Ante abundantes estudios ofrecidos por revistas de alto calibre de la comunidad científica sobre el calentamiento global por la emisión humana de gases con efecto invernadero (GEI) y de la acelerada pérdida de biodiversidad también de corte antropogénico, uno de ellos en Climatic Change (2014) de Richard Heede y otro más en Science (2015) de Gerardo Ceballos et al, así como artículos y entrevistas publicados por The Guardian, considero necesario hacer la pregunta del encabezado. Esto, por las advertencias y el inusitado consenso de la comunidad científica sobre la necesidad, urgente, de recortes vinculantes e inmediatos de las emisiones de GEI en la COP21 la cumbre climática, París, Nov/Dic/15. Máxime que esas fuentes advierten que la ventana de oportunidad para evitar una catástrofe bioclimática, puede estar cerrándose.


Sólo desde un enfoque interdisciplinario, de corte enciclopédico, en diálogo entre las ciencias naturales, las humanidades y las ciencias sociales, es posible lograr la precisión necesaria para determinar ¿qué hacer? Ese es un enfoque necesario en lo atmosférico, geofísico y biológico y en lo que atañe a la historia, la economía política y la sociología. El estudio de Heede es una laboriosa investigación sobre las emisiones acumuladas de dióxido de carbono y metano de los productores de combustibles fósiles y de cemento, de 1854 a 2010. Ese estudio mostró que tan sólo 90 corporaciones, algunas descendientes de la Standard Oil Company: Chevron/Texaco, Exxon/Mobil, y otras como BP, Total y Shell (las cinco grandes) a las que se añaden entes estatales y otras manejadas por gobiernos, han generado dos tercios de los GEI (Co2/metano, etcétera) acumulados en la atmósfera desde los inicios de la era industrial (circa 1750).


Susanne Goldenberg (The Guardian, 20/11/13) informa que Heede realizó la investigación a lo largo de varios años y que se conoció en las negociaciones climáticas de 2013. Mostró que la mitad del CO2/metano fue lanzado a la atmósfera en los últimos 25 años, es decir, cuando tanto gobiernos como grandes corporaciones ya estaban enterados de que el aumento de GEI por la quema de carbón, petróleo y gas natural, era causa de cambio climático peligroso(ibid). El Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) advirtió que a las tasas de emisión de entonces, en sólo 30 años se tendría que alcanzar la cantidad de GEI que llevara el clima a un aumento de no más de dos grados centígrados 2Cº desde la era pre-industrial (a la fecha ya aumentó 0.8Cº) aunque estudios de James Hansen et al, advierten que aún un aumento de 2Cº, considerado seguro, sería catastrófico, acortándose los plazos. Hansen es el ex científico de la NASA y de la Universidad Columbia cuyo testimonio ante el Senado de EU en 1988 hizo público el fenómeno del calentamiento global vinculado a la quema de combustibles fósiles.


La relevancia política del estudio de Heede la sintetizó Al Gore, quien, ante las fuertes discusiones sobre las responsabilidades de las naciones, dio importancia a la identificación de aquellos que son históricamente responsables por la contaminación de la atmósfera, porque tienen la obligación clara de ser parte de la solución. De aquí la necesidad de revisar al detalle el modus operandi a todo nivel de las 90 firmas de energía y cemento responsables por las emisiones de CO2 y metano en ese periodo (casi un billón –trillion– de toneladas). De las 90 firmas 50 son privadas, petroleras las más, con las cinco grandes antes citadas, además de British Coal Corp, Peabody Energy y BHP Billiton. También se menciona a British Coal Corp, Peabody Energy, más Aramco de Arabia Saudita, Gazprom de Rusia y Statoil de Noruega. Esta información, que incluye entes petroleros de México (Pemex), Polonia y Venezuela (PDVSA), habría servido para desbloquear la discusión en la COP de 2013. No fue así. El poder persuasivo de los cabildos fósiles es grande y de gran penetración en los gobiernos que integran y debaten tan grave asunto en la ONU y al mismo tiempo ofrecen crecientes subsidios a la energía fósil.


De cara a la COP 21 importa saber que las 90 operan en todo el mundo. Algunas en 43 países, explotando toda fuente de petróleo, gas y carbón, con miras al aumento de 40 por ciento del consumo de energía esperado en 2035. A las primeras 20 firmas corresponde 30 por ciento de las emisiones acumuladas. La atención sobre grandes imperios privados tipo Exxon, bien estudiados por Robert Engler (varios años) y Steve Coll (2012) es por las responsabilidades acumuladas, que se centran en monopolios fósiles vitales a la etiología del capitalismo. El problema no es la humanidad ni el Homo sapiens, sino el capitalismo existente: ahí están las Chevron y Exxon en pos de ganancias, desafiando a la comunidad científica e internacional y hasta a sus accionistas. Siguen su programa de inversión en ascenso, arrastrándonos en ruta al abismo. (Continuará)


jsaxef.blogspot.com

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Jueves, 03 Septiembre 2015 06:12

Maduro amplía la emergencia fronteriza

El mandatario venezolano, que ayer incorporó a cuatro municipios fronterizos al estado de excepción, dio luz verde a la revisión de viviendas, comercios y personas. Santos dijo que llevará el caso a La Haya.

 

En el marco de la crisis fronteriza con Colombia, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció ayer la ampliación del estado de excepción a toda la zona fronteriza del estado de Táchira. El mandatario hizo la advertencia desde China, donde se encuentra realizando una visita oficial, durante su programa transmitido desde el país asiático. Por su parte, el jefe de Estado colombiano, Juan Manuel Santos, advirtió que llevará ante la Corte Penal Internacional (CPI) las deportaciones masivas de compatriotas suyos desde el país vecino.


El presidente venezolano explicó que el decreto de expansión permite ampliar a otros cuatro municipios de Táchira el estado de excepción, y que también da luz verde a la revisión de viviendas, comercios y personas en la zona. De esta forma, la norma ahora también rige en los municipios de García de Heiva, Ayacucho, Lobatera y Panamericano. El decreto establece que las autoridades podrán ejecutar registros sin la necesidad de una orden judicial previa, aunque se aclara que en todo el procedimiento se respetará la dignidad de las personas. Con la ampliación de estas medidas ya son diez los municipios en estado de excepción en una zona intervenida, que abarca unos 160 kilómetros de frontera, completando así todo el territorio limítrofe de Táchira.


Maduro señaló que Colombia debe intervenir para prohibir el contrabando a Venezuela. "Colombia tiene que tomar medidas de autoridad, de gobierno para prohibir el ataque a la moneda venezolana que se hace en las ciudades fronterizas y en Bogotá", dijo. "El gobierno de Colombia se comprometió a corregir esto y eso lo quiero conversar personalmente con Santos". Insistió en que tomando medidas, el gobierno colombiano puede evitar el ingreso de grupos paramilitares hacia Venezuela y recordó que la crisis comenzó con un ataque el 19 de agosto que dejó tres soldados venezolanos heridos. "Llamé a Santos para que hagamos una reunión cara a cara pronto, en los próximos días voy a estar en Caracas, y busquemos en base a la verdad y al respeto, no a la promoción del odio que se promueve en Bogotá contra mí y contra Venezuela, una solución", indicó.


Por otro lado, el presidente del Parlamento venezolano, Diosdado Cabello, número dos del chavismo, anunció ayer la llegada del último contingente para completar los 3.000 soldados que se desplegarán en los municipios fronterizos del estado Táchira. También expresó que el gobierno evalúa extender el estado de excepción a algunas zonas de los estados de Zulia y Apure. "Anunciamos que donde sea necesario tomar las acciones que haya que tomar, el gobierno bolivariano lo va a hacer", dijo. El mandatario de la Asamblea sugirió, además, que se inicie un proceso de revisión de propiedades que han sido adquiridas en la frontera con Colombia, y aseguró que muchas de ellas pertenecían a venezolanos que fueron obligados a vender por parte de grupos irregulares. "Tenemos que verificar quienes adquirieron fincas, comercios e industrias, porque allí está metido el dinero del narcotráfico, contrabando, paramilitares y sicarios", afirmó. "Durante todos estos años fuimos víctimas de la violencia colombiana. Pero esta situación llegó al límite con el ataque a nuestros soldados", opinó Cabello.


En tanto, Santos dijo que su prioridad es defender los derechos humanos de los colombianos que viven en el país vecino. "Venezuela, como cualquier estado, tiene derecho a cerrar su frontera o expulsar personas por razones de seguridad, pero no de ninguna manera puede violar el derecho internacional". Por este motivo, agregó que el fiscal general de Colombia, Eduardo Montealegre, está considerando la posibilidad de presentar una denuncia ante la CPI. "Será contra miembros de la cúpula civil y militar del gobierno venezolano que podrían ser responsables por crímenes de lesa humanidad consagrados en el Estatuto de Roma", dijo el mandatario. "La Fiscalía General de la Nación considera que hay bases para probar que se configuró un posible ataque generalizado y sistemático contra la población civil colombiana", añadió.


Santos criticó que en el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) haya sido rechazada el martes la solicitud de su país de convocar una reunión de cancilleres de organismo para tratar la crisis. También se quejó sobre el hecho de que la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) haya postergado sin fecha el encuentro de jefes de diplomacia, inicialmente planeada para hoy. Agotadas esas dos instancias, y al margen de la denuncia que pueda llevarse ante la CPI, Santos explicó que Colombia acudirá por medio de su canciller, María Angela Holguín, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y se reunirá con el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon. "Colombia es una nación decente, democrática, respetuosa de los derechos humanos y de las instancias internacionales, que cree en el diálogo y la diplomacia y lo seguirá siendo".

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El parón de China y el temblor de los mercados financieros marcarán la reunión de ministros de Finanzas del G20, el grupo de los países más industrializados —es decir, más ricos— que arranca el viernes. El documento previo del Fondo Monetario Internacional (FMI) para la cita también deja clara su preocupación: el organismo pide tanto a los gobiernos como a los bancos centrales que mantengan las políticas de apoyo al crecimiento.


Año tras año, cumbre tras cumbre, el G20 ve una recuperación económica global que no se acaba de consolidar y que permanece plagada de incertidumbres. El crecimiento mundial perdió fuelle en el arranque de 2015 con relación al final de 2014 y la ralentización de la economía china abona el pesimismo para lo que queda de año. Según el Fondo, en la mayoría de países avanzados la política monetaria "debería mantenerse acomodaticia" ya que la inflación queda lejos de los objetivos y, por tanto, no hay necesidad de frenar la máquina de imprimir dinero.


El mensaje llega el día en el que se celebra la reunión mensual del Banco Central Europeo (BCE) y apenas dos semanas antes de que la Reserva Federal (Fed) decida si aprueba ya la que sería la primera subida en 10 años de los tipos de interés, ahora en cero. La situación redobla la presión sobre el mayor banco central del mundo, aunque el FMI ya ha sido mucho más explícito este verano al pedir abiertamente a la Fed que aguarde.


Esta vez reclama una "comunicación efectiva" sobre lo gradual que será la subida del precio del dinero en EE UU (ya que las expectativas del mercado pueden no coincidir con la Fed) y es más directo con el BCE. El documento del Fondo resalta cómo el programa de compra de bonos a gran escala (la llamada expansión cuantitativa) que comenzó en marzo ha mejorado la confianza y las condiciones financieras en la zona euro, pero advierte de que este plan "debería extenderse si no hay suficiente mejora en la inflación" respecto a los objetivos de estabilidad de precios a medio y largo plazo.


El FMI también pide a los Gobiernos de países avanzados políticas de estímulo, aunque admite que el volumen de deuda pública supone un considerable problema —"reto", la palabra que suele preferir el organismo— en un entorno de crecimiento bajo y baja inflación (que hace que el peso real de ese pasivo contraído sea mayor).


El actual ritmo de reactivación ni siquiera está garantizado. "Sigue siendo relevante el riesgo de un estancamiento secular para las economías emergentes y los riesgos geopolíticos para los mercados emergentes como consecuencia de lo acontecimientos en Ucrania, Oriente Medio y parte de África", señala el Fondo.


Señala que los países del G20, que no dejan de expresar preocupación por la ralentización global, deben impulsar también reformas estructurales, sobre todo en el ámbito laboral y de liberalización de los mercados, para impulsar el crecimiento económico potencial.

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Un juez de Guatemala pidió anoche la detención del presidente del país, Otto Pérez Molina, para evitar una posible fuga. Ayer, el mandatario perdió la inmunidad del cargo y está acusado de liderar una red de corrupción aduanera.


La fiscalía, que solicitó la medida, informó en su cuenta oficial de Twitter de esta decisión horas después de que el Congreso retirara los privilegios al presidente, involucrado según investigaciones oficiales con la red de corrupción aduanera conocida como "La Línea". La medida, otorgada por el magistrado Miguel Ángel Gálvez, impide al presidente de salir del país.


La Fiscal General y jefa del Misterio Público (MP), Thelma Aldana, explicó a periodistas que "existe el riesgo" de que el presidente pueda salir del país y que, por ello, tuvo que tomar la decisión de pedir esa orden.


"Creo que es una medida precautoria necesaria", explicó Aldana a periodistas minutos antes de que el MP confirmara que el juez había otorgado el arraigo, cuyo objetivo es asegurar la presencia del mandatario durante el proceso penal que enfrenta.


Cuestionada por si la decisión del presidente de aferrarse al cargo interfiere en el proceso, Aldana dijo que no, que en este momento Pérez Molina tiene las mismas condiciones de un "ciudadano común" aunque esté en el ejercicio de la Presidencia.


La fiscal dijo que, "a corto plazo", también analizan pedir la prisión preventiva del presidente. Los fiscales están estudiando el caso, y aunque no descartan imputarle más delitos a Pérez Molina, por ahora lo acusarán de "asociación ilícita, cohecho pasivo y caso especial de defraudación aduanera".


Aldana reconoció que la situación actual le provoca una "mezcla de sentimientos", ya que aunque Guatemala está evidenciando que "nadie es superior a la ley", es una "pena" que un presidente en el ejercicio del cargo "sea sometido" a un proceso.


No obstante, agregó que el caso "La Línea", del que supuestamente Pérez Molina y su ex vicepresidenta Roxana Baldetti (ya en prisión) eran los líderes, es "muy grande" y aún queda mucho material por investigar.


(Con información de agencias)


¿Qué enfrenta el presidente de Guatemala tras perder su inmunidad?


Apenas se supo que al presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, le habían retirado su inmunidad, fuera del Congreso los manifestantes comenzaron a corear: "El pueblo, presente, no tiene presidente".


Se ha convertido en uno de los lemas, pero la realidad es que el mandatario, en la cuerda floja por un escándalo de corrupción que ha generado movilizaciones históricas en el país, por ahora sigue al frente del Poder Ejecutivo.


Con el voto de 132 diputados, de los 105 necesarios, Pérez Molina, de 64 años, se quedó este martes sin inmunidad —la primera vez que un presidente guatemalteco sufre esta situación— y ahora podrá enfrentar a la justicia.


Apenas dos horas después de haber sido desaforado, el juez Miguel Ángel Gálvez otorgó medida de arraigo solicitada por el Ministerio Público (MP) para evitar su salida del país, con lo que queda abierta la posibilidad de que se le dicte una orden de arresto.


La fiscal general, Thelma Aldana, indicó que luego de haberse retirado la inmunidad "el presidente será sometido a los tribunales del país, como un ciudadano ordinario".


"Nunca imaginé y nunca hubiera querido iniciar un antejuicio contra el presidente, sin embargo, la evidencia hizo imperativa hacer esta solicitud", aseveró.


El presidente fue acusado el 21 de agosto por la fiscalía y por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), un organismo avalado por Naciones Unidas, de liderar una mafia de corrupción aduanera que defraudó a la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).


El comisionado Iván Velásquez aseguró que en las más de 80.000 escuchas telefónicas realizadas en el marco de la investigación y en los más de 5.000 mensajes de correo electrónico revisados existían referencias a "el uno" y "la dos", que corresponderían a la participación de Pérez Molina y de su exvicepresidenta, Roxana Baldetti.


Baldetti se vio forzada a renunciar en mayo y se encuentra en prisión.


Pérez Molina, acusado por la fiscalía y la Cicig de los delitos de asociación lícita y cohecho pasivo, ha defendido su inocencia desde que estalló el escándalo en abril y en numerosas ocasiones rechazó estar involucrado.


"Es una situación delicada y compleja, como nunca se había visto en el país. Yo tengo dos opciones: una es renunciar y la otra someterme a la justicia, y es lo que voy a hacer", aseguró el lunes en sus últimas declaraciones públicas.


¿Cómo sigue el proceso para el presidente?


En resumidas cuentas, la fiscalía podría ahora pedir la comparecencia de Pérez Molina ante un juez, quien de encontrar indicios para imputarlo, deberá determinar si el presidente puede esperar el juicio en libertad o si debe hacerlo en prisión preventiva.


De acuerdo con el artículo 7 de la Ley de Antejuicio, un dignatario o funcionario público solo podrá cesar en el ejercicio del cargo cuando un juez ordene su prisión preventiva.


De hacerlo, en ese momento Pérez Molina dejará de ser presidente y asumirá el cargo el vicepresidente Alejandro Maldonado, quien a su vez deberá proponer una terna de reemplazantes al Congreso y se convertirá en presidente hasta el fin del mandato, previsto para el 14 de enero.


Pero para que todo ello ocurra se debe cumplir en primer lugar con el formalismo de que el Congreso emita una resolución en la que se declara con lugar el antejuicio.


De esa forma el presidente pierde formalmente su inmunidad y el expediente retorna a la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
El máximo organismo judicial deberá enviarlo al tribunal ordinario que corresponda, y mientras tanto el presidente seguirá en su cargo pendiente de la investigación del MP.


Otras opciones


La justicia podría:


- Solicitar una orden de captura contra el presidente y la revisión de sus cuentas bancarias y propiedades. En este caso, Pérez Molina estaría obligado a dejar el cargo.


- Una posibilidad más es que el presidente sea sometido a arresto domiciliario.


- Y una alternativa adicional es que el MP solamente lo cite para que presente su primera declaración.


En todo caso, el juez es quien deberá decidir si el presidente enfrentará o no su proceso en libertad.


El mandatario había solicitado un amparo ante la Corte de Constitucionalidad, que pretendía evitar la votación ocurrida este martes.


La petición no ha sido resuelta por el órgano de justicia, que tiene entre 24 y 48 horas para tomar una decisión, pero de acuerdo con medios locales es previsible que los ministros acuerden no amparar al mandatario.


El retiro de inmunidad llega en un momento delicado en la vida del país, a días de las elecciones generales del próximo domingo en las que no se espera que ningún candidato obtenga los votos suficientes para evitar una segunda vuelta prevista para el 25 de octubre.


(Con información de BBC)

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Miércoles, 02 Septiembre 2015 06:08

Dilma negoció un acuerdo para el presupuesto

La presidenta necesitaba aplacar el ímpetu desestabilizador de sus enemigos, obcecados en impedir que el Congreso debata el presupuesto. Lo logró negociando con Eduardo Cunha, del PMDB, acusado de recibir coimas en el caso Petrobras.


Dilma alcanzó un armisticio, provisorio. La presidenta recibió ayer en el Palacio del Planalto al titular de la Cámara de Diputados Eduardo Cunha, un golpista que se jacta de serlo, con quien llegó a un acuerdo para que el Congreso dé tratamiento al proyecto de presupuesto general de la Unión para 2016. Cercada por una crisis primero política, dado el virtual aislamiento del Planalto, y después económica, por la incipiente recesión, Dilma necesitaba aplacar el ímpetu desestabilizador de sus enemigos obcecados en impedir que el Congreso debata el presupuesto. Lo logró.


Durante la conversación con Eduardo Cunha, del Partido Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), la mandataria insistió en la necesidad de establecer una convivencia "armónica" entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, una casa donde se arman las trampas para impedir la gobernabilidad de la joven administración petista iniciada en enero, tras la victoria en las presidenciales del año pasado. El diputado Cunha formuló ayer declaraciones en un tono sobrio, distinto al que había empleado en los días previos a la marcha por el impeachment realizada el 16 de agosto.


Cunha sostuvo que "como presidente de la Cámara, no puedo negarme a conversar con la presidenta de la República" que lo había convidado el lunes mientras ajustaba los números del presupuesto gastos e ingresos que prevé un déficit próximo a los 9000 millones de dólares en 2016. "Tuvimos una conversación institucional que permitió dejar abierto el diálogo con el Ejecutivo, fue una conversación sincera sobre la situación del país, ella (Rousseff) no me hizo ningún pedido concreto, debatimos la situación y me pidió apoyo para que podamos encontrar una solución estructural al proceso", contó el parlamentario .
A pesar de militar en el PMDB, partido que forma parte de la alianza oficialista, Cunha saltó a la oposición el 17 de julio pasado, mientras Dilma encabezaba la cumbre del Mercosur en la que se habló de los golpes de nuevo tipo y la amenaza desestabilizadora que sobrevuela la región. Ese día, luego del plenario de mandatarios en el Palacio Itamaraty, Dilma habló a solas con Cristina Fernández en la residencia oficial de Alvorada, donde según trascendidos evaluaron la inestabilidad brasileña.
El hecho de haber reconstruido puentes con Eduardo Cunha para que se discuta el presupuesto en el Congreso es un logro político valioso, aunque ese deshielo esté condenado a ser provisorio. Paralelamente el gobierno conquistó ayer el aval del presidente del Senado, Renán Calheiros, otro influyente pemedebista (del PMDB) quien descartó por completo obstruir la tramitación del presupuesto del año próximo.
Algunos sospechan que Cunha aceptó cruzar del Palacio del Congreso al Planalto dado que perdió parte de capacidad de presión y/o chantanje luego de ser imputado en el escándalo en perjuicio de Petrobras, el "Petrolao" que salpica a varios caciques del PMDB, aunque la prensa prefiera noticiar los casos que involucran a miembros del Partido de los Trabajadores, como el ex ministro José Dirceu, que ayer fue imputado formalmente por la Justicia.
La semana pasada la Procuraduría General de la República, basada en pruebas "consistentes", acusó a Cunha de haber cobrado cinco millones de dólares de sobornos para facilitar contratos en Petrobras, y de utilizar una cuenta bancaria de la evangélica Asamblea de Dios para recibir los dineros paridos por el diablo. Ahora se abre la disputa en el Legislativo, donde el gobierno no tiene mayoría y buscará la aprobación de su proyecto en medio de una recesión técnica. Según reportó la semana pasada el estatal Instituto Brasileño de Geografía y Estadísticas la semana pasada, en el segundo trimestre la actividad económica cayó el 1,9 por ciento. El consumo de las familias, que fue el motor de la expansión económica con inclusión social de los 13 años de gobiernos petitas, se desplomó el 2,1 por ciento. Nadie discute que este año el Producto Interno Bruto caerá en torno del dos por ciento en 2015, pero mientras el mercado pronostica una retracción del 0,4 por ciento para 2016 el gobierno avizora una expansión del 0,2 por ciento.
Por cierto, la presidenta y sus ministros estuvieron reunidos el fin de semana pasado buscando una fórmula para evitar que el presupuesto del año que viene arroje un saldo negativo cercano a los 9000 millones de dólares porque esto agravará el peso de la deuda. En ese marco de deliberaciones, el ministro de Hacienda, Joaquim Levy, ex ejecutivo del Banco Bradesco y monetarista, propuso recrear el presupuesto al cheque con el cual podría atenuarse ese balance negativo. Pero esta sugerencia de Levy fue frontalmente rechazado por la Federación de Industrias de San Pablo, la Confederación Nacional de la Industria, los principales dirigentes del Congreso y el propio vicepresidente Michel Temer.
Acá otra vez se tocan la política y la economía. Temer, del PMDB aparentemente oficialista, da pasos hacia un golpe blando que obligaría a la salida de Rousseff y lo entronizaría como presidente de un gobierno de coalición. En las últimas semanas Temer recibió homenajes de la Federación de Industrias de San Pablo y de un sector del opositor Partido de la Socialdemocracia Brasileña, cuyo máximo líder Fernando Henrique Cardoso recomendó a Dilma que renuncie. Estos y otros respaldos han robustecido el peso del vicepresidente Temer en desmedro del poder de Dilma, que sabe de su deslealtad, y del ministro Joaquim Levy golpeado por la prolongación de los efectos del ajuste, que él había anticipado que sería un período breve, más la recesión y la suba en la tasa de desempleo.

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Miércoles, 02 Septiembre 2015 05:59

Mutaciones de la crisis: del TARP al ZIRP (I)

En septiembre de 2008, el senador Sherrod Brown recibió una llamada del secretario del Tesoro, Hank Paulson, y de Ben Bernanke, presidente de la Reserva Federal. Brown no era un gran jerarca del Senado, por eso se necesitaba su voz para lanzar una idea descabellada. Paulson y Bernanke fueron al grano: Necesitamos 700 mil millones de dólares, y los necesitamos en tres días. Además, le dijeron, el plan que tenían entre manos requería que Paulson tuviera la capacidad de gastar ese dinero como quisiera, sin supervisión alguna y sin tener que rendir cuentas ante alguna corte o tribunal judicial.
Así comenzó el proceso de chantaje, intimidación y mentiras que culminaría con el programa de rescate de activos con problemas, el tristemente célebre TARP (Troubled Asset Recovery Program). El 18 de septiembre de 2008, a las 11 de la mañana, Paulson sentenció a un grupo de senadores: Si el congreso no hace lo que estamos pidiendo, más de 5 millones de millones de dólares de riqueza desparecerán en menos de 24 horas. O sea, se avecina una hecatombe y ustedes cargarán con la responsabilidad si no hacen lo que les decimos.


¿Para qué quería el dinero Paulson? El crédito interbancario se había congelado y el sistema de pagos amenazaba con detenerse. Comprando los activos defectuosos que los bancos tenían en sus libros, Paulson pensaba que se podría reactivar la confianza entre bancos (y, dicho sea de paso, beneficiar a algunos de sus viejos amigos).


El chantaje y la intimidación no fueron suficientes y Paulson tuvo que endulzar el paquete para lograr su aprobación. En octubre de 2008 logró que el congreso aprobara su ley de emergencia para la estabilización económica. El artículo 109 estipulaba que el Departamento del Tesoro podría introducir cambios en los créditos otorgados para evitar desahucios. Pero la promesa de ayudar a los deudores fue sólo un truco para conseguir votos (sirviendo de escudo a muchos congresistas que necesitaban mostrar un compromiso con sus bases electorales). A los pocos meses de aprobada la nueva ley, el artículo 109 era ya letra muerta.


El TARP se convirtió rápidamente en un programa de inyección de recursos para los bancos y algunas grandes compañías. Y a los bancos beneficiarios del TARP ni siquiera se les exigió dar cuentas de lo que habían hecho con los recursos recibidos. Por si eso fuera poco, a los bancos no se les condicionó la ayuda a que reactivaran el crédito hacia la actividad productiva y los consumidores, lo que la retórica del TARP había prometido. Al final de cuentas, los bancos comenzaron a usar esos recursos como quisieron.


Se dice con frecuencia que el TARP ayudó a mitigar los peores efectos de la crisis y le imprimió mayor estabilidad al sistema bancario en Estados Unidos. La realidad es distinta: los grandes bancos (JP Morgan, Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs) se hicieron más grandes y la volatilidad e inestabilidad no han disminuido.


Pero TARP no podía continuar por mucho tiempo. El congelamiento del crédito interbancario era un problema más grande y no se podía resolver con un simple rescate puntual de activos defectuosos. Y, por otra parte, el TARP no permitía inyectarle recursos al sistema bancario sombra. Así que desde noviembre de 2008 el TARP fue siendo remplazado por otro mecanismo: una nueva modalidad de intervención de la Reserva Federal. Para finales de 2008, la Reserva Federal ya había comprado más de 600 mil millones de dólares de créditos hipotecarios a los bancos con más problemas.


La Reserva Federal ya había arrancado la política monetaria flexible que desembocaría en tasas de interés cercanas a cero, el régimen ZIRP (Zero Interest Rate Policy). Así que sin poder manipular más la tasa de interés de referencia para el crédito interbancario, la Fed decidió manipular la cantidad de dinero que se inyecta en la economía. Y lo hizo a través de un programa de flexibilidad cuantitativa (QE, por sus siglas en inglés) que funcionaría a través de dos canales, comprando activos (de mala calidad) de los bancos y adquiriendo bonos del Tesoro. El objetivo de comprarle activos a los bancos era quitarles presión para que incrementaran el crédito a la producción y el consumo. El propósito de adquirir bonos del Tesoro era reducir el rendimiento de dichos bonos y, por ende, eliminar el incentivo que tenían los bancos para adquirirlos (en lugar de prestar más recursos a la economía real). Pero la realidad es que los bancos no se pusieron a prestar al público en general y, en cambio, se dedicaron a prestarle al gobierno y a especular en el mercado mundial. El resultado es que uno de los motores más importantes de la economía global es la especulación en el mercado de divisas que recibió un gigantesco estímulo a través de la política monetaria. Como nunca hubo una verdadera reforma regulatoria del sistema bancario y financiero, la flexibilidad monetaria ha llevado a un mundo más incierto. Y hoy que se acerca el fin del mundo ZIRP, se prepara la tercera gran mutación de la crisis mundial.


Twitter: @anadaloficial

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Martes, 01 Septiembre 2015 05:42

Promete reducir el efecto del ajuste

Según Syriza, cumplir con el acuerdo con los acreedores no significa que no pueda haber políticas con un sello de izquierda. La formación lidera los sondeos, pero vive una sangría interna.

 

La conferencia nacional de Syriza presentó la propuesta electoral con la que quiere revalidar el gobierno luego de una reunión de dos días que mostró la fractura del partido tras siete meses al frente del Ejecutivo heleno. La plataforma, de casi 70 páginas, busca despejar la sensación de que el gobierno de Alexis Tsipras claudicó frente a los acreedores y sostiene que el cumplimiento del programa de rescate no impedirá emprender políticas que lleven un sello de izquierda. "Un gobierno de Syriza implementará los compromisos, pero está determinando a reducir al mínimo los efectos negativos del memorándum, a la vez que seguirá negociando duro todas las partes del acuerdo que todavía están abiertas", señala el documento. La presidenta del Parlamento griego, Zoe Konstantopoulou, sumó conflictividad a la fuerza gobernante al anunciar su alejamiento de Syriza para presentarse en los comicios del 20 de septiembre como candidata del nuevo partido de izquierda, Unidad Popular (LAE).


Según declaró la titular del Parlamento en rueda de prensa, su decisión de abandonar las filas de Syriza tiene que ver con las promesas electorales que Tsipras y muchos de sus colaboradores rompieron. Konstantopoulou pertenece al ala más radical del partido, que rechazó el cambio de posición de Tsipras y los planes de ajuste presentados. Los sondeos están liderados por Syriza, fuerza que es seguida de cerca por los conservadores de Nueva Democracia. Las encuestas ubican a LAE con una intención de voto del 3,5 por ciento de cara a las elecciones anticipadas.


El texto que la conferencia nacional de Syriza presentó ayer refiere a puntos que deben ser definidos en el otoño europeo con las instituciones acreedoras, como las reformas laboral y del sistema de pensiones, temas fiscales, la explotación de bienes públicos y la renegociación de la deuda, uno de los temas principales de Tsipras.


La política de no dejar en manos de fondos privados la cartera de créditos morosos de los bancos, entre los que se encuentran muchas hipotecas, con el riesgo tangible de que se produzcan masivos desalojos, está entre los asuntos pendientes en los que Syriza espera poder ganar la batalla frente a sus acreedores.


El debate librado en los últimos dos días dejó en evidencia la erosión generada en el partido de Tsipras luego de siete meses de gobierno y de una negociación que no dio tregua en medio de la asfixia financiera. Además de perder a una sexta parte de sus diputados, que optaron por pasarse al nuevo partido antirrescate Unidad Popular, Syriza se enfrenta al alejamiento casi a diario de cuadros del partido en todo el país, uno de los cuales ha sido el del secretario general del Comité Central, Tasos Koronakis. Si bien la mayoría de los oradores defendió la lucha sin cuartel dada por el gobierno de Tsipras durante estos meses y abogó por seguir dando pelea, no faltaron las críticas al modo en que el hasta ahora primer ministro y líder de la formación gestionó la crisis.


Entre los críticos se encuentra el ex ministro de Finanzas Euclides Tsakalotos, miembro de una corriente de Syriza denominada los 53, en alusión al número de diputados próximos a esa facción que, sin ser afines al ala radical que abandonó el partido, se ubican más a la izquierda que otros. El grupo en torno de Tsakalotos criticó la decisión de Tsipras de convocar elecciones anticipadas sin esperar que se celebre un congreso extraordinario, esto es, sin debate interno previo. En los últimos días algunos medios especularon con la posibilidad de que Tsakalotos, que firmó el tercer rescate, no integrara las listas electorales, duda que el hasta ahora titular de Finanzas despejó al afirmar que continuará dando, "junto a Alexis, la batalla por el futuro".

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La influyente revista alemana Der Spiegel consagra una extensa investigación de seis reporteros sobre "Un mundo sin agua (Welt ohne wasser; http://goo.gl/vUQF7V)" y El peligroso mal uso de nuestro recurso más valioso, en cinco países: Brasil, España, EU (California), Bolivia e Israel (http://goo.gl/v5kbJs).


Inician su estrujante reportaje sobre el drama de California, que ya abordé su simbólica sequía como presagio de "la crisis mundial del agua que viene (http://goo.gl/JvDXK0)".


Arguyen que la Tierra puede ser un planeta azul visto desde el espacio, pero que sólo 2.5 por ciento de su agua es fresca (¡supersic!) y es dilapidada, contaminada y envenenada (sic) con su distribución horriblemente (sic) injusta.


Setenta por ciento de la superficie de la Tierra es agua, cuya mayor parte es salada: 97.5 por ciento, en mares y océanos. El restante 2.5 por ciento es agua dulce/fresca, pero su 69.7 por ciento está congelada (polos y glaciares), 30 por ciento es subterránea y sólo 0.3 por ciento se encuentra en ríos y lagos (http://goo.gl/ExZboc). La exigua agua fresca/dulce es la que ha permitido la vida en la biósfera.


Los seis reporteros aducen que la población mundial casi se ha triplicado desde 1950, mientras el consumo del agua se ha incrementado seis veces, lo cual ha empeorado, ya que el género humano cambia el clima del planeta con emisiones de gas invernadero, que sólo exacerba las injusticias.


La escasez del recurso versa sobre las personas que sufren de sed (¡supersic!): casi mil millones son forzadas (sic) a beber agua contaminada, mientras otras 2 mil 300 millones padecen su carencia.


Sin caer en un insano neomalthusianismo acuífero, a lo que subtienden los autores, se recuerda que la población mundial es hoy de más de 7 mil 256 millones.


Preguntan: ¿Cómo administraremos alimentar más personas con menos agua?


A mi juicio, se trata de una pésima asignación de recursos, trágico en el caso del agua en su totalidad –aunque su mayor proporción sea salada–, lo cual es un reflejo más de la desigualdad global del neoliberalismo en lo que incumbe a los recursos finitos, cuyo epítome lo constituye la lacerante disparidad mundial en todos sus rubros.


Una solución samaritana global consistiría en desalinizar el agua en forma gradual y racional, sin caer en las enfermizas cuan oligopólicas leyes del mercado con naipes marcados.


Colocan una gráfica del World Resource Institute (http://goo.gl/e5cK7B que exhibe la escasez del líquido y basa su índice del riesgo del agua en 12 indicadores ponderados, como asequibilidad, extracción y consumo, pero también en componentes hidrológicos, como la cantidad total de agua fresca accesible, tamaño de captación, tasas de escurrimiento y tasas de renovación de aguas de superficie, de lo que surge un axioma: si más agua es extraída de lo que es asequible o en forma más rápida a su sustitución, para necesidades humanas, se vuelve un recurso escaso en el que compiten las personas, la agricultura y la industria.


Aportan otra gráfica sobre el agua usada en alimentos y bebidas: desde una copa de vino (109 litros) hasta un kilogramo de res (15 mil 500 litros; http://goo.gl/gYQDr5).


Citan al filósofo y matemático presocrático Tales de Mileto –uno de los Siete Sabios de Grecia– que ya en el siglo VI a. C. consideró al agua como el principio primario de todas las cosas, lo cual fue alabado por Aristóteles.


Para el genial Tales de Mileto el agua es el arché: el origen, la fuente de la vida misma.


Los seis de marras consideran que el agua se ha vuelto el negocio de las trasnacionales globales y es dilapidada en una escala gigantesca (sic) para obtener ganancias y preguntan si el agua es una propiedad pública y un derecho humano (definido como tal por la ONU en 2010), o bien es ultimadamente una materia prima, un bien de consumo y una inversión financiera.


A mi juicio, tal bizantina discusión metafísica y/o financierista, entre los proponentes del bien común biosférico y los misántropos neoliberales, puede matar de sed a casi la mitad de los humanos by the time being.


Informan que en el Foro Económico Mundial de Davos, la plutocracia neoliberal global seleccionó a la crisis de agua como el mayor de los 28 riesgos globales.


Comentan que "en ningún lugar donde más privatizaciones y alianzas estratégicas (joint venture) con los proveedores del sector privado están siendo revertidas como en Europa, incluyendo Alemania".


En Stuttgart, sexta ciudad alemana, una iniciativa de los ciudadanos en 2013 obligó a la alcaldía a recomprar (¡supersic!) las acciones de un proveedor privado de agua" y en 2014, la autoridad estatal detectó que los precios del recurso eran demasiado altos y ordenó su reducción en 30 por ciento (¡supersic!).


En Berlín, donde las operaciones de agua fueron parcialmente privatizadas en 1999, los precios se elevaron 28 por ciento después del periodo estipulado de tres años de gracia, mientras las inversiones para preservar la infraestructura fueron reducidas en más de la cuarta parte, lo que orilló a que los ciudadanos lanzaran la iniciativa de un referendo.


En forma inconcebible para una ciudad tan civilizada como Berlín, se había otorgado a dos empresas privatizadoras, RWE y Veolia, un retorno garantizado (¡supersic!) por 30 años.


El ultraje ciudadano orilló en 2012 a que la Oficina del Cartel (sic) Federal reglamentara que los precios del agua tenían que ser reducidos 18 por ciento.


Gracias a la presión ciudadana, la ciudad de Berlín recompró (sic) sus acciones a las empresas privatizadoras. Que conste que Alemania es la principal geoeconomía de la Unión Europea.


Perogrullada global: los ciudadanos conscientes son quienes mejor defienden su derecho a la vida.


En paralelo, más de 1.5 millones de ciudadanos firmaron una petición para el libre acceso al agua que obligó a la Comisión Europea en 2012 a remover la directiva de incluir al agua en sus concesiones, que hubiera abierto la puerta a los proveedores privados de agua en varios lugares de Europa.


Sentencian que la oposición popular a las privatizaciones es probablemente la más vehemente y emotiva en el caso del agua y afirman que la percepción general es que el más elemental de todos los bienes no puede ser dejado a las fuerzas del mercado, que solamente están encaminadas a obtener ganancias. Les faltó agregar que tales privatizaciones barbáricas son concretadas sin tomar en cuenta el daño que ejercen en la mayoría de las poblaciones carentes de recursos pecuniarios para saciar la sed.


Una crítica feroz contra la privatización barbárica del agua –que en el México neoliberal itamita lo epitomiza la fétida cuan corrupta "ley Korenfeld (http://goo.gl/fhuPLL)"– radica en que las empresas privadas de agua seguido capturan en forma gratuita (¡supersic!) acueductos, estaciones de bombeo, represas que usan con poco costo para luego dictar (sic) los precios cuando la expectativa, de que a cambio desarrollen infraestructura, ha sido raramente cumplida.


La privatización financierista del agua forma parte del teatro del absurdo: manicomio paroxístico de incongruencias e ¬incoherencias.


Privatizar el agua es privatizar la vida: suprema neoesclavitud del neoliberalismo.


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Publicado en Medio Ambiente

Un excelente artículo de François Houtart sobre Ecuador (El Ecuador de 2015: el agotamiento de un modelo en un contexto de crisis mundial, Rebelión, 27/8/15) pone los puntos sobre las íes. El autor, hay que recordarlo, no es ningún ultraizquierdista encapuchado con una molotov en la mano sino, entre otras cosas, el ex presidente del Tribunal Juárez sobre la deuda de Estados Unidos con Cuba y el embargo a ese país que funcionó en Coyoacán y estuvo formado por una serie de personalidades antimperialistas entre las cuales tuve el honor de contarme.


Pues bien, para Houtart estamos ante un fin de ciclo de las políticas de los gobiernos latinoamericanos que algunos califican de progresistas y otros de populistas. O sea, de un grupo muy heterogéneo de gobiernos que abarca sobre todo los de Venezuela, Ecuador y Bolivia, pero también el de Argentina, que se autocalifica de populista y convierte las tonterías de Laclau en dogma oficial porque las mismas sostienen que se terminaron las clases y el sujeto del cambio es la juventud, ese divino tesoro interclasista. ¡Qué lástima que los grandes banqueros e industriales ganen más que nunca con sus políticas de clase suspendiendo, despidiendo, eliminando las leyes de protección laboral, comprando por nada los recursos nacionales para aumentar así la explotación y el despojo de 90 por ciento de la población!


Caen los precios de las materias primas (agroganaderas o minerales) bajo los efectos del estancamiento productivo de los países más industrializados o, en el caso del crudo, de la sobreproducción, más el shale oil estadunidense y el aflujo al mercado del petróleo iraní cuya venta fue congelada por tantos años por el bloqueo imperialista. Rusia y China, prestamistas de los gobiernos progresistas antes mencionados o importantes inversionistas en América Latina, pasan grandes dificultades y deben devaluar sus monedas. Venezuela atraviesa un periodo turbulento, pues disminuye la renta petrolera y, por tanto, no puede importar los bienes que necesita y, a mediano plazo, menos aún mantener la ayuda solidaria a Cuba, Nicaragua, El Salvador y los países del Caribe. Ecuador, que depende de la exportación de crudo, vive una crisis aumentada por la dolarización de su moneda y Brasil, la famosa potencia emergente de muchos analistas superficiales, aparece como lo que es, un país dependiente con una distribución brutalmente desigual de la riqueza y no puede ya basarse en la exportación de autos (de marca extranjera) ni de soya y, al mismo tiempo, hacer una política redistribucionista del ingreso y asistencialista para asegurarse una mínima paz social.


En Brasil y en Argentina, las fábricas del ramo automotor cierran varios días, despiden, suspenden miles de obreros. La corrupción masiva desprestigia al gobierno brasileño. Los proyectos de fracking y mineros se interrumpen en todas partes porque no son rentables dados los precios del crudo y de los minerales. Eso es bueno para el ambiente y la agricultura, pero provoca conflictos sociales, como el de los mineros bolivianos en Potosí, hunde las esperanzas del gobierno argentino en el shale oil de Vaca Muerta o exacerba la extracción desesperada de petróleo por los gobiernos en los territorios indígenas en Ecuador (Yasuní) o de Bolivia (en las autonomías guaraníes) provocando conflictos entre los gobiernos neodesarrollistas y extractivistas y los indígenas y ambientalistas.


De este modo la crisis capitalista mundial y las políticas de los gobiernos progresistas (que no tocaron y, por el contrario, preservaron a las trasnacionales, las finanzas y el gran capital y se adecuaron al tipo de inserción en el mercado mundial que ellos les fijaban), conducen en este momento al debilitamiento de esos gobiernos, que pierden consenso en las clases medias pobres y hasta entre los trabajadores y los pueblos originarios. Por supuesto, la CIA, el imperialismo y sus agentes oligárquicos y capitalistas locales aprovechan la crisis y esta situación para tratar de debilitar y derribar a gobiernos a los que difícilmente pueden ganar en las urnas y provocan corridas bancarias y choques sociales. Pero las protestas de los indígenas, ambientalistas y sindicatos combativos no tienen nada que ver con esas maniobras antidemocráticas y subversivas. Rafael Correa calumnia y reprime a los indígenas y a la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), que llamaron a una protesta pacífica que no pedía su renuncia, como él dice, y además desconoce la Constitución ecuatoriana cuando impone la exploración petrolera en los territorios indígenas; Evo Morales y Álvaro García Lineras, por su lado, atacan la democracia y las autonomías comunitarias e indígenas y pretenden acallar las voces de protesta mientras declaran que harán exploraciones petroleras quieran o no los pueblos guaraníes. Esos son los hechos concretos y tozudos.


Los formados en la escuela cristiana, como Correa y Maduro, ven al mundo como una lucha entre el bien y el mal en la que ellos, por supuesto, son el bien y quienes los critican el mal, agentes del imperialismo o estúpidos manejados por la derecha. Los educados en la religión estalinista, igualmente maniqueos, hacen una amalgama infame entre las críticas constructivas y de izquierda y los intentos de golpes derechistas, padecen además el síndrome autobusero y respetan el cartelito que dice no molestar al conductor (cualquiera que sean los virajes y maniobras locas de éste). Para ellos no hay duda: el aparato de Estado (capitalista) debe decidir y aplicar las políticas (capitalistas) supuestamente para bien de esos menores mentales que serían los trabajadores y los intelectuales que toman partido por ellos. Los maniqueos se niegan a ver que, además de una oposición proimperialista, los progresistas enfrentan también una oposición social de izquierda. Ellos, en su ciega ignorancia, pavimentan la vía suicida de los progresistas a quienes acríticamente pretenden defender.

Publicado en Política
Domingo, 30 Agosto 2015 06:14

Lula confirma su regreso a la política

El expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores (PT) está de vuelta a la arena política. Y, para anunciar este regreso, nada más simbólico que reunirse este sábado en São Bernardo do Campo, su cuna política, con el expresidente de Uruguay José Mujica, uno de los líderes más populares en América Latina y del mundo, y hablar a un público compuesto por ministros, diputados, alcaldes, concejales, líderes sindicales y simpatizantes. "Me quedé callado durante mucho tiempo porque tenía que cumplir con mi papel de expresidente. (...) Pero no me dejan en paz. Solo matan a un pájaro si se queda parado. Y yo he vuelto a volar".


El anuncio se produjo un día después de señalar en una entrevista que podría volver a ser candidato en 2018. Durante el discurso de este sábado, que cerró el seminario Participación Ciudadana, Gestión Democrática y Ciudades en el siglo XXI, Lula no llegó a mencionar una posible candidatura. Sin embargo, parece que, al menos, se posiciona como el portavoz de un Gobierno que tiene dificultades para comunicarse y de un partido desgastado después de 12 años en el poder. La presidenta Dilma Rousseff tiene menos de un 8% de popularidad, según las encuestas, y su Gobierno está bloqueado en una crisis económica que ha derribado un 1,9% del PIB este segundo trimestre. Además, afronta un escándalo de corrupción en Petrobras, investigado por la operación Lava Jato, y la presión de las calles y de la oposición, que exigen un proceso de destitución.


Pero las imágenes recientes de un expresidente Lula desanimado, pidiendo que el Partido de los Trabajadores hiciese una autocrítica, parecen haberse quedado en el pasado. Ese papel le correspondió a Pepe Mujica, el carismático expresidente de Uruguay, venerado en todo el mundo. Mujica hizo una defensa contundente de la democracia ("es la mejor porquería que encontramos") y de la necesidad de los partidos políticos para que esta exista. "Son la voluntad colectiva de grupos humanos de volver las cosas mejores. Pero también enferman. Tenemos que luchar por partidos republicanos, donde los líderes aprendan a vivir como la mayor parte del país y no como la minoría", afirmó. "No se debe confundir a un presidente con un monarca. El cargo no es nada más que un voto de confianza de los ciudadanos. No hay hombres imprescindibles, hay causas imprescindibles".


Su discurso fue toda una introducción para el expresidente Lula. Si Mujica defendió la necesidad de partidos políticos, Lula salió en defensa del PT (de su partido) como no lo había hecho en los últimos tiempos. "La ciudadanía es un tema que nuestro partido tiene que enseñar. (...) El PT pasa por un momento de criminalización y este es el momento de levantar la cabeza y volver a la calle como antes", les pidió a los presentes, entre fuertes aplausos y gritos que pedían su regreso.


La vuelta de Lula al centro de atención ocurre justo después de que las encuestas de opinión revelasen que, si la elección fuera hoy, el senador Aécio Neves (PSDB) ganaría con 19 puntos de ventaja sobre Lula; el senador José Serra, con 7 puntos más que él; y el gobernador de São Paulo, Geraldo Alckmin, con 4 puntos, según cálculos del IBOPE. Pero Lula no se da por vencido y parece querer superar la situación y salir del "volumen muerto", término ya usado por él hace unos meses y que se refiere a las últimas reservas de agua usadas por la ciudad de São Paulo durante la actual sequía en esa zona de Brasil. La campaña para las próximas elecciones presidenciales, cuando sea que ocurran, parece haber comenzado ya.


"A la derecha reaccionaria de este país le gusta decir que Lula forma parte del pasado. Como tengo la espalda fuerte, voy a ver si dejan a la querida Dilma en paz y les vuelvo a molestar", dijo. Una vez más, mencionó la educación como punto de partida. "Tenemos que poner en la agenda el tema de la educación en este país. Quien puede hacer eso es el PT.

Tenemos que volver a revolucionar la política. El PT es la voz del pueblo de este país, tenemos que hacer esa revolución".
Durante su discurso, Lula volvió a ser Lula. Se saltó lo que estaba escrito en el papel, improvisó durante cerca de una hora y arrancó carcajadas y gritos que pedían que se presentase de nuevo. Se jactó de su Gobierno y defendió firmemente a su partido por "liderar los últimos 35 años de lucha popular en Brasil". Además, argumentó que el PT hizo una "revolución silenciosa en el país" a partir de los ayuntamientos, al organizar el presupuesto participativo, el primero de ellos en la Administración de Diadema, en 1982. "Por primera vez el pueblo humilde era llamado a discutir cada prioridad de su barrio. Este partido ha cambiado la cultura administrativa de las ciudades de este país. Y eso le molesta a mucha gente", explicó.
De su Gobierno, dijo que su principal legado fue la relación que estableció con la sociedad y con los movimientos sociales. "Si juntásemos a todos los presidentes del país, antes de mí, no hicieron ni un 10% de las reuniones que hicimos. Esas reuniones definieron las políticas públicas de este país. No eran políticas del Gobierno, eran de la sociedad. Aquel palacio continuó recibiendo a empresarios y príncipes, pero también pasó a recibir a la sociedad".


Lula citó también algunas de las conquistas sociales de las últimas décadas, como el aumento continuo del salario mínimo y el hecho de que hoy en día más personas puedan viajar en avión. Y dijo que pasará a la historia como el presidente que creó más universidades. "Puede ser que algunos tengan razón en sus críticas, pero ¿por qué todo este odio? ¿Será porque las empleadas domésticas han conquistado más derechos? Estas personas salen a las calles para deshacer las mejoras que hemos hecho".


Lula promete hablar y viajar más por el país. Está en campaña de nuevo.

Publicado en Internacional
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