La nave que deja el papa Benedicto XVI tiene serios problemas financieros. La investigación por lavado de dinero del Banco del Vaticano, las indemnizaciones por los escándalos sexuales y el número decreciente de donaciones son algunas de las dificultades que heredará el próximo pontífice. Nadie sabe a ciencia cierta cuánto gasta la Iglesia Católica, pero según publicó la revista inglesa The Economist el año pasado la cifra rondaría los 170 mil millones de dólares. El periodista católico estadounidense Jason Berry, autor de Las finanzas secretas de la Iglesia, califica a la estructura financiera de la Iglesia Católica de “caótica” y “opaca”. En diálogo con Página/12 Berry habló de las dificultades económicas del Vaticano que, a su juicio, remiten a la Guerra Fría y la masiva inyección de dinero con que la CIA financió al Vaticano para neutralizar la amenaza del Partido Comunista Italiano.

–¿Cómo es la estructura financiera de la Iglesia Católica a nivel mundial?

–La Iglesia Católica es muy jerárquica, monárquica diría, con el Papa a la cabeza y diócesis regenteadas por arzobispos y obispos en todo el globo. Pero por su mismo tamaño es internamente caótica, inmanejable. Cada obispo trabaja en su diócesis como si estuviera a cargo de un principado.

–¿Qué sabemos en concreto de la riqueza del Vaticano mismo?

–Hay una absoluta opacidad en las cuentas. Cuando el Vaticano declara sus ingresos y egresos anuales no incluye al Instituto para las Obras de Religión, el IOR, más popularmente conocido como Banco del Vaticano, cuyos fondos se estiman en unos dos mil millones de dólares. El IOR se ha manejado en un clima de absoluta opacidad que lo ha convertido en un vehículo perfecto para el tránsito de todo tipo de fondos. Pero ahora con la investigación del Banco Central de Italia sobre lavado de dinero esto está cambiando.

–Según ciertas informaciones, el Vaticano tiene intereses en una compañía de spaghetti, el sector financiero, aerolíneas, propiedades, una compañía cinematográfica. Hasta se dice que controla entre un 7 y un 10 por ciento de la economía italiana. Pero dada la opacidad de sus cuentas, ¿hasta dónde es posible confirmar esta información?

–Hay información que está a la vista de instituciones que nos permite saber dónde está el dinero del Vaticano. En Italia el Vaticano ha invertido mucho en el Banco de Roma, que fue fundamental en la reconstrucción de Italia después del Risorgimento en el siglo XIX. También tiene intereses en el transporte público. A esto hay que sumar propiedades en la misma Italia, en Europa y Estados Unidos. Hasta fue uno de los propietarios del edificio Watergate del famoso escándalo que le costó la presidencia a Richard Nixon. El gran tema hoy en día es averiguar hasta dónde ha suministrado servicios a clientes que lo usan como un banco off shore.

–¿Qué impacto económico han tenido los escándalos sexuales en las finanzas de la Iglesia?

–En Estados Unidos muy fuerte. Las diócesis y órdenes religiosas han pagado más de dos mil millones de dólares. En muchas ciudades han tenido que cerrar iglesias. Los Angeles, Chicago y Boston, tres de las más importantes archidiócesis, tienen un agujero promedio de unos 90 millones de dólares en sus Fondos de Pensiones.

–En su libro Vows of Silence usted habla del fundador de los legionarios de Cristo, el mexicano Marcial Maciel, quien llegó a manejar un imperio de unos 650 millones de dólares y contó con la protección del papa Juan Pablo II a pesar de las denuncias de abusos sexuales. Maciel tuvo fuertes vínculos con el gobierno de Pinochet en Chile y con los gobiernos de América Central. ¿Hay alguna figura equivalente en la Iglesia de hoy?

–Maciel fue el más exitoso recolector de fondos que tuvo la Iglesia. Comenzó a fines de los ’40 buscando apoyo de millonarios católicos en México, Venezuela y España durante la persecución de los curas en México y poco después de la Guerra Civil española. Con este dinero Maciel formó su propia base de poder en Roma y se convirtió en el abanderado del sector más conservador y militante de la Iglesia. Así como se vinculó mucho a Franco, hizo lo mismo con Pinochet en Chile. En Estados Unidos el mismo director de la CIA durante la época de Reagan, William Casey, hizo una donación de cientos de miles de dólares a los legionarios. Y es que Maciel se comportaba como un político que iba por el mundo recolectando fondos para avanzar la causa del catolicismo conservador y la agenda política conservadora. Pero la verdad era que toda su ideología encubría a un delincuente sexual con poderosos contactos. A pesar de que fue acusado de abusar seminaristas, el Vaticano no lo investigó hasta 2004, a instancias del cardenal Ratzinger, cuando Juan Pablo II se estaba muriendo. Gracias a esto sabemos que tuvo hijos de dos mujeres en México y que mantuvo ambos hogares con dinero de la legión de Cristo. El escándalo es que el Vaticano tardó tanto en investigarlo y dejó que se convirtiera en un Frankenstein. No hay hoy una figura equivalente a Maciel.

–Hay una larga historia de escándalos en las finanzas del Vaticano. En los ’80 estuvo el del Banco Ambrosiano y su presidente, Roberto Calvi, que apareció colgado debajo del puente de Blackfriars en Londres. Calvi tenía fuertes vínculos con el entonces presidente del Banco del Vaticano, el arzobispo estadounidense Paul Marcinkus. ¿Hay una continuidad entre estos escándalos y los actuales problemas del Banco?

–Creo que en realidad hay que retrotraerse a la Segunda Guerra Mundial, cuando la CIA comenzó a transferir grandes sumas al Banco del Vaticano. En 1948 fue la primera elección en la que el Partido Comunista, convertido en el más importante de Europa, buscaba el poder. En ese momento hubo una gran campaña en Estados Unidos, patrocinada por el gobierno, de la que participó Frank Sinatra para financiar a la democracia cristiana. Este fue el comienzo de la historia del dinero que circuló de los servicios de inteligencia estadounidenses al Vaticano. Una generación más tarde, con Roberto Calvi y Marcinkus, el banco se había convertido en una muy lucrativa vía para el pasaje de dinero. A fines de los ’80 el banco tuvo que pagar una multa de 250 millones de dólares. Ya allí funcionaba como un off shore para sus clientes privilegiados. Pero todavía queda mucho por documentar.

La historia de Elba Esther Gordillo es la historia del poder en México, al menos durante el último cuarto de siglo. Detenida el martes por la noche al descender de su jet privado en el aeropuerto de Toluca, a 60 kilómetros al poniente de la capital del país, procedente de San Diego, California, donde reside esporádicamente, la dirigente vitalicia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) se convirtió en la pieza de la legitimación política del retorno del PRI a Los Pinos, el golpe de fuerza que Enrique Peña Nieto necesitaba para verdaderamente asumir el poder en el cargo de presidente de la república del que tomó posesión hace casi tres meses.

Elba Esther pasó la noche en un penal de mujeres en las orillas de la ciudad, acusada de malversar 2 mil 600 millones de pesos (poco más de 200 millones de dólares) pertenecientes a las cuotas sindicales pagadas por más de un millón 200 mil maestros y trabajadores de la educación, equivalentes a medio millón de dólares cada día.

Para las masas ha quedado la escenificación: la Procuraduría General de la República (PGR) armó un caso contra La Maestra en poco más de dos meses, luego de que el área de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público detectara un movimiento irregular de 2 millones de pesos en un par de cuentas de cheques del sindicato y rastreara los movimientos de dos cuentas entre 2009 y 2012. Un mapa de conexiones entre Gordillo, tres prestanombres, empresas fantasma y cuentas en Suiza y Liechtenstein, exhibido por las autoridades, muestra una red de complicidades e ingeniería financiera digna de los más grandes capitales trasnacionales o de los mayores capos del crimen organizado que haya en el mundo. Para los poderes fácticos, eso es anécdota. A ellos les importa la criptografía elemental del mensaje subyacente: “El que puede lo más puede lo menos”, un principio general del derecho recodificado como ejercicio del poder del Estado, todo él sobre la cabeza de una de sus piezas clave que amenazaba con volverse en su contra.

En Guadalajara, a 460 kilómetros al noroeste de Ciudad de México, los dirigentes formales del SNTE, todos ellos subordinados de Elba Esther, se quedaron esperando la llegada de su líder vitalicia a la convención de la que iba a salir la estrategia para una movilización nacional que se opondría a la reforma educativa promulgada apenas la víspera.

Gordillo no es solamente un personaje importante caído en desgracia, mucho menos su arresto es un mero acto de justicia. Se trata de un acto brutal de poder, del tamaño del que hace 24 años legitimó en la presidencia de la república a Carlos Salinas de Gortari, ensombrecido por acusaciones de fraude electoral en contra del candidato de la izquierda Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, el hijo del mítico general Lázaro Cárdenas, el mismo que nacionalizó el petróleo. En enero de 1989, Salinas montó en Tamaulipas un operativo policíaco para arrestar a Joaquín Hernández Galicia, líder del poderosísimo sindicato petrolero, a quien le sembró el cadáver de un agente del Ministerio Público que en realidad había muerto en Chihuahua. Tres meses después, en abril, Salinas descabezó al SNTE, se deshizo de su “líder moral”, el senador priísta Carlos Jongitud Barrios, y encumbró a Elba Esther Gordillo al frente del sindicato más grande y poderoso de Latinoamérica.

Originalmente historia de caciques, la de Gordillo se convirtió en un thriller a la espera del guionista que le dé el glamour que sólo el poder dispensa a quienes no lo llevan en el ADN. Lo tiene todo: sexo, dinero a raudales, magia negra, triangulaciones financieras internacionales, derroches, excesos, traiciones, asesinatos...

Amante del líder sindical al que dio la espalda para encumbrarse ella en el SNTE, Elba Esther amasó una fortuna incalculable, a la que apenas se puede asomar a través de las propiedades que se le conocen en la exclusiva Isla Coronado, en San Diego, California, a unos minutos de la frontera con Tijuana; o sus propiedades en Polanco, uno de los barrios residenciales del Distrito Federal, que incluso le permitieron ser casera del que fuera canciller de Fox, Jorge G. Castañeda; o sus impresionantes colecciones de arte. Más visible es su gusto por la ropa y los accesorios de diseñador, que le permitían salir a la calle luciendo prendas de más de 10 mil dólares. Sus favoritas: Chanel, Prada, Escada, Louis Vuitton y Hermes.

Abuela cariñosísima, amiga leal, enemiga mortal. Así se la conoce entre los suyos, así la acusan sus enemigos, quienes la señalan como autora intelectual del asesinato del maestro Misael Núñez Acosta, el 30 de enero de 1981. El era parte de un movimiento magisterial que convulsionó al SNTE y prefiguró la caída del entonces dirigente Carlos Jongitud y el ascenso de Gordillo. Más de 200 profesores fueron asesinados o desaparecidos en México tras la muerte de Núñez Acosta. A quienes están con ella les va mejor, como demostró el regalo de 59 camionetas Hummer a otros tantos dirigentes seccionales del SNTE. Su propia familia puede dar testimonio. No sólo goza de propiedades, colecciones de arte y cuentas bancarias multimillonarias, sino que se han incrustado en la clase política: un yerno fue subsecretario de Educación Básica, su hija es senadora de la república, su nieto es diputado federal. Y todo gracias a que Elba Esther es dueña de su propio partido político: Nueva Alianza, creado luego de ser expulsada del PRI, del que llegó a ser secretaria general.

Célebre es su adhesión a la santería y, después, al vudú. Modificó incluso el logotipo del SNTE para incluir una carta del tarot. A mediados de los ’90 viajó a Africa para realizar un embrujo en contra del entonces presidente Ernesto Zedillo, quien se había convertido en su enemigo político cuando fue secretario de Educación Pública. El rito implicó el sacrificio de un león vivo, y el costo –además del pago de 456 mil dólares– fue la vida del nieto más querido de La Maestra, quien murió poco después del viaje en un trágico accidente en el elevador del departamento donde vivía, mientras jugaba con otros niños, según cuenta el libro Los Brujos del Poder.

Como sea, el poder de Elba Esther se incrementó desde ese momento. No sólo sobrevivió al sexenio de Zedillo, sino que fue pieza clave en las administraciones panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón, a quienes incluso arrancó posiciones en la administración pública y los sometió a sus caprichos en las políticas de educación. En 2000 realizó otro rito poco después del triunfo de Fox, en el que involucró a todos los dirigentes del SNTE. Si eso sirve de algo, tal vez explique el sometimiento de Fox y Calderón. En todo caso, es más que finito. O al menos ya no le alcanzó para controlar a Enrique Peña Nieto.

Monseñor Keith O'Brien, cardenal arzobispo de las diócesis escocesas de Saint Andrews y Edimburgo, es el primer jerarca de la Iglesia que tiene que renunciar a participar en la elección del nuevo Obispo de Roma, tras la dimisión de Benedicto XVI, a causa del escándalo de abusos sexuales y pederastia que sacude los cimientos de la Santa Sede. Pero el Vati-sex sísmico que ha estallado en la antesala del histórico Cónclave después de décadas de maniobras para ocultar esos delitos y encubrir a sus autores amenaza a otros muchos obispos y prelados, como el cardenal de Los Ángeles, Roger Mahony, cuyos feligreses de Catholics United se oponen a que participe en la designación del próximo Papa.

O'Brien se ha visto obligado a "dimitir" de su cargo tras haber sido acusado de un "comportamiento inapropiado" (abusos sexuales, para ser exactos) con seminaristas y sacerdotes en la década de los 80. La noticia fue adelantada por la BBC, pero el Vaticano se apresuró a comunicar pocos minutos después que el papa Benedicto XVI había aceptado la renuncia "por motivos de edad".  A sus 74 años, era el más veterano jerarca de la Iglesia Católica en Reino Unido y pone punto final a su carrera eclesiástica después de que cuatro curas católicos (uno de ellos ya secularizado) se quejaran muy recientemente al Papa por lo que en el Vaticano denominan "conducta indebida" o "inapropiada", que durante años ha llevado a cabo el cardenal británico y que parecen remontarse a la década de los 80

Precisamente O'Brian -el más alto cargo de la Iglesia católica en Escocia y líder de su Conferencia Episcopal- ha sido hasta ahora una de las figuras más destacadas en la jerarquía católica de Reino Unido en promulgar un rotundo rechazo a la propuesta de aceptar el matrimonio homosexual, (que calificó como "nocivo para el bienestar físico, mental y espiritual", considerando a los gays "personas inmorales"), el aborto, la eutanasia, la desaparición del celibato de los curas...

Lo que el Vaticano llama "conductas inapropiadas o indebidas", refiriéndose al cardenal O'Brian, son, en román paladino, abusos deshonestos de niños, jóvenes y también sacerdotes primerizos, por parte de sus superiores, sus obispos o sus jerarcas. Todavía existen miles de víctimas que esperan, entre ellas muchos ex Legionarios de Cristo y centenares de adultos violados cuando niños, que el Papa les reciba para poderles pedir personalmente perdón en nombre de la Iglesia.

Benedicto XVI no gana para sustos, aunque durante los 25 años que trabajó junto al papa Juan Pablo II, como Prefecto de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe y la Moral, conoció cientos de denuncias que entonces jamás pudo tomar en consideración, a juicio de muchos, porque se lo prohibió Karol Wojtyla. Especialmente las referidas a Marcial Maciel, fundador de la Legión de Cristo, y de vida sexual y económica muy desacorde con las normas católicas; hasta que, una vez elegido papa, decidió "retirar" de la vida pública al poderoso clérigo mexicano. Pero Ratzinger sabía muy bien que ni era el único ni con Maciel se iban a cerrar las denuncias por los abusos sexuales cometidos por sacerdotes, obispos e incluso cardenales de la Iglesia.

Los Legionarios de Cristo de Marcial Maciel

Uno de los analistas españoles que mejor conocen las interioridades de la Iglesia, Pepe Rodríguez, publicó hace ya 10 años un trabajo espléndido acerca de los delitos sexuales del clero contra menores: "Pederastia en la Iglesia Católica" (Ediciones B, Barcelona 2002), que él mismo señala como "un drama silenciado y encubierto por los obispos". El resultado es sobrecogedor. En él se recogen centenares de casos de sacerdotes que llegaron a ser condenados judicialmente por cometer delitos sexuales contra menores, y de buen número de obispos relevados de sus cargos al hacerse públicas sus conductas pederastas.

Pero estas condenas o destituciones han sucedido en la última década, cuando, según las noticias que van apareciendo y estremeciendo a la comunidad católica, un día sí y otro también, era algo que venía sucediendo, "que se sepa", desde los años 40 del siglo pasado: lo de Marcial Maciel, desde 1950, cuando ya el propio papa Pío XII le suspendió a divinis por un año, cosa que ni Benedicto XVI se atrevió puntual y tajantemente a hacer.

Durante muchísimos de estos años, en no pocos seminarios y parroquias, en no pocos pueblos de España, se han producido numerosos casos de violación y abusos sexuales de niños y adolescentes, y también cientos de embarazos de mujeres por parte de sacerdotes, párrocos y educadores religiosos. El castigo que los obispos imponían a muchos de aquellos clérigos era... cambiarles de lugar o destinarles a alguna misión de África o América Latina. El que se imponía a muchos obispos o cardenales de todo el mundo, de los que ya hoy día empiezan a conocerse sus nombres, era cambiarles de diócesis y en algunos casos ascenderles de categoría.

Lo que quiere decir, sencillamente, que en el Vaticano los delitos sexuales del clero nunca se han tomado en consideración; es más, se han encubierto y en ocasiones hasta se han premiado con un ascenso. En cualquier caso, siempre se han silenciado. En realidad, y ya desde los tiempos de Juan XXIII, la cúpula eclesial ha mantenido una legislación canónica que obligaba a encubrir y perdonar al clero en este y en otros delitos. Más aún: a prohibir expresamente difundirlos o denunciarlos. Según Pepe Rodríguez, tal encubrimiento sigue siendo práctica cotidiana en las diócesis católicas.

Desde hace al menos 10 años, en algunas diócesis de España, Francia, Italia, Polonia, Gran Bretaña, Alemania, Austria, Bélgica y muy sonadamente Irlanda o Estados Unidos, y en no pocas de México, Costa Rica, Colombia, Puerto Rico, Argentina o Chile, y en la lejana Australia, han venido apareciendo gran número de casos con nombres y apellidos de sacerdotes, obispos y cardenales acusados por sus víctimas de abusos sexuales, pero condenadas estas últimas a sufrir las consecuencias de un decálogo episcopal para los encubrimientos y de las vergonzosas maniobras de los obispos y del Vaticano para ocultar esos delitos y proteger al clero pederasta, asombrosamente numeroso. Los chantajes para conseguirlo han sido, durante todos estos últimos años, de auténtico espanto. Algunas de las víctimas, ya adultas, al no poder soportar el trauma que les dejó el abuso sexual de niños, han acabado suicidándose. O en un psiquiátrico.

Pero Benedicto XVI, que conocía estas tragedias desde sus años de Gran Inquisidor, jamás hizo o pudo hacer algo por ellos. Recientemente, el papa Ratzinger ha modificado el Código de Derecho Canónico a este respecto... pero es ya demasiado tarde. Más aún: una declaración pontificia de hace poco más de un año trataba de "justificar" los abusos y violaciones de niños y jóvenes por parte del clero "por la liberación sexual de los años 60", como si la culpa de estos delitos la tuvieran el mundo en general y los hippies del eslogan "paz y amor", en particular, o "la revolución del 68", como llegó a afirmar algún preboste de la Iglesia. ¡Menos mal que no han echado la culpa de todo a Simone de Beauvoir, la mujer de Jean Paul Sartre, autora de El segundo sexo!

Ya en 2002, cuando un cardenal norteamericano miembro de la Curia Vaticana -monseñor James Stafford- debatía en Roma -en presencia del papa Juan Pablo II y el resto de los cardenales de su país- el escándalo de la pedofilia en los Estados Unidos, afirmó por primera vez abiertamente: "La Iglesia pagará muy caros estos errores... Ha sido una tragedia, pero tenemos la obligación de reaccionar y de ayudar por todos los medios a las víctimas"... Y no se las ayuda tapando esos crímenes ni echando la culpa a la "liberación sexual del siglo XX". Ni a la prensa, como acaban de hacer los portavoces vaticanos.

Las miles de demandas en Estados Unidos y en otros muchos países (incluidos Bélgica, España e Irlanda), los millones de dólares que están pagando en indemnizaciones a las víctimas de los abusos sexuales del clero varias diócesis estadounidenses (algunas han entrado en quiebra a causa de ello), y en los últimos años el creciente e imparable descubrimiento de que los autores de tales abusos no son sólo curas de a pie sino también obispos y cardenales de la Iglesia de Roma, parece haber resultado ser, entre otras causas, el detonante final de la estampida a que ha llegado, tras más de 500 años sin dimisiones de pontífices, Benedicto XVI, para dejarle a otro la solución del problema.

Un problema que, junto a la corrupción en la Banca de Dios, puede acabar de una vez por todas con 2000 años de poder de la Iglesia Católica.

Por RAFAEL PLAZA VEIGA  Madrid25/02/2013 18:53 Actualizado: 25/02/2013 20:51

A solo un mes de realizarse un inédito proceso de revocatoria de la alcaldesa de la ciudad más importante del país y a la vez capital peruana, la tendencia parece encaminarse hacia un escenario en el que las diferencias entre las opciones del SÍ revocador y el NO se acortan cada vez más.

Susana Villarán de la Puente afronta la paradójica situación de ser al mismo tiempo no solo la primera mujer alcaldesa en la historia de Lima, sino también la primera que podría ser vacada del cargo en el municipio más importante del país. Elegida para el periodo 2011-2014, en unas elecciones en las que empezó su campaña con un escaso 5 % a favor de su partido Fuerza Social con el apoyo de movimientos de izquierda, terminó imponiéndose a la favorita, otra aspirante y curtida política peruana como Lourdes Flores, varias veces candidata presidencial.

La legislación electoral peruana contempla la Consulta Popular para vacar o revocar autoridades elegidas por el voto popular solo en el caso de alcaldes, regidores, presidentes y consejeros regionales; más no así para los cargos de presidente de la República ni congresistas o legisladores.

En realidad, Susana Villarán empezó a sentir la espada de Damocles de la revocatoria ni bien empezó su mandato y cuando su presencia en la municipalidad limeña significaba la posibilidad de investigar casos de corrupción que involucraban a su antecesor, Luis Castañeda Lossio. El más emblemático fue el que se conoce como el caso Comunicore, que consistió en el pago de 35 millones de Nuevos Soles (más de 10 millones de dólares de la época) por una deuda a una empresa privada que había sido renegociada en 14 millones de Nuevos Soles.

A partir de entonces se estableció una alianza entre los sectores políticos involucrados con la corrupción y el poder económico y mediático vinculado a estos sectores para desprestigiar y satanizar la gestión de la alcaldesa limeña a través de demoledoras campañas que se tradujeron en deprimentes cifras de aprobación que un momento apenas alcanzó apenas un 18%. Si bien la percepción general es que los promotores de la revocatoria son el ex alcalde a quien le apodan "el mudo" y el ex presidente Alan García, la cara visible es un oscuro abogado que un tiempo fue regidor de Izquierda Unida y luego terminó haciendo consultorías para Castañeda Lossio, llamado Marco Tulio Gutiérrez, a quien hoy han bautizado como "Marco Turbio".

Hay que decir también que la propia alcaldesa y su equipo de gestión le han hecho sendos favores a los revocadores, pues más allá de importantes iniciativas para resolver los grandes y graves problemas que sufren los casi nueve millones de limeños, han tenido deslices y errores políticos y de gestión que han sido aprovechados para bombardear su gestión.

Sin embargo, más allá del hecho conciso de que la figura de la revocatoria es parte del juego político democrático que impera en el país, en este caso concreto lo que se percibe es que es utilizada como un instrumento de venganza política de quienes perdieron las elecciones municipales y pretenden volver a controlar el gobierno de la ciudad y recuperar lo que consideran que es su botín que les fue arrebatado por una advenediza.

Para ello, el principal argumento de los revocadores es la supuesta "incapacidad" de la alcaldesa y para demostrar eso no han vacilado en descargar gruesos adjetivos descalificadores contra Villarán, lo que incluye la capacidad de mentir descaradamente como acusarla de pagar 50 mil dólares a una encuestadora para que levante las cifras a favor del No.

Por cierto, más allá de los errores, la gestión de Villarán es percibida como una de las más honestas y transparentes, lo que resulta ser quizás un valioso capital político al momento de las decisiones claves, este 17 de marzo día de la consulta popular. Se le reconoce también estar afrontando dos de los más complejos problemas de la Capital a través de una reforma del transporte público urbano y el comercio mayoritario de alimentos, medidas que han tocado intereses de mafias enquistadas por años en estos negocios. El reciente desalojo del llamado Mercado Mayorista de Lima, que ningún alcalde anterior se atrevió a ejecutar y cuyo operativo llevó casi una semana con costos de vidas humanas, grafica tal vez lo que significa enfrentar estos problemas. Por lo demás, la actual gestión ha puesto en marcha un ambicioso programa de construcciones para la modernización de Lima que comprometen cientos o miles de millones de dólares de inversión con aporte de empresas privadas.

Lo cierto es que la batalla por Lima ha entrado a la fase final y además, de la trascendencia que tendrá para el futuro de la Capital, este proceso revocatorio ha puesto sobre el tapete otros temas en la política peruana. Uno de ellos es el poder y el margen de maniobra de la corrupción enquistada en la política en alianza con el poder económico y mediático. Como bien ha dicho el reconocido politólogo Sinesio López, no por algo "son los gobernantes más corruptos de los últimos tiempos" los que aparecen tras la campaña por el Sí revocatorio como el fujimorismo, el Apra y el propio partido de Castañeda Lossio. Otro tema que ha salido a debate es la pertinencia misma de la figura de la revocatoria como instrumento que fortalece la institucionalidad democrática o la debilita. Esto tomando en cuenta, que de prosperar la revocatoria, Lima correría el riesgo de tener hasta cuatro alcaldes en un periodo de cuatro años.

Al concluir esta nota, dos encuestadoras han publicado cifras que revelan lo que parece ser la tendencia predominante de este último mes de campaña: el ascenso de la opción por el NO y el declive el SÍ. Una de ellas arroja 47 % por el SI y 45 % por el NO, dato que no resulta menor si se considera que hasta el mes de enero el SI llegó a proyectar casi un 70 % de apoyo. A ello, sin duda ha contribuido la presencia de importantes y prestigiosos políticos, deportistas, artistas e intelectuales que apoyan a la alcaldesa. Hasta hace un mes, la revocatoria de Susana Villarán a mitad de su periodo era casi un mero trámite; ahora a solo un mes de la consulta, las cosas han cambiado rotundamente. Sea cual fuere el resultado, este será muy ajustado y de hecho se abrirá un nuevo escenario político no solo en Lima sino que trascenderá en el futuro político del país.

- José Coronado es periodista peruano.

Los expertos vaticanistas alegan que el papa Benedicto XVI decidió renunciar en marzo del año pasado, después de regresar de su viaje a México y a Cuba. En ese entonces, el Papa que encarna lo que el especialista y universitario francés Philippe Portier llama “una continuidad pesada” con su predecesor, Juan Pablo II, descubrió la primera parte de un informe elaborado por los cardenales Julián Herranz, Jozef Tomko y Salvatore De Giorgi. Allí estaban resumidos los abismos nada espirituales en los que había caído la Iglesia: corrupción, finanzas oscuras, guerras fratricidas por el poder, robo masivo de documentos secretos, pugna entre facciones y lavado de dinero. El resumen final era la “resistencia en la curia al cambio y muchos obstáculos a las acciones pedidas por el Papa para promover la transparencia”.

El Vaticano era un nido de hienas enardecidas, un pugilato sin límites ni moral alguna donde la curia hambrienta de poder fomentaba delaciones, traiciones, zancadillas, lavado de dinero, operaciones de Inteligencia para mantener sus prerrogativas y privilegios al frente de las instituciones religiosas y financieras. Muy lejos del cielo y muy cerca de los pecados terrestres. Bajo el mandato de Benedicto XVI, el Vaticano fue uno de los Estados más oscuros del planeta. Josef Ratzinger tuvo el mérito de destapar el inmenso agujero negro de los curas pedófilos, pero no el de modernizar la Iglesia y dar vuelta la página del legado de asuntos turbios que dejó su predecesor, Juan Pablo II.

Ese primer informe de los tres cardenales desembocó, en agosto del año pasado, en el nombramiento del suizo René Brülhart, un especialista en lavado de dinero que dirigió durante ocho años la Financial Intelligence Unit (FIU) du Liechtenstein, o sea, la agencia nacional encargada de analizar las operaciones financieras sospechosas. Brülhart tenía como misión poner al Banco del Vaticano en sintonía con las normas europeas dictadas por el GAFI, el grupo de acción financiera. Desde luego, no pudo hacerlo. El pasado turbio le cerró el paso.

Benedicto XVI fue, como lo señala Philippe Portier, un continuador de la obra de Juan Pablo II: “Desde 1981 siguió el reino de su predecesor acompañando varios textos importantes que él mismo redactó a veces, como la Condena de las teologías de la liberación de los años 1984-1986, el Evangelium Vitae de 1995, a propósito de la doctrina de la Iglesia sobre temas de la vida, o Splendor Veritas, un texto fundamental redactado a cuatro manos con Wojtyla”. Estos dos textos citados por el experto francés son un compendio práctico de la visión reaccionaria de la Iglesia sobre las cuestiones políticas, sociales y científicas del mundo moderno.

La segunda parte del informe de los tres cardenales le fue presentada al Papa en diciembre. Desde entonces, la renuncia se planteó de forma irrevocable. En pleno marasmo y con un montón de pasillos que conducían al infierno, la curia romana actuó como lo haría cualquier Estado. Buscó imponer una verdad oficial con métodos modernos. Para ello contrató al periodista norteamericano Greg Burke, miembro del Opus Dei y ex miembro de la agencia Reuters, la revista Time y la cadena Fox. Burke tenía por misión mejorar la deteriorada imagen de la Iglesia. “Mi idea es aportar claridad”, dijo Burke al asumir el puesto. Demasiado tarde. Nada hay de claro en la cima de la Iglesia Católica.

La divulgación de los documentos secretos del Vaticano orquestada por el mayordomo del papa, Paolo Gabriele, y muchas otras manos invisibles fue una operación sabiamente montada cuyos resortes siguen siendo misteriosos: operación contra el poderoso secretario de Estado, Tarcisio Bertone, conspiración para empujar a Benedicto XVI a la renuncia y poner a un italiano en su lugar, o intento de frenar la purga interna en curso y la avalancha de secretos, los vatileaks sumergieron la tarea limpiadora de Burke. Un infierno de paredes pintadas con ángeles no es fácil de rediseñar.

Benedicto XVI se hizo aplastar por las contradicciones que él mismo suscitó. Estas son tales que, una vez que hizo pública su renuncia, los tradicionalistas de la Fraternidad de San Pío X fundada por monseñor Lefebvre saludaron la figura del Papa. No es para menos: una de las primeras misiones que emprendió Ratzinger consistió en suprimir las sanciones canónicas adoptadas contra los partidarios fascistoides y ultrarreaccionarios de monseñor Lefebvre y, por consiguiente, legitimizar en el seno de la Iglesia esa corriente retrógrada que, de Pinochet a Videla, supo apoyar a casi todas las dictaduras de ultraderecha del mundo.

Philippe Portier señala al respecto que el Papa “se dejó sobrepasar por la opacidad que se instaló bajo su reino”. Y la primera de ellas no es doctrinal, sino financiera. El Vaticano es un tenebroso gestor de dinero y muchas de las querellas que se destaparon en el último año tienen que ver con las finanzas, las cuentas maquilladas y las operaciones ilícitas. Esta es la herencia financiera que dejó Juan Pablo II y que para muchos especialistas explica la crisis actual. El Instituto para las Obras de Religión, es decir el banco del Vaticano, fundado en 1942 por Pío XII, funciona con una oscuridad tormentosa. En enero, a pedido del organismo europeo de lucha contra el blanqueo de dinero, Moneyval, el Banco de Italia bloqueó el uso de las cartas de crédito dentro del Vaticano debido a la falta de transparencia y a las fallas manifiestas en el control de lavado de dinero. En 2011, los cinco millones de turistas que visitaron la Santa Sede dejaron 93,5 millones de euros en las cajas del Vaticano, ahora deberán pagar al contado. El IOR gestiona más de 33.000 cuentas por las que circulan más de seis mil millones de euros. Su opacidad es tal que no figura en la “lista blanca” de los Estados que participan en el combate contra las transacciones ilícitas.

En septiembre de 2009, Ratzinger nombró al banquero Ettore Gotti Tedeschi al frente del Banco del Vaticano. Cercano al Opus Dei, representante del Banco de Santander en Italia desde 1992, Gotti Tedeschi participó en la preparación de la encíclica social y económica Caritas in veritate, publicada por el Papa en julio. La encíclica exige más justicia social y plantea reglas más transparentes para el sistema financiero mundial. Tedeschi tuvo como objetivo ordenar las turbias aguas de las finanzas vaticanas. Las cuentas de la Santa Sede son un laberinto de corrupción y lavado de dinero cuyos orígenes más conocidos se remontan a finales de los años ’80, cuando la Justicia italiana emitió una orden de detención contra el arzobispo norteamericano Paul Marcinkus, el llamado “banquero de Dios”, presidente del Instituto para las Obras de la Religión y máximo responsable de las inversiones vaticanas de la época.

Marcinkus era un adepto a los paraísos fiscales y muy amigo de las mafias. Juan Pablo II usó el argumento de la soberanía territorial para evitar la detención y salvarlo de la cárcel. No extraña, le debía mucho, ya que en los años ’70 y ’80 Marcinkus había utilizado el Banco del Vaticano para financiar secretamente al hijo predilecto de Juan Pablo II, el sindicato polaco Solidaridad, algo que Wojtyla no olvidó jamás. Marcinkus terminó sus días jugando al golf en Arizona y en el medio quedó un gigantesco agujero negro de pérdidas (3,5 mil millones de dólares), inversiones mafiosas y también varios cadáveres.

El 18 de junio de 1982 apareció un cadáver ahorcado en el puente londinense de Blackfriars. El cuerpo pertenecía a Roberto Calvi, presidente del Banco Ambrosiano y principal socio del IOR. Su aparente suicidio corrió el telón de una inmensa trama de corrupción que incluía, además del Banco Ambrosiano, la logia masónica Propaganda 2 (más conocida como P-2), dirigida por Licio Gelli, y el mismo Banco del Vaticano dirigido por Marcinkus. Gelli se refugió un tiempo en la Argentina, donde ya había operado en los tiempos del general Lanusse mediante un operativo llamado “Gianoglio” para facilitar el retorno de Perón.

A Gotti Tedeschi se le encomendó una misión casi imposible y sólo permaneció tres años al frente del Instituto para las Obras de Religión. Fue despedido de forma fulminante en 2012 por supuestas “irregularidades en su gestión”. Entre otras irregularidades, la fiscalía de Roma descubrió un giro sospechoso de 30 millones de dólares entre el Banco del Vaticano y el Credito Artigiano. La transferencia se hizo desde una cuenta abierta en el Credito Artigiano pero bloqueada por la Justicia a causa de su falta de transferencia. Tedeschi salió del banco pocas horas después de que se detuviera al mayordomo del Papa y justo cuando el Vaticano estaba siendo investigado por supuesta violación de las normas contra el blanqueo de capitales. En realidad, su expulsión constituye otro episodio de la guerra entre facciones. En cuanto se hizo cargo del puesto, Tedeschi empezó a elaborar un informe secreto donde consignó lo que fue descubriendo: cuentas cifradas donde se escondía dinero sucio de “políticos, intermediarios, constructores y altos funcionarios del Estado”. Hasta Matteo Messina Denaro, el nuevo jefe de la Cosa Nostra, tenía su dinero en el IOR. Allí empezó el infortunio de Tedeschi. Quienes conocen bien el Vaticano alegan que el banquero amigo del Papa fue víctima de un complot armado por consejeros del banco con el respaldo del secretario de Estado, monseñor Bertone, un enemigo personal de Tedeschi y responsable de la comisión cardenalicia que vigila el funcionamiento del banco. Su destitución vino acompañada por la difusión de un “documento” que lo vinculaba con la fuga de documentos robados al Papa.

Más que las querellas teológicas, es el dinero y las sucias cuentas del Banco del Vaticano lo que parecen componer la trama de la inédita renuncia del Papa. Un nido de cuervos pedófilos, complotistas reaccionarios y ladrones, sedientos de poder, impunes y capaces de todo con tal de defender su facción, la jerarquía católica ha dejado una imagen terrible de su proceso de descomposición moral. Nada muy distinto al mundo en el que vivimos: corrupción, capitalismo suicida, protección de los privilegiados, circuitos de poder que se autoalimentan y protegen, el Vaticano no es más que un reflejo puntual de la propia decadencia del sistema.

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En España el gobierno conservador ha sufrido un fuerte sacudón por un escándalo de corrupción que involucra al partido gobernante y salpica al presidente Mariano Rajoy. Un fuerte sacudón que no llega a hacer tambalear al gobierno, al menos no todavía, porque a pesar de la tremenda indignación que la trama corrupta ha generado en una sociedad española desanimada por una crisis económica que ya lleva años, ningún actor político aparece en condiciones de capitalizar los problemas del elenco gobernante, mucho menos ofrecerse como eventual reemplazo, tal es el desprestigio al que ha llegado la clase gobernante española, incluyendo por supuesto a la familia real, agobiada por su propia carga de fraudes y papelones.

El escándalo estalló el mes pasado cuando autoridades judiciales encontraron en Suiza una cuenta que llegó a tener 22 millones de euros a nombre del entonces gerente, luego tesorero, del gobernante Partido Popular (PP), un tal Luis Bárcenas. Esta semana la trama se espesó cuando el diario El País publicó fotocopias de lo que sería la contabilidad en negro de Bárcenas. Los asientos publicados, que abarcan el período 1990-2008, indicarían que Rajoy cobró 25.000 euros mensuales desde 1999, cuando asumió como vicepresidente del partido.

Bárcenas, un oscuro cuadro partidario, llegó a senador en una lista sábana representando a una región que nunca habitó y que fue promovido por Rajoy de gerente a tesorero del partido en el 2008. El cargo de tesorero le duró poco a Bárcenas porque al año siguiente de ser nombrado debió renunciar porque apareció imputado por coimas y lavado de dinero en un caso de corrupción, el llamado “caso Gürtel”, que involucraba a funcionarios del PP en Madrid y Valencia que recibían regalos de empresarios a cambio de contratos públicos.

Cuando el nombre de Bárcenas apareció en el expediente Gürtel, la plana mayor del PP, empezando por Rajoy, ensayó una encendida defensa pública de la supuestamente intachable moralidad del hasta entonces desconocido recaudador partidario. Un comunicado oficial del PP del 2009 le reconocía a Bárcenas, sobre todo, su “lealtad al partido”. Luego de su renuncia, el PP se hizo cargo de la defensa legal de Bárcenas en el caso Gürtel y, hasta la semana pasada, el ex tesorero conservó oficina y secretaria en la sede del PP en Madrid.

Pero desde que apareció la cuenta suiza y la supuesta contabilidad en negro, ningún jerarca del PP parece conocer a Bárcenas. Rajoy ni siquiera lo nombró el martes pasado cuando intentó limpiar su buen nombre y honor con una curiosa frase en una conferencia de prensa que no admitió preguntas, tras un cónclave cerrado con la cúpula del PP, para ver cómo se hacía frente a las acusaciones publicadas en el matutino madrileño, que el presidente había intentando ignorar durante dos largos días hasta que la presión de la opinión pública lo obligo a reaccionar.

“Nada de lo publicado es verdad, salvo alguna cosa”, se despachó muy suelto de cuerpo el presidente, sin explicar a qué se refirió con “alguna cosa”. Después partió a Bruselas para negociar el presupuesto europeo y no volvió a referirse al tema, a pesar de la insistencia de los periodistas. Ayer, en un nuevo intento por darle un corte al asunto, Rajoy publicó en su página web sus declaraciones patrimoniales de los últimos diez años, y el Partido Popular hizo lo propio con sus registros contables de los últimos cuatro años. Pero lejos de borrar las dudas, las presentaciones de Rajoy mostraron fuertes oscilaciones en los sueldos que le pagaba el partido y en sí mismos no excluían la posibilidad de pagos en negro.

Mientras tanto la fiscalía anticorrupción española citó a declarar a Bárcenas y a su antecesor en la tesorería, Lapuerta, el miércoles pasado. Ambos se mantuvieron fieles al partido: negaron que los registros contables que salieron publicados fueran de su autoría y negaron que el partido llevase una contabilidad paralela. Pero en la misma sesión declaró quien hasta ahora es el único arrepentido del caso, el ex diputado del PP Jorge Trías, quien dijo que los registros publicados eran idénticos a unos que le había mostrado Bárcenas años atrás. Además, varios grafólogos que compararon la letra de Bárcenas con los registros publicados coincidieron en adjudicarle la autoría de los asientos al ex tesorero implicado. También, varias de las operaciones contables que aparecen en los registros fueron confirmadas por sus protagonistas, aunque aclararon que se trataron de operaciones en blanco.

Según El País, los registros publicados daban cuenta de que Rajoy, el ex presidente José María Aznar y los principales políticos del PP recibieron sobresueldos de cinco, diez o quince mil euros mensuales, según el nivel jerárquico de cada uno, que Bárcenas repartía a partir de valijas en negro que le hacían llegar empresas privadas interesadas en financiar al partido o alguna campaña política.

Tarde o temprano se sabrá si miente el presidente o si miente el principal diario de España, lo cual no debería ser un detalle menor. Pero a esta altura poco parece importarle a una sociedad que ha perdido el respeto por sus representantes y que exige un poco de justicia en medio de tanta exhibición impúdica de dinero mal habido.

Porque más allá de que está en juego la conducta personal de Rajoy, lo sabido y comprobado es que el tesorero del partido gobernante sacó del país una suma millonaria que no puede explicar, mucho menos justificar. Después, ese mismo tesorero aprovechó un blanqueo de capitales, promovido por el propio Rajoy, para ingresar doce de esos 22 millones al país, y así poder pagar lujosas mansiones y casas de veraneo que ningún empleado de un partido político podría pagar con su sueldo, por más que haya ahorrado todo lo que le pagaron.

El problema es que el financiamiento en negro de la política es un secreto a voces acá, allá y en muchos países. En España los nacionalistas catalanes enfrentan varios casos de corrupción y los socialistas han tenido lo suyo. Cómo será el descrédito general de la clase política española que aun después del escándalo de los sobresueldos el PP está mejor visto que el PSOE, según las últimas encuestas. La patronal de empresarios también ha sido manchada por los pagos a los políticos y los sindicatos no escapan a los mismos cuestionamientos éticos.

Entonces, lo que debería ser un caso definitorio para impulsar la segunda refundación de la democracia española se reduce a un tímido pedido de elecciones anticipadas por parte de la oposición, a un poco creíble despliegue de virtuosa indignación por parte de Rajoy y los suyos, y la fetichización de Bárcenas, que ya no puede salir a la calle sin que le griten “chorizo” (chorro), “sinvergüenza” y “ladrón” (foto).

Pero la condena social no alcanza. Los españoles, con justa razón, quieren culpables en la Justicia. Quieren que alguien pague, por lo menos Bárcenas por los millones en negro que sacó del país burlándose del fisco. Millones de euros, aparentemente provenientes de los mismos empresarios inmobiliarios españoles que inflaron la burbuja que explotó con la crisis, mientras los políticos que debían vigilarlos juntaban (o no) sobresueldos y miraban para otro lado. Vaya si los tesoreros de los partidos políticos, que antes eran oscuros burócratas, ahora se han convertido en poderosos personajes. Da la impresión de que casi todos los políticos españoles les tienen miedo a Bárcenas y a sus puntillosas anotaciones. Y ahora que el personaje se volvió impresentable, esos políticos no saben qué decir, o saben pero no se animan a decirlo. Por eso la gente no les cree, por eso cientos de miles de indignados les gritan en cada marcha: “¡Ustedes no nos representan!”.

El esquema que enriqueció ilícitamente a Bárcenas quién sabe a cuántos más les funcionó durante dos décadas en los tiempos de bonanza económica. Pero el día que se acabó la plata empezaron las denuncias. Con las denuncias estalló la bronca y el esquema se derrumbó. Es que sin plata, los choreos son más difíciles de maquillar.

 Por Santiago O’Donnell

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No es lo mismo la fase de auge, que diluye los excesos criminales de los países, que la fase de su desplome, la cual exhibe los ocultados defectos y abusos debajo de los tapetes, como sucede en todas las naciones, pero que en el caso de España cobra singular significado debido al poderoso vínculo cultural y afectivo que mantiene con Latinoamérica (LA), no se diga con países árabes.

Lejos de un schadenfreude (el placer que incita la calamidad ajena), la descomposición del imperante neoliberalismo de la España contemporánea, muy distante de su gloriosa época de oro literaria y hasta imperial, y su putrefacción casi en todos los ámbitos –social, político, energético, financiero y hasta periodístico– provoca una depresión lastimosa.

La España del fiscalista (literal) ex presidente José María Aznar López, del presidente Mariano Rajoy –ambos del vilipendiado Partido Popular, curiosamente inspirador del colonizado PAN mexicano en vías de extinción electoral– y hasta de su anacrónico rey sin compasión pública por los elefantes, colisiona con la España del inmortal Cervantes y de su austero rey Felipe II.

España, al borde la balcanización, aún no se encuentra a los niveles del desplome de su imperio en 1868, pero sus megaescándalos pueden alcanzar niveles superiores, en medio de un desempleo aterrador, cuando cunden veleidades secesionistas desde Cataluña hasta el País Vasco.

Cuando se analicen las razones por las cuales España alcanzó tal degradación es probable que a la cabeza de sus factores múltiples se encuentre su incrustación a la globalización financierista y la aplicación sin miramientos del neoliberalismo deshumanizado a nivel local.

El neoliberalismo español naufraga sin visos de salvación. Todo lo contrario: los parámetros apuntan a su mayor descomposición a lo largo del año y quizá de toda la década.

No ha sido la mejor época para la imagen tan mancillada de España en el mundo, aún la quinta potencia industrial europea –con la notable excepción del desempeño impresionante de algunos de sus deportes (v.gr futbol y basquetbol)– desde los fraudes del yerno del rey, pasando por la pantagruélica corrupción del gobernante Partido Popular de corte fascistoide hasta las mafiosas hazañas de Banco Santander (el mayor de Europa continental, uno de los 10 primeros del mundo y con un capital atribulado de 90 mil millones de dólares).

La Jornada (01/02/13) ha reseñado la extensa red de megacorrupción de "dinero negro" que salpicó al presidente Rajoy y a los altos mandos del Partido Popular mediante lubricaciones delincuenciales de las empresas favorecidas por el modelo neoliberal.

Mas allá de los malos manejos de la petrolera Repsol y las gaseras españolas en LA, donde han sido puestos en la picota por voraces, depredadoras y mafiosas, y por encima de las triangulaciones delincuenciales de José María Aznar, copartícipe en la aventura fracasada de la invasión a Irak y Afganistán y accionista privilegiado de firma especulativa Cerberus– "uno de los fondos buitre más importantes de la City", según El Confidencial (10/12/12)–, llama la atención la tarea de socavamiento secuencial de The Financial Times (10/06/12, 12/10/12, 22/11/12, 21/01/13 y 31/01/13) en contra del banco Santander.

Algo muy fuerte habrá sucedido entre los supuestamente aliados, el británico RBS y Banco Santander, para el despliegue exagerado de The Financial Times, que en un artículo muy extenso sobre su mandamás Emilio Botín, el "hombre más poderoso de España", amén de ridiculizarlo, adelanta la "tormenta perfecta (¡súper-sic!)" que viene ¡Uf!

Tampoco se puede soslayar el ambiente macroeconómico desfavorable al contumaz neoliberalismo español cuando ha arreciado tanto la guerra por los capitales escasos en todo el planeta, como la "guerra de las divisas" que afecta al euro (la divisa española), además de la "guerra bancaria" desatada entre Banco Santander y el banco británico RBS (que muchas fuentes presumen representa los intereses de la realeza).

Cerberus es codirigida por la familia Bush, el ex vicepresidente Dan Quayle y John Snow, ex secretario del Tesoro. Todo lo concerniente a Cerberus apesta.

Ya habíamos advertido premonitoriamente sobre las aventuras poco ortodoxas de Banco Santander (ver Bajo la Lupa 03/10/07, 30/04/08, y 10/02/10), que ahora se ve arrastrado en otro megaescándalo en Italia por sus tratativas delincuenciales con el banco más antiguo del mundo (¡500 años!) Monte dei Paschi di Siena (MPS).

Mi artículo "Crisis del Euro: El problema no es tanto España como Banco Santander" valió la reproducción del portal de la Universidad Pública de Santiago de Compostela Fírgoa (10/02/10), que se había inquietado al respecto.

En forma destacada, Ana Patricia Botín, hija del mandamás de Banco Santander, dizque "entró en forma personal" al consejo de administración de la polémica empresa Televisa, según el muy desinformativo rotativo, de propiedad británica con disfraz español, El País (30/04/99) y que opera como desestabilizador Caballo de Troya en LA (v.gr el montaje canalla sobre Chávez).

Ahora resulta que, según El Confidencial (28/01/13), un "juez implica a Banco Santander en el escándalo de MPS": el banco toscano "acusado de manipular sus cuentas para ocultar pérdidas, firmó un acuerdo secreto (¡súper-sic!) con Emilio Botín y con JP Morgan para dividir las ganancias por la venta de Antonveneta" por Banco Santander, que "adquirió esta entidad por 6 mil 300 millones y posteriormente la traspasó por 9 mil millones a MPS. En poco más de dos meses y medio, Santander se embolsó unas ganancias de más de 3 mil millones" .

Nada que ofenda: tal triangulación delincuencial es muy del estilo de las trasnacionales españolas (v.gr la abultada venta de gas peruano a la dupla Mouriño/Calderón en detrimento de México).

El grave problema radica en que la colusión mafiosa Banco Santander/MPS/JP Morgan ha salpicado a unos días de las elecciones al gobierno italiano de Mario Monti (proveniente de Goldman Sachs) y a su banco central que recapitalizó a MPS por 5 mil millones "en medio del escándalo de productos derivados que han aumentado el agujero en las cuentas de la entidad", mediante los llamados "bonos Monti".

Es la segunda vez que el legendario banco MPS es rescatado tras el empréstito por 2 mil 500 millones del gobierno de Silvio Berlusconi que aún no devuelve desde 2009 cuando tuvo pérdidas cuantiosas en un contrato de derivados con el banco nipón Nomura.

El Confidencial ilustra que MPS "tiene como socio una fundación (sic), cuya mayoría de miembros los nombra el ayuntamiento de Siena, históricamente en manos de la izquierda italiana".

La riqueza acumulada desde el Renacimiento por la resplandeciente República de Siena puede desaparecer después de sus gloriosos años en el agujero negro de los "derivados" de la desregulada globalización financierista, lo cual puede afectar al sistema bancario de México: apabullantemente de mayoría extranjera, donde Banco Santander se lleva una enorme tajada del pastel.

Para el Renacentismo humanista peor que la quiebra material era la pérdida del alma de los individuos.

Twitter: @AlfredoJalife

Facebook: AlfredoJalife

http://alfredojalife.com

Después de nueve años de gobiernos kirchneristas, por primera vez uno de sus integrantes ha sido condenado por corrupción. Un tribunal federal de Buenos Aires ha sentenciado hoy a cuatro años de prisión a Felisa Miceli, a quien en 2007, cuando era ministra de Economía del Ejecutivo del peronista Néstor Kirchner, la Policía le encontró en el baño de su despacho una bolsa que contenía 100.000 pesos y 31.670 dólares (el equivalente a un total de 39.222 euros). Los tres magistrados la hallaron culpable de ocultamiento de ese dinero, agravado por su condición de funcionaria, y de la sustracción del acta policial que había constatado el hallazgo. No podrá ejercer cargos públicos durante ocho años. El caso de Miceli no es el único que pesa sobre actuales y antiguos altos cargos de los Gobiernos de los Kirchner.

 
“Los noventa y los [años] K [de los Kirchner] cada vez se parecen más”, opinó el senador de la oposición Ernesto Sanz, en una comparación entre dos periodos peronistas bien distintos, el del neoliberal Carlos Menem (1989-1999), que en su momento fue casi sinónimo de corrupción en Argentina, y el de los Kirchner (desde 2003). “¿Habrá condena alguna vez para otros exfuncionarios o solo a los que les sueltan la mano?”, añadió Sanz.

 
Miceli, de 60 años, había sucedido a Roberto Lavagna como ministra de Economía de Kirchner en 2005. Era la primera mujer que llegaba a ese cargo en Argentina. Ella había trabajado durante años con Lavagna en consultoría y en la función pública. En 2007, después de que en un control de seguridad de rutina la Policía le hallara la bolsa con dinero, la entonces ministra tuvo que renunciar. Era plena campaña de las primeras elecciones presidenciales que ganó Fernández. Prácticamente desde entonces trabaja como economista del centro de estudios de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, que preside Hebe de Bonafini.

 
“No tengo miedo de ir presa”, declaró Miceli tras conocer la sentencia. La exministra prometió que la apelará porque la considera carente de pruebas. Por ahora seguirá libre. Durante el juicio ella sostuvo que una amiga y un hermano le habían prestado ese dinero para comprar un inmueble. “Yo cometí un error, pero eso ahora parece que fue un delito. Hay que hacerse cargo de las cosas que uno hace”, admitió. La justicia no creyó su versión sobre el origen del efectivo. Miceli se defendió diciendo que nunca llevó una vida “fastuosa” y destacó que el fiscal aclaró que “no hubo ningún perjuicio contra el Estado”.

 
“Yo no llegué con una estructura de poder como lo tuvieron otros ministros y lo estoy pagando”, atacó la exministra, que nunca fue peronista, aunque sigue siendo kirchnerista. Aún era afiliada a la Unión Cívica Radical (UCR) cuando estaba en el Gobierno de Kirchner. Las fuertes declaraciones de Miceli aluden a decenas de funcionarios y exfuncionarios kirchneristas en el punto de mira. Existen investigaciones abiertas por supuesta corrupción contra Fernández, el vicepresidente de Argentina, Amado Boudou, los ministros de Planificación, Julio de Vido, y de Salud, Juan Manzur, y el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno. Las causas que más han avanzado son las de Boudou y Manzur. También están bajo sospecha otros funcionarios de menor rango. El que ya está imputado en varias causas es el exsecretario de Transporte Ricardo Jaime, que dimitió en 2009, después de la única derrota electoral que sufrió el kirchnerismo en elecciones nacionales desde 2003 (eran comicios legislativos).

 
También en la oposición hay dirigentes procesados. Es el caso del alcalde de Buenos Aires, el conservador Mauricio Macri, que está investigado por presunto espionaje. El actual senador Menem, devenido kirchnerista, tampoco se ha librado de todos los juicios en su contra, mientras que su sucesor en el presidencia de Argentina, el radical Fernando de la Rúa (1999-2001), está siendo juzgado a junto otros miembros de su gobierno por supuestos sobornos.

Por Alejandro Rebossio Buenos Aires 27 DIC 2012 - 20:32 CET

En Brasil, la gran prensa y la oposición, más furiosa que eficaz, dicen que ha sido "el juicio del siglo". Fue uno de los temas preferidos de las clases medias en 2012. Algunos de los miembros del Supremo Tribunal Federal, la Corte máxima del país, se hicieron figuras populares. Cuanto más furor condenatorio, más espacio en los grandes medios, más aplausos. De los 37 acusados de participar de un esquema de corrupción durante el primer gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2006), 25 han sido condenados, algunos a sentencias que obligatoriamente los llevarán a prisión en régimen cerrado.

Al menos dos de ellos son figuras históricas del Partido de los Trabajadores, el PT de Lula y de la actual presidenta Dilma Rousseff, además de ser emblemas de la izquierda brasileña y de la resistencia a la dictadura militar que duró de 1964 a 1985. José Dirceu fue el gran artífice de la candidatura de Lula en 2002 –la primera victoriosa, luego de tres fracasos– y hombre fuerte de su primer gobierno. José Genoino, un ex guerrillero que padeció cinco años de cárcel en las mazmorras de la dictadura, presidía el PT en ocasión del escándalo. Dirceu ha sido condenado a diez años y diez meses de cárcel, acusado de corrupción activa y de asociación criminal. Genoino, a seis años y once meses. Hubo penas más largas. Al publicista Marcos Valerio, por ejemplo, le tocó una condena de 40 años de cárcel. A Katia Abreu, dueña de un banco, 16 años y ocho meses.

Las sentencias severas fueron recibidas con aplausos frenéticos de la opinión pública, fervorosamente incitada por los grandes grupos de comunicación. Es como si de repente Brasil estuviese siendo barrido por una ola moralizante, a cargo de los impolutos caballeros que integran su Corte Suprema.

El juicio, en todo caso, merece un análisis más cuidadoso. Para empezar, es interesante ir al principio de la historia. El sistema político brasileño hace que sea casi imposible a un presidente gobernar sin aliarse a otros partidos para lograr una base mayoritaria en el Congreso. Hay un precio, claro. Parte de ese precio es la partición de cargos, puestos y presupuestos. Otra parte son recursos destinados a honrar deudas de campaña electoral. Y en ese punto reside la magistral distorsión alrededor del escándalo: se creó la imagen de parlamentarios recibiendo una paga mensual para apoyar al gobierno.

Jamás se comprobó ese mecanismo. El PT admite haber asumido deudas de aliados, y no haberlas declarado en su prestación de cuentas a la Justicia electoral.

El escándalo diezmó medio gobierno, en 2005, y a Lula casi le costó la reelección en 2006. El caso llegó a la Corte Suprema y el juicio empezó el pasado agosto. Desde su primer día quedó claro que sería un procedimiento heterodoxo, para decirlo de forma suave. Para empezar, las sesiones fueron transmitidas en directo por la televisión. En lugar de una supuesta transparencia frente a la opinión pública, lo que se vio fueron magistrados exhibiendo sus egos hipertrofiados, en un espectáculo histriónico.

El juez instructor Joaquim Barbosa, primer negro en ocupar un asiento en la Corte Suprema, ha sido implacable en su furor condenatorio. De temperamento irascible, haciendo gala de un sarcasmo grosero, mencionó varias veces la jurisprudencia alemana, en especial al jurista Claus Roxin, para justificar la aceptación de ausencia de pruebas. El mismo Roxin se encargó de aclarar las cosas, diciendo que su teoría de "dominio del fato" había sido mal interpretada. Que la Justicia, para que sea justa, exige pruebas concretas. Y, al menos en los casos de Dirceu y Genoino, no hubo ninguna.

Además, el juicio transcurrió bajo una insólita presión de los medios de comunicación y acompañado por el aplauso frenético de las clases medias conducidas de la mano por los grandes grupos mediáticos. La Corte Suprema se dejó doblegar y politizó un proceso que debería ser exclusivamente jurídico.

No hubo una sola prueba de que Dirceu y Genoino hayan participado de la trama. No hay nada que muestre su inocencia, es verdad. Pero en otros tiempos, cuando valían los principios fundamentales del derecho, cabía a los acusadores comprobar la culpa de los acusados. Al menos en ese punto, el Supremo Tribunal Federal de Brasil ofreció una peligrosa innovación: ahora les toca a los acusados demostrar que son inocentes. Los magistrados que condenaron a Dirceu y Genoino afirmaron, en sus votos, que decidieron a base de inducciones, ilaciones, conducciones.

Dirceu ha sido condenado con base en un argumento singular: ocupando el puesto que ocupaba, teniendo el poder que tenía, es imposible que no haya sido el creador del esquema de corrupción.

El juicio fue la grata alegría de una derecha que, fuertemente acuartelada en la gran prensa conservadora, ahora lanza su nueva campaña, que tiene por objetivo desmontar la imagen de Lula y llevarlo a los tribunales. Ya se sabe que no es necesario presentar prueba alguna.