En Colombia hay 4.600.000 carros y por las calles transitan 4.750.000 motocicletas, 420 de estas en Bogotá. El acceso a estos vehículo es tan fácil que ahora Colombia es el segundo país de la región, antecedido por Brasil, donde se venden más motos. Las motos son una alternativa y una oportunidad para que miles de desempleados rebusquen (mototaxismo) los pesos necesarios para vivir cada día, y como alternativa para evitar la incomodidad y altas tarifas del transporte público. Dos medidas recientes para controlarlas: prohibir su circulación por el centro de Valledupar y no poder transportarse en ellas el 5 de febrero, día sin caro y sin moto en Bogotá, tienen inconformes a los motorizados de todas las ciudades del país.

 

Desde hace 10 años se venden más motocicletas que carros en el país. Año tras año la compra de este tipo de vehículos aumenta con tal rapidez que ahora son parte del problema de movilidad de las principales capitales del país.

 

Para contrarrestar ese crecimiento, la alcaldía de Bogotá tomó recientemente la decisión de incluir a las motocicletas en el día sin carro, lo que ha provocado protestas por parte de los motorizados que por primera vez tendrán que ser regulados por esta clase de medidas en el país.

 

Por su parte, los conductores de estos vehículos afirman aceptar el día sin moto solo si se realiza en un día diferente al del carro. La medida, sin embargo, sigue vigente y este jueves cinco de febrero será por primera vez un día sin carro y sin moto en Bogotá.

 

En la capital de Colombia, son realizados a diario 411.095 viajes en motocicleta, de los cuales cerca de 50.000 se concentran en la hora pico entre las 5:30 am y las 6:30 am, por lo que la no utilización de este vehículo, por un día, reduciría una parte importante del tráfico que ahoga a esta ciudad.

 

Según el alcalde Petro los medios de trasporte alternativos, como la bicicleta, dispondrán para este jueves de 459,5 kilómetros de vías exclusivas para su circulación y se garantizará 67,5 kilómetros de ciclovía y 392 kilómetros de la red de ciclorrutas.

 

Además de esto, las motos vinculadas a empresas, las de organismos de seguridad del estado, las utilizadas para la atención de salud y todas aquellas que estén debidamente autorizadas e identificadas con logos o distintivos, no se incluirán en la medida. Lo que alivia a más del 40 por ciento de dueños de motos que la utilizan como su principal herramienta laboral.

 

"Es bueno que el propietario de moto también se suba a un bus, porque al final, la moto y el carro hacen el mismo efecto colateral dañino en la movilidad", aseguró el alcalde Gustavo Petro en Caracol Radio. Y no es para menos pues, según cifras reveladas en Rcn, hay más de una moto por cada carro en el país; "en Colombia hay 4.600.000 carros y por las calles transitan 4.750.000 motocicletas".

 

¿En qué momento las motos empezaron a hacer parte del problema ?

 

Según la revista Motor, Colombia ocupa el segundo lugar en América Latina, después de Brasil, en producción y venta de motocicletas.

 

Y la situación tiende a empeorar: se estima que en poco tiempo las motos triplicarán el número de autos particulares, y que en 2020 el número de esos aparatos de dos ruedas puede superar los 10 millones en las calles.

 

Este tipo de vehículos se ha vuelto el preferido para la clase baja y media colombiana, al ser de bajo costo y tener diversos beneficios de crédito. Sin embargo, su precio asequible está condicionado por su alto índice de accidentalidad ya que el 42 por ciento de accidentes de tránsito en Colombia son causados por una moto, según cifras del Fondo de Prevención Vial.

 

La moto como herramienta de rebusque

 

El crecimiento exponencial de las motocicletas en el país ha generado que empleos informales, como el mototaxismo, sean cada vez más comunes en diferentes ciudades colombianas.

 

Su uso es tal que algunas fuentes aseguran que en Valledupar más de la mitad de las motocicletas que circulan por sus calles están dedicadas a esta actividad. "De las 80.000 motocicletas que circulan en la ciudad, 45.000 se dedican a la actividad", aseguró el secretario de Tránsito, Óscar Tom, en el periódico 5to poder, del Cesar. Lo que evidencia, además, el alto índice de informalidad laboral que presenta esta ciudad.

 

El problema de esta actividad, según el alcalde de Valledupar, Fredys Socarrás, "es que el mototaxismo represente el 35 por ciento de muertes". Por lo que planteó el drástico decreto que prohíbe la circulación de motocicletas con parrilleros hombres mayores de 14 años y establece la restricción de motorizados en días hábiles de la semana, entre las 6 am y 7 pm, dentro de la zona delimitada por algunos corredores viales de sectores comerciales de Valledupar.

 

La medida, pretende acabar con el mototaxismo y regular la circulación de motocicletas, para incentivar el uso de transporte público en la ciudad. Lo que, evidentemente, tiene descontentos a el alto porcentaje de pobladores que viven de esta actividad.

 

Para Luis Pedraza, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia CUT, la implementación de este decreto le parece una contradicción por la falta de alternativas laborales que tiene la población. "Es la ironía de la vida, porque mientras a los mototaxistas los consideran trabajadores permanentes y hacen parte de los análisis que hace el Dane para mostrar las cifras de empleo, por otra parte los persiguen, los consideran ilegales y les aplican medidas represivas para que no puedan ejercer un oficio que les está dando mínimas condiciones de subsistencia".

 

Estos dos casos, el de Valledupar y el de Bogotá, centran la atención en el hasta ahora ignorado crecimiento de las motocicletas en Colombia ¿Traerán estas medidas una ola de regulaciones para las motos en el resto del país? Lo cierto es que este jueves, en Bogotá se empezarán a ver los resultados de las nuevas iniciativas y podrá evidenciarse si realmente el transporte público está listo para transportar de manera adecuada, pronta y digna a este sector poblacional que andará por sus calles sin su tradicional moto.

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Lunes, 02 Febrero 2015 06:24

Locuras

Un hombre de unos treinta y tantos años pide limosna en un tren del metro de Nueva York, bien vestido, con cuidado, buenos zapatos de cuero y una vista tranquila. Soy veterano, estoy pasando por una mala época, lo que puedan cooperar para ayudarme se agradece, repite. Acaba su trayecto de un lado al otro del vagón y está en espera de la próxima estación para pasarse al siguiente vagón. Empieza a hablar en voz alta pero sin gritar, viendo a nadie y a todos, y casi todos simulan no escucharlo ni verlo. Fui a la guerra, fui porque pensaba que era mi responsabilidad hacerlo por los demás, para servir a este país y porque creía en la Constitución. Pausa, ve a su alrededor, y continúa. Uno regresa y le quitan todo, todo. ¿No es una violación de los derechos humanos, de los derechos humanos de veteranos?
Se abren las puertas y entra el sonido de un trío de metales que toca Hello Dolly. Sale el veterano, sin esperar respuestas. Tal vez sabe que no hay.


Unos 2 millones 600 mil estadunidenses (y no pocos inmigrantes) sirvieron a su país en Afganistán e Irak, las guerras más largas en la historia estadunidense, y más de la mitad de ellos padecen problemas de salud física y/o mental, se sienten marginados de la vida civil y opinan que el gobierno no atiende sus necesidades, según una encuesta nacional del Washington Post del año pasado. Casi 50 mil veteranos (incluidos de las guerras más recientes, pero también anteriores como Vietnam), según cálculos oficiales, viven sin techo en las calles de este país, mientras se registran en promedio 22 suicidios de veteranos cada día. Son los costos, en gran medida ocultos, de las guerras proclamadas por políticos y otros vendedores de seguridad nacional, mientras jóvenes son enviados a matar otros jóvenes. y casi nunca hay algún hijo de un político o un empresario en el campo de batalla.


En otra estación del metro, un joven afroestadunidense tiene un libro en la mano que consulta cada dos minutos, lo cierra, lo abre; es de pasta dura y ancho pero no se alcanza ver el título. En voz alta, emite durante los dos minutos en que no está consultando el libro una cadena de mentadas de madre. Nadie quiere saber la verdad, repite como coro a cada uno de sus pronunciamientos sobre la violencia entre los pobres, sobre la educación inferior para los afroestadunidenses, sobre la falta de empleo.


Se abren las puertas, y suena un saxófono y un trombón tocando Mack El Navaja de Brecht y Weil.


En Broadway, una mujer vestida con ropa sucia, que enfrenta un mundo de nieve y vientos de frío inaguantable pasa murmurando: ¿qué pasó con la bondad?


Todos los días uno se topa con locos que a veces ofrecen un relámpago lucido en medio de la incesante cacofonía de los políticos y sus patrones, que creen que están cuerdos pero que sólo ofrecen locuras. Esos que niegan la abrumadora evidencia científica del cambio climático, que repiten que la guerra y las acciones bélicas son en nombre de la paz, que el espionaje masivo y la violación de la libertad de expresión son necesarios para garantizar los derechos y libertades, los que insisten en calificar a otros países mientras persiste la violación sistémica de derechos humanos de las minorías, los inmigrantes y los pobres documentados por Amnistía Internacional y Human Rights Watch en este país, esos que no se cansan de agradecer el sacrificio de los veteranos y de las tropas, y los que todos los días regalan su gran retórica sobre la pobreza mientras promueven políticas que aceleran la desigualdad económica, la cual ha llegado a tal nivel que hasta algunos de los propios ricos se preguntan si su avaricia colectiva es excesiva.


Cuando los locos son más coherentes que los cuerdos ¿cómo estarán las cosas?


A veces hacer algo fuera de lo común, algo loco, es la única respuesta cuerda.


Como Eve Tetaz, maestra de escuela pública jubilada, de 83 años, y Nashua Chantal, activista por la paz, de 62 años, que fueron enjuiciados en Georgia por ingresar de manera ilegal al Fuerte Benning, sede del Instituto por la Cooperación de Seguridad del Hemisferio Occidental (antes Escuela de las Américas), donde Estados Unidos capacita a militares latinoamericanos. En la acción de protesta anual organizada por School of the Americas Watch, ambos arriesgaron seis meses de cárcel al ingresar a la base militar en acto de desobediencia civil. Ambos afirmaron que participaron para defender los derechos humanos en América Latina y denunciar los programas estadunidenses que han contribuido a esas violaciones en el hemisferio americano.


O la acción realizada la semana pasada por activistas antiguerra de Código Rosa que irrumpieron una audiencia en el Senado para protestar por la presencia del invitado principal, Henry Kissinger. Con una manta en que se denunciaba que Kissinger era un criminal de guerra, se acercaron al invitado con esposas antes de ser expulsados por órdenes del presidente del Comité, John McCain, quien gritó: fuera de aquí, escoria de lo peor. Código Rosa respondió que la escoria era justo el invitado oficial.


O cuando se dejan de pedir permisos para marchar y protestar, como en las expresiones del movimiento contra la brutalidad policiaca y la impunidad oficial que detonaron en este país en los últimos meses, donde se toman las calles o se realizan acciones en centros comerciales, y se encuentran con que, en lugar repudio del público por interrumpir, la respuesta son expresiones de apoyo.


O cuando los más vulnerables de todos, los inmigrantes indocumentados, sobre todo los jóvenes, toman las calles, o se presentan ante legisladores y alguaciles, y hasta el presidente, y gritan un ya basta al demandar un respeto a sus derechos humanos.


Los locos, tanto algunos que padecen de problemas mentales como otros que deciden hacer locuras para interrumpir y/o burlarse de tanto que pretende ser normal, ofrecen alguna esperanza.


José Marti: Lo imposible es posible. Los locos somos cuerdos.

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El Fondo Monetario Internacional ha empeorado sus previsiones sobre América Latina, que crecerá este año la mitad que los países avanzados; el petróleo ya no es el maná de la economía; y Brasil no es el líder de la región sino que debe apretarse el cinturón. Los augurios no son los mejores para Latinoamérica, y el empleo no escapa a esa espiral. La venezolana Elizabeth Tinoco, directora de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en América Latina y el Caribe, describe así, en una visita a Madrid, una realidad cruda: "América Latina no supo aprovechar la década de crecimiento económico sostenido para transformar su economía. Exprimió al máximo lo que le funcionaba, el petróleo, pero no abrió más vías para diversificar su producción y crear empleo. Para los países que dependieron tanto del crudo, el panorama es dramático".


Los datos negativos se acumulan sobre la mesa. El informe Panorama Laboral 2014, elaborado por la OIT para la región, arroja malas noticias: 15 millones de desempleados en las zonas urbanas, un millón de empleos menos generados en el último año y la previsión de otros 500.000 parados más en 2015. Todo enmarcado en una desaceleración económica que pone en peligro los logros conquistados desde principios de siglo en políticas sociales, y hace crecer el desempleo y el trabajo informal.


En este océano de inseguridad, la informalidad fortalece sus raíces. Unos 130 millones de personas en la región desarrollan un empleo informal, es decir, fuera de la legislación laboral, sin cotizaciones ni pago de impuestos, sin prestaciones ni cobertura de seguridad social. Una economía sumergida que abraza al 47% de los trabajadores de Latinoamérica. La construcción es el sector con mayor porcentaje de empleados informales, junto a la agricultura, la pesca y las trabajadoras domésticas, un colectivo que reúne a 19 millones de personas. Cuanto menores son los ingresos, más crece este tipo de trabajo, desde el que vende minutos de telefonía móvil al que repara electrodomésticos o el que ofrece agua en las calles.


"La informalidad se ha extendido desde los años noventa", explica Tinoco. "El crecimiento económico del 3-4% a partir del año 2000 tuvo un impacto reciente en la creación de empleo formal. Pero ahora, con una desaceleración que se vislumbra de largo plazo, vuelve la informalidad. La gente se las ingenia para comer con los trabajos más insólitos. Es la necesidad de la supervivencia. Las políticas que los Gobiernos han impulsado para generar empleo formal están amenazadas por la desaceleración. Ese es el gran miedo".


Tinoco, licenciada en Sociología y al frente de la OIT en Latinoamérica desde 2011, apunta a la "estructura económica" de los países como el origen del problema. "En América Latina el crecimiento está basado en los commodities, en la exportación de petróleo, minería y producto agrícola. Eso genera beneficio pero poco empleo. Necesitamos que la economía del país no se centre un 80% en ello, sino diversificar. Debe haber una igualdad de trato fiscal, y mejorar la calificación de la mano de obra. Ya no podemos pensar en la educación del pasado".
Perú, con un 68%, Honduras, México, Colombia y Guatemala figuran entre los países con mayor informalidad.

Uruguay (34%) y Costa Rica cierran la clasificación. Las mujeres, los jóvenes y los mayores de 50 años son quienes más se ven abocados a estas prácticas. Son también quienes, en muchas ocasiones cansados de buscar empleo, salen del mercado laboral. Estas fugas y las altas tasas de informalidad provocan que, vistos desde Europa, los porcentajes oficiales de desempleo en los países latinoamericanos sean relativamente bajos. Pero la fotografía real es distinta.


Según la OIT, América Latina necesitaría crear 50 millones de empleos en los próximos 10 años solo para compensar el aumento demográfico. Y precisaría un crecimiento económico del 3% cuando las previsiones sitúan la media en la región en un 2%. La bonanza financiera de Estados Unidos puede aligerar la carga de aquellos países con mayores lazos comerciales, como México. "Costa Rica, Panamá, Ecuador, Colombia, Chile y Bolivia también crecen. Los que peor están son Argentina, Brasil y Venezuela", afirma Tinoco. "Brasil debe conservar los logros sociales y a la vez avanzar en un durísimo programa de reformas. Las perspectivas latinoamericanas para 2015 son que el desempleo suba, porque la economía no lo hará al ritmo necesario para crear trabajo".


El protagonismo de China es un asidero, pero también un arma de doble filo, advierte Tinoco: "China contribuyó a que la crisis afectara menos porque era su gran consumidor de materia prima. Hoy juega otro rol, invierte en financiar el desarrollo. Es un cambio muy importante. Veremos qué características tiene esa ayuda. Va a aumentar la dependencia de América Latina de China, y la deuda a futuro".

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América Latina está en una encrucijada. La desaceleración económica que está afligiendo la región podría poner en entredicho los logros alcanzados tras años de crecimiento sostenido. Elizabeth Tinoco, directora regional para América Latina y el Caribe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), no reserva palabras alentadoras de cara a los años venideros. Advierte que el último informe elaborado por la institución sobre el panorama laboral del continente es un "llamado de alerta" y que la incertidumbre es el término que mejor define el futuro de millones de trabajadores latinoamericanos. Ahora que las previsiones de crecimiento han sido recortadas a una tasa promedio del 2% para 2015 y que los pronósticos apuntan a un aumento del desempleo, los gobernantes tendrán que resolver el eterno rompecabezas de cómo no echar a perder los avances conseguidos sin dejar estragos en las cuentas públicas.

 

Pregunta. América Latina está sufriendo una desaceleración económica. ¿Cómo afecta al mercado laboral?

Respuesta. La desaceleración está empezando a impactar, pese a la rebaja en la tasa de desempleo, que del 6,2% ha pasado al 6,1% este año. Parece una contradicción: si la desaceleración impacta en el empleo, ¿cómo puede el desempleo bajar? Resulta que la tasa de participación al mercado laboral ha descendido casi a mínimos. La gente está buscando menos trabajo, está saliendo del mercado laboral o se ha inventado un ingreso en el marco de la informalidad. Pero lo cierto es que el descenso en la tasa de participación ha tenido un efecto positivo en el desempleo.

 

P. Pero la bajada en la tasa de desempleo es ficticia.

R. Sí, nuestras estimaciones dicen que se han dejado de generar alrededor de un millón de puestos de trabajo. Además, calculamos que por cada décima de rebaja en el crecimiento se dejan de generar alrededor de 100.000 empleos. Estamos frente a un desempleo latente y la tendencia es que suba. Llegará al 6,3% en 2015 y para cubrir la brecha haría falta crecer por encima del 3%. Pero la región no está avanzando a un ritmo deseable para generar más trabajo.

 

P. Uno de los lastres de Latinoamérica es el empleo informal.

R. El tema de la informalidad es uno de los grandes desafíos de la región. Hay un 47% de empleo informal, lo que equivale a por lo menos 130 millones de trabajadores.


P. ¿Qué están haciendo los Gobiernos? ¿Existen políticas públicas que han funcionado?

R. Años atrás, la informalidad estaba en 50,1% [2009]; ahora está en el 46,8% [2013]. De modo que sí ha habido políticas públicas que están atendiendo el tema. Pero ojo, esto ha sido posible en un contexto de crecimiento económico. La región ha avanzado positivamente [...], ahora hay que mantener esos indicadores laborales en un contexto de desaceleración.

 

P. ¿La previsión es que la cifra de empleos informales se mantenga o vuelva a subir?

R. Creo que el futuro es muy incierto porque estamos frente a una posible crisis laboral, en el sentido que la desaceleración aún no ha llegado a este mercado. Pero el desempleo va a aumentar el año que viene, es una pre-crisis.

 

P. Seis de cada diez ancianos latinoamericanos no cobran pensión. ¿Cuánto deberían de invertir los Gobiernos para solucionar este problema?

R. Este es otro desafío que está íntimamente relacionado con la desaceleración. Los Gobiernos ya no tienen el suficiente espacio fiscal de la década pasada. Ahora depende de cada país y del grado de crecimiento de cada uno. Otro aspecto importante es el tema de la inversión extranjera. Hay variables que afectan directamente al mercado, como la desaceleración de China, que [...] va a golpear sobre todo al sur de la región, mientras en Centroamérica y México la lenta recuperación de EE UU va a ser un factor positivo.


P. Entre 2000 y 2012 más de 50 millones de latinoamericanos salieron de la condición de pobreza. ¿Este logro se va a ver afectado por el frenazo económico?

R. Sin duda alguna. Los niveles de pobreza se han reducido gracias también a un contexto de crecimiento. Hoy contamos con 168 millones de pobres, de los cuales más de un 90% está en condición de pobreza extrema. América Latina ha venido reduciendo la pobreza sostenidamente, pero lo que no ha reducido es la desigualdad. Y uno de los motores fundamentales para disminuirla tiene que ser a través del mercado laboral.

 

P. ¿Las políticas de salarios mínimos están funcionando?

R. El salario en general es un distribuidor fundamental de riqueza y en la región. En el periodo de crecimiento económico se ha incrementado, incluso a unos niveles bastantes elevados.

 

P. Pero su crecimiento se desaceleró mucho.

R. Hoy ha disminuido. El impacto de la desaceleración se refleja también en el poco incremento tanto de los salarios medios como de los mínimos. Ha sido una medida anticíclica importante que muchos de Gobiernos tomaron en las épocas de crisis [...] porque mantiene un ritmo y un poder adquisitivo de los trabajadores que beneficia la dinámica económica del mercado interno.

 

P. ¿Cuáles son los mayores desafíos que enfrenta la región?

R. Crecer más, invertir más en infraestructura, en educación, en transformación productiva. Que el empleo y su generación sean una de las vías fundamentales para lograr un desarrollo sostenible.

 

P. Habrá que aumentar la productividad laboral.

R. Productividad e informalidad son los dos grandes desafíos que tiene la región. Más productividad y menos informalidad. Esa es la ecuación fundamental.

 

P. ¿Cuánto hay que invertir para crear empleos de calidad?

R. En términos de inversión neta no tenemos estimaciones de cuánto cuesta un puesto de trabajo. El empleo es una consecuencia del escenario económico. Gran parte del problema del crecimiento de la década pasada es que dependimos mucho de las materias primas. Para avanzar se requieren otros motores, hace falta una diversificación productiva que permita ampliar la naturaleza y la base del crecimiento.

 

P. ¿Qué palabra elegiría para definir el futuro mercado laboral de América Latina?

R. Incertidumbre. En términos de crecimiento económico y en cómo ese crecimiento se va a traducir en empleo.

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Las últimas décadas eran las décadas de las teorías del fin: se acababan –supuestamente– los conflictos ideológicos y la vieja lucha de clases (Fukuyama). Moría el trabajo (Rifkin).


Más que un reflejo de la realidad, fue una cortina de humo para el recrudecimiento de la guerra de clases bajo el neoliberalismo –un proyecto esencialmente clasista, David Harvey dixit– y los cambios en las modalidades del capital.
El antagonismo (o contradicción) capital/trabajo no desaparecía, se intensificaba; la explotación no disminuía, aumentaba; también la clase trabajadora como un sujeto no bajaba de la escena de la historia, sino crecía a escala global (¡China!), pasando al mismo tiempo –eso sí– por una profunda transformación.


Pero incluso algunas teorías que parecían explicar los nuevos fenómenos en torno al trabajo y el paso al posfordismo –flexibilización, desregulación, deslocalización, outsourcing, etcétera– resultaban igualmente problemáticas que las que tomaban al trabajo por muerto.

Este es el caso de Guy Standing, el economista británico, ex experto de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y del precariado, término que éste popularizó para hablar de una nueva clase emergente –" class-in-the-making"–, distinta al proletariado, atomizada y unida sólo por el miedo y la inseguridad (El precariado, la nueva clase peligrosa, 2011).


Zygmunt Bauman aplaudió el término y a Guy Standing incluso por haberlo acuñado (¡sic!) –en realidad el precariado apareció en Francia e Italia ya en los años 80 y reapareció con la crisis actual–, viéndolo igual como una clase nueva (" the un-class"), formada cuando el capital sólido se volvió líquido (Social Europe, 14/6/11). Pero eran las críticas las que resultaban más interesantes.

Jan Breman, poniendo la creciente inseguridad laboral (empleo temporal, autoempleo, etcétera) en el contexto del avance neoliberal (privatización, desindustrialización, etcétera) y ataque a la capacidad organizativa del trabajo –algo ignorado por Standing–, concluía que nada de esto es nuevo bajo el capitalismo y que el precariado es un... término chafa (New Left Review, no. 84, 11-12/13).

El mismo Standing, respondiendo a esta crítica insistía en las características singulares del precariado, tratando de poner su argumento en términos marxistas: mientras el proletariado hacía el trabajo de acuerdo con sus capacidades, el trabajo del precariado es muy inferior a éstas (Open Democracy, 4/3/14).


Pero así sólo confirmaba que su narrativa sobre el retroceso (y fin de un cierto contrato social) partía de una visión estrecha de la clase trabajadora élite con su formación especializada y sus logros sociales, un fenómeno históricamente y geográficamente limitado.

No obstante, el capital siempre vivía de los trabajadores precarios e inestables, sujetos a diferentes modalidades del empleo. Marx los llamaba el ejército industrial de reserva, una raison d'être del modo de producción capitalista. Esta siempre fue la cara del proletariado, sobre todo a escala global. La inseguridad y no la estabilidad fue la condición original de la proletarianización. Hoy el grupo de los trabajadores precarios vuelve a crecer, pero apenas ayer estuvo con nosotros.

Sigue en las páginas del Manifesto comunista (1848): La creciente competencia entre burguesía y las crisis comerciales hacen los salarios de los trabajadores más volátiles y el desarrollo de la maquinaria hace sus vidas más y más precarias, lo que lleva a una creciente confrontación entre las dos clases.

O de El Capital (1867): El movimiento de la industria moderna reside en la transformación constante de la gente trabajadora en desempleados y semiempleados.

También Richard Seymour –autor de Against austerity, 2014– vio al precariado como un término poco convincente e impresionista, rechazando categóricamente –desde el marxismo y la mirada de Nicos Poulantzas– el erróneo afán de Standing de tratarlo como una clase nueva e incluso de suplantar las viejas clases por un sistema actualizado –¡sic!– (New Left Project, 10/2/12 y los intercambios siguientes: New Left Project, 15/3/12, y Lenin's Tomb, 15/3/12).


A unas conclusiones parecidas llegó Jarek Urbanski, sociólogo polaco y activista sindical, en su nuevo libro (Prekariat i nowa walka klas/El precariado y la nueva lucha de clases, 2014), donde argumenta que lo que cambia no son las clases, sino las estrategias del capital para dominar al trabajo y moldearlo según sus necesidades y ciclos productivos, ocasionando –también mediante la precarización– la recomposición de la clase trabajadora (confundida a menudo con su fin).

Apoyándose en la teoría de la composición de clase, que enfatiza el tema del conflicto, subraya que los cambios dentro del sistema no son sólo resultado del avance del capital, sino también de la reacción de los trabajadores, que pasan por un proceso constante de transformación. Así, los trabajadores precarios no emergen como una clase nueva, sino fruto de una nueva fase (neoliberal) de la lucha de clases.


Bien recordaba Seymour que la clase es un concepto relacional que no existe empíricamente por sí solo: se forma sólo en relación con otras, algo fundamentalmente antagónico centrado en el capitalismo en torno a la producción y la reproducción del sistema.

Aquí resulta atinada la percepción (dialéctica) de Noam Chomsky que, hablando de la situación del mundo de trabajo –muy diferente, por ejemplo, a la de los años 30–, apunta al reverso del precariado: el uno por ciento y la plutonomía, economía gobernada por y para los ricos.

Cita un folleto de Citigroup que invitaba a los ricos a invertir en bienes de lujo en el mundo dividido entre la plutonomía y el resto; subraya, en el contexto estadunidense, el papel de la Fed en empujar la inseguridad laboral para someter a los trabajadores y hacerlos más dóciles, evidenciando que la precarización no es algo objetivo, vinculado, por ejemplo, sólo con el cambio tecnológico, sino fruto de la campaña de los de arriba (Counterpunch, 8/5/12).


Warren Buffet, el cuarto hombre más rico del mundo, dijo una vez (algo que le gusta mucho repetir a Harvey): Claro que existe la lucha de clases, y es mi clase la que va ganando.

*Periodista polaco
Twitter: @periodistapl

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Viernes, 15 Agosto 2014 05:31

Los retos del nuevo ministro de trabajo

El reciente nombramiento de Luis Eduardo Garzón como Ministro de Trabajo puede interpretarse como una buena señal para las y los trabajadores, pues se trata del nombramiento de una persona que viene del movimiento sindical y conoce bien la realidad del trabajo en el país, y seguramente va a generar confianza en diversos sectores sindicales a través de acciones contundentes en la promoción del trabajo decente.
Son muchos los retos que tiene esta cartera, principalmente relacionados con la formalización, la protección de las libertades sindicales y la necesidad de revertir la cultura antisindical que se mantiene en el país.


Es menester que esta cartera cumpla un contundente papel en la formulación y dirección las políticas de generación de empleo, de seguridad social y de formación para el empleo. Además, debe fortalecer su capacidad para hacer cumplir los derechos laborales mediante la inspección del trabajo y promover y fortalecer los actores del diálogo social, asunto en el que se esperaría sea de gran importancia la experiencia del nuevo ministro.


Deberá tener también la suficiente capacidad para responder al conjunto de retos laborales y sindicales del momento, y cumplir con los estándares mínimos fijados por los convenios de la OIT y las recomendaciones de la Misión del Alto Nivel de la OIT que visitó el país en febrero de 2011, pues aún hay asuntos pendientes.


Hoy vale la pena recordar las tareas pendientes y deudas que el Ministerio de Trabajo tiene con las y los trabajadores:


1. Implementar políticas promotoras y protectoras de empleo:


En la agenda del país es central la superación del déficit de trabajo decente. Es decir, el trabajo con contrato laboral, seguridad social, libertad de asociación, negociación y huelga debe ser una prioridad. Se requiere un gran pacto social que redefina los objetivos del desarrollo económico, el papel del Estado y de las empresas, y que ponga el trabajo decente en el centro de la política social. Podría ser el inicio del cumplimiento de la promesa del Estado Social consagrado en el Constitución del 91.


Según las metas de empleo planteadas por el gobierno Santos en 2010, se crearían 2,4 millones de empleos nuevos hasta 2014, lo que se cumplió parcialmente, pues se crearon 1´822.000 empleos en el cuatrienio y buena parte de éstos en condiciones precarias. Esta es una deuda con los trabajadores que se debe saldar. Para este nuevo período se esperaría que, por lo menos, se cumpla la nueva meta de 2,5 millones más de nuevos empleos sin precariedad y de calidad.

Y de manera particular se deben garantizar las condiciones de trabajo decente para las mujeres. Debería ser tema de especial atención para el Ministerio de Trabajo la realización de inspecciones en materia de discriminación contra las mujeres, adoptar indicadores de trabajo decente con perspectiva de género y fomentar la equidad de género en el mundo del trabajo mediante la concertación de políticas públicas y garantizar el acceso de las mujeres al empleo en condiciones de trabajo decente.

Para tomar decisiones acertadas en este sentido, será necesario mejorar el conocimiento y la información sobre el empleo de la que dispone el Ministerio, esto requerirá el rediseño concertado de las encuestas que realiza el DANE relacionado con las condiciones de empleo, de tal manera que todas las facetas del trabajo decente propuestas por OIT sean incluidas.


2. Impulsar la formalización del empleo:

Se requieren procesos de diálogo social, estrategias de reforzamiento de la inspección laboral, sancionar formas de intermediación laboral ilegal, campañas de sensibilización y formación a servidores públicos, empresarios, sindicalistas y trabajadores sobre el Trabajo Decente y la libertad sindical, y promover pactos sectoriales tripartitos por el Trabajo Decente. Un importante paso sería formalizar el trabajo al interior del mismo Ministerio del Trabajo, en el SENA y promoverlo en el conjunto de las instituciones del sector público.


3. Fortalecimiento del sistema de inspección laboral:


Un importante reto para el nuevo ministro es hacer efectivo un sistema de inspección laboral en Colombia, para esto se requiere de las condiciones materiales y los medios humanos suficientes.


Por ello es necesario contar con un número de inspectores suficiente, que deben llegar a 2.000 por lo menos; inspectores capacitados y especializados, con competencias para enfrentar las distintas situaciones de riesgo y vulneración de los derechos laborales, con la autoridad suficiente para hacer efectivas sus decisiones, convenientemente remunerados al mismo nivel de los jueces laborales, en carrera administrativa, con independencia y controles a sus actuaciones y que dispongan de los materiales e insumos necesarios para el desarrollo de sus funciones. Además es necesario hacer inspección preventiva. Estas medidas deben tener un impacto significativo en el ejercicio de la libertad sindical y en la reducción de la ilegalidad en materia laboral.


4. Fortalecer su papel en la garantía de las libertades sindicales:


Es de vital importancia que el Ministerio del Trabajo promueva y defienda las libertades sindicales en Colombia, pero que además sancione sin titubeos el uso ilegal de los pactos colectivos y planes de beneficios, y juegue un papel importante en la discusión sobre el derecho de huelga en el país.


Debe además, jugar un papel destacado en la reparación colectiva al movimiento sindical, entendida ésta, principalmente, como la oportunidad de transformar las condiciones de trabajo y libertades sindicales, tomando todas las medidas para remover la cultura antisindical que vive el país, por ejemplo, con campañas de comunicación permanentes, foros, seminarios y publicaciones que expliquen el lugar fundamental del sindicalismo en la democracia.


5. Fortalecimiento de un sistema de justicia laboral:


Debe asegurarse un sistema ciudadano de denuncias, que resuelva los obstáculos que las y los trabajadores y las organizaciones sindicales encuentran para denunciar, tales como líneas de atención con horarios adecuados para los trabajadores, reserva de los datos de los denunciantes, entre otros.


Además debe garantizarse el acceso a la justicia (en el caso de querellas laborales ante el Ministerio de Trabajo) en condiciones de celeridad, implementar medidas que descongestionen los casos represados, y que se garantice imparcialidad para proteger los derechos de las y los trabajadores.

El nuevo Ministro de Trabajo, Luis Eduardo Garzón, tiene el conocimiento, la trayectoria y la capacidad política para, a partir de un amplio proceso de diálogo social, convertir la agenda del trabajo decente en una agenda del país, que sin duda contribuirá a la construcción de una paz duradera.

Publicado 14 de agosto de 2014.

Publicado en Colombia
Miércoles, 14 Mayo 2014 08:03

¿Qué es el capitalismo verde?

Durante las últimas dos décadas se popularizó la noción de economía verde y se generó una nueva retórica sobre la solución a los problemas ambientales que hoy enfrentamos. Esta idea de economía verde también ha sido presentada como la solución a los problemas de estancamiento económico y de desempleo. Por eso la economía verde ha sido promovida por gobiernos, organismos internacionales y grandes grupos corporativos.
Pero, vamos al grano. La economía verde es sinónimo de capitalismo verde. Y entonces la pregunta es la siguiente: ¿Bajo qué condiciones es posible concebir una plataforma duradera de acumulación de capital que sea compatible con el mejoramiento del ambiente y con la buena salud de la biósfera a largo plazo?


El capitalismo verde estaría soportado por dos pilares. El primero consistiría en una serie de mercancías y procesos de producción que serían menos dañinos para el medio ambiente. El reciclaje y la mayor eficiencia tecnológica serían principios rectores en todo proceso productivo. El segundo sería el del mercado como herramienta para reparar los problemas ambientales existentes, desde la concentración de gases invernadero en la atmósfera, hasta los daños a los ecosistemas. La solución de mercado estaría asociada a la privatización y mercantilización de todos los componentes de la naturaleza. En el capitalismo verde, la naturaleza es un conjunto de objetos físicos que puede ser apropiado y valorizado como cualquier insumo del proceso de producción capitalista. La noción de capital natural sería un componente de esta visión en la que el crecimiento sería compatible con la conservación. Lo anterior quiere decir que la economía capitalista estaría en condiciones de generar e introducir en la producción y en el consumo tecnologías que permitirían, entre otras cosas, reducir el componente energético en la ecuación de costos totales.


En una economía capitalista la transición a una nueva plataforma de acumulación de capital entraña un proceso de transformación tecnológica de gran amplitud. Esto tiene que apoyarse en un flujo de inversiones que permita la introducción masiva de innovaciones que respondan a los criterios anteriores.


En el pasado el capitalismo demostró tener una gran capacidad para el cambio tecnológico. Por eso la ideología neoliberal sostiene que para cualquier escenario ambiental el capital siempre es capaz de encontrar tecnologías que permitan reducir el costo de producción. Pero en las condiciones actuales, con una economía global dominada por el capital financiero, y en medio de una lucha internacional por ver quien ocupa el papel de potencia hegemónica (y reorganiza la economía mundial alrededor de sus intereses) es posible que el capital no tenga esa capacidad transformadora.


Es importante aclarar que los intereses del capital financiero no favorecen el cambio estructural que tendría que darse en la esfera industrial. Además, la política macroeconómica en todo el mundo está orientada a cuidar los intereses del capital financiero, como lo demuestra la obsesión por la 'estabilidad de precios'. El resultado no facilita el cambio estructural en la economía real.


Los capitalistas necesitan tener expectativas de que sus inversiones con nuevas tecnologías (verdes) podrán ser recuperadas y estarán asociadas a ganancias adecuadas sobre un horizonte temporal satisfactorio. Y esta alusión a la tasa de ganancia conlleva una referencia a la relación salarial: aquí entramos en una discusión que los proponentes de la economía verde rehuyen sistemáticamente. Se permite hablar de capital pero todavía no se puede pronunciar la palabra salarios.


Mantener estable la tasa de rentabilidad implica, en la coyuntura actual, reprimir el crecimiento de los salarios. Pero la represión salarial conlleva problemas agudos de realización de mercancías a menos que se recurra al crédito. Eso es lo que permitió sostener la norma de consumo durante las últimas cuatro décadas en las principales economías capitalistas, pero el proceso desembocó en la crisis de 2008. Es difícil salir de este dilema porque las instituciones y normas sociales que condujeron al estancamiento salarial son rígidas y no podrán modificarse fácilmente.


Un problema adicional es el de la sobre-inversión en casi todas las ramas importantes de la industria a nivel mundial. Desde las industrias cercanas a la base de recursos naturales (siderúrgica, cemento, aluminio, vidrio, etc.) hasta las industrias relacionadas con bienes de consumo final (automotriz, naval, electrónica, etc.), la capacidad productiva instalada rebasa con mucho la demanda global. Esto hará más difícil la transformación porque las ramas núcleo resistirán el cambio hasta que la amortización les asegure una rentabilidad adecuada.


Si el capitalismo verde es la respuesta, ¿cuál es la pregunta? El capital verde no es la solución a los graves problemas ambientales y mucho menos a la creciente desigualdad. Es una justificación ideológica a la necesidad de asegurar la continuidad de una relación social de explotación clasista.


Twitter: @anadaloficial

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La ONU denuncia que la discriminación racial se da de forma constante en todas las esferas de la sociedad estadounidense.

En ocasiones nada es más revelador que la crudeza de las cifras para comprender con detalle una problemática y darse de bruces con una desigualdad enquistada. En 1970 la tasa de pobreza en Estados Unidos entre los ciudadanos negros era del 33,6%. En 2012 fue del 35%. Entre los blancos también se ha producido un ligero incremento en esos 42 años -del 10% al 13%- , pero lo más acuciante es que la brecha entre ambas razas se ha mantenido intacta. Mientras, los latinos han experimentado un aumento aún más severo, del 24,3% al 33%. Este patrón racial se replica en el desempleo: desde 1972, cuando arrancó la estadística diferenciada, la tasa entre los negros ha sido siempre un 60% más alta que la de los blancos. En marzo la tasa global fue del 6,7; la de los blancos del 5,8% y la de los negros del 12,4%.


Martin, un hombre negro de unos sesenta años, dice desconocer el detallismo de estas cifras -que llevaron a la ONU a denunciar en marzo que "en la práctica" la discriminación se da de forma constante en todas las esferas de la sociedad estadounidense-, pero asegura ver continuamente su traslación real. "Sin duda, que la discriminación ha empeorado", clama en una mezcla de exaltación e impotencia. Sentado plácidamente en un banco en el que parece llevar horas, cuenta que está sin trabajo, que hace equilibrios para sobrevivir con ayudas del Gobierno y que lleva toda su vida viviendo en un apartamento en esta esquina de las calles 7 y U, al noreste del centro de Washington DC. Un barrio que lleva un par de años experimentado una drástica transformación: los humildes establecimientos, edificios y residentes afroamericanos van siendo gradualmente sustituidos por locales e inmuebles modernos habitados por jóvenes blancos de clase media. "El cambio es bonito pero el racismo persiste y está dispersando a la gente por lo escandalosos que son los alquileres. Esto antes era el Broadway negro de EE UU", se queja con la mirada perdida.


Pero lo que más molesta a Martin es que el cambio apenas le beneficie -como tampoco lo hace que las economías de EE UU y Washington crezcan- y genere, además, un doble rasero policial, fundamentado según él en un racismo intrínseco. "Si estoy bebiendo una cerveza en la calle me para un policía, pero si lo hace un joven blanco de los que viven por aquí no le dicen nada", denuncia. Rehúye contar su historia personal, pero deja caer que estuvo preso por drogas y que después, pese a estar licenciado en una profesión técnica, el lastre de la cárcel le ha impedido encontrar trabajos de calidad: "Fuera de la prisión el Gobierno no te ayuda, te lanza de nuevo a las calles. ¿Y qué haces? Es muy fácil volver a hacer lo que hacías antes, delinques y vuelves a la cárcel".


En ese momento se une a la conversación Paul, un amigo negro de Martin de edad similar, que deambulaba por la calle y que también ha estado preso. "La educación es lo más importante", afirma. "Hay que ayudar a los jóvenes. Por el barrio algunos te cuentan que para qué van a trabajar por 500 dólares si vendiendo drogas se sacan 800. Ese es el problema, pero qué le vamos a hacer". Es un círculo perverso que tiene su origen en el entorno socioeconómico y en la educación, que la policía y la justicia pueden agravar, y que merma a la postre el desarrollo de esa persona. Y que el tiempo no cura: la movilidad social se mantiene estancada 50 años después de la aprobación de la Ley de Derechos Civiles.


La creciente desigualdad de ingresos en EE UU y el freno del ascensor social afectan al conjunto de la población, pero como todo golpean con más dureza a las minorías raciales. Antes del estallido de la crisis en 2007, la renta media de una familia blanca era de 135.000 dólares (muy inflada por los más ricos), mientras la de una de color de 12.000, según un estudio de Darrick Hamilton, profesor de economía en The New School en Nueva York. Esto significaba que por cada dólar de riqueza de una familia blanca, una negra tenía nueve céntimos. Pero tras la crisis la distancia se ha multiplicado: cinco céntimos por cada dólar. Y han salido a traslucir divergencias aún más mayúsculas: el 85% de las familias negras y latinas gozan de una renta total inferior a la media de todos los blancos.

 

La población es muy consciente de la brutalidad de estas disparidades. Según una encuesta de 2013, un 57% de los blancos consideran que existe algún tipo de discriminación hacia los negros, mientras entre los negros la proporción sube al 88%. ¿Pero qué es, en definitiva, lo que explica estas tristes diferencias económicas? "Mientras no ha habido apenas reducción en la brecha de riqueza en los últimos 50 años, hubo una mejora laboral hasta mediados de los años 70 gracias a varias leyes, programas de afirmación positiva y mejoras en el acceso a la educación", apunta Hamilton por teléfono. "Pero desde entonces la brecha se ha mantenido por una falta de énfasis contra la discriminación". En paralelo, han influido los otros factores que, en general, han acrecentado la desigualdad de ingresos en el país, como el desplome de los sindicatos, el auge de la competencia global, la disparidad salarial o las elevadas ganancias del capital, que han beneficiado a lo más ricos.


Y al margen, sostiene el profesor, se ha incrustado una suerte de prejuicio racial permanente en algunas esferas. Como ejemplo, menciona un estudio que demostró que en un proceso de selección de un trabajo una persona de color que envía un mejor currículum tiene menos opciones de ser contratada que una blanca con peor expediente. Por ello, pide tomar más medidas, como que el Gobierno contrate más trabajadores y a mejores condiciones para forzar al sector privado a mejorar las suyas, que se cree un fondo de ayuda para los niños pobres al cual solo puedan acceder como adultos para "nivelar el terreno de juego" con los más ricos, y que el sistema fiscal sea más progresivo para que las familias con bajos ingresos no permanezcan "encerradas en la pobreza".


Desde que accedió a la presidencia de EE UU en 2009, Barack Obama, ha evitado poner el foco directamente en la discriminación racial. Salvo algunas iniciativas, ha insistido en que el verdadero debate debe centrarse en la creación de puestos de trabajo y ha irritado a algunos sectores afroamericanos al hablar de "responsabilidad personal" y de no abrazar el victimismo. En los últimos meses, la lucha contra la desigualdad se ha convertido en el epicentro discursivo de Obama, que anunció en febrero un aumento del salario mínimo federal de 7,25 dólares por hora a 10,10.


Aunque ahora recobren protagonismo, los reclamos económicos de los negros no son nada nuevo. Basta recordar que la marcha a Washington de agosto de 1963, que culminó con el famoso discurso de Martin Luther King, reclamaba más trabajo y mejores sueldos. Entonces se pedía que el salario mínimo pasara de 1,15 dólares por hora a 2. Según la evolución de la inflación, esos 1,15 dólares supondrían hoy unos 8,80. Al año siguiente la vergonzosa segregación racial terminó oficialmente, pero medio siglo después aún queda mucho recorrido: la crudeza de las cifras hace innegables los efectos económicos de la discriminación.

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En España, los índices de pobreza se han disparado. El Instituto Nacional de Estadística (INE) desglosa para 2012 los siguientes datos: una de cada cuatro personas está en situación de pobreza, 2 por ciento de hogares se retrasa en el pago de sus facturas domésticas, agua, luz, teléfono, y 12 por ciento tiene dificultades para llegar a finales de mes. Igualmente, 21.1 por ciento de la población vive por debajo del umbral de pobreza. El Unicef recalca que la pobreza infantil ha superado 27 por ciento. Y nuevamente el INE subraya que los ingresos anuales de los hogares disminuyeron 1.31 por ciento respecto de 2011 y el ingreso medio por persona se sitúa por debajo de 6.320 euros. Igualmente, 3 millones de familias viven (sobreviven, mejor dicho) con menos de 300 euros al mes y como último dato, lo que antes era una realidad para la mayoría de las familias españolas, tomar vacaciones una semana al año hoy es un lujo asiático. Un 44.5 por ciento de familias no pueden vacacionar, cifra 5.6 puntos más elevada que en 2011. Lo dicho refleja un creciente aumento de las desigualdades sociales. El informe de la OCDE de 2014 evidenció que 10 ciento de hogares españoles con menos ingresos perdió un tercio de sus ingresos entre 2007 y 2010, con una caída anual de 14 ciento, aproximadamente. Mientras tanto, el 10 ciento más rico sólo disminuyó 1 ciento. En conclusión, en 2013 los ingresos del decil más rico fueron 13 veces más altos que el más pobre.


En cuanto al desempleo, tampoco las cosas han cambiado de rumbo. En 2013, el porcentaje se sitúa en 26.7 ciento de la población activa. En los pasados 12 meses de gobierno del Partido Popular se han perdido 800 mil empleos. Además, 2.7 millones de parados no cobran ningún tipo de prestación social, lo cual sitúa la tasa de cobertura por desempleo en mínimos históricos. Si en 2012 era de 64.05 ciento, en diciembre de 2013 bajó a 61.44 ciento. Asimismo, el paro juvenil afecta a 57.7 ciento del colectivo. A todo lo anterior debemos agregar que el empleo ha visto crecer los contratos basura, a tiempo parcial y en formación, en detrimento de los contratos fijos, de calidad e indefinidos. Es decir, la reforma laboral se cobra frutos en todas las esferas. Abaratando el despido, favoreciendo contratos miserables, disolviendo la negociación colectiva y haciendo que empresas con pingües beneficios se acojan al decreto de solicitud de Expedientes de Regulación de Empleo (ERE). Es la manera expedita de reducir personal, quitarse de encima a trabajadores experimentados y con sueldos por encima de mil 500 euros, cuya edad supera 45 años. El caso más sangrante: Coca Cola. Su dirección en España solicita el despido de un quinto de su plantilla y promueve el cierre de cuatro de sus 11 plantas, entre ellas la joya de la corona, situada en Fuenlabrada, extra radio de Madrid, cuya tecnología de punta la hace ser la más rentable de Europa en la relación coste-beneficio. El objetivo pretendido con su cierre es recontratar en otros sitios al personal bajando los sueldos y empeorando las condiciones de trabajo. Ejemplo: su planta en Portugal, cuyos trabajadores cobran poco más de 500 euros al mes.


A lo anterior sumemos la política de desahucios llevada a cabo por los bancos en connivencia con el Partido Popular, que se negó a legislar la dación en pago cuando las familias no pueden hacer frente al crédito hipotecario. Según el Banco de España, en 2013 hubo una media diaria de 216 actos de ejecución hipotecaria. Sólo en los primeros seis meses de 2013 la cifra alcanzó 19 mil 567 ejecuciones. En 2012 fueron 32 mil 490 actuaciones judiciales. En la actualidad se produce una cada 15 minutos. El drama que asola a las familias abocadas a vivir en la calle, albergues, coches o regresar a la vivienda de sus padres, perseguidas como delincuentes por los acreedores, crecen exponencialmente. Los bancos prefieren mirar hacia otro lado y continuar los embargos. Entre ellos destacan Santander, el BBVA, Bankia, Caixa o Ibercaja. El suicidio ha sido considerado una alternativa de protesta y constituye un llamado de atención. Valga señalar que en 2012 fueron 16 casos reconocidos por impago.


Pan, trabajo y techo para todos,son las reivindicaciones que este 22 de marzo las marchas por la dignidad recorren Madrid. Mujeres, jóvenes, desempleados, jubilados, trabajadores en paro, estudiantes, sindicalistas, militantes de organizaciones no gubernamentales, actores, intelectuales y la sociedad civil en su conjunto confluyen pidiendo un cambio de rumbo. Un basta a la política neoliberal de privatizaciones, austeridad y recortes iniciada con el gobierno de Rodríguez Zapatero y continuada por el actual de Mariano Rajoy.


Miles de personas enarbolan pancartas. En las calles vemos a discapacitados acompañados de familiares pugnando por recuperar los fondos de ayuda de la ley de dependencia, esquilmados por el Partido Popular. Observamos a estudiantes que reivindican sus becas anuladas por los recortes, jóvenes pidiendo acceso a la vivienda pública. Mujeres contra la ley del aborto, trabajadores exigiendo el respeto a sus derechos laborales y un empleo digno. Migrantes sin papeles solicitando su regularización. También los jubilados se hacen notar, exigiendo una pensión digna. Desahuciados que claman la eliminación de la deuda eterna de sus viviendas en manos de los bancos. Así, las marchas por la dignidad caminan y se hacen notar en Madrid.


Pan, trabajo y techo para todos. Una reivindicación que no hace mucho tiempo podría ser considerada un exceso en España, hoy es el punto de partida para reconducir el despropósito de la barbarie capitalista. El eslogan no responde a una reivindicación retórica. Sintetiza las dificultades y miserias que pesan sobre la clase trabajadora y las familias españolas en medio de una crisis que ha tenido al capital financiero, las empresas trasnacionales y los fondos buitres de riesgo entre sus beneficiarios. La dignidad de España, como de costumbre, se sitúa abajo y a la izquierda.

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La creciente desigualdad de renta en Estados Unidos tiene su mayor traslación en las grandes ciudades, donde se hace más palpable y real la acuciante brecha de ingresos entre ricos y pobres. Una problemática profunda, con múltiples causas y ramificaciones, que el presidente Barack Obama ha puesto en el foco del debate legislativo en los últimos meses al tildarla como "el mayor desafío de nuestro tiempo", y que revela cómo los coletazos de la crisis económica de 2008 han golpeado mucho más a los ricos que a los pobres, y han mermado notablemente los fundamentos de la clase media norteamericana.


Según un reciente informe de Brookings, un centro de estudios con sede en Washington, el 5% más acaudalado de la población en las 50 principales urbes ingresa 10,8 veces más que el 20% más depauperado; mientras en el conjunto de EE UU el ratio de diferencia es del 9,1. En cifras absolutas, con datos de 2012, esto se traduce en que los más prósperos en las ciudades ganaron 196.000 dólares en contraposición a los 192.000 del promedio nacional; mientras los más pobres ingresaron 18.100 dólares en las grandes urbes, por debajo de los 21.000 de sus equivalentes en el resto del país. En conjunto, de las 50 grandes ciudades, 31 registran niveles de desigualdad superiores a los del promedio norteamericano.


El debate de la disparidad y de cómo combatirla también se ha adentrado en la arena política de algunas ciudades, como Nueva York, Boston, Seattle, San Francisco o Minneapolis. Pero en un país de enormes magnitudes como éste el panorama no es homogéneo y los desequilibrios varían según el municipio. De acuerdo con el documento, Atlanta, San Francisco, Miami, Boston y Washington DC son las cinco urbes con mayores desigualdades de EE UU. También destacan el sexto lugar de Nueva York, el octavo de Chicago y el noveno de Los Angeles. En el otro extremo, las que experimentan menos disparidades de renta entre sus ciudadanos son Virgina Beach, Arlington, Mesa, Las Vegas y Wichita.
"La desigualdad puede ser el resultado de fuerzas económicas globales, pero importa en el mundo local", sostiene el autor del informe, Alan Berube, responsable del departamento metropolitano de Brookings. "Buena parte de los servicios públicos se prestan a nivel local, y en una ciudad desigual sostener esta financiación es complicado", alerta en conversación telefónica. Por ejemplo, la base fiscal puede ser demasiado estrecha para pagar ciertos servicios, lo que puede restarles también soporte político; las escuelas de la ciudad corren el riesgo de carecer de una mezcla adecuada de alumnos de distintos entornos socioeconómicos o el ayuntamiento puede tener dificultades de ofrecer viviendas a precios accesibles a los ciudadanos más humildes.


Mientras en Atlanta los más ricos gozan de unos ingresos 18,8 veces superiores a los de los más pobres, en Virginia Beach ganan 'solo' seis veces más. No existe un patrón único que explique esta amplia diferencia sino que es fruto de múltiples factores económicos y sociales. Atlanta y Virgina Beach tienen prácticamente el mismo número de habitantes (alrededor de 440.000), pero, en cambio, en la primera los pobres ganan la mitad que en la segunda mientras los ricos dos tercios más. Según Berube, esto se debe a que Atlanta -igual que San Francisco, Boston, Washington o Nueva York- dispone de sectores económicos que pagan salarios muy altos a sus trabajadores, que están altamente educados; mientras que Virgina Beach -igual que el resto de las ciudades menos desiguales- está muy expandida en el territorio, con múltiples suburbios, lo que hace que tenga una mayor clase media y por tanto menos distancia entre los extremos de renta.


Así, las urbes más desiguales de Estados Unidos se caracterizan por todo lo contrario: tienen en común una relativamente pequeña clase media. Pero, pese a esta coincidencia, existen diferencias de fondo entre ellas. Por ejemplo, San Francisco y Miami tienen una brecha similar, pero en la localidad de California se debe a que concentra a las personas con rentas más altas de EE UU -gracias al potencial tecnológico de Silicon Valley-, mientras en la de Florida a que es la tercera ciudad con los ingresos más bajos del país. De hecho, pese a los efectos de la crisis de 2008, los ricos de San Francisco se han hecho más ricos en los últimos años mientras los más pobres se hacían mucho más pobres.
El de San Francisco, no obstante, es un caso excepcional. Entre 2007 y 2012, en la mayoría de ciudades los más acaudalados perdieron ingresos, pero la clave recae en que lo hicieron a un ritmo mucho menor que los más depauperados. "Las reducciones de renta de los de más arriba fueron pérdidas en activos de inversión mientras las de más abajo supusieron pérdidas de puestos de trabajo. Por tanto, sus problemas son proporcionalmente más severos", apunta el investigador. Por ejemplo, en Jacksonville -la quinta ciudad donde más crecieron las desigualdades- la renta de los más prósperos cayó un 11% en ese intervalo de cinco años pero la de los menos prósperos se desplomó tres veces más, hasta un 31%.


No sorprenderá, por tanto, que las urbes que encabezan la triste clasificación de la desigualdad sean las que han experimentado un mayor incremento de la brecha entre ricos y pobres en los últimos años. Entre 2007 y 2012, la disparidad en San Francisco creció 3,9 veces; en Atlanta 3,1; y en Miami 2,1. De las 50 grandes ciudades, 18 registraron aumentos significativos de la desigualdad en ese periodo de tiempo. Y en la mayoría fue fruto de una pérdida de poder adquisitivo de las familias con bajos ingresos como consecuencia de los efectos de la desaceleración económica tras el estallido de la crisis. Por ejemplo, han sufrido especialmente los municipios del sur y el oeste del país -como Sacramento, Charlotte o Tucson- afectados por el colapso de la burbuja inmobiliaria y sus efectos directos sobre la creación de puestos de trabajo, y los del norte -como Cleveland, Indianapolis o Milwaukee- donde el declive industrial ha disparado la tasa de pobreza.


En el otro espectro de la balanza, El Paso, Seattle y Denver fueron las ciudades donde más se redujo la desigualdad en esos cinco años gracias en parte a que tienen sueldos mínimos más elevados, lo que hizo que los ingresos de los menos prósperos cayeran con menos intensidad. Pero en algunos casos, como en Seattle, se trata de un resultado en cierto modo ficticio, pues se debe a que los pobres viven cada vez más a las afueras de la ciudad, por lo que su bajo nivel de renta queda fuera de las estadísticas municipales.

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