de funcionar: la política económica del gobierno socialista de Rodríguez Zapatero fue similar a la de Rajoy. El Psoe tiene en su haber dos amnistías fiscales. En cuanto al tema de la corrupción, también están parejos: sólo en Andalucía hay 65 altos jerarcas del Psoe procesados, entre ellos dos parlamentarios y ex presidentes de la Junta.
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La mentira del "milagro económico"


Bajo su primer gobierno, en la década del 90, José María Aznar eligió a Rodrigo Rato para "sanear" la economía española y poder cumplir con su objetivo de entrar en el euro, que se le hacía lejano por no llenar las exigencias de la UE en materia de déficit, deuda pública e inflación. La primera medida del nuevo ministro consistió en eliminar 1.200 millones de euros del presupuesto y congelar los salarios de los funcionarios. A continuación privatizó todas las empresas estatales rentables (Endesa, Repsol, Telefónica, Tabacalera, Argentaria, Iberia). El Estado consiguió en dos años 25.000 millones de euros y pasó el examen del euro. Aznar podía codearse sin complejos con los grandes líderes. Para potenciar la economía, Rato parió la ley que convirtió a toda España en urbanizable: la "ley del suelo". El ladrillo lo cubrió todo. Los técnicos del Banco de España advirtieron en un informe que la vivienda estaba sobrevalorada "entre un 8 y un 20 por ciento". "No hay burbuja –decía sin embargo Rato en 2003–. Si la vivienda está cara es porque muchos españoles pueden pagar." Para contener la inflación de modo artificial impulsó el déficit de tarifa, mediante la ley 54/1997 del sector eléctrico, sistema por el cual el usuario final no pagaba en el momento todos los costes de la electricidad recibida y dejaba una parte para más adelante. El agujero en las finanzas del Estado se estimó en 2011 en 20.000 millones de euros. Hasta que la burbuja estalló, todos creyeron en el milagro...

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Rodrigo Rato (RR) –ex director del FMI, ministro de Economía y viceprimer ministro en el gobierno del controvertido Aznar– fue detenido por blanqueo (¡supersic!), fraude y alzamiento de bienes.


La noticia dio la vuelta al mundo y valió la portada, con varios artículos alusivos, del Financial Times ( http://goo.gl/NlOrTw): el más reciente (sic) escándalo de RR, uno de sus barones, vino en el peor momento para el atribulado Mariano Rajoy y el PP en vísperas de varias elecciones( http://goo.gl/x1I1xX).


Se desploma el hoy impresentable RR, máxima figura financierista de España durante una generación en el pináculo de la estructura del poder español, que sigue a la extraña abdicación de su zoocida monarca.


Los votantes abandonan en forma masiva al PP debido a la pandemia hedionda de sus corrupciones, lo cual podría beneficiar el ascenso irresistible del movimiento contestatario antineoliberal Podemos.


RR se ha vuelto pestífero y la ciudadanía, que sufre una de sus peores crisis económicas, lo increpa y humilla en las calles como delincuente ( http://goo.gl/EwTxiF).


¿Se puede deslindar el blanqueo nupcial de RR con el fiscalista Aznar, su socio en el gobierno neoliberal del PP?
El caso de RR es congénito ya que su padre fue sentenciado a 3 años de cárcel por fraude y evasión fiscal.


En espera de la exhumación de su connivencia bipolar con el PSOE, la hipercorrupta dualidad, que no duplicidad, de RR y Aznar colaboró en la atroz irrupción de Banco Santander, Telefónica y Repsol en Latinoamérica (LA), que alerté hace 7 años: "¿Aznarización pirata de los 'tesoros' de Petrobras y Pemex?" ( http://goo.gl/NrG9BJ).


RR es un Midas al revés: lo que toca lo aniquila, quizá para amparar las oscuras cuentas subrepticias del PP y sus socios políticos y literarios en LA que promueven el salvaje neoliberalismo que beneficia a las trasnacionales españolas: Banco Santander, Telefónica y Repsol (de la que buscó ser director Calderón: íntimo del PP y su inmundo estratega Antonio Solá, quien manejó varias elecciones nauseabundas en México).


En forma poco usual, el mismo FMI realizó una crítica demoledora a la actuación de RR en su fase previa a la grave crisis del 2008 ( http://goo.gl/XXnIki ).


La auditoría del FMI fustigó que las deficiencias internas impidieron prevenir la crisis de 2008, cuando bajo la conducción de RR, "el FMI no anticipó la crisis, su ritmo ni su magnitud y (...) no pudo advertir a sus miembros". El vilipendiado FMI puso como ejemplo a seguir alguna de las prácticas más destructivas (sic), desoyó las señales de alerta y tuvo una doble vara de medir. Mientras era muy duro con los países emergentes, se mostraba complaciente con los países ricos, en especial EU, que acabó siendo el foco de la crisis. So what?


No distingo cual sea la diferencia de RR con sus antecesores en el manejo del FMI unipolar que tiene las horas contadas.
Director de la mefítica Bankia –rescatado por el gobierno hipercorrupto del PP con 8 mil millones de euros–, RR renunció cuando la insolvencia alcanzó su cuello nada blanco.


La contabilidad mafiosa de Bankia en la mágica etapa de RR –quien usó sin recato sus tarjetas negras (sic) de crédito– evaporó 4 mil millones de euros, mientras otras fuentes externan un boquete azorante de 20 mil millones de euros que se ignora su destino terminal.


¿Fueron a dar a los bolsillos de Aznar y sus socios literarios en LA, colmados de preseas para honrar sus hipócritas libertad, democracia y derechos humanos?


Bloomberg seleccionó a RR como el peor (¡supersic!) ejecutivo empresarial del 2012, mientras sus fétidos escándalos y su vida lasciva orillaron a su eyección del PP donde destila(ba) insufrible olor a azufre.


Después de dejar Bankia, RR apareció nada mágicamente en Banco Santander, donde cobraba por asesorías 200 mil euros al año, al igual que en Telefónica, con varios cadáveres metafóricos en el clóset, donde opera el foxiano Gil Díaz, controvertido secretario itamita de Hacienda e íntimo de Israel.


El nombramiento del tránsfuga saltimbanqui RR en el consejo consultivo de Banco Santander, el mayor banco de la eurozona, causó estupefacción ( http://goo.gl/WKCSM0 ) cuando todos eran felices brindando cervezas al por mayor con Antonino Fernández, ex director de Grupo Modelo de México ( http://goo.gl/RRhKER ). Mejor aquí le paro.


¡Cuantos favores de blanqueo bidireccional ha de deber Banco Santander al lavador fondomonetarista RR!


Banco Santander –en especial su turbio consejo de administración (sic) en México ( http://goo.gl/TukPjH )– fue detectado por su narcolavado ( http://goo.gl/W9IfBG ) sin ser inquietado por la selectivamente daltónica y cíclope Secretaría de Hacienda en la etapa aciaga de Videgaray.


El boquetazo de Bankia tiene mucha semejanza con el narcolavado y los desvíos rocambolescos de Lehman Brothers, Bernie Madoff y Banco Stanford, donde brotan muchos blanqueadores mexicanos sin ser tampoco incomodados.


El bushiano Aznar, accionista privilegiado de los fondos buitre Cerberus, que enjuagó los bonos tóxicos de Bankia, definió a RR como el mejor ministro de Economía de la democracia (sic) y lo entronizó como artífice del milagro español ( http://goo.gl/vJgI7Q ). ¡Que cómico!


Hace dos años aduje que el neoliberalismo español es consubstancialmente delincuencial, donde abrevan Banco Santander/Telefónica/Repsol con la cobertura democrática del PP para legitimar las rapiñas masivas a su subyugada ciudadanía ( http://goo.gl/Vj05ov ), extensivas a LA, como destapó el derrumbe delictivo de Antonio Solá, estratega (sic) del truculento PP ( http://goo.gl/TNkyOO).


El PP, que resultó un partido consolidado de bandidos y blanqueadores, es gemelo simbiótico del PAN, de sus dos ex presidentes Fox y Calderón, y su prolífica camada literaria subsidiada, así como de partidos y organizaciones (v.gr FAES) de extrema derecha fascistoide de LA.


¡La cleptocracia con cobertura literaria de los libertinos garabatos de sus letrinas!


Durante el lapso de la detención de su socio lavador RR, Aznar vino a México, como si aún vendiera espejitos del siglo XVI, a anunciar su santa alianza con el hermano del ex priísta y hoy panista Javier Lozano, quien ha participado desde el tétrico Fobaproa/IPAB en todos los entreguistas esquemas antimexicanos ( http://goo.gl/C0DSyq ).


El FMI, quintaesencia del pernicioso neoliberalismo global, es un nido proliferativo de bandoleros, cuyos tres recientes directores han sido implicados en fechorías crapulosas: RR, Strauss-Kahn y Christine Lagarde ( http://goo.gl/EDv86U ).


El PP del lavador RR y su socio Aznar, condimentado con el sulfuroso Solá, es la imagen degenerada del putrefacto neoliberalismo del FMI que implementa en España y LA para beneficiar el inmundo bandolerismo financierista de sus trasnacionales y sus adscritos políticos y literatos muy bien lubricados que luego se transmutan a neobanqueros para perpetuar el circuito vicioso de la piratería global con su burlesco travestismo democrático publicitado en forma mendaz por los multimedia que controlan, como Televisa( http://goo.gl/69Nh75).


http://alfredojalife.com
@AlfredoJalifeR_
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"Ni la nieve, ni la lluvia, ni el calor ni la oscuridad de la noche impedirán a estos carteros completar con celeridad sus rondas asignadas" reza el lema no oficial del Servicio de Correos de Estados Unidos. Ahora podríamos agregar: "ni una zona de exclusión aérea de seguridad nacional", como demostró el cartero Doug Hughes. Hughes hizo lo que consideró era su deber: llevar cartas. Tenía 535, una para cada miembro del Congreso, y cada una de ellas estaba firmada por él. En ellas, Hughes escribió sobre la influencia corruptora del dinero en la política y optó por un método de muy alto perfil para entregarlas. Piloteó un helicóptero del tamaño de una bicicleta llamado "girocóptero" a lo largo de 160 km., desde Maryland hasta Washington, y aterrizó en la explanada oeste del Capitolio de Estados Unidos, atravesando espacio aéreo restringido.


La aeronave de Hughes podría haber sido derribada. Le pregunté si valió la pena haber asumido ese riesgo, a lo que respondió: "Soy padre y abuelo y puedo ver el cambio que hubo a lo largo de las últimas décadas. Hemos pasado de una democracia a una plutocracia. Los peces gordos están tomando las decisiones. Están consiguiendo todo lo que quieren y los votantes lo saben. Todo el espectro político, los de izquierda, los de derecha y los de centro, saben que este Congreso no representa al pueblo. Y sí, valió la pena arriesgar mi vida, valió la pena arriesgar mi libertad a fin de lograr una reforma para que el Congreso trabaje para el pueblo".


La carta de Hughes comienza con una cita del Secretario de Estado. Hughes escribió: "Lean la siguiente declaración de John Kerry en su discurso de despedida del Senado: 'Considero que la búsqueda interminable del dinero amenaza con robarnos la democracia. Ellos lo saben. Saben que lo sabemos y, sin embargo, no se hace nada al respecto', afirma John Kerry". Hughes continúa su carta con un análisis del modo en que el dinero corrompe el trabajo de los miembros del Congreso "antes de ser electos, durante y después de su mandato", escribió.


El espectacular modo que encontró Hughes para entregar sus cartas no pasó inadvertido. La mayoría de los medios de comunicación simplemente ignoraron el mensaje que este cartero estaba intentando entregar y se centraron, en cambio, en que su espectacular aterrizaje dejó en evidencia la vulnerabilidad de la seguridad. Resulta interesante que su acción no fuera del todo condenada por quienes trabajan en el Capitolio.


El legislador republicano de Carolina del Norte Walter Jones dijo en la Cámara de Representantes de Estados Unidos: "No defiendo violar el espacio aéreo restringido y arriesgar a personas inocentes al volar un girocóptero en el predio del Capitolio. El Sr. Hughes tiene razón con respecto a la fuerte influencia del dinero en la política. He visto cómo ha empeorado esta situación en los veinte años que llevo en el Congreso. La decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos en el caso de Citizens United en 201o, en relación con el financiamiento de las campañas, creó comités especiales, los llamados súper PAC, y multimillonarios que compran candidatos".


El fallo de la Corte Suprema de 2010 al que se refiere Jones, Citizens United contra la Comisión de Elecciones Federales (FEC, por sus siglas en inglés), y un fallo posterior de 2014, McCutcheon contra la FEC, dieron vía libre a las donaciones ilimitadas para el financiamiento de las campañas electorales, incluyendo la posibilidad del financiamiento a través de fondos que no pueden ser rastreados, conocidos como "dinero oscuro". El gasto de grupos externos en las campañas explotó, pasando de 15 millones de dólares en 1998 a más de 1.000 millones de dólares en 2012. Y entre las arcas de Clinton y el efectivo de los hermanos Koch, la crisis empeorará cada vez más mientras se prepara la campaña electoral de las elecciones presidenciales de 2016. Hughes apoya una reforma constitucional que elimine la influencia del dinero en la política.


Al día siguiente de que Hughes aterrizara su girocóptero en el Capitolio, le pregunté al congresista demócrata de Florida Alan Grayson qué pensaba sobre la protesta del cartero contra la influencia del dinero en la política: "De hecho me encontraba en la sala de la Corte cuando se emitió la desastrosa decisión de Citizens United hace cinco años. Mitch McConnell, [en ese etonces congresista republicano y ahora líder de la mayoría del Senado], se encontraba a dos asientos a mi izquierda. Éramos los únicos funcionarios públicos en la sala. Mitch McConnell estaba más feliz que nunca aquel día. Estaba literalmente riendo de alegría cuando se emitió el fallo. Y yo dije en MSNBC aquella noche hace cinco años que si no hacíamos nada, podíamos comenzar a despedirnos de este país. Bueno, prepárense porque ahora mismo son los multimillonarios y las multinacionales los que toman las decisiones con respecto a lo que quieren, ya sea el Acuerdo Estratégico Trans-Pacífico de Asociación Económica, la vía rápida, o cualquier cosa que quieran. Logran rescates financieros, exenciones impositivas. Obtienen la llamada desregulación, lo que sea. Obtienen lo que quieren aquí porque están pagando por ello".


Doug Hughes está actualmente bajo arresto domiciliario en Florida. De ser hallado culpable, afrontaría una pena de cuatro años de prisión. Tiene tres hijos. Tenía cuatro, pero uno se suicidó en 2012. Le pregunté a Doug Hughes si el suicidio de su hijo tuvo que ver con su acción, a lo que respondió: "Su muerte no tuvo sentido. Fue un desperdicio. Tenía tanto potencial. Pensé en lo que había hecho yo, en lo que había logrado y contribuido y pensé qué país y qué mundo vamos a dejar si las cosas continúan como están. Tengo [otros tres] hijos. Tengo dos hijos adultos y una niña de 11 años. Quiero dejarles una verdadera democracia para que puedan tener el control sobre su destino y el destino de sus hijos. Y ahora mismo están perdiendo esa posibilidad. Estamos perdiendo esa posibilidad. Y depende de nosotros restablecer la democracia. Podemos encontrar soluciones a los problemas que tenemos, si las personas tienen el control".


Independientemente de lo que suceda, este cartero ha entregado su mensaje y ha completado sus rondas asignadas.
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Traducción al español del texto en inglés: Mercedes Camps. Edición: María Eva Blotta y Democracy Now! en español, Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

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La Fiscalía ofrece beneficios penitenciarios a los últimos titulares de Interior y Justicia, y Protección Social, del uribismo si confiesan quién les ordenó sobornar a parlamentarios para que Álvaro Uribe pudiera saltarse la limitación de mandatos


BOGOTÁ.- Con la detención de dos superministros de su último Gobierno, Sabas Pretelt y Diego Palacio, condenados a seis años de cárcel y 112 meses de inhabilitación por corromper a congresistas para lograr su reelección por un escaso número de votos en 2004, se estrecha el cerco judicial sobre el expresidente Álvaro Uribe.

A la condena por la Corte Suprema y detención de sus últimos ministros de Interior y Justicia, y de Protección Social, se suma la busca y captura de su último secretario general de la Presidencia, Alberto Velásquez, y a la fuga de la justicia, después de ser condenado a 17 años, de su delfín y ministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, apodado "Uribito" por haber sido escogido como sucesor por el presidente, a quien la Justicia puede poner pronto en jaque tras caer las principales piezas de su bastión.
Otro alfil de Uribe, del que se considera que fue promotor del paramilitarismo desde su época de gobernador de Antioquía, el general Mauricio Santoyo, permanece preso en una cárcel de Estados Unidos, cumpliendo una condena de 17 años. Fue el primer general colombiano sentenciado por la Justicia estadounidense.

Los exministros y el secretario Velásquez sobornaron, a fines de 2004, a dos parlamentarios, Yidis Medina y Teodolindo Avendaño, para que una cambiara el sentido de su voto y el otro se ausentara de la votación, con el objeto de lograr, con una exigua mayoría, que se cambiara el veto constitucional de la reelección inmediata de los presidentes. Así logró Uribe que se le permitiera ejercer un segundo mandato, el más corrompido de la historia reciente de Colombia, según numerosos analistas.

En la soledad del búnker de la Fiscalía, donde pasan sus primeras horas de encierro, los exministros Pretelt y Palacio estarán reflexionando sobre la posibilidad que se les ofrece de obtener beneficios penitenciarios, que podrían incluir la prisión domiciliaria, si aclaran a la Justicia que fue Uribe, el único beneficiado por sus delitos de cohecho, quien les encargó esas acciones ilegales.

Por otra parte, según fuentes de la Corte Suprema, este viernes podría darse a conocer una dura condena contra la última jefa de los servicios secretos colombianos, el tenebroso DAS, María del Pilar Hurtado, quien se entregó a la Justicia después de permanecer huida en Venezuela.

Hurtado está acusada del espionaje ilegal y los pinchazos telefónicos a opositores, jueces y periodistas, durante el mandato de Uribe, ante quien respondía directamente. La Fiscalía también le ha ofrecido beneficios que podrían aliviar su condena, a cambio de contar la verdad.

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Tres décadas y media después de su creación y a doce años de haber alcanzado el poder, el Partido de los Trabajadores (PT) atraviesa una profunda crisis que afecta su propia identidad, toda vez que abandonó principios éticos que pautaron los primeros años de su existencia. El último escándalo de corrupción en torno a la estatal Petrobras, no sólo puede desalojarlo del gobierno sino deslegitimarlo ante sus propias bases.

 

"El proyecto del PT hoy, como el de todos los partidos, es mantenerse en el poder y punto", asegura el sociólogo Francisco de Oliveira (Revista IHU, 1 de abril de 2013). Lo dice quien fue militante en la clandestinidad durante la dictadura y fundador del partido; quien bajo la presidencia de Luiz Inacio Lula da Silva lo abandonó por izquierda para formar el Partido del Socialismo y la Libertad (PSOL), un intelectual con larga trayectoria política que, desde los primeros pasos del PT en el poder, se esforzó por comprender la inédita experiencia de una fuerza nacida desde la experiencia cotidiana de los trabajadores para ascender en los diversos escalones del aparato estatal hasta coronar la presidencia en 2003. Y volverse, en apenas meses, partido del orden y de los empresarios.


"El poder intriga", escribió Frei Betto en 2006, luego de abandonar su cargo en el gobierno de Lula como asesor especial del presidente y Coordinador de Movilización Social del Programa Hambre Cero, "con derecho a gabinete en el Palacio de Planalto y una infraestructura nada despreciable: secretarias, móvil, viajes aéreos, vivienda, coche con conductor, todo pagado por el contribuyente" (Alainet, 14 de marzo de 2006). Sus desencantadas reflexiones en el libro Moca azul parecen premonitorias: "Un militante de izquierda puede perder todo, la libertad, el empleo, la vida. Menos la Moral"*.


Ambos referentes éticos e intelectuales de la izquierda brasileña coincidieron en tomar distancias del PT en el gobierno. De Oliveira dio un portazo a los pocos meses de que Lula se convirtiera en presidente, asegurando que era más privatizador que el neoliberal Fernando Henrique Cardoso, "privatizador en una escala que Brasil nunca conoció". Betto se fue en silencio, pero su libro fue un golpe tremendo al prestigio de Lula y del partido. Ambas denuncias partían del corazón mismo del poder. Sabían de qué hablaban y, de hecho, nunca fueron desmentidos.


Una década después de aquellas deserciones, las cosas no han hecho sino empeorar para el gobierno y el partido. Las grandes movilizaciones del pasado 15 de marzo, siete a diez veces más concurridas de las que convocó el arco oficialista dos días antes, el 13 de marzo, son apenas la parte más visible de un doble deterioro: el PT y el gobierno perdieron tanto la iniciativa política como la legitimidad largamente construida y, peor aún, perdieron la calle, allí donde nació el partido que llevó aire nuevo a la política brasileña.


Aún es pronto para saber si podrá recuperarse. Lo cierto es que sus cuadros e intelectuales no atinan a reconocer lo que está sucediendo. Lanzan pelotazos lo más lejos posible del área propia: acusan a los medios, a la derecha y al imperialismo de todo lo malo que les sucede, pero nada dicen de las decisiones políticas de la presidenta Dilma Rousseff que nombró a un Chicago boy al frente de Economía y a una contumaz representante del agronegocio en Agricultura, por poner apenas dos ejemplos.


La crisis actual tiene antecedentes que deben buscarse en la forma como construyó el PT la gobernabilidad desde 2003, de la mano de Lula, con el visto bueno de la central sindical CUT, de la dirección del partido, incluyendo sus diversas corrientes "críticas", y la casi totalidad de los movimientos sociales. Las voces disidentes, en estos doce años, fueron débiles y se atrincheraron con el gobierno con el argumento de "no hacerle el juego a la derecha", sin percibir que la derecha está, precisamente, en el gobierno.

 

Mensalao después

 

Apenas llegados al gobierno, los cuadros de confianza del PT diseñaron una política de alianzas para conseguir las mayorías parlamentarias necesarias para gobernar y una estrategia de expansión de la economía soldada con las grandes empresas brasileñas. La articulación con una decena larga de partidos requirió paciencia y habilidad política, pero pronto se supo que, para asegurar que los proyectos del Ejecutivo fueran aprobados en el Congreso, se había montado un esquema de pago de mensualidades (mensalão) desviando recursos de empresas estatales.


El escándalo le costó el cargo a José Dirceu, experimentado dirigente petista y hombre de máxima confianza de Lula, además de varios dirigentes del PT y de partidos aliados quienes fueron condenados por la justicia. Pero el episodio de corrupción que involucró a decenas de parlamentarios no tuvo grandes costos políticos, ya que apenas un puñado de militantes abandonó la sigla y la buena situación económica evitó mayor desgaste del oficialismo ante su electorado.


Sin embargo, fue claro para quien quiso ver que la ética había sido relegada en aras de un proyecto de poder. Algo similar sucedió con la alianza tejida por el lulismo con los empresarios. Las informaciones sobre las millonarias donaciones a las campañas electorales de los partidos, incluyendo al PT, no deterioraron la imagen del gobierno ni del partido, que aducía que era el modo como se financiaban todos.


Se trata de un vínculo estructural que hace al meollo de la gobernabilidad brasileña que, por cierto, no fue inventado por el PT, pero que un partido que se proclamó de los trabajadores y de la ética no hizo el menor intento por desmontar. Cuando se destapó el nuevo escándalo, conocido como Petrolão porque el epicentro es la empresa estatal Petrobras, involucrando a dirigentes de varios partidos que sostienen al gobierno, a altos cargos de la empresa y a directivos de las más conocidas constructoras, no fue una sorpresa. Salvo por el monto desviado: la friolera de casi cuatro mil millones de dólares en diez años.


Dos grandes problemas afectan al gobierno del PT. Uno, que no puede achacar la corrupción a nadie más que a sus propios cuadros, ya que la dirección de la estatal estaba en manos de Graças Foster, una tecnócrata de confianza de Rousseff. Ambas debían tener conocimiento de que se estaba desviando dinero, ya que la magnitud de la cifra no permite otra conclusión. Si no sabían, el desgobierno sería más grave aún.


El segundo problema que enfrenta, es que las empresas involucradas juegan un papel destacado en el esquema de gobernabilidad petista y en su engranaje de política exterior. Las constructoras son grandes multinacionales brasileñas definidas como "campeonas nacionales" por Lula, que contaban con generosos créditos del BNDES para lubricar su expansión por el mundo. Esta "alianza estructural" con el agronegocio, las mineras y los sectores estratégicos del empresariado es una de claves de la gobernabilidad del PT.


Por eso Bruno Cava, investigador de la Universidad Nómade, sostiene que el escándalo de corrupción no se debió a desvíos de dineros públicos por personas corruptas. O sea no fue un accidente ni un hecho puntual que pueda resolverse castigando a los implicados, sino que "estructura la propia gobernabilidad, de modo que es difícil decir quién es el corrupto y quién el corruptor: si las constructoras corrompieron al partido y al gobierno, o si el partido y el gobierno corrompieron a las constructoras" (Revista IHU, 23 de marzo de 2015).


Concluye destacando la existencia de redes de poder que abarcan tanto al polo estatal como al privado. Desde que llegó al gobierno, el PT promovió una reorganización del capitalismo brasileño en base al impulso estatal de un puñado de empresas en condiciones de competir en el mundo. Las constructoras formaban parte de ese núcleo.

 

Empresarios amigos

 

Desde 2011 hasta mediados de 2013, el expresidente Lula visitó 30 países, de los cuales 20 están en África y América Latina. Las constructoras pagaron trece de esos viajes, la casi totalidad por Odebrecht, OAS y Camargo Correa (Folha de São Paulo, 22 de marzo de 2013). Un telegrama enviado por la embajada de Brasil en Mozambique, luego de una de las visitas de Lula, destaca el papel del ex presidente como verdadero embajador de las multinacionales. "Al asociar su prestigio a las empresas que operan aquí, el ex-presidente Lula desarrolló, a los ojos de los mozambiqueños, su compromiso con los resultados de la actividad empresarial brasileña", escribió la embajadora Lígia Scherer.


La actuación de Lula no es ilegal. Por el contrario, su actitud está en sintonía con lo que suelen hacer los presidentes y ex presidentes de todo el mundo: trabajar para favorecer a las grandes empresas de sus países, aunque poco tiene que ver con una actitud de izquierda, solidaria con los trabajadores.


La casi totalidad de las obras de infraestructura contempladas en el proyecto Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA), en total de más de 500 obras por 100 mil millones de dólares, están siendo construidas por las multinacionales brasileñas. Lo mismo sucede con las represas hidroeléctricas. El estatal BNDES (Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social) es el principal financiador de estas obras, pero lo hace a condición de que el país que recibe el préstamo contrate empresas brasileñas.


El papel del Lula es el de promover a "sus" empresas, contribuyendo a allanar dificultades gracias a su enorme prestigio y a la caja millonaria del BNDES. No ilegal, pero políticamente impresentable para quien tenga pretensiones de considerarse de izquierda.


Cuando hubo conflictos entre las empresas y gobiernos de la región, los dirigentes del PT optaron por las empresas que, entre otras cosas, financian las campañas electorales, de modo muy particular las constructoras. Odebrecht fue expulsada por el gobierno de Rafael Correa en 2008 por las fallas de la represa San Francisco que debió ser paralizada apenas un año después de inaugurada. El gobierno de Lula se empeñó a fondo en la defensa de Odebrecht, una de las principales donantes a las campañas del PT.


Se trata de megaempresas (Odebrecht, Camargo Correa, Andrade Gutierrez, Gerdau, Votorantim, OAS) que nacieron al amparo del Estado en el periodo del desarrollismo de Getúlio Vargas (1951-1954) y crecieron gracias a la obra pública de la dictadura (1964-1985). Hoy son los principales apoyos empresariales de los gobiernos petistas, construyen las principales obras de infraestructura en Brasil, desde represas como Belo Monte hasta autopistas, ferrocarriles y aeropuertos, pero sobre todo los polémicos estados del Mundial 2014 y los Juegos Olímpicos de Rio en 2016.


Para hacerse una idea del poder de este grupo de empresas, sólo una de ellas, Odebrecht, tiene 160.000 empleados (sólo en Angola emplea 40.000 personas) y factura 55.000 millones de dólares, cifra similar al PIB de Uruguay. Tiene presencia en 17 países, sobre todo en América Latina y África, y el 52% de sus ingresos provienen del exterior, de ahí la necesidad que tienen de apoyo "diplomático".

 

Salvo el poder todo es ilusión

 

Mientras la socialdemocracia europea amarró su destino al Estado del Bienestar, con nudos tan potentes que se hundió con él, los progresismos latinoamericanos que nacieron en pleno etapa neoliberal trenzaron sus destinos con las elites empresariales locales. A diferencia de aquellos, nunca tuvieron la intención de erigirse como conciliadores de los intereses de clases (que implica derechos plenos para los trabajadores) sino que pusieron en pie una variedad de políticas sociales que en ningún caso representan ampliación de derechos, sino traspasos compensatorios que se resumen en integración de los de abajo a través del consumo.


Semejante política sólo pudo contentar a todas las partes en períodos de vacas gordas, o sea mientras duraran los altos precios internacionales de las commodities. En Brasil el empeño en promover los monocultivos de soja, las grandes obras de infraestructura, con algunos excesos como la represa de Belo Monte que ni la dictadura pudo realizar por la tenaz oposición social, y la expansión de la ganadería para exportación, generaron fuertes impactos ambientales que los gobiernos de Lula y Dilma nunca tuvieron en cuenta. Los políticos brasileños, de todos los colores, no se inmutaron siquiera este verano cuando la mega ciudad de São Paulo estuvo a punto de quedarse sin agua potable por la pertinaz, y previsible, sequía.


Pero el embrujo del lulismo se terminó. De la peor manera. En las calles millones de jóvenes mostraron su indignación por la perpetuación de la desigualdad, en el país más desigual del mundo. O povo acordou (El pueblo despertó), fue una de las consignas más gritadas en las 353 ciudades donde hubo manifestaciones en junio de 2013. Literalmente, despertó de un sueño de diez años acunado por los acordes del consumismo que hizo olvidar las necesarias reformas estructurales para superar la desigualdad.


Con ello el sistema político empezó a mostrar sus grietas, (mal) disimuladas por la euforia del coche nuevo, la moto y el plasma. Si ser de izquierda es "luchar por la igualdad social", como recuerda De Oliveira, el PT quedó tan malparado como los partidos de la derecha, en particular la socialdemocracia de Cardoso, su supuesto archienemigo. El modelo del "presidencialismo de coalición" actualizado por Lula y Dilma, se desvaneció en las calles.


"Lo trágico es que cuando una cosa termina no acaba inmediatamente y puede continuar como un zombi, como muerto vivo, y el país quedar paralizado por mucho tiempo", señala el filósofo Vladimir Safatle, quien asegura que el fin del modelo construido en la pos dictadura "se lleva consigo a los actores políticos, intelectuales y formadores de opinión" (bol.com.br, 15 de marzo de 2015). Lo primero es aceptar lo que sucede, el fin de algo. Sin dar ese paso, no se encuentran soluciones.


Pero el PT y sus intelectuales nunca comprendieron lo sucedido en junio de 2013. Hasta ahora resolvieron sus problemas apelando al marketing y a empresas de opinión pública. En lugar de intentar comprender los gritos de la calle, y acompañarlos como indica la ética de izquierda, se replegaron sobre un sistema político deslegitimado, se hicieron aún más conservadores (tanto los cuadros como sus intelectuales), mostraron toda la arrogancia de los que se creen investidos por un destino superior.


Peor aún: arrastraron a una parte significativa de los movimientos hacia un discurso vacío "contra el avance de la derecha". La izquierda es nada sin los movimientos que, para operar como tales, necesitan "liberarse de la dependencia financiera, política y simbólica en relación al gobierno y al PT", como señala Cava. La crisis del PT deja un vacío que, por ahora, lo está ocupando la derecha. Pero la gente del común, la que creó hace tres décadas la CUT, el MST y el propio PT, puede reaccionar y tomar la iniciativa. Sería una barrida fenomenal, en la que caerían no sólo las derechas tradicionales sino también los progresistas.

 

*Editorial Rocco, Rio de Janeiro, 2006, p. 149.

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"Si hay sentencias rectas, la ciudad y el pueblo florecen; la paz anda; en la tierra nunca habrá dolorosa guerra. Nunca a los hombres de rectas sentencias el hambre acompaña. La tierra tiene sustento abundante: hay bellotas en el monte, lana en los rebaños, miel en los panales y las mujeres paren hijos semejantes a sus padres. Mas si son torcidas las sentencias, a un tiempo el hambre y la peste llegan, perecen los hombres, la mujeres dejan de parir, las casas se caen y la ciudad se hunde".

La reflexión es de Hesíodo (siglo VIII antes de nuestra era). Este hombre, del Valle de Beosia, entre Atenas y Delfos, con un adelanto de 2800 años, parece que estuviera haciendo un diagnóstico de la sociedad colombiana, de los tres primeros lustros del siglo XXI, pero al mismo tiempo parece que estuviera brindándonos la solución: justicia y paz. Todo está ahí, en muy pocas palabras. Para qué explicar o interpretar lo que está tan inmensamente diáfano.

Como las palabras de Hesíodo son demasiado claras, lo mejor es que los colombianos hagamos el esfuerzo de responder los interrogantes que encabezan esta nota. Habría que hacer votos porque sea un hecho aislado. Sí, será aislado, entre los nueve magistrados de la Corte Constitucional. Pero si los nueve representan 50 millones de habitantes ¿a cuántos representa un bandido?

Aunque nos hagamos la ilusión de que se trata de un hecho aislado, los antecedentes cercanos nos indican que se trata solo de la llaga de un cáncer generalizado. No solo en la rama judicial, sino en toda la estructura del Estado y en toda la sociedad. Basta recordar unos pocos casos para sacar conclusiones: la fallida reforma que promovió y hundió el presidente Santos en su primer mandato. El Gobierno tuvo que abortar el proyecto, por la perversidad en la que cayeron los legisladores y los altos jueces. El Consejo Superior de la Judicatura, a ciencia y paciencia de que la Constitución no le dio la función de juez, hace y deshace con las tutelas, que es una tarea exclusiva de los jueces. De ahí que todos los colombianos, excepto sus propios miembros, piden que se suprima. Pero recordemos que el propio presidente Santos ha denunciado el cortejo, que esos magistrados hacen a los legisladores, para mantener ese organismo. El presidente de la Corte Suprema de Justicia le entrega el carro oficial a su hijo, éste lo utiliza como motel en plena vía pública, y cuando los agentes de policía lo requieren, los ultraja y los amenaza, porque los pobres "no saben quién soy yo". Y, si seguimos anotando casos, no alcanzan las páginas de este periódico para relacionarlos todos.

Pero volvamos al caso Pretelt. Nadie de nosotros, común de los mortales, lo podemos condenar antes de ser juzgado y vencido en juicio por sus jueces naturales. Pero lo que sí podemos es hacernos mil y una preguntas. ¿Es supuesto el soborno o es real? Si es real, ¿es la primera vez que exige o lo ha exigido en otros casos, desde cuando se posesionó como magistrado? Un hombre que declara tener 3.077 millones de pesos y que gana 27 millones mensuales, ¿para qué necesita 500 millones más? ¿Acaso no le alcanzan esos recursos para el sostenimiento suyo y de su familia? ¿Será que un hombre es capaz de comerse en su vida, 3.077 millones de pesos? ¿Cómo hará para consumir ese dinero? ¿Qué pensará de estas cifras un excluido, un desplazado, un desheredado de la fortuna, un hombre de la calle, un vendedor informal, un asalariado de barrio, un labriego?

Todas las preguntas que aquí formulamos, las trasladamos a su juez natural. Y, ¿quién es juez natural? La Comisión de Acusaciones, cuyo presidente, el representante Julián Bedoya, asume, mutuo propio, la conducción del proceso. Y, ¿quién es Julián Bedoya? Un señor que no es abogado, que fue expulsado de la Escuela de Policía General Santander, porque se vio envuelto en el extravío de un arma oficial. En la praxis del juzgamiento de las personas protegidas con fuero especial, suele seguirse el principio de que se adelante por "un par profesional". Entonces, ¿cómo es que un hombre, que solo tiene el título de bachiller, puede juzgar a un abogado, que ostenta la más alta magistratura de la nación? Todo esto ocurre, porque en la alta dirección del Estado (presidente de la República, ministros, legisladores, altos magistrados, jefes de organismos de control), no han efectuado el ejercicio de pensar por quince minutos, ¿cuáles son las funciones esenciales del Estado y cómo deben repartirse esas funciones? Y, digo que no se han detenido a pensar, así sea por quince minutos, porque lo que están proponiendo como gran reforma es un cambio para que todo siga igual, o peor, aún.

Entonces, ¿qué hacer?, preguntarán muchos. El caso es de fondo, y no puede resolverse en mil cuartillas. Se trata de la voracidad del poder y la riqueza, que es insaciable. Donde quiera que hay un centro de poder, hay un bandido, o para ser más exactos, un gran bandido, que lo aprovecha todo en su propio beneficio. El ser humano es uno sin poder y otro con poder. La cultura de la corrupción, como la cultura de la guerra, se halla enquistada en el alma colectiva de nuestra sociedad. Y, para volver a Hesíodo, debemos comenzar a construir una cultura de la ética y de la paz. Lo que hemos tenido, durante los últimos doscientos años, ha sido una cultura de guerra, violencia y antivalores.

Publicado en Edición 211

Sao Paulo

 

Dos empresas involucradas en el caso de corrupción de Petróleo Brasileiro SA (Petrobras) firmaron un acuerdo para delatar al cártel que operó con la estatal, en un esquema que habría comenzado a gestarse a finales de los años 90, informó la autoridad antimonopolio de Brasil.


El cártel, que llegó a reunir 23 compañías, se fortaleció a partir de 2003, con el primer gobierno del ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva (2003-10), del izquierdista Partido de los Trabajadores.
A finales de los 90 el presidente era el hoy líder opositor Fernando Henrique Cardoso (1995-2003).


Los contactos y acuerdos entre competidores comenzaron de forma preliminar a finales de los 90 y principios de 2000, indicó el Consejo Administrativo de Defensa Económica (Cade), que firmó un acuerdo el viernes con las empresas Setal y SOG Oleo e Gas, que son parte de una misma sociedad.


Se tornaron más frecuentes y estables a partir de 2003/04 y duraron hasta, por lo menos, finales de 2011 y principios de 2012, añadió el texto, la única página disponible para lectura pública del documento de 70 páginas.


Según el Cade, las conductas anticompetitivas consistían en acuerdos de fijación de precios, condiciones, ventajas y abstención de participación y división de mercado entre competidoras en licitaciones públicas de obras en tierra de Petrobras en Brasil. Gracias al acuerdo con la autoridad antimonopolio las empresas entregarán información y documentos sobre el cártel a cambio de una reducción en eventuales castigos sobre prácticas anticompetencia, previstos en la ley brasileña.


El convenio fue suscrito en una investigación sobre el escándalo de corrupción en la gigante petrolera, que vincula a ejecutivos de Petrobras con empresarios, intermediarios y políticos en una trama ilícita que habría movido unos 4 mil millones de dólares en una década.


El caso estalló hace un año y ya existen acuerdos similares entre la justicia e individuos involucrados en la trama, que entregan información a cambio de reducción de sus penas.


Según el Cade, se formó un club de las nueve empresas que operaban como cártel con Petrobras, en el que participaban Setal y SOG, que después se extendió a 16 firmas, con la participación esporádica de siete empresas más.


En esos esquemas figuran las principales constructoras del país, como Odebrecht, Andrade Gutiérrez y Camargo Correa. La etapa previa a estos clubes ocurrió a finales de los 90, cuando las empresas comenzaban a organizarse, destacó por su lado el diario O Estado de Sao Paulo.


Las informaciones y los documentos recopilados por el Cade podrían ser enviados también a la fiscalía brasileña para complementar la investigación que lleva adelante.


El caso lava jato (lavadero de autos) ya ha señalado la existencia de un cártel de empresas que sobornaba a directivos de Petrobras para manipular licitaciones y cobrar sobreprecios en las obras, generando un flujo de dinero negro que enriquecía a directivos de la estatal, partidos políticos e intermediarios.


Por lo pronto, Engenharia, una de las constructoras contratistas de Petrobras, acusó a José Dirceu, ex jefe de gabinete de Lula, supuestamente por haber usado su empresa de consultoría para recibir dinero desviado de la petrolera, reportó este domingo el diario Folha de Sao Paulo.


La acusación fue hecha por Ricardo Pessoa, presidente de UTC Engenharia, preso por las investigaciones de este caso. Los pagos hechos a Dirceu correspondían a 2 por ciento del valor de los contratos que la empresa firmó con la estatal.
Dirceu cumple prisión domiciliaria tras haber sido condenado a diez años de cárcel por comandar una red de pago de sobornos mensuales a legisladores a cambio de que respaldaran al ejecutivo durante el primer gobierno de Lula.

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La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, dijo este lunes que su gobierno debe dialogar con quien sea y con humildad, y defendió su programa de ajuste económico, un día después de que más de millón y medio de personas marcharon en todo el país contra la corrupción y para exigir su renuncia.


Rousseff envió al Congreso un proyecto para combatir la corrupción en momentos en que el Ministerio Público acusó a otras 27 personas por el desvío de fondos en la estatal Petrobras, entre ellas a Renato Duque, ex director de abastecimiento de la empresa, y al tesorero del gobernante Partido de los Trabajadores (PT), Joao Vaccari Neto.


El gobierno tiene la obligación de abrir el diálogo, dijo la mandataria en una conferencia de prensa en esta capital, en su primera reacción tras las manifestaciones del domingo, que se realizaron en 83 ciudades del país.


La presidenta, quien a comienzos de la década de los 70 sufrió persecución y tortura por ser opositora a la dictadura militar, afirmó con voz emocionada: valió la pena luchar por la libertad y la democracia. Ayer (domingo), cuando vi a miles de ciudadanos manifestándose, no pude dejar de pensar que valió la pena luchar por la libertad. Este país está más fuerte que nunca.


Rousseff, quien empezó su segundo mandato el 1º de enero, fue blanco de cuestionamientos de los manifestantes, proceso que se ha ido agudizando por las constantes y escandalosas revelaciones de la confabulación político-empresarial que desvió unos 4 mil millones de dólares de Petrobras durante la última década.


La corrupción no nació hoy, es una señora que tiene muchos años, dijo la gobernante, y reiteró que había unanimidad en su gobierno acerca del combate a la corrupción y la impunidad, pero subrayó que se mantendría firme en las medidas de ajuste que impulsa para rencauzar las deficitarias cuentas públicas y recuperar el crecimiento, justo cuando la economía se deteriora cada vez más.


El paquete incluye la reactivación de algunos impuestos, un recorte de gastos en el Ejecutivo y restricciones al seguro de desempleo y pensión por muerte. Su lanzamiento despertó pugnas dentro de la base de partidos aliados al izquierdista PT y hasta en las filas de su propia agrupación.


La trama de corrupción en Petrobras, revelada hace un año, dejó al descubierto cómo las compañías sobornaban a directivos de Petrobras para poder manipular licitaciones y cobrar sobreprecios en las obras, generando un flujo de dinero negro que enriquecía a los que formaban parte de la confabulación y financiaba a agrupaciones políticas.


El Ministerio Público acusó al ex director de abastecimiento de Petrobras, Renato Duque, y al tesorero del PT, Joao Vaccari Neto, de corrupción, asociación criminal y lavado de dinero. Vaccari es señalado como el intermediario en el pago de sobornos por más de 1.23 millones de dólares al PT entre 2008 y 2010. Las nuevas denuncias, que incluyen a empresarios y ejecutivos de importantes constructoras como Mendes Junior y OAS, se refieren a irregularidades detectadas en contratos firmados por Petrobras para la construcción de dos gasoductos y de dos refinerías.


Duque, sospechoso de haber vaciado cuentas bancarias que mantenía en Suiza y haber transferido el dinero (unos 20 millones de euros) a cuentas secretas en el principado de Mónaco, fue detenido.


La Suprema Corte de Brasil autorizó este mes la apertura de investigaciones a 51 políticos –casi todos oficialistas–, entre ellos dos gobernadores y 34 legisladores, incluso los presidentes del Senado, Renan Calheiros, y de la cámara baja, Eduardo Cunha.

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