Las últimas décadas eran las décadas de las teorías del fin: se acababan –supuestamente– los conflictos ideológicos y la vieja lucha de clases (Fukuyama). Moría el trabajo (Rifkin).


Más que un reflejo de la realidad, fue una cortina de humo para el recrudecimiento de la guerra de clases bajo el neoliberalismo –un proyecto esencialmente clasista, David Harvey dixit– y los cambios en las modalidades del capital.
El antagonismo (o contradicción) capital/trabajo no desaparecía, se intensificaba; la explotación no disminuía, aumentaba; también la clase trabajadora como un sujeto no bajaba de la escena de la historia, sino crecía a escala global (¡China!), pasando al mismo tiempo –eso sí– por una profunda transformación.


Pero incluso algunas teorías que parecían explicar los nuevos fenómenos en torno al trabajo y el paso al posfordismo –flexibilización, desregulación, deslocalización, outsourcing, etcétera– resultaban igualmente problemáticas que las que tomaban al trabajo por muerto.

Este es el caso de Guy Standing, el economista británico, ex experto de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y del precariado, término que éste popularizó para hablar de una nueva clase emergente –" class-in-the-making"–, distinta al proletariado, atomizada y unida sólo por el miedo y la inseguridad (El precariado, la nueva clase peligrosa, 2011).


Zygmunt Bauman aplaudió el término y a Guy Standing incluso por haberlo acuñado (¡sic!) –en realidad el precariado apareció en Francia e Italia ya en los años 80 y reapareció con la crisis actual–, viéndolo igual como una clase nueva (" the un-class"), formada cuando el capital sólido se volvió líquido (Social Europe, 14/6/11). Pero eran las críticas las que resultaban más interesantes.

Jan Breman, poniendo la creciente inseguridad laboral (empleo temporal, autoempleo, etcétera) en el contexto del avance neoliberal (privatización, desindustrialización, etcétera) y ataque a la capacidad organizativa del trabajo –algo ignorado por Standing–, concluía que nada de esto es nuevo bajo el capitalismo y que el precariado es un... término chafa (New Left Review, no. 84, 11-12/13).

El mismo Standing, respondiendo a esta crítica insistía en las características singulares del precariado, tratando de poner su argumento en términos marxistas: mientras el proletariado hacía el trabajo de acuerdo con sus capacidades, el trabajo del precariado es muy inferior a éstas (Open Democracy, 4/3/14).


Pero así sólo confirmaba que su narrativa sobre el retroceso (y fin de un cierto contrato social) partía de una visión estrecha de la clase trabajadora élite con su formación especializada y sus logros sociales, un fenómeno históricamente y geográficamente limitado.

No obstante, el capital siempre vivía de los trabajadores precarios e inestables, sujetos a diferentes modalidades del empleo. Marx los llamaba el ejército industrial de reserva, una raison d'être del modo de producción capitalista. Esta siempre fue la cara del proletariado, sobre todo a escala global. La inseguridad y no la estabilidad fue la condición original de la proletarianización. Hoy el grupo de los trabajadores precarios vuelve a crecer, pero apenas ayer estuvo con nosotros.

Sigue en las páginas del Manifesto comunista (1848): La creciente competencia entre burguesía y las crisis comerciales hacen los salarios de los trabajadores más volátiles y el desarrollo de la maquinaria hace sus vidas más y más precarias, lo que lleva a una creciente confrontación entre las dos clases.

O de El Capital (1867): El movimiento de la industria moderna reside en la transformación constante de la gente trabajadora en desempleados y semiempleados.

También Richard Seymour –autor de Against austerity, 2014– vio al precariado como un término poco convincente e impresionista, rechazando categóricamente –desde el marxismo y la mirada de Nicos Poulantzas– el erróneo afán de Standing de tratarlo como una clase nueva e incluso de suplantar las viejas clases por un sistema actualizado –¡sic!– (New Left Project, 10/2/12 y los intercambios siguientes: New Left Project, 15/3/12, y Lenin's Tomb, 15/3/12).


A unas conclusiones parecidas llegó Jarek Urbanski, sociólogo polaco y activista sindical, en su nuevo libro (Prekariat i nowa walka klas/El precariado y la nueva lucha de clases, 2014), donde argumenta que lo que cambia no son las clases, sino las estrategias del capital para dominar al trabajo y moldearlo según sus necesidades y ciclos productivos, ocasionando –también mediante la precarización– la recomposición de la clase trabajadora (confundida a menudo con su fin).

Apoyándose en la teoría de la composición de clase, que enfatiza el tema del conflicto, subraya que los cambios dentro del sistema no son sólo resultado del avance del capital, sino también de la reacción de los trabajadores, que pasan por un proceso constante de transformación. Así, los trabajadores precarios no emergen como una clase nueva, sino fruto de una nueva fase (neoliberal) de la lucha de clases.


Bien recordaba Seymour que la clase es un concepto relacional que no existe empíricamente por sí solo: se forma sólo en relación con otras, algo fundamentalmente antagónico centrado en el capitalismo en torno a la producción y la reproducción del sistema.

Aquí resulta atinada la percepción (dialéctica) de Noam Chomsky que, hablando de la situación del mundo de trabajo –muy diferente, por ejemplo, a la de los años 30–, apunta al reverso del precariado: el uno por ciento y la plutonomía, economía gobernada por y para los ricos.

Cita un folleto de Citigroup que invitaba a los ricos a invertir en bienes de lujo en el mundo dividido entre la plutonomía y el resto; subraya, en el contexto estadunidense, el papel de la Fed en empujar la inseguridad laboral para someter a los trabajadores y hacerlos más dóciles, evidenciando que la precarización no es algo objetivo, vinculado, por ejemplo, sólo con el cambio tecnológico, sino fruto de la campaña de los de arriba (Counterpunch, 8/5/12).


Warren Buffet, el cuarto hombre más rico del mundo, dijo una vez (algo que le gusta mucho repetir a Harvey): Claro que existe la lucha de clases, y es mi clase la que va ganando.

*Periodista polaco
Twitter: @periodistapl

Publicado en Economía
Viernes, 15 Agosto 2014 05:31

Los retos del nuevo ministro de trabajo

El reciente nombramiento de Luis Eduardo Garzón como Ministro de Trabajo puede interpretarse como una buena señal para las y los trabajadores, pues se trata del nombramiento de una persona que viene del movimiento sindical y conoce bien la realidad del trabajo en el país, y seguramente va a generar confianza en diversos sectores sindicales a través de acciones contundentes en la promoción del trabajo decente.
Son muchos los retos que tiene esta cartera, principalmente relacionados con la formalización, la protección de las libertades sindicales y la necesidad de revertir la cultura antisindical que se mantiene en el país.


Es menester que esta cartera cumpla un contundente papel en la formulación y dirección las políticas de generación de empleo, de seguridad social y de formación para el empleo. Además, debe fortalecer su capacidad para hacer cumplir los derechos laborales mediante la inspección del trabajo y promover y fortalecer los actores del diálogo social, asunto en el que se esperaría sea de gran importancia la experiencia del nuevo ministro.


Deberá tener también la suficiente capacidad para responder al conjunto de retos laborales y sindicales del momento, y cumplir con los estándares mínimos fijados por los convenios de la OIT y las recomendaciones de la Misión del Alto Nivel de la OIT que visitó el país en febrero de 2011, pues aún hay asuntos pendientes.


Hoy vale la pena recordar las tareas pendientes y deudas que el Ministerio de Trabajo tiene con las y los trabajadores:


1. Implementar políticas promotoras y protectoras de empleo:


En la agenda del país es central la superación del déficit de trabajo decente. Es decir, el trabajo con contrato laboral, seguridad social, libertad de asociación, negociación y huelga debe ser una prioridad. Se requiere un gran pacto social que redefina los objetivos del desarrollo económico, el papel del Estado y de las empresas, y que ponga el trabajo decente en el centro de la política social. Podría ser el inicio del cumplimiento de la promesa del Estado Social consagrado en el Constitución del 91.


Según las metas de empleo planteadas por el gobierno Santos en 2010, se crearían 2,4 millones de empleos nuevos hasta 2014, lo que se cumplió parcialmente, pues se crearon 1´822.000 empleos en el cuatrienio y buena parte de éstos en condiciones precarias. Esta es una deuda con los trabajadores que se debe saldar. Para este nuevo período se esperaría que, por lo menos, se cumpla la nueva meta de 2,5 millones más de nuevos empleos sin precariedad y de calidad.

Y de manera particular se deben garantizar las condiciones de trabajo decente para las mujeres. Debería ser tema de especial atención para el Ministerio de Trabajo la realización de inspecciones en materia de discriminación contra las mujeres, adoptar indicadores de trabajo decente con perspectiva de género y fomentar la equidad de género en el mundo del trabajo mediante la concertación de políticas públicas y garantizar el acceso de las mujeres al empleo en condiciones de trabajo decente.

Para tomar decisiones acertadas en este sentido, será necesario mejorar el conocimiento y la información sobre el empleo de la que dispone el Ministerio, esto requerirá el rediseño concertado de las encuestas que realiza el DANE relacionado con las condiciones de empleo, de tal manera que todas las facetas del trabajo decente propuestas por OIT sean incluidas.


2. Impulsar la formalización del empleo:

Se requieren procesos de diálogo social, estrategias de reforzamiento de la inspección laboral, sancionar formas de intermediación laboral ilegal, campañas de sensibilización y formación a servidores públicos, empresarios, sindicalistas y trabajadores sobre el Trabajo Decente y la libertad sindical, y promover pactos sectoriales tripartitos por el Trabajo Decente. Un importante paso sería formalizar el trabajo al interior del mismo Ministerio del Trabajo, en el SENA y promoverlo en el conjunto de las instituciones del sector público.


3. Fortalecimiento del sistema de inspección laboral:


Un importante reto para el nuevo ministro es hacer efectivo un sistema de inspección laboral en Colombia, para esto se requiere de las condiciones materiales y los medios humanos suficientes.


Por ello es necesario contar con un número de inspectores suficiente, que deben llegar a 2.000 por lo menos; inspectores capacitados y especializados, con competencias para enfrentar las distintas situaciones de riesgo y vulneración de los derechos laborales, con la autoridad suficiente para hacer efectivas sus decisiones, convenientemente remunerados al mismo nivel de los jueces laborales, en carrera administrativa, con independencia y controles a sus actuaciones y que dispongan de los materiales e insumos necesarios para el desarrollo de sus funciones. Además es necesario hacer inspección preventiva. Estas medidas deben tener un impacto significativo en el ejercicio de la libertad sindical y en la reducción de la ilegalidad en materia laboral.


4. Fortalecer su papel en la garantía de las libertades sindicales:


Es de vital importancia que el Ministerio del Trabajo promueva y defienda las libertades sindicales en Colombia, pero que además sancione sin titubeos el uso ilegal de los pactos colectivos y planes de beneficios, y juegue un papel importante en la discusión sobre el derecho de huelga en el país.


Debe además, jugar un papel destacado en la reparación colectiva al movimiento sindical, entendida ésta, principalmente, como la oportunidad de transformar las condiciones de trabajo y libertades sindicales, tomando todas las medidas para remover la cultura antisindical que vive el país, por ejemplo, con campañas de comunicación permanentes, foros, seminarios y publicaciones que expliquen el lugar fundamental del sindicalismo en la democracia.


5. Fortalecimiento de un sistema de justicia laboral:


Debe asegurarse un sistema ciudadano de denuncias, que resuelva los obstáculos que las y los trabajadores y las organizaciones sindicales encuentran para denunciar, tales como líneas de atención con horarios adecuados para los trabajadores, reserva de los datos de los denunciantes, entre otros.


Además debe garantizarse el acceso a la justicia (en el caso de querellas laborales ante el Ministerio de Trabajo) en condiciones de celeridad, implementar medidas que descongestionen los casos represados, y que se garantice imparcialidad para proteger los derechos de las y los trabajadores.

El nuevo Ministro de Trabajo, Luis Eduardo Garzón, tiene el conocimiento, la trayectoria y la capacidad política para, a partir de un amplio proceso de diálogo social, convertir la agenda del trabajo decente en una agenda del país, que sin duda contribuirá a la construcción de una paz duradera.

Publicado 14 de agosto de 2014.

Publicado en Colombia
Miércoles, 14 Mayo 2014 08:03

¿Qué es el capitalismo verde?

Durante las últimas dos décadas se popularizó la noción de economía verde y se generó una nueva retórica sobre la solución a los problemas ambientales que hoy enfrentamos. Esta idea de economía verde también ha sido presentada como la solución a los problemas de estancamiento económico y de desempleo. Por eso la economía verde ha sido promovida por gobiernos, organismos internacionales y grandes grupos corporativos.
Pero, vamos al grano. La economía verde es sinónimo de capitalismo verde. Y entonces la pregunta es la siguiente: ¿Bajo qué condiciones es posible concebir una plataforma duradera de acumulación de capital que sea compatible con el mejoramiento del ambiente y con la buena salud de la biósfera a largo plazo?


El capitalismo verde estaría soportado por dos pilares. El primero consistiría en una serie de mercancías y procesos de producción que serían menos dañinos para el medio ambiente. El reciclaje y la mayor eficiencia tecnológica serían principios rectores en todo proceso productivo. El segundo sería el del mercado como herramienta para reparar los problemas ambientales existentes, desde la concentración de gases invernadero en la atmósfera, hasta los daños a los ecosistemas. La solución de mercado estaría asociada a la privatización y mercantilización de todos los componentes de la naturaleza. En el capitalismo verde, la naturaleza es un conjunto de objetos físicos que puede ser apropiado y valorizado como cualquier insumo del proceso de producción capitalista. La noción de capital natural sería un componente de esta visión en la que el crecimiento sería compatible con la conservación. Lo anterior quiere decir que la economía capitalista estaría en condiciones de generar e introducir en la producción y en el consumo tecnologías que permitirían, entre otras cosas, reducir el componente energético en la ecuación de costos totales.


En una economía capitalista la transición a una nueva plataforma de acumulación de capital entraña un proceso de transformación tecnológica de gran amplitud. Esto tiene que apoyarse en un flujo de inversiones que permita la introducción masiva de innovaciones que respondan a los criterios anteriores.


En el pasado el capitalismo demostró tener una gran capacidad para el cambio tecnológico. Por eso la ideología neoliberal sostiene que para cualquier escenario ambiental el capital siempre es capaz de encontrar tecnologías que permitan reducir el costo de producción. Pero en las condiciones actuales, con una economía global dominada por el capital financiero, y en medio de una lucha internacional por ver quien ocupa el papel de potencia hegemónica (y reorganiza la economía mundial alrededor de sus intereses) es posible que el capital no tenga esa capacidad transformadora.


Es importante aclarar que los intereses del capital financiero no favorecen el cambio estructural que tendría que darse en la esfera industrial. Además, la política macroeconómica en todo el mundo está orientada a cuidar los intereses del capital financiero, como lo demuestra la obsesión por la 'estabilidad de precios'. El resultado no facilita el cambio estructural en la economía real.


Los capitalistas necesitan tener expectativas de que sus inversiones con nuevas tecnologías (verdes) podrán ser recuperadas y estarán asociadas a ganancias adecuadas sobre un horizonte temporal satisfactorio. Y esta alusión a la tasa de ganancia conlleva una referencia a la relación salarial: aquí entramos en una discusión que los proponentes de la economía verde rehuyen sistemáticamente. Se permite hablar de capital pero todavía no se puede pronunciar la palabra salarios.


Mantener estable la tasa de rentabilidad implica, en la coyuntura actual, reprimir el crecimiento de los salarios. Pero la represión salarial conlleva problemas agudos de realización de mercancías a menos que se recurra al crédito. Eso es lo que permitió sostener la norma de consumo durante las últimas cuatro décadas en las principales economías capitalistas, pero el proceso desembocó en la crisis de 2008. Es difícil salir de este dilema porque las instituciones y normas sociales que condujeron al estancamiento salarial son rígidas y no podrán modificarse fácilmente.


Un problema adicional es el de la sobre-inversión en casi todas las ramas importantes de la industria a nivel mundial. Desde las industrias cercanas a la base de recursos naturales (siderúrgica, cemento, aluminio, vidrio, etc.) hasta las industrias relacionadas con bienes de consumo final (automotriz, naval, electrónica, etc.), la capacidad productiva instalada rebasa con mucho la demanda global. Esto hará más difícil la transformación porque las ramas núcleo resistirán el cambio hasta que la amortización les asegure una rentabilidad adecuada.


Si el capitalismo verde es la respuesta, ¿cuál es la pregunta? El capital verde no es la solución a los graves problemas ambientales y mucho menos a la creciente desigualdad. Es una justificación ideológica a la necesidad de asegurar la continuidad de una relación social de explotación clasista.


Twitter: @anadaloficial

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La ONU denuncia que la discriminación racial se da de forma constante en todas las esferas de la sociedad estadounidense.

En ocasiones nada es más revelador que la crudeza de las cifras para comprender con detalle una problemática y darse de bruces con una desigualdad enquistada. En 1970 la tasa de pobreza en Estados Unidos entre los ciudadanos negros era del 33,6%. En 2012 fue del 35%. Entre los blancos también se ha producido un ligero incremento en esos 42 años -del 10% al 13%- , pero lo más acuciante es que la brecha entre ambas razas se ha mantenido intacta. Mientras, los latinos han experimentado un aumento aún más severo, del 24,3% al 33%. Este patrón racial se replica en el desempleo: desde 1972, cuando arrancó la estadística diferenciada, la tasa entre los negros ha sido siempre un 60% más alta que la de los blancos. En marzo la tasa global fue del 6,7; la de los blancos del 5,8% y la de los negros del 12,4%.


Martin, un hombre negro de unos sesenta años, dice desconocer el detallismo de estas cifras -que llevaron a la ONU a denunciar en marzo que "en la práctica" la discriminación se da de forma constante en todas las esferas de la sociedad estadounidense-, pero asegura ver continuamente su traslación real. "Sin duda, que la discriminación ha empeorado", clama en una mezcla de exaltación e impotencia. Sentado plácidamente en un banco en el que parece llevar horas, cuenta que está sin trabajo, que hace equilibrios para sobrevivir con ayudas del Gobierno y que lleva toda su vida viviendo en un apartamento en esta esquina de las calles 7 y U, al noreste del centro de Washington DC. Un barrio que lleva un par de años experimentado una drástica transformación: los humildes establecimientos, edificios y residentes afroamericanos van siendo gradualmente sustituidos por locales e inmuebles modernos habitados por jóvenes blancos de clase media. "El cambio es bonito pero el racismo persiste y está dispersando a la gente por lo escandalosos que son los alquileres. Esto antes era el Broadway negro de EE UU", se queja con la mirada perdida.


Pero lo que más molesta a Martin es que el cambio apenas le beneficie -como tampoco lo hace que las economías de EE UU y Washington crezcan- y genere, además, un doble rasero policial, fundamentado según él en un racismo intrínseco. "Si estoy bebiendo una cerveza en la calle me para un policía, pero si lo hace un joven blanco de los que viven por aquí no le dicen nada", denuncia. Rehúye contar su historia personal, pero deja caer que estuvo preso por drogas y que después, pese a estar licenciado en una profesión técnica, el lastre de la cárcel le ha impedido encontrar trabajos de calidad: "Fuera de la prisión el Gobierno no te ayuda, te lanza de nuevo a las calles. ¿Y qué haces? Es muy fácil volver a hacer lo que hacías antes, delinques y vuelves a la cárcel".


En ese momento se une a la conversación Paul, un amigo negro de Martin de edad similar, que deambulaba por la calle y que también ha estado preso. "La educación es lo más importante", afirma. "Hay que ayudar a los jóvenes. Por el barrio algunos te cuentan que para qué van a trabajar por 500 dólares si vendiendo drogas se sacan 800. Ese es el problema, pero qué le vamos a hacer". Es un círculo perverso que tiene su origen en el entorno socioeconómico y en la educación, que la policía y la justicia pueden agravar, y que merma a la postre el desarrollo de esa persona. Y que el tiempo no cura: la movilidad social se mantiene estancada 50 años después de la aprobación de la Ley de Derechos Civiles.


La creciente desigualdad de ingresos en EE UU y el freno del ascensor social afectan al conjunto de la población, pero como todo golpean con más dureza a las minorías raciales. Antes del estallido de la crisis en 2007, la renta media de una familia blanca era de 135.000 dólares (muy inflada por los más ricos), mientras la de una de color de 12.000, según un estudio de Darrick Hamilton, profesor de economía en The New School en Nueva York. Esto significaba que por cada dólar de riqueza de una familia blanca, una negra tenía nueve céntimos. Pero tras la crisis la distancia se ha multiplicado: cinco céntimos por cada dólar. Y han salido a traslucir divergencias aún más mayúsculas: el 85% de las familias negras y latinas gozan de una renta total inferior a la media de todos los blancos.

 

La población es muy consciente de la brutalidad de estas disparidades. Según una encuesta de 2013, un 57% de los blancos consideran que existe algún tipo de discriminación hacia los negros, mientras entre los negros la proporción sube al 88%. ¿Pero qué es, en definitiva, lo que explica estas tristes diferencias económicas? "Mientras no ha habido apenas reducción en la brecha de riqueza en los últimos 50 años, hubo una mejora laboral hasta mediados de los años 70 gracias a varias leyes, programas de afirmación positiva y mejoras en el acceso a la educación", apunta Hamilton por teléfono. "Pero desde entonces la brecha se ha mantenido por una falta de énfasis contra la discriminación". En paralelo, han influido los otros factores que, en general, han acrecentado la desigualdad de ingresos en el país, como el desplome de los sindicatos, el auge de la competencia global, la disparidad salarial o las elevadas ganancias del capital, que han beneficiado a lo más ricos.


Y al margen, sostiene el profesor, se ha incrustado una suerte de prejuicio racial permanente en algunas esferas. Como ejemplo, menciona un estudio que demostró que en un proceso de selección de un trabajo una persona de color que envía un mejor currículum tiene menos opciones de ser contratada que una blanca con peor expediente. Por ello, pide tomar más medidas, como que el Gobierno contrate más trabajadores y a mejores condiciones para forzar al sector privado a mejorar las suyas, que se cree un fondo de ayuda para los niños pobres al cual solo puedan acceder como adultos para "nivelar el terreno de juego" con los más ricos, y que el sistema fiscal sea más progresivo para que las familias con bajos ingresos no permanezcan "encerradas en la pobreza".


Desde que accedió a la presidencia de EE UU en 2009, Barack Obama, ha evitado poner el foco directamente en la discriminación racial. Salvo algunas iniciativas, ha insistido en que el verdadero debate debe centrarse en la creación de puestos de trabajo y ha irritado a algunos sectores afroamericanos al hablar de "responsabilidad personal" y de no abrazar el victimismo. En los últimos meses, la lucha contra la desigualdad se ha convertido en el epicentro discursivo de Obama, que anunció en febrero un aumento del salario mínimo federal de 7,25 dólares por hora a 10,10.


Aunque ahora recobren protagonismo, los reclamos económicos de los negros no son nada nuevo. Basta recordar que la marcha a Washington de agosto de 1963, que culminó con el famoso discurso de Martin Luther King, reclamaba más trabajo y mejores sueldos. Entonces se pedía que el salario mínimo pasara de 1,15 dólares por hora a 2. Según la evolución de la inflación, esos 1,15 dólares supondrían hoy unos 8,80. Al año siguiente la vergonzosa segregación racial terminó oficialmente, pero medio siglo después aún queda mucho recorrido: la crudeza de las cifras hace innegables los efectos económicos de la discriminación.

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En España, los índices de pobreza se han disparado. El Instituto Nacional de Estadística (INE) desglosa para 2012 los siguientes datos: una de cada cuatro personas está en situación de pobreza, 2 por ciento de hogares se retrasa en el pago de sus facturas domésticas, agua, luz, teléfono, y 12 por ciento tiene dificultades para llegar a finales de mes. Igualmente, 21.1 por ciento de la población vive por debajo del umbral de pobreza. El Unicef recalca que la pobreza infantil ha superado 27 por ciento. Y nuevamente el INE subraya que los ingresos anuales de los hogares disminuyeron 1.31 por ciento respecto de 2011 y el ingreso medio por persona se sitúa por debajo de 6.320 euros. Igualmente, 3 millones de familias viven (sobreviven, mejor dicho) con menos de 300 euros al mes y como último dato, lo que antes era una realidad para la mayoría de las familias españolas, tomar vacaciones una semana al año hoy es un lujo asiático. Un 44.5 por ciento de familias no pueden vacacionar, cifra 5.6 puntos más elevada que en 2011. Lo dicho refleja un creciente aumento de las desigualdades sociales. El informe de la OCDE de 2014 evidenció que 10 ciento de hogares españoles con menos ingresos perdió un tercio de sus ingresos entre 2007 y 2010, con una caída anual de 14 ciento, aproximadamente. Mientras tanto, el 10 ciento más rico sólo disminuyó 1 ciento. En conclusión, en 2013 los ingresos del decil más rico fueron 13 veces más altos que el más pobre.


En cuanto al desempleo, tampoco las cosas han cambiado de rumbo. En 2013, el porcentaje se sitúa en 26.7 ciento de la población activa. En los pasados 12 meses de gobierno del Partido Popular se han perdido 800 mil empleos. Además, 2.7 millones de parados no cobran ningún tipo de prestación social, lo cual sitúa la tasa de cobertura por desempleo en mínimos históricos. Si en 2012 era de 64.05 ciento, en diciembre de 2013 bajó a 61.44 ciento. Asimismo, el paro juvenil afecta a 57.7 ciento del colectivo. A todo lo anterior debemos agregar que el empleo ha visto crecer los contratos basura, a tiempo parcial y en formación, en detrimento de los contratos fijos, de calidad e indefinidos. Es decir, la reforma laboral se cobra frutos en todas las esferas. Abaratando el despido, favoreciendo contratos miserables, disolviendo la negociación colectiva y haciendo que empresas con pingües beneficios se acojan al decreto de solicitud de Expedientes de Regulación de Empleo (ERE). Es la manera expedita de reducir personal, quitarse de encima a trabajadores experimentados y con sueldos por encima de mil 500 euros, cuya edad supera 45 años. El caso más sangrante: Coca Cola. Su dirección en España solicita el despido de un quinto de su plantilla y promueve el cierre de cuatro de sus 11 plantas, entre ellas la joya de la corona, situada en Fuenlabrada, extra radio de Madrid, cuya tecnología de punta la hace ser la más rentable de Europa en la relación coste-beneficio. El objetivo pretendido con su cierre es recontratar en otros sitios al personal bajando los sueldos y empeorando las condiciones de trabajo. Ejemplo: su planta en Portugal, cuyos trabajadores cobran poco más de 500 euros al mes.


A lo anterior sumemos la política de desahucios llevada a cabo por los bancos en connivencia con el Partido Popular, que se negó a legislar la dación en pago cuando las familias no pueden hacer frente al crédito hipotecario. Según el Banco de España, en 2013 hubo una media diaria de 216 actos de ejecución hipotecaria. Sólo en los primeros seis meses de 2013 la cifra alcanzó 19 mil 567 ejecuciones. En 2012 fueron 32 mil 490 actuaciones judiciales. En la actualidad se produce una cada 15 minutos. El drama que asola a las familias abocadas a vivir en la calle, albergues, coches o regresar a la vivienda de sus padres, perseguidas como delincuentes por los acreedores, crecen exponencialmente. Los bancos prefieren mirar hacia otro lado y continuar los embargos. Entre ellos destacan Santander, el BBVA, Bankia, Caixa o Ibercaja. El suicidio ha sido considerado una alternativa de protesta y constituye un llamado de atención. Valga señalar que en 2012 fueron 16 casos reconocidos por impago.


Pan, trabajo y techo para todos,son las reivindicaciones que este 22 de marzo las marchas por la dignidad recorren Madrid. Mujeres, jóvenes, desempleados, jubilados, trabajadores en paro, estudiantes, sindicalistas, militantes de organizaciones no gubernamentales, actores, intelectuales y la sociedad civil en su conjunto confluyen pidiendo un cambio de rumbo. Un basta a la política neoliberal de privatizaciones, austeridad y recortes iniciada con el gobierno de Rodríguez Zapatero y continuada por el actual de Mariano Rajoy.


Miles de personas enarbolan pancartas. En las calles vemos a discapacitados acompañados de familiares pugnando por recuperar los fondos de ayuda de la ley de dependencia, esquilmados por el Partido Popular. Observamos a estudiantes que reivindican sus becas anuladas por los recortes, jóvenes pidiendo acceso a la vivienda pública. Mujeres contra la ley del aborto, trabajadores exigiendo el respeto a sus derechos laborales y un empleo digno. Migrantes sin papeles solicitando su regularización. También los jubilados se hacen notar, exigiendo una pensión digna. Desahuciados que claman la eliminación de la deuda eterna de sus viviendas en manos de los bancos. Así, las marchas por la dignidad caminan y se hacen notar en Madrid.


Pan, trabajo y techo para todos. Una reivindicación que no hace mucho tiempo podría ser considerada un exceso en España, hoy es el punto de partida para reconducir el despropósito de la barbarie capitalista. El eslogan no responde a una reivindicación retórica. Sintetiza las dificultades y miserias que pesan sobre la clase trabajadora y las familias españolas en medio de una crisis que ha tenido al capital financiero, las empresas trasnacionales y los fondos buitres de riesgo entre sus beneficiarios. La dignidad de España, como de costumbre, se sitúa abajo y a la izquierda.

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La creciente desigualdad de renta en Estados Unidos tiene su mayor traslación en las grandes ciudades, donde se hace más palpable y real la acuciante brecha de ingresos entre ricos y pobres. Una problemática profunda, con múltiples causas y ramificaciones, que el presidente Barack Obama ha puesto en el foco del debate legislativo en los últimos meses al tildarla como "el mayor desafío de nuestro tiempo", y que revela cómo los coletazos de la crisis económica de 2008 han golpeado mucho más a los ricos que a los pobres, y han mermado notablemente los fundamentos de la clase media norteamericana.


Según un reciente informe de Brookings, un centro de estudios con sede en Washington, el 5% más acaudalado de la población en las 50 principales urbes ingresa 10,8 veces más que el 20% más depauperado; mientras en el conjunto de EE UU el ratio de diferencia es del 9,1. En cifras absolutas, con datos de 2012, esto se traduce en que los más prósperos en las ciudades ganaron 196.000 dólares en contraposición a los 192.000 del promedio nacional; mientras los más pobres ingresaron 18.100 dólares en las grandes urbes, por debajo de los 21.000 de sus equivalentes en el resto del país. En conjunto, de las 50 grandes ciudades, 31 registran niveles de desigualdad superiores a los del promedio norteamericano.


El debate de la disparidad y de cómo combatirla también se ha adentrado en la arena política de algunas ciudades, como Nueva York, Boston, Seattle, San Francisco o Minneapolis. Pero en un país de enormes magnitudes como éste el panorama no es homogéneo y los desequilibrios varían según el municipio. De acuerdo con el documento, Atlanta, San Francisco, Miami, Boston y Washington DC son las cinco urbes con mayores desigualdades de EE UU. También destacan el sexto lugar de Nueva York, el octavo de Chicago y el noveno de Los Angeles. En el otro extremo, las que experimentan menos disparidades de renta entre sus ciudadanos son Virgina Beach, Arlington, Mesa, Las Vegas y Wichita.
"La desigualdad puede ser el resultado de fuerzas económicas globales, pero importa en el mundo local", sostiene el autor del informe, Alan Berube, responsable del departamento metropolitano de Brookings. "Buena parte de los servicios públicos se prestan a nivel local, y en una ciudad desigual sostener esta financiación es complicado", alerta en conversación telefónica. Por ejemplo, la base fiscal puede ser demasiado estrecha para pagar ciertos servicios, lo que puede restarles también soporte político; las escuelas de la ciudad corren el riesgo de carecer de una mezcla adecuada de alumnos de distintos entornos socioeconómicos o el ayuntamiento puede tener dificultades de ofrecer viviendas a precios accesibles a los ciudadanos más humildes.


Mientras en Atlanta los más ricos gozan de unos ingresos 18,8 veces superiores a los de los más pobres, en Virginia Beach ganan 'solo' seis veces más. No existe un patrón único que explique esta amplia diferencia sino que es fruto de múltiples factores económicos y sociales. Atlanta y Virgina Beach tienen prácticamente el mismo número de habitantes (alrededor de 440.000), pero, en cambio, en la primera los pobres ganan la mitad que en la segunda mientras los ricos dos tercios más. Según Berube, esto se debe a que Atlanta -igual que San Francisco, Boston, Washington o Nueva York- dispone de sectores económicos que pagan salarios muy altos a sus trabajadores, que están altamente educados; mientras que Virgina Beach -igual que el resto de las ciudades menos desiguales- está muy expandida en el territorio, con múltiples suburbios, lo que hace que tenga una mayor clase media y por tanto menos distancia entre los extremos de renta.


Así, las urbes más desiguales de Estados Unidos se caracterizan por todo lo contrario: tienen en común una relativamente pequeña clase media. Pero, pese a esta coincidencia, existen diferencias de fondo entre ellas. Por ejemplo, San Francisco y Miami tienen una brecha similar, pero en la localidad de California se debe a que concentra a las personas con rentas más altas de EE UU -gracias al potencial tecnológico de Silicon Valley-, mientras en la de Florida a que es la tercera ciudad con los ingresos más bajos del país. De hecho, pese a los efectos de la crisis de 2008, los ricos de San Francisco se han hecho más ricos en los últimos años mientras los más pobres se hacían mucho más pobres.
El de San Francisco, no obstante, es un caso excepcional. Entre 2007 y 2012, en la mayoría de ciudades los más acaudalados perdieron ingresos, pero la clave recae en que lo hicieron a un ritmo mucho menor que los más depauperados. "Las reducciones de renta de los de más arriba fueron pérdidas en activos de inversión mientras las de más abajo supusieron pérdidas de puestos de trabajo. Por tanto, sus problemas son proporcionalmente más severos", apunta el investigador. Por ejemplo, en Jacksonville -la quinta ciudad donde más crecieron las desigualdades- la renta de los más prósperos cayó un 11% en ese intervalo de cinco años pero la de los menos prósperos se desplomó tres veces más, hasta un 31%.


No sorprenderá, por tanto, que las urbes que encabezan la triste clasificación de la desigualdad sean las que han experimentado un mayor incremento de la brecha entre ricos y pobres en los últimos años. Entre 2007 y 2012, la disparidad en San Francisco creció 3,9 veces; en Atlanta 3,1; y en Miami 2,1. De las 50 grandes ciudades, 18 registraron aumentos significativos de la desigualdad en ese periodo de tiempo. Y en la mayoría fue fruto de una pérdida de poder adquisitivo de las familias con bajos ingresos como consecuencia de los efectos de la desaceleración económica tras el estallido de la crisis. Por ejemplo, han sufrido especialmente los municipios del sur y el oeste del país -como Sacramento, Charlotte o Tucson- afectados por el colapso de la burbuja inmobiliaria y sus efectos directos sobre la creación de puestos de trabajo, y los del norte -como Cleveland, Indianapolis o Milwaukee- donde el declive industrial ha disparado la tasa de pobreza.


En el otro espectro de la balanza, El Paso, Seattle y Denver fueron las ciudades donde más se redujo la desigualdad en esos cinco años gracias en parte a que tienen sueldos mínimos más elevados, lo que hizo que los ingresos de los menos prósperos cayeran con menos intensidad. Pero en algunos casos, como en Seattle, se trata de un resultado en cierto modo ficticio, pues se debe a que los pobres viven cada vez más a las afueras de la ciudad, por lo que su bajo nivel de renta queda fuera de las estadísticas municipales.

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Las últimas cifras macroeconómicas reportadas por el DANE parecen alentadoras y han despertado un desaforado optimismo en el gobierno y sectores empresariales: inflación a diciembre del 2013 de 1,94%, desempleo a noviembre de 8,5%, y un crecimiento del PIB en el tercer trimestre del 2013 de 5,08%.

 

Pero a pesar del buen comportamiento de la economía y de la disminución de la tasa de desempleo, estos indicadores no impactan en los casi 15 millones de pobres que, según el DANE, subsisten en nuestro país. La tasa de desempleo sigue siendo la más alta de América Latina; la desigualdad medida por el indicado GINI es uno de los más altos de la región; en el índice global de competitividad del año pasado, según el Foro Económico Global, descendimos un puesto en el escalafón internacional, ubicándonos ahora en el puesto 69; en las pruebas internacionales de educación Pisa 2012, que reveló la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Colombia descendió varios puestos comparado con el 2009, ubicándonos en los últimos lugares de la tabla: puesto 62 entre 65 países; y la crisis del sistema general de salud se sigue profundizando, así como la incapacidad del gobierno para resolverla. Resulta por demás paradójico que el crecimiento de los costos educativos y de la salud del año anterior fueron de 4,37% y 4,44% respectivamente, muy por encima del 1,94% que fue la tasa de inflación de 2013.

 

En la variación del PIB del tercer trimestre del año 2013, encontramos que el crecimiento económico estuvo jalonado por la construcción, con un 21,3%; en segundo lugar se ubicó el sector agrícola, con un crecimiento del 6,6%, favorecido por el crecimiento de la producción cafetera de 41,6%; en tercer lugar el sector energético con un 6,1%, debido al crecimiento de un 10,3% de la producción petrolera; en cuarto lugar el sector financiero e inmobiliario con un crecimiento del 4,9%; en quinto lugar el sector servicios sociales, comunales y personales con un 4,7%; y en sexto lugar el sector comercio, restaurantes y hoteles con un 4,3%. Por su parte el sector industrial se contrajo en 1%.

 

Como se puede ver en el cuadro siguiente, los sectores que más crecieron en la economía aportaron muy poco a la ocupación, o perdieron empleos. La construcción solo generó 33.478 puestos de trabajo, la agricultura y la minería perdieron casi 20 mil empleos, y el sector manufacturero, que decreció en el PIB, perdió 69.133 ocupados.

 

 

La pregunta es entonces: ¿en dónde se están creando los empleos en el país?

 

Se están creando en los sectores comercio y actividades de servicios sociales, comunales y personales, que representan el 47,3% de la ocupación del país y que se caracterizan por su alta precariedad e informalidad laboral. En estos dos sectores se crearon 570.983 empleos, cuando la variación del total de ocupados fue de 517.017.

 

El sector servicios comunales, sociales y personales está compuesto por cinco subsectores: i) Administración pública y defensa; ii) Educación; iii) Servicios sociales y de salud; iv) Actividades de servicios comunitarias, sociales y personales (saneamiento, aguas residuales, etc.); v) Actividades gremiales, políticas, religiosas, etc. Probablemente el poco empleo formal se está generando en el crecimiento del pie de fuerza del ejército y la policía.

 

Con los datos de afiliados a la seguridad social en pensiones y fondos de cesantías de octubre del 2012 a octubre del 2013, y de afiliados a las Administradoras de Riesgos Laborales de agosto del 2012 a agosto del 2013, podemos concluir que el empleo que se está generando es, en su mayoría, informal.

 

Como se puede ver en el periodo señalado, el porcentaje de cotizantes a pensiones se mantuvo en 30,4% de la población ocupada, y el de afiliados a los fondos de cesantías tuvo un leve crecimiento del 26,3% al 27,1%. Por otra parte, según información de Fasecolda, el número de afiliados a las Administradoras de Riesgos Laborales se redujo en 173.781 afiliados, representando un descenso en la tasa de un 41,1% a un 39,4%.

 

 

El crecimiento de la economía está soportado en la construcción de viviendas, en particular el programa de vivienda gratuita del Gobierno, algo de infraestructura, agro-exportación, petróleo y banca, mientras el empleo se genera en actividades de poco valor agregado y alta informalidad. En síntesis, la dinámica de la economía se debe al asistencialismo gubernamental, a la agro exportación, al extractivismo minero–energético y al rentismo parasitario del capital financiero; mientras el empleo sigue por el camino del rebusque y la subsistencia, con poco valor agregado y excluido del régimen contributivo de la seguridad social.

 

Colombia necesita revisar a fondo el modelo de desarrollo que nos ha desindustrializado y ha debilitado la producción agro alimentaria destinada al consumo interno. Estos dos sectores representan el 18% del PIB y el 30% de la ocupación. Solo con investigación, ciencia y tecnología, con infraestructura, y con una política financiera al servicio de la economía, se podrá desarrollar un sector manufacturero con alto valor agregado y competitivo, que esté en capacidad de crear empleos decentes, estables, con derechos y bien remunerados.

 

Carlos Julio Díaz Lotero*

*Economista. Analista ENS.

 

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Seis años largos después del arranque de la Gran Recesión, el número de británicos que se ven obligados a acudir a instituciones benéficas para comer se ha multiplicado por 20, según un informe reciente de Trussell Trust. Italia reconoció la semana pasada a través de su Gobierno que los niveles de pobreza han subido a máximos desde 1997. El número de españoles atendidos en los servicios de acogida de Cáritas ha pasado de 370.000 a 1,3 millones en lo que va de crisis. A Grecia han vuelto enfermedades como la malaria y la peste.
 

La pobreza es una abstracción, menos para quienes la padecen: los síntomas de empobrecimiento colectivo y de creciente desigualdad están por todas partes. Desde la Gran Depresión hasta la década de los setenta, Occidente se volvió cada vez menos desigual gracias a lo que los economistas llaman políticas contracíclicas; a partir de ahí todo eso empezó a arrojarse por la borda. La crisis actual no ha hecho sino agudizar las desigualdades en Europa.

 

Los datos que ofrecen Eurostat, la Comisión Europea, la OCDE, el Banco Mundial y los informes del Luxembourg Income Studies son rotundos. Los índices de desigualdad crecieron durante los ochenta y se redujeron en los noventa, en general, en los países avanzados —aunque en España fue justo al revés—, para volver a agrandarse en los años previos a la crisis. Europa era en 2007 más desigual que en 1970. Una vez iniciada la Gran Recesión, la brecha entre ricos y pobres siguió creciendo levemente hasta 2010, y cogió velocidad con el estallido de la crisis de deuda —aunque ahí los datos aún tienen que confirmar con todas las de la ley los ya numerosos indicios—, que llevó al continente a activar duras políticas de austeridad.

 

Entre los países más desiguales del continente figuran los bálticos, los latinos —España ocupa el segundo lugar y es también el segundo país que más ha incrementado la desigualdad entre los Veintiocho— y los de Europa del Este, junto con los anglosajones, Reino Unido e Irlanda. Los menos desiguales son los centroeuropeos, que en algunos casos, como los de Alemania y Holanda, han aprovechado la crisis para reducir el abanico entre ricos y pobres.

 

El alud de cifras de fuentes diversas es abrumador, y a veces contradictorio. Pero pueden espigarse algunos números que subrayan esa tendencia indiscutible hacia la mayor desigualdad. El 20% de los europeos más ricos gana cinco veces más que el 20% más pobre —un indicador que crece muy levemente en la eurozona— si bien en países como Grecia y España esa cifra es de hasta siete veces más, según Eurostat. En España, en particular, los datos de desigualdad crecen a toda velocidad, a un ritmo muy superior a la media. Y, al igual que en los países anglosajones, la cicatriz es especialmente visible en el 1% más rico: en 1976, el presidente de la tercera entidad bancaria española ganaba ocho veces más que el empleado medio; hoy gana 44 veces más.

 

El ritmo es asfixiante, aunque las magnitudes aún están lejos de las de EE UU: el primer ejecutivo de General Motors se llevaba a casa unas 66 veces el sueldo de un empleado medio; hoy, el presidente de Wal-Mart gana un salario unas 900 veces mayor. En general, la tendencia es preocupante en toda Europa, pero no caben los tenebrismos: las desigualdades son superiores en EE UU y en los países emergentes, donde la renta per cápita sube y millones de personas han salido de la pobreza, pero los más ricos son mucho más ricos que los pobres en comparación con los estándares europeos.

 

La media docena de fuentes consultadas para esta información coinciden en ese diagnóstico. Thomas Picketty, autor de un monumental libro sobre desigualdad —Capital en el Siglo XXI, aún no traducido al español—, asegura a este diario que la creciente desigualdad europea obedece a varias razones. En economías con bajo nulo crecimiento económico y de población, los efectos redistributivos del sistema fiscal y del Estado de Bienestar son menores. La crisis agudiza esa tendencia: reduce prestaciones, dificulta el acceso a la educación de los desfavorecidos y, en general, "avería el denominado ascensor social". La globalización, la financiarización de las economías y la ingeniería fiscal han agudizado esa tendencia. "El problema básico de la UE es que nuestras insitituciones políticas no funcionan: activaron durísimos planes de austeridad para restaurar la credibilidad fiscal, pero nada de eso ha funcionado. Europa necesita imperiosamente más unión política, pero esta vez para acabar con la competencia fiscal, para volver a disponer de instrumentos que permitan luchar contra la desigualdad", apunta.

 

La desigualdad es corrosiva; el historiador Tony Judt, ya fallecido, aseguraba que corrompe a las sociedades desde dentro. La Comisión Europea ha empezado a activarse ante un problema que se adivina más y más importante, pero con los mecanismos habituales: promete poner en marcha un indicador de desigualdad y, a falta de políticas —y dinero fresco—, ha apretado el botón de alerta: "Europa encarda una era de desigualdad creciente; la crisis ha golpeado particularmente a los más débiles, a las generaciones más jóvenes y a las ciudades y regiones más pobres. En los dos últimos año s hay más de siete millones de personas adicionales en riesgo de pobreza. Hay que moverse para salvaguardar el modelo social europeo", explica el comisario Laszlo Andor.

 

Porque eso es lo que está en juego: las tendencias actuales corroen el contrato social europeo y puede que eso acabe desencadenando problemas sociales. Pese a que la crisis invita a ser prudente, ya ha habido acciones más o menos violentas (Grecia, Portugal, el movimiento 15-M) que se han movilizado contra ese incremento de la brecha entre ricos y pobres, pese a que esos brotes son aún insuficientes para concentrar el suficiente capital político. Y aun así, la sensación de que la alternancia política es meramente decorativa, la impresión cada vez más generalizada de que nada cambia en Bruselas, en Fráncfort o en Berlín, los verdaderos centros de decisión europeos, puede provocar que toda esa presión derivada del incremento de las desigualdades es evacúe hacia los populismos, según temen fuentes europeas. "Los extremismos, además, buscan chivos expiatorios —la inmigración, la corrupción, el descrédito de las instituciones— y desvían el punto de mira del que debería ser el auténtico objetivo: reformas fiscales audaces y cooperación fiscal internacional para taponar los agujeros negros del sistema financiero", apunta una fuente europea.

 

Charles Wyplosz, del Graduate Institute, añade que la Gran Recesión "no ha dejado de elevar el grado de desigualdad, y no va a dejar de hacerlo: ¿Quiénes han perdido su empleo, y quiénes van a seguir perdiéndolo? Para suavizar eso se inventaron las políticas contracícilicas: para acortar recesiones y aliviar el sufrimiento de los más desfavorecidos. Pero Europa insiste en que este es el precio que hay que pagar para purgar los pecados del pasado, el despilfarro fiscal y la falta de reformas. En cierto modo, los políticos que han abrazado esa narrativa tienen razón, pero en algún momento alguien tiene que darse cuenta de que todo este castigo tiene algo de inmoral y puede llevarse por delante el proyecto europeo".

 

La desigualdad es uno de los aspectos más controvertidos y va y viene, una y otra vez. En el siglo XIX, Karl Marx y David Ricardo alertaron de las incógnitas que suponían altos niveles de desigualdad para el conjunto del sistema. Tras el crack de 1929 llegaron décadas de esplendor y el debate se soterró cuando los niveles de desigualdad bajaron drásticamente. En algunos lugares, algunos indicadores de desigualdad vuelven a niveles próximos a los años previos a la Gran Depresión: Estados Unidos ha tomado nota y su presidente, Barack Obama, señala la lucha contra la desigualdad como "uno de los grandes desafíos de nuestro tiempo"; Nueva York ha elegido a un alcalde, Bill DeBlasio, que llevaba la desigualdad como el mascarón de proa de su campaña; los mejores economistas se enzarzan en agrias polémicas al respecto.

 

En Europa, cuna de Marx y Ricardo, el nivel del debate es muy inferior. Pero empieza a estar ahí. ¿Qué dicen los marxistas al respecto? Costas Lapavitsas, profesor de la Universidad de Londres, es tajante: "Las políticas de rescate han agravado la desigualdad en todos los aspectos: salarios, pensiones, desempleo, laminación del Estado del Bienestar. Queda claro que la UE no tiene ya un programa keynesiano, que proyecte poder blando a través del crecimiento y el nivel de vida: se ha convertido en un proyecto neoliberal puro, elitista, socialmente insensible, que promueve una nueva estratificación social. Dadas las pobres perspectivas de Europa, las cosas solo pueden empeorar: política y socialmente, más desigualdad sería un serio peligro para Europa a la vista de los extremismos que vienen".

 

Desde la ortodoxia, un economista muy diferente a Lapavitsas, Daren Acemoglu, apunta en la misma dirección: "Lo más peligroso de la desigualdad es cuando llega a tocar la política: la democracia corre riesgos cuando hay gente con mucho dinero que puede llegar a tener un enorme poder". El sociólogo español José María Maravall huye de tenebrismos y explica que la tendencia hacia la mayor desigualdad es inequívoca, pero en el pasado "ya pudo controlarse a través del gasto social y de las orientaciones políticas de los Gobiernos europeos en determinadas épocas, la más reciente durante los años noventa". ¿Hay políticos en Europa dispuestos a dar un golpe de timón con políticas redistributivas, y electorados dispuestos a apoyarles?

 


 

El paro se triplica y se superan los registros históricos de desamparo

 

Luis Doncel Bruselas

 

El estado de excepción económica impuesto en Europa en los últimos años ha hecho que Gobiernos elegidos democráticamente fueran sustituidos por tecnócratas; ha impulsado cambios constitucionales a la velocidad del rayo dictados por el Banco Central Europeo (BCE); ha logrado, en fin, que cualquier consideración política quedara supeditada a la respuesta de los todopoderosos mercados. Tras más de un lustro de crisis, estos tiempos parecen estar llegando a su fin. Y es justo ahora cuando instituciones como el Parlamento Europeo —presionado por unas elecciones inminentes de resultado incierto— tratan de tomar la iniciativa política y hacer recuento de daños.

 

La Comisión de Economía de la Eurocámara ya prepara un informe sobre la legitimidad democrática con la que actuó la troika (Comisión Europea, BCE y Fondo Monetario Internacional) en los cuatro rescates en la eurozona. Los responsables del informe sobre la troika viajarán este mes a los cuatro países rescatados y recibirán en Estrasburgo las explicaciones del comisario europeo Olli Rehn, del expresidente del BCE Jean-Claude Trichet, y del director del fondo de rescate, Klaus Regling.

 

Otra iniciativa, de la Comisión de Empleo, se centrará en los daños sociales que ocasionaron los programas de ayuda en Grecia, Irlanda, Portugal y Chipre. España queda fuera porque su rescate se circunscribió a la banca. Un informe redactado por el eurodiputado socialista español Alejandro Cercas, que confía en llevar al pleno de Estrasburgo en marzo, se centrará en los efectos que las políticas impuestas por la troika han tenido en esos países sobre el empleo, la pobreza, el abandono escolar prematuro y el diálogo social. "En tres años se ha triplicado el desempleo, se han destruido millones de puestos de trabajo y se han superado los registros históricos de pobreza. Se ha aprovechado la crisis para destruir el modelo social nacional", resume Cercas.

 

El informe no solo responsabiliza al BCE, la Comisión y al Eurogrupo —los ministros de Economía de la zona euro— de las consecuencias de las políticas impuestas, también critica que estos programas se diseñaron sin una estimación de sus efectos perniciosos.

 

El texto de Cercas reclama a la Comisión un informe que recoja "los daños a medio y a largo plazo en los sistemas de protección social, especialmente en lo relacionado con la lucha contra la pobreza, el mantenimiento de un diálogo social fluido y el equilibrio entre flexibilidad y seguridad en las relaciones laborales". Si Estrasburgo aprueba ese informe de Cercas, se reclamará a la UE que diseñe planes de impulso para "apoyar con los recursos financieros necesarios la recuperación de los niveles de protección social".

 

Recuerda además que en Grecia más de la mitad de los jóvenes están desempleados, mientras que el porcentaje en Irlanda y Portugal supera el 30%; y alerta de la situación de desventaja que sufren los parados de larga duración, las mujeres, los inmigrantes y los discapacitados. "A lo largo de los últimos cuatro años se han destruido en los cuatro países dos millones de empleos, lo que supone un 15% de los puestos de trabajo existentes", añade.

 

"Denunciamos que la población en riesgo de pobreza o exclusión social ha aumentado. Solo durante los últimos tres años, este colectivo ha aumentado un 26% en Portugal y un 15% en Irlanda, aunque estas estadísticas esconden una realidad aún más dura", prosigue. Además, los préstamos de la troika incluían recomendaciones para recortar elementos fundamentales en la lucha contra la pobreza como pensiones, servicios sanitarios y farmacéuticos para las capas más vulnerables de la población.

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3 de enero de 2014 — ¿De verdad deseamos comenzar el nuevo año retirando el seguro por desempleo a más de un millón de estadounidenses que perdieron su trabajo?¿De verdad deseamos comenzar el nuevo año retirando el seguro por desempleo a más de un millón de estadounidenses que perdieron su trabajo? El acuerdo presupuestario aprobado por ambos partidos en el Congreso y promulgado por el Presidente Barack Obama en la última semana del año protege el gasto militar pero promete empujar a quienes se encuentran en la situación más desesperada de nuestra economía a pasar aún por más dificultades financieras, obligando así a cientos de miles de familias a vivir por debajo de la línea de pobreza. La actual tasa de desempleo prolongado en Estados Unidos es la más alta que se haya registrado desde la Segunda Guerra Mundial, mientras que el porcentaje de personas que perciben prestaciones por desempleo se encuentra en su punto más bajo en la historia. Al mismo tiempo, los banqueros de Wall Street no paran de descorchar botellas, para celebrar un año excepcional para la bolsa de valores. Mientras que los agentes de bolsa esperan sus gratificaciones de fin de año, muchos desempleados más irán a hacer fila para recibir asistencia social

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"Se trata, para nuestra economía, de una decisión equivocada en el momento equivocado". Estas son palabras de Imara Jones, que trabajó para la Casa Blanca en el área de comercio internacional durante el gobierno de Clinton y actualmente escribe sobre justicia económica para el sitio Colorlines.com. "El seguro de desempleo es en realidad un estímulo para la economía, a la que, de hecho, le aporta mucho. Por cada dólar que se entrega a alguien por seguro de desempleo se genera un dólar y sesenta centavos en actividad económica". La gente que vive económicamente al límite gasta lo que tiene para sobrevivir, pero quienes se encuentran en los estratos más altos de la sociedad, el 1% de más arriba, puede tomar sus ganancias y guardarlas o ponerlas en una cuenta en el exterior.


Históricamente, el programa de seguro de desempleo otorgaba a los trabajadores que pierden su empleo por motivos ajenos a su responsabilidad 26 semanas de pago en reemplazo del salario. La extensión de los beneficios promulgada por el Presidente George W. Bush prolongó el período de tiempo a 99 semanas. En promedio, los subsidios ascienden a sólo 300 dólares por semana. Según el periódico The Washington Post, la búsqueda de empleo lleva en promedio unas 35 semanas, por lo que las 26 semanas que se otorgan en la actualidad generarán una carga adicional de stress a familias que se encuentran ya en dificultades.


El Congreso podría renovar la extensión del subsidio por desempleo. El Senador demócrata de Rhode Island Jack Reed y el Senador republicano de Nevada Dean Heller presentaron un proyecto de ley por el que se mantendría la extensión de las prestaciones durante tres meses más. En un comunicado de prensa, Heller expresó: "Brindar una red de seguridad a quienes lo necesitan es una de las funciones más importantes del gobierno federal. La tasa de desempleo de Nevada se mantiene entre las más altas del país, por lo que muchas personas y muchas familias de mi estado no saben cómo van a hacer ahora para satisfacer sus necesidades básicas".


A pesar de que esta propuesta proviene de legisladores de los dos principales partidos, se espera que los republicanos la bloqueen cuando se someta a votación de procedimiento alrededor del 6 de enero, salvo que se logre convencer a otros cinco senadores republicanos de que la apoyen. Aunque el proyecto fuera aprobado por el Senado, debería luego enfrentarse a la Cámara de Representantes, la cual se encuentra bajo control de los republicanos, que en general se muestran hostiles a este tipo de extensión.


En el otro extremo de la economía, se espera que una reunión de fin de año de la bolsa de valores defina las inmensas gratificaciones que se prepara a entregar Wall Street a sus ejecutivos. Según trascendió, las compañías más grandes de Wall Street destinaron más de 91.000 millones de dólares a los pagos extras de fin de año. En respuesta, un grupo activista llamado The Other 98% (El otro 98 %) lanzó una petición en la que llama a los empleados del Chase Bank, el Citigroup, Wells Fargo, Goldman Sachs, Morgan Stanley y Bank of America a donar sus gratificaciones de fin de año a los diez millones de estadounidenses desplazados por la crisis inmobiliaria.


Alexis Goldstein trabajó durante años en Wall Street y actualmente es la directora de comunicaciones del grupo The Other 98% (El otro 98 %). Durante un programa de Democracy Now! nos dijo: "Proponemos que se destinen 60.000 millones de dólares del dinero de Wall Street para financiar por dos años algo llamado Fondo Fiduciario Nacional de Vivienda. Se trata de un programa que fue creado por George Bush en el año 2008. Es un programa que, de obtener una financiación de 30.000 millones de dólares por diez años, podría poner fin a la situación de calle en Estados Unidos". Goldstein señala que las gratificaciones se financian básicamente con fondos públicos, dado que los bancos de Wall Street obtienen fondos de la Reserva Federal a tasas de interés muy bajas. Según dijo además, estos bancos pueden permitirse otorgar gratificaciones gigantescas porque, en sus palabras, "continúan cometiendo delitos muy rentables. Este año se llegó a un acuerdo millonario con JP Morgan. Fue un acuerdo por 13.000 millones de dólares, a consecuencia de hipotecas fraudulentas que vendieron durante la crisis inmobiliaria, hipotecas muy sospechosas presentadas de manera engañosa. Los inversores perdieron 26.000 millones de dólares en eso. Por lo que 13.000 millones suena como un gran acuerdo, pero en realidad es sólo una parte del dinero que perdió esa gente". Goldstein mencionó también un acuerdo de 300 millones de dólares por manipulación de tarifas de electricidad en California.


El problema de la desigualdad ingresó al debate nacional gracias al activismo del movimiento Occupy Wall Street. Su fría realidad económica comenzó a azotar esta semana a más hogares estadounidenses tras el vencimiento de las prestaciones por desempleo. El Congreso puede y debería renovarlas. Que lo haga depende de que haya gente que haga oír su voz.


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Texto en inglés traducido por Fernanda Gerpe. Edición: María Eva Blotta y Democracy Now! en español, Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

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América Latina conmemoró hoy el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer con distintas actividades en
las que se puso en evidencia la magnitud de un problema social que alguna vez ha padecido en carne propia un 70 % de las mujeres en el mundo, según datos de la ONU.

 

En lo que va de año han muerto en América Latina unas 1.800 mujeres a causa de la violencia de género, sin contar a países de gran tamaño como Brasil y México donde no hay disponibles cifras tan actualizadas, y muchas más han sido golpeadas y heridas.

 

Bajo la campaña mundial "énete", la Organización de Naciones Unidas llamó hoy a portar una prenda naranja para hacer visibles los miles de casos ocultos por el miedo y denunciar que 603 millones de mujeres y niñas viven en países donde la violencia de género sigue sin ser considerada un delito.

 

El secretario general de la ONU, Ban Ki-Moon, instó a todos los gobiernos a combatir este problema con voluntad política mediante el aumento de los recursos para la prevención, atención y erradicación "en los hogares, las escuelas y otros entornos civiles de todo el mundo, en cada país y en cada sociedad".

 

Latinoamérica no es ajena a un flagelo del que la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, dice que "averg enza" a cualquier sociedad que anhela ser "más justa, ciudadana y solidaria".

 

Según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, el 45 % de las mujeres de la región declara haber recibido amenazas por parte de sus parejas.

 

No solo hay miles de mujeres latinoamericanas que son víctimas de la violencia de género, sino que la fecha elegida por la ONU para este Día Internacional está relacionada con América Latina, pues se eligió por ser la del brutal asesinato, en 1960, de las hermanas dominicanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal por parte de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo.

 

El buscador de internet Google dedicó su "doodle" al día internacional que destaca los esfuerzos por erradicar la violencia contra la mujer.

 

Bolivia es, según cifras del PNUD citadas por el Programa ONU-Mujeres, el país donde un porcentaje mayor de mujeres (52 %) afirma haber sufrido violencia sexual o física por parte de un compañero íntimo.

 

Le siguen Colombia (39 %), Perú (39 %) y Ecuador (31 %).

 

El Centro de Información y Desarrollo de la Mujer de Bolivia tiene contabilizadas 89 muertes de mujeres por violencia machista en los primeros diez meses del año, pero advierte de que puede haber muchos más casos, pues esos son solo los aparecidos en los medios de comunicación.

 

En Ecuador, en los diez primeros meses de 2013, se han registrado 47 feminicidios, según la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu), que recordó que estos casos "son cada vez más crueles" y que en ocasiones "los cuerpos de las víctimas aparecen torturados, mutilados y con signos de violencia sexual".

 

En el país andino, donde existe una "discriminación estructural" hacia niñas y mujeres, según la ONG Plan Internacional, el 78 % de niñas dijo haber recibido algún tipo de maltrato en sus hogares, y un 41 % en sus escuelas.

 

México, por su parte, aseguró en base a una encuesta de 2011 que 63 de cada cien mujeres mayores de 15 años han padecido algún incidente de violencia, mientras un 48 % de ellas ha sido agredida por su pareja.

 

En Colombia, solo en el primer semestre, hubo 514 feminicidios, mientras que 15.640 mujeres fueron víctimas de la violencia intrafamiliar y otras 5.545 denunciaron abusos sexuales.

 

El Instituto de Estadística e Informática (Inei) de Perú, por su parte, informó hoy que el 37 % de mujeres entre 15 y 49 años ha sido alguna vez víctima de violencia física y/o sexual por parte de su esposo o pareja, mientras que, entre enero de 2009 y marzo de 2013, se registraron en el país 531 casos de feminicidio.

 

En Uruguay, donde actualmente 70 agresores de mujeres son monitoreados con un innovador sistema de tobilleras electrónicas, 267 mujeres han sido asesinadas este año y en Chile, ya van 36.

 

Según datos del Observatorio de Femicidio de la ONG Casa del Encuentro, en Argentina han sido asesinadas 1.236 mujeres y niñas en los últimos cinco años, 255 de ellos sólo en 2012.

 

Un 62,6 % de las mujeres chilenas percibe un incremento de los casos de violencia en su contra, según un estudio reciente donde se recuerda que, a pesar de aumentar la condena social, las cifras siguen aumentando en un año donde ya van 36 mujeres asesinadas en el país.

 

En Centroamérica, donde según ONU-Mujeres dos de cada tres mujeres son asesinadas por el solo hecho de serlo, las cifras son alarmantes sobre todo en Guatemala, Honduras y El Salvador.

 

En lo que va de año han muerto 656 mujeres en Guatemala y 203 en El Salvador a causa de violencia. La cifra de feminicidios en 2012 en Honduras fue de 606.

 

Muchas más bajas son las cifras en Nicaragua (53 muertes), Panamá (36) y Costa Rica (14).

 

En República Dominicana, con 54 muertes en lo que va de año, el 80% de las víctimas mortales no había denunciado nunca a su agresor, dijo hoy a Efe Roxanna Reyes, procuradora adjunta para Asuntos de la Mujer del país caribeño.

 

Reyes hizo hincapié en que el feminicidio o la violencia extrema contra mujeres ha disminuido en un 33 % respecto al año pasado y lo atribuyó a que hay más denuncias, 50.000 en lo que va de este año.

 

La impunidad es "uno de los principales y más graves factores que promueve la violencia hacia las mujeres", dijo, por su parte, la Defensoría del Pueblo de Bolivia, país donde desde marzo pasado el feminicidio está castigado con 30 años de prisión.

 

La falta de una ley integral contra la violencia hacia las mujeres y la carencia de estadísticas oficiales de víctimas de maltrato son las principales deudas del Estado paraguayo en ese tema, dijo a Efe el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer.

 

Una de las formas más originales de conmemorar el día fue la de un grupo de mujeres uruguayas que barrió simbólicamente la violencia doméstica en las calles de Montevideo.

 

La premio Nobel de la Paz guatemalteca Rigoberta Menchú ha sido elegida en Venezuela para dictar una conferencia sobre el tema en el Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

 

(Con información de EFE)

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