La Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de Cuentas de Guatemala se sumaron, por separado, a los llamados de los distintos sectores de la población para que renuncie el presidente Otto Pérez Molina, acusado de dirigir presuntamente una organización de defraudación aduanera, a fin de mantener la paz en este país centroamericano.


Al cierre de esta edición, Pérez Molina reiteró que no renunciará porque no ha cometido ningún delito. Quiero decirle a todos los guatemaltecos que estoy aquí, que voy a dar la cara. Seguiré al frente del país, no voy a huir, declaró a la emisora local Radio Sonora, pese a manifestaciones masivas y un paro parcial iniciado el martes pasado en demanda de su salida del poder.


Decenas de miles de personas se volcaron de nuevo a las calles de esta capital para exigir la salida de Pérez Molina, en momentos en que se integró en el Congreso una comisión especial de diputados que analizará el retiro de la inmunidad al mandatario para que sea investigado por su presunta vinculación con una organización conocida como La línea, integrada por funcionarios y particulares que recibían sobornos de empresarios con el fin de ayudarles a evadir impuestos.
El presidente del Congreso, Luis Rabbé, comentó que los cinco diputados que integran la comisión fueron seleccionados mediante un sorteo realizado durante una sesión ordinaria del pleno, y tienen hasta 60 días para analizar el expediente y presentar un informe con su recomendación.


Al grito de ¡renuncia ya!, miles de personas, encabezadas por universitarios, marcharon este jueves en la capital guatemalteca para exigir la salida de Pérez Molina y que sean suspendidas las elecciones generales, previstas para el 6 de septiembre, hasta que se convoquen sin candidatos corruptos.


Otto, la cárcel te espera, la corrupción nos está quitando la vida, Otto ladrón, se leía en algunas de las pancartas que portaban los manifestantes durante la marcha que salió de la sede central de la Universidad de San Carlos, en la periferia sur de la capital, hacia el centro histórico.


En un giro sorprendente, la Procuraduría General, que representa jurídicamente al Estado, solicitó al gobernante que presente su renuncia al cargo con el fin de evitar la ingobernabilidad que traiga como consecuencia la inestabilidad de la nación.


A la petición se sumó la Contraloría General de Cuentas, ente auditor del Estado, que exhortó en un comunicado a que en aras de mantener la paz social y ante las demandas de distintos sectores de la población, presente de manera inmediata su renuncia... para evitar mayores incidentes sociales.


Pérez fue involucrado el pasado viernes con La línea. El fraude fue revelado en abril por la fiscalía y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig, ente adscrito a la Organización de Naciones Unidas, ONU).
Según la fiscalía, Pérez es uno de los líderes de la banda de defraudación aduanera junto a la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, quien renunció y se encuentra en prisión preventiva.


Desde el viernes pasado y tras las denuncias de corrupción, 13 altos funcionarios, entre ellos siete ministros, renunciaron a sus puestos, incluido el embajador ante la ONU, Fernando Carrera. Los fiscales dijeron que en el caso hay 100 personas investigadas, al menos la mitad en prisión desde el 16 de abril, cuando se destapó el escándalo. La Cicig se encontró que Pérez Molina y Baldetti habrían recibido unos 262 mil dólares por cohecho en sólo una semana.


Además, el gobierno enfrenta acusaciones por otro caso de fraude en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social por un monto aproximado de 14.5 millones de dólares, así como un desvío de 6.7 millones de dólares del Ministerio de Gobernación.


El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras, el máximo órgano del sector empresarial, renovó su pedido al presidente para que dimita. Hacemos un llamado a Otto Pérez Molina para que no se aferre al cargo y escuche el clamor de todo un país que rechaza de forma categórica los actos de corrupción cometidos en su gobierno, dijo en un comunicado.


Consideramos que el presidente debería reflexionar en su conciencia la decisión de no renunciar, dijo a su vez la Conferencia Episcopal católica en una declaración en la cual externó su temor de que su postura cause más polarización en el país y genere mayor conflictividad.

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Miércoles, 19 Agosto 2015 18:19

Seudo-democracia y perversidad del poder

Para gobernantes, genuinos representantes del Régimen y el pueblo que los padece, es realidad aquello de que el papel aguanta todo, las palabras se las lleva el viento y al pueblo se le entretiene con pan y circo.


Tal como acontece, el ejercicio del poder está orientado a simular democracia, asegurar continuidad del dominio del poder económico y político, para beneficio exclusivo del círculo afín a los intereses que defienden, desde la institucionalidad. El atraso y precario desarrollo, de la nación, lo demuestran.
Dichos resultados, son de responsabilidad única de quienes han dirigido, desde el poder político institucional, el incongruente, antidemocrático y desafortunado desarrollo y destino de la nación, desde hace más de doscientos años. Lo único que crece exótico es la corrupción, la venalidad, la injusticia, la impunidad y la irresponsabilidad del poder.


La Constitución del 91 (no obstante su sesgo neoliberal), da herramientas para lograr desarrollo socioeconómico, científico y técnico, capaz de posicionar a Colombia, entre países de gran desarrollo. El resultado depende de la sana o mal intencionada interpretación que dan a su articulado.
Los gobernantes de turno, siempre han sometido el destino e intereses de la nación, al acato de postulados y órdenes del capital nacional, transnacional y al imperio de la dictadura del poder global del capital.


La Constitución, solo ha sido desarrollada y modificada en los artículos que los usufructuarios y beneficiarios del poder, consideraron y consideran, afecta sus intereses. Ya son más de 30 reformas, con resultados socioeconómicos y de estructura institucional, acordes con el irresponsable ejercicio del poder y contra los intereses generales del pueblo.


Son reformas orientadas a mejorar gabelas exclusivas de las élites y sus secuaces, asegurar el poder económico-político y garantizar continuidad e impunidad. Hay situaciones evidentes, que amenazan el desarrollo y futuro de la nación, como consecuencia del irresponsable, perverso y errático manejo de lo público:


El panorama económico-social es de alto riesgo. Colombia afronta un déficit fiscal y de cuenta corriente superior al 7% del PIB (julio 2015). El creciente endeudamiento público, interno y externo, supera el 80% del PIB, aunque la burocracia del sector trate de despistar con cifras acomodaticias. Se torna endémica la caída de exportaciones y de importaciones, según indicadores de julio 2015. El mismo gobierno reconoce caída del crecimiento económico. El crecimiento de la informalidad se tornó incontenible. El gobierno utiliza esos indicadores para justificar más y más reformas tributarias, siempre bajo el señuelo de la inversión social. Los nubarrones económico-fiscales son inocultables, pero el alto poder, prefiere ignorarlo, antes que afectar intereses del gran capital.


Mientras el desastre económico y social crece, el Poder prefiere deja de recaudar anualmente más de $47 billones por concepto de gabelas otorgadas al capital, en exenciones, deducciones, contratos de seguridad jurídica, marco legal laxo, reducción de tarifas, zonas francas, eluciones tácitamente consentidas, inoperancia de controles. Corrupción e impunidad, se engullen otro tanto.


Son crecientes los vacíos e inoperancia de la institucionalidad, reflejados en Anarquía, injusticia, impunidad y corrupción de los poderes, en particular de la rama judicial y la organización militar. La insistencia de reformar la Constitución, para blindar la impunidad de militares y de paso garantizar impunidad sobre más de tres mil crímenes recientes (eufemísticamente llamados Falsos Positivos acentuados en el gobierno de Uribe– 2002-2008), supuestamente sin cerebro ordenador responsable, como lo sugiere la aberrante impunidad. Los condenados, son soldados, sub-oficiales y oficiales de baja graduación. De 800 condenas en primera instancia, solo 200 han sido confirmadas en segunda instancia.


El último informe (2015) de Human RightsWatch, sobre esos crímenes de lesa humanidad, de inmediato fue rechazado por el Presidente y sus áulicos de gabinete, no obstante la carga probatoria recopilada y testimonios, disponibles para la investigación de Fiscalía, Procuraduría y al alcance de altas instancias del Poder y de cómplices defensores de ese estamento.


El contubernio entre impunidad y solidaridad de cuerpo es aberrante. El gasto militar supera los $100 mil millones diarios, 2015, mientras la inseguridad se catapulta.


Sin embargo la retórica secular del poder (y hoy Santos), predica la defensa incondicional de los derechos humanos, mientras pisotean el espíritu y ordenamiento constitucional y legal, nacional e internacional al respecto.

Se requieren urgentes desarrollos constitucionales en Salud, Educación (ha preferido continuar con el criminal mercado de la educación y la salud), participación y propiedad accionarias. Perentoriamente sobre acceso, tenencia y propiedad de la tierra, defensa de derechos socioeconómicos, entre otros.


El derecho al acceso a la tierra, constitucionalmente es ambiguo, frente al secular poder político colombiano, soportado en la especulación y dominio de la propiedad de la tierra.


La llamada ley Urrutia (con total anuencias del gobierno (Urrutia-Lisarralde)), fue un intento de legalizar las violaciones de la ley 160 de 1994 (baldíos-UAF), a través de magnates financiero-agropecuarios y testaferros, en la Altillanura (Sarmiento Angulo, Grupo Mónica Semillas, Manuelita y azucareros, Cargils, entre otros). Fracasaron en el primer intento. Pero el propósito continúa y cuenta con la favorabilidad del poder institucional.


Ahora con mayor sutileza insisten, con un nuevo proyecto, con diferente denominación, que hizo tránsito en Cámara y pasa a Senado, llamado Ley de Zonas de Interés de Desarrollo Económico y Social – ZIDRES-. Proyecto congruente con contenidos del Plan de Desarrollo 2014-2018, sobre Desarrollo Agropecuario. No garantiza la democratización de la propiedad y uso de la tierra. Es todo lo contrario, no obstante los temas acordados en La Abana y la retórica gubernamental de la Prosperidad para Todos y el cacareado supuesto Posconflicto.


Es inequívoca la posición y actitud del gobierno, en las previsiones (nuevas leyes) para el ejercicio del poder y aseguramiento del marco legal requerido, para garantizar objetivos de la gran empresa. Se refleja en sus maquinaciones desde la Ley de Victimas y Restitución de Tierras, el PND, el ZIDRES y en el maquiavélico trata-miento que da a la actual encrucijada nacional agropecuaria. Consecuencia directa de los términos y vigencia de los TLC, irresponsablemente negociados y suscritos e implementados, sin las mínimas medidas, para poten-ciar la producción nacional interna, para la competitividad en el mercado internacional.


El gobierno (el Régimen) acata rigurosamente el ordenamiento, legal definido en los términos de los TLC y demás acuerdos comerciales internacionales suscritos. Son supraconstitucionales.

Vale precisar que los TLC, no son malos per se. Son diabólicos contra los intereses de los países de menor desarrollo, por la sumisión e irresponsabilidad de los gobiernos que los negocian y suscriben y la intención voraz de los negociadores de mayor desarrollo. Los estudios previos a la negociación y suscripción, no consultan la realidad socio-económica, ni el potencial, tecnológico, científico y logístico, disponible en el país suscriptor de menor desarrollo y mucho menos incluye desarrollo de programas para mejorar condiciones de productividad y competitividad.

El sector agropecuario nacional es evidentemente subdesarrollado y no tiene posibilidad de competir internacionalmente. No dispone de asistencia y aplicación efectiva de ciencia y tecnología. Los precios de los insumos agropecuarios, son especulativos. Un saco de urea, en las fronteras cuesta alrededor de $20.000, en Colombia es de alrededor de $65.000. El volumen aplicado por hectárea, es inferior al 50% del aplicado en países desarrollados y de alto rendimiento/Há. El costo del crédito en esos países es cinco y seis veces inferior al colombiano y disponen de seguro de cosecha.

Son situaciones del desarrollo agropecuario nacional, plenamente identificables y ciertamente posibles de corregir y revertir.

Por la actitud del poder y sus ejecutorias, se concluye que nunca ha habido voluntad y responsabilidad política, para lograr desarrollo nacional integral, socialmente equitativo. Solo retórica, discurso y perversidad del gobernante de turno.

Anuncios y promesas no faltan. Cumplimiento ninguno. Lo demuestra el hecho de que Colombia sigue siendo el de mayor inequidad en la región. Más alto desempleo, informalidad y precariedad laboral. Son irresponsabilidades que garantizan atraso, pobreza, indigencia e inseguridad.

Publicado en Colombia

Las masivas protestas en Brasil del pasado domingo, que reunieron a más de 800.000 personas en un centenar de ciudades, no solo han puesto contra las cuerdas al Gobierno de la presidenta Dilma Rousseff, siete meses después de su reestreno al frente del país, y al Partido de los Trabajadores, sino que amenazan con llevarse por delante el duro ajuste fiscal que necesita la maltrecha economía brasileña. El mercado financiero corrigió ayer sus previsiones para 2016 y proyecta que la recesión se extenderá hasta 2017. Para el próximo año, los bancos calculan una caída de un 0,15% del Producto Interior Bruto.


Según estas cifras, hechas públicas por el boletín Focus, publicación semanal del Banco Central de Brasil, el PIB se contraerá un 2,1 % este año y un 0,15% en 2016, justo cuando los expertos esperaban que podría iniciarse la recuperación económica, lo que significa que por primera vez el gigante sudamericano registraría dos años seguidos de recesión. Según estas previsiones, para las que se consultó a 100 expertos, se prevé que la inflación alcanzará un 9,2% este año y que la escalada también se prolongará el año que viene con una subida de precios de hasta un 5,44%.
Ante este panorama negativo y mientras la presidenta intenta que el Congreso pase una dura ley de ajuste fiscal para descontento de las formaciones aliadas del Gobierno y de su propio Partido de los Trabajadores, los adversarios de Rousseff atacan. El expresidente de Brasil, Fernando Henrique Cardoso, del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), fue duro y propuso su renuncia en Facebook. "Lo más significativo de las protestas es la persistencia del sentimiento popular de que el Gobierno, aunque legal, es ilegítimo. Le falta base moral, corroída por las trampas del lulo-petismo", comentó ayer en la prensa. "Si la propia presidenta no es capaz del gesto de grandeza [renuncia, o reconocimiento franco de que se equivocó y encontrar los caminos de la recuperación nacional], asistiremos a la desarticulación creciente del Gobierno y el Congreso, a golpe de Lava Jato. Hasta que algún líder con fuerza moral le diga, como Ulysses Guimarães con la Constitución en la mano dijo a [el expresidente destituido] Collor de Melo: 'usted piensa que es presidente, pero ya no lo es".


En un artículo publicado ayer en el periódico Folha de S. Paulo, Aécio Neves, del PSDB y derrotado por Rousseff en las últimas elecciones, comentó: "Hoy el PT paga este alto precio no por los graves errores cometidos, sino porque insiste en fingir que no los cometió".


La presidenta trata de transmitir tranquilidad. Sin embargo, entre el domingo y ayer, en menos de 24 horas, se reunió con su equipo de Gobierno en dos ocasiones. El mensaje oficial fue de optimismo, porque las protestas del domingo fueron menores que las de marzo y forman parte de la "normalidad democrática". Pero está claro que Rousseff trata de mantenerse firme, con un índice de aprobación del 8%, mientras se encuentra en la cuerda floja. En el último mes ha intensificado su agenda de reuniones con congresistas y movimientos sociales de izquierda para buscar apoyos.
El proceso de destitución, mientras tanto, ha sufrido un leve contratiempo. El Supremo decidió la semana pasada que el examen de las cuentas públicas (una de las apuestas más firmes de la oposición para pedir la destitución) tendrá que pasar por el presidente del Congreso. Éste, Renan Calheiros, se ha convertido en el nuevo aliado de Rousseff desde que Eduardo Cunha, su antiguo aliado, le declarase oficialmente la guerra y reconociese que pondrá todas las facilidades a su alcance para que las peticiones de destitución lleguen a buen puerto.


Además de contra el Gobierno del PT, el otro grito del domingo fue contra la corrupción, en concreto la de la intrincada red que desangró durante años a la compañía estatal Petrobras, mientras Rousseff presidía el Consejo de Administración. En varias de las manifestaciones había muñecos de Lula da Silva vestido de presidiario. Los grupos de oposición Vem Pra Rua (Ven a la Calle) y Movimiento Brasil Livre (Movimiento Brasil Libre, MBL) que convocaron las protestas han hecho de la "limpieza" de la política una de las banderas para justificar la petición de destitución.


La prioridad para los opositores y para los manifestantes es que la presidenta se vaya, pero la pregunta en el aire es quién la sustituirá. Es decir, si valdría la pena cambiar a Rousseff por el vicepresidente, Michel Temer, o por la oposición que perdió las elecciones. El domingo, solo un nombre salió bien parado. Carteles y camisetas de manifestantes mostraban la cara del juez responsable de las investigaciones de la operación Lava Jato con un lema unánime: "Partido Sérgio Moro".
Con información de Afonso Benites.



LAS EXPECTATIVAS ANTICIPAN QUE LA CONTRACCION SE PROLONGARIA AL AñO PROXIMO


Empeora el pronóstico para Brasil

Página12


Las expectativas de las principales consultoras, de acuerdo con el relevamiento del Banco Central de Brasil, anticipan una caída del PBI del 0,15 por ciento en 2016, luego de una contracción esperada para este año del dos por ciento.

Los analistas del mercado brasileño prevén por primera vez una contracción de la actividad económica en 2016, según lo informó ayer el Banco Central de Brasil, que todas las semanas releva las expectativas de los principales consultores del mercado. Las proyecciones para el próximo año arrojaron un retroceso del 0,15 por ciento del PBI, al tiempo que indicaron que la baja sería de 2,01 por ciento este año, cuando la semana pasada habían estimado que iba a ser de 1,97. La recesión esperada para la economía brasileña es la peor desde 1990, cuando se anotó un retroceso del Producto del 4,35 por ciento. La floja performance del mercado brasileño es un elemento de tensión para la economía local, que exporta una parte relevante de bienes industriales a ese país, en particular del sector automotor.


La inflación fue otro eje de tensión en el informe del Banco Central de Brasil. Los analistas informaron que la variación de los precios acumulará 9,32 por ciento en 2015, cifra que duplica la meta oficial de 4,5 por ciento y excede por casi tres puntos el "techo máximo" establecido en los objetivos de la autoridad monetaria, de 6,5 puntos. Las previsiones de inflación, no obstante, se mantuvieron respecto de las presentadas la semana pasada, una situación que no ocurría desde hace más de cuatro meses. El aumento de precios de este año, si se confirman las expectativas del mercado, sería el más elevado desde 2002, cuando la inflación minorista se ubicó en 12,53 por ciento.


En lo que refiere a las tasas de interés de referencia, los consultores pronosticaron que 2015 terminará con una tasa del 14,25 por ciento, una cifra idéntica a la que se observó en la primera mitad de agosto. La perspectiva no se modificó en relación con lo que se informó la semana anterior en el Boletín Focus, en el que el Banco Central de Brasil releva los pronósticos del mercado. La presentación de este informe es una obligación para todos los países que se encuentran suscriptos en regímenes monetarios de metas de inflación, donde el crecimiento de la economía queda supeditado al control de precios a través de la administración de la tasa de interés. Dicha variable se ubica actualmente, en el principal socio comercial de la Argentina, entre las más altas de la última década, situación que agrega obstáculos a la desaceleración de la economía.


Las previsiones para el tipo de cambio brasileño para fin de 2015, en tanto, pasaron de 3,40 a 3,48 reales por dólar entre la semana pasada y la actual. Para 2016, el pronóstico de los principales consultores del mercado es que la moneda alcance una cotización de entre 3,50 y 3,60 reales continuando, aunque más moderadamente, con las correcciones nominales observadas en los últimos meses en la economía brasileña. Estos movimientos del tipo de cambio, según analistas no convencionales, son un elemento central para explicar la mayor tensión de los precios y la desaceleración de la demanda agregada.

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Lunes, 17 Agosto 2015 07:16

Un domingo de alivio y preocupación

Desde hace al menos tres días los ojos de los políticos brasileños –tanto del gobierno como de la oposición– estaban concentrados en las calles. O, más exactamente, en lo que ocurriría ayer en las calles de unas 400 ciudades del país. Movimientos que oscilan de la derecha a la extremaderecha, sin liderazgos fácilmente reconocibles, sin que se sepa cuáles son sus fuentes de recursos, y con gran movilidad a través de las redes sociales, convocaron manifestaciones "por todo el país" para exigir la inmediata destitución de Dilma Rousseff, reelecta el pasado octubre y que apenas cumplió siete meses y medio de su segundo mandato presidencial.


Para el gobierno, la gran preocupación era que se diese una repetición de las marchas similares realizadas en marzo, cuando alrededor de un millón 500 mil personas copó calles en más de un centenar de ciudades. En aquella ocasión, había de todo: pedidos de destitución de Dilma, protestas contra la corrupción y hasta los que pedían la vuelta de los militares. En abril las marchas se repitieron, pero su poder de convocatoria fue menor: los manifestantes no superaron los 750 mil, en unas 200 ciudades. Claro que son cantidades impactantes, aun si se considera la población brasileña (200 millones de personas) y el número de municipios existentes (más de 5 mil).


La disminución del volumen de gente reunida en las calles se debió principalmente a la divergencia entre las consignas (hubo fuerte resistencia, por ejemplo, a los pedidos de vuelta de los militares) y también a la ausencia de líderes opositores en las convocatorias. Anoche, el gobierno pudo respirar un poco más aliviado: hubo mucha menos gente que lo anunciado por los organizadores. Un poco más que en abril, pero mucho menos que en marzo.


Agosto, como estaba previsto, fue –al menos hasta la semana pasada– un mes muy duro para Dilma. Pero como en un pase de algún misterioso prestidigitador, súbitamente surgieron brechas de alivio. El renitente presidente del Senado y del Congreso, Renan Calheiros, que venía ejerciendo un juego duro frente al gobierno, accedió a firmar un pacto de paz. Hay muchas y muy justificadas dudas sobre hasta cuándo esa paz logrará sobrevivir, pero ha sido un alivio. Además, Lula da Silva parece haber decidido dejar claro que no está dispuesto a ver el gobierno de la sucesora inventada por él naufragar estrepitosamente, barriendo el PT del mapa político brasileño.


El partido sigue en situación muy grave, pero todavía no está moribundo del todo. Al menos Lula cree que es ésa la situación. Sabe que la recuperación es extremadamente difícil, sabe que es casi imposible recuperar el aura de antes, pero algo se salvará. Y cuanto más sustantivo sea, mejor. Dilma, a su vez, vio nuevos bolsones de alivio en tres instancias judiciales: la Corte Suprema, el Tribunal Superior Electoral y en el Tribunal de Cuentas de la Unión. Nada está solucionado, nada está decidido, pero hay indicios concretos de que el peligro mayor fue neutralizado. Y, una vez más, cabe la pregunta: ¿hasta cuándo?


Al anochecer de un domingo de sol y temperaturas agradables en casi todo Brasil, un balance inicial y sumario de los protestas indicaba que menos de un millón de personas salió a las calles. Los organizadores, como de costumbre, inflaron inmensamente ese número, calculando en "por lo menos dos millones". Ni ellos mismos creen en esa cuenta irreal.


Sin ninguna sorpresa, las mayores concentraciones se dieron en el eje San Pablo (la ciudad más anti-PT del país, núcleo de los movimientos que defienden la destitución de Dilma y de la derecha más furiosa), Brasilia (la ciudad con la mayor renta per cápita de Brasil) y Río de Janeiro. Preocupa al PT la adhesión significativa de manifestantes en capitales del noreste, región que concentra el grueso del electorado del partido.


Al no repetirse el número de manifestantes de marzo, el gobierno obtuvo un nuevo espacio de alivio, que seguramente ayudará a consolidar la nueva alianza con el presidente del Senado. Al menos, ésa es la intención de Lula da Silva y del vicepresidente de la República y articulador político del gobierno, Michel Temer.


Hay una "Agenda Brasil" presentada por Calheiros, integrada por una serie de propuestas polémicas. Dilma Rousseff ya dijo que tiene resistencia a algunos puntos. El problema número uno es que su gobierno tiene muy escasas condiciones de oponerse a lo que sea. El problema número dos es que Calheiros, jugador de larga experiencia, seguramente incluyó propuestas que sabe que difícilmente serían aceptables por el gobierno justamente para poder negociar. Resta saber ahora su precio.


Con relación a la oposición, ha sido un domingo desinflado. El PSDB, principal partido opositor, sigue dividido entre los que defienden la deposición inmediata de Dilma y los que defienden que la mejor estrategia es dejarla desangrar hasta el último día de su mandato. Esa división interna impide que se avance en cualquier dirección. Y mientras tanto, algunas de las voces más poderosas del sector empresarial y de la banca piden, con determinación, que se termine de una vez con ese clima de confrontación peligrosa y que se dediquen todos a buscar soluciones para los problemas existentes, que no son pocos.


Por fin, queda por ver qué hará la derecha más descabellada, ampliamente instalada en radios, emisoras de televisión, diarios, revistas semanales y en blogs vinculados a los principales medios.


Ayer, la primera reacción fue clara: no importa que fue mucho menos gente de la esperada. Lo que importa es seguir presionando: Fuera Dilma, Fuera Lula, Fuera PT.


Luego se verá quién llega, si es que queda algo del país.

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Sábado, 08 Agosto 2015 10:47

Entre la parálisis y la incertidumbre

Las iniciativas del Ejecutivo son bombardeadas por un Congreso rebelde y dispuesto a asumir decisiones irresponsables, que no hacen más que amenazar a un ya complejo panorama económico.


Pese a parecer todo imprevisible en el actual y muy turbulento escenario político brasileño, se puede prever que difícilmente la situación se arrastrará por mucho tiempo más. Dilma Rousseff inició su segundo mandato presidencial hace poco más de siete meses, y su gobierno se mantuvo acosado desde el primer día. Con eso, el país vive, perplejo, en un cuadro de parálisis y profunda incertidumbre.


Casi todas las iniciativas del Poder Ejecutivo son bombardeadas por un Congreso no sólo rebelde, como en muchas ocasiones, sino también dispuesto a asumir decisiones claramente irresponsables, que no hacen más que amenazar a un ya complejo panorama económico, mientras promueve un desgaste cotidiano de una mandataria cuyo capital político parece extinguirse cada vez más. La alianza de partidos que teóricamente le darían a Dilma las herramientas suficientes para asegurar un clima de gobernabilidad se muestra, cada vez más, fuera de control.


Crece la sensación de vacío de poder y ausencia de liderazgo mientras sube el volumen de las voces que piden simple y llanamente que la mandataria abandone su cargo o sea directamente catapultada lejos del sillón presidencial. La oposición, por su vez, navega alegre en un mar de puro oportunismo. Ya no se trata de proponer alternativas a las propuestas y proyectos del gobierno: se trata de discutir, internamente, cuál es la modalidad más conveniente de aprovecharse de la crisis en beneficio propio.


Así, el sector que obedece al presidente del principal partido opositor, el PSDB, defiende la destitución inmediata de Dilma Rousseff, y su vicepresidente, Michel Temer, la convocatoria de nuevas elecciones en el plazo de 90 días. Con eso, el líder de ese sector, el mismo Aécio Neves, derrotado por Dilma el pasado octubre, sería el favorito para ejercer la presidencia hasta el final del presente mandato y postularse otra vez en 2018. Otro sector, el que responde al grupo encabezado por el actual gobernador de San Pablo, Geraldo Alckmin, prefiere que Dilma y Temer permanezcan donde están, para desangrarlos día a día, y al mismo tiempo promover la corrosión, hasta la médula, de cualquier posibilidad de que Lula da Silva llegue entero a 2018.


Lo que pasará con el país tanto con el final abrupto del mandato de Dilma como con la corrosión cotidiana de su gobierno es de menor importancia. En líneas generales, ése es el actual cuadro en que se desarrolla el juego político en Brasil. El gobierno de Dilma Rousseff se encuentra virtualmente paralizado, sin lograr establecer interlocución con nadie en el Congreso, en los demás partidos aliados, y menos aún con el empresariado y el sector financiero.


Los movimientos sociales que tradicionalmente funcionaron como base de respaldo a su partido, el PT, están sin saber qué directrices asumir. Para empeorar lo que ya está asustador, falta, al gobierno, una política de comunicación que sea capaz de al menos matizar la impiadosa campaña difamatoria llevada a cabo por la totalidad de los grandes medios hegemónicos.


Como consecuencia de todo eso, Dilma Rousseff carece totalmente de gobernabilidad. No son pocos los que creen que la única cosa que todavía la mantiene en la presidencia es el temor de los efectos de una salida abrupta en la política, en la economía y en las calles. Frente a ese cuadro cada vez más preocupante, la mandataria sigue manteniéndose inerte. Una excepcional reacción surgió ayer, por ocasión de la entrega de un nuevo lote de residencias del programa Mi Casa, Mi Vida. Con palabras claramente estudiadas, Dilma aseguró que los votos recibidos en las urnas del pasado octubre le dan legitimidad, y que sabrá honrar cada uno de sus electores. A las pocas horas se supo que convocó una nueva reunión de emergencia de sus ministros políticos para mañana, domingo, en un nuevo intento de encontrar medios para superar la crisis.


El problema es saber si con su actual ministerio y con sus actuales interlocutores todavía hay cómo encontrar una salida. Falta, a Dilma y a su grupo, una estrategia mínimamente sólida. El único que mantiene cierta capacidad de articulación es el vicepresidente Michel Temer, pero hasta él ya emitió ciertas e inquietantes señales de que su decisión de sacrificarse tiene límites.


De otra parte, queda cada vez más claro que lo que no tiene límite alguno es la determinación del presidente de la Cámara de Diputados, del mismo partido de Temer, el PMDB (que, a propósito, lo preside), de bombardear de manera permanente al gobierno. Pocas veces en la historia política de los últimos 30 años un presidente de diputados dispuso de tanto poder para, a raíz de su rencor personal, poner en jaque a un gobierno. Quizá por las mismas características de la actual legislatura, quizá por la increíble tendencia a la inercia del actual gobierno.


Sus efectos, en todo caso, son desastrosos, y contribuyen mucho para profundizar la crisis políticas y crear más inestabilidad y tensión en la economía. Hay que recordar que Cunha no tiene toda la culpa: el gobierno, con su ausencia de acción, también es responsable.


El acoso desleal y el juego sucio de los medios de comunicación sigue sin enfrentar defensa alguna. Su peso es cada vez más fortalecido, principalmente a raíz de las redes sociales utilizadas por grupos que defienden una sola iniciativa, traducida en la consigna "Fuera Dilma".


Corriendo en raya paralela a todo eso, sigue el accionar claramente politizado de la Policía Federal, de los fiscales y de la Justicia en operativos de combate –muy selectivo combate, por cierto– a una corrupción que se hizo endémica. Cuanto más espectacular cada acción policial, más desgaste para el gobierno y para el PT, más puntos para la oposición.


Pero quizá ninguno de esos sea realmente el gran problema que Dilma tiene por delante: sea el tiempo, que se hace cada vez más corto. Ya no se trata de saber si hay luz al final del túnel, pero si hay túnel.

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Martes, 04 Agosto 2015 07:03

La prisión de un símbolo de una era

La imagen más esperada por la oposición y por una derecha furibunda que crece sin parar en Brasil se materializó ayer: poco después de las seis de la mañana, un equipo de la Policía Federal, cumpliendo determinaciones del juez de primera instancia Moro, llegó a la casa de José Dirceu en Brasilia y lo detuvo. Ha sido la tercera vez en la vida que lo detuvieron. La primera, en época de la dictadura, cuando era líder estudiantil. Las otras dos, bajo una acusación propicia para destruir su imagen: corrupción.


El problema es que, a esta altura, ya no se trata solamente de la imagen de José Dirceu, quien fue uno de los responsables –quizás el más determinante– para la primera victoria electoral de Lula da Silva, en 2002. Ahora, su prisión alcanza de pleno a la imagen del Partido de los Trabajadores, de Lula y del gobierno de Dilma Rousseff.


En 2003, al asumir la presidencia, Lula da Silva instaló su principal articulador y estratega en el poderoso puesto de ministro-jefe de la Casa Civil, que corresponde, en Brasil, a las funciones del jefe de Gabinete en Argentina. En los dos primeros años, Dirceu se consolidó como su principal heredero con vistas a las elecciones del 2010 (ya se daba por seguro, como luego se confirmó, que Lula sería reelecto en 2006).


Sin embargo, lo fulminaron en 2005. En un juicio mediático, que se desarrolló como en un tribunal de excepción, sin que sus argumentos fuesen considerados por el arbitrario presidente de la Corte Suprema, Joaquim Barbosa, que en una innovación esdrújula lo condenó sin pruebas (acorde con el magistrado, le correspondía al imputado comprobar su inocencia), fue sentenciado a siete años y once meses de cárcel. A fines del año pasado, Dirceu logró, junto a la misma Corte Suprema, cumplir la sentencia en prisión domiciliaria.


Pese al desgaste sufrido, el ex hombre fuerte de Lula mantuvo una parcela considerable de poder junto al PT. Al fin y al cabo, seguía siendo el mejor cuadro del partido, el de más experiencia y mayor capacidad de articulación. Desde que fue defenestrado primero de la Jefatura de Gabinete, y luego de su escaño de diputado nacional, José Dirceu se dedicó a prestar servicios como consultor para empresas brasileñas y extranjeras con presencia en Brasil. Y justamente a raíz de esas actividades está ahora involucrado en denuncias de corrupción.


Acorde con "delatores premiados" que, a cambio de reducción de sus sentencias, aceptan un pacto con la Justicia admitiendo contar todo lo que saben, Dirceu no prestó ningún servicio a sus contratantes. Y más: el dinero recibido tuvo sus orígenes en propinas cobradas junto a Petrobras y otras estatales. El acusado rechazó siempre las acusaciones, ofreciendo documentos para comprobar las actividades prestadas y el pago recibido.


La nueva prisión, además de significar la liquidación de su antiguo poder y de su capacidad de influencia, llega en el peor momento posible para el partido que él ayudó a construir, el PT, y para la ya debilitada Dilma Rousseff en su segundo mandato presidencial.


También abre una brecha para que las acusaciones y presiones se acerquen al gran objeto de deseo de una oposición desbocada y del conglomerado de medios de comunicación, Lula da Silva.


En relación con Dilma y su gobierno, la difícil situación enfrentada en el Congreso se agudizará. Ahora el foco de las denuncias está puesto en el núcleo duro de la primera presidencia de Lula (2003-2006), ya que se dice que fue en esa etapa que Dirceu armó el esquema de corrupción y fraudes en licitaciones y contratos de Petrobras.


Al fin y al cabo, Lula era presidente, Dilma era ministra de Minas y Energía, responsable por el sector, y luego jefa de Gabinete. El esquema ahora denunciado se mantuvo, acorde con los delatores, a lo largo de todos los años de gobierno del PT.


Por más frágiles que sean algunas denuncias de los delatores, es innegable que servirán de fuerte munición para la oposición y para los detractores del gobierno.


Servirán, además, para animar aún más a los impulsores de la campaña que tiene por objetivo la salida de Rousseff de la presidencia, donde llegó gracias a 54 millones de votos obtenidos el pasado octubre.


Símbolo de la llegada de Lula y del PT al poder, José Dirceu, veterano y consecuente militante de la izquierda desde sus años jóvenes, puede ahora transformarse en símbolo del fin de una larga etapa que empezó en su juventud. Por más que compruebe su inocencia, el mal ya está hecho. Vivió para acercarse a los sueños de toda una generación. Ahora vive una pesadilla.


De ser culpable, Dirceu habrá contribuido para el triste fin de un sueño. De ser inocente, difícilmente podrá contribuir para que ese sueño sobreviva a la marea de furia derechista que sacude el mapa brasileño.


EL EX MINISTRO DE LULA FUE DETENIDO AYER EN BRASILIA MIENTRAS CUMPLIA ARRESTO DOMICILIARIO


Acusan a Dirceu por el caso Petrobras


En medio de la ofensiva política contra el gobierno de Dilma, la Justicia sostiene que el dirigente del PT fue uno de los arquitectos de la trama de corrupción establecida en torno de la petrolera estatal.

 

Por Darío Pignotti
Desde Brasilia


Timing político. Ministros, dirigentes del PT, jefes del opositor PSDB, periodistas, todos estaban avisados de que ayer iba a sonar el campanazo de largada de la ofensiva contra el gobierno para desgastarlo tanto como fuera posible antes del 16 de agosto, fecha de la movilización convocada para exigir el impeachment contra Dilma Rousseff.


Lo que nadie (o prácticamente nadie) supuso era que esta fase de la escalada política sería iniciada por la Justicia en las primeras horas de ayer cuando agentes de la Policía Federal detuvieron en su domicilio de Brasilia a José Dirceu, quien fuera entre 2003 y 2005 ministro jefe de la Casa Civil (Gabinete) y pieza central del gabinete del entonces presidente Luiz Inácio Lula da Silva.


La Procuraduría Federal sostiene que Dirceu fue uno de los arquitectos de la trama de corrupción establecida en torno de Petrobras integrada por ex directivos de la estatal y empresas privadas como Odebrecht, Camargo Correa y otras contratistas cuyos ejecutivos están detenidos en una prisión de Curitiba, capital del sureño estado de Paraná.


"La corrupción siempre existió pero esta vez hubo una sistematización" y Dirceu sería el responsable de haber ubicado en puestos claves de Petrobras a operadores que facilitaron maniobras dolosas, planteó el procurador Carlos Fernando dos Santos Lima. "El (Dirceu) inició todo un trabajo de cooptación de empresas constructoras dando inicio a un esquema de corrupción en la estatal" en el que se repite, opinó Santos Lima, el "ADN" del escándalo del mensalao, de 2005, por el cual Dirceu fue condenado y preso.


"Toda empresa tiene una estructura piramidal donde sus cabezas son los que toman las decisiones, ellos no son los operadores de las acciones, ellos dicen 'haga'", planteó el procurador cuando refirió al alto cargo que Dirceu ocupaba hasta 2005 y luego habría preservado su influencia a través de su consultora DJ. Santos Lima aseguró contar con documentos –que no exhibió–, además de las "delaciones premiadas" de empresarios arrepentidos como base de su arsenal acusatorio contra el ex ministro.
Alberto Zacharias Toro y otros académicos han cuestionado el abuso de las "delaciones premiadas" convertidas en "delaciones forzadas" obtenidas de modo casi coercitivo con prisiones preventivas abusivas para quebrar a los presos.


Los responsables de la causa Lava Jato (Lavado Rápido) realizaron "una relectura del modelo medieval en el que se capturaba a las personas para torturar y así se obtenía la confesión", criticó el jurista Aury Lopes Junior.


La prisión preventiva de Dirceu fue objetada por sus abogados para quienes ésta es injustificada, ya que el acusado se encontraba hasta ayer cumpliendo una prisión domiciliaria, para terminar de purgar su pena en el Mensalao de 2005. Al cierre de esta crónica el referente petista continuaba detenido en la Superintendencia de la Policía Federal de Brasilia aguardando una decisión del Supremo Tribunal Federal sobre su traslado a Paraná.


Los medios dedicaron una cobertura exhaustiva de la detención y las repercusiones del caso festejado por la oposición. El senador Aloísio Nunes Ferreria, del Partido de la Socialdemocracia Brasileña, propuso que el grupo de tareas judicial de Paraná abra una investigación sobre Dilma Rousseff y Lula. Mientras su colega Ronaldo Caiado del conservador Demócratas vaticinó que "falta poco para que caiga Lula". Los dos senadores, que en junio viajaron a Venezuela para respaldar a la oposición, participaron en las marchas realizadas en marzo y abril por el impeachment y seguramente lo harán nuevamente en la anunciada para el 16 de agosto.


El proceso Lava Jato sustanciado por el juez Sergio Moro llevó a cabo 17 operativos desde 2014, el último de ellos realizado ayer y denominado Pixuleco, alusivo al nombre con que los imputados se referían a las coimas. Al de la semana pasada lo habían bautizado "radiactividad", porque reveló supuestos manejos ilegales en la estatal Eletronuclear y ordenó la prisión del vicealmirante Othon Pinheiro da Silva, el padre del proyecto atómico nacional.


No hay dudas de que más allá de la evolución de esta causa respecto de la culpa o inocencia de José Dirceu el efecto sobre la imagen del PT y el gobierno se equipara al de un arma atómica. Está prevista una reunión de la mesa ejecutiva del PT para hoy, según publicaron algunos medios mientras el partido divulgó una nota oficial afirmando que las campañas electorales fueron financiadas con fondos declarados, en implícita respuesta a las tesis de Moro y los procuradores. El comunicado no hizo referencia explícita a la prisión de Dirceu sobre la que habló Siba Machado, jefe de la bancada petista en Diputados. "La Policía Federal se está metiendo en asuntos políticos deteniendo por mera sospecha, valiéndose de indicios y arrastrando a Brasil hacia una situación peligrosa, si seguimos así en poco tiempo no habrá más estado de derecho", alertó Machado.

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Domingo, 02 Agosto 2015 05:48

Brasil: agosto, un mes para temer

En agosto termina el breve receso de dos semanas que sus excelencias, los parlamentares, se conceden, y el Congreso brasileño vuelve a funcionar. Eso significa, en primer lugar, más tensión en un ambiente político ya muy cargado de turbulencias, más presión sobre la presidenta Dilma Rousseff y una crisis generalizada que parece no hacer otra cosa que crecer y fortalecerse.


Uno de los focos de tensión está en la Cámara de Diputados, cuyo presidente, Eduardo Cunha, denunciado en el escándalo de corrupción en la estatal Petrobras, promete no dar un solo instante de sosiego al gobierno.


A esta altura empieza a hacerse cada vez más claro que la situación económica que pasa el país es seria, pero mucho más grave es la política. Con el gobierno paralizado por el Congreso, principalmente en la Cámara de Diputados, los datos de la economía –todos negativos–, difícilmente experimentarán alguna mejora. El Plan de Ajuste anunciado por el gobierno no avanza, y crece la desconfianza generalizada.


Al mismo tiempo se expanden las acciones de la Justicia, de la Policía Federal y de la procuraduría general de la República, en un trabajo de investigación sobre desvío de recursos públicos y pago de coimas sin precedente en el país. Las denuncias se suceden, los campos de alcance de las investigaciones se amplían y muchos de los políticos de más visibilidad (y poder) corren el riesgo palpable de ver sus nombres involucrados. Mientras la clase media sonríe complacida frente a lo que considera un avance contra la impunidad, varios juristas se preguntan sobre la legitimidad de la actuación de las autoridades judiciales.


Hasta ahora, las mayores constructoras de Brasil –una de ellas, Norberto Odebrecht, la mayor de América Latina– están involucradas hasta el cuello en delitos que van de la formación ilegal de cárteles para fijar precios en licitaciones públicas al pago de coimas para obtener ventajas en contratos con estatales y gobierno federal.


Los efectos de los operativos policiales siguiendo órdenes de la Justicia son inéditos en Brasil. Presidentes y propietarios de gigantes de la construcción, con gordísimos contratos de obras públicas, están en la cárcel. En los últimos días de julio las investigaciones y sus consecuentes prisiones se extendieron al sector de energía, empezando por la Eletronuclebras, la estatal que controla las usinas nucleares.


Uno de los presos es el vicealmirante Othon Pinheiro da Silva, considerado el padre de la tecnología nuclear brasileña. Dicen los fiscales que recibió poco más de 2 millones de dólares en coimas.


Varios altos ejecutivos de constructoras, bien como ex directores y gerentes de Petrobras e intermediarios en los negociados (en general se presentan como 'consultores'), aceptaron colaborar con la Justicia. Existe en la legislación brasileña, por una ley aprobada por Dilma Rousseff en su primer mandato presidencial, la figura de la delación premiada.


La cosa funciona así: a cambio de drástica reducción en las condenas, el investigado acepta colaborar, contando lo que hizo y lo que sabe. El delator tiene que aportar pruebas o indicios que lleven a la investigación producirlas; no puede omitir nada ni mentir.


Ya hay 23 delatores, lo que significa preocupación y temor en los medios políticos del país: la corrupción vinculada al sector de la construcción de grandes obras públicas es endémica.


Por detrás de las acciones de la Justicia, en todo caso, hay métodos e iniciativas que generan polémica.


Para empezar, el juez de primera instancia que conduce el proceso adoptó la técnica de primero prender y luego interrogar. Además, esas detenciones se prolongan hasta que el preso, destrozado anímica y sicológicamente, decide colaborar, transformándose en delator.


Existe una clarísima intención a cada paso de las investigaciones: a la prensa, tanto fiscales como policiales federales filtran, día sí y el otro también, datos e informaciones que comprometen directamente al PT, a ministros y ex ministros, intentando de todas formas acercarse al ex presidente Lula da Silva.


Con amplio y fiel respaldo de los grandes medios hegemónicos de comunicación, las acciones de esos funcionarios terminan por crear un clima de denuncia y claro hostigamiento al PT y al gobierno de Dilma Rousseff, que sigue desgastándose a cada día de permanente aislamiento. Al mismo tiempo que desangra a una mandataria acosada, esa campaña trata de liquidar con el peso político de Lula da Silva, abriendo de esa manera espacio para que la oposición neoliberal reúna fuerzas suficientes para, en las elecciones de 2018, volver al poder.


Algunas de sus principales figuras, como el actual senador José Serra, dos veces derrotado en sus aspiraciones presidenciales, aprovechan la campaña contra Petrobras para defender un cambio radical en la legislación de petróleo, permitiendo que se privaticen los gigantescos campos del llamado presal, en aguas marítimas ultra profundas.


Mientras tanto, su partido se suma a los convocantes de marchas callejeras que pedirán, el domingo 16 de agosto, la deposición de Dilma Rousseff. Estimulados por la derecha más furiosa y, otra vez, por los medios de comunicación, millones de integrantes de las clases medias son esperados, principalmente en São Paulo, centro del antipetismo más feroz.


Agosto es llamado por los brasileños el mes del espanto. Y sobran indicios de que en 2015 se confirmará y justificará esa mala fama.

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Viernes, 31 Julio 2015 17:32

Fantasmas y fantasías

Brasil vive un fin de ciclo que anticipa un largo período conservador. Confusión y cansancio son algunas de las características de una izquierda que no encuentra fuerza moral ni material para frenar y revertir el avance de las derechas sociales y mediáticas.

 

Cuando faltaba un año para finalizar el segundo mandato de Lula, en octubre de 2009, el sociólogo Francisco de Oliveira, fundador del PT y luego del Psol y uno de los intelectuales más respetados de Brasil, escribió un artículo titulado "El revés del revés" (Piauí, octubre de 2009). Era la continuación de otro, igualmente provocador, "Hegemonía al revés" (Piauí, enero de 2007), en el que utilizaba el concepto gramsciano de hegemonía para explicar cómo los capitalistas consentían ser políticamente conducidos por los dominados, con la condición de que no cuestionaran la explotación capitalista.


El sociólogo concluía su artículo de 2009 con una afirmación valiente pero cuyo significado pocos comprendieron entonces: "El lulismo es una regresión política". Pasados seis años, en medio de un ajuste neoliberal que vulnera derechos sociales y con un escándalo de corrupción alucinante (Dilma Rousseff reconoció que los dineros sustraídos equivalen a un punto del Pbi), aquella afirmación puede servir de interpretación de la debacle en curso.


Sostiene que Lula fue elegido en 2002 con el mandato de "revertir el desastre de Fernando Henrique Cardoso", quien en sus dos gobiernos "privatizó prácticamente todas las empresas estatales", en una transferencia de riqueza, renta y patrimonio como pocas veces se conoció en el mundo. Ese mandato estuvo lejos de ser cumplido por los tres gobiernos del PT: las exportaciones volvieron a ser lideradas por los bienes primarios, "lo que no sucedía desde 1978"; la desigualdad siguió creciendo; y, quizá lo más grave, la política fue sustituida por la administración. "Se cooptaron centrales sindicales y movimientos sindicales, entre ellos el Movimiento de los Sin Tierra, que aún resiste".


UN LARGO CICLO CONSERVADOR

Cada semana aporta noticias peores para el gobierno, cuyos defensores no dejan de agitarque se está cocinando un golpe de Estado que se ejecutaría a través del impeachment de la presidenta. Suena extraño porque el mismo PT jugó un papel importante hace poco más de dos décadas en la destitución de Fernando Collor, por sonados casos de corrupción.


Esta semana hubo por lo menos tres noticias negativas. Cardoso desistió de reunirse con Lula y Dilma con el argumento de que "cualquier diálogo no público con el gobierno parecería una maniobra para intentar salvar lo que no debe ser salvado". En un alarde inequívoco de apoyo a la destitución de la presidenta, Cardoso agregó: "El momento no es apropiado para buscar un acercamiento con el gobierno, sino con el pueblo". En efecto, el domingo 16 de agosto están convocadas manifestaciones en todo el país exigiendo la destitución de Dilma. Para una presidenta cuya popularidad es el 7,7 por ciento, la situación no puede ser peor.


El martes 28 la justicia aceptó la denuncia contra Marcelo Odebrecht, presidente de la principal constructora del país, por los delitos de organización criminal, corrupción y lavado de dinero. Además fueron encauzados otros doce altos cargos de la constructora y de Petrobras. Según la justicia, las grandes constructoras formaron un cártel para manipular licitaciones de Petrobras con sobornos a directivos de la estatal vinculados a partidos políticos. Según el juez de la causa, Sergio Moro, hubo un aporte significativo de documentos por las autoridades suizas que confirman flujos de dinero de cuentas controladas por Odebrecht a dirigentes de Petrobras.


El miércoles 28 fue lanzada la décimosexta fase de la operación Lava-Jato por la Policía Federal con la detención, entre otros del ex director de Eletronuclear, subsidiaria de la estatal Eletrobras, vicealmirante retirado Othon Luiz Pinheiro da Silva. La nueva operación se denomina "Radioactividad" y afecta los contratos de la empresa creada en 1997 para operar y construir usinas termonucleares.


Othon Pinheiro y Eletronuclear son dos piezas clave del programa nuclear brasileño, un sector muy sensible en las fuerzas armadas. En ésa área está prevista la construcción del primer submarino nuclear y completar el dominio del ciclo de enriquecimiento de uranio. No es extraño, entonces, que las páginas militares hayan reaccionado con dureza a las detenciones.


En un intento por frenar la oleada de denuncias, muchas de ellas falsas y manipuladas por los medios, Lula denunció a los autores de la última portada de la revista Veja, por "daños morales". La revista utiliza datos falsos para acusar al ex presidente de corrupción. "El reportaje repite prácticas comunes de Veja: miente, hace acusaciones infundadas y sin pruebas, presenta conclusiones como si fuesen hecho, atribuye hechos, no tiene fuentes y busca atacar, de todas las formas, el honor y la imagen del ex presidente Lula", critica una nota del Instituto Lula.


DETERIORO SOCIAL

La hegemonía lulista no será reemplazada por ninguna otra hegemonía, ni del Psdb de Cardoso ni, menos aún, del Pmdb o de otros partidos. Lo que se viene es un período más o menos prolongado de inestabilidad política. Porque lo que predomina es una mezcla de confusión y cansancio, en la sociedad, pero también en las elites políticas.


La primera es bien visible en los pronunciamientos de dos fuerzas que deberían ser antagónicas, como los comunistas y los militares. El periódico comunista Vermelho (Rojo) asegura que "si perdemos Odebrecht, perdemos buena parte de lo que invertimos en África". Va más lejos: "Si recordamos que Odebrecht es la principal poseedora nacional de tecnologías militares, a través de su participación en proyectos como el submarino nuclear, satélites, proyectos tecnológicos y balística, se puede entender mejor quienes están interesados en su destrucción". (Vermelho, 26 de julio de 2015).


Esta izquierda, entre la que debe contarse una buena parte del PT, considera que la operación Lava-Jato es una conspiración inducida por servicios secretos extranjeros. Señalan que los grandes medios "quieren destruir Odebrecht para derribar al gobierno" y para impedir la candidatura de Lula en 2018.


Un editorial de Defesanet, una de las principales páginas militares, titulado "La geopolítica en el Lava-Jato", defiende vigorosamente al vicealmirante Othon, asegura que se trata de atacar el proyecto Angra 3 (la tercera central nuclear con tecnología completamente brasileña). Recuerda que Othon, que también es ingeniero nuclear licenciado en el Mit, impulsó el programa secreto de la Marina para desarrollar centrifugadoras para enriquecimiento de uranio, y decidió enviar técnicos a Alemania Oriental y la Unión Soviética en los años ochenta y noventa "en busca de conocimientos bloqueados por Occidente". (Defesanet, 28-VII-15).

Comunistas y militares coin-ciden en la defensa de un proyecto de defensa nacional, que incluye tanto a Odebrecht como a Petrobras. Ambos rechazan a la socialdemocracia (Psdb) y se quejan de la reciente propuesta parlamentaria de José Serra de retirar el control exclusivo que la petrolera estatal tiene de los yacimientos pre-sal en la plataforma marítima. Defesanet se lamenta de que "algunas embajadas en Brasilia" estén festejando y espera que estos hechos no incentiven "el ataque al único proyecto estratégico brasileño que realmente eleva al país varios escalones". Sería la segunda vez que esto sucede: la primera fue en dictadura, ahora en democracia, pero siempre por parte de la misma superpotencia.


"Exaustão" (agotamiento) es la expresión que utiliza el filósofo Paulo Arantes para describir el fin de ciclo. Pero, ¿qué ciclo es el que se termina? En este punto, se puede trazar una línea común con Francisco de Oliveira. "Agotamos por depredación extractivista el inmenso reservorio de energía política y social almacenada a lo largo de todo el proceso de salida de la dictadura", dice Arantes (Correio da Cidadania, 15-VII-15). Una energía que permitió la creación del PT, la Cut, el Mst. Una energía evaporada por confundir política con gestión, por "un deterioro social jamás visto que exigía resultados rápidos", que resume en "el derecho de los pobres al dinero"; donde siempre se había priorizado la dignidad. El lulismo degradó la ciudadanía al confundirla con derecho al consumo. Ahora que eso también falla, todo se viene abajo.

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Lunes, 27 Julio 2015 06:52

Momentos cada vez más difíciles

No ha sido una buena noticia para el ex presidente Lula da Silva ni para la actual presidenta Dilma Rousseff. Pero, principalmente, no ha sido una buena noticia para el país: luego de intentos de intermediarios con tránsito libre entre todos, el ex presidente Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) rehusó, al menos por ahora, establecer un diálogo con sus dos sucesores para tratar el complejo y preocupante cuadro político brasileño.


El tono en que Cardoso contestó los intentos de acercamiento y diálogo lanzados de manera no tan discreta por Lula y Dilma sorprendió.


Frente a la noticia de que tanto el ex como la actual mandataria buscaron, a través de interlocutores de confianza de las partes involucradas, una apertura de diálogo, Cardoso afirmó, de manera contundente, que "cualquier diálogo no-público con el gobierno parecería una maniobra para intentar salvar lo que no debe ser salvado". Y agregó: "El momento no es apropiado para buscar un acercamiento con el gobierno, sino con el pueblo".


Vale recordar que para el domingo 16 de agosto se convocan marchas populares pidiendo el derrocamiento de Dilma Rou- sseff, y que el sector del PSDB, partido de Cardoso, que obedece al candidato derrotado el pasado octubre, Aécio Neves, defiende abiertamente esa línea.


Capitaneadas por las clases medias de los grandes centros urbanos, con el apoyo masivo de los grandes conglomerados de comunicaciones, esas marchas podrán ser de gran importancia para alimentar aún más la clara e intensa campaña destinada a liquidar con el mandato de Dilma. ¿Sería ésa la "hora de buscar un acercamiento con el pueblo" a la que se refiere Fernando Henrique Cardoso?


Quienes lo conocen saben que se trata de un hombre cordial, educado, elegante y que no suele buscar confrontaciones: siempre trató de mostrarse abierto al diálogo y a la negociación. Saben, además, que tiene una trayectoria personal de integridad absoluta. Y que, claro, es un político hábil y de gran experiencia.


Vale recordar que la trayectoria de Cardoso con Lula es una, y con Dilma, otra. En los estertores de la dictadura, cuando el sindicalista emergía como uno de los baluartes de resistencia al régimen, Cardoso, intelectual de prestigio, perseguido y exiliado por los militares y sus socios civiles, supo apoyarlo. Ambos se enfrentaron en dos elecciones presidenciales, ambas ganadas por Cardoso en la primera vuelta. Adversarios duros en las contiendas electorales, protagonizaron escenas de gran respeto a la democracia cuando, en 2002, Lula, luego de haber derrotado al candidato de Cardoso, José Serra, alcanzó la presidencia.


La ceremonia de transmisión de investidura de Lula, el primer día de 2003, cuando recibió la banda verde-amarilla de las manos de Cardoso, fue un ejemplo de transición respetuosa. Y luego empezaron los encontronazos.


La dureza con que Lula se refirió siempre a la "herencia maldita" que le había legado el antecesor provocó malestar en Cardoso. Pero, discreto, el ex presidente jamás contestó al bombardeo de su sucesor.


Con Dilma fue distinto. Como ella no tenía ninguna trayectoria política anterior –ocupó, eso sí, puestos administrativos, pero nunca antes se había lanzado a una disputa por votos–, tampoco hubo encontronazos significativos con el ex presidente.
Claro que ella siguió, en su primer mandato y luego en la campaña electoral que la llevó al segundo –exactamente ese que ahora se ve acosado por todos los lados– criticando duramente las políticas económicas de Cardoso. Pero sin atacarlo personalmente, como hizo Lula.


Los postulantes del PSDB de Cardoso que disputaron –y perdieron– cuatro elecciones con el PT (dos con Lula, dos con Dilma) no tienen el mismo peso moral y político del ex presidente. El más reciente de ellos, Aécio Neves, derrotado por Dilma el pasado octubre, controla parte sustancial del partido. El y sus seguidores inmediatos rechazan cualquier posibilidad de diálogo, pese a la gravedad de la crisis, con Dilma y con cualquier dirigente del PT, a empezar por Lula. Esa ala del PSDB parece dispuesta a cualquier cosa con tal de acosar a la presidenta y desangrar su partido. Como si la situación ya no fuese complicada y preocupante en niveles serios, son adeptos de la vieja línea que preconiza que cuanto peor, mejor.


Los otros dos postulantes derrotados por Lula el PT en 2002 y 2006, el actual senador José Serra y el actual gobernador de San Pablo, la más rica, poblada y antipetista provincia brasileña, Geraldo Alckmin, se muestran más cautos. Puede que por auténtica preocupación frente al preocupante cuadro político brasileño, puede que para prepararse para la disputa por la postulación del PSDB en 20018, lo que importa es que actúan de manera más apaciguadora que Neves.


Al rechazar –vale repetir: al menos de momento– el diálogo con sus sucesores, Cardoso sorprende. Y con ese gesto, contribuye para que aumenten aún más las tensiones y preocupaciones.


Allegados al ex presidente recuerdan que hace poco menos de dos años –más exactamente en diciembre de 2013– el mismo Cardoso insinuó a Lula que sería interesante abrir un diálogo.


Esa propuesta surgió durante un vuelo entre Sudáfrica y Brasil, y más precisamente en el avión presidencial. Dilma había invitado a los ex presidentes brasileños para el funeral de Nelson Mandela. Cuando regresaban, Lula y Cardoso conversaban de manera amistosa. Al oír de su antecesor la propuesta, Lula contestó que, en aquel momento, no le interesaba dialogar sobre el país sino ganar las elecciones del año siguiente.


Bueno: en 2014, Dilma fue reelecta. A los pocos días de su victoria empezaron los problemas. Y a partir de la elección de los presidentes de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, y del Senado, Renan Calheiros, empezó el infierno.
Ahora, en una situación de extrema dificultad, Dilma y Lula quisieron retomar la idea de dialogar con Cardoso. Y le tocó a Cardoso el turno de decir "no, gracias".


Es casi imposible decir hasta qué punto esa negativa contribuirá para agravar aún más una situación ya bastante grave.
Pero resulta muy claro que tal rechazo no hace más que reiterar que sobran razones para preocuparse por el futuro del país.

 

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Sábado, 18 Julio 2015 09:04

La rebelión de un acusado poderoso

Desde que fue elegido por sus pares para presidir la Cámara baja en febrero pasado, Cunha no hizo otra cosa que imponer una seguidilla de derrotas al gobierno del cual su partido se dice aliado. Ahora dijo que es un perseguido político.


Desde Río de Janeiro


La conferencia de prensa convocada por el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, al principio de la tarde de ayer en Brasilia, marcó la ruptura personal del segundo hombre en la línea sucesoria con el gobierno de la presidenta Dilma Rousseff (reza la Constitución que el primero es el vicepresidente; y en caso de su propio impedimento, el presidente de la Cámara). Ya su partido, el PMDB, principal socio del gobernante PT en la alianza de base, optó por reaccionar de manera un tanto meliflua: una nota oficial dice que la actitud de Cunha es "personal", y que, "por ahora", el partido se mantiene en el gobierno.


Fue su primera y contundente reacción luego de que uno de los presos a raíz del escándalo de corrupción en la Petrobras lo acusara de haber recibido cinco millones de dólares de propina. Cunha dice estar seguro de que se trata de una maniobra del palacio de gobierno, luego de haber presionado al procurador general de la República para inculparlo. El procurador general, a su vez, habría presionado al preso: o denunciaba a Cunha, o pasaría largos años en prisión. Que se arme semejante enredo en un momento en que el PT y varios integrantes del gobierno están enfrentando graves acusaciones del mismo procurador general, del mismo juez que conduce las investigaciones y, en última instancia, de la Corte Suprema no le pareció, a Cunha, nada significativo. El poderoso y vengativo diputado está seguro de ser blanco de una conspiración cósmica, controlada por Dilma, por sus ministros y por el PT. De todas formas, la reacción tempestuosa no representó ninguna sorpresa: al fin y al cabo, desde que fue elegido por sus pares para presidir la Cámara baja, el pasado febrero, Cunha –que controla con mano de hierro a unos 150 diputados, casi un 30 por ciento de la Cámara– no hizo otra cosa que imponer una seguidilla de derrotas al gobierno del cual su partido se dice aliado. Lo de ayer significó oficializar lo ya sabido y constatado.


La ruptura, sin embargo, tiene peso e importancia. El poder en manos del presidente de la Cámara de Diputados es inmenso. De él depende, por ejemplo, la instalación de Comisiones Parlamentarias de Investigaciones, las CPI, que tienen capacidad de casi paralizar los trabajos legislativos y exponer cualquier gobierno a situaciones complicadas y comprometedoras. Además, le toca al presidente de la Cámara imponer y controlar la agenda de debates y votaciones. Desde el pasado febrero, cuando logró elegirse derrotando por amplio margen al candidato del PT, Eduardo Cunha ejerció ese inmenso poder, y siempre contra el gobierno. Sus adversarios dicen que lo hizo de manera arbitraria, atropellando aliados, dejando claro a todos quién manda. Su conducción de los trabajos legislativos rozó, seguidamente, principios y determinaciones constitucionales.


Desde que fue formalmente incluido por la Justicia entre los investigados por el escándalo de corrupción en la Petrobras, Cunha venía rebelándose cada vez más, demostrando un gobierno fragilizado, acosado por una crisis económica seria y por una crisis política más grave aún, las dimensiones de su poder. Su reacción de ahora –intempestiva, furiosa– refuerza la ira de un político acostumbrado a imponer su autoritarismo. Poco después del anuncio de ruptura con el gobierno, y cumpliendo su poder, anunció la instalación de una nueva CPI que el gobierno trató de evitar. Esta vez, se trata de revisar las actuaciones del Bndes, el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social, principal banco estatal de fomento del continente, en el exterior.


Concretamente, Cunha, un hombre ultraconservador, quiere denunciar la financiación concedida por el Bndes a constructoras brasileñas con obras en Cuba, Angola y Venezuela. No hay indicio alguno de irregularidad en la concesión de esos financiamientos. Pero se trata de países que la derecha brasileña, altísimamente inflada por los medios hegemónicos de comunicación, clasifica de "dictaduras". El todavía presidente de la Cámara de Diputados parece decidido a disparar contra todo y contra todos. En su brote de ira, hizo blanco en la Policía Federal, la Justicia de primera instancia, el procuradorgeneral de la República, el PT, Dilma, el gobierno como un todo, la Corte Suprema y quien más se arriesgue a aparecer delante de él. Dice que el preso que denunció, con hartos detalles, cada movimiento destinado a recibir cinco millones de dólares lo hizo presionado por el gobierno, por Dilma y por el PT. Curioso: no solo el tesorero del PT está preso, sino varias estrellas del partido –inclusive ministros– están bajo investigación de la Justicia.


Si hasta ahora Dilma tenía un enemigo velado, ahora tiene un enemigo con sed de sangre, que le declaró guerra abierta. Falta saber, ahora, cuáles serán los rumbos de la Justicia. Y hasta cuándo Eduardo Cunha seguirá presidiendo la Cámara de Diputados de un país que se pretende serio.

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