El rey de Marruecos, Mohamed VI, el difunto presidente del Banco Santander, vedettes del mundo del espectáculo, múltiples sociedades privadas... habrían encomendado a este banco la misión de disimular ante el fisco y a la justicia de sus respectivos países una parte de sus ingresos.

 

El banco Hsbc ha vuelto al primer plano de la actualidad. Según las informaciones publicadas por varios medios de prensa el lunes 9, se habrían transferido cuentas a Ginebra por valor de 1.806 millones de euros entre el 9 de noviembre de 2006 y el 31 de marzo de 2007 (es decir, ¡en menos de cinco meses!). El rey de Marruecos, Mohamed VI, el difunto presidente del Banco Santander, vedettes del mundo del espectáculo, múltiples sociedades privadas... habrían encomendado a este banco la misión de disimular ante el fisco y a la justicia de sus respectivos países una parte de sus ingresos.


Las siglas Hsbc significan Hong Kong and Shanghai Banking Corporation. El grupo mundial Hsbc empleaba a 260 mil personas en 2014, está presente en 75 países y declara 54 millones de clientes. Desde sus orígenes ha estado mezclado con el comercio internacional de drogas duras. En efecto, fue fundado siguiendo la estela de la victoria británica contra China en las dos guerras del opio (1839-1842 y 1856-1860). Esas dos guerras jugaron un papel decisivo en el refuerzo del imperio británico y en la marginación de China, que duró alrededor de siglo y medio.


En el curso de esas dos contiendas el Reino Unido logró imponer a China la aceptación de las exportaciones británicas de opio provenientes de India (que formaba parte del imperio británico). China intentó oponerse al comercio del opio pero las armas británicas, con el apoyo de Washington, se impusieron. Londres creó una colonia en Hong Kong y, en 1865, fue fundado el Hong Kong and Shanghai Banking Corporation por un comerciante escocés especia¬lizado en la importación de opio (entonces, el 70 por ciento del flete marítimo que pasaba por Hong Kong concernía al opio venido de India).


Desde ese momento la historia del banco ha seguido siempre estrechamente la política exte-rior del Reino Unido y los intereses de la gran patronal británica en Asia. Después de 1949 y la victoria de la China de Mao, el banco se replegó a Hong Kong, que permaneció como territorio británico. Luego, entre 1980 y 1997, desarrolló sus actividades en Estados Unidos y en Europa. Sólo desplazó su sede social de Hong Kong a Londres en 1993, antes de la retrocesión del territorio a la República Popular de China, anunciada para 1997. El Hsbc sigue siendo parte inseparable de Hong Kong: emite el 70 por ciento de su moneda (el dólar de Hong Kong). Hong Kong constituye un elemento clave en la cadena del blanqueo de dinero acumulado por la nueva clase dirigente china.


Además del blanqueo de dinero de la droga y del terrorismo, el Hsbc está implicado en otros asuntos: la manipulación del mercado de tipos de cambio (el escándalo estalló en 2013 y trata sobre un mercado cotidiano de 5.300 millones de dólares), la manipulación de las tasas de interés interbancario (entre ellas la Libor), la venta abusiva y fraudulenta de derivados sobre las tasas de interés, la venta abusiva y fraudulenta de productos de seguros a los particulares y a las pymes en Reino Unido (la Fsa, la autoridad de control británica, ha perseguido al Hsbc en este asunto que ha revelado que el banco ha vendido seguros que no servían para nada o para muy poco), la venta abusiva de mortgage backed securities en Estados Unidos, la manipulación en las cotizaciones del oro y de la plata (el escándalo estalló en enero-febrero de 2014) y la organización a gran escala de la evasión fiscal de importantes fortunas.


¿EL EDGAR SNOWDEN DE HSBC? Hervé Falciani, un ciudadano franco-italiano, trabajó en los servicios informáticos del Hsbc suizo en Ginebra de 2006 a 2008. Antes de abandonar el banco copió 127 mil ficheros que ligaban al Hsbc con operaciones masivas de fraude y de evasión fiscal en las que el banco jugó un papel a menudo activo. Luego pasó a residir en Francia. Suiza decidió detenerlo y lanzó una orden de arresto internacional vía Interpol por "sustracción de datos", "violación de secreto bancario y del secreto comercial" y "presunción de venta de informaciones económicas". Hay que subrayar que Suiza no atacó al Hsbc.


A comienzos de 2009 el domicilio en Niza de Falciani fue objeto de un registro efectuado por la policía local. Las informaciones que poseía eran explosivas: entre los 127 mil archivos se encontraban fichas de exiliados fiscales franceses (8.231, según Falciani), belgas (más de 800), españoles (más de 600 nombres), griegos (la famosa lista llamada "Lagarde", porque la entonces ministra francesa, hoy directora del Fmi, la entregó a las autoridades griegas en 2010, y que contiene alrededor de 2 mil nombres), alemanes, italianos, mexicanos, estadounidenses... Hervé Falciani entregó toda o una parte de las informaciones que poseía a las autoridades francesas y a las de otros países.


Luego, según sus declaraciones, colaboró con las autoridades de Washington, a las que dio informaciones que hicieron avanzar el asunto del blanqueo del dinero de los cárteles de la droga de México y Colombia por el Hsbc. En 2012 colaboró con las autoridades españolas, pero fue detenido en aplicación del mandato de detención lanzado por Suiza. Suiza insistió con que España le entregara a Falciani, lo cual fue rechazado por Madrid en mayo de 2013, pues la justicia consideró que era un testigo privilegiado en varios grandes asuntos de fraude y evasión fiscal. En efecto, la comunicación a las autoridades españolas de los datos conseguidos por Falciani había permitido desde 2011 descubrir una gran cantidad de dinero (alrededor de 2.000 millones de euros) depositada en Suiza por miembros de la familia de Emilio Botín, el recientemente fallecido presidente del banco Santander. Éste, acorralado, pagó a las autoridades españolas 200 millones de euros de multa.


Los datos entregados por Falciani han desembocado también en el escándalo de la financiación fraudulenta del Partido Popular. La justicia española proporciona una protección policial permanente al franco-italiano. Las autoridades belgas y francesas se reúnen con él y utilizan los datos que les proporciona e instruyen expedientes. No es en absoluto seguro que esto desemboque en condenas por fraude, pues es más que probable que los defraudadores lleguen a acuerdos financieros que les permitan evitarlas.


Hay que subrayar que en este asunto no sólo Suiza intenta detener a quien ha dado la voz de alarma. Ocurre lo mismo en Grecia, donde la justicia arrestó al editor de la revista Hot Doc, Costas Vaxevanis, porque se había atrevido a publicar en octubre de 2012 la lista Lagarde-Hsbc-Falciani que las autoridades griegas habían perdido hacía tres años. Como consecuencia de las reacciones ciudadanas en Grecia y en el plano internacional, el periodista ha quedado en libertad.
No es fácil denunciar a un banco y a los ricos defraudadores que protege, o lo que viene a ser poco más o menos lo mismo: denunciar a los ricos defraudadores que protegen a los bancos y su sacrosanto secreto. Hay claramente una verdadera simbiosis entre los grandes bancos y la clase dominante, igual que existen pasarelas permanentes entre los gobernantes y las grandes empresas, en particular las de las finanzas.


En 2013 la Unión Europea fijó un límite a los bonos que podían recibir los dirigentes y traders de un banco. El bono no puede ser superior al doble de la remuneración salarial fija. Pero hecha la ley, hecha la trampa: la dirección del Hsbc anunciaba en febrero de 2014 que iba a aumentar considerablemente la remuneración fija de esos dirigentes a fin de que su bono no quedara reducido.


El grupo mundial Hsbc debería ser cerrado, despedida su dirección sin indemnización y llevada a los tribunales (igual que los grandes accionistas). El mastodonte Hsbc debería ser dividido bajo control ciudadano en una serie de bancos públicos de talla media, cuyas labores deberían estar estrictamente definidas y ejercidas en el marco de un estatuto de servicio público.


1. Autor del libro Bancocracia (Icaria, Barcelona, 2014), portavoz del Cadtm Internacional y miembro del Consejo Científico de Attac-Francia.


Imposible que el sistema financiero y HSBC cambien su manera de funcionar: Falciani

Armando G. Tejeda

Corresponsal
Periódico La Jornada
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Desde el refugio desconocido en el que vive desde que dio a conocer la lista de más de 130 mil defraudadores fiscales en el mundo con cuentas en el banco HSBC de Suiza, Hervé Falciani, un informático de origen francés e italiano, reconoció que su labor de denuncia pretende hacer el trabajo que no hacen ni los gobiernos ni los políticos. A pesar del nivel del escándalo y de los impactos –tanto jurídicos como mediáticos– de la filtración, Falciani reconoció que es imposible que el sistema financiero y el banco HSBC hayan cambiado su manera de funcionar.


En una entrevista con el programa de radio Carne Cruda, que ahora se emite desde un portal independiente después de haber sido censurados en Radio Nacional de España (RNE) y de que en la Cadena Ser también les cerraran el espacio, Falciani advirtió que trabaja en una comunidad de ciudadanos que luchan por destapar el fraude del sistema financiero internacional, que permite la corrupción política y favorece mover el dinero del crimen organizado, como se ha demostrado con el narcotráfico o los grupos extremistas islamistas, como Al Qaeda.


El ex trabajador del banco HSBC sustrajo material informático de la sede en Suiza que contenía centenares de miles de fichas de ciudadanos de todo el mundo con cuentas secretas en el país helvético. El material lo entregó a gobiernos, fiscalías y tribunales para que se investigara, pero también a un colectivo de periodistas de investigación que analizaron la información y contrastaron su veracidad.


En la entrevista radiofónica, que se hizo a través del teléfono y sin que se revelara el lugar en el que se encuentra, Falciani advirtió que los bancos trabajan para adaptar los mecanismos a su favor, por eso necesitamos a la sociedad civil dentro de los bancos. No podemos dejar que hagan las leyes los mismos que trabajan contra nosotros.


La llamada Lista Falciani contiene datos bancarios y personales de más de 130 mil evasores procedentes de 212 países, incluido México, entre los que hay numerosos políticos, empresarios, deportistas de élite y, por supuesto, delincuentes dedicados al tráfico de drogas.


Falciani explicó que su situación personal sigue siendo muy difícil, ya que se encuentra en un lugar secreto y siempre tiene que tener mucho cuidado para moverse a cualquier lugar o para hablar con alguien. Desde que entregó a la justicia de varios países la citada lista, se convirtió en un testigo protegido y en un hombre amenazado por las numerosas tramas mafiosas que habría desvelado con la información sensible que sustrajo de los archivos de su anterior trabajo, el banco HSBC.


Explicó que la reacción a la publicación de la lista es buena para entender dónde está el dinero que falta en esta crisis. Dónde está el control que todos pensábamos que existía, pero que en realidad no existe. Explicó que él, personalmente, siempre se mostró partidario de que no se hicieran públicos los nombres y que en caso de que esto ocurriera que su difusión no intercediera en los procesos penales abiertos contra las personas implicadas. Como así ha ocurrido, afirmó.
Yo jamás quise que los nombres se hicieran públicos, pero hay gente dentro del sistema judicial que quiere hacer algo por su país y por la sociedad y que piensa que si esto se hace público es útil. Lo entiendo y me parece correcto. Estamos en una comunidad y entre todos nos apoyamos, así que se sabía la publicación de los nombres porque estamos haciendo lo que los gobiernos no quieren hacer. Por eso necesitamos esta colaboración. Es una manera de hacer política más en la calle y así vamos a continuar.


Falciani reconoció que en su labor para denunciar la corrupción estructural del sistema financiero internacional se ha encontrado numerosas dificultades, sobre todo por parte de los gobiernos y de los políticos, que no ayudan, más bien al contrario. Siempre tenemos problemas de cooperación con los gobiernos. Hablamos mucho del dinero que se limpia en los paraísos fiscales, pero no se habla del dinero negro que permite la corrupción, que hace que encontremos siempre a las mismas personas hablando con los grandes gigantes de la economía. Por ejemplo, en el Parlamento europeo, añadió.

Publicado en Economía
Martes, 10 Febrero 2015 10:23

Ecopetrol y la mancha de la corrupción

La Unión Sindical Obrera –USO- obtuvo la base de datos donde reposa la información de los contratos comerciales celebrados por Ecopetrol con distintas multinacionales. Sorpréndase. La información permite deducir sobrecostos y ejercicios de corrupción.

 

Entre los datos sospechosos de estos dolos, según Edwin Castaño –presidente de la USO– figuran nueve contratos que estaban vigentes para finales del 2014 con la compañía estadounidense PetroTiger Service de Colombia –que tiene su base en las islas Vírgenes Británicas–, que suman más de 136.000.000 millones de pesos. Otros 7 contratos están bajo lupa por posibles sobrecostos.

 

El sindicato no entiende por qué después de un año de investigación, los contratos de esta multinacional conservan vigencia. Castaño afirmó que Ecopetrol debió dar por terminadas las relaciones contractuales debido a que la estatal petrolera cotiza en la bolsa de New York, por lo que su imagen y acción podría verse afectada si llegase a quedar involucrada en un escándalo de corrupción.

 

Más grave. La denuncia sobre estos contratos fue interpuesta en enero del 2014 por la misma Ecopetrol y la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República. La acusación tiene como origen el pago irregular de un contrato por 39 millones de dolares registrado en el 2010 entre la multinacional PetroTiger y la asociada indochina Mansarovar Energy Colombia Limited.

 

Entre las denuncias figuran supuestas consultorías autorizadas por el entonces presidente de PetroTiger Colombia, Joseph Sigelman, por un valor total de 266.000 dolares, dineros girados a las personas que hoy en día se encuentran bajo investigación, entre ellas el ingeniero de proyectos de Ecopetrol David Orlando Durán Flórez, que terminó su contrato en abril de 2011 y su esposa Hohanna Navarro.

 

Como testigo de la causa, la Fiscalía cuenta con Marcos Mauricio Vesga Niño, exgerente de la multinacional en Colombia, quien firmó un acuerdo para quedar exonerado del proceso judicial, debido a que fue el director de uno de los proyectos de donde provino el dinero para el pago de los sobornos.

 

¿Aguas tibias? Al medio día del lunes 9 de febrero –tratando de calmar los rumores de corrupción que podrian afectar una de las compañías más importantes del país- la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República sacó un comunicado donde alude a la adjudicación irregular de contratos de Ecopetrol que favorecen a terceros, y advierte que desde que fue interpuesta la denuncia penal en contra de los involucrados, el Gobierno trabaja con las autoridades nacionales y estadounidenses para garantizar el correspondiente castigo a los culpables.

 

En el comunicado las autoridades oficiales garantizan que los directivos de Ecopetrol no tienen nada que ver en el escándalo, al mismo tiempo que anuncian la completa disposición de la petrolera para ayudar a las autoridades en busca de archivos que lleven a esclarecer la verdad.

 

Mientras tanto, Ecopetrol comunicó que fueron ellos los que denunciaron y pidieron a las autoridades investigar los hechos ocurridos en el 2010 y se declararon victimas de este escándalo.

 

Por su parte Edwin Castaño advierte que Ecopetrol: "en vez de declararse victima", debe entregar toda la evidencia, porque el retener información que ayude a la justicia haría ver que éste solo es la "punta del icerberg de un problema mucho mayor", refiriéndose a una queja que el sindicato investiga y que afecta a una empresa de transporte de hidrocarburos.

 

Despidos masivos

 

Sumado a los escándalos de corrupción y a la caída de las acciones de Ecpetrol en la bolsa, está el recorte presupuestal y los despidos masivos, aplicados por las empresas del ramo, justificados en la caída del precio del hidrocarburo.

 

Así lo anunció Ecopetrol ante la comunidad en el campo de Cantagallo, ubicado en el departamento de Bolívar, previendo que tales recortes se harán efectivos en la segunda parte del 2015 y durante todo el 2016. Otras empresas contratistas como OXY, manifestaron que despedirán alrededor del 60 por ciento de los trabajadores del campo El Centro, ubicado en el Magdalena Medio.

 

Por lo pronto la Unión Sindical expone que en el campo El Centro, el contrato de mantenimiento de las líneas de producción –donde se encuentran contratados 50 trabajadores– finaliza el próximo 28 de febrero y la petrolera ya confirmó que no será renovado. La pregunta es: ahora, sin trabajadores, ¿quién se encargará de desempeñar dichas labores, si estas son primordiales?

 

El argumento utilizado por las empresas petroleras es la tal "crisis del sector", sin embargo a ojos de los lideres sindicales, estas son escusas para acabar con los puestos de trabajo y por supuesto desmejorar la calidad laboral

 

Según el sitio web de la USO, Fredy Pulecio directivo de la sindical, contradice lo dicho por las petroleras y afirma que: "Los actuales precios del petróleo siguen siendo muy rentables para las empresas [...]. Lo que pasa es que ellas se han dedicado a chantajear, quieren valerse de que el precio ha bajado para doblegar tanto a la nación como a los trabajadores. Al país le piden que les bajemos más impuestos de los que ya le hemos bajado. Pero tienen 32 exenciones tributarias por las cuales han dejado de pagar 608 billones de pesos en 10 años".

 

El líder sindical relató que en Pacific Rubiales ya han despedido a más de 7.000 trabajadores, de un total de 12.000. Los despidos, según el sindicato, no han surtido el proceso legal, lo cual es un delito, porque el ministerio debe dar un permiso especial para que la empresa pueda proceder.

 

Por su parte, Luis Eduardo Garzón, ministro de Trabajo, declaró que la industria petrolera en Colombia tiene un aproximado de 110 mil trabajadores, y que hasta ahora han solicitado el licenciamiento de 25 mil de ellos. Argumentando a que 'las empresas están perdiendo dinero' a causa de la caída del precio del barril.

 

En este momento la USO nacional se encuentra en la fase de divulgación, donde expone que aunque la problemática esta directamente relacionada con el modelo económico actual, el despido del personal podría evitarse con un trabajo en equipo, entre los obreros y las empresas.

Entonces. ¿Qué impide a las empresas buscar soluciones evitando una 'masacre laboral'?


Recuadro

Acciones que caen

La primera semana de febrero la acción petrolera alcanzó en un solo día un alza de un 10 por ciento. Sin embargo no son cifras para nada alentadoras ya que en el 2013 su precio ascendió a $ 5.500 y el actual es de $2.320.

 

Según el informe de la BBC mundo –en el que analiza la situación de la petrolera colombiana–, se reportó para finales del 2014 una reducción del 25 por ciento en su presupuesto de inversión para lo corrido del presente año. Es decir, sufrió un recorte de más de $2.000 millones de dólares.

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Viernes, 06 Febrero 2015 06:40

Dilma en su laberinto

El segundo mandato presidencial de Dilma Rousseff cumple hoy exactos y redondos 37 días. Y no hubo uno solo de ellos sin que surgiese algún tipo de problema. Hay otra característica inquietante en este cuadro: además de sumarse a problemas ya existentes, cada nuevo parece más grave que los anteriores.


Mientras tanto, el gobierno muestra que no sabe cómo reaccionar. Y cuando reacciona, lo hace mal, o además de mal, tarde.


A esta altura, en esos escasos 37 días sobran razones para pensar que el equipo armado por Dilma para hacer la articulación política de su segundo mandato merece plenamente ser estudiado y analizado, como ejemplo olímpico de lo que no se debe hacer. Los resultados hasta ahora son una secuencia de derrotas y torpezas que conforman un enmarañado paralizante. Lento, atónito y sin rumbo, claro, es como si el gobierno de Dilma hubiese encontrado un escenario lleno de trampas, de cables sueltos, de temas ocultos, todo eso heredado del presidente anterior. Pero siquiera esa excusa puede ser esgrimida: al fin y al cabo, el presidente anterior era la misma Dilma, que ahora parece perdida en un laberinto oscuro.


Ayer, ella recibió en su despacho en el Palacio de Planalto al nuevo presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha. El presidente reelecto del Senado, Renan Calheiros, participó del encuentro que duró hora y media y juntó alrededor de la mesa al vicepresidente Miguel Temer, al jefe de Gabinete, Aloisio Mercadante, y al ministro de Relaciones Institucionales, Pepe Vargas. Todo transcurrió en un clima formal, frío. A la salida no hubo declaraciones, pero las habituales fuentes, cuya misión es filtrar algo a los medios, dijeron que el encuentro sirvió para establecer "un diálogo permanente" entre el Ejecutivo y el Legislativo, para asegurar que haya armonía entre los poderes.


Es decir: palabras al viento. Cunha propició el pasado domingo una derrota humillante a Dilma, a su gobierno y al PT, al elegirse para un puesto en el cual podrá crear océanos de dificultades para luego cobrar el precio que quiera para vender facilidades. Y sus primeras acciones fueron ejemplares de lo que podrá –o no– venir de ahora en adelante. Para empezar, dio luz verde para que fuese aprobado el pedido presentado por la oposición, creando una nueva Comisión Parlamentaria de Investigaciones sobre los escándalos de corrupción en la Petrobras. En Brasil, las CPI tienen tanto poder como un Tribunal de Justicia, con la ventaja de actuar de manera mucho más ágil y veloz.


En el mandato anterior hubo una comisión de esas, pero el gobierno de Dilma logró neutralizarla. Ahora, nadie sabe qué podrá pasar. El presidente de la Cámara, pese a pertenecer a un partido aliado, es claro adversario del gobierno. Además, las denuncias se intensificaron de manera formidable y cada día las investigaciones avanzan más, acercándose peligrosamente a la cúpula del PT. Hay otros partidos involucrados, inclusive el PSDB de la oposición. Pero todo lo que la Justicia y la Policía Federal filtran a la prensa tiene como foco central el partido de Lula y Dilma.


Si el avance de las investigaciones y el goteo cotidiano de nuevas revelaciones (por ahora, nadie pudo probar nada, pero queda evidente que hubo un esquema de corrupción amplio y que funcionó a lo largo de al menos diez años) preocupan cada vez más al PT y al gobierno, una CPI tendrá, bajo muchos aspectos, la capacidad de ser una usina generadora de problemas.


Es muy difícil saber si todo ese cuadro podría haber sido evitado, si Dilma fuese una negociadora hábil y si no hubiese elegido un equipo articulador tan incompetente. Pero el cuadro está claro: además de una Cámara presidida por un diputado rebelde y capaz de cualquier cosa para luego lucir sus talentos de chantajista, el país enfrenta un cuadro económico de alta complejidad que, por lo que será la nueva política económica de Dilma, seguramente creará tropiezos serios, que irán de la recesión a la incertidumbre sobre programas sociales y logros alcanzados (Brasil tiene hoy la más baja tasa de desempleo de los últimos 80 años). Al mismo tiempo, la mayor empresa brasileña, la Petrobras, es bombardeada incesantemente por denuncias, llegando a la insólita situación de quedarse acéfala: la presidenta y cuatro de los seis directores renunciaron, contrariando lo que había sido acordado con Dilma.


Lo que se ve, mientras tanto, es un gobierno catatónico, un vacío de poder desconcertante, una presidenta absolutamente decidida a no ceder (resultado: como es inevitable, cede a la realidad). Una presidenta que lleva un tiempo enorme para tomar decisiones, mientras las circunstancias las van ahogando.


El año apenas comenzó, el gobierno recién estrenado no camina, tropieza, y hay una cordillera de problemas en su camino. La dificultad en adoptar decisiones surge como una nueva característica de una mandataria que nunca pareció lo que ahora parece: confusa, sin norte. Ningún gobierno resiste el vacío de poder. Ningún gobierno llega a buen puerto cuando no tiene capacidad de decisión.


Dilma parece sumergida en un laberinto. El país parece perplejo.


JOAO VACCARI NETO DIO TESTIMONIO EN CALIDAD DE "DETENIDO TEMPORAL" ANTE LA JUSTICIA BRASILEñA


El ex tesorero del PT debió declarar


A horas de que se anuncie la nueva cúpula de la estatal Petrobras tras la renuncia de sus directivos, la Cámara de Diputados abrió una nueva comisión especial para investigar a la empresa, señalada en un esquema de corrupción.

 

El tesorero del Partido de los Trabajadores (PT), Joao Vaccari Neto, declaró ayer en calidad de "detenido temporal" ante la Justicia brasileña en medio del caso de corrupción que envuelve a la estatal Petrobras. Además, la Cámara de Diputados abrió una nueva comisión especial para investigar a la empresa, con facultades especiales y compuesta por partidos afines al gobierno y por la oposición.


A horas de que se anuncie la nueva cúpula de la compañía tras la renuncia de sus directivos, el caso de corrupción en la estatal se reavivó ayer cuando la Policía Federal llevó a declarar a Vaccari Neto. El tesorero del PT se negó a abrir la puerta de su residencia en San Pablo y la policía tuvo que trepar los muros del inmueble para lograr la detención. El operativo incluyó, además, otras 21 órdenes de arresto temporal y allanamientos, producto de las informaciones recabadas mediante acuerdos de delación premiada (información de arrestados a la Fiscalía a cambio de una reducción en la pena) alcanzados con ex directores de Petrobras y con empresarios ya detenidos en el marco de las investigaciones.


El fiscal Carlos Fernando Lima expresó ayer los motivos por los que el Ministerio Público lo llamó a Vaccari Neto a declarar. "Hay sospechas de que tiene informaciones sobre donaciones que él pidió –legales o ilegales– a personas que mantenían contratos con Petrobras", dijo el fiscal.


Una vez finalizada la declaración –que duró tres horas–, el funcionario fue puesto en libertad, dado que no fue imputado por ningún delito.


El tesorero del PT fue señalado como uno de los operadores de la trama de corrupción por al menos dos de los detenidos, entre ellos el ex gerente ejecutivo de Ingeniería de Petrobras Pedro Barusco Filho. En un testimonio a la Justicia realizado en noviembre pasado y divulgado ayer, Barusco Filho afirmó que el gobernante PT recibió entre 150 y 200 millones de dólares en donaciones ilegales desviadas de los 90 más importantes contratos firmados por Petrobras. El ex gerente agregó que los pagos irregulares se prolongaron hasta febrero de 2014, y sostuvo que Vaccari Neto participó en un acuerdo para la firma de contratos por 22.000 millones de dólares con astilleros brasileños e internacionales, para la construcción de buques equipados con sondas de prospección de petróleo.


En informes internos de la empresa estatal, Barusco Filho es responsabilizado por irregularidades en obras, como el incremento de los costes de la Refinería de Abreu y Lima, en el estado de Pernambuco, cuyo presupuesto se incrementó y alimentó numerosas cuentas privadas ilegalmente. Además, como parte del operativo denominado Lava Jato, la Justicia brasileña emitió 40 órdenes de búsqueda de pruebas en las residencias de los sospechosos y en la sede de 26 empresas, la mayoría ficticias, en los estados de San Pablo, Río de Janeiro, Bahía y Santa Catarina. Las investigaciones se extendieron a BR Distribuidora, una subsidiaria de la petrolera que administra cerca de 7500 estaciones de servicio en todo Brasil. Según el fiscal, el pago de sobornos de las empresas investigadas a los ejecutivos de BR Distribuidora se produjo hasta fechas "muy recientes", a finales de 2014.


En este marco, ayer la Cámara de Diputados abrió una nueva comisión para investigar a Petrobras, que contará con la facultad de citar a declarar y suprimir el secreto bancario, fiscal y telefónico de los imputados.

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Miércoles, 04 Febrero 2015 07:14

Venezuela: imaginario económico vencido

La crisis que enfrenta Venezuela es resultado de la pobreza del imaginario económico del mal llamado socialismo del siglo XXI, que en realidad no ha sido sino una versión delirante del desarrollismo del siglo XX. El bolívar fuerte, que se estrenó con fanfarrias en 2007 para recuperar una moneda dura, hoy se cambia a 6.30 por dólar el oficial, cierto, pero a casi 30 veces esa cifra en el mercado negro (187 por dólar). Tras la bonanza petrolera mayor de su historia, Venezuela –que es un país de apenas 30 millones de habitantes– está al borde del abismo.


El presidente Nicolás Maduro le echa la culpa a una guerra económica que habrían declarado los enemigos del proyecto bolivariano. Por eso, tras aprobar una ley que autoriza al ejército a disparar sobre manifestantes, Maduro acusó a Estados Unidos de estar tramando un golpe de Estado, metió a la cárcel a los directivos de una empresa de farmacias supuestamente por saboteadores, y movilizó al ejército para asegurar la distribución de azúcar en una cadena de supermercados.


Pero, por más que los especuladores existan –de hecho, es imposible que no existan, dada la diferencia tan pronunciada entre el valor oficial y el valor extraoficial de la moneda–, no se le puede endilgar la debacle económica a los enemigos de la patria cuando se ha estado en el poder sin interrupciones desde 1999. Tras 16 años de ser gobierno, alguna responsabilidad tendría que asumir la política oficial en el desastre económico. Hoy se impone una crítica realista del modelo económico seguido. Las deficiencias no se podrán ocultar metiendo a la cárcel a cinco o seis especuladores, o acusando a Estados Unidos de estar manipulando los precios del petróleo.


En vez de ello, habrá que comenzar por reconocer que durante los gobiernos de Hugo Chávez y de Maduro la dependencia en el petróleo, en lugar de reducirse, llegó a 96 por ciento del valor de las exportaciones. Al mismo tiempo, el desbarajuste interno de Pdvsa, que es la contraparte venezolana de Pemex, llevó a que Venezuela no consiguiera aumentar su producción petrolera en estos 16 años, pese a que el petróleo había alcanzado su precio máximo histórico (recordemos que el barril de petróleo se cotizaba por los 30 dólares en 1999, y que sobrepasó los 100 dólares en 2007 para mantenerse por ahí hasta la caída de 2014).


Ahora bien, de los 2.5 millones de barriles diarios que produce, Venezuela le entrega 500 mil a China en pago por los empréstitos recibidos. El paradero del dinero chino, y su impacto en la economía venezolana, es bastante debatido, y difícil de medir, por falta de transparencia; ha habido escándalos de corrupción, y sospechas de que parte de los fondos chinos fueron a parar al gasto social inflado de los años de campañas electorales. Como sea, el reflejo de ese empréstito en la producción interna parece ser insuficiente. Luego, Venezuela entrega 100 mil barriles diarios a Cuba, y otros 200 mil a Petrocaribe. Hay otros 600 mil barriles que se consumen dentro de Venezuela a precio de regalo (un dólar negro compra mil 135 litros de gasolina). Resultado: Venezuela recibe dinero contante y sonante sólo por alrededor de 1.2 millones de barriles diarios, y su cliente principal es, irónicamente, el siempre vilipendiado imperio.


A precios actuales, estos 1.2 millones de barriles corresponden casi exactamente al valor total de las importaciones venezolanas, ya reducidas a casi una tercera parte de lo que se importaba hace dos años, y dejan poco margen para que el país sirva sus deudas. Venezuela debe dos pagos de deuda este año, y los mercados especulan ya sobre una posible moratoria, con consecuencias impredecibles. Por lo pronto, el Fondo Monetario Internacional predice que la economía venezolana se contraerá en 7 por ciento en 2015.


Para responder a la falta de dinero, el gobierno de Maduro consideró vender Citgo, la refinería venezolana en Estados Unidos, considerada por Hugo Chávez como la perla de la corona de la industria nacional. Al final, el gobierno decidió no hacerlo, quizá por temor de que el pago sería incautado por alguna demanda judicial de las empresas trasnacionales cuya indemnización esté en litigio. Para evitar aquello, Citgo acaba de lanzar una emisión de bonos, o sea de deuda, por 2 mil 500 millones de dólares.


Pero aun si se venden bien los bonos de Citgo, todo indica que la economía venezolana enfrentará problemas graves. Venezuela importa casi todo, y cualquier importación que no se haga con dólares preferenciales tiene precios prohibitivos. Por eso Venezuela tiene una de las tasas de inflación más altas del mundo –70 por ciento, según datos oficiales, y más del doble, según datos extraoficiales–. Por eso también enfrenta una escasez crónica de productos básicos. Al gobierno no le alcanzan los dólares para subsidiar tanta importación, y la escasez genera un mercado especulativo. Más que un oscuro complot, o una guerra económica, la escasez y la inflación son efectos predecibles de la política cambiaria, y no se resolverán metiendo a la cárcel a un puñado de empresarios.


Es hora de que los economistas progresistas ofrezcan un análisis serio de las ideas económicas del chavismo. La mejor y más duradera de ellas fue simple: entregar una proporción mayor de la riqueza petrolera a las clases populares. Pero hasta donde entiendo, lo demás se parece a las ideas que en su momento tuvieron un Luis Echeverría o un José López Portillo, sólo que sobredimensionadas por una bonanza petrolera sin par, por un caudillismo desbordado y por niveles de corrupción superiores incluso a los de México. Transparencia Internacional cataloga a Venezuela como el 162 país más corrupto, de un total de 179.


Por último, la adopción de parte de Nicolás Maduro de una visión de la política como una lucha sin tregua entre patriotas y traidores hace que su gobierno vea cualquier oposición como enemiga, aunque la protesta venga de amas de casa clamando para comprar productos básicos. El gobierno ya aclaró que cualquier disturbio será recibido a balazos.

Publicado en Economía
Sábado, 17 Enero 2015 06:05

Coima, estafa y lavado

La Fiscalía Anticorrupción de España solicitó ayer una condena de 42 años y medio de prisión para el ex tesorero del Partido Popular (PP) Luis Bárcenas y 110 años para el empresario Francisco Correa, los principales cabecillas de la megatrama de corrupción Gürtel vinculada con el partido del presidente del gobierno español, Mariano Rajoy.


La solicitud del Ministerio Público llega después del cierre de la instrucción de un primer tramo –entre 1999 y 2005–de la causa, que lleva adelante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz. En su documento, la Fiscalía acusa a Bárcenas de seis delitos: cohecho, fraude fiscal, blanqueo de capitales, falsedad documental, apropiación indebida y tentativa de estafa procesal. Para los otros dos ex tesoreros del PP que precedieron a Bárcenas, Alvaro Lapuerta y Angel Sanchís, el procurador reclama 3 y 8 años, respectivamente. Por su parte, la esposa de Bárcenas, Rosalía Iglesias, quien habría cooperado con los delitos de su marido, recibe un pedido de 24 años y un mes de prisión.


En tanto, el empresario Francisco Correa, líder de la red Gürtel, afronta la solicitud de prisión más elevada, de 109 años y 10 meses de prisión. Asimismo, la Fiscalía considera que tanto el PP como la ex ministra de sanidad española Ana Mato son partícipes lucrativos de la trama. En el caso del PP, se considera que se benefició de 328.440 euros, mientras que la dimitida ministra de Rajoy, de 28.468 euros.


El juez Ruz involucró en el caso a Mato, que aún es diputada del PP, por haberse beneficiado del dinero que se apropió su ex marido, Jesús Sepúlveda, ex alcalde de la localidad madrileña de Pozuelo. Para Sepúlveda se piden 11 años y 7 meses de cárcel.


La megatrama de corrupción Gürtel fue destapada en 2009 por el ex juez español Baltasar Garzón, inhabilitado posteriormente por haber autorizado escuchas telefónicas entre los principales implicados en el caso y sus abogados. La investigación detectó una red de pago de comisiones y financiación ilegal del conservador PP de Rajoy que comenzó en la época en la que el líder de la derecha era José María Aznar.


Bárcenas, ex tesorero y senador del PP, quien se encuentra actualmente en prisión a la espera del juicio, apareció en el centro de la red liderada por Correa y su "número dos", Pablo Crespo, ex secretario general del PP de Galicia. Correa comenzó a desplegar su actividad empresarial en los años '90, durante el gobierno de Aznar, y siguió haciendo negocios con las administraciones regionales y locales del PP en los años posteriores.


La red Gürtel "se fue especializando en organizar eventos y campañas electorales del PP, al tiempo que aprovechaba sus contactos con personas con responsabilidades orgánicas en el partido para conseguir adjudicaciones públicas", señaló el juez Ruz.


El Ministerio Público reclama para el juicio, que aún no tiene fecha, la declaración en calidad de testigo de la ex presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, cuyo Ejecutivo adjudicó más de 300 contratos a la trama por 8,7 millones de euros. En el marco de la investigación, a mediados de enero de 2013 el juez Ruz descubrió que Bárcenas había acumulado hasta 22 millones de euros en Suiza –luego él reconoció que eran 38 millones y finalmente la policía descubrió 48,2 millones– y días después el diario El País publicó unos documentos manuscritos de una contabilidad B del PP atribuida a él.

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El presidente de Bolivia, Evo Morales, declaró este domingo que la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos logró infiltrarse en su partido, el Movimiento al Socialismo (MAS) para provocar división interna.

Hay presencia de la CIA dentro del MAS; como no pueden dar un golpe desde Estados Unidos (porque) el pueblo se levanta, como no pueden ganar democráticamente, entonces se infiltran y tratan de enfrentarnos, aseguró el gobernante en entrevista con medios estatales.

El presidente precisó que esta infiltración, sobre la que no entregó mayores detalles, se tradujo en la renuncia de dirigentes regionales de su partido que pretendían ser candidatos en las elecciones de gobernadores y alcaldes, previstas para marzo.

A la infiltración de la derecha se suma la ambición de algunos militantes, quienes son tentados o conquistados, lo que los lleva a la traición, afirmó.

Morales, no obstante, espera que este año se puedan normalizar las relaciones entre Bolivia y Estados Unidos, afectadas desde 2008, cuando ordenó la expulsión del embajador estadunidense Philip Goldberg, a quien acusó de injerencista.

El canciller boliviano, David Choquehuanca, informó en diciembre pasado que Bolivia solicitó una reunión entre Morales y el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, para restituir embajadores tanto en La Paz como en Washington.

Morales, que respaldó las gestiones de su canciller, aseguró que no está arrepentido de haber expulsado de su país al representante diplomático de Estados Unidos.

Mientras, el presidente Morales afirmó que Bolivia no protegerá a funcionarios corruptos, en alusión al caso del empresario peruano Martín Belaunde, quien pidió asilo aquí tras huir de la justicia de su país, donde está acusado de peculado y asociación ilícita para delinquir.

Consideró la corrupción como un flagelo de la humanidad y recordó que los miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños acordaron combatirlo. Añadió que la cancillería y el Consejo Nacional del Refugiados se encargarán del proceso de Belaunde, amigo personal del presidente peruano, Ollanta Humala.

Morales reveló este domingo que el papa Francisco solicitó a Bolivia información sobre la demanda a Chile de una salida soberana al mar, aunque dijo que no podía asegurar si el pontífice sería mediador en este asunto.

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Domingo, 21 Diciembre 2014 09:49

"Los grandes medios atacan a Petrobras"

Referente de la escuela económica desarrollista y consejero del gobierno de Lula, denunció presiones de la oposición en favor de un nuevo modelo de explotación de la petrolera Petrobras, que restituya atribuciones a las multinacionales.


Desde San Pablo

Buitres al acecho de Petrobras. Luiz Gonzaga Belluzzo, economista y asesor informal de la presidenta brasileña Dilma Rousseff, denunció maniobras para afectar a la petrolera estatal, como la apertura de una causa judicial en Nueva York y presiones de la oposición en favor de un nuevo modelo de explotación que restituya atribuciones a las multinacionales.

El Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB), derrotado en las presidenciales de octubre, aseguró que la trama de sobornos en Petrobras, investigada por la Justicia federal, es "el aviso del terremoto que está por llegar". Fue el viernes cuando trascendió que uno de los ex ejecutivos presos de la petrolera delató a 28 políticos por estar implicados en el escándalo. Ese mismo día, las acciones de la estatal experimentaron su primer repunte después de semanas de depreciación.

"No podemos subestimar este problema de corrupción... pero este escándalo es utilizado como pretexto por grupos de dentro y fuera del país para modificar el régimen que otorga a Petrobras el control de los yacimientos de la zona conocida como pre-sal (con unos 60.000 millones de barriles en aguas ultraprofundas)", dijo Luiz Gonzaga Belluzzo.

Este catedrático, referente de la escuela económica desarrollista y consejero del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010), habló con Página/12 luego de disertar en el lanzamiento del Forum 21, realizado en San Pablo la semana pasada.

Ese foro de intelectuales, algunos vinculados con el PT, sindicalistas y militantes de movimientos sociales, acordó dar una respuesta progresista al embate de la derecha para imponer un programa neoliberal –que incluye una contrarreforma energética– al segundo gobierno de Dilma Rousseff, que comienza el 1º de enero.

 

–¿Qué significa cambiar el modelo de explotación petrolera redactado por Dilma?

–El modelo actual, llamado de participación, fue sancionado en el marco de la reforma de la legislación de 2010, que fue elaborada para adecuarse a la nueva realidad surgida tras el descubrimiento de las grandes reservas en la zona de pre-sal. En este régimen el Estado es titular de los hidrocarburos y Petrobras cuenta con bastantes atribuciones. Por ejemplo, es la que comanda la operación de los pozos, y puede hacerlo sola o asociada a otras empresas, según el caso. En el régimen de concesión, que rigió en el gobierno del PSDB (del ex presidente Fernando Henrique Cardoso, 1995-2002), las empresas privadas son propietarias del crudo.

 

–¿El sistema actual excluye a las privadas?

–No las excluye. Ellas pueden actuar, y de hecho lo hacen, pero lo que están buscando es tener el espacio que tenían antes, cuando no estaban supeditadas a Petrobras. Este descontento con el régimen de repartición vale para las privadas en general, y para las norteamericanas en particular. Creo que Estados Unidos no se resigna a haber quedado fuera de la explotación del campo de Libra (unos 12.000 millones de barriles), en la subasta del año pasado, ganada por un consorcio encabezado por Petrobras donde hay petroleras chinas, y todo el mundo sabe que China planifica disputar nuevas subastas, quieren fortalecer su presencia.

 

–Paralelamente al juicio donde hay decenas de imputados se abrió otro en Estados Unidos.

–Así es, esto lo hicieron algunos grandes escritorios jurídicos en representación de los accionistas que tienen papeles de Petrobras negociados en Wall Street. Alegan sentirse perjudicados por la caída de las acciones debido al escándalo. Son demandas judiciales que pueden llevar años y se tramitan en Nueva York.

 

–Esto es comparable al proceso de los fondos buitre contra Argentina.

–Es cierto, son dos situaciones que se pueden comparar a pesar de que haya diferencias. El problema es que al entrar la Justicia de Estados Unidos se agrega una complicación más para la crisis, mientras las acciones siguen bajando.

 

–La oposición exige que se investigue a Dilma.

–Es absurdo vincular a la presidenta Dilma con la corrupción. No se puede aceptar que sectores de la oposición digan esas cosas que en realidad es consecuencia de que no aceptan que perdieron en las elecciones (26 octubre). Eso es desconocer el voto popular, eso es golpismo... Hay mucha hipocresía. Cuando escucho los argumentos de la oposición me acuerdo de los argumentos moralistas anteriores al golpe que derrocó al presidente Joao Goulart, en 1964.

 

–¿Observa una campaña de desprestigio contra Petrobras?

–Sí, una campaña intensa en los grandes medios. Esos grupos de prensa siempre atacaron viceralmente a Petrobras, desde su creación, en 1953, por el presidente Getulio Vargas, y esos mismos grupos también cuestionaron al presidente (de facto) Ernesto Geisel por su política de fortalecimiento de la petrolera.

 

–¿Cómo se sale de esta crisis?

–El gobierno tendría que comprar acciones y así capitalizar a la empresa, que está muy desvalorizada, su valor de mercado está muy lejos de su valor patrimonial. El precio de las acciones baja aceleradamente, porque las Bolsas se mueven siguiendo las expectativas de corto plazo; yo creo que si vieran el largo plazo, el precio de las acciones no tendría una caída tan pronunciada.

 

–¿Cuál es su opinión de la titular de Petrobras, Maria das Graças Foster, persona de confianza de Rousseff?

–Tengo la mejor impresión de Graças Foster, creo que ella no está involucrada en nada relacionado con la corrupción, pero me parece que la dirección de Petrobras debería salir para contener la crisis. Creo que ella debería ser reemplazada por un empresario o por un militar. Voy a recordar algo que parece medio desagradable, pero la verdad es que el ejército siempre tuvo un compromiso con el petróleo, por eso yo designaría a un militar demócrata, serio, para administrar Petrobras, eso daría credibilidad.

 

–¿Qué impacto económico tendrá este proceso que también salpica a las constructoras y a políticos?

–El peso de Petrobras y las constructoras en formación de capital fijo es crucial para la economía de Brasil, y por esa razón temo que se paralice la economía si todo esto no se soluciona. Hay que evitar un problema sistémico, estamos ante el riesgo de que se introduzca un factor depresivo en una economía que ya está desacelerada y donde el nuevo ministro de Hacienda (el neoliberal Joaquim Levy, ex ejecutivo del Banco Bradesco) está prometiendo que a partir del 2015 habrá corte de gastos y austeridad. Insisto, es necesario distinguir los eventuales crímenes cometidos del funcionamiento de Petrobras y las constructoras. Las empresas deben seguir operando, porque es imposible reemplazarlas por otras, son empresas que tienen una memoria técnica acumulada muy importante, ellas participaron en todas las grandes obras de infraestructura desde el régimen militar.

 

–¿Cómo se inscribe este proceso en el mapa energético mundial?

–Lo que está pasando en Petrobras tiene importancia geopolítica. La crisis tiene que ser comprendida dentro de un cuadro mayor, que es el problema petrolero global que envuelve a Rusia y las presiones de estos días intentando acorralar al gobierno de Putin. De todos modos me parece difícil que las potencias occidentales puedan lograr doblegar el alma rusa. Yo no sé si este problema en Petrobras es una forma de represalia por la participación brasileña en los Brics, no puedo afirmarlo categóricamente. Lo que sé es que la posición de Brasil en los Brics es algo que Estados Unidos y Europa miran atentamente. Cuando uno habla con funcionarios internacionales ellos me cuentan las presiones que Brasil sufrió por respaldar la creación del banco de fomento y el fondo de contigencias de los Brics, que es una suerte de nuevo FMI (acuerdos firmados este año en la cumbre realizada en Fortaleza). Creo que si ese fondo de contingencia ya estuviera funcionando hoy, tal vez se podrían mitigar las presiones cambiarias que sufre Rusia, y las que también están afectando a Brasil.

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La Fiscalía de la República brasileña tiene desde comienzos de septiembre un listado con los nombres de 28 políticos (entre ellos los presidentes de ambas Cámaras parlamentarias y un ministro) identificados por Paulo Roberto Costa, el arrepentido exdirector de Abastecimiento de Petrobras, como presuntos implicados en la trama de corrupción que investiga la Operación Lava Jato. La información, publicada este viernes por el diario Estadão de São Paulo, menciona los nombres de las personas delatadas por Costa —detenido en marzo, el primer colaborador de la justicia en este caso— durante 80 declaraciones prestadas entre agosto y septiembre. Los pagos ilegales, realizados entre 2004 y 2012, por contratos millonarios de la petrolera estatal a grandes constructoras brasileñas, solían superar el millón de reales (380.000 dólares, unos 310.000 euros) y en algún caso habrían llegado a los 10 millones de reales (casi cuatro millones de dólares).

La relación de cargos públicos incluye antiguos sospechosos y nombres nuevos, como el gobernador del Estado de Acre, Tião Viana (del gobernante Partido de los Trabajadores, PT), reelegido este mismo año, además de los diputados Vander Luiz dos Santos Loubet, Alexandre José dos Santos, Luiz Fernando Faria y José Otávio Germano. En total aparecen siete senadores y 11 diputados federales. Si bien la mayoría pertenece al arco de partidos que sustenta al Gobierno de Dilma Rousseff (que fue presidenta del Consejo de Administración de la petrolera entre 2003 y 2010), aparece también un señalado miembro del principal partido opositor, el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB): el exsenador Sérgio Guerra, expresidente nacional de la formación, que según Costa pidió en 2009 10 millones de reales (casi cuatro millones de dólares) para archivar una comisión parlamentaria de investigación a Petrobras en la Cámara alta.

Según O Estadão, en algunos de los casos sólo fue mencionado el nombre de los políticos presuntamente corruptos: no hay detalles sobre cantidades entregadas o empresas fachada utilizadas. Es el caso del exgobernador de Río de Janeiro Sérgio Cabral, de la exgobernadora de Maranhão Roseana Sarney o del ex gobernador de Pernambuco Eduardo Campos, muerto en un accidente de helicóptero en agosto cuando disputaba la campaña electoral a la presidencia de la República por el Partido Socialista. La lista incluye también al exministro de Hacienda Antonio Palocci (PT), el presidente del Senado, Renan Calheiros, el presidente del Congreso, Henrique Eduardo Alves, el actual ministro de Minas y Energía, Edson Lobão, y los exministros Gleisi Hoffmann (Casa Civil) y Mário Negromonte (Ciudades). En total aparecen ocho políticos del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), 10 del Partido Progresista (PP), 8 del PT, uno del Partido Socialista y otro del Partido de la Social Democracia.

Desde que llegó al acuerdo de delación premiada con la justicia federal, Paulo Roberto Costa cumple prisión domiciliaria en Río de Janeiro. Los 28 nombres pertenecen exclusivamente al listado de políticos que se habrían beneficiado de negocios con el departamento que dirigía él mismo (Abastecimiento), pero no se excluyen nuevas acusaciones; de hecho, la Policía Federal y la Fiscalía contemplan el procesamiento de otros políticos que habrían tenido relación fraudulenta con otros tres exdirectores de Petrobras investigados, uno de ellos, Néstor Cerveró, acusado ya formalmente de corrupción activa y lavado de dinero. En el sumario aparecen también obras ejecutadas en otros países latinoamericanos.

Aunque los políticos citados niegan tajantemente su implicación, en Brasil no existen dudas hace ya meses sobre la participación de cargos electos en el gigantesco esquema de corrupción, lavado de dinero y financiación ilegal de partidos, una trama que pudo mover más de 4.000 millones de dólares. En algunos círculos se calcula que estarían en la mira de la justicia hasta 80 políticos, cuya eventual imputación quedaría a cargo del Tribunal Supremo Federal por tratarse de aforados.

Algunos nombres aparecidos durante los últimos meses en reportajes periodísticos sobre la Operación Lava Jato, como el tesorero nacional del PT, João Vaccari, no aparecen en el documento divulgado por Estadão. No obstante, otros sí coinciden con los que aparecen en la lista aportada por el otro personaje principal del caso, el experto en lavado de dinero Alberto Yousseff, delator reincidente que cumple pena en la prisión de Curitiba. En medios políticos se subraya la ansiedad por conocer definitivamente la lista de procesados antes del inicio de la nueva legislatura, el próximo 1 de febrero. Como repite desde hace semanas una fuente muy cercana al caso, "ya tenemos a los que pagaron; ahora vamos a por los que recibieron".

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El Partido de los Trabajadores (PT) y las formaciones aliadas del Gobierno brasileño de la presidenta Dilma Rousseff recibieron 48 millones de dólares de 78 (un 62%) donados en las elecciones del pasado octubre por constructoras a las que se investiga por la supuesta trama de corrupción en Petrobras. Así se desprende de las cuentas que los candidatos han presentado ante el Tribunal Superior Electoral. Los partidos de la oposición recibieron 27 millones, el 34% del valor dispensado por las empresas. El resto se destinó a partidos que apoyan al Gobierno eventualmente.

Las donaciones son, en principio, legales, ya que han sido declaradas por los partidos. La Policía Federal y el Ministerio Público investigan, sin embargo, si parte de esas cantidades encubren tratos de favor a las empresas donantes para futuras licitaciones.


El monto equivale a un tercio de las donaciones que recibieron los tres principales candidatos a la presidencia, Dilma Rousseff (PT), Aécio Neves (PSDB) y Marina Silva (PSB). El PT recibió de las empresas investigadas 18 millones de dólares; el aliado PMDB, 15 millones, y los opositores PSDB y PSB, 11 y 6 millones, respectivamente. Las cuantías investigadas se refieren solo a la primera vuelta. Las cifras de la segunda vuelta serán divulgadas la próxima semana, lo que supondría un aumento de la suma recaudada a través de donaciones de las constructoras.


Las compañías Odebrecht, UTC, Queiroz Galvão, Toyo Setal, Iesa, OAS, Engevix, Mendes Júnior, Galvão Engenharia y Camargo Corrêa están siendo investigadas en la operación Lava Jato por una supuesta trama que desvió hasta 3.880 millones de dólares de la estatal Petrobras. Este grupo de constructoras tiene más de 19.400 millones de dólares en contratos con la petrolera. Ocho de ellas aportaron donaciones a candidatos en las últimas elecciones.


Un análisis de las donaciones revela que estas no responden a posicionamientos políticos o ideológicos. Odebrecht, por ejemplo, donó sumas iguales (78.000 dólares) a los principales candidatos a gobernador —de cinco partidos distintos— en tres Estados brasileños. ,En el caso de la Queiroz Galvão, el ingeniero Ildefonso Colares Filho, trabajador de la compañía durante 40 años y actualmente en prisión, aseguró a la policía: "Dábamos dinero a los partidos que más se identifican con las características de la empresa, que estuviesen vinculados al crecimiento de la infraestructura".


Un estudio realizado por el diario Valor Económico mostró que 255 de los 513 diputados federales elegidos este año recibieron dinero de las constructoras investigadas. Otro dato que muestra el intento de las empresas por influir en el escenario político son las donaciones a los miembros de la comisión parlamentaria que investiga el caso de Petrobras en el Congreso. De los 58 diputados y senadores que componen el grupo, 33 recibieron dinero de las empresas sospechosas de corrupción.


El Tribunal Supremo Federal está replanteando las donaciones de empresas en las campañas electorales. Diversas autoridades, entre ellas el presidente del Tribunal Superior Electoral y ministro del Supremo, Dias Toffoli, ya se declararon favorables a prohibir dichas donaciones. Brasil espera que para las elecciones municipales de 2016 se haya concretado algo.

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Domingo, 16 Noviembre 2014 05:53

El gran escándalo

En los últimos días, Brasil vivió escenas hasta ahora impensables. Por ejemplo: el director-presidente de la Camargo Corrêa, una de las mayores constructoras de toda América latina, Dalton Avancini, se entregó en la Policía Federal en San Pablo. Junto a otros altos directivos de la empresa fue conducido, en un avión de la policía, a Curitiba, capital de la provincia de Paraná, donde todos quedaron presos.

Otro alto –altísimo– ejecutivo de otra gigante del sector, Sergio Mendes Filho, presidente y heredero principal de la Mendes Junior, creyó que ir preso y viajar en un avión de la Policía Federal sería demasiada humillación. Prefirió entregarse viajando en su jet particular.


El presidente de la Queiróz Galvao, otra enorme constructora, Ildefonso Colares Fi-lho, optó por aguardar uno o dos días antes de entregarse. Para meditar de manera tranquila y poder reunirse con sus abogados sin ser molestado, se alojó en el Hotel Fasano, en Ipanema. La tarifa de mil dólares por día (con derecho a desayuno) no ha sido problema. Difícil fue entender que saldría de uno de los hoteles más lujosos del país directamente a una celda colectiva, con cama de cemento y una colchoneta de ocho escasos centímetros de espesor.


Otros altos ejecutivos de las mayores constructoras de Brasil –y del continente– están detenidos, en la misma situación.
No hay cómo negarlo: es el mayor escándalo destapado en la historia reciente de Brasil, un país donde la corrupción integra, desde hace siglos, el cotidiano de la gente. Se barajan cifras sin que se logre saber con certeza cuántos miles de millones de dólares fueron desviados, pero no es absurdo mencionar, para empezar, una cifra de alrededor de cuatro mil millones de dólares. Se trata de descubrir cuánto fue desviado de los contratos cuya suma se calcula en unos ochenta mil millones de dólares.


Cuando la Corte Suprema empiece a convocar a acusados y testigos, se golpeará al mero corazón político del país. Se conocerán los nombres de los beneficiados por el esquema. Ya se sabe que al menos 70 fueron denunciados por la red de corrupción. Entre ellos hay senadores, diputados nacionales, ministros, gobernadores, ex ministros, ex gobernadores. Tres grandes partidos están en el ojo del huracán: el PT de Lula da Silva, su principal aliado, el PMDB, y otro aliado significativo, el PP, pero hay más.

Se sabe que todos los contratos firmados por la Petrobras en los últimos diez años tenían un margen que oscilaba entre 2 y 3 por ciento para "hacer caja" de los partidos. En el caso de los contratos más sonoros, a veces se negociaba y esa tasa podía bajar un poquito.


Si se recuerda que a partir de 2004 las inversiones de Petrobras se multiplicaron con velocidad astronómica, superando los ochenta mil millones de dólares, se entenderá que estamos hablando de cantidades siderales solamente en el rubro "propina". Si a eso se agrega la sobrevalorización de costos y el desvío puro y llano de recursos, la cuenta se pierde en el infinito.


Conviene advertir que Petrobras, como toda gran empresa estatal, siempre ha sido objeto de negocios oscuros y, a veces, escandalosamente oscuros. Casi siempre las investigaciones se hicieron de manera relajada, y los escándalos terminaron disolviéndose en el tiempo. Ahora se investiga a fondo y los resultados son elocuentes.


El tema vuelve reforzado semanas después de que Dilma Rousseff lograra una difícil reelección. Frente a una pirámide de indicios y pruebas concretas del escándalo, en algunos centros urbanos, especialmente San Pablo, capital financiera y principal núcleo antipetista del país, se exige a gritos que se decrete el impeachment de la presidenta, o sea, su deposición. Algunas voces van al grano, bramando por un golpe militar.


Es una situación extremadamente delicada. En algún momento, más temprano que tarde, se conocerán los nombres de los políticos denunciados por los delatores, que a cambio de condenas más blandas aceptaron contar lo que hicieron. Sin saber quiénes son los acusados, ¿cómo puede Dilma negociar nombramientos con los partidos aliados? ¿Y si nombra a alguien para un ministerio y a la semana se sabe que ese alguien cobró propinas para facilitar negocios a las grandes constructoras?


Más allá del gobierno, es el mismo esquema político vigente el que está bajo la lupa. En las recientes elecciones generales, las diez empresas que hicieron las mayores donaciones "eligieron" al 70 por ciento de la Cámara de Diputados. Las constructoras (inclusive las que ahora podrán realizar juntas de directores no en sus sedes, pero sí en la cárcel) declararon haber donado unos 18 millones de dólares solamente a candidatos a diputado nacional. Jamás se sabrá cuánto donaron realmente. La bancada parlamentaria de las constructoras, o sea, los diputados que deben favores a esas empresas, superan a la mitad del total de la Cámara.


Mientras persistan las donaciones privadas, las elecciones en Brasil serán siempre una especie de ventanilla en la cual las empresas invierten hoy en los que podrán transformarse en deudores mañana: diputados y senadores y gobernadores y presidentes.


Ese es solamente uno de los problemas que salta a la vista en ese escándalo. Pero hay otros.

Por ejemplo: ahora se investiga a Petrobras, la mayor empresa latinoamericana y la que realiza las mayores inversiones de la región. Pero, ¿y cuando se investigue lo que pasa en las demás estatales? ¿Qué ocurre en las empresas de energía eléctrica, que también determinan cantidades millonarias de recursos en obras de construcción? La lista es ancha e infinita.

El objetivo final de la oposición –tanto la representada por los partidos políticos, que alcanzaron niveles importantes en las recientes elecciones, como la más activa, instalada en los grandes medios de comunicación que representan los más altos intereses del capital en Brasil– es llegar a Lula da Silva en primer lugar, y a Dilma como consecuencia. Para que la estrategia resulte están dispuestos a cualquier cosa. La gran pregunta que hacen es la siguiente: ¿cómo sería posible que todo eso ocurriese sin que Lula ni Dilma se dieran cuenta?

Se olvidan, desde luego, de un aspecto esencial: la corrupción no empezó ahora. Lo que sí empieza es la determinación de investigar a fondo lo que pasa. No importa si la primera consecuencia sea tener que cortar la propia carne. Lo que importa es que se investigue y se castigue.


Nunca antes los corruptores tuvieron el mismo destino –la cárcel– que los corruptos. Y aunque todo eso no dure más que una quimera, o sea, que los poderosos poderosísimos salgan de la cárcel en pocos días, al menos se establece un antecedente.

Es muy fácil pecar de ingenuidad, pero existe la sensación –por fugaz que sea– que de algo más podrá cambiar en este país.

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