La oposición venezolana afirmó haber recabado un millón 102 mil 236 firmas en dos días para activar un referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro, ocho veces más de las requeridas por el Consejo Nacional Electoral (CNE) y aun cuando tenía un plazo de 30 días para reunirlas, de acuerdo con declaraciones del líder opositor Henrique Capriles.


El vicepresidente del Parlamento, Enrique Márquez, había informado previamente que sólo el miércoles, en el inicio de la campaña de recolección de rúbricas, se captaron unas 600 mil. El resto para sumar más de un millón se logró al final del jueves al continuar la jornada, lo cual fue calificado por estos dirigentes de “éxito sin precedente”.


El recaudo arrancó el miércoles, un día después de que el CNE autorizó iniciar el proceso a la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), que controla el Legislativo y se propone sacar a Maduro del poder hacia finales de este año. Las firmas deberán ser validadas por el órgano electoral, y después ir a un segundo paso para reunir en total casi 4 millones de firmas.


En paralelo, la oposición solicitó a la Organización de Estados Americanos (OEA) evaluar un mecanismo apropiado para intervenir ante lo que calificó de “ intentos del Ejecutivo” de entorpecer el funcionamiento de la Asamblea Nacional y para que sea observador en el referendo revocatorio. El diputado Luis Florido dijo que también pedirán a Estados Unidos “asistencia humanitaria”.


Mientras, la mayoría opositora en la Asamblea Nacional destituyó al ministro de Alimentación, Rodolfo Marco Torres, al votar una moción de censura que lo responsabiliza de la grave escasez de alimentos. El líder parlamentario de la bancada, Henry Ramos Allup, ordenó notificar al presidente Nicolás Maduro para que “proceda a la remoción”.


Sin embargo, el presidente respondió contundente:” al ministro no lo remueve nadie”


En Washington, el Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadunidense aprobó un proyecto de ley para extender hasta 2019 la legislación que impone sanciones a funcionarios venezolanos acusados de violaciones a los derechos humanos.


El senador republicano, Marco Rubio, dijo que a cambio de esto se retirará la objeción para que el Senado en pleno confirme a Roberta Jacobson como embajadora estadunidense en México.


El director de la Escuela de Inteligencia y Contrainteligencia de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Jesús Barrios, alertó que Estados Unidos podría estar tras las reservas del Banco Central de Venezuela, según citó documentos de la “política injerencista” hacia su país.

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Segunda jornada de movilización social en el Cauca en menos de un mes. En esta oportunidad fueron 700 miembros de las comunidades afrocolombianas, agrupadas en 41 consejos comunitarios del norte del Cauca, quienes tomaron el día 26 de abril la Vía Panamericana en señal de protesta por la agudización de las condiciones sociales en que viven y por el incumplimiento del Estado ante antiguos pactos efectuados con la comunidad. Terminó la movilización el día 27 con el establecimiento de un nuevo comité de evaluación integrado por miembros del Gobierno y la comunidad. Hay dudas respecto a la capacidad de esta nueva instancia para ponerle punto final a la situación.

 

Vigentes se encuentran los factores artífices de profundas condiciones de pobreza, marginación y exclusión que caracaterizan la vida de las comunidades negras en el departamento del Cauca, foco de elevadas conflictividades y violencia en Colombia. En esta oportunidad fueron alrededor de 700 personas integrantes de los concejos comunitarios del norte del Cauca, quienes se manifestaron en la Vía Panamericana, entre la vereda Quimayo y el municipio de Santander de Quilichao, para denunciar esta realidad y demandar corrección a la misma.

En la mañana del 26 de abril inició la marcha nutrida por los representantes de 41 delegaciones provenientes de cada uno de los consejos comunitarios de la zona norte del Cauca. ¿Los objetivos generales? Levantar la voz en contra de situaciones irresolutas por gobierno colombiano, denunciar ante la comunidad internacional las constantes violaciones sobre los derechos étnicos territoriales, amenazas, muertes, y desplazamientos afrontadas por líderes en sus territorios.

Lo marchantes llevaban consigo exigencias especificas para el Gobierno: 1. La compra de tierras para el reconocimiento de los concejos comunitarios del norte del Cauca; 2. Consulta, consentimiento previo e informado sobre proyectos viales y de infraestructura proyectados sobre el territorio; 3. El cumplimiento de acuerdos pactados en otras movilizaciones; 4. Reparaciones y restablecimiento de derechos territoriales; 5. Inclusión de un enfoque diferencial en los acuerdos de paz que se desarrollan con los grupos insurgentes en el país; 6. Titulación como reservas especiales mineras los territorios de los consejos comunitarios del norte del Cauca. 7. La creación de programas de desarrollo social liderados por el Icbf y el Departamento de Prosperidad Social, con enfoque étnico diferencial y congruente con los planes de desarrollo propios; 8. La construcción de 20.000 viviendas rurales, afros y gratuitas; 9. Garantías ampliadas para la protección y cumplimiento de derechos humanos para los líderes defensores de los derechos étnicos y territoriales de las comunidades.

Golpear y maltratar para ablandar, luego negociar. Otra vez la formula propuesta por el gobierno nacional para tratar a quienes se movilizan exigiendo derechos vulnerados. Así lo denunció Aconc (Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca), el martes 26 de abril: “Hacia el medio día, el ESMAD arremetió violentamente, atacando con gas lacrimógeno y balas de goma a mujeres, hombres, jóvenes y niñ@s que se encontraban en la carretera panamericana que conduce de Cali a Popayán. Los miembros del ESMAD lanzaron granadas de gas lacrimógeno directamente contra las personas lo cual causó varios heridos al explotar las granadas de gas. Igualmente dispararon a quemarropa balas de goma contra nuestr@s herman@s, algun@s mayores de más de 70 años que tienen la sabiduría de conocer el valor de su territorio”.

Al día siguiente, el 27 de abril, tuvieron lugar las negociaciones entre representantes del gobierno departamental, nacional y consejos comunitarios afro. Fue acordado el levantamiento de la movilización y la ocupación por miembros de las comunidades de la Vía Panamericana. Sobre el acta del acuerdo señala el diario Proclama del Cauca : “En el acta, que lleva la firma de Carmen Inés Vásquez Camacho, viceministra del interior; Juan Pablo Diazgranados, viceministro de agricultura; María Isabel Ulloa, viceministra de minas; Oscar Campo, gobernador del Cauca; Alvaro Mendoza, alcalde de Santander de Quilichao; Nigeria Rentería, defensora delegada para los indígenas y las minorías étnicas; César Romero y Víctor Hugo Moreno, representante legal de la ACONC, se acordó la conformación de una mesa técnica integrada por 20 representantes de las comunidades con el equipo gubernamental designado para ello, la cual, instalada durante la segunda semana de mayo de 2016, revisará los acuerdos omitidos por el Gobierno para determinar las rutas con los plazos para su cumplimento, y que hacen relación al acta Salvajina 1986, acta INCODER San Rafael 2013; acta 7 de mayo de 2014, y actas de movilización de mujeres, diciembre 12 de 2014”.

Otra mesa técnica instalada entre Gobierno y comunidad, similar a la que en Popayán puso fin hace dos semanas, al paro departamental de maestros liderado por Asoinca (https://www.desdeabajo.info/colombia/item/28571-en-el-cauca-asoinca-docentes-levantan-paro.html). Una aparente voluntad de negociación gubernamental comienza a ser desplegada en el Cauca ante la masiva movilización de sectores sociales que intentan alcanzar reivindicaciones sobre problemáticas cuya soluciones fueron pactadas décadas atrás e incumplidas por cada una de las administraciones sucedidas hasta la actual. Como puede apreciarse, en esta nueva movilización seguían luchando por lo pactado desde el año de 1986. Inaudita situación.

 

Aprovechar la coyuntura para protestar.

 

La nueva coyuntura, generada por los diálogos establecidos entre Gobierno e insurgencias, vinieron de la mano con nuevos discursos oficiales en torno a la paz, reconciliación, rehabilitación de territorios y poblaciones golpeadas por el conflicto armado en Colombia. Las comunidades y sectores sociales del Cauca responden ante las posibilidades que abre el escenario del postacuerdo para la superación definitiva de problemáticas, asumen la movilización como estrategia de integración al nuevo “proyecto de sociedad” cuya llegada comienza a vislumbrarse. No quieren quedarse por fuera del tren de la paz.

El momento es el propicio. Asumiendo la aparente apertura del Gobierno, la estrategia de movilización puede ser la apropiada, la misma que en menos de quince días ha tenido dos importantes episodios en el Cauca. Sin embargo hay motivos para dudar. El viejo proceder del Gobierno puede ser el mismo desplegado en esta oportunidad: enfrentar, golpear y encarcelar, negociar, dilatar e incumplir acuerdos a la comunidad. Al procedimiento se agrega el hecho nada despreciable que el contenido de las exigencias presentadas por las comunidades afros exigen la implementación de reformas en el municipio que chocan con los intereses de explotación de recursos y acumulación del posacuerdo, contra la vergonzosa estructura de tenencia de la tierra en el Cauca.

No es claro cómo podrá el Gobierno cumplir a estas comunidades en movilización, cuando ha dejado clara su posición de no discutir el modelo económico, el régimen de propiedad imperante en Colombia, mientras las exigencias de los pueblos Afro del Cauca encuadran precisamente en la necesidad de que estos dos temas, metidos entre paréntesis por el Gobierno, más allá de ser discutidos sean modificados en el plano local.

El Cauca se mueve apostando a la movilización popular, que no debe bajar la guardia, ni desarticularse ante dilaciones introducidas por los representantes del Estado colombiano. Tiempos de movilización popular donde se siembra esperando cosechar resultados en tiempos de paz.

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Miércoles, 27 Abril 2016 06:40

Keynes, el subversivo

El primer día de 1935 encontró a John Maynard Keynes escribiendo una carta para George Bernard Shaw. En la misiva señaló: Creo estar escribiendo un libro sobre teoría económica que revolucionará en gran medida la manera en que el mundo piensa sobre los problemas económicos. Mostrando cierta cautela agregaba en un paréntesis que ese resultado no se dejaría sentir inmediatamente, pero sí en los próximos 10 años. Quién le iba a decir que pasado el decenio, él estaría a punto de morir de manera prematura (a los 62 años) y que ya se habría iniciado un proceso contrarrevolucionario para distorsionar y aniquilar los principales descubrimientos de su obra.


Keynes tenía razón. Su obra fue revolucionaria. Y el mensaje central fue juzgado subversivo por la clase política y por la mayoría de sus colegas en el mundo académico. Ese mensaje puede sintetizarse en una frase: las economías capitalistas son intrínsecamente inestables y pueden mantener niveles de desempleo socialmente inaceptables durante largos periodos de tiempo.


La teoría de Keynes no se hizo en un día. La evolución puede resumirse en una de sus frases más célebres: el problema no está en las nuevas ideas, sino en escapar de las viejas formas de pensar que se ramifican, para nosotros que hemos sido educados en sus tradiciones, hasta ocupar todos los rincones de nuestra mente.


El mundo anterior a Keynes rechazaba la posibilidad de una crisis económica generalizada. Dominaba la idea según la cual la venta de mercancías sirve para financiar la compra de otras mercancías. Es decir, cuando una persona vende una mercancía lo hace para inmediatamente comprar otra mercancía con el ingreso obtenido. Esta idea recibe el nombre de ley de Say (por el economista francés del siglo XIX), y de aquí se desprende que todo el ingreso se gasta y lo que no se gasta se ahorra. De ahí que Keynes la redujo a la frase la oferta crea su propia demanda. Podría haber un problema de desequilibrio en un mercado particular, pero, a nivel de toda la sociedad, lo que deja de gastarse en un mercado se gastará en otro y siempre habrá, en el agregado, un equilibrio.


La obra de Keynes se basa en el principio de la demanda efectiva: la producción de mercancías se ajusta o depende de la demanda de mercancías. Esta idea implica una transformación radical: la actividad económica está determinada por la demanda, no por las limitaciones que pudieran encontrarse por el lado de la oferta (dotaciones de recursos o por la tecnología). La idea choca radicalmente con la ley de Say y el establishment no tardó en darse cuenta del peligro de este mensaje subversivo.


Keynes identificó los dos componentes de la demanda agregada, el consumo y la inversión. El consumo es más o menos estable, pero es insuficiente porque la propensión a consumir (cuando aumenta el ingreso) crece menos que proporcionalmente. La inversión, por su lado, puede colmar la brecha para alcanzar el pleno empleo (los inversionistas también demandan bienes y servicios para sus proyectos). Sin embargo, la inversión es inestable porque depende de las expectativas de los inversionistas y está condicionada por la incertidumbre, otro personaje clave en la obra de Keynes.


En 1932 Keynes pudo reconocer la relación de identidad entre los agregados macroeconómicos inversión y ahorro. Es uno de los más importantes descubrimientos de Keynes y hoy el análisis monetario permite identificar no sólo la naturaleza, sino el mecanismo a través del cual se explica esta identidad. Por la creación monetaria de los bancos privados, ya no se necesita una reducción en el consumo para tener un ahorro que pueda invertirse. El crédito bancario genera los depósitos y un incremento en la inversión provoca crecimiento del ingreso. Aquí se invierte la relación de causalidad. Hoy sabemos que el ahorro no precede a la inversión. El alto nivel de consumo, no del ahorro, es lo que lleva a mayor inversión y al crecimiento del ingreso.


Keynes mostró que aún con plena flexibilidad de precios en todos los mercados el desempleo puede mantenerse durante largos periodos de tiempo. Aun así, hoy se puede decir que el mundo de la macroeconomía se divide entre aquéllos que acompañan el análisis de Keynes y los que siguen insistiendo en que el problema del desempleo está provocado por algún tipo de rigidez. Típicamente se buscan las fuentes de rigidez en el mercado laboral (serían los sindicatos los villanos) o en las intervenciones del gobierno (que vendrían a distorsionar la bella obra de los mercados con precios flexibles). Frente a esta tontería se yergue la obra de Keynes: los precios flexibles en el mercado no sólo no resuelven el problema del desempleo, sino que pueden agravarlo.


Varios mensajes de Keynes irritan a los economistas convencionales e ignorantes. Pero hay uno que les parece intolerable porque atenta contra su creencia sacrosanta de que la esfera de lo económico es autónoma y no debe ser perturbada por nadie porque tiene la capacidad de autoregulación. Keynes demostró, por el contrario, que se necesita la intervención externa para poder estabilizar el funcionamiento de una economía capitalista.


Twitter: @anadaloficial

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Viernes, 22 Abril 2016 07:38

Si Lula hubiera…

El inicio del proceso de destitución de Dilma Rousseff fue posible por la conjunción de tres hechos: la ruptura de la alianza con los empresarios, el ascenso de una nueva derecha militante, y los errores del PT, que abandonó las calles. Queda una sociedad herida y un modelo extractivo que la izquierda no fue capaz de cuestionar. 


“Aprendí a no subestimar la capacidad de Brasil de sabotearse”, proclama José Murilo de Carvalho, uno de los más importantes historiadores brasileños (El País, sábado 16). Sostiene que se vive bajo “la política del odio que se inició en la década de 1950 por la Unión Democrática Nacional contra Getúlio Vargas, que culminó en el golpe de 1964”. Luego el PT se encargó de reconducirla hacia la izquierda, adoptando sin decirlo uno de los lemas de un político derechista: “roubo, mas faço” (robo, pero hago).


Murilo observa el futuro del país con enorme pesimismo. “La nueva politización no pasa por los partidos. Por el momento no hay ningún partido que sea capaz de organizarla, ni siquiera la Red de Marina Silva. Y si continúa así, no tendrá futuro.”


La crisis política que llevó a iniciar el proceso de destitución de la presidenta pone en evidencia la ruindad del sistema político brasileño. Es difícil encontrar las razones de fondo de la crisis actual. Habría que mirar el largo plazo (la persistencia de una sociedad colonial que ha naturalizado el racismo), con los nuevos vientos que soplan en el mundo, el ascenso de una nueva derecha anclada en el empresariado industrial y la clase media alta, hasta la corrupción generalizada de los políticos y la falta de una orientación clara en los gobiernos de Lula y Dilma.


LAS RAZONES DE LOS EMPRESARIOS.


La Federación de Industrias del Estado de San Pablo (Fiesp) es una de las principales animadoras de la destitución de Dilma. Su edificio en la Avenida Paulista luce un enorme cartel luminoso, “Renúncia já”, sobre los colores verde y amarillo de la bandera nacional. Los partidarios del gobierno recuerdan que la Fiesp jugó un papel destacado en el golpe de 1964.


Los argumentos que exhiben los industriales para apoyar la destitución se basan en tres consideraciones: una gestión “estatizante”, mucho mayor que la de Lula; errores en la política económica que llevaron a la mayor recesión de la historia nacional; y un mal relacionamiento con el sector.


El diario económico Valor elaboró un detallado informe consultando a siete empresarios y cinco economistas y politólogos para descifrar las razones del rechazo, lindero con el odio, hacia la presidenta. Encuentra que esa actitud “nació en su primer mandato (2010-2014) y mezcla razones ideológicas y pragmáticas” (Valor, viernes 15). Respecto de la industria de la década de 1990, la actual está más globalizada, más diversificada y concentrada en grandes empresas y grupos, que son los que controlan las entidades empresariales y exigen políticas de largo plazo. Por un lado, encuentran a Dilma “inflexible y arrogante”, en comparación con el carácter “carismático y negociador” de Lula. De ese período echan en falta al ministro de Economía de Lula (y brevemente de Dilma) Antonio Palocci, al que definen como “un gran articulador”.


Pero sobre todo los empresarios achacan al gobierno dos políticas que los perjudicaron: la reducción del spread bancario y de la tasa de interés (tasa Selic), y de los precios de la energía eléctrica entre 2011 y 2012. En principio ambas medidas debían favorecer a la industria, pero fue al revés. Y los industriales se apegaron a una tradición de clase: el Estado no debe meterse en las ganancias del sector privado.


La industria venía reclamando una reducción de los impuestos y aplaudió el recorte en el precio de la energía. Pero el lucro financiero no es patrimonio exclusivo de los bancos, ya que el sector industrial, coinciden los entrevistados por Valor, tiene parte de su capital involucrado en el sector financiero, y la baja de los intereses afectó sus ganancias. Esas contradicciones “fueron poco entendidas por los que formulan políticas públicas”, que no comprenden la imbricación actual entre industria y finanzas, algo que no existía décadas atrás (Valor, viernes 15).


Uno de los empresarios consultados por el diario afirma que “faltó sofisticación al gobierno para entender lo que estaba sucediendo en el mundo y en Brasil”, ya que la situación pos crisis de 2008 fue mal evaluada por los gobiernos del PT. La industria entró en números rojos y hubo un amplísimo debate sobre la desindustrialización, que nunca fue atendido por el gobierno. La participación en el Pbi de la industria de transformación cayó del 15 al 10 por ciento, mientras las ganancias líquidas de las mil mayores empresas pasaron del 20 por ciento en 2010 a un margen negativo del 35 por ciento en 2014.


Cuando empezaron los problemas serios, el gobierno apostó –en un año electoral– a medidas de corto plazo que provocaron más dificultades al sector industrial. En el relevamiento de Valor los empresarios afirman que “la presidenta perdió la capacidad de gobernar el país” y que es la ingobernabilidad actual lo que los hace favorables al impeachment. La mayoría, sin embargo, prefiere nuevas elecciones porque sabe que el nuevo gobierno no tendrá la legitimidad necesaria para afrontar la situación económica.


LA NUEVA DERECHA MILITANTE.


Las críticas empresariales pueden parecer insuficientes para promover la destitución de la presidenta y un cambio radical de rumbo. Para comprender a los industriales debe entenderse que no consideran al gobierno como “suyo”, una mirada claramente ideologizada que se expande en un momento de crisis. Los empresarios también miran, prioritariamente, el corto plazo. Y cuando las cosas van mal, la ideología empieza a ocupar un lugar exagerado.


Desde los rincones menos esperados de la sociedad viene creciendo desde hace años una fuerte marejada conservadora, que se manifiesta en una nueva derecha bien diferente de aquella que apoyó el golpe de Estado de 1964. La de ahora acepta las diversas opciones sexuales y la legalización de la marihuana, por poner dos ejemplos de aggiornamento.


Esta nueva derecha nacida bajo los gobiernos del PT realizó su primera acción callejera el 17 de agosto de 2007, convocada por el Movimiento Cívico por el Derecho de los Brasileños, más conocido como “Cansei” (me cansé), contra la corrupción. Fue una manifestación de 5 mil personas de clase media alta, que lucían marcas exclusivas de ropa y provocaron el rechazo del arco político, incluyendo al ex presidente Fernando Henrique Cardoso, del socialdemócrata Psdb (Uol, 17-VIII-07).


La movilización fue apoyada por la Fiesp y la Orden de Abogados de Brasil, siglas que se repiten en este tipo de convocatorias desde aquella fecha. Los manifestantes expulsaron a todos los que portaban banderas de partidos, aun de la derecha, gritaron contra Lula y fueron acompañados por actrices y actores populares de telenovelas. Hacia 2009 esta nueva derecha empezó a ganar presencia en los centros de estudiantes de universidades que hasta ese momento habían sido hegemonizadas por los partidos de izquierda y extrema izquierda. El grupo Estudiantes por la Libertad ganó la dirección del gremio estudiantil de la Universidad de Brasilia (Unb) en 2011 con el 20 por ciento de los votos, y fue reelegido por cuarta vez en 2015, con el 60 por ciento.


Estudiantes por la Libertad pertenece a una amplia red con sede en Washington que maneja recursos de fundaciones conservadoras, realiza congresos, seminarios de formación de líderes y defiende el legado del economista neoliberal Friedrich Hayek. En esos años la derecha ganó otras universidades estatales, como la de Minas Gerais y Río Grande del Sur, y creció en otras, siempre rechazando la política partidaria y acusando a los militantes de izquierda de buscar cargos de confianza. Algunos de los jóvenes formados en Estudiantes por la Libertad fueron luego fundadores del Movimiento Brasil Libre (Mbl), una de las organizaciones más activas en la ofensiva de la derecha contra el gobierno del PT.


Kim Kataguiri, de 20 años, ex estudiante universitario, es una de las estrellas más brillantes en el firmamento de la derecha. Kim sostiene que “las escuelas públicas son verdaderos centros de reclutamiento de los traficantes”, y defiende liberalizar el Estado, menos impuestos, menos burocracia y la privatización de todas las empresas públicas. Folha de São Paulo le cedió una columna semanal y es una de las personas más populares en las clases medias paulistas.


Kataguiri califica al Movimiento Pase Libre de “terrorista”, y aseguró inspirarse en Ronald Reagan y Margaret Thatcher cuando fue nominado por Time en 2015 como uno de los 30 adolescentes más influyentes del mundo (Time, 27-X-15). En abril de 2001 el Mbl realizó una marcha a pie de mil quilómetros entre San Pablo y Brasilia siguiendo la ruta de los bandeirantes, pasando por pueblos y ciudades “difundiendo el evangelio del liberalismo económico”, como señala una crónica de The Guardian.


El periódico británico recuerda que dirigentes del Mbl como Kataguiri, son “fans de Milton Friedman y Friedrich Hayek” y defienden al ultraliberal Rand Paul como “el político estadounidense que mejor representa sus valores”. Esa derecha juvenil fue ganando adeptos gradualmente en las universidades hasta copar varios gremios estudiantiles.


Sus militantes fueron formados en centros como el Charles Koch Institute, de los empresarios Charles y David Koch, cercanos al Tea Party y financiadores de la Asociación Nacional del Rifle en Estados Unidos (Carta Capital, 23-III-15).


Antes de la explosión de junio de 2013 la nueva derecha ya era una fuerza social y tenía experiencia en la conducción de masas, justo cuando la militancia de izquierda abandonaba la calle y se volcaba hacia el Estado. La nueva derecha creó una cultura de protesta (banderas de Brasil, caras pintadas de verde y amarillo, etcétera), lo que le permitió reconducir las marchas hacia sus objetivos. Sobre la base de esas experiencias, en 2014 nacen los grupos que hoy convocan millones: Movimento Brasil Livre, Vem Pra Rua y Revoltados On Line.


UNA SOCIEDAD HERIDA.


El muro dispuesto en la explanada frente al Congreso en Brasilia para separar a los pro y los anti impeachment sintetiza la imposibilidad de convivencia entre diferentes sectores de brasileños. Desde junio de 2013 la derecha tiene la iniciativa en las calles, ha logrado incluso el milagro de ganarle ese espacio a las izquierdas, como antes le ganó los centros de estudiantes.
Ahora la sociedad luce partida en dos, como refleja el resultado de las elecciones presidenciales de 2014. Una herida social “a la argentina”, según el filósofo Nicolás José Isola (El País, viernes 15). Vale la pena detenerse en esta situación que lleva a “marginalizar a todo aquel que piensa de otra manera”.


No es la primera vez, por cierto, que existe amplia polarización política. La hubo antes del golpe de 1964 entre partidarios y adversarios del presidente João Goulart. Fue una disputa entre empresarios y terratenientes y trabajadores urbanos y rurales, entre la derecha y la izquierda. En esos años había una clara fractura social pero ambos lados lucían el mismo color de piel, ya que era una disputa esencialmente urbana cuando las periferias y favelas apenas despuntaban en la geografía de las ciudades.


Ahora hay una clara división étnica entre afrodescendientes del norte y las periferias urbanas, y las clases medias blancas del sur y sureste, una actualización odiosa del racismo y la discriminación. Al punto que los opositores al gobierno sostienen que en Brasil no existía racismo y que éste comenzó cuando el gobierno de Lula implementó cuotas para negros en las universidades.


Esta escisión étnico-política de la sociedad es quizá una de las principales consecuencias de la crisis en curso en Brasil, y no habrá de zurcirse en poco tiempo. En las manifestaciones contra el gobierno en Salvador de Bahía no había afros, cuando son la mayoría absoluta de la población de la principal ciudad del nordeste.


Aquí radica uno de los nudos de la crisis. “Después de 14 años al frente del Poder Ejecutivo, sentados sobre el 40 por ciento del Pbi de Brasil, o sea casi la mitad de la décima economía del mundo, los gobiernos petistas no aumentaron el poder político de las clases populares”, sostiene el cientista político Bruno Lima Rocha (Uol Online, viernes 15).


El tipo de alianzas elegidas debilitó la fuerza política con que Lula llegó al gobierno. Hubo una entre industriales y los sindicatos petistas. Pero la izquierda entendió mal la cuestión de los pactos, como asegura Lima Rocha: “Este pacto se rompió porque, desconociendo las reglas más simples de la política, no había ninguna forma de coacción o poder de veto popular para las tentativas de golpe de una derecha cuyos agentes económicos no consiguen siquiera alcanzar a ser nacionalistas”.


Predominó una mentalidad de rehuir el conflicto, algo así como pactos de caballeros entre adversarios que sólo pueden funcionar si los sectores populares tienen fuerza suficiente para hacerlos cumplir. Los cuatro gobiernos petistas “hicieron todo lo contrario de lo que debían, en el sentido de asegurar y ampliar el poder organizado del pueblo ante las elites de tipo colonial-burgués”, concluye Lima Rocha. Elites que son, además, subordinadas a Estados Unidos y a los países anglosajones.


Es cierto que Lula volvió a las calles en la recta final del proceso de impeachment, cuando ya estaba casi todo perdido. La impresión es bien distinta si se mira desde otro costado: si Lula hubiera salido a las calles en junio de 2013 para ponerse al frente de los millones de brasileños frustrados porque los cambios no llegaban, es posible que las cosas hubieran marchado por caminos distintos.

Pero Lula y el PT le dejaron el camino libre a la derecha, que consiguió apropiarse del malestar popular.

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Viernes, 15 Abril 2016 19:57

Al borde del abismo

Este domingo la Cámara de Diputados de Brasil votará a favor o en contra de la destitución de la presidenta Dilma Rousseff. Hasta el último día la balanza indica un margen ajustado para cualquiera de los dos lados. Pero el líder de la Cámara, Eduardo Cunha, y el vicepresidente, Michel Temer, hicieron públicas sus cartas para ganar a cualquier precio.

 

La semana comenzó mal para la presidenta. En la mañana del lunes el Partido Socialista Brasileño (Psb), habitual socio del Partido de los Trabajadores (PT) en el nordeste, anunció que apoyaba su destitución.
Al final del día los 65 diputados de la comisión especial de la Cámara vot

aron el parecer del relator Jovair Arantes (Ptb-GO) por la admisibilidad del proceso de impeachment. En su discurso, Arantes añadió argumentos contra Rousseff que el propio Eduardo Cunha había rechazado cuando dio entrada al proceso en la Cámara. El diputado aseguró que Rousseff debía ser juzgada por la aprobación de los decretos presupuestarios del año 2014, a pesar de que Cunha advirtió que “sólo se la juzgaría por delitos cometidos en su actual mandato”. También amenazó a la presidenta con usar las acusaciones del senador Delcídio Amaral que la vinculaban al escándalo de Petrobras: “En la Cámara no podremos usar esas pruebas, pero cuando el proceso llegue al Senado sí las utilizarán”, dijo, olvidando que más de la mitad de los diputados presentes en la votación habían recibido dinero de las empresas relacionadas con tal escándalo.


El resultado de esta primera votación se dio a conocer entre aplausos y vítores del grupo pro impeachment: 38 votos a favor y 27 en contra. Ataviados con banderas de Brasil, los ganadores cantaron el himno nacional y sujetaban sus celulares para hacerse selfies y grabar videos.


Esta decisión, a pesar de no ser definitiva, sirvió para tener una idea sobre posibles traiciones de última hora. Fue el caso de los votos a favor del juicio de algunos diputados del Partido Progresista (PP) que hasta ese momento pertenecían a la base aliada del PT. También hubo sorpresas positivas para el gobierno, como el voto en contra del diputado Aliel Machado, de Rede Sustentabilidad (partido dirigido por la ex candidata Marina Silva), que se rebeló contra la dirección de su partido: “Quien todavía está indeciso sabe que no hubo crimen de responsabilidad por parte de la presidenta, pero está sufriendo fuertes presiones. Yo voté con mi conciencia”, dijo. Los efectos de la votación se comenzaron a ver el lunes, cuando el PP anunció que dejaba de ser un aliado del gobierno y puso a disposición de Rousseff sus cargos en el Ejecutivo. El presidente del PP, Ciro Nogueira, reconoció en rueda de prensa que no defendía la postura de su partido pero explicó que después de mucha discusión terminó aceptando la decisión de la mayoría a favor del impeachment.


GUERRA DE NÚMEROS.


Desde que comenzó la semana los principales medios publicaban en sus portadas online el número de diputados que votarían a favor y en contra pasado mañana domingo. Para concretar el impeachment se necesitaría el voto a favor de 342 de los 513 diputados. Si no se llegara a esa cifra el proceso contra Rousseff sería desestimado.


Las primeras estimaciones inclinaban la balanzaa favor del PT con una ventaja de entre 40 y 50 diputados, de los cuales al menos unos 30 estaban indecisos. Eran cifras poco precisas, basadas en entrevistas con cada diputado, que en función del medio de prensa daban un resultado u otro. Con el paso de los días el número de parlamentarios pro impeachment aumentó. La ruptura del PP (47 diputados) y del Psb (31) con el gobierno equilibró las fuerzas.


Al menos diez partidos, entre los que se encuentra el Psdb de Aécio Neves, han confirmado que todos sus miembros votarán a favor del juicio político. Ex aliados del gobierno, como el Pmdb y el PP, así como otras seis siglas, han dado libertad a sus representantes para votar según sus pareceres personales, y el PT en principio contaría con el apoyo de siete partidos.


Hasta el último día Lula da Silva negoció con cada una de las fuerzas del Congreso dándole especial atención al “bajo clero”. El ex presidente ofreció cargos a las siglas más pequeñas que no tendrían ninguna oportunidad en un gobierno del vicepresidente Michel Temer, pero si prometían fidelidad a la presidenta podrían obtener ministerios tan importantes como el de Salud, y hasta la presidencia de la Caja Económica Federal. También se dedicó a negociar con posibles rebeldes del Pmdb y del PP.


“EL GABINETE DEL GOLPE.”


Si el PT vende cargos para asegurarse fidelidad, la oposición comandada por el vicepresidente Temer hace lo mismo. Desde hace meses Temer se reúne con empresarios, partidos aliados y de oposición para negociar qué espacio podrían ocupar en su eventual gobierno. En la última semana el vice no tuvo ningún pudor a la hora de mostrar sus cartas y decidió filtrar a los medios una grabación en la que ensayaba el discurso que daría como presidente ante una eventual aprobación del impeach-
ment.


Hace tiempo que Temer actúa como si Rousseff ya no fuera la mandataria, pero el audio que se filtró esta semana (él insiste en que fue “un descuido”) dejó sin palabras al gobierno. En la grabación cita un resultado con “una votación significativa” y se autoproclama como “líder de un gobierno de salvación nacional”, reafirma la agenda neoliberal económica y dice que el país deberá hacer “un sacrificio por el ajuste fiscal” y que es “el momento de unir a los empresarios y a los trabajadores”. También tiene palabras para las clases más humildes, a las que promete que “no va a acabar con las conquistas sociales” como la Bolsa Familia o las becas universitarias ProUni.


Al día siguiente de la “filtración” la presidenta Rou­sseff respondió duramente llamándole “golpista”, y dijo que esa grabación “intencional” demostraba “la arrogancia y desprecio que siente Temer por el pueblo brasileño”. Dilma también acusó al presidente de la Cámara, Eduardo Cunha, de “conspirador” y de formar junto a Temer “el gabinete del golpe”.


Precisamente Cunha fue otro de los protagonistas de la semana pasada, cuando anunció a última hora del martes 12 las reglas para la votación del proceso. El viernes y el sábado serán los días en que la Cámara debatirá, y el domingo se hará la votación final. La idea de votar en domingo nunca le gustó al gobierno, ya que al ser un día festivo todo el país estaría pendiente y las movilizaciones en las calles, especialmente las favorables a la caída de Dilma, podrían influir en los diputados a la hora de dar su veredicto. Pero Cunha planeó hace un mes que caería en domingo para asegurarse de que los medios pudieran hacer una cobertura por todo lo alto.


Sin embargo, lo que más incomodó al gobierno fue el orden de la votación elegido por el líder de la Cámara: primero los diputados del sur del país y por último los del norte y el nordeste. El propio Cunha reconoció que lo haría así para “crear una onda a favor de la destitución de Dilma”, de modo que desde el comienzo los estados más conservadores (sur y sudeste) mostrasen su fuerza y desanimaran a los diputados nordestinos, muchos de ellos todavía indecisos. En el impeachment de Collor de Melo, en los noventa, fueron llamados por orden alfabético justamente para mantener una neutralidad dentro de la Cámara, pero ni Cunha ni Temer están preocupados por las apariencias: “Sólo en una republiqueta mequetrefe un vicepresidente y su equipo actúan a la luz del día para articular la destitución del presidente a cargo y asumir su lugar, y a nadie le parece extraño. Todavía es peor tener que oír que eso forma parte del juego democrático”, decía el periodista Leonardo Sakamoto en su blog del portal de noticias Uol.


LAS CALLES SE PREPARAN.


Las calles también se articulan para defender a cada uno de los bandos. Desde el domingo los anti impeachment instalaron carpas en la plaza de Largo da Batata, cerca del centro financiero de San Pablo. A lo largo de la semana se organizaron en este espacio tanto grupos de discusión y debate como shows musicales que formaban parte del programa “No va a haber golpe”. Un poco más arriba, curiosamente más cerca de las sedes de los poderes públicos federales, en la Avenida Paulista, se mantenía el campamento de los pro impeachment, que duermen a las puertas de la Federación de Industrias y Empresas de San Pablo (Fiesp) desde hace un mes.


El lunes por la noche un gran acto con pesos pesados como Chico Buarque, Leonardo Boff y el actor Gregório Duvivier reunió en los Arcos de Lapa de Rio de Janeiro a casi 100 mil personas en “defensa de la democracia”. El secretario general de la Oea, el uruguayo Luis Almagro, también mostró su inquietud por la estabilidad democrática: “Nos preocupa que se haga un impeachment a una presidenta que no está acusada de nada y los que pueden accionar este proceso son congresistas acusados y sentenciados”, decía en el diario español El País.


Las manifestaciones más multitudinarias se esperan para el domingo. En la explanada del palacio de gobierno en Brasilia se ha construido un muro para separar a las “hinchadas” a favor y en contra. En San Pablo los espacios también se han dividido; en el centro se concentrarán los afines al gobierno y en la Avenida Paulista la oposición.


Se calcula que a partir de las nueve de la noche del domingo se podrá conocer el resultado. Si la presidenta no consigue los 171 votos para frenar el impeachment, el proceso seguirá en el Senado, donde se llevará a cabo otra votación. Esta vez con una mayoría simple la presidenta podría ver archivada su causa, o bien ser apartada de sus funciones durante 180 días, durante los cuales el vicepresidente asumiría el cargo hasta las nuevas elecciones.

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Viernes, 15 Abril 2016 06:25

Las cuatro crisis de Brasil

El fracaso del modelo del PT y de unas instituciones al servicio de las empresas lleva al gigante sudamericano a su mayor crisis en décadas.

En el caos brasileño es posible detectar cuatro crisis simultáneas, superpuestas en el tiempo pero no necesariamente encadenadas, en el sentido de que no hay un orden que lleve de una a otra. Sin embargo, hay canales comunicantes entre todas estas crisis que, en su conjunto, dibujan un panorama más que preocupante para la sociedad brasileña y, por extensión, para toda Sudamérica.


Brasil atraviesa una seria crisis de la democracia. La mayoría absoluta de los diputados han sido acusados en algún momento de corrupción, ya que no es posible acceder al Parlamento sin alguna financiación por parte de empresas privadas. Hay bancadas evangélicas, ‘de la bala’ (que defienden el armamento individual como autodefensa), del agronegocio, sindicales, y así, que involucran a casi todos los partidos aunque en proporciones diferentes.


Los estudios indican que por cada real donado a una campaña electoral las empresas consiguen 8,50 reales en contratos públicos, una relación alucinante que explica los cientos de millones de aportan a las cajas de los partidos. Pero ahí radica, también, el nudo del problema: los cargos electos (desde concejales en pueblos remotos a senadores) adquieren una deuda con las empresas que los financiaron. Que la pagan con obras públicas.


Mutaciones


En segundo lugar, existe una crisis de convivencia: entre ricos y pobres, entre petistas y antipetistas, entre blancos y negros, entre habitantes del sur desarrollado y los del norte “atrasado”. La base obrera del PT en São Paulo emigró hacia otros partidos, en particular al PMDB, un partico clientelar que no tiene programa. A su vez, la base social del caudillismo en el norte emigró al PT gracias a las políticas sociales.


En plena crisis política, Chico Buarque fue abucheado en la calle por apoyar al Gobierno; personas vestidas con color rojo son agredidas porque se supone que son de izquierda; una pediatra se negó a seguir atendiendo a un niño de un año porque su madre milita en el PT. Y así, hasta el infinito.


La tercera es la crisis del lulismo, ese proyecto encabezado por Lula y el PT que se propuso mejorar la situación de los pobres sin afectar a los ricos. Fue posible gracias a un ciclo virtuoso de aumento de los precios de las commodities que exporta el país, en particular soja, carne y mineral de hierro.


Los superávits comerciales lubricaron las políticas sociales y auspiciaron la integración de 40 millones de pobres a través del consumo. Funcionó unos años, hasta que llegó el abismo: la mitad del salario de los brasileños se la llevan las deudas con la banca, precio a pagar por el desenfrenado consumismo que impulsó el PT, facilitando el pago de coches nuevos hasta en 60 cuotas.


Por último, la crisis de modelo de país puede considerarse la suma del fracaso del PT y de las instituciones brasileñas. Los tres primeros gobiernos petistas habían diseñado una propuesta de “Brasil Potencia” que suponía un sostenido crecimiento de la economía, la integración de las mayorías excluidas, la modernización de la infraestructura y de las fuerzas armadas para defender la Amazonía y las reservas marítimas de petróleo, y un proyecto de integración regional integral, político, económico y de defensa, que trascendía la tradicional integración comercial que promovía el neoliberalismo.


La peor recesión del siglo


Con la crisis actual, todos los proyectos trazados y que comenzaron a caminar con cierta lentitud, se desbarrancaron. Brasil vive la peor recesión económica en un siglo, con la proyección de una caída del PIB del 4% para este año, que se suma al descenso del año anterior. Es un momento clave, decisivo, una crisis profunda cuya resolución marcará el lugar del país en las próximas décadas.


Es cierto que una parte de las élites juega contra el proyecto del PT, como la poderosa federación industrial de São Paulo, los grandes medios de comunicación, la clase media y los neoconservadores de EE UU. Pero también es cierto que la banca y el agronegocio no sólo no apuestan contra Dilma, sino que se han mostrado más cercanos al Gobierno de lo que cabía esperar. Sobre todo, es una crisis interna, que no viene de afuera como suelen argumentar algunos intelectuales.


El principal responsable es el propio PT. Porque mucho más allá de los errores cometidos –el proyecto lulista no contempló reformas estructurales en el país más desigual del mundo, para no enfrentarse a las élites dominantes–, se entrampó en la corrupción, al punto que buena parte de sus dirigentes está en la mira de la justicia o fueron procesados. Aunque consiga sobrevivir a este abril, la crisis de confianza entre sus propias bases sociales puede terminar hundiendo la barca del mayor proyecto progresista de la región.

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Este martes se confirmó que cualquier previsión relacionada con el futuro de la mandataria brasileña, Dilma Rousseff, puede perder sentido rápidamente; tal es la volatilidad del ambiente político. En un escenario turbulento y confuso resulta muy difícil adoptar tácticas de emergencia, y las estrategias de ambos bandos se revelaron, hasta ahora, insuficientes para definir con anticipación los resultados buscados. Ni siquiera Lula da Silva, negociador extremamente hábil, logró conquistar terreno mínimamente seguro, al menos hasta ahora.


Luego de la derrota sufrida el lunes, cuando por 38 votos a favor y 27 en contra la Comisión Especial de la Cámara de Diputados recomendó aprobar la destitución de la presidenta, gobierno y oposición tratan de trazar los pasos siguientes. El resultado, aunque esperado, dejó un sabor amargo a los oficialistas, que esperaban una distancia menor.


El enfrentamiento entre Rousseff y el vicepresidente Michel Temer es de antagonismo explícito y virulento. Temer conspira con la desenvoltura de quien sabe que no hay cómo recuperar el diálogo ni la convivencia, sea cual fuere el resultado. Con eso, las posturas se hicieron más radicales.


Los cabilderos de Dilma siguen presionando a los legisladores indecisos. El gobierno ofrece, como moneda de cambio, puestos y cargos si logra mantenerse. La oposición insinúa lo mismo en una nueva presidencia.


Nadie confía en nadie, ni quien ofrece ni quien se compromete. La velocidad a que suceden los acontecimientos sirve de combustible para mantener la temperatura política en elevadísimos niveles.


Ya no se trata de un panorama un tanto movedizo que cambia cada dos o tres días: la verdad es que Brasil vive momentos frenéticos, y el escenario turbulento puede llegar a cambiar dos o tres veces en un solo día.


Hasta el lunes por la mañana, por ejemplo, la sensación general era que el gobierno había logrado contener la marea opositora. El resultado en la Comisión Especial de la Cámara de Diputaods, pese a lo esperado, fue una cubetada de agua fría. Por más que Lula da Silva reitere, como hizo en un acto multitudinario aquella noche en Río, que lo que importa es la votación en el pleno, creció, principalmente entre los partidos medios y pequeños que se decían indecisos, la sensación de que la derrota de Rousseff se acerca más.


Ayer, dos defenestraciones fortalecieron el optimismo de los que defienden el golpe institucional: el Partido Progresista (PP), que cuenta con 47 diputados –la cuarta bancada en la cámara baja– y el Partido Republicano Brasileño (PRB), que ocupa 22 escaños, rompieron con el gobierno.


Sin embargo, las peculiaridades insólitas del escenario político brasileño atropellan cualquier lógica: lo decidido ayer no significa, necesariamente, que el golpe institucional sumó 69 votos. Una cosa es lo que determina el partido y otra lo que hacen los honorables diputados. A cambio de algún puestito o un carguito mínimamente relevante, algunos o muchos legisladores pueden muy bien votar en apoyo a la mandataria. Y es precisamente sobre eses supuestos independientes que los negociadores de Rousseff se lanzan con manos ávidas.


Un detalle interesante: el PP es el partido con mayor número de involucrados en las investigaciones de la Operación Lavado Rápido, que combate la corrupción llevada a cabo por las constructoras en estatales. Y el PRB responde directamente a la Iglesia Universal, la más rica y poderosa de las sectas evangélicas, cuya influencia en el Congreso es grande. ¿Qué clase de identidad política o ideológica pueden tener con el PT?


La verdad es que nadie puede prever nada a estas alturas del temporal: ni los que preconizan el golpe institucional, ni el gobierno.


Así, cada bando traza su línea de acción. El presidente de la Cámara de Diputados y vigoroso defensor del golpe, Eduardo Cunha, determinó que la votación decisiva empiece a las dos de la tarde del domingo. Primero llamará a votar los diputados del sur, más propensos a la destitución. Con eso pretende presionar a los indecisos, ya que el principal respaldo al PT está en las bancadas del norte y noreste.


Cunha eligió el domingo porque pretende llenar las calles del país con los que defienden el golpe. La Globo, emisora abierta que integra el mayor conglomerado de comunicación de América Latina, transmitirá la votación en directo. Por primera vez en décadas no habrá futbol en un domingo brasileño: cualquier arma sirve para presionar a los diputados a votar la destitución de Rousseff. Los 54 millones y medio de votos obtenidos en 2014 valen menos que el deseo de alcanzar por el golpe institucional el poder que les fue negado en las urnas.


Sin embargo, y en una demostración de creciente movilización, el PT, los movimientos sociales y agrupaciones cercanas al partido también se lanzarán a las calles. Habrá presión de los dos lados.


El horizonte permanece indefinido. Y si no hay consenso ni en una dirección ni en otra, queda claro que, gane quien gane, será muy difícil alcanzar niveles mínimos de gobernabilidad para sacar el país de la profunda crisis en que se encuentra, con la peor recesión en más de medio siglo, con proyecciones alarmantes para la economía y con el Congreso paralizado.
Lo más inquietante es que, de aquí al domingo, semejante panorama puede empeorar aún más.

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Las recesiones de Rusia y Brasil, la desaceleración de China, las dudas sobre Europa y la fortaleza del dólar entorpecen la reactivación económica y exigen nuevas medidas.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) afronta sus reuniones de primavera, que arrancan mañana en Washington, con un mensaje claro a los Gobiernos: lo hecho hasta ahora no basta para apuntalar la recuperación económica. Las recesiones de Rusia y Brasil han resultado peores de lo previsto, la fortaleza del dólar quita brío al crecimiento de Estados Unidos y China se ha frenado. La zona euro sigue lastrada por la baja inversión, el alto desempleo y la miopía política para impulsar la actividad. El FMI reclama que sigan adelante las reformas y más estímulos fiscales para el crecimiento. El tinglado, viene a decir, no puede sostenerse solo por las políticas expansivas de los bancos centrales.


Las cosas no han resultado como el FMI esperaba. Después de una dura crisis de más de un lustro, lleva al menos dos años esperando que la recuperación cuaje, pero esta, lejos de hacerlo, pierde vigor, se llena de dudas. “La crisis aún persiste. Sin embargo, el optimismo está en el aire: la etapa de hielo ha quedado atrás, y el horizonte es más brillante. Mi gran esperanza es que 2014 resulte trascendental de otra forma: que sea el año en que los siete años de debilidad, en términos económicos, se conviertan en siete años de bonanza”, decía la directora gerente, Christine Lagarde, hace casi 30 meses.


La semana pasada, en el tradicional discurso previo a las reuniones de primavera del Fondo, en el aire flotaba algo muy distinto del optimismo. Lagarde dejó entrever que, una vez más, las nuevas previsiones económicas de la institución sufrirán rebajas, añadidas a las de enero, y estas a las de octubre. “El pronóstico global se ha debilitado respecto a los últimos seis meses, agravado por la desaceleración de China, la bajada de precios de las materias primas y la perspectiva de que las condiciones financieras se endurezcan para muchos países”, dijo.


En enero, el Fondo recortó sus previsiones para la economía global en dos décimas, hasta dejar el crecimiento de 2016 y 2017 en el 3,4% y el 3,6%, respectivamente. Mantuvo los pronósticos para China, aunque dio dos duros tijeretazos a Rusia y Brasil. A Estados Unidos le restó también 0,2 puntos porcentuales y calculó un avance del 2,6% en ambos años, y la zona euro la mejoró una décima
Y si hace ya años que el FMI ha puesto el acento en los estímulos al crecimiento por la vía de las política fiscal —en aquellos países con margen para hacerlo, añade siempre de coletilla— y monetaria, en estas reuniones de primavera está pidiendo más madera. El Fondo insiste en que sigan adelante las reformas estructurales —en Europa, más medidas para el empleo, sobre todo entre los jóvenes; para los exportadores de petróleo, más diversificación—, pero también una política fiscal más favorecedora del crecimiento económico.


“La política monetaria no puede seguir siendo el alfa y omega de la recuperación. De hecho, será mucho más efectiva con apoyo de elementos fiscales y estructurales”, recalca Lagarde.


El organismo con sede en Washington apoya que la Reserva Federal estadounidense (Fed) subiera tímidamente los tipos en diciembre, aunque el Banco Central de EE UU ha dejado claro que el proceso va a ser muy gradual.


Aplaude las tasas negativas


El Fondo aplaude las rondas de estímulos sin precedentes impulsadas por el Banco Central Europeo y, en especial, ha querido dar un espaldarazo a la introducción de tasas negativas nominales por parte tanto del BCE como del Banco de Japón, entre otros. En marzo, el eurobanco dejó la tasa de la facilidad de depósito (que es el tipo de interés que aplica a la liquidez que las entidades financieras depositan en el BCE) en el -0,4% (llevaba ya en territorio negativo desde junio de 2014), lo que les encarece aún más el depósito y, por tanto, incentiva a que dediquen el dinero a prestarlo a empresas y familias. Japón lo bajó al -10% el pasado mes de enero.


Ayer, el Fondo publicó un informe que titulaba precisamente Los efectos positivos de los tipos negativos y defendía su papel como combustible adicional a la ya de por sí política monetaria expansiva dominante. Eso sí, insiste también ahí en que las políticas fiscales y las reformas deberían acompañar el proceso.

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A diez días de la posible votación del impeachment en el Plenario de Diputados, Rousseff sostuvo que “el impeachment es un insulto a los 54 millones que votaron por mí”. Ayer contó con el apoyo de organizaciones de mujeres.

 

“Busco, busqué y buscaré consensos capaces de permitirnos superar cualquier crisis. Brasil necesita un pacto nacional.” Dilma Rousseff propuso ayer una fórmula de diálogo a los grupos menos irracionales de la oposición faltando diez días para la posible votación del “impeachment” en el Plenario de Diputados. Un acontecimiento concebido como la batalla final por parte de las facciones más extremistas del campo destituyente encarnadas en la figura de Eduardo Cunha, del Partido Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), socio del vicepresidente y aspirante a sucesor de Dilma, Michel Temer.

“Pero un pacto requiere como punto de partida algunas condiciones... como el respeto a la legalidad y la democracia... la intolerancia y el odio no sirven” sostuvo la presidenta. Y enfatizó: “el impeachment es un insulto a los 54 millones que votaron por mí y a los 110 millones que votaron en total en 2014, el impeachment caracteriza un golpe, eso desmoraliza a la democracia”.

El sentido de las palabras presidenciales no es lineal. En principio ponen de manifiesto ante la sociedad la voluntad conciliadora del Palacio del Planalto en contraste con el belicismo de los partidos conservadores, la cadena Globo y sectores del poder judicial.

En un segundo análisis los dichos de Rousseff significan una propuesta de tregua a futuro para intentar un mínimo de gobernabilidad, siempre que el gobierno logre impedir el juicio político. Algo que no será fácil pero tampoco parece imposible como lo era hace un mes.

El tono conciliador de Dilma se limitó al eventual entendimiento político, pero no se extendió al juez Sergio Moro, el más eficaz agente de la oposición, que ayer dejó filtrar la confesión de un empresario que habría declarado que aportó dinero sucio en la campaña petista de 2014.

La mandataria deploró sin citar a Moro por “las filtraciones selectivas, que no tienen ningún rastro de verdad, y son utilizadas en la lucha político partidaria”.

Lula

Para que se abra el proceso la oposición necesita una mayoría especial de 342 votos dentro de un universo de 513, igual a la requerida para una reforma constitucional. La aún módica recuperación del gobierno comenzó con el retorno del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Con su cargo de ministro suspendido cautelarmente por la Corte, asumió de oficio la conducción del gabinete y recompuso las relaciones con partidos de derecha, pragmáticos, que prefieren oponerse al golpe blando a cambio de puestos en el Estado antes que apoyar al imprevisible Cunha.

Así el regreso de Lula garantizó más votos contra el impeachment al tiempo que reavivó la movilización popular llevando cientos de miles manifestantes por la democracia a las calles, las que el año pasado habían sido hegemonizadas por el aluvión neocon.

El procurador general de la República Rodrigo Janot recomendó ayer a la Corte que ratifique la suspensión del líder del PT como ministro jefe de la Casa Civil (gabinete). Una mala noticia para Dilma, no obstante lo cual repitió la voluntad de contar con su compañero dentro del gobierno,si no fuera como ministro como consejero oficial.

Lo afirmó durante un acto realizado en el Palacio del Planalto ante organizaciones de mujeres que le expresaron su respaldo, igual que lo hicieron la semana pasada los sindicatos, los campesinos sin tierra y los trabajadores sin techo.

“Este gobierno es nuestro, nosotros lo elegimos, si se meten con Dilma, es como si meten con nosotras, no vamos a permitirlo”, dijo al cerrar su breve intervención Creuza Maria Oliveira, titular de la Asociación Nacional de las Trabajadoras Domésticas.

Cunha, bandido

La figura más denostada por las militantes fue el presidente de Diputados a quien le dedicaron la consigna “Dilma se queda, Cunha se va”.

Durante la ceremonia y en las entrevistas previas dirigentes de la Marcha de las Mujeres Negras, Unión Nacional de Estudiantes, de la Asociación Brasileña de Lesbianas y Travestis repasaron la biografía de Eduardo Cunha: autor de un proyecto que penaliza el aborto, defensor de otro contra la unión entre personas del mismo sexo, reo en un proceso de la Corte por esconder millones de dólares malhabidos en Suiza y comandante de un bloque informal de congresistas que asumieron como una “misión” expulsar a Dilma del gobierno.

Muchos de esos templarios integran el Frente Parlamentario Evangélico, con 92 diputados, que esta semana anunció su respaldo al golpe blando.

Al hablar ante Dilma la filósofa Marcia Tiburi exigió la prisión del jefe golpista y lo responsabilizó de perpetrar “un estupro contra la democracia”.

Por cierto las frases contra el legislador estuvieron a la orden del día en la cita de las agrupaciones femeninas, pero ninguna superó la dicha hace una semana por el presidente del Partido Trabalhista Brasileño, Roberto Jefferson.

“Cunha sabe disparar rápido, dispara por la espalda, roba hasta en el poker... soy optimista porque tiene las virtudes para llevar adelante el impeachment” dijo el martes pasado Jefferson, un antipetista nato, que fue condenado a 14 años de prisión por corrupción.

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Miércoles, 06 Abril 2016 07:07

Luz verde para el juicio político a Temer

El ministro Marco Aurelio Mello, del Tribunal Supremo, dio un cimbronazo a la estrategia opositora para destituir a Rousseff. Ordenó al presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, que aceptara un pedido de juicio político al vice.

 

Un juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil ordenó a la Cámara de Diputados que impulse el juicio político contra el vicepresidente Michel Temer, trámite similar al que está en curso contra la presidenta Dilma Rousseff. El relator de la comisión de impeachment de la Cámara de Diputados de Brasil dirá hoy si ve razones para iniciar un juicio de destitución a la presidenta brasileña, antes de que su parecer sea votado por ese cuerpo legislativo y transmitido a la Cámara baja. En plena cuenta regresiva para que se expidan los diputados, las pujas entre el oficialismo y la oposición aumentaron su intensidad y cada actor político, incluido el STF, ganó protagonismo.
El nuevo hecho político de la jornada lo protagonizó el ministro Marco Aurelio Mello, del Tribunal Supremo, que dio un cimbronazo a la estrategia opositora para destituir a Rousseff. Mello ordenó al presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, que aceptara un pedido de juicio político a Temer, que había sido rechazado.
La solicitud de juicio político contra el vice fue presentada por un abogado, Mariel Marley Marra, y rechazado por Cunha, pero el denunciante apeló a los Supremos y obtuvo el apoyo de Mello, quien argumentó que la acusación es similar a la que llevó al inicio del proceso contra la presidenta brasileña. En su denuncia, Marra sostuvo que el vicepresidente habría incurrido en el mismo delito de responsabilidad que Rousseff al firmar algunos de los decretos que facilitaron maniobras contables dentro del presupuesto de 2014 y 2015. Sin embargo, el presidente de Diputados, que integra el Partido del Movimiento Democrático de Brasil (PMBD), que lidera Temer y que la semana pasada abandonó la coalición gobernante, se negó a aceptar las acusaciones contra su jefe partidario, después de haber admitido las que se hicieron contra Rousseff.
El juez explicó que su sentencia no emite juicios en relación con la conducta del vicepresidente de la República, pero consideró que Cunha, al rechazar una demanda y aceptar otra, no atendió la debida formalidad legal. El abogado general del gobierno, José Cardozo, dijo esta semana, ante la Comisión de Juicio Político, que la acción contra Rousseff fue una venganza de Cunha, debido a que el Partido de los Trabajadores (PT) apoyó su investigación por falta de decoro debido a que ocultó cuentas que posee en Suiza y está procesado por corrupción por el escándalo de Petrobras.
Mello también determinó que se instale una comisión especial en Diputados, bajo el mismo molde de la ya designada para analizar las acusaciones contra Rousseff, pero cuyo trabajo se centre en el caso del vicepresidente.
Aliados de Cunha informaron que no cumplirán la medida ordenada por Mello, según publicó el diario Folha de S. Paulo. A pesar de que el PMDB resolvió el 29 de marzo abandonar la alianza de gobierno que lidera el PT, Temer se mantiene en el cargo y es el primero en la línea de sucesión. El gobierno, que considera un golpe institucional el juicio político a la mandataria, por entender que no existe crimen de responsabilidad o atentado a la Constitución, no hará cambios en el gabinete hasta que termine el proceso, según dijo ayer la propia Rousseff, en diálogo con periodistas. La oposición necesita 342 votos para elevar el juicio a Rousseff al Senado –que debe actuar como juez– y tras la salida de gran parte del PMDB de la base aliada en el Congreso, el objetivo del gobierno será buscar acuerdos con otras fuerzas, como el Partido Progresista, tercer bloque en la cámara baja.
Según una asesora de prensa de la comisión de impeachment de la Cámara de Diputados, integrada por 65 legisladores, el anuncio del relator tendrá lugar “a las 14 horas del miércoles” (por hoy), en la comisión. El dictamen, no vinculante, que se apruebe el 11, será publicado al día siguiente y 48 horas después, a partir del viernes 15, estaría en condiciones de ser votado por el pleno de la Cámara, compuesto de 513 diputados.
Allí debería obtener el respaldo de 342 legisladores (dos tercios de los escaños) para avanzar al Senado. De lo contrario, el caso por supuesta adulteración de las cuentas públicas contra Rousseff será archivado. Si llega a la Cámara alta, se formará allí una comisión de 21 miembros para hacer una segunda revisión, antes de que los 81 integrantes de la Cámara alta decidan, por mayoría simple, si lo admiten o lo archivan.
Si la moción de destitución se aprueba finalmente, Rousseff será apartada de sus funciones durante un máximo de 180 días y reemplazada por su vicepresidente, favorable al impeachment. Aquí comenzaría el juicio propiamente dicho, cuya sesión final tendría lugar en el plenario del Senado, bajo la dirección del presidente de la Corte Suprema. Se necesitaría dos tercios de los votos del Senado (54 de un total de 81) para destituir definitivamente a la mandataria.
En medio de la batalla judicial que atraviesa también esta crisis política, el juez del STF, Gilmar Mendes, puso en duda que mañana la Corte pueda pronunciarse sobre la suspendida asunción del ex presidente Luiz Lula da Silva como jefe de gabinete de Rousseff. Mendes, abiertamente crítico del PT y quien coorganizó en Lisboa la semana pasada un seminario con líderes opositores, como los socialdemócratas José Serra y Aécio Neves, suspendió la asunción de Lula con una medida cautelar en la cual sostenía que la designación buscó ser un “salvoconducto” para ganar fueros y evitar ser investigado por el juez federal Sergio Moro, a cargo del caso Petrobras.

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