La coyuntura que atraviesa el país suramericano ha impulsado al Ejecutivo a acelerar proyectos que permitan oxigenar la economía, uno de ellos está al sur de Venezuela.

 

Venezuela ha decidido emprender un megaproyecto en el llamado Arco Minero del Orinoco que le permitirá percibir entre 3.000 y 4.000 millones de dólares anuales. ¿Será el fin del rentismo petrolero?


El ministro de Desarrollo Minero Ecológico, Roberto Mirabal, ofreció en entrevista a RT los detalles de uno de los proyectos más ambiciosos de la nación surameriacana, que en la actualidad ha visto su economía afectada por la caída sostenida de los precios del petróleo, su principal fuente de divisas.


Aunque el país atraviesa una coyuntura económica nada desdeñable, el ministro sostiene que el proyecto ya había sido concebido por Hugo Chávez, como parte del desarrollo estratégico del país, junto a la Faja Petrolífera del Orinoco (con la mayor reserva mundial de crudo del mundo), y el Cinturón Gasífero ubicado en el caribe venezolano.


Las críticas a la iniciativa no han faltado. Desde grupos ecologistas, hasta la oposición al gobierno del presidente Nicolás Maduro, han querido truncar el proyecto incluso antes de que se haga realidad. Lo que sí está claro para Mirabal es que será la oportunidad inédita para Venezuela de "asumir el control de una actividad que ya existe en el estado Bolívar" porque el país "necesita ejercer el control sobre sus recursos naturales", pero con una visión definida como ecosocialista.
El proyecto estima generar unos 25.000 empleos directos y 75.000 indirectos en el estado Bolívar, especialmente por la explotación de recursos como el oro y el cobre. En esa jurisdicción, de acuerdo a las estimaciones preliminares, podrían estar las segundas reservas mundiales auríferas del mundo.


¿Cuáles son los puntos clave del proyecto que podría significar la diversificación de la economía venezolana y una alternativa para mantener la elevada inversión social del gobierno?


Empresas mixtas


A diferencia del modelo aplicado en Venezuela antes de la llegada de la Revolución Bolivariana, que sólo entregaba concesiones de explotación a capitales extranjeros a cambio de regalías mínimas, la figura ideada para el Arco Minero del Orinoco es la de empresas mixtas con capital accionario mayoritario para el Estado.


"Existe un esquema de participación del 55% como mínimo para el Estado venezolano, dándole un espacio de participación del sector privado hasta 45%", detalló Mirabal, quien adelantó que las empresas podrán ser de capital nacional o extranjero, siempre que cumplan con tres requisitos: capacidad de inversión, experticia en el área y respeto a la soberanía nacional.


A la fecha, más de 100 empresas de 37 países, como Inglaterra, Canadá, Rusia, Suráfrica, Estado Unidos de América, China, Australia, han manifestado su interés en invertir en la zona, que ocupa 111.843,70 kilómetros al norte del estado más extenso de Venezuela. La superficie equivale a tres veces el territorio de Dinamarca.


Explotación de áreas impactadas


"No se abrirán nuevos espacios para la minería", recalcó el funcionario. La explotación de los ingentes recursos que posee la zona se hará únicamente en las áreas que ya han sido tocadas por la actividad minera artesanal, de pequeña escala o ilegal.


En el estado Bolívar, que está entre los menos poblados del país, se estima que trabajan más de 50.000 mineros. La mayoría de ellos explota recursos en minas ilegales o de manera artesanal, con métodos altamente contaminantes que implican el uso de tóxicos como el mercurio que contaminan los cauces fluviales. A principios de agosto, el Ejecutivo emitió un decreto que prohíbe la utilización de esa sustancia en la minería.


La preocupación de algunos grupos ecologistas es que plan del Estado afecte las zonas vírgenes de la selva guayanesa. Mirabal no sólo descartó esa posibilidad sino que afirmó que una de las condiciones fundamentales para la explotación de las zonas es que las empresas que se establezcan tengan un proyecto de remediación ambiental.


Compensación ecológica


"Si no hay manera de compensar el daño ecológico, entonces no se explota", insistió el ministro. Además de la prohibición del uso del mercurio, el Estado exigirá que los nuevos proyectos incluyan inversión en tecnología -como plantas de destrucción de cianuro y plantas de tratamiento de aguas- que ayuden a sanear los ríos y áreas afectadas.


Los costos de la remediación ecológica serán cubiertos con las utilidades que arrojen las minas. Por eso, cada proyecto debe evaluar no sólo su factibilidad técnica sino económica. Cada planta de tratamiento de cianuro cuesta alrededor de 90 millones de dólares y se necesitan dos para convertir el ácido sulfúrico en un yeso inerte.


"Son 180 millones adicionales que no estaban en los proyectos anteriores, pero los vamos a poner y punto. Si no, no hay proyecto", enfatizó Mirabal, quien explicó que lo primero que habrá que hacer es remover la capa sedimentaria de las zonas previamente afectadas por la minería ilegal, extraer sus riquezas y, con los recursos que se generen, reponer la topografía.


Poder popular


El Estado prevé impulsar un programa pedagógico con los mineros de la zona, no sólo para evitar el uso del sustancias contaminantes sino para que las comunidades indígenas, que también viven de la explotación del suelo, conozcan los beneficios económicos, tecnológicos y sociales del proyecto. Para ello, se tiene previsto un plan de información que será divulgado en las lengua de las distintas étnias venezolanas.


El objetivo, en el corto plazo, es establecer un registro para contabilizar, legalizar y capacitar a los mineros del estado Bolívar en técnicas adecuadas, con el propósito de que la actividad económica sea sustentable y ecológica. Un punto clave en ese procedimiento es que la fiscalización permitirá verificar el pago de impuestos y regalías para el país. En la actualidad, la explotación minera ilegal no reporta ningún beneficio económico para Venezuela.


Facilitar el acceso de los pequeños mineros a las plantas libres de mercurio no sólo pretende reducir la contaminación de las cuentas, sino ofrecerles herramientas para que no exploten el recurso en minas ilegales, generalmente dominadas por mafias violentas que promueven el contrabando.


Adicionalmente, el Ejecutivo emitió una resolución que obliga a que 60% de los recursos provenientes de la actividad minera retornen a los venezolanos en forma de inversión social.
Mejora financiera


El desarrollo del Arco Minero del Orinoco significa, además, la mejora de la posición del Estado para tener acceso a las fuentes de financiamiento de la banca internacional y empresas asociadas.


La caída de los precios del petróleo y la arremetida de las calificadoras contra Venezuela han debilitado limitado la capacidad del país en el endeudamiento externo. Como consecuencia, el Estado debe cancelar hasta 25% de interés anual por encima de lo que pagan los bonos del tesoro de EE.UU. Por eso, la opción de la explotación minera se perfila como una alternativa que podría oxigenar la economía.


Según las estimaciones del Ministerio de Petróleo, las reservas potenciales de minerales en Venezuela podrían generar más de dos trillones de dólares. Aunque no todos los recursos disponibles pueden ser explotados, el Arco Minero es una carta indiscutible para que el país exija un financiamiento en condiciones más ventajosas que las actuales.

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El desempleo juvenil mundial alcanzará un 13,1% este año y se mantendrá a ese nivel en 2017, según proyecciones que acaba de presentar en Ginebra la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Eso significa que 500.000 jóvenes más van al desempleo.

En su informe global de tendencias y perspectivas de empleo, divulgado esta semana, la OIT precisó que el incremento de apenas dos décimas porcentuales con relación al índice de 2015 (12,9%) constituye el primero en tres años. Pero significa que medio millón de jóvenes entrarán a las filas de los desocupados para sumar 71 millones a fin de año.

En los denominados “países emergentes” ese aumento será significativo: del 13,3%, en 2015, al 13.7% en 2017. Para América Latina y el Caribe la previsión es preocupante: se pasará del 15,7% en el 2015 al 17,1% en 2017.
La organización onusiana señaló, además, que es alarmante la cantidad de jóvenes que viven en condiciones de pobreza extrema o moderada en los países en desarrollo, incluso teniendo trabajo. 156 millones, es decir el 37,7% de la fuerza laboral joven, se encuentra en la pobreza extrema. Esa cifra se reduce al 26% en el caso de los adultos que trabajan.

El economista Steven Tobin, uno de los responsables del informe de la OIT, advirtió que este panorama complica la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.


La combinación del alza de la tasa de desempleo, por un lado, y la persistencia de las altas tasas de pobreza entre los trabajadores, por el otro, hará muy difícil llegar a la meta de poner fin a la pobreza para 2030 “a menos que redoblemos los esfuerzos para alcanzar el crecimiento económico sostenible y el trabajo decente para todos, incluida la juventud”, dijo Tobin durante la presentación del estudio a la prensa en Ginebra.

El documento también destaca una brecha de género preocupante entre los jóvenes trabajadores y llama a los países a resolverla con urgencia. Mientras en 2016 el nivel de actividad de los hombres jóvenes era del 53,9% el de las mujeres jóvenes apenas alcanzaba el 37,3 %. Problema esencialmente significativo en el sud-este asiático, en África del Norte y algunos países árabes.


En cuanto a las denominadas “economías desarrolladas”, se percibe de más en más una evolución de la pobreza según la edad. Los jóvenes reemplazan a los ancianos en cuanto a categoría de edad más golpeada por la pobreza (definida ésta según el criterio de contar con salarios inferiores al 60% del ingreso medio). Por ejemplo en la Unión Europea, en 2014, la proporción de jóvenes trabajadores expuestos al riesgo de pobreza se elevaba al 12,9% de la población en tanto que el porcentaje de los trabajadores adultos -de entre 25 y 54 años- se situaba en un 9,6%.

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Jueves, 25 Agosto 2016 07:00

La última semana de Dilma Rousseff

La presidenta de Brasil afronta desde este jueves el juicio político que divide al país y que determinará su futuro. Unas conversaciones telefónicas que hablan de un posible complot para acabar con ella y una sentencia del Ministerio Público que no considera que haya crimen en las acusaciones, sólo generan más dudas sobre el polémico


Este jueves comienza el juicio definitivo contra la presidenta Dilma Rousseff. La mandataria apartada de sus funciones desde el pasado 12 de mayo, cuando 55 senadores votaron a favor de continuar con el proceso de impeachment, ahora se sienta formalmente como acusada. Los 81 senadores junto con el presidente del Tribunal Supremo Federal, Ricardo Lewandowski, serán los jueces del proceso.

Se necesita el voto de al menos 54 senadores (dos tercios del Senado) para que la presidenta sea apartada definitivamente. El sistema presidencialista de Brasil y la Constitución del país contemplan el proceso jurídico del impeachment (destitución del presidente) siempre que el jefe del Ejecutivo haya cometido un crimen de responsabilidad.
Desde que el pasado mes de diciembre el presidente de la Cámara de los Diputados, Eduardo Cunha, diera entrada a este proceso la izquierda brasileña habla de "golpe de Estado" y la derecha de un "proceso democrático" amparado en la Constitución.

Pero el hecho es que desde que Dilma Rousseff ganara las elecciones de 2015 por un ajustado 51,3% de los votos, la oposición amenazó a la presidenta con llevar a cabo un impeachment sin ofrecer argumentos sólidos, sino más bien como un chantaje político. Lo que tiene dividido al país y a sus magistrados no es la figura jurídica de este juicio político sino su contenido. La pregunta es si los motivos por los que se acusa a la presidenta pueden entrar dentro de la definición de crimen de responsabilidad.

Dilma Rousseff no es acusada de corrupción, malversación de fondos, o algún tipo de crimen penal, como sí lo fue Fernando Collor, quien sufrió otro impeachment en 1992. La mandataria es acusada de haber firmado tres decretos presupuestarios donde maquilló las cuentas del Gobierno para poder solicitar nuevos créditos a los bancos sin haber devuelto los préstamos anteriores. Estas serían lo que aquí llaman como "pedaleadas fiscales", un maquillaje de cuentas. Un delito económico, relativamente común, y que ya cometieron ex presidentes como Fernando Henrique Cardoso, Lula da Silva y varios gobernadores de diversos estados del país, sin haber sido nunca castigados por ello.

Estas serían las acusaciones concretas y por las que se debería juzgar a la presidenta. Pero el contexto político ha sido clave en el asunto. Dilma Rousseff vio como su popularidad caía por los suelos con el paso de los meses, debido a la crisis económica que empezaba a golpear al país, y a los numeros escándalos de corrupción que rodeaban a su partido (Partido de los Trabajadores) y al de sus aliados (PMDB y PP). El Congreso se apartaba de ella y la mandataria se movía entre dos aguas: aceptaba las condiciones de la oposición, o dejaba de negociar con ella. No había término medio. Las bases populares de su partido la abandonaron después de que transigiera con políticas de corte cada vez más neoliberal. Sus aliados en el Gobierno se encargaron de cavar su tumba cuando vieron que el Congreso también la dejaba de lado y que los escándalos de corrupción cada vez hacían más mella en sus respectivos partidos.


Complots silenciados


A la semana de que Dilma Rousseff fuera apartada de sus funciones y que el vicepresidente Michel Temer tomara pose como presidente interino, se dieron a conocer nuevos motivos en relación al impeachment que aparentemente darían más fuerza a la defensa de la presidenta, pero que tanto los medios oficiales como los senadores parecen haber ignorado.

El primero lo dio a conocer el diario Folha de São Paulo al publicar unas conversaciones entre Sérgio Machado, ex presidente de Transpetro (empresa vinculada con escándalos de corrupción de Petrobrás), y Romero Jucá, vicepresidente del PMDB y ministro de Temer en aquel momento. En las grabaciones ambos hablaban de la "necesidad de acabar con Dilma para evitar la sangría" de las investigaciones de la operación Lava Jato.

Las conversaciones se produjeron en marzo, antes de la primera votación en la Cámara de los Diputados: "La única salida es el impeachment porque si ella continúa vamos a caer todos", decía Jucá. Pero las declaraciones de la mano derecha de Temer fueron todavía más graves cuando aseguraba que "ya estaba todo pronto para llevar a cabo un Gobierno de salvación", y que él mismo habría hablado con las fuerzas armadas y con los jueces del Tribunal Supremo de Justicia: "Están todos de acuerdo que hay que poner a Temer en el Gobierno".

Estas conversaciones provocaron que Jucá pidiera su dimisión y creara la primera crisis del recién estrenado gobierno en funciones. Pero el contenido de las grabaciones donde se deja claro un complot contra la presidenta en el que además estarían implicados miembros del Tribunal Supremo (quien tiene ahora la última palabra contra Rousseff) no se ha vuelto a poner en cuestión.

En junio se produjo el segundo acontecimiento que daría alas a los argumentos de la defensa de la mandataria. El Ministerio Público de Brasil "no consideraba crimen" las pedaleadas fiscales. Según el procurador de la República, Ivan Marx "no hubo préstamos sin el aval del Congreso", y las maniobras "no se encuadrarían en el concepto legal de operación de crédito". La noticia apenas se dio en los periódicos a pesar de que los senadores del Partido de los Trabajadores (PT) se aferraran a este argumento para intentar frenar el juicio político que hoy empieza y que probablemente termine el próximo 31 de agosto con la salida definitiva de la presidenta.

Este jueves la sesión comandada por el presidente del Tribunal Supremo, Ricardo Lewandowski, comenzará a escuchar a los primeros testigos del juicio. Serán dos que vendrán de la acusación y seis de la defensa. Este es el principal argumento de aquellos que afirman que no se trata de un golpe, puesto que la presidenta se puede defender. A lo que los defensores de Dilma, como la senadora del PT Gleisi Hoffmann, responden: "Sí es un golpe, porque no existe crimen de responsabilidad" para que Rousseff se siente en el banquillo.

Sobre eso tratará el discurso de la presidenta el próximo lunes 29 de agosto, donde presentará su propia defensa y responderá a las preguntas de los senadores. Se desconocen cuántos senadores la interrogarán, y de ello dependerá la duración del juicio, ya que después de las preguntas y respuestas a la presidenta, se procederá a la votación final.

Se calcula que el 30 de agosto se pueda tener el resultado definitivo, y que al día siguiente Michel Temer podría tomar posesión como presidente oficial de Brasil. Así lo espera el todavía interino, que pidió a los senadores que evitaran largos discursos para acortar los tiempos y asegurarse de que ser nombrado presidente antes del 4 de septiembre, ya que su objetivo es acudir a la reunión del G-20 en China como nuevo jefe del Ejecutivo de Brasil.

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Llovió en Río, pero nada parecía capaz de lavar la alegría de las delegaciones que participaron el domingo por la noche en la ceremonia de cierre de los Juegos Olímpicos de 2016, con el estadio de Maracaná lleno al tope. Una ceremonia espectacular, que abarcó la diversidad cultural brasileña, culminó de manera apoteótica homenajeando desde el popular carnaval callejero al de las grandes escuelas de samba. Sambas clásicos de los carnavales del pasado contagiaron a todos y hubo otra lluvia, esta vez de papel picado.


La explosión de belleza y alegría marcó la despedida de dos semanas de fiesta y el retorno de la normalidad, o sea, la crisis que sofoca a la ciudad, al estado y al país.


Tres ausencias marcaron la noche: la del principal responsable por la elección de Río para albergar los Juegos Olímpicos, el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva; la de la principal responsable de viabilizar la realización del mayor evento del planeta, la presidenta apartada Dilma Rousseff, y la del presidente interino, Michel Temer.


Lula da Silva y Dilma Rousseff decidieron no comparecer porque los organizadores, en un gesto grosero pactado con el gobierno interino, no les destinaron asientos en la tribuna de honor.


Michel Temer, por una razón más contundente: evitar que se repitiesen los abucheos con que fue recibido en la ceremonia de apertura. Y para no ver las pancartas, que aparecieron en todos los eventos, con las consignas “¡Fuera, Temer!” o “¡No al golpe!”


Rompiendo el protocolo, en su lugar mandó al actual presidente de la Cámara de Diputados, el derechista Rodrigo Maia, su aliado en el golpe institucional que liquidará el mandato popular de la Presidenta dentro de pocos días. Maia aceptó el encargo, pero con una condición: no diría una sola palabra. Igual, nadie estaba especialmente interesado en oírlo.
Gracias a la grosería brasileña, la diplomacia japonesa tuvo que cambiar sus planes: en lugar del primer ministro Shinzo Abe, mandó a la alcaldesa de Tokio, que será sede de los Juegos Olímpicos de 2020.


A última hora, Temer propuso a Abe un encuentro reservado en Brasilia. La respuesta fue un contundente “no”. Ya se verá hasta qué punto la actitud de Temer tendrá sus efectos sobre las relaciones bilaterales.


A lo largo de las dos semanas que duraron los Juegos, se confirmó una vez más la capacidad brasileña de improvisar de tal forma que, a última hora, el desastre anunciado no se consuma. Fue así en el Mundial del 2014, fue así ahora. Terminó imponiéndose la alegría y el buen humor en una ciudad acosada por la violencia, por la pésima calidad de los servicios públicos y por las sombras de lo que pasará cuando se retiren los más de 80 mil encargados de la seguridad durante los Juegos.


Hubo fallas en la Villa Olímpica, cada día se registraron al menos cuatro robos en los alojamientos de los atletas, el tránsito se hizo caótico, pero al final todo resultó en buenos recuerdos.


Los gastos de los Juegos Olímpicos de Río fueron inferiores a los de Beijing y Londres, alrededor de cuatro mil millones de dólares. Fueron vendidas alrededor de cinco millones seiscientos mil entradas. Los organizadores, por su lado, destinaron 285 mil boletos –4,75% del total de seis millones puestos a la venta– para comunidades carecientes, para refugios tutelares de niños maltratados o abandonados por sus padres y para barriadas miserables de la periferia.


Al cosechar 19 medallas, entre ellas siete de oro, Brasil logró su mejor desempeño en la historia de las Olimpíadas. La prensa local le dio amplio espacio a esa hazaña, pero no por casualidad olvidó registrar que la mayoría de los medallistas se benefició de los programas de incentivo al deporte creados por los gobiernos de Lula da Silva y Dilma Rousseff.


No se pudo impedir, en todo caso, que varios de los medallistas mencionasen ese punto en sus entrevistas a los medios que hacen de todo para no vincular a Lula y Dilma con los Juegos Olímpicos de Río.


El remero Isaquias Queiroz, 22 años, primer brasileño que logró tres medallas en una sola edición de los Juegos, fue uno de ellos, para el evidente desagrado de sus entrevistadores.


En esta edición fueron superados 27 records mundiales y 91 records olímpicos. Pero nada comparable al record de venta de hamburguesas (hubo un día en que se consumieron 70 mil en la Villa Olímpica). Entre otras ocurrencias, se destacó la falsa denuncia de asalto realizada por nadadores de Estados Unidos, medallistas inclusive, que fueron rápidamente desmentidos gracias a la eficacia de la policía.


Ahora, todo volverá a la normalidad. Lástima que esa misma policía no sea así de eficaz a la hora de resolver los crímenes que sacuden a la ciudad.


Los Juegos Olímpicos dejan también su legado a una parte de Río de Janeiro, con obras viales que efectivamente cambiaron el centro de la ciudad, ahora recuperado y deslumbrante.


La periferia seguirá periférica y abandonada, los servicios públicos seguirán caóticos, pero al menos por dos semanas los habitantes de la ciudad –así como parte importante de los brasileños– pudieron recuperar la autoestima, tan lastimada en estos tiempos de bruma.


Brasil, por su parte, amaneció ayer cara a cara con la etapa final del golpe institucional en curso. Dentro de poco más de diez días todo estará consumado.


Michel Temer será transformado en presidente efectivo y ya no podrá ocultarse cada vez que su presencia sea esperada en actos públicos.


Pudo evitar la silbatina en Maracaná. Pero no podrá esconderse para siempre: caminará con aires imperiales, pero sabe que trae estampado en la frente el sello de golpista y traidor.

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Lunes, 22 Agosto 2016 06:35

Cumbre para relanzar la Unión Europea

La mayor crisis humanitaria que padece el Viejo Continente desde la Segunda Guerra Mundial comenzó el año pasado y ya contabiliza la llegada de más de un millón trescientas mil personas. Cientos de migrantes murieron ahogados en el Mediterráneo.

 

El primer ministro italiano Matteo Renzi recibirá hoy a la canciller alemana Angela Merkel y al presidente francés François Hollande para “relanzar la Unión Europea” en medio de la crisis política desatada por la llegada de más de 1,3 millón de refugiados e inmigrantes de Medio Oriente y África.


“Angela Merkel y François Hollande vienen a Italia para relanzar desde las bases la Unión Europea. Hay una gran necesidad de un bloque regional que realmente funcione en la búsqueda de soluciones a los graves problemas que enfrentamos”, aseguró Renzi sobre el encuentro en la isla de Ventotene, a unos 60 kilómetros de Nápoles.


“El papel de Italia es la construcción de puentes, aunque ahora están de moda los que construyen paredes. Es necesario que estimulemos a la UE para construir puentes de diálogo, y esto también se aplica a Rusia”, agregó Renzi parafraseando al papa Francisco y recordando a los países de la Unión Europea que han levando vallas en sus fronteras para frenar la llegada de refugiados e inmigrantes de las zonas más violentas y pobres del mundo.


“Con la inmigración, Europa necesita mucho de los valores de Italia. Sé que pierdo votos con esto, pero cuando veo a un niño en peligro de ahogarse, lo primero es que el niño debe ser salvado”, agregó el premier sobre otro de los ejes que serán tratados en medio de la crisis migratoria del Viejo Continente.


La cifra de refugiados que llegan a las islas griegas se duplicó desde el intento de golpe de Estado en Turquía, el 15 de julio pasado, mientras que en Italia, en julio, creció la cifra de migrantes que arribaron por mar creció en un 12 por ciento, según datos oficiales.


El comité de refugiados de Grecia dice que actualmente está llegando una media de 200 personas al día. Concretamente, las dos primeras semanas de agosto llegaron 1277 refugiados a tierras helénicas, mientras que en las dos primeras de julio habían sido 634 personas.


En comparación con principios de año, cuando varios miles de personas llegaban a diario, la cifra actual es considerablemente menor. Sin embargo, Atenas que no da abasto, teme que caiga el pacto de los refugiados de Unión Europea con Turquía.


Ante esta incertidumbre que tensa las relaciones bilaterales entre Berlín y Ankara, el portavoz del comité de crisis para los refugiados, Giorgos Kyritsis, dijo en declaraciones al diario griego Kathimerini que construirán más albergues.


El funcionario sostuvo que se instalarán nuevos centros en lugares de todo el país, a excepción de regiones fronterizas e islas pequeñas, para recibir a un máximo de 1000 personas, mientras los instalados hasta ahora podían acoger hasta 3000.


En medio de la crisis humanitaria, Suiza está en vías de convertirse en el nuevo país de tránsito para los refugiados que quieren llegar a Alemania, según el diario local Neuen Zürcher Zeitung am Sonntag, que destacó que el número de migrantes que quisieron entrar en la primera economía europea a través de Suiza se incrementó de forma considerable desde comienzos de año.


Entre los datos concretos de la policía federal, se indicó que en lo que va del año 3385 personas entraron de forma ilegal en Alemania procedentes de Suiza, un aumento del 40 por ciento en relación con el mismo período de 2015.


“En las últimas semanas, cerca de 90 guardias fronterizos y unos 40 agentes de la policía federal han sido adicionalmente desplegados en esta zona limítrofe”, declaró el ministro de Finanzas de Suiza, Ueli Maurer, responsable también de la guardia fronteriza.


Por su parte, el Ministerio del Interior alemán, encabezado por Thomas de Maizière, confirmó el ascenso de la cifra de refugiados que entran vía Suiza, aunque “sigue siendo pequeña”. Sin embargo, los suizos registraron –hasta finales de julio pasado– 4833 salidas sin control que “probablemente, en la mayoría de los casos, se dirigieron a Alemania”.


El acuerdo de deportaciones masivas entre de la Unión Europea y Turquía, que parece tambalear desde hace un mes (a partir de la pelea por las purgas y detenciones masivas que ordenó el gobierno de Erdogan luego del fallido golpe de Estado de julio), busca contener la mayor crisis de refugiados que padece de Europa desde la Segunda Guerra Mundial, que comenzó el año pasado y que ya contabiliza la llegada a las costas de continente, de manera clandestina, de más de 1,3 millón de personas.


Cientos de migrantes han muerto ahogados en el Mediterráneo al naufragar las precarias embarcaciones de traficantes de personas que los trasladan desde Turquía a las islas griegas del Egeo o desde el norte de Africa al sur de Italia.

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Hillary gana en las encuestas, pero la economía del país gobernado desde hace ocho años por demócratas no está en su mejor momento: en la crisis, los sectores medios y bajos perdieron una porción importante del poder adquisitivo.


En 1992, el gobernador de Arkansas, Bill Clinton, rompió todos los pronósticos al vencer al presidente George H. W. Bush en su búsqueda por la reelección. Un año antes de los comicios, Bush, que había llevado exitosamente a los Estados Unidos a la guerra en el Golfo Pérsico, contaba con el 90 por ciento de aprobación de la opinión pública, pero en campaña fue demolido por el demócrata, que entendió que en última instancia lo que se evalúa a la hora de elegir al inquilino de la Casa Blanca es el bolsillo. La frase “la economía, estúpido”, escrita en un pizarrón del centro de campaña, se transformó en el slogan principal en su camino a la presidencia.


Veinticuatro años más tarde, su mujer Hillary, tras desarrollar una excepcional carrera política por su cuenta, está cerca de seguir sus pasos. A ochenta días de los comicios, todas las encuestas le dan una ventaja amplia sobre su rival, el republicano Donald Trump, tanto a nivel nacional como en los estados clave. Sin embargo, la economía del país gobernado desde hace ocho años por demócratas no está en su mejor momento: luego de la gran crisis económica de 2008 se recuperaron el crecimiento y el empleo pero en el camino los sectores medios y bajos perdieron una porción importante del poder adquisitivo.


La distribución del dinero entre los sectores más concentrados y la clases populares pueden ser uno de los grandes ejes de debate en las semanas que quedan para los comicios. En el equipo de Trump citan encuestas que marcan que ese asunto está primero entre los factores que evalúan los votantes y también que hay un amplio descontento con la marcha de la economía: “Ese puede ser el camino a la victoria”, señala un asesor del magnate, fuera de micrófono, en diálogo con Página/12.


Por eso, Trump presentó en las últimas semanas un plan económico destinado a seducir a la clase media y baja mediante quitas de impuestos, proteccionismo para crear puestos de trabajo, pero del lado demócrata no hubo aún una propuesta concreta, aunque Clinton detalló en varios actos de campaña algunos de los ejes principales, que van en la dirección contraria a los de su rival: más impuestos para la punta de la pirámide de forma tal de poder financiar más gasto del Estado en forma de beneficios sociales y un ambicioso plan de infraestructura destinado a generar empleo. En los próximos días, aseguran cerca de la candidata, habrá novedades al respecto.


Trumponomics


La base del plan del candidato republicano se basa en la propuesta de eliminar los impuestos federales para todos aquellos que ganan menos de 25 mil dólares por mes, y reducir la carga de las categorías superiores al mismo tiempo que se reforzaría el control para evitar la evasión y la contabilidad creativa. El dinero que se dejaría de percibir por esta vía sería compensado con un fuerte recorte del gasto público y una reducción sustancial del déficit comercial. Es “el plan impositivo más revolucionario desde Reagan”, se jactó en un acto en Detroit, hace algunos días.


En un artículo publicado en el diario Wall Street Journal, Trump prometió políticas que “permitan a la clase media mantener la mayoría de sus deducciones mientras se eliminan aquellas que utilizan los más ricos” de forma tal que “con más dinero en el bolsillo, crezca el gasto en consumo y los ahorros para la educación” al tiempo que “baje la deuda personal” de los ciudadanos.


Una pata central de la propuesta del magnate tiene que ver con una intervención proteccionista en la balanza comercial del país. En su plan, el recorte de impuestos a las grandes corporaciones permitirá que mejoren su competitividad, y pretende que así decidan repatriar puestos de trabajo que las empresas de capital estadounidense relocalizaron en otros puntos del planeta en los últimos años. Además prometió intervenir más en comercio internacional para sostener las ventajas comparativas del país y renegociar acuerdos como el NAFTA y el inminente Tratado Trans Pacífico.


El gasto, estúpido


A diferencia de Trump, que promueve una reducción sustancial del gasto público esperando que la inversión salga de bolsillos privados, la candidata demócrata parece inclinarse por una participación activa del Estado a la hora de inyectar dinero en la alicaída economía local. Para tener esa plata disponible, su propuesta, tomada en parte de la plataforma que presentó durante las primarias su rival el senador socialista Bernie Sanders, es aumentar significativamente los impuestos de los ricos y de las corporaciones. Otro punto que tomó de las propuestas de Sanders fue la suba del salario mínimo federal, que hoy está en siete dólares y medio, hasta diez o más dólares.


A falta de un programa económico detallado, en el que su equipo está trabajando y que podría presentarse en los próximos días, es útil remitirse a su sitio oficial de campaña, HillaryClinton.com: “Es indignante que los multimillonarios puedan regirse por reglas diferentes a las que aplican a las familias trabajadoras, especialmente en lo que refiere a pagar sus impuestos justos y correspondientes dice allí.


Hillary propone exenciones impositivas para la clase media así las familias pueden lidiar mejor con sus gastos. Y va a solventarlo subiéndo los impuestos de los más ricos y eliminando las lagunas legales en el código tributario”. La ex secretaria de Estado también propone un plan de infraestructura centrado en rutas, puentes, transporte público, puertos, aeropuertos y acceso a internet internet. Para lograrlo, propone fundar un banco de desarrollo para dar créditos a emprendimientos privados y estaduales por hasta 250 mil millones de dólares, según los cálculos de su equipo. Otros 250 mil millones saldrían directamente del gasto federal e iría destinado a las obras de mayor calibre.


En conjunto, esto ayudaría a crear puestos de trabajo y reactivar sectores que permanecen deprimidos desde 2008, sostiene Clinton. “En mis primeros cien días, voy a trabajar con ambos partidos para aprobar un plan que cree la próxima generación de empleos de calidad. El corazón de ese plan será la mayor inversión en infraestructura en décadas, incluyendo un banco de infraestructura que atraiga dinero del sector priva

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Siempre leo con gran interés los escritos de Yanis Varoufakis. Y frecuentemente cuelgo en mi blog sus entrevistas o conferencias que me llegan, tanto aquellas con las que estoy de acuerdo como aquellas con las que estoy en desacuerdo. Naturalmente que coincido con sus críticas a la Troika y al comportamiento del Eurogrupo (los ministros de Economía y Finanzas de los países de la Eurozona), y muy en especial en el caso griego, aunque en este último caso difiero respecto a algún componente de su crítica y de las conclusiones a las que llega en base a tal crítica, como consta en el artículo escrito hace ya casi un año en Público (“Crítica amistosa a Varoufakis y a sectores de las izquierdas sobre lo ocurrido en Grecia”, 19.10.15). Saludo también el establecimiento de un movimiento europeo que él ha fundado, y que ahora lidera, cuyo objetivo es la democratización de la gobernanza de Europa, gobernanza carente hoy de las más mínimas reglas de convivencia democrática, aunque ahí tenga yo también algunas diferencias con él. Tales diferencias alcanzan su máximo nivel cuando en una conferencia reciente, que detallaré más tarde en el artículo, ha hecho la acusación de que los Estado del Bienestar en los países capitalistas desarrollados están ya muertos, junto con los partidos socialdemócratas que los establecieron, proponiendo en su lugar que se establezca la Renta Básica Universal (RBU), de la que es uno de los máximos promotores. No hay duda de que la socialdemocracia en Europa está en declive. Pero asumir que el Estado del Bienestar está también muerto me parece un gran error. En ambas “muertes” Varoufakis atribuye tal situación a que los Estados-nación ya no pintan nada, pues han perdido toda soberanía. Y ahí está la raíz de nuestro desacuerdo.

 

¿Ha muerto el Estado-nación?

 

Creo que una de las raíces de este desacuerdo es su visión de los Estados-nación, a los que considera carentes de poder y capacidad de decisión, especialmente aquellos que forman parte de la Eurozona. Así, en un interesante libro publicado en 2016, Un plan para Europa, de Icaria Editorial (escrito conjuntamente con Gerardo Pisarello –una de las mentes más claras en el movimiento progresista catalán–, con cuyas tesis estoy totalmente de acuerdo), Varoufakis, en la parte del libro en la que expone sus tesis en forma de entrevista, indica que los Estados-nación han perdido toda su soberanía, habiéndose convertido en parte del problema en lugar de la solución. Así, señala que los gobiernos hoy “transmiten a los parlamentos lo que queda decidido a nivel del Eurogrupo (o de la Cámara Europea o del Consejo Europeo) y los parlamentos solo están para que se les ordene lo que deben hacer” (p. 66).

 

Ni que decir tiene que la pertenencia de España al Eurogrupo establece unas limitaciones graves en cuanto a lo que el Estado español puede hacer o dejar de hacer. Pero encuentro su posición extrema (aunque comprensible por su experiencia en el caso de Grecia), pues los Estados-nación continúan jugando un papel clave. El Estado alemán, por ejemplo, juega un papel determinante y dominante entre los Estados-nación de la Eurozona. Y la relación inter-Estados juega también una labor esencial. La supeditación y docilidad del gobierno Rajoy hacia el gobierno alemán se expresa en su interdependencia con las políticas realizadas por tales Estados.

 

Lo que parece olvidarse con excesiva frecuencia es que los Estados continúan reproduciendo las relaciones de poder existentes en un país, incluyendo las relaciones de poder de clase social. Es importante recuperar las categorías analíticas que han desaparecido en gran parte de los estudios de lo que está ocurriendo en la Eurozona. Las clases sociales y el conflicto entre ellas, dentro de cada Estado, son esenciales para entender el comportamiento de tales Estados. Las ausencias de estas variables en los análisis de Varoufakis limitan su comprensión de la supuesta pérdida de soberanía de los Estados. Hay que concienciarse de que la burguesía española, por ejemplo, tiene más cosas en común, en cuanto a sus intereses, con la burguesía alemana, que con las clases populares españolas. De ahí que el Estado español, hoy instrumentalizado por la burguesía española, esté aplicando políticas auténticamente reaccionarias bajo el argumento de que no tiene libertad para llevar a cabo otras (como Varoufakis parece creer), cuando es obvio que sí que hay políticas alternativas. En España, por ejemplo, el presidente socialista Zapatero congeló las pensiones para conseguir 1.200 millones de euros, a fin de corregir el déficit del Estado, cuando podría haber conseguido muchos más revirtiendo la bajada de impuestos de sucesiones (2.552 millones) o manteniendo el de patrimonio (2.100 millones). Y el presidente conservador Rajoy podría haberse evitado recortar 6.000 millones de euros de la sanidad pública revirtiendo la bajada del impuesto de sociedades de las empresas que facturan más de 150 millones de euros al año, y que representan solo el 0,12% de todas las empresas. El Estado siempre aplica políticas de clase, y el tema fundamental es de qué clase social. No es cierto, pues, que el Estado-nación no pueda hacer nada. Decir que los Estados-nación no pueden hacer nada es darle la razón a Zapatero o a Rajoy cuando dicen que no hay otras políticas públicas posibles. ¡Sí que las hay! ¡Hay alternativas a las políticas de austeridad! El gran problema de Grecia es, como subrayé en el artículo citado anteriormente, que era un Estado pequeño y fallido, que lo hizo enormemente vulnerable a las presiones del Estado alemán. Y además de ser un Estado muy débil, estaba muy solo. Pero hoy ya hay un número creciente de Estados, con mayor peso, que pueden variar estas políticas. Y parte de la solución serían las alianzas entre Estados en contra de estas políticas, que no ocurrirán a no ser que cambien las relaciones de poder dentro de cada Estado.

 

La externalización de responsabilidades como justificación de las políticas impopulares

 

Pero existe otro punto de desacuerdo con Varoufakis, relacionado con el desacuerdo anterior. El ningunear al Estado-nación lleva a abandonar una lucha a nivel de dicho Estado-nación, creando un vacío que lo están aprovechando movimientos nacionalistas de ultraderecha, algunos de claro carácter fascista y/o nazi. Hoy, como el mismo Varoufakis ha acentuado, uno de los mayores peligros existentes en la Unión Europea es la eclosión de movimientos nacionalistas de ultraderecha en cada uno de sus países. Y una de las causas de que ello esté ocurriendo es precisamente la desatención que las izquierdas han dado a algunos de los temas más movilizadores entre las clases populares, que solían ser la base de su apoyo electoral. No solo los partidos conservadores y liberales, sino también los partidos socialdemócratas, por ejemplo, justifican las políticas de austeridad y las reformas reaccionarias de los mercados de trabajo bajo el argumento de que son las únicas posibles, pues otras son de imposible aplicación debido a la globalización, o a la integración europea, o a cualquier factor externo. La externalización de responsabilidades es la medida más común hoy utilizada por los gobiernos de sensibilidad liberal o socioliberal (que son la mayoría). Admiten que sus políticas son impopulares pero subrayan que son las que exigen Bruselas o Frankfurt. Y aquí en Catalunya, el gobierno de derechas catalán indica que la culpa es de Madrid. No es extraño, pues, que veamos hoy votantes del Partido Comunista votar a partidos de ultraderecha.

 

Los cinturones rojos de las grandes ciudades en Francia que votaban al PCF han pasado a votar a Le Pen. Pero esto no solo ocurre en el país galo, pues una de las causas de esta situación es precisamente el auge del nacionalismo en muchos países de la Unión Europea, es decir, el incremento del sentido identitario nacional frente al establishment político-mediático que gobierna la Eurozona, que es percibido como el responsable de la pérdida de identidad y poder de decisión conocido como soberanía nacional, cedida a dicho establishment europeo por las clases dominantes de cada país, que consiguen el desmantelamiento del Estado del Bienestar y el descenso salarial a través de aquel establishment europeo, lo que no podían conseguir a nivel estatal.

 

La supuesta muerte de la socialdemocracia y de su Estado del Bienestar

 

De esta percepción del Estado-nación como carente de capacidad de decisión, Varoufakis concluye que la socialdemocracia y el Estado del Bienestar que creó están muertos y sin capacidad de reacción. Permítanme que resuma su último discurso (que incluyo en este enlace) sobre este tema. Comienza haciendo aseveraciones que, tanto en su tono como en su contenido, pueden considerarse provocadoras (lo cual parece ser de su agrado, pues le gusta hacerlo con gran frecuencia). La primera es la de afirmar que las políticas públicas que han caracterizado a la socialdemocracia occidental (o el New Deal en EEUU) son demodé, es decir, no tienen futuro, pues son políticas insostenibles. De ahí que señale que “la socialdemocracia está muerta”. La segunda provocación (que se deriva de la anterior) es su afirmación de que “el Estado del Bienestar está (también) muerto”, ya que las transferencias públicas y los servicios públicos del Estado del Bienestar no pueden financiarse y mantenerse, pues al estar financiados con las rentas del trabajo (es decir, con las cotizaciones sociales derivadas del salario) y su financiación depender de la existencia de puestos de trabajo, ello determina que la desaparición de un número significativo de tales puestos de trabajo (como resultado de la revolución digital, incluyendo intervenciones tecnológicas, como la robótica, que está causando la destrucción masiva de gran parte de los puestos de trabajo), haga insostenible tal Estado del Bienestar. Esta destrucción de los generadores de los fondos con los cuales sostener tales transferencias y servicios públicos es la causa de que el Estado del Bienestar no tenga futuro, pues no puede financiarse. De ahí la necesidad de responder a la enorme crisis social que se ha ido desarrollando en estos años de recesión (que alcanza niveles de depresión en los países del sur de Europa como España, Grecia y Portugal) a través de la Renta Básica Universal, que es la distribución de una renta básica por parte del Estado a todos los ciudadanos y residentes de un país.

 

Las consecuencias de la financiarización de la economía

 

Otra razón que –según Varoufakis- justifica el establecimiento de la RBU es la financiarización de la economía en el capitalismo actual. Durante estos años hemos estado viendo la expansión del sector financiero a costa de la economía productiva, lo cual complica todavía más la sostenibilidad del Estado del Bienestar, pues al disminuir la economía productiva disminuye también la fuerza laboral, que es la que financia el Estado del Bienestar. Según Varoufakis, la actividad financiera está, pues, sustituyendo a la producción de bienes y al consumo, sujetos de la economía real o productiva, y con ello a los puestos de trabajo y a los trabajadores, dificultando todavía más la financiación del Estado del Bienestar, basada –como se ha señalado antes- en la gravación de las rentas del trabajo. En EEUU, esta transformación del capitalismo aparece en el traslado del centro de poder de Chicago (centro manufacturero) a Wall Street (centro financiero). Esta financiarización de la economía determina que al disminuir el trabajo disponible, también disminuye la demanda, causa del decrecimiento económico que conocemos como la Gran Recesión.

 

La solución a esta gran crisis social y económica es –de nuevo, según Varoufakis- gravar a las rentas superiores (derivadas en gran parte de la gran expansión del sector financiero), distribuyendo los ingresos públicos obtenidos a partir de esta medida a todos los ciudadanos y residentes, asignando a cada persona la misma cantidad, una renta básica que permita a la persona vivir con dignidad.

 

La aplicación de esta medida tendría –según él- varias consecuencias. Una sería la de eliminar la pobreza y reducir las desigualdades sociales. Otra, la de incentivar la demanda (pues las clases populares consumen más que ahorran, ya que tienen una gran cantidad de necesidades insatisfechas, mientras que las clases más pudientes ahorran más que consumen). Y una tercera consecuencia, de gran importancia también, sería el empoderamiento de la población trabajadora, pues la RBU la haría más resistente frente a las demandas de los empleadores, ya que sus necesidades mínimas estarían ya cubiertas. Hasta aquí el resumen de su argumentación a favor de la RBU.

 

¿Cuáles son los problemas de esta argumentación?

 

Antes de comenzar la crítica debo subrayar que hay elementos de este análisis, como la creciente financiarización de la economía, con los que estoy totalmente de acuerdo. Pero con otros no. Y uno de ellos consiste en sus observaciones sobre lo que él considera los límites y la imposibilidad de desarrollar políticas socialdemócratas, así como políticas de expansión del Estado del Bienestar, a los dos lados del Atlántico Norte. Esta tesis está basada, en parte, en la pérdida de soberanía de los Estados, y, en parte, en su criterio (erróneo a mi manera de ver) para definir socialdemocracia y Estado del Bienestar. Me explicaré, comenzando con la discusión de los supuestos límites de la socialdemocracia. Pero para ello es necesario señalar que el gran fracaso de los partidos socialdemócratas (que, recordemos, estaban enraizados en el mundo del trabajo en su objetivo de establecer el socialismo) no se debe a la socialdemocracia en sí, sino más bien lo contrario, es decir, a su abandono. Es una realidad bien documentada que a partir de Blair & Co. (aunque algunos podrían indicar que se había iniciado ya con Mitterrand) hubo un claro abandono del proyecto socialdemócrata.

 

El socialismo era y continúa siendo el proyecto de establecer una sociedad cuyo objetivo es distribuir los recursos según la necesidad de los ciudadanos, financiados según la habilidad y capacidad de cada ciudadano, siendo necesidad, habilidad y capacidad definidas democráticamente. Este objetivo continúa siendo vigente y aplicable. Casi el 78% de la ciudadanía de los países de la UE está de acuerdo con el principio de que “a cada uno según su necesidad, y de cada uno según su habilidad y capacidad”. Y estamos viendo a los dos lados del Atlántico Norte la aparición de movimientos político-sociales, como el movimiento liderado por el candidato Sanders en EEUU, y los movimientos contestatarios en Europa, como Unidos Podemos, que están adquiriendo gran importancia, y que están comprometidos claramente con este principio socialista, a alcanzar a través de la vía democrática, proponiendo políticas públicas que solían identificarse con la socialdemocracia antes de que esta dejara de serlo.

 

El Estado del Bienestar que describe Varoufakis es el cristianodemócrata, no el socialista

 

Varoufakis parece desconocer que hay varios tipos de Estados del Bienestar. Y el que describe no es el Estado del Bienestar enraizado en la tradición socialdemócrata. Bismarck fue el fundador del Estado del Bienestar que Varoufakis describe y define erróneamente como “el Estado del Bienestar”. En este Estado del Bienestar, el de Bismarck, la financiación corre a cargo de las cotizaciones sociales basadas en el mercado del trabajo. Es este Estado del Bienestar cuya sostenibilidad depende de la situación del mercado de trabajo. Y el deterioro de este mercado de trabajo crea un problema de sostenibilidad grave, como estamos viendo hoy en España.

 

Pero en los países escandinavos del norte de Europa, de tradición socialdemócrata, donde el mundo del trabajo históricamente ha sido fuerte, la financiación de la mayoría de transferencias y servicios del Estado del Bienestar no viene de las cotizaciones sociales basadas en el mercado de trabajo, sino de los fondos generales del Estado, y por lo tanto de la voluntad popular. Dependiendo del grado de influencia que los distintos actores de la sociedad (entre los cuales los más determinantes son el mundo del capital y el mundo del trabajo) tienen sobre el Estado, encontramos Estados del Bienestar bien desarrollados, y otros poco financiados. En general, a mayor influencia del mundo del capital, menores son los ingresos al Estado, y, como consecuencia, el Estado del Bienestar está menos desarrollado, tal como ocurre en el sur de Europa. Es fácil de entender que el nivel de gravamen de las rentas del capital es una variable política, es decir, que depende de las relaciones de poder en cada país. En todos los países del sur de Europa, sus Estados del Bienestar están subfinanciados, asignando el Estado a los temas sociales muchos menos recursos públicos de los que debería y podría gastar. En realidad, todos ellos tienen los recursos para financiar mejor sus Estados del Bienestar. Tienen el dinero, pero el Estado no tiene la voluntad de recogerlo. Y ahí está uno de los desacuerdos entre Varoufakis y yo. Varoufakis asume que los Estados-nación no tienen alternativas a las políticas neoliberales que se les imponen, y yo creo que sí que las tienen.

 

Que graven más o menos depende de las relaciones de poder de cada país. Asumir, como hace Varoufakis, que los Estados-nación no tienen poder de decisión, habiendo perdido toda soberanía, es, como he dicho antes, dar la razón a los gobiernos que imponen políticas de austeridad altamente impopulares, cuando las justifican diciendo que no tienen otras alternativas.

 

¿Qué soluciones hay?

 

Cualquier solución a la crisis actual pasa por un aumento de los ingresos al Estado, lo que requiere un cambio en los actores que configuran las políticas públicas de tales Estados. No creo que haya mucho desacuerdo en este punto. El desacuerdo, pues, es probable que radique no tanto en los ingresos, sino en los gastos. Y es ahí donde Varoufakis desatiende el Estado del Bienestar demasiado rápidamente. Según él, el dinero debe ir a cada ciudadano o residente, siéndole transferida la misma cantidad de dinero a cada persona, sea ciudadano o residente. Pero, ¿por qué la misma cantidad? Si el objetivo de la RBU es reducir la pobreza, es fácil mostrar que los países que han sido más exitosos en reducir la pobreza han sido aquellos países escandinavos que han seguido precisamente las políticas de tradición socialdemócrata, mediante transferencias y servicios públicos, lo cual implica también garantizar unos ingresos a cada ciudadano que le permitan una vida digna mediante la transferencia de fondos y servicios públicos que representan una cantidad superior a la que recibiría mediante la RBU.

 

Un tanto igual ocurre en cuanto a la reducción de las desigualdades. Los países que han sido más exitosos, y que han conseguido alcanzar los niveles de desigualdades más bajos en la UE y en Norteamérica, han sido aquellos que han utilizado las medidas redistributivas y han utilizado las políticas laborales y sociales para alcanzar tal fin. Si se quiere reducir la pobreza y las desigualdades, no tiene sentido dar la misma cantidad de dinero al pobre que a todos los demás. Se le debería dar más. Por otra parte, el coste de la RBU sería considerable: muy probablemente unos porcentajes del PIB de varios puntos. Añádase a esta consideración el hecho de que el déficit social de los países del sur de Europa es enorme. ¿Sería la RBU además o en lugar de la corrección de este enorme déficit social? Pedir como prioritaria la implementación de la RBU hoy en estos países es dejar de cubrir el enorme déficit social que tienen. Podría argumentarse que la RBU podría tener sentido una vez los elementos básicos del Estado del Bienestar estuvieran satisfechos. Pero en el sur de Europa distan mucho de serlo. ¿No cree Varoufakis que en estos países es mucho más urgente resolver este enorme déficit social que implementar la RBU? Esperaría que pudiéramos estar de acuerdo en ello.

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Caracas.

 

La oposición de derecha de Venezuela, congregada en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), cumplió con el requisito inicial de reunir 200 mil firmas, equivalente a 1 por ciento del padrón electoral, para avanzar en la activación de un referendo revocatorio del mandato del presidente Nicolás Maduro, anunció este lunes el Consejo Nacional Electoral (CNE), que validó las firmas y huellas recolectadas durante junio.

 

"Los 24 estados cumplieron con el requisito de 1 por ciento (que representan 200 mil rúbricas) de validación de manifestaciones de voluntad y la certificación será extendida por secretaría", informó en conferencia de prensa Tibisay Lucena, presidenta del CNE.

 

Con la validación de las 200 mil firmas, la MUD puede pedir la activación de la consulta. Tendrá dos días para hacer la solicitud, mientras el CNE debe responder en un máximo de 15 días naturales y luego, en 15 días hábiles, fijar la fecha y los puntos de recolección de 4 millones de firmas, equivalente a 20 por ciento del padrón, necesarias para convocar a la consulta.

 

Para ir a la siguiente etapa, la MUD exigía desde la semana pasada el pronunciamiento del CNE, al que acusa de ser aliado del gobierno y de retrasar el proceso para evitar que la consulta se realice antes del 10 de enero de 2017.

 

Ese fecha límite es clave. Si el referendo se realiza este año y Maduro pierde, se debe convocar a elecciones; pero si es revocado después de esa fecha, los dos años de mandato que faltarían los completaría el vicepresidente.

 

Lucena detalló que en total la MUD logró autentificar 399 mil 412 firmas, que son casi más del doble de lo requerido. Agregó que en el proceso de revisión de las 200 mil rúbricas se detectaron irregularidades, como inconsistencias entre firmas y huellas, lo que podría tratarse de casos de "usurpación de identidad".

 

Por lo anterior, dijo: "vistas las irregularidades relativas a la posible usurpación de identidad cometida por algunos ciudadanos, el Consejo Nacional Electoral está solicitando al Ministerio Público la investigación del caso".

 

Según Lucena, el CNE ha recibido dos solicitudes de información de la fiscalía, ante la cual Maduro presentó una denuncia por usurpación, que se suma a una demanda interpuesta ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) por supuesto fraude en el acopio de voluntades. Además, hay unos 8 mil 600 recursos legales interpuestos por el oficialismo.

 

Para revocar el mandato de Maduro se necesitan más de los 7.5 millones de votos con los que fue elegido en 2013. Según la firma Venebarómetro, 74.4 por ciento de los venezolanos reprueban su gestión y 64 por ciento de los electores votarían por sacarlo del poder.

 

El gobierno de Maduro enfrenta una grave crisis política y económica, cuyo malestar se ha visto reflejado en protestas por una escasez de alimentos y medicinas que alcanza 80 por ciento. A esto se suma una inflación galopante de 180.9 por ciento durante 2015, y según proyecciones del Fondo Monetario Internacional llegará a 720 por ciento para 2016.

 

El gobierno, que atribuye la crisis al desplome de los precios del petróleo y a una "guerra económica" de empresarios, asegura que no habrá referendo este año.

 

Horas antes de conocerse el pronunciamiento del CNE, Jorge Rodríguez, representante de Maduro en la comisión de validación de firmas, dijo que el referendo revocatorio que promueve la oposición de derecha contra el presidente "está muerto legalmente", debido a una serie de irregularidades en las firmas que presentó.

 

Además, se entregaron al CNE nuevos elementos "del más gigantesco fraude en la historia de Venezuela", añadió el también alcalde de Caracas, en referencia a irregularidades en las rúbricas del 1 por ciento del padrón electoral nacional recolectadas por la oposición.

 

Según el oficialismo, el CNE ha precisado que de un millón 957 mil 779 firmas reunidas por la coalición opositora, unas 605 mil 727 no cumplieron con los criterios establecidos por la norma para iniciar el proceso.

 

De ellas, 307 mil 747 no cumplieron con uno o más criterios, y que 97 mil 158 planillas sólo contenían datos en un campo: 86 mil 337 sólo tenían el nombre y el apellido, 80 mil 105 sólo la huella del elector, 18 mil 338 sólo el ciudadanos a revocar, 7 mil 823 sólo el cargo a revocar, mil 805 sólo la firma y 396 sólo la célula del elector.

 

Por último, añade que entre las irregularidades también había 10 mil 995 firmas de personas fallecidas.

 

El secretario estadunidense de Estado, John Kerry, llamó a las autoridades electorales venezolanas a "no jugar a los retrasos" en el proceso de referendo revocatorio que impulsa la oposición. Añadió que “la Constitución venezolana garantiza el derecho de los venezolanos a que su voz sea escuchada a través del proceso de referendo.

 

"Llamamos a las autoridades venezolanas a permitir que este proceso avance de una manera oportuna y justa, y no jugar a retrasos que vayan en ventaja de una parte frente a otra, en vez de en ventaja de la democracia", apuntó Kerry.

 

Esta declaración se dio en momentos en que fiscales de Estados Unidos anunciaban que acusarán a dos ex altos funcionarios antinarcóticos venezolanos, entre ellos a quien se convertiría en comandante de la Guardia Nacional, por su presunta participación en una trama de distribución de cocaína.

 

La acusación de una corte federal de Brooklyn identificó a Néstor Reverol, ex director general de la agencia antinarcóticos, y al ex subdirector Edylberto Molina, que luego se convirtió en agregado militar en Alemania.

 

En tanto, el papa Francisco admitió la posibilidad de que un representante del Vaticano participe en el grupo internacional de mediación que intenta poner en marcha un diálogo entre el gobierno de Maduro y la oposición.

 

El Tribunal Supremo de Justicia declaró que serán nulas las actuaciones de la Asamblea Nacional,mientras se mantengan en ejercicio tres diputados opositores reincorporados recientemente, tras ser impugnados por supuestas irregularidades en los comicios en los que fueron elegidos.

 

El organismo calificó de desacato la decisión tomada por el Legislativo, tras advertir que podría activar acciones judiciales.

 

 

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El Gobierno ha ordenado a las empresas públicas y privadas poner a disposición del Estado a sus trabajadores durante 60 días

 

 

El Gobierno venezolano ha ordenado a todas las empresas, tanto públicas como privadas, que pongan a disposición del Estado a sus empleados para trabajar en el desarrollo agroalimentario del país durante 60 días, un plazo que se puede prorrogar por otros 60 más, según un decreto publicado esta semana. La única condición es que los empleados reasignados tengan las “condiciones físicas y técnicas” para ejercer las funciones requeridas. El Ejecutivo asumirá el pago del salario base y la “inamovilidad” del trabajador que sea escogido para “prestar” sus servicios, en función de “fortalecer la producción” en los campos. Las empresas seguirán satisfaciendo las cotizaciones sociales de los trabajadores cedidos.

 

El cimiento de este nuevo régimen laboral está en el decreto de Estado de Excepción y de Emergencia Económica impulsado este año por el Gobierno de Nicolás Maduro para atender la carestía en Venezuela, y que permite tomar medidas extraordinarias.

 

Venezuela, el país con las mayores reservas petroleras del mundo, no ha podido soportar el desplome de los precios del crudo. La sacudida económica no ha hallado un terreno sólido en un país dependiente de las importaciones, regido por un estricto control cambiario de divisas y restrictivo con las empresas. La fractura financiera se ha traducido en una dramática escasez de productos básicos.

 

Como alivio a esta crisis, los adversarios del Gobierno apuestan por la colaboración internacional. En abril, el Parlamento –el único poder controlado por la oposición– declaró una “emergencia alimentaria” en el país. También Amnistía Internacional ha recomendado a las autoridades venezolanas pedir la ayuda humanitaria. Pero Maduro, que asegura que los males financieros de Venezuela obedecen a una “guerra Económica” en contra del chavismo fraguada por la oposición, los empresarios y los gobiernos extranjeros, se opone a una intervención foránea.

 

Entretanto, el mandatario ha aplicado como recursos extremos el decreto de estado de excepción, la creación de la llamada ‘gran misión abastecimiento soberano y seguro’ que encomienda a las Fuerzas Armadas el control de la distribución y producción de los alimentos y, ahora, la decisión de obligar a los empleados de los sectores públicos y privados a cambiar eventualmente de trabajo.

 

Pero el préstamo obligatorio de los trabajadores a las empresas agrícolas podría ser inútil. El Estado venezolano carga con una deuda superior a los 400 millones de dólares con los proveedores de insumos agrícolas, según un cálculo de la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios (Fedeagro).

 

También afronta demandas en tribunales internacionales. A principios de julio, los expropietarios de la compañía Agroisleña acudieron al Centro internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (en Washington) para interponer una demanda contra el Estado venezolano por no haberles indemnizado al expropiar esta empresa española en 2010.

 

La compañía, que suministraba insumos agrícolas a la mayoría de los productores, fue expropiada por el presidente Hugo Chávez por supuestamente especular con los precios de la venta de las semillas para el cultivo. “Ahora tú vas a ver lo que será una nueva institución en manos del pueblo. Vamos a bajar los precios de los fertilizantes, los precios de las semillas, a trabajar con el pueblo, con los que realmente necesitan, sin explotar”, dijo entonces el mandatario. Agroisleña ahora es Agropatria, una sociedad manejada por el Gobierno.

 

La polémica medida ha provocado un inmediato pronunciamiento de Amnistía Internacional que, en un comunicado, califica como trabajo forzado. “Intentar abordar la severa falta de alimentos en Venezuela forzando a la gente a trabajar en el campo es como intentar curar una pierna quebrada con una curita” dijo Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de esta organización.

 

Los frijoles más costosos


En un supermercado del oeste de Caracas, más de un centenar de venezolanos aguarda desde la madrugada del jueves ante la inminente llegada de comida a precios regulados por el Gobierno. Hay una estantería repleta de frijoles rojos empaquetados en la tienda, pero no se compran ya que cuestan más de 3.000 bolívares por kilogramo; un 20% del salario mínimo en Venezuela.

 

La inflación en el país, la más alta del mundo, ha consumido con ferocidad el aumento del 30% del sueldo mínimo decretado en mayo por Maduro. Para ese mismo mes, la escasez de alimentos se elevaba a un 82%, según una encuesta de la firma Datanálisis. “Uno hace una cola para comprar lo que encuentre”, dice Judith Soto, que suele aguardar en un supermercado en San Bernardino, en Caracas.

 

Mientras muchos han convertido la cacería de los productos regulados en una práctica rutinaria, otros con mayores posibilidades económicas acuden a los bachaqueros (revendedores) para comprar a precios exorbitantes alimentos que están en escasez.

 

 

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Viernes, 29 Julio 2016 08:29

Los cubanos ilegales de La Habana

 

Desde 1997 el asentamiento de habitantes provenientes de otras regiones de Cuba en la capital está regulado. Hoy, buena parte de los alrededor de 600 mil inmigrantes internos vive prácticamente en la ilegalidad.

 

Por experiencia propia, Caridad sabe que el Centro Histórico y el Malecón son las zonas más “peligrosas” de La Habana. Allí la presencia policial es constante y las redadas pueden producirse incluso varias veces al día. “Casi siempre es porque buscan jineteras (prostitutas) o se preparan para una visita importante, pero una no puede confiarse. Yo misma ya tengo dos cartas de advertencia, y una vez hasta me deportaron. Si me detuvieran de nuevo posiblemente no pararía hasta (la cárcel de) Puerto Boniato.”


Como una salvaguardia, Caridad lleva siempre dos billetes de 20 Cuc en su seno. Equivalen a cerca de 40 dólares, o lo que es igual, casi dos meses de salario para la mayoría de los funcionarios estatales. Con ellos ha pagado durante las ocasionales redadas policiales en las que se ha visto envuelta: “un billete primero, y si no funciona, entonces el segundo...”.


Así ha ido capeando temporales y escribiendo su historia “capitalina”. Todo comenzó hace alrededor de cinco años, cuando decidió que no quería seguir pasando trabajo en un pueblo perdido de la provincia de Santiago de Cuba, casi mil quilómetros al este de La Habana. “Si iba a comer tierra, por lo menos quería hacerlo en la Poma”, dice aludiendo al sobrenombre de la capital cubana. “Todo lo que te digan es verdad: aquí dan más cosas en la libreta de racionamiento, hay más posibilidades de ganar dinero y hasta los hospitales están mejor.”


El primer paso fue convencer a su abuela de vender la casita en la que ambas vivían con los dos hijos de Caridad. Luego, con aquellos 60 mil pesos, se lanzaron a la odisea de encontrar techo en la gran ciudad. Con ese presupuesto, su punto de destino no podía ser otro que alguno de los extensos barrios de “llega y pon” que cercan la urbe. En su caso se trató de la “parte buena” del reparto Los Pocitos, en el municipio citadino de Marianao. Allí lograron comprar una pequeña casa de tablas y ladrillos sin repellar, con techo de tejas de cartón y un único cuarto. Todo sin papeles, como el resto de las viviendas de esa extensa barriada que pueblan fundamentalmente inmigrantes de la parte más oriental de la isla.

 


LOS PALESTINOS.


Precisamente de las provincias del oriente, las más pobres, parte el flujo migratorio que condiciona la realidad demográfica del país. Los nacidos en esa zona tienen un título propio: “palestinos”, y son objeto de una discriminación tan habitual que parece formar parte de la identidad nacional. “El término ‘palestino’ es doblemente ignominioso: porque etiqueta a una parte de sus ciudadanos (y) porque toma como objeto de mofa a una nacionalidad que por su lucha es digna de admiración”, se lamentaba hace algunas semanas el escritor Reinaldo Cedeño en un artículo que suscitó discusiones en Internet. A su juicio, ni el Estado ni los medios de difusión masiva han hecho lo suficiente para cambiar el actual escenario, favoreciendo con su “apatía” la victimización de ese segmento poblacional.


La problemática trasciende, con mucho, el escenario de las políticas culturales o para la igualdad social. Las diferencias en cuanto a desarrollo y oportunidades signaron desde siempre las distintas regiones geográficas de la isla, generando corrientes migratorias que se extendían por su eje central, por lo regular con dirección al oeste. Luego del triunfo de la revolución ese proceso se moduló parcialmente gracias a los planes de desarrollo aplicados por el nuevo gobierno, que pretendían una evolución más armoniosa de todos los territorios. La crisis de los noventa echó por tierra la inmensa mayoría de aquellos proyectos. Sólo entre 1991 y 1996 la emigración promedio hacia La Habana pasó de unas 10 mil personas anuales a casi 30 mil.


Ese fue el contexto en que se aprobó una de las legislaciones más polémicas: el decreto-ley 217, de 1997. En él se establecen limitaciones para el asentamiento en la capital de los cubanos llegados desde otras provincias, quienes pueden ser multados y deportados hacia sus localidades de origen si son sorprendidos residiendo en la ciudad sin todos los permisos de rigor. Además, aunque la disposición no lo especifica, las autoridades tienen la prerrogativa de recluir en establecimientos penitenciarios a los reincidentes, bajo el pretexto de la llamada “peligrosidad social”.


En sus cinco años como “capitalina” Caridad ha sido de todo un poco, “menos ladrona y puta”. Cuenta que ha limpiado casas, trabajado en cafeterías y otros negocios del floreciente sector privado, vendido los más disímiles artículos... Precisamente el último de esos oficios es el que ahora le permite ganar el sustento para ella y sus familiares. Adonde va, Caridad lleva siempre varias cajas de tabaco, que consigue entre tabaqueros particulares, ilegales como ella, y que más tarde vende en las cercanías de los hoteles u otras zonas con gran afluencia de extranjeros. De ahí el riesgo de que puedan detenerla y deportarla, un desenlace que dejaría sin protección a sus dos hijos, de 11 y 16 años, y a su abuela, que ronda los 70.


De acuerdo con los censos realizados en 2002 y 2012, un tercio de los más de 2 millones de habitantes de La Habana son nacidos en otras provincias; buena parte de ellos (algunos estudios aseguran que hasta un 25 o 30 por ciento) se encuentran en una situación migratoria irregular. “Sólo cuantificar la magnitud del fenómeno ya resulta un reto, pues en muchas de esas barriadas las personas tienden a esconderse y se niegan a colaborar con cualquier estudio por miedo a salir perjudicados”, asegura Richard Esteban, profesor de sociología en la Universidad de La Habana. “Es un asunto con el que convivimos de forma habitual, que afecta a miles de cubanos, pero que se mantiene a la sombra y con muy pocas posibilidades de solución.”

 


CONDICIONES.


Para regularizar su estatus en La Habana, un inmigrante del interior del país debe contar con una vivienda propia o el consentimiento del propietario de una que le permita inscribirse en su dirección particular. El proceso incluye trámites en varias dependencias de alguno de los 15 gobiernos en que se divide administrativamente la urbe, comprobaciones y numerosos documentos, además de la siempre difícil firma del presidente (alcalde) de la demarcación donde se aspira a residir.


Sin esas formalidades no es posible obtener el carné de identidad que acredite la condición de “legal”, y sin éste serán infructuosos los esfuerzos para acceder a algún empleo estatal, a los productos que se distribuyen de forma subsidiada a través de la libreta de abastecimiento, y –al menos en teoría– a los servicios gratuitos de salud y educación.


“Los niños asisten a la escuela hasta que se gradúan de algún técnico medio o de obrero calificado –porque el preuniversitario también se otorga según la dirección del estudiante–; y más tarde, a la hora de ejercer, no pueden hacerlo en La Habana porque no residen oficialmente en ningún lugar de la ciudad, aunque muchos nacieron allí”, comenta la periodista Lisandra de la Paz en un artículo publicado por la revista científica Juventud Técnica. Es una realidad compleja, en la que “todos tienen derecho la atención médica, sobre todo las mujeres embarazadas, pero al nacer el niño o la niña se les obliga a inscribirlos en su provincia de origen, donde su carné dice que residen”.


Pero por adversa que sea la realidad en la que viven, ni Caridad ni los suyos, ni otros miles que cada año arriban a la ciudad, piensan en el retorno. En Baire, su poblado natal, “no hay nada que buscar. A las mujeres sólo nos queda trabajar en la agricultura, en algún negocito que aparezca por ‘la izquierda’, o dedicarnos a atender a un hombre. ¿Acaso eso es vida?”.


“¿Volver a dónde?”, repiten casi todos. Para ellos La Habana sigue siendo la “tierra prometida”.

 

 


 

Brecha

 

 

El fantasma del período especial

 

 A un año del reestablecimiento de las relaciones diplomáticas, EEUU mantiene el embargo económico a la isla / Foto: AFP, Yamil Lage

 

 

Por: Patricia Grogg

 

Las medidas aplicadas por el gobierno cubano para enfrentar la crisis incluyen la disminución del suministro de electricidad en organismos y empresas de Estado, y la reducción de gastos en divisas.

 

Los cubanos temen volver a soportar las penurias del llamado “período especial económico”, por la nueva crisis que afecta al país y ha obligado al gobierno a tomar un programa de medidas de austeridad. El fantasma del período especial, como se denominó a la aguda depresión de los noventa, recorre otra vez los hogares, aunque gobierno y especialistas coinciden en que la nueva crisis es diferente y existen recursos para afrontarla.


El presidente, Raúl Castro, reconoció este mes la crisis y alertó que vienen tiempos duros, mientras tomó medidas a favor del ahorro energético y la contención del gasto de divisas, además de sustituir al ministro de Economía y Planificación, Marino Murillo, por Ricardo Cabrisas, un veterano y eficaz negociador en las áreas de comercio exterior y las relaciones financieras.


A principios de julio, Castro y el entonces aún ministro Murillo insistieron en que el programa de ajustes diseñado para enfrentar la falta de liquidez financiera y el desabastecimiento petrolero afectaría “lo menos posible” a los 11,2 millones de habitantes del país. Pero ya son numerosas las quejas por imprevistos cortes de energía eléctrica.


La empresa estatal Unión Eléctrica insistió este mes en que las interrupciones en el sector residencial se deben a imprevistas roturas y a la poda de árboles, usual en el inicio de la temporada ciclónica, de junio a noviembre.


Las medidas aplicadas por el gobierno incluyen disminución del suministro de electricidad en organismos y empresas del Estado, y reducción de gastos en divisas. Además se da prioridad, en el uso de la reducida disponibilidad de divisas y de oferta energética, a aquellos sectores que aseguren ingresos externos, como el turismo, y que sustituyan importaciones.


Durante la grave recesión que siguió a la extinción de la Unión Soviética y la desaparición del campo socialista, a inicios de la década del 90, Cuba perdió el suministro petrolero proveniente de Moscú y sus principales mercados. Los apagones pasaron a llamarse popularmente “alumbrones”, por su frecuencia. Entre 1989 y 1993, lo más crítico del período especial, el país registró una caída de 34,8 por ciento de su Pbi. Según los analistas, la contracción en el suministro de combustible desde Venezuela, el principal socio comercial de Cuba durante este siglo, es el origen de los problemas que han desacelerado la economía en el primer semestre de 2016, cuando apenas creció 1 por ciento, la mitad de lo previsto.


De acuerdo a un convenio vigente desde 2000, Caracas abastece a La Habana de unos 90 mil barriles diarios de petróleo, a cambio de profesores, médicos y otros servicios. El corte abrupto de este intercambio generaría un gasto de 1.300 millones de dólares anuales, según expertos internacionales. “La analogía es evidente, aunque Caracas representa hoy menos de lo que Moscú significó, hace más de dos decenios, para el comercio, el desarrollo y las finanzas de Cuba”, comentó en un artículo sobre el tema el periodista especializado en temas económicos Ariel Terrero.


Pese a su baja calidad, el crudo extrapesado y el gas de producción cubana satisfacen 40 por ciento del consumo energético del país, entre ellos la generación de electricidad, aunque es preciso aligerarlo con petróleo de importación. Existen planes para elevar hasta un 24 por ciento en 2030 la matriz energética utilizando fuentes renovables.


Pávor Vidal, otro economista, alertó que “se sabía” que la crisis de Venezuela tendría un efecto negativo sobre Cuba, pero aun así se mantuvo alta la dependencia comercial y financiera con ese país, en tanto la renegociación con acreedores y la apertura de nuevos espacios de integración internacional no se han traducido en mayores flujos comerciales y de inversiones. Antes de llegar a un nuevo período especial, “la primera fase por la que transitaremos es una fuerte contracción de la disponibilidad de divisas, que pondrá en riesgo la acertada política de estos años de renegociar y poner al día las finanzas internacionales”, opinó este profesor de la colombiana Universidad Javeriana, de Cali.


Por tanto, el primer desafío será evitar un “corralito financiero” como el de los años 2008 y 2009. Vidal reiteró que en la actualidad las opciones para amortiguar el impacto incluyen dar luz verde a los proyectos de inversión extranjera en proceso de aprobación y eliminar el monopolio estatal sobre el comercio externo, lo que implica abrir un “mercado competitivo de insumos y bienes de capital físico”. También propone expandir el espacio de la pequeña y mediana empresa privada y las cooperativas, con posibilidad de que participen los profesionales. “Es decir, la respuesta a la crisis tiene que ser una combinación de ajuste (que es lo que ya tiene planeado el gobierno) y de liberalización de los mercados”, dijo.


El recambio en el Ministerio de Economía y Planificación colocó desde el 14 de este mes al frente de esa crucial cartera a Cabrisas, de 79 años, una de cuyas últimas gestiones fue la renegociación de la deuda con el Club de París. En su nuevo cargo, Cabrisas va a tener que hacer uso de esa experiencia para tratar de preservar la credibilidad de Cuba ante sus deudores y hacer manejable el endeudamiento externo. Murillo, de 55 años, se mantiene como jefe de la Comisión Permanente para la Implementación y Desarrollo, responsable del proceso de actualización del modelo económico del país.


La difícil coyuntura económica coincide con el primer aniversario del restablecimiento oficial de relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos, el 20 de este mes. Desde entonces, ambos países han mantenido un fluido diálogo, aunque la total normalización de los vínculos bilaterales continúa entorpecida por el mantenimiento del embargo económico estadounidense a la isla. El presidente Barack Obama anunció en marzo en La Habana que se eliminaría la prohibición de que Cuba use dólares en sus transacciones internacionales, pero “lo cierto es que no se ha logrado todavía efectuar pagos ni depósitos en efectivo en esa moneda”, se quejó Castro.

 


Por Patricia Grogg, periodista de la agencia Ips.

 

 

 

 

Publicado en Internacional
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