Lunes, 15 Septiembre 2014 06:00

Descompuesto

No es que nadie se dé cuenta; hasta los presidentes lo confiesan, a veces. Por más de una década parece que mucho del debate político aquí se trata de cómo están tan descompuestas las cosas. No se cansan de decir que el sistema de migración esta descompuesto. No niegan que el sistema financiero está descompuesto (no podían ocultarlo después de la crisis más grande desde la gran depresión). Que la guerra contra las drogas no funciona, que el sistema de educación está descompuesto, que el sistema de control de armas es disfuncional, que hasta la manera en que se espía a todo mundo está mal (aunque no queda claro si está mal sólo porque fue revelado, o si estaba mal desde antes); ni hablar de la salud, el cambio climático, el sistema penal y la infraestructura del país.


Cada semana hay más ejemplos:

¿Por qué no hay más banqueros en la cárcel?, preguntó la senadora demócrata Elizabeth Warren en una audiencia con reguladores financieros la semana pasada. Uno de los encargados de la Reserva Federal no tenía respuesta. Warren afirmó que el mensaje a todo banquero de Wall Street es fuerte y claro: si violan la ley, no irán a la cárcel, pero pueden acabar con un ingreso aún más alto, en referencia al ejecutivo en jefe de JPMorgan Chase, Jamie Dimon, quien, después de negociar una multa de su empresa sobre las hipotecas que provocaron la peor crisis financiera desde la gran depresión, recibió un incremento en su ingreso. Millones de desempleados y millones de familias que se quedaron sin casa aún no tienen respuestas.


En otro plano, durante su campaña presidencial, el candidato Obama declaró: nos enfrentamos a la creencia de que está bien que cabilderos dominen nuestro gobierno, que simplemente son parte del sistema en Washington. Pero sabemos que la influencia exagerada de los cabilderos es parte del problema, y esta elección es nuestra oportunidad para decir que ya no les permitiremos obstruir nuestro camino. Cuando llegó a la presidencia, emitió una orden ejecutiva que prohibió a los cabilderos en su gobierno. Pero después hubo excepciones a tal extremo que, según Politico, hasta la fecha, el gobierno de Obama ha contratado unos 70 ex cabilderos registrados que antes representaban a corporaciones y asociaciones empresariales.

En tanto, Ray Nagin, ex alcalde de Nueva Orleáns que tuvo un perfil nacional durante el desastre del huracán Katrina, ingresó a una prisión federal la semana pasada para iniciar su condena de 10 años por corrupción, que incluye lavado de dinero y sobornos, por lucrar con la reconstrucción de su ciudad.


El ex gobernador republicano de Virginia, Bob McConnell, considerado una de las estrellas nacionales de su partido y campeón de los valores familiares y la honestidad, fue declarado culpable de corrupción después de un largo juicio donde se comprobó que aceptó regalos de ricos a cambio de favores políticos. Su estrategia legal de defensa fue culpar a la loca de su esposa por todo.


Gobiernos extranjeros aportan decenas de millones de dólares en contribuciones a algunos de los grupos de pensamiento (think tanks) más prominentes y supuestamente objetivos de Washington, para comprar influencia y acceso político para promover políticas que reflejan los intereses de esos donantes, reportó el New York Times.


En otro rubro, casi cada semana hay otra tragedia por el uso de armas de fuego en lugares públicos, pero, casi dos años después de que 20 niños de primaria y seis adultos en Newtown, Connecticut, fueron ultimados por un joven armado, en lugar de imponer más restricciones, varios estados han impulsado leyes que permiten portar más armas para defenderse ante los otros armados; incluso permiten portarlas en las mismas escuelas. Hace unos días, una maestra de primaria accidentalmente se hirió cuando descargaba su arma de fuego en un baño de su escuela en Utah, reportó Los Angeles Times. La maestra tenía licencia para portar una arma oculta en Utah, de acuerdo con una ley que no requiere que informe que está armada. Una semana antes, un profesor en una universidad estatal en Idaho accidentalmente disparó su arma y se hirió el pie frente a estudiantes.


Por otro lado, dos hombres que han estado encarcelados 30 años –uno de ellos en la fila de la muerte a la espera de su ejecución– fueron exculpados cuando abogados comprobaron su inocencia con base en pruebas de ADN, en lo que varios medios, expertos y defensores de derechos declararon ejemplo perfecto de lo descompuesto que está el sistema de justicia estadunidense. Una vez más, el caso provoca la pregunta de cuántos más que están a la espera de ejecución son inocentes (desde 1973, más de 140 han sido exonerados), y cuántos de los mil 388 ya ejecutados desde 1976 lo eran.


El mayor Jason Wright, uno de los abogados militares estadunidenses asignado a defender al presunto autor intelectual de los atentados del 11-S en Guantánamo, renunció al ejército a finales de agosto, acusando al gobierno estadunidense de violaciones a los derechos humanos, que incluyen tortura (su cliente fue sometido a la técnica de waterboarding 183 veces, entre otras cosas) y de preparar un juicio parcial y de apariencias, reportó National Public Radio.


Más de 14 por ciento de los hogares estadunidenses –uno de cada siete– padecen inseguridad alimentaria, o sea, que por lo menos parte del año no tienen acceso a alimentación segura, el mismo nivel que en 2008, según el gobierno federal.
Por donde se vea –estos son sólo algunos ejemplos recientes–, las cosas no funcionan. Tal vez los más ricos y poderosos lo ven de otra manera: Wall Street y las grandes empresas están generando ganancias sin precedente; a los que se dedican a la industria de las armas, las guerras, el petróleo y las cárceles les va muy bien, y los políticos –a pesar de sus bajísimos índices de aprobación– aún despachan cómodamente para sus patrocinadores (algunos políticos corruptos demasiado tontos, que no entendieron cómo jugar, a veces pagan el precio). Pero con tantas cosas que no funcionan para las mayorías, tal vez el sistema es lo que está descompuesto.

Publicado en Internacional

El último día del mes de julio fue suspendido por 10 espacio de meses Luis Miguel Cotes gobernador del Magdalena, gracias a la viciada licitación de la Vía de la prosperidad que cruza por su departamento,en la cual beneficiaba al consorcio Rivera Este, dentro del que tiene intereses la familia de José David Name, actual presidente del Senado de la República.

 

El jueves 31 de julio sonó la nota final del acordeón de Luis Miguel "el mello" Cotes en la gobernación del departamento del Magdalena. Una decisión de la Procuraduría primera delegada para la contratación pública lo removió de sus funciones, al demostrar que la licitación que otorgó la construcción de la Vía de la prosperidad, que transita por el Magdalena, fue adjudicada modificando las exigencias a los proponentes, para favorecer al consorcio Rivera Este, además el departamento no contaba con el total de recursos necesarios para adelantar la obra.

 

El entierro del gobernador

 

Luis Miguel Cotes Habeyches conocido en la costa Atlántica por dos razones: la primera, por ser heredero del clan de los Cotes, encabezado por su padre Álvaro y su tío Luis Miguel Cotes Vives, apodados "los conejos", conocidos empresarios y varones electorales en la región, involucrados en la financiación y apoyo de personajes como el exgobernador Trino Luna y el ex alcalde de Santa Marta, José Francisco "Chico" Zúñiga -quien además es su cuñado- condenados por su nexos con el paramilitarismo; la segunda, "el mello" es un referente de la parranda samaria, desde los cuatro años toca acordeón y estuvo dispuesto a alejarse de sus estudios universitarios en Administración de Empresas en la Universidad del Norte de Barranquilla para profesionalizarse en su labor musical. Sin embargo, sus aspiraciones reñían con los intereses de su familia, la que decidió realizar un concurso entre "el mello" y su hermano Álvaro para decidir quien sería el heredero político de la dinastía, de esta manera Luis Miguel terminó por convertirse en 2007 en diputado a la Asamblea del Magdalena y en 2010 gobernador del departamento.

 

En la carretera. El 8 de enero de 2013 fue abierta la licitación LP-DM-07-2012 para construir la Vía de la prosperidad que bordearía 52.6 kilómetros del río grande de la Magdalena, abrazando a los corregimientos de Palermo y Guaimaro que están atravesados por el nudo del municipio de Sitio Nuevo. La carretera era una antigua promesa para el campesinado y los ganaderos del departamento, agilizando el paso desde el interior de la región hasta la costa Atlántica, además de funcionar como dique para evitar las inundaciones en el margen oriental de la principal arteria fluvial del país. El costo inicial proyectado de la carretera fue por 466.000 millones de pesos, de los cuales 200.000 saldrían de las regalías del Magdalena y el resto del presupuesto sería derivado del gobierno nacional a través del Ministerio de Transporte. Tres fueron los consorcios presentados para hacerse con este jugoso negocio: la Unión Temporal Vial del Magdalena, el Consorcio de la prosperidad Magdalena y el Consorcio Rivera Este, el cual terminó ganando la licitación.

 

Los problemas comenzaron rápidamente. El 13 de agosto de 2013, el juzgado 34 civil de Bogotá ordenó paralizar el proceso de desembolsos al consorcio Rivera Este por parte de la gobernación. Sin embargo, menos de un mes después el Tribunal Superior de Bogotá, junto con el juzgado 12 laboral del circuito de Barranquilla, revocaron el fallo del juzgado 34 civil, permitiendo que el gobernador Luis Miguel Cotes girara el 2 de enero de 2014 un anticipo de 66 mil millones al Consorcio Rivera Este, a pesar de las contradicciones con el Invías y de las declaraciones de la directora de regalías del Departamento Nacional de planeación –Amparo García– quien afirmó "pedimos a la gobernación no hacer desembolsos hasta la definición legal de este proyecto, y hasta hoy ese proceso contractual no ha sido resuelto".

 

La situación se agudizó, pues el fallo del Tribunal Superior de Bogotá llevó a que la ministra de transporte Cecilia Álvarez-Correa radicara una tutela de consulta ante la Corte Constitucional, cuyo fallo suspendió de manera provisional el proceso de construcción de la Vía de la prosperidad. La novela, que no termina ahí se tensó cuando la máxima entidad de control constitucional concluyó que el procedimiento de otorgamiento de la vía fue irregular, ante lo cual el 11 de marzo del año en curso a las 5:48 pm se firmó el acta de suspensión de la vía de la prosperidad, sólo 3 minutos después de firmada el acta de inicio del contrato 617 con el cual quedaba habilitada la construcción de la misma.

 

Es en este contexto que la Procuraduría General de la Nación sancionó con suspensión del cargo a Luis Miguel Cotes Habeych por 10 meses. Es decir, hasta mayo 28 de 2015, dejando al clan de los Cotes en una profunda debilidad para la campaña electoral regional del próximo año que ya remueven la política nacional. Junto con el gobernador fueron sancionados Claudia Janeth Orjuela, asesora jurídica, quien elaboró y estructuró la licitación, y el secretario general de la gobernación, Rodolfo Enrique Sosa, quien en la fecha ostentó la calidad de gobernador encargado y abrió el proceso licitatorio para la construcción de esta vía.

 

La vía de la prosperidad sus problemas, más que contractuales

 

Según la Contralora Sandra Morelli, en advertencia publicada en diciembre de 2013, la construcción de la Vía de la prosperidad –tal y como está planeada– dañaría el Sistema Delta estuarino Ciénaga Grande de Santa Marta, conllevando la destrucción de un sistema de acuíferos del que incluso proviene el agua que consumen los samarios.

 

Así, en palabras de la Contralora se produciría un daño en el "ingreso de los flujos de agua y el nivel del río Magdalena en época de crecientes, lo cual podría llevar a que las aguas inundaran zonas que antes no presentaban esta situación y que, por lo tanto, no están protegidas de forma correspondiente para tales eventos". Palabras más palabras menos, para desinundar algunas zonas premeditadamente se avocaría a la inundación del margen izquierdo del río, próximo a Barranquilla, afectando a cultivadores, ganaderos y campesinos de la región.

 

A los dilemas ambientales deben sumarse el hecho que la licitación fue otorgada al Consorcio Rivera Este representada por Gary Rivero Espitia, quien en 2010 fungía como gerente de la firma Coinses S.A. que hizo parte de la concesión Unión Temporal Plazas que recibió el contrato No. 0135-2010-000272 de $37 mil millones para la mejora de 16 plazas y parques del departamento del Magdalena, el mismo que terminó incumplido. 

 

Adicionalmente, el consorcio Rivera Este está compuesto por las empresas Assignia Infraestructura, Compañía de Seguros y Negocios S. A., Constructora FG S. A. y Consultores del Desarrollo S. A. (Condesa), esta última representada po rManuel Gómez López, pero en verdad dirigida por la familia Name, de la cual procede el presidente del Congreso, senador José David Name.

 

La firma Condesa S.A es una de los grandes actoras en el mundo de las concesiones, a ella le han otorgado obras como la nueva vía Cartagena-Barranquilla y la interventoría del Proyecto Hidroeléctrico Porce III en Antioquia. Empresa, por demás,instituida como la base de múltiples escándalos entre ellos la entrega de 150 millones de pesos para financiar el proceso de recolección de firmas del referendo reeleccionista de Álvaro Uribe Vélez en 2010.

 

Como sucede desde siempre en nuestro país, política y negocios, nepotismo y corrupción, poder y economía, están finamente ligados. ¿Hasta cuándo seguirá siendo esta la tónica en esta democracia de papel?

Publicado en Colombia
Viernes, 23 Mayo 2014 08:46

Paro. ¿En qué va la "distri"?

Continúa el cese de actividades académicas en la Universidad Distrital. Este movimiento surgió a raíz de la imposición de los acuerdos 008 y 009 (noviembre de 2013) que estipulan su reestructuración –tanto en lo académico como en lo administrativo, arriesgando la continuidad de Facultades históricas para la casa de estudios–, así como la modificación de la normatividad que establece el promedio mínimo considerado como "bajo promedio académico" que pasaría de 3,2 a 3,5.


Tras casi un mes de cese de actividades académicas, la conmoción a su interior es total. La protesta no es sólo de estudiantes, pues profesores y trabajadores también manifiestan su malestar con lo que ocurre al interior de la 'distri'. No es para menos, escandalosos casos de corrupción están en boca de todos, dentro de los que destacan las irregularidades en la contratación para la construcción de la nueva sede en la localidad de Bosa –por 70 mil millones de pesos–, en el que están involucrados, como lo revelan otros medios de comunicación, tanto el rector encargado Roberto Vergara, el ingeniero Wilson Morales –encargado de la unidad que adjudicó la licitación– así como las firmas constructoras Ingenieros GF SAS, Conequipos y Ziggurat Arquitectura Ltda.


Pero no es sólo este caso, también está el posible detrimento del patrimonio de la Universidad por 6.000 millones de pesos que pasa por la irregularidad de 106 casos de dobles pagos pensionales, la adición presupuestal de 4.530 millones de más para la construcción de la biblioteca Aduanilla de Paiba y los adelantos por 1.565 millones de pesos para un contrato firmado en 2010 para reconstruir el edificio B de la sede Macarena que pese al paso del tiempo aún no inicia su construcción.


La protesta, en cabeza de las multiestamentarias (estudiantes, profesores y un grueso de los trabajadores), ha dado paso a discusiones y debates sobre qué hacer con la Universidad, cómo actuar ante la corrupción y el clientelismo político –bajo el cual negocian sus cargos administrativos y directivos–, en los que destacan las injerencias del senador Samuel Arrieta del PIN y del concejal Hosman Martínez de la Alianza Verde, nexos que llevan a pensar que los hechos denunciados no son excepcionales sino prácticas sistemáticas de injerencia partidista a su interior.

 

A su vez, reabre el debate sobre el propósito de la Universidad, del conocimiento allí impartido y de las condiciones económicas y políticas indispensables para la realización de su misión.

 

Punto de quiebre

 

El momento que vive el centro de estudios es un real punto de quiebre y avance en dos dimensiones: primero, sienta un precedente de articulación y de trabajo mancomunado de la triestamentaria, propiciando la apertura de discusiones sobre el conjunto de la Universidad: desde las particularidades propias de cada estamento y, segundo, re-oxigena el análisis y la reflexión sobre la precariedad en que sobrevive la educación superior pública en nuestro país, para cuestionar, una vez más, su sentido y su misión que la distancia de las verdaderas necesidades y sueños de la mayoría de quienes integran el mismo.


Las discusiones diarias desatadas en el claustro universitario ahora también preguntan por el rumbo que debe y puede tomar el paro, así como por los posibles escenarios y alternativas ante la crisis de la 'distri'.


Si bien el florero de Llorente que desató la indignación de la comunidad universitaria reposa en los acuerdos 008 y 009, bajo el sol de hoy estos son solo dos momentos más dentro del debate, que empieza a tomar tintes más críticos y radicales, que repara no sólo en los acuerdos, sino que reconoce la necesidad de reformar la Universidad en toda sus esferas, abordando con seriedad y sinceridad sus principales problemas, tanto administrativos y económicos así como académicos y políticos, razón suficiente para comprender el porqué de la suspensión y no derogación de los acuerdos lo que antes que despertar confianza en quienes protestan detona incertidumbres dentro de la comunidad universitaria.


Es importante destacar, para alimentar el análisis, que en medio de los debates en curso avanza la construcción de alternativas de reforma para "la universidad de los capitalinos". En tales debates está en proceso un oportuno ejercicio de sistematización de las principales propuestas y alternativas de reformas y de re-estructuración de la Universidad, levantadas en los últimos años tanto por estudiantes como por trabajadores y profesores, propuestas hasta ahora desconocidas por las directivas de la 'distri', ejercicio re-constructor de la memoria que por un lado revela el carácter profundamente antidemocrático sobre el cual las directivas (atrincheradas en su Consejo Superior) han defendido el horizonte impuesto por ellos para este centro de estudios, y por otro lado es elemento determinante para el desarrollo de la disputa llevada a cabo en la misma, tanto para nutrirla de cotenidos críticos como para arrojar insumos que permitan re-pensar su crisis y sus posibles alternativas.


Frente a esta situación, debemos preguntarnos: ¿Será esta Universidad un ejemplo y un referente de construcción alternativa que desde su particularidad aborde y brinde una salida a los problemas generales de la educación superior pública en Colombia? Sino es así, ¿Qué hace falta para que esto ocurra?

 

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Univerisidad Distrital ¿Poder constituyente?

Periódico desdeabajo Nº201, 20 de abril - 20 de mayo de 2014

Publicado en Colombia
Jueves, 22 Mayo 2014 08:43

Dos por dos

La sociedad colombiana asiste a una campaña electoral que no logra despertar más que bostezos. La pobreza y similitud programática de los principales candidatos recuerda que la crisis de la política tradicional, en la era del neoliberalismo, es universal, y entre nosotros no podría ser distinto. Gobiernan para sus intereses y por tanto no tienen que esforzarse en imaginar nada. Simplemente copian los recetarios de las agencias internacionales.

 

Pese a esto, hay disputas, diferencias, matices, que permiten la fuga de información y el develamiento de verdades. Una de ellas, que todos estamos espiados. Vivimos en una sociedad vigilada y controlada, no hay duda, ello sucede en el nivel global y Colombia no es la excepción de la regla. Así lo evidenció el caso Andrómeda, agencia de inteligencia del ejército colombiano, puesta al descubierto en febrero pasado, y ahora lo ratifica el 'control de redes' realizado por el 'asesor informático' (¡qué tal el eufemismo!) de la campaña de Óscar Iván Zuluaga, cuyos seguimientos incluían hasta al presidente Santos.

 

No es un hecho cualquiera, pero tampoco es novedad sino una reafirmación: entramos en una nueva fase de guerra preventiva y control social donde el Estado prosigue su deformación como monstruo todopoderoso al que las tecnologías desarrolladas en las últimas décadas le permiten desmanes de todo tamaño. En la supuesta acción preventiva que despliega, el espionaje asume nuevos ribetes y posibilidades, y en el control del territorio llega la ciberguerra.

 

Ya lo habían develado Snowden y Assange, cuyas revelaciones sobre la capacidad tecnológica y las andanzas de la NSA dejaron al descubierto que el derecho a la privacidad llegó a su fin, y que el control de todos los ciudadanos del mundo es una realidad que se puede traducir en muerte o violación de cualquier derecho humano cuando así lo decida este superpoderoso organismo de espionaje de los Estados Unidos. Los agentes secretos, las máquinas de vuelo automático e inteligencia artificial, y otras tecnologías aplicadas a diversas herramientas de guerra, manejadas y teledirigidas por 'personal profesional', hacen lo demás.

 

En Colombia son conocidas tales aplicaciones, facilitadas por la estrecha relación que las fuerzas armadas oficiales mantienen desde décadas atrás con sus pares de Estados Unidos, traducida en la transferencia de ciertos métodos, prácticas, técnicas y tecnologías. La última fase de esta transferencia, de manera abultada, ocurrió bajo el paraguas del Plan Colombia. El caso Raúl Reyes, más otros ataques dirigidos vía satelital contra la insurgencia, reafirman lo anotado.

 

Estamos ante esos contundentes como espionaje desbordado, control y seguimiento de la ciudadanía como si fuéramos agentes de un ejército invasor. Lo ocurrido ahora, en plena campaña electoral para la presidencia de la república, reafirma de bulto que las agencias de inteligencia del Estado actúan a mano libre por doquier. Ahora, con un nuevo expediente: retoman el peligroso esquema de los contratistas privados, en este caso mercenarios de la ciberguerra dispuestos a concretar las tercerizadas tareas ilegales de la inteligencia militar y política.

 

Y los efectos pesan. En el afán de controlar el poder desprendido de la máquina estatal, el acumulado de inteligencia sirvió para presionar la renuncia de J.J. Rendón, asesor de la campaña de Juan Manuel Santos, y con él la de Germán Chica, integrante de la primera contienda de Santos, exalto Consejero presidencial de Asuntos Políticos y exintegrante de la Fundación Buen Gobierno, actuando, según la contraparte, como mensajeros de la mafia y los paramilitares.

 

El golpe fue directo y sin miramientos, tratando de descuadernar la campaña del presidente-candidato. La información que produjo este resultado le recordó a todo el país que la relación de la oligarquía con las mafias del narcotráfico es histórica y estas no están dispuestas a romperla, utilizándola para financiar campañas electorales y para multiplicar patrimonios familiares de históricos del poder o de recién llegados. Los millones de dólares no solamente ofrecidos sino entregados –según sus mismos donantes, Combas y demás– también recuerdan que la democracia colombiana está degradada en todos sus ribetes, y que la acción electoral sigue controlada por quien más tiene y más compra: "democracia del billete", provenga de donde provenga el corruptor de las 'mejores mentes'.

 

Inteligencia, guerra y diálogos de paz

 

La inteligencia es acumulada, seleccionada, procesada y utilizada cuando lo consideran necesario. No pasaron muchas horas, y aún mareada la campaña reeleccionista, cuando mostró para qué sirve el Estado y cómo se utilizan sus instituciones: develaron que uno de los supuestos 'técnicos' en redes sociales, asesor en la campaña del candidato Óscar Iván Zuluaga, era un espía. Al allanar su sede encontraron información diversa: sobre la Policía, los desmovilizados de las farc, periodistas, así como reportes de comunicaciones de personas vinculadas de manera directa con los diálogos de La Habana, y parece que mucho más. El responsable de todo este manejo, Andrés Fernando Sepúlveda, y con él su jefe, el principal asesor de Zuluaga, Luis Alfonso Hoyos, cayeron en desgracia. Golpe por golpe.

 

A la denuncia le siguió la propaganda, sobre todo en este último caso, que logró el eco de las grandes cadenas de comunicación, tomado como bandera por parte de la campaña cuasiestatal para despertar miedos sobre una posible interrupción de los diálogos de La Habana, en caso de triunfar el candidato en cuerpo ajeno, es decir, buscando despertar temor en la sociedad y lograr la movilización del voto útil. En esta, hasta la Fiscalía misma sirve como parlante de los propósitos santistas. ¿Un Estado de bolsillo? Y las farc, como en el 82 con Belisario Betancur, y en el 98 con Andrés Pastrana, terminan actuando –pero también utilizadas– como el factor fundamental de la campaña.

 

Las reacciones van y vienen. Las dos campañas electorales quedan enfrascadas en un mar de denuncias que reflejan la mediocridad de la política oficial colombiana, en la cual los debates programáticos brillan por su ausencia e inexistencia, con el ridículo ejemplo de la negativa a concitar un debate nacional televisado entre los candidatos, recordándole al país que cualquiera que llegue a la Presidencia no variará significativamente el libreto. Sí, habrá matices, pero lo sustancial será idéntico, incluida la negociación de paz, la cual ya hace parte de una política de alto gobierno que no se podrá romper, aunque ello no niegue que en el manejo de la Mesa, en los tiempos y ritmos, sí brillarán particularidades, sobre todo intentando sacarle el mejor provecho a la negociación, es decir, buscando someter al contrario. La guerra sigue: esta es parte de la metodología impuesta por el actual gobierno en los diálogos en curso, desplegando todos los días en su potenciación lo mejor de la tecnología cibernética y el control de comunicaciones de punta, y con ellas las redes sociales, bajo seguimiento constante de las agencias oficiales o de mercenarios, como ahora surge a la luz pública.

 

De parte de los otros candidatos, sólo silencio y estupor, sin capacidad para romper el libreto impuesto, quedando como fichas de negociación para la anunciada segunda vuelta.

Publicado en Colombia
Miércoles, 21 Mayo 2014 10:24

Dos por dos

La sociedad colombiana asiste a una campaña electoral que no logra despertar más que bostezos. La pobreza y similitud programática de los principales candidatos recuerda que la crisis de la política tradicional, en la era del neoliberalismo, es universal, y entre nosotros no podría ser distinto. Gobiernan para sus intereses y por tanto no tienen que esforzarse en imaginar nada. Simplemente copian los recetarios de las agencias internacionales.

 

Pese a esto, hay disputas, diferencias, matices, que permiten la fuga de información y el develamiento de verdades. Una de ellas, que todos estamos espiados. Vivimos en una sociedad vigilada y controlada, no hay duda, ello sucede en el nivel global y Colombia no es la excepción de la regla. Así lo evidenció el caso Andrómeda, agencia de inteligencia del ejército colombiano, puesta al descubierto en febrero pasado, y ahora lo ratifica el 'control de redes' realizado por el 'asesor informático' (¡qué tal el eufemismo!) de la campaña de Óscar Iván Zuluaga, cuyos seguimientos incluían hasta al presidente Santos.

 

No es un hecho cualquiera, pero tampoco es novedad sino una reafirmación: entramos en una nueva fase de guerra preventiva y control social donde el Estado prosigue su deformación como monstruo todopoderoso al que las tecnologías desarrolladas en las últimas décadas le permiten desmanes de todo tamaño. En la supuesta acción preventiva que despliega, el espionaje asume nuevos ribetes y posibilidades, y en el control del territorio llega la ciberguerra.

 

Ya lo habían develado Snowden y Assange, cuyas revelaciones sobre la capacidad tecnológica y las andanzas de la NSA dejaron al descubierto que el derecho a la privacidad llegó a su fin, y que el control de todos los ciudadanos del mundo es una realidad que se puede traducir en muerte o violación de cualquier derecho humano cuando así lo decida este superpoderoso organismo de espionaje de los Estados Unidos. Los agentes secretos, las máquinas de vuelo automático e inteligencia artificial, y otras tecnologías aplicadas a diversas herramientas de guerra, manejadas y teledirigidas por 'personal profesional', hacen lo demás.

 

En Colombia son conocidas tales aplicaciones, facilitadas por la estrecha relación que las fuerzas armadas oficiales mantienen desde décadas atrás con sus pares de Estados Unidos, traducida en la transferencia de ciertos métodos, prácticas, técnicas y tecnologías. La última fase de esta transferencia, de manera abultada, ocurrió bajo el paraguas del Plan Colombia. El caso Raúl Reyes, más otros ataques dirigidos vía satelital contra la insurgencia, reafirman lo anotado.

 

Estamos ante esos contundentes como espionaje desbordado, control y seguimiento de la ciudadanía como si fuéramos agentes de un ejército invasor. Lo ocurrido ahora, en plena campaña electoral para la presidencia de la república, reafirma de bulto que las agencias de inteligencia del Estado actúan a mano libre por doquier. Ahora, con un nuevo expediente: retoman el peligroso esquema de los contratistas privados, en este caso mercenarios de la ciberguerra dispuestos a concretar las tercerizadas tareas ilegales de la inteligencia militar y política.

 

Y los efectos pesan. En el afán de controlar el poder desprendido de la máquina estatal, el acumulado de inteligencia sirvió para presionar la renuncia de J.J. Rendón, asesor de la campaña de Juan Manuel Santos, y con él la de Germán Chica, integrante de la primera contienda de Santos, exalto Consejero presidencial de Asuntos Políticos y exintegrante de la Fundación Buen Gobierno, actuando, según la contraparte, como mensajeros de la mafia y los paramilitares.

 

El golpe fue directo y sin miramientos, tratando de descuadernar la campaña del presidente-candidato. La información que produjo este resultado le recordó a todo el país que la relación de la oligarquía con las mafias del narcotráfico es histórica y estas no están dispuestas a romperla, utilizándola para financiar campañas electorales y para multiplicar patrimonios familiares de históricos del poder o de recién llegados. Los millones de dólares no solamente ofrecidos sino entregados –según sus mismos donantes, Combas y demás– también recuerdan que la democracia colombiana está degradada en todos sus ribetes, y que la acción electoral sigue controlada por quien más tiene y más compra: "democracia del billete", provenga de donde provenga el corruptor de las 'mejores mentes'.

 

Inteligencia, guerra y diálogos de paz

 

La inteligencia es acumulada, seleccionada, procesada y utilizada cuando lo consideran necesario. No pasaron muchas horas, y aún mareada la campaña reeleccionista, cuando mostró para qué sirve el Estado y cómo se utilizan sus instituciones: develaron que uno de los supuestos 'técnicos' en redes sociales, asesor en la campaña del candidato Óscar Iván Zuluaga, era un espía. Al allanar su sede encontraron información diversa: sobre la Policía, los desmovilizados de las farc, periodistas, así como reportes de comunicaciones de personas vinculadas de manera directa con los diálogos de La Habana, y parece que mucho más. El responsable de todo este manejo, Andrés Fernando Sepúlveda, y con él su jefe, el principal asesor de Zuluaga, Luis Alfonso Hoyos, cayeron en desgracia. Golpe por golpe.

 

A la denuncia le siguió la propaganda, sobre todo en este último caso, que logró el eco de las grandes cadenas de comunicación, tomado como bandera por parte de la campaña cuasiestatal para despertar miedos sobre una posible interrupción de los diálogos de La Habana, en caso de triunfar el candidato en cuerpo ajeno, es decir, buscando despertar temor en la sociedad y lograr la movilización del voto útil. En esta, hasta la Fiscalía misma sirve como parlante de los propósitos santistas. ¿Un Estado de bolsillo? Y las farc, como en el 82 con Belisario Betancur, y en el 98 con Andrés Pastrana, terminan actuando –pero también utilizadas– como el factor fundamental de la campaña.

 

Las reacciones van y vienen. Las dos campañas electorales quedan enfrascadas en un mar de denuncias que reflejan la mediocridad de la política oficial colombiana, en la cual los debates programáticos brillan por su ausencia e inexistencia, con el ridículo ejemplo de la negativa a concitar un debate nacional televisado entre los candidatos, recordándole al país que cualquiera que llegue a la Presidencia no variará significativamente el libreto. Sí, habrá matices, pero lo sustancial será idéntico, incluida la negociación de paz, la cual ya hace parte de una política de alto gobierno que no se podrá romper, aunque ello no niegue que en el manejo de la Mesa, en los tiempos y ritmos, sí brillarán particularidades, sobre todo intentando sacarle el mejor provecho a la negociación, es decir, buscando someter al contrario. La guerra sigue: esta es parte de la metodología impuesta por el actual gobierno en los diálogos en curso, desplegando todos los días en su potenciación lo mejor de la tecnología cibernética y el control de comunicaciones de punta, y con ellas las redes sociales, bajo seguimiento constante de las agencias oficiales o de mercenarios, como ahora surge a la luz pública.

 

De parte de los otros candidatos, sólo silencio y estupor, sin capacidad para romper el libreto impuesto, quedando como fichas de negociación para la anunciada segunda vuelta.

Publicado en Edición Nº202
Domingo, 27 Abril 2014 14:05

Dilma Rousseff y su océano de problemas

Ya en la primaria se enseña que una isla es un pedazo de tierra cercado de agua por todos lados. Pues en Brasil, la presidenta Dilma Rousseff es una isla a su manera: un gobierno cercado de problemas por todos lados. Y más: cada semana aparecen nuevos problemas, y su conjunto ya forma todo un océano.

 

Hay denuncias de corrupción que se renuevan y se lastran. Cuando faltan menos de dos meses para el Mundial de Futbol, el cuadro de la organización del evento es, en la mejor de las hipótesis, asustador. La previsión no es nada buena. El mismo estadio donde se disputará el partido inaugural sólo estará listo a menos de una semana del comienzo del torneo. Se confirmó que los aeropuertos tampoco estarán dispuestos. Habrá improvisaciones variadas en casi todas las 12 ciudades que abrigarán el campeonato.

 

Se da por descartado que ocurrirán manifestaciones violentas. El gobierno asegura que las fuerzas armadas se encargarán de mantener a los manifestantes lejos de los estadios. O sea, habrá violencia por doquier, pero nada impedirá la realización de los partidos.

 

La violencia, a propósito, volvió a estallar en Río de Janeiro, con nuevos y feroces enfrentamientos entre habitantes de las favelas y la policía militar. La política de seguridad pública aplicada en la ciudad, con la ocupación de las favelas por la policía militar, está en jaque. Los habitantes de esos asentamientos acusan a los policías de ser excesivamente violentos y de estar en connivencia con los narcotraficantes.

 

En Sao Paulo aumentó considerablemente el número de asaltos, robos y asesinatos. En Salvador de Bahía, una huelga de la policía militar transformó la ciudad en presa fácil de asaltantes, saqueadores y asesinos. Los policías amenazan con una nueva huelga en pleno mundial.

 

Hay más: la economía crece menos que lo esperado, mientras la inflación presiona más y más. El resultado, según la opinión pública, es vivir bajo una inflación mayor de la que el gobierno admite.

 

A la vez, dentro de la desigual y muchas veces inexplicable alianza de partidos que apoyan al gobierno, las disputas persisten. Cada tanto hay brotes de rebelión contra Rousseff, y para controlarlos la única salida es conceder más y más prebendas. Hay un permanente ciclo de chantajes a los que el gobierno está sometido.

 

También dentro del Partido de los Trabajadores (PT) se nota una creciente división entre dilmistas y lulistas. Pese a las mil y una veces que Lula da Silva aseguró que no existe la mínima posibilidad de presentarse en lugar de Dilma, en el PT las corrientes que defienden el lema Vuelve, Lula persisten en sus presiones. Tal posibilidad efectivamente es nula, pero significa más desgaste para la presidenta.

 

Es verdad que las encuestas de opinión pública indican que Dilma sigue como franca favorita, con amplias posibilidades de relegirse en la primera vuelta. Eso, en todo caso, se debe más a la inmovilidad de los dos adversarios, Aécio Neves, del mismo Partido Socialdemócrata Brasileño del ex presidente Fernando Henrique Cardoso, y Eduardo Campos, del Partido Socialista Brasileño, que hasta hace pocos meses ha sido uno de los más leales aliados del PT y de Lula da Silva, pero que rompió lazos con Rousseff y su gobierno. En los últimos sondeos, mientras los dos no crecieron nada, Dilma perdió seis puntos.

 

Otro aspecto relevante es que 64 por ciento de los entrevistados afirman desear un cambio en la manera de gobernar el país.

 

Dilma basará su campaña en los logros alcanzados, pero seguramente abrirá espacio para anunciar cambios. Para sus adversarios, el discurso viene listo: hay que cambiar todo...

 

En al menos un aspecto, Eduardo Campos podrá tener cierta ventaja sobre el otro candidato opositor. Es que mientras Aécio Neves dispara su ametralladora giratoria contra el PT, contra Lula y, por supuesto, contra Dilma, Campos prefiere centrar fuego en la actual mandataria, insinuando que ella desvirtuó el buen trabajo del popularísimo antecesor, traicionando la confianza del electorado.

 

Falta mucho camino hasta que, a mediados de julio y coincidiendo con el final del mundial, la campaña empiece en serio. Pero está claro que la relección de Dilma se aleja cada vez más del paseo tranquilo que parecía ser hace pocos meses.

 

Por más que nadie ponga en duda su integridad y su honestidad personal, la imagen de la gestora severa y eficaz sufre nuevos desgastes de manera seguida.

 

De ahora en adelante, y de manera creciente, para Rousseff cada semana será un nuevo periodo de tensiones y expectativas.

 

Es como si de una hora a otra el blindaje que parecía sólido para retener todos los votos necesarios para una relección segura se abriese exhibiendo varias fisuras.

 

La inflación creciente corre por un lado, los escándalos de corrupción irrumpen aquí y allí, los conflictos entre aliados abren nuevos agujeros, y hay que ver si Dilma y sus estrategas serán hábiles lo suficiente para impedir que el blindaje se rompa mucho y deje escapar toneladas de votos. Esa es la apuesta de la oposición.

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Jueves, 17 Abril 2014 06:03

Italia pasó una ley antimafia

Con la nueva ley, aprobada ayer, no serán condenados sólo quienes reciban dinero de las mafias, como hasta ahora, sino también quienes las favorezcan directa o indirectamente o reciban favores, aun sin recibir ni un centavo.

 

Volaron insultos de todo tipo ayer en el Senado italiano. Dos senadores fueron expulsados de la sesión. Y las fotos de Silvio Berlusconi, del presidente de la República, Giorgio Napolitano, y del primer ministro, Matteo Renzi, con una boina siciliana en la cabeza, fueron enarboladas como símbolos mafiosos por el Movimiento Cinco Estrellas. Los grillinos, como se los llama por su líder Beppe Grillo, acusaron a los tres personajes y a los miembros del Senado de no haber incorporado ciertos puntos que ellos querían por estar complotados con las mafias. Al final, una nueva ley electoral fue aprobada por 191 votos a favor y 32 en contra del M5S y de los racistas de la Liga Norte.


Se trata de un texto, que está vigente desde ayer y que en consecuencia se aplicará en ocasión de las candidaturas para las elecciones europeas de mayo, que castiga el intercambio de favores entre políticos y mafiosos. Un mal muy viejo en Italia, surgido sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial cuando Italia se transformó en una República y que arrastraba resabios del período bélico, cuando los aliados, que desembarcaron contra Mussolini en Sicilia, contaron con la ayuda de Cosa Nostra. La mafia siciliana, además, votaba religiosamente a la Democracia Cristiana, un partido católico como ella que gobernó este país por casi 40 años ininterrumpidamente, muchos de cuyos exponentes han sido procesados por complicidad con la mafia posteriormente.


Don Ciotti, un sacerdote que desde hace años lucha contra la mafia en Sicilia, calificó a la nueva ley como "una buena noticia" y, también, los líderes del gobernante Partido Democrático. La senadora Anna Finocchiaro, por ejemplo, comentó por televisión que "por ganar algunos votos el M5S usa mentiras, mistificaciones, falsedades". Otros calificaron como "vergonzoso" el comportamiento de los parlamentarios grillinos porque, subrayaron, hace 20 años que se discute esta ley y ahora que se logró, ellos votan en contra.


Pero en algo tienen razón los grillinos, ya que la penas contra estos delitos fueron disminuidas para ciertos casos respecto de un proyecto de ley precedente, aspecto que también criticó la asociación antimafia Libera de Don Ciotti. "Podría haber sido mejor, pero de todas maneras había que aprobarla", comentó el ex juez y hoy senador del PD Felice Casson. Antonio Di Pietro, también ex juez de Manos Limpias, como se llamó la gran campaña anticorrupción de la década del 1990, y fundador de Italia de los Valores, comentó algo similar: "Se podía haber hecho mejor, pero de todas maneras es un paso adelante".


La asociación entre políticos y mafiosos es un viejo mal en Italia. Pero en la segunda década del siglo XXI sigue existiendo. Es una enfermedad que ha afectado a muchos políticos de las regiones con mayor penetración mafiosa como Sicilia, Calabria, Apulia y Nápoles. Los candidatos piden los votos de las mafias para ser elegidos, a cambio de favores. Pueden ser contratos con empresas del Estado en caso de ganar las elecciones, licitaciones para la construcción de puentes o carreteras, y muchas cosas más. Pero también financiación de campañas electorales, viajes, etc. Así como por ejemplo, la autopista que va de Nápoles a Calabria que hace más de 20 años que está en construcción vaya a saber por qué acuerdos políticos-mafiosos. Pero nadie se hace cargo de los problemas que ocasiona a todos los viajeros. Con la nueva ley no serán condenados sólo quienes reciban dinero de las mafias, como hasta ahora, sino también quienes la favorezcan directa o indirectamente o reciban favores, aun sin recibir ni un centavo.


En Italia hay cuatro mafias famosas, la tradicional Cosa Nostra de Sicilia; la emergente 'Ndrangheta de Calabria, que controla buena parte del tráfico de cocaína en Europa; la poderosa camorra de Nápoles, que controla todo el tráfico ilegal de productos de marcas famosas falsificadas y también tráficos de drogas varias, y la Sacra Corona Unida de Apulia (sur), la menos importante y menos extendida.

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Martes, 15 Abril 2014 05:44

Brasil, un pozo de escándalos

El pasado viernes, la policía federal brasileña llegó al imponente edificio de Petrobras, la estatal de petróleo, en el centro de Río de Janeiro. La recibió Graça Foster, presidente de la mayor empresa del país y que, en su momento, alcanzó a ser una de las diez mayores petroleras del mundo (hoy no está más entre las veinte). La federal buscaba un más que sospechoso contrato por valor de unos 180 millones de dólares. La empresa, dijo el vocero de la policía, "colaboró voluntariamente y presentó toda la documentación requerida".


Ha sido la primera vez en los más de sesenta años de Petrobras que la policía entró en su sede para investigar contratos sospechosos. Y ha sido un paso más en la fuerte escalada de escándalos que involucran a la empresa. Uno de sus antiguos directores está en la cárcel, respondiendo a una amplia y vasta colección de acusaciones, que van de asociación ilícita con un "dolero" (que es como llaman en Brasil a los operadores de remesas ilegales de dólares al exterior) a cobrar comisión sobre negocios de la estatal.


Hay, sin ninguna sombra de duda, una intención política muy clara en el cerco armado alrededor de Petrobras: alcanzar a Dilma Rou-sseff, a Lula da Silva y al Partido de los Trabajadores (PT). En relación con Dilma, a nadie se le ocurriría intentar levantar sospechas sobre su honestidad. Lo que sí se intenta es desmontar su imagen de gestora austera y eficaz. Como ministra primero de Minas y Energía de Lula, y después de la Casa Civil (a quien corresponde coordinar a todo el gabinete ministerial), y como presidente ahora, Dilma no se habría dado cuenta de negocios por lo menos desastrosos (y con fuertísimos indicios de corrupción) llevados a cabo por Petrobras. En relación con Lula, se lo acusa de haber copado la empresa con cuadros del PT que la transformaron en un pozo de escándalos.


La oposición y parte de los siempre dudosos aliados del gobierno intentan crear una CPI (Comisión Parlamentaria de Investigación) para examinar la compra, en 2006 y por un precio final de 1200 millones de dólares, de una refinería en Texas que había sido comprada, un año antes, por 45 millones.


Pero una amplia y profunda investigación de la policía federal sobre un "dolero", acusado de evasión de divisas, fraude fiscal y corrupción junto a órganos del gobierno, llevó a la detención de uno de sus socios, quien hasta 2012 fue uno de los directores de Petrobras, Paulo Roberto Costa. Así la olla empezó a ser destapada y emergió una montaña de escándalos.


Todavía es temprano para saber hasta qué punto todo eso perjudicará la campaña de Rousseff a la reelección. Los sondeos más recientes apuntan a una fuerte caída (seis puntos) de la actual presidenta en su marcha rumbo a la reelección. Ninguno de sus adversarios, sin embargo, se benefició con esa caída, y Dilma sigue favorita para ser reelegida ya en la primera vuelta.


En relación con Petrobras, en todo caso, el daño ya es palpable. La imagen de la empresa, que por décadas fue orgullo nacional, ha sido dañada de manera indiscutible. Además de la compra nebulosa de la refinería de Pasadena, Texas, que puede haber provocado pérdidas irrecuperables, quedó claro que la gestión del PT en la empresa ha sido como mínimo desastrosa. Un complicado e intrincado esquema de negocios extraños se amplía a cada paso de las investigaciones de la policía federal.


Igualmente visible –y palpable– es la motivación política que encubre toda esa historia. Al fin y al cabo, la compra de la refinería texana se dio en 2006. En 2008, Dilma, todavía ministra de la Casa Civil, vetó el negocio. Sin embargo, el contrato de asociación entre Petrobras y la petrolera belga Astra estaba tan escandalosamente mal hecho que la Justicia de Estados Unidos determinó que se consumase la compra.
¿Por qué sólo ahora toda esa historia llega al público? Por una sola razón: porque 2014 es año de elecciones generales.


Se roba mucho, en Brasil. Y en todos los gobiernos, sin excepción. Lo que ahora se denuncia en Petrobras no empezó con Lula y con el PT. Para no ir más lejos, en la primera presidencia de Fernando Henrique Cardoso, sobre cuya honestidad nadie tampoco podrá jamás levantar sospechas, el entonces presidente de Petrobras fue fulminado por sus negociados con proveedores de plataformas de explotación marítima de petróleo. En aquella ocasión, lo que se reveló fueron pérdidas superiores a lo de ahora.


La intención de esa nueva oleada de denuncias, queda claro, es corroer el PT de Lula y Dilma. Y ahí está el nudo de la cuestión: las gestiones del PT de Lula en Petrobras son fuente riquísima de desastres. No por casualidad, Dilma, desde su primer día como presidenta del país, empezó una operación de limpieza en la estatal. Por lo visto, había más mugre de lo que se suponía. Y todo indica que se está en el comienzo de una larga y fea historia.

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En 1929, después del estallido de la Gran Depresión, fue común que los banqueros se arrojaran de los rascacielos de Wall Street. Ochenta y cinco años más tarde los banqueros se suicidan en forma extraña cuando las bolsas de Wall Street y la City han roto el récord de las cotizaciones en forma antigravitatoria. ¿Se trata de siniestros suicidios forward: que se adelantan a las cotizaciones del futuro?
Nueve suicidios en 25 días no es normal y Zero Hedge (24/2/14) realiza su recuento macabro:


1) William Broeksmit, de 58 años, anterior prominente ejecutivo de Deutsche Bank AG, el 26 de enero fue hallado colgado en su lujosa casa en el suburbio exclusivo de South Kensington (Londres).


2) Un día después, Karl Slym, de 51 años, director de Tata Motors (India), fue hallado muerto en el cuarto piso del lujoso hotel Shangri-La de Bangkok.


3) El mismo día, Gabriel Magee, de 39 años y vicepresidente de JP Morgan, se cayó del último piso de la matriz europea en Londres, en la zona cotizada de Canary Wharf (nota: desarrollo del polémico constructor israelí-canadiense Paul Reichmann, socio del megaespeculador George Soros en la Torre Mayor del DF).


4) Mike Dueker, de 50 años, anterior economista en jefe de la Reserva Federal y luego del banco de inversiones Russell de Estados Unidos, fue hallado muerto en un aparente suicidio cerca del puente Tacoma Narrows (estado de Washington).


5) Richard Talley, de 57 años, fundador de la hipotecaria American Title Services en Centennial (Colorado), fue encontrado muerto a principios de febrero después de haberse disparado.


6) Tim Dickenson, director de comunicaciones de la aseguradora suiza Re AG, con sede en Gran Bretaña (GB), falleció en circunstancias aún no esclarecidas.


7) Ryan Henry Crane, veterano ejecutivo durante 37 años en el banco de inversiones JP Morgan, se suicidó hace unas semanas. No existen detalles salvo su obituario en el Stanford Daily Voice.


8) Li Junjie, banquero de 33 años en Hong Kong, saltó de la matriz de JP Morgan en el centro bancario chino. Muy joven para suicidarse.


Y 9) James Stuart Jr., nativo de Lincoln, exitoso empresario y anterior director del National Bank of Commerce, con tres hijos y cuatro hijas, fue encontrado muerto, ignorándose la causa, en Scottsdale (Arizona) el 19 de febrero, según reportó The Journal Star.
Curioso: tres pertenecían a JP Morgan... What is going on?


En medio de la epidemia de suicidios de prominentes banqueros, el anterior secretario del Tesoro Tim Geithner comenta en su nuevo libro Stress test que "salvamos la economía... pero perdimos el país" (The Wall Street Journal, 25/2/14).


Tim Geithner se equivoca rotundamente porque el ingenuo y/o deliberado rescate de Obama –hoy bajo la férula de la banca israelí-anglosajona– salvó a los 13 banksters de Wall Street, mientras Estados Unidos se empina en su ruta entrópica e implosiva y la economía sigue estancada en su marasmo sin creación de empleos ni incremento de la productividad, a confesión misma del anterior gobernador de la Reserva Federal, Ben Shalom Bernanke.


En realidad, el sistema financierista de Estados Unidos y su bancocracia plutocrática –para no decir oligárquica/oligopólica, de acuerdo con la vieja clasificación economicista–, constituye la neoplasia maligna del siglo XXI que carcome al sistema productivo de Estados Unidos e invade con sus metástasis a los mercados emergentes dependientes del pernicioso modelo de la desregulada globalización centralbanquista/monetarista/neoliberal.


Howard Davies comenta sobre los bancos que deglutieron a la economía y, en forma perturbadora, relata que Mark Carney, gobernador del Banco de Inglaterra (el banco central de GB), sorprendió a su audiencia en una conferencia el año pasado al especular que los activos bancarios en Londres podían crecer más de nueve veces que el PIB de GB en 2050, basado en la simple extrapolación de dos tendencias: la profundización del financierismo global (crecimiento más rápido de los activos financieros que los de la economía real) y la prevalencia de Londres en su participación del negocio financiero global (léase: la tercera plaza financiera global detrás de Hong Kong, donde GB tiene una fuerte participación, y de Wall Street).


Davies no es cualquier improvisado y conoce perfectamente el sistema financierista de su país: profesor de ciencias políticas en París, primer jefe de la célebre FSA (Financial Service Authority) de GB, ex director de la célebre London School of Economics, ex vicegobernador del Banco de Inglaterra y ex director general de la Confederación de la Industria Británica.


Cita los ejemplos de Islandia e Irlanda, donde los bancos superaron la habilidad de sus gobiernos para apoyarlos cuando se necesitaba: el resultado fue desastroso. No comment.


Sustenta que la hipertrofia financiera daña la economía real al desviar los talentos y los recursos. Londres, como corazón del sistema financiero global, ha sido puesta en la picota y hasta Andy Haldane, uno de los lugartenientes de Mark Carney, ha cuestionado la contribución económica del sector financiero ("La contribución del sector financiero: ¿milagro o espejismo?"

Howard Davies cita dos recientes estudios estrujantes que ponen en tela de juicio la adicción al financierismo anglosajón que impone severos costos sociales: 1) El crecimiento de las finanzas modernas, de Robin Greenwood y David Scharfstein, de la Escuela de Negocios de Harvard; y 2) Stephen G. Cecchetti y Enisse Kharroubi, del Banco Internacional de Pagos (BIP: el banco central de los bancos centrales) aducen que un rápido crecimiento del sector financiero reduce el crecimiento de la productividad en otros sectores.


Stephen G. Cecchetti y Enisse Kharroubi "usaron una muestra de 20 países desarrollados (donde no viene México y extrañamente aparece España: una excrecencia británica) y encontraron una correlación negativa entre la participación del sector financiero en el PIB con la salud (sic) de la economía real (sic). También evidencian que las firmas de investigación intensiva sufren más cuando las finanzas están en auge.


El fundamentalismo financierista de Mark Carney se desplegó en homenaje al aniversario 125 del Financial Times con su ponencia El Reino Unido en el corazón de la renovada globalización (Bank of England, 24/10/13), meses después de que se habían adelantado Peña y Videgaray a obsequiar los hidrocarburos de México al mismo rotativo.


Howard Davies sentencia que si las finanzas continúan en capturar un número desproporcionado de las mejores y más brillantes mentes, no existirá manufactura británica en el 2050 y aún menos firmas de alta tecnología que ahora. Concluye en forma sarcástica que la excesiva dependencia en el sector financiero volátil probará ser tan poco confiable como sus pronósticos lo han sido sobre el desempleo. Luego preguntan la razón por la cual cunden los suicidios entre los nigromantes banqueros anglosajones.


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Si hay una herida que aún no ha cerrado el expresidente conservador Andrés Pastrana es la derrota sufrida a manos del liberal Ernesto Samper en las elecciones de 1994, a quien la mafia de Cali financió su campaña a la presidencia, pero por la que el político salió indemne y pudo asumir su mandato. La financiación a Samper desató la peor crisis de la historia política de Colombia que se conoció como el Proceso 8.000.

 

Pero ese capítulo parece no haberse cerrado. Así lo dejó en evidencia Pastrana con el lanzamiento de su libro Memorias olvidadas, una serie de relatos periodísticos sobre su vida política y que ya desató una nueva tormenta mediática.


Lo primero que hizo Pastrana fue revelar el nombre de la persona que le entregó los llamados narcocasetes, unas interceptaciones telefónicas al capo Miguel Rodríguez Orejuela con uno de sus relacionistas públicos, en las que confirmaba la entrada de dinero de los narcotraficantes a las campañas presidenciales de 1994. Se trata de un oficial de la policía, el teniente coronel Carlos Barragán, quien en ese momento trabajaba como miembro de uno de los organismos de inteligencia que perseguía al cartel de Cali.


Con esta revelación, Pastrana insinuó que el gobierno sabía que los narcotraficantes de Cali estaban aportando dineros a la campaña de Samper porque miembros de sus organismos de inteligencia fueron los que interceptaron las llamadas que lo confirmaban.


Pastrana sostiene en su libro que, por consejo de su padre, el expresidente conservador Misael Pastrana, le llevó las grabaciones al entonces presidente César Gaviria antes de realizarse las elecciones presidenciales, quien lo atendió con su ministro de Defensa, Rafael Pardo. La cita se dio en el palacio presidencial, donde Pastrana pidió una grabadora para reproducir las grabaciones y contó que luego de escucharlas, Gaviria y Pardo se miraron entre sí sorprendidos por el hecho de que él tuviera los casetes, "como si ya supieran de ellos", contó ante un auditorio que congregó a políticos y antiguos colaboradores de su administración (1998-2002). "Aquí hemos hablado de que Samper sabía, porque lógicamente él recibió el dinero. Se ha hablado de que los (narcotraficantes) Rodríguez Orejuela sabían, porque ellos dieron dinero. Pero el eslabón perdido del Proceso 8.000 es Cesar Gaviria", agregó.

 

Gaviria reaccionó la mañana del viernes acusando a Pastrana de no haber tenido el coraje para denunciar la filtración del dinero de la mafia, ya que en las grabaciones se mencionaba a las dos campañas (la suya y la de Samper). "El cuento del eslabón perdido no lo entiendo, sino como el remordimiento que debe acompañar al doctor Pastrana de no haber tenido el coraje para poner en conocimiento de los electores las grabaciones antes de la elección presidencial y no con posterioridad al certamen electoral", dijo Gaviria en una rueda de prensa.
Además agregó que lamentaba las declaraciones del expresidente "tan reñidas con la verdad y que fue incapaz de poner en conocimiento de las autoridades y de los medios solo veinte años después". Dijo también que Pastrana "no aporta pruebas sino afirmaciones mentirosas. Yo tengo mi conciencia tranquila sobre la rectitud de mi conducta y no estoy seguro de si algún día no aparezcan las pruebas que vinculen la campaña de Andrés Pastrana con el cartel de Cali como lo mencionan las grabaciones", con lo que insinuó que también quedaron pendientes las investigaciones sobre la posible financiación de la mafia a la candidatura de Pastrana.


El expresidente también reveló en su libro, el facsímil de una carta fechada el 12 de junio de 2000 –que mantiene en una caja de seguridad– en la que los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela le confirman que financiaron la campaña de Ernesto Samper, quien finalmente fue absuelto por la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.


"Si bien es cierto que en algún momento de nuestras vidas cometimos el error de contribuirle al señor Ernesto Samper Pizano y a sus más inmediatos colaboradores, con el dinero para su campaña presidencial, no fue a sus espaldas ni mucho menos a espaldas de los directivos de la campaña como lo pregonan en las plazas públicas", dice una parte de la carta.


Otra revelación que hace Pastrana en su libro es que sostuvo un encuentro con el capo del Cartel de Medellín, Pablo Escobar Gaviria, cuando fue secuestrado por siete días en 1998. Allí, en medio de un ambiente tenso, se encontró cara a cara con el narcotraficante con quien discutió de la extradición, el negocio de las drogas, de las bombas y hasta de la familia.


Pastrana relató que en un posterior encuentro con uno de los lugartenientes de Escobar, Jhon Jairo Velásquez alias Popeye, este le contó que el político liberal Alberto Santofimio Sarmiento le había pedido al capo del cartel de Medellín que lo asesinara porque podía llegar a ser presidente y sería un problema para los narcotraficantes, que en ese momento enfrentaban al Estado que los perseguía para extraditarlos. Popeye le aseguró al político conservador que Escobar no dio la orden porque le servía más vivo que muerto.


Otra revelación que hizo Pastrana en su libro fue que al finalizar su gobierno, en 2002, fue el mediador de una reunión secreta entre Bill Clinton, que ya no era presidente de EEUU y el canciller de Cuba, Felipe Pérez Roque. El exmandatario colombiano contó que aprovechando que se realizaba en Cartagena una cumbre de empresarios a la que asistía Clinton y otra reunión con Pérez Roque para evaluar acercamientos con el Ejército de Liberación Nacional, este último le pidió que mediara en el encuentro del que nadie podía enterarse. "El encuentro fue marcadamente amistoso y el expresidente estaba en verdad satisfecho de compartir con el cubano", dice en su libro.

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