Mostrando articulos por etiqueta: mafia

Si hay una herida que aún no ha cerrado el expresidente conservador Andrés Pastrana es la derrota sufrida a manos del liberal Ernesto Samper en las elecciones de 1994, a quien la mafia de Cali financió su campaña a la presidencia, pero por la que el político salió indemne y pudo asumir su mandato. La financiación a Samper desató la peor crisis de la historia política de Colombia que se conoció como el Proceso 8.000.

 

Pero ese capítulo parece no haberse cerrado. Así lo dejó en evidencia Pastrana con el lanzamiento de su libro Memorias olvidadas, una serie de relatos periodísticos sobre su vida política y que ya desató una nueva tormenta mediática.


Lo primero que hizo Pastrana fue revelar el nombre de la persona que le entregó los llamados narcocasetes, unas interceptaciones telefónicas al capo Miguel Rodríguez Orejuela con uno de sus relacionistas públicos, en las que confirmaba la entrada de dinero de los narcotraficantes a las campañas presidenciales de 1994. Se trata de un oficial de la policía, el teniente coronel Carlos Barragán, quien en ese momento trabajaba como miembro de uno de los organismos de inteligencia que perseguía al cartel de Cali.


Con esta revelación, Pastrana insinuó que el gobierno sabía que los narcotraficantes de Cali estaban aportando dineros a la campaña de Samper porque miembros de sus organismos de inteligencia fueron los que interceptaron las llamadas que lo confirmaban.


Pastrana sostiene en su libro que, por consejo de su padre, el expresidente conservador Misael Pastrana, le llevó las grabaciones al entonces presidente César Gaviria antes de realizarse las elecciones presidenciales, quien lo atendió con su ministro de Defensa, Rafael Pardo. La cita se dio en el palacio presidencial, donde Pastrana pidió una grabadora para reproducir las grabaciones y contó que luego de escucharlas, Gaviria y Pardo se miraron entre sí sorprendidos por el hecho de que él tuviera los casetes, "como si ya supieran de ellos", contó ante un auditorio que congregó a políticos y antiguos colaboradores de su administración (1998-2002). "Aquí hemos hablado de que Samper sabía, porque lógicamente él recibió el dinero. Se ha hablado de que los (narcotraficantes) Rodríguez Orejuela sabían, porque ellos dieron dinero. Pero el eslabón perdido del Proceso 8.000 es Cesar Gaviria", agregó.

 

Gaviria reaccionó la mañana del viernes acusando a Pastrana de no haber tenido el coraje para denunciar la filtración del dinero de la mafia, ya que en las grabaciones se mencionaba a las dos campañas (la suya y la de Samper). "El cuento del eslabón perdido no lo entiendo, sino como el remordimiento que debe acompañar al doctor Pastrana de no haber tenido el coraje para poner en conocimiento de los electores las grabaciones antes de la elección presidencial y no con posterioridad al certamen electoral", dijo Gaviria en una rueda de prensa.
Además agregó que lamentaba las declaraciones del expresidente "tan reñidas con la verdad y que fue incapaz de poner en conocimiento de las autoridades y de los medios solo veinte años después". Dijo también que Pastrana "no aporta pruebas sino afirmaciones mentirosas. Yo tengo mi conciencia tranquila sobre la rectitud de mi conducta y no estoy seguro de si algún día no aparezcan las pruebas que vinculen la campaña de Andrés Pastrana con el cartel de Cali como lo mencionan las grabaciones", con lo que insinuó que también quedaron pendientes las investigaciones sobre la posible financiación de la mafia a la candidatura de Pastrana.


El expresidente también reveló en su libro, el facsímil de una carta fechada el 12 de junio de 2000 –que mantiene en una caja de seguridad– en la que los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela le confirman que financiaron la campaña de Ernesto Samper, quien finalmente fue absuelto por la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.


"Si bien es cierto que en algún momento de nuestras vidas cometimos el error de contribuirle al señor Ernesto Samper Pizano y a sus más inmediatos colaboradores, con el dinero para su campaña presidencial, no fue a sus espaldas ni mucho menos a espaldas de los directivos de la campaña como lo pregonan en las plazas públicas", dice una parte de la carta.


Otra revelación que hace Pastrana en su libro es que sostuvo un encuentro con el capo del Cartel de Medellín, Pablo Escobar Gaviria, cuando fue secuestrado por siete días en 1998. Allí, en medio de un ambiente tenso, se encontró cara a cara con el narcotraficante con quien discutió de la extradición, el negocio de las drogas, de las bombas y hasta de la familia.


Pastrana relató que en un posterior encuentro con uno de los lugartenientes de Escobar, Jhon Jairo Velásquez alias Popeye, este le contó que el político liberal Alberto Santofimio Sarmiento le había pedido al capo del cartel de Medellín que lo asesinara porque podía llegar a ser presidente y sería un problema para los narcotraficantes, que en ese momento enfrentaban al Estado que los perseguía para extraditarlos. Popeye le aseguró al político conservador que Escobar no dio la orden porque le servía más vivo que muerto.


Otra revelación que hizo Pastrana en su libro fue que al finalizar su gobierno, en 2002, fue el mediador de una reunión secreta entre Bill Clinton, que ya no era presidente de EEUU y el canciller de Cuba, Felipe Pérez Roque. El exmandatario colombiano contó que aprovechando que se realizaba en Cartagena una cumbre de empresarios a la que asistía Clinton y otra reunión con Pérez Roque para evaluar acercamientos con el Ejército de Liberación Nacional, este último le pidió que mediara en el encuentro del que nadie podía enterarse. "El encuentro fue marcadamente amistoso y el expresidente estaba en verdad satisfecho de compartir con el cubano", dice en su libro.

Informacion adicional

  • Antetítulo
  • Autor Elizabeth Reyes L
  • País Colombia
  • Región Sur América
  • Fuente El País
  • Relacionados
  • Anexos
Publicado en Colombia

Una explosiva combinación de venta de drogas y servicios sexuales ligados a la trata de personas y a la explotación sexual infantil, está atrayendo turistas extranjeros a Medellín, la tercera ciudad más turística de Colombia después de Bogotá y Cartagena. Así lo denunció la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en Colombia, UNODC.

 

Tras un estudio que se prolongó un año en dos zonas específicas de Medellín –La Candelaria y El Poblado– que son las más visitadas por los extranjeros, la UNODC reveló que los turistas escogen esta ciudad para hacer lo que se conoce como narcoturismo o turismo de drogas, un fenómeno que seduce a viajeros principalmente de Estados Unidos, Israel, Italia y Alemania, por la alta calidad de la droga y su bajo precio, y también por la idea de que las autoridades son permisivas, sobretodo con los extranjeros, y que nadie los va a juzgar porque están lejos de su país.


Pero al narcoturismo, que es manejado por estructuras criminales, se suma la oferta de servicios sexuales y la prostitución, donde preocupa la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Para Naciones Unidas se trata un negocio de varios eslabones donde el tráfico de drogas se articula con delitos como la trata de personas y la explotación sexual de menores de edad. Esto quiere decir que quien ofrece la droga, ofrece los servicios sexuales, dice el informe que se realizó con la alcaldía de Medellín.


"El narcoturismo lleva a la demanda de servicios sexuales, pero que hay un círculo completo donde niños, niñas y adolescentes entran en juego, no solo como explotados sino haciendo parte de la cadena del microtráfico porque son los que surten de droga a quien abusa de ellos y además la consumen, ya sea para someterse a la explotación o para poder acceder a la droga porque son viciosos", dijo a EL PAÍS Carlos Medina, jefe de justicia y seguridad de la UNODC en Colombia.

 

Parte de la investigación consistió en hacer un rastreo a páginas en Internet que ofrecen paquetes de turismo de drogas y servicios sexuales clandestinos. Pero lo curioso es que estas páginas no pueden verse desde Colombia. "Ofrecen catálogos de mujeres y dan instrucciones para acceder a estos servicios", dice Medina. También encontraron numerosos blogs donde los turistas describen a Medellín como la ciudad de las drogas y el sexo.

 

Según UNODC, muchos de los extranjeros que eligen Medellín para este propósito lo hacen siguiendo la marca que dejó el capo Pablo Escobar. Y no hay un perfil específico. Tanto los turistas de alto nivel, que visitan la ciudad por trabajo o negocios, como los mochileros o backpakers van tras la mezcla de sexo y drogas y es en esa búsqueda que se encuentran con la oferta de servicios sexuales con menores de edad, sino es que lo piden directamente.


Pero los turistas también se enteran de estas ofertas por el voz a voz en las calles, en bares y discotecas. Incluso, existen los Party Hostel, donde se les permite consumir, sobretodo marihuana. Cuando salen de estos hostales, los taxistas se convierten en el puente principal para acceder a otros servicios. Son "guías para información de sitios de prostitución, contacto, expendio de drogas y traslado de los niños, niñas y adolescentes que son explotados sexualmente hasta los lugares donde se hospedan quienes los requieren", dice el estudio. Por lo general, los taxistas reciben comisiones que equivalen al 10% del pago final, que es lo mismo que recibe el botones de un hotel o el recepcionista, por ponerlos en contacto con los proxenetas. Algunos hoteles informales también ofrecen books con fotos de prostitutas, sin que se sepa su edad.
En su mayoría, estos niños y niñas tienen la necesidad de conseguir dinero para mantenerse a ellos mismos y colaborar en sus casas, dice el estudio, algo que favorece a quienes los explotan. Según el programa Crecer con Dignidad de la alcaldía de Medellín, hay 274 menores identificados en el sector de La Candelaria –el centro de la ciudad– que son explotados sexualmente. "Todas las víctimas identificadas refieren haber estado con extranjeros, en su mayoría, españoles, americanos y mexicanos quienes según ellas son los que mejor pagan", dice el estudio.


Se suma que los proxenetas se encargan de generar la dependencia de estos menores a las drogas. "Si no son viciosas uno mismo las vuelve o hace que las compañeras las inciten, además así preguntan menos y se acostumbran más al negocio", dice un proxeneta entrevistado por los investigadores.


Para Naciones Unidas, aunque las autoridades locales centran su trabajo en la prevención de la explotación sexual, falta mucho por hacer en el control y vigilancia de los lugares donde se concentran estos fenómenos, así como en el debilitamiento de las estructuras criminales que manejan este negocio, que no solo ocurre en Medellín. Se ha sabe que la problemática está presente en Cartagena, Santa Marta y el Eje Cafetero, en el centro del país. "Los programas de prevención en Medellín son buenos pero su dimensión no alcanza para el tamaño del problema. Hay que hacer mucho más", agregó Medina. Por su parte, Luis Fernando Suárez, vicealcalde de Gobernabilidad de Medellín reconoció en entrevista con el diario El Tiempo, que visibilizar el problema es el primer paso.


Medellín ha hecho un esfuerzo enorme por dejar atrás la huella de violencia que la convirtió hace 20 años en una de las ciudades más peligrosas del mundo. Por eso, la UNODC reconoce los esfuerzos que han hecho las autoridades locales por fortalecer la internacionalización de la ciudad. De hecho, en marzo recibió el título de la ciudad más innovadora del mundo en el concurso City of the Year, que organizan The Wall Street Journal y Citigroup, por encima de Tel Aviv y Nueva York.

Informacion adicional

  • Antetítulo
  • Autor ELIZABETH REYES L
  • País Colombia
  • Región Medellín
  • Fuente El País
  • Relacionados
  • Anexos
Publicado en Colombia
Martes, 02 de Julio de 2013 06:50

“Es un banco técnicamente criminal”

Cada mes que transcurre, el papa Francisco completa un poco más la obra inconclusa de su predecesor, Benedicto XVI. El teólogo duro y poco amigo de los medios había comenzado una profusa obra de limpieza en el seno de uno de los organismos bancarios más secretos y sucios del mundo, el IOR, el Instituto para las Obras de Religión, el banco del Vaticano. La guerra interna que desencadenó ese histórico intento de poner término a las prácticas tramposas heredadas del pontificado de Juan Pablo II condujo a la inédita renuncia de Joseph Ratzinger. La guerra por el control del IOR y por impulsar cambios que pusieran al banco del Vaticano en sintonía con un mínimo de las reglas internacionales es uno de los motivos que explican el alejamiento de Benedicto XVI.

 

Francisco siguió la obra iniciada por Ratzinger: apenas electo papa, retiró los exorbitantes privilegios económicos de que gozaban (25 mil dólares) los cinco miembros de la comisión cardenalicia que supervisaba –inútilmente– las actividades del banco: luego nombró una comisión de cinco miembros encargada de investigar la situación económica y jurídica del banco del Vaticano. Dicha comisión está presidida por el cardenal salesiano Raffaele Farina –80 años– y su meta consiste en proponer una reforma del banco para que “los principios del Evangelio impregnen también las actividades de carácter económico y financiero”. Por último, Bergoglio terminó por decapitar la cúpula del IOR y poner el banco bajo su mando. La Santa Sede anunció ayer la renuncia del director general, Paolo Cipriani, y del vicedirector, Massimo Tulli (ver pág. 25). Esta serie de decisiones no tiene precedentes en la negra historia del IOR. A pesar de que el Muro de Berlín se cayó hace mucho –1989–, el banco del Vaticano siguió operando como si el mundo no hubiese cambiado. Juan Pablo II había hecho del IOR el brazo armado de su estrategia contra el comunismo. Para recabar fondos con el fin de usarlos en la lucha contra el comunismo y la Teología de la Liberación, el papa polaco contrató a una inusual galería de cardenales corruptos y mafiosos asesinos. Entre éstos se destacan tres: el banquero de la mafia Michele Sindona; el banquero al frente del Banco Ambrosiano, del cual el IOR era el accionista mayoritario, Roberto Calvi; el arzobispo norteamericano Paul Marcinkus, quien pasó de guardaespaldas de Pablo VI a presidente del IOR, y el cardenal venezolano Rosalio Castillo Lara. Sindona murió envenenado en la cárcel y Calvi apareció colgado en el puente londinense de los Frailes Negros. Bergoglio ha puesto esta vez un límite entre aquellas historias y el futuro. Hace un par de días la Santa Sede se puso a disposición de la Justicia italiana y ello permitió el arresto del monseñor Nunzio Scarano, apodado Monseñor 500 por su gusto pronunciado y demostrativo por los billetes de 500 euros. Scarano, un miembro de los Carabineros, Giovanni Maria Zito, y el trader Giovanni Carenzio están acusados de haber montado circuitos paralelos de lavado de dinero a través del IOR.

 

Se podría escribir una historia tan extensa y cautivante como la Comedia Humana de Balzac sobre el inescrupuloso banco del Vaticano. Hasta hoy, la mejor historia la escribieron Maurizio Turco, Carlo Pontesilli y Gabriele Di Battista. Su libro Paradiso IOR es un viaje tan exhaustivo como espeluznante al corazón de una entidad financiera cuyas prácticas estuvieron hasta ahora en total contradicción con el mensaje moral de la Iglesia. En esta entrevista exclusiva con Página/12 en Roma, Maurizio Turco y Carlo Pontesilli analizan el pasado turbio y el porvenir aún incierto del IOR.

 

–Ustedes no dudan en calificar al IOR como un banco criminal. Tratándose del Vaticano ese calificativo sorprenderá a mucha gente.

 

Carlo Pontesilli: –El IOR es un banco que goza de una extraterritorialidad mundial. El IOR es un territorio de bandas oscuras, de capitalistas aventureros, de financistas inmorales, de dinero del crimen organizado que circuló a través del banco y también, por supuesto, el dinero de la corrupción de la clase política italiana. Todo gracias a una normativa que protegió al banco y a sus actividades a lo largo de las últimas décadas.

 

–¿Esto es un recuento histórico o una realidad aún presente?

 

C. P.: –No, esto no pertenece al pasado en el sentido de que las condiciones que permitieron todas esas irregularidades aún se siguen dando dentro del IOR. Todo este sistema pudo funcionar debido a una falta absoluta de control por parte de Italia y de la misma Unión Europea, que no controló lo suficiente como debió hacerlo. La verdad es que ese pasado negro no se acabó todavía. Nuestra tesis consiste en decir que un banco no puede coincidir con una religión. Por eso confiamos mucho en el papa Francisco para que esto cambie, esperamos que haga lo que hizo San Francisco, quien no sólo ayudó a los pobres, sino que también fue pobre él mismo. No se puede estar de acuerdo con un banco que funciona a través de un sistema técnicamente criminal.

 

–Criminal es una palabra muy fuerte...

 

C. P.: –Sí, es un banco técnicamente criminal. El crimen es todo aquello que viola la normativa. A partir del momento en que un banco del Vaticano viola la normativa sobre el lavado de dinero, la normativa monetaria mundial, a partir del momento en que el banco del Vaticano recibe a personajes turbios, no se lo puede calificar de otra manera. La historia reciente está llena de episodios terribles: asesinatos, muertes sospechosas, quiebras bancarias, dinero del crimen organizado. En suma, a un banco así sólo se lo puede definir como técnicamente criminal.

 

–Ustedes hablan concretamente de falta de control. ¿Qué significa eso?

 

C. P.: –Significa que al banco del Vaticano entra dinero que luego termina en todos los mercados mundiales sin que nadie sepa nada. Por ejemplo, en teoría, el estatuto del IOR dice que sólo los miembros de la Iglesia pueden tener una cuenta en el banco. Pero no es exactamente así. Sabemos que detrás de las cuentas abiertas por los religiosos se esconden los verdaderos titulares: hombres políticos, mafiosos. Sería bueno saber quiénes son esos laicos que operan a través del banco del Vaticano y gozan del estatuto offshore del IOR para operar en el mercado financiero. El IOR tiene, por ejemplo, unos 300 millones de dólares invertidos en Estados Unidos. Pero no se sabe dónde. ¡Imagínese que se descubre que ese dinero está invertido en sectores como el mercado de las armas o de los organismos genéticamente modificados!

 

–Para ustedes, esa manera oculta de operar es la que permite todos los abusos imaginables... y más allá.

 

Maurizio Turco: –Desde luego, el tema no son las cuentas secretas, eso no existe, sino las cuentas enmascaradas. Por ejemplo, el IOR hacía un giro a nombre de IOR hacia otro banco, y también a nombre del IOR. Eso no se puede hacer. El problema es que al banco del Vaticano se le permitió operar en todo el planeta enviando el dinero de un banco a otro sin que se supiera a quién pertenecía ese dinero y sin decir que ese dinero era de la Iglesia. Teóricamente, ese dinero debe servir para las obras religiosas. Pero no. Hemos visto que ese sistema de enmascaramiento de las cuentas funcionó en todo el mundo: ¡la Iglesia universal tiene el banco universal para el reciclaje universal!: IOR, Instituto para las obras de reciclaje... Lo último que uno puede imaginar es que el banco del Vaticano intente lavar dinero. Pero es así porque no tiene ninguna obligación, ni interna ni externa. No le rinde cuentas a nadie. Son muy pocas las personas que saben a quién pertenecen realmente las cuentas abiertas dentro del IOR.

 

–En suma, el banco del Vaticano fue una suerte de eslabón libre de toda norma y obligación.

 

M. T.: –Así es. A lo largo de todos estos años el IOR pudo operar en el corazón de Europa, pero no en nombre de intereses europeos o nacionales, sino en nombre de intereses personales. Esto quiere decir en nombre de los intereses de hombres del crimen y de la política. El banco del Vaticano es un seguro absoluto de que no se sabrá a dónde va el dinero, ni a quién pertenece.

Informacion adicional

  • Antetítulo ENTREVISTA EXCLUSIVA A MAURIZIO TURCO Y CARLO PONTESILLI, AUTORES DE PARADISO IOR
  • Autor Eduardo Febbro
  • País Italia
  • Región Europa
  • Fuente Página12
  • Relacionados
  • Anexos
Publicado en Internacional
Domingo, 03 de Marzo de 2013 11:32

Emanuela

La renuncia del papa es un golpe a la fe y a la espiritualidad tan fuerte que la palabra "renuncia" no termina de dar la dimensión de lo que acaba de suceder en la mayor religión organizada de Occidente. Es como si el Iluminismo del siglo XVIII terminara de imponerse, recién ahora, al pensamiento religioso de la Edad Media: del oscurantismo a la luz, de la opacidad a la transparencia, de los excesos y la perversión al reconocimiento y el castigo. Mientras la vida espiritual crece por fuera de los cánones habituales como respuesta a una sociedad consumista y drogada que no encuentra respuestas para la crisis del capitalismo, la Iglesia Católica busca recomponerse desde sus cimientos. En un ámbito donde el voto de silencio, el misterio divino y el secreto de confesión son valores trascendentes, la Iglesia tendrá que cambiar sin cambiar, lo cual no es fácil, o desaparecerá o será otra cosa.

 

El papa renunció en latín y sólo él sabe, si es que sabe, por qué se bajó, borró, abdicó, en fin, habría que inventar una palabra. Pero según los vaticanistas, fue consecuencia de una megafiltración que aquejó a la Iglesia el año pasado, llamada Vatileaks. Involucra al ya famoso mayordomo del papa, pero también a varios encumbrados obispos y cardenales. La decisión del papa se habría precipitado a partir del informe de los Vatileaks que le presentaron a Benedicto XVI los tres purpurados encargados de investigar el tema, incluyendo el jefe de seguridad del Vaticano, en marzo del año pasado. De ese informe, que sólo conocen Benedicto XVI y los tres cardenales que lo escribieron, habría trascendido que aparecen evidencias de feroces luchas de poder centradas en el cardenal Tarciso Bertone, hoy jefe interino de la Iglesia, desfalcos económicos y conducta sexual incompatible con la institución. También, probablemente, cosas peores. Sin lo que todavía no se sabe, es difícil entender la decisión del ya ex papa Ratzinger.

 

Julian Assange, un experto en revelar secretos ajenos incómodos, me dijo en una entrevista el año pasado que quizá ninguna institución guarda secretos más valiosos para la humanidad que la Iglesia Católica en las herméticas bibliotecas del Vaticano. "Los archivos secretos del Vaticano son completamente secretos", señaló el fundador de Wikileaks. "Qué tesoro histórico representan volviendo atrás más de mil años, escondiendo tremendas injusticias, algunas de las cuales conocemos, como el encarcelamiento de Galileo y los crímenes de la Inquisición, por sólo nombrar algunas de esas injusticias."

 

Sin necesidad de retroceder tanto en el tiempo, uno de los grandes misterios de la Iglesia es el de la desaparición de Emanuela Orlandi, una niña de quince años, hija de un maestro de escuela que enseñaba en la Santa Sede. Emanuela vivía en el Vaticano y fue secuestrada en junio de 1983, durante el papado de Juan Pablo II, mientras iba a su casa después de tomar una clase de flauta en un conservatorio ubicado frente a la basílica San Apollinare, en el centro de Roma. Acaso se trate de una simple anécdota, un infortunio, en todos lados desaparecen personas. Pero hay algo sobre la historia de Emanuela que ha dado lugar a todo tipo de especulaciones en la prensa italiana: cientos de artículos, docenas de programas de televisión y varios libros a lo largo de los años. Por alguna razón la causa judicial de Emanuela, que fue cerrada y reabierta varias veces, cobró impulso a partir de los Vatileaks. Cuatro testigos declararon esta semana, la misma en que Benedicto XVI dejó de ser papa. Por alguna razón, Pedro, el hermano de Emanuela, está convencido de que la renuncia del papa finalmente iluminará la verdad.

 

Una de las primeras pistas sobre el secuestro de Emanuela le apunta al mafioso italiano Enrico De Pedis, uno de los más famosos y sangrientos gangsters italianos de los años '80. De Pedis, muerto a balazos en 1990, fue enterrado en el interior de la basílica de San Apollinare, propiedad del Vaticano, entre restos de papas y cardenales. Una investigación de 1999 sobre por qué De Pedis fue enterrado ahí determinó que habría sido una devolución de favores por haber frenado los ataques de la mafia en contra del Vaticano, incluyendo el secuestro y asesinato de Emanuela. Además, según la investigación, De Pedis le habría donado 660 mil dólares a un influyente cardenal para asegurarse su nicho en la basílica.

 

Pero según la hermana de Emanuela, Nicolina, más que protector de la Iglesia, De Pedis habría sido el secuestrador de su hermana. Nicolina declaró que 24 horas después del secuestro, la policía elaboró un croquis a partir del testimonio de un vigilador del Senado italiano que habría presenciado el secuestro. Según la hermana de Emanuela, la imagen del croquis era prácticamente una réplica del rostro de De Pedis. Así, las primeras especulaciones señalaban que el secuestro había sido una venganza de la mafia en contra del Vaticano por haber perdido varios millones en la caída fraudulenta del Banco Ambrosiano, en 1982, del cual el Vaticano era un accionista clave.

 

Poco tiempo después surgió la "pista turca": la familia de Emanuela recibió varias llamadas anónimas de personas ofreciendo canjear a la niña secuestrada por Ali Agca, preso por haber disparado contra Juan Pablo II en Plaza San Pedro dos años antes, en 1981. Un ex agente de la policía secreta de Alemania Oriental declaró años más tarde que esas llamadas provinieron de su oficina, "por orden de Moscú", para desviar la atención de un grupo de agentes búlgaros que figuraban en la lista de sospechosos.

 

Entre las llamadas anónimas que recibió la familia de Emanuela después del secuestro había una voz con fuerte acento norteamericano, que la policía de entonces bautizó como El Americano. El entonces subdirector de los Servicios Secretos Civiles italianos, Vicenso Parisi, escribió en un documento que permaneció clasificado hasta 1995 que El Americano era el cardenal estadounidense hoy fallecido Paul Marcinkus, ex director del Banco Vaticano, conocido como "el banquero de Dios," protagonista principal del escándalo del Banco Ambrosiano, quien sólo pudo evitar la cárcel por la protección judicial y diplomática que recibió del Vaticano.

 

En 2005, un llamado anónimo a un programa de televisión dijo que Emanuela había sido enterrada en la tumba de De Pedis, Tres años más tarde, una ex amante de De Pedis declaró que el mafioso había asesinado a Emanuela por orden de Marcinkus y su cadáver fue desechado en una hormigonera en las afueras de Roma. Ese testimonio reabrió la causa, que había sido archivada en 1997 por falta de pruebas.

 

Las revelaciones de los Vatileaks, a partir de marzo del año pasado, dieron un nuevo impulso a la investigación, ya que varios documentos filtrados mencionaban a Emanuela. Uno de ellos es una carta reservada de Giampiero Gloder, uno de los sacerdotes que ayudaban al papa a redactar sus textos. En su nota reservada, Gloder aconseja al pontífice no mencionar a Emanuela para no darles aliento a quienes acusan al Vaticano de ocultar información sobre el caso. Semanas más tarde estalló una bomba: el sacerdote Gabriel Amorth, jefe de exorcistas del Vaticano y uno de los investigadores del caso Orlandi, declaró que Emanuela había sido convertida en una esclava sexual, usada en varias orgías en el Vaticano y luego asesinada. "Fue un crimen de naturaleza sexual", declaró. Esa la pista que ahora sigue la Justicia italiana.

 

Las declaraciones del exorcista llevaron a la exhumación del cadáver de De Pedis. Debajo de la tumba del mafioso se encontraron restos humanos que parecen ser de otros tiempos, pero los investigadores no descartan nada. Los exámenes de ADN estarían listos el mes que viene.

 

Mientras tanto, el año pasado se publicaron dos libros sobre Emanuela, que sugieren que la adolescente habría sido parte de las llamadas "familias negras", de hijos de religiosos discretamente reubicados en familias de empleados del Vaticano, una leyenda popular nunca comprobada. Un libro novelado insinúa que Emanuela era hija de Juan Pablo II. El otro dice que Emanuela sería hija de Marcinkus y de una hermana de su madre reconocida. También salió un libro del hermano de Emanuela, Pedro, que acusa al Vaticano de encubrimiento. Pedro Orlandi está convencido de que el arzobispo Piero Vergari, rector de la Basílica de San Apollinare, participó en o encubrió el secuestro de su hermana. Vergari ha sido imputado de secuestro y asesinato por el fiscal Giancarlo Capaldo en la causa que lleva la jueza Cristina Cattaneo. Tras una infructuosa reunión con el vocero papal Federico Lombardi, el año pasado, el hermano de Emanuela escribió una solicitada pidiendo que el Vaticano diga lo que sabe sobre su hermana, a la que adhirieron ya más de cien mil firmas.

 

El sábado pasado, horas después de la declaración de los testigos en el juzgado de Cattaneo, Pedro Orlandi acudió a la Plaza San Pedro. Llevaba un cuadro enmarcado con la foto de Emanuela. Dos días antes le había escrito una carta al papa pidiéndole que mencionara a su hermana y pidiera una oración por ella en su último ángelus.

 

Pero Ratzinger no nombró ni se refirió a Emanuela en su homilía final. Fue un golpe duro para el hermano. Sin embargo, como millones de católicos sacudidos por lo que pasa en estos días, Pedro Orlandi no pierde la fe. "Es una lástima que no haya nombrado a mi hermana –dijo después del rito–. Pero el papa debe saber que la verdad será revelada."

 

Santiago O'Donnell

Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla

 

Informacion adicional

  • Antetítulo
  • Autor Santiago O'Donnell
  • País Vaticano
  • Región Europa
  • Fuente Página 12
  • Relacionados
  • Anexos
Publicado en Internacional

Los expertos vaticanistas alegan que el papa Benedicto XVI decidió renunciar en marzo del año pasado, después de regresar de su viaje a México y a Cuba. En ese entonces, el Papa que encarna lo que el especialista y universitario francés Philippe Portier llama “una continuidad pesada” con su predecesor, Juan Pablo II, descubrió la primera parte de un informe elaborado por los cardenales Julián Herranz, Jozef Tomko y Salvatore De Giorgi. Allí estaban resumidos los abismos nada espirituales en los que había caído la Iglesia: corrupción, finanzas oscuras, guerras fratricidas por el poder, robo masivo de documentos secretos, pugna entre facciones y lavado de dinero. El resumen final era la “resistencia en la curia al cambio y muchos obstáculos a las acciones pedidas por el Papa para promover la transparencia”.

 

El Vaticano era un nido de hienas enardecidas, un pugilato sin límites ni moral alguna donde la curia hambrienta de poder fomentaba delaciones, traiciones, zancadillas, lavado de dinero, operaciones de Inteligencia para mantener sus prerrogativas y privilegios al frente de las instituciones religiosas y financieras. Muy lejos del cielo y muy cerca de los pecados terrestres. Bajo el mandato de Benedicto XVI, el Vaticano fue uno de los Estados más oscuros del planeta. Josef Ratzinger tuvo el mérito de destapar el inmenso agujero negro de los curas pedófilos, pero no el de modernizar la Iglesia y dar vuelta la página del legado de asuntos turbios que dejó su predecesor, Juan Pablo II.

 

Ese primer informe de los tres cardenales desembocó, en agosto del año pasado, en el nombramiento del suizo René Brülhart, un especialista en lavado de dinero que dirigió durante ocho años la Financial Intelligence Unit (FIU) du Liechtenstein, o sea, la agencia nacional encargada de analizar las operaciones financieras sospechosas. Brülhart tenía como misión poner al Banco del Vaticano en sintonía con las normas europeas dictadas por el GAFI, el grupo de acción financiera. Desde luego, no pudo hacerlo. El pasado turbio le cerró el paso.

 

Benedicto XVI fue, como lo señala Philippe Portier, un continuador de la obra de Juan Pablo II: “Desde 1981 siguió el reino de su predecesor acompañando varios textos importantes que él mismo redactó a veces, como la Condena de las teologías de la liberación de los años 1984-1986, el Evangelium Vitae de 1995, a propósito de la doctrina de la Iglesia sobre temas de la vida, o Splendor Veritas, un texto fundamental redactado a cuatro manos con Wojtyla”. Estos dos textos citados por el experto francés son un compendio práctico de la visión reaccionaria de la Iglesia sobre las cuestiones políticas, sociales y científicas del mundo moderno.

 

La segunda parte del informe de los tres cardenales le fue presentada al Papa en diciembre. Desde entonces, la renuncia se planteó de forma irrevocable. En pleno marasmo y con un montón de pasillos que conducían al infierno, la curia romana actuó como lo haría cualquier Estado. Buscó imponer una verdad oficial con métodos modernos. Para ello contrató al periodista norteamericano Greg Burke, miembro del Opus Dei y ex miembro de la agencia Reuters, la revista Time y la cadena Fox. Burke tenía por misión mejorar la deteriorada imagen de la Iglesia. “Mi idea es aportar claridad”, dijo Burke al asumir el puesto. Demasiado tarde. Nada hay de claro en la cima de la Iglesia Católica.

 

La divulgación de los documentos secretos del Vaticano orquestada por el mayordomo del papa, Paolo Gabriele, y muchas otras manos invisibles fue una operación sabiamente montada cuyos resortes siguen siendo misteriosos: operación contra el poderoso secretario de Estado, Tarcisio Bertone, conspiración para empujar a Benedicto XVI a la renuncia y poner a un italiano en su lugar, o intento de frenar la purga interna en curso y la avalancha de secretos, los vatileaks sumergieron la tarea limpiadora de Burke. Un infierno de paredes pintadas con ángeles no es fácil de rediseñar.

Benedicto XVI se hizo aplastar por las contradicciones que él mismo suscitó. Estas son tales que, una vez que hizo pública su renuncia, los tradicionalistas de la Fraternidad de San Pío X fundada por monseñor Lefebvre saludaron la figura del Papa. No es para menos: una de las primeras misiones que emprendió Ratzinger consistió en suprimir las sanciones canónicas adoptadas contra los partidarios fascistoides y ultrarreaccionarios de monseñor Lefebvre y, por consiguiente, legitimizar en el seno de la Iglesia esa corriente retrógrada que, de Pinochet a Videla, supo apoyar a casi todas las dictaduras de ultraderecha del mundo.

 

Philippe Portier señala al respecto que el Papa “se dejó sobrepasar por la opacidad que se instaló bajo su reino”. Y la primera de ellas no es doctrinal, sino financiera. El Vaticano es un tenebroso gestor de dinero y muchas de las querellas que se destaparon en el último año tienen que ver con las finanzas, las cuentas maquilladas y las operaciones ilícitas. Esta es la herencia financiera que dejó Juan Pablo II y que para muchos especialistas explica la crisis actual. El Instituto para las Obras de Religión, es decir el banco del Vaticano, fundado en 1942 por Pío XII, funciona con una oscuridad tormentosa. En enero, a pedido del organismo europeo de lucha contra el blanqueo de dinero, Moneyval, el Banco de Italia bloqueó el uso de las cartas de crédito dentro del Vaticano debido a la falta de transparencia y a las fallas manifiestas en el control de lavado de dinero. En 2011, los cinco millones de turistas que visitaron la Santa Sede dejaron 93,5 millones de euros en las cajas del Vaticano, ahora deberán pagar al contado. El IOR gestiona más de 33.000 cuentas por las que circulan más de seis mil millones de euros. Su opacidad es tal que no figura en la “lista blanca” de los Estados que participan en el combate contra las transacciones ilícitas.

 

En septiembre de 2009, Ratzinger nombró al banquero Ettore Gotti Tedeschi al frente del Banco del Vaticano. Cercano al Opus Dei, representante del Banco de Santander en Italia desde 1992, Gotti Tedeschi participó en la preparación de la encíclica social y económica Caritas in veritate, publicada por el Papa en julio. La encíclica exige más justicia social y plantea reglas más transparentes para el sistema financiero mundial. Tedeschi tuvo como objetivo ordenar las turbias aguas de las finanzas vaticanas. Las cuentas de la Santa Sede son un laberinto de corrupción y lavado de dinero cuyos orígenes más conocidos se remontan a finales de los años ’80, cuando la Justicia italiana emitió una orden de detención contra el arzobispo norteamericano Paul Marcinkus, el llamado “banquero de Dios”, presidente del Instituto para las Obras de la Religión y máximo responsable de las inversiones vaticanas de la época.

 

Marcinkus era un adepto a los paraísos fiscales y muy amigo de las mafias. Juan Pablo II usó el argumento de la soberanía territorial para evitar la detención y salvarlo de la cárcel. No extraña, le debía mucho, ya que en los años ’70 y ’80 Marcinkus había utilizado el Banco del Vaticano para financiar secretamente al hijo predilecto de Juan Pablo II, el sindicato polaco Solidaridad, algo que Wojtyla no olvidó jamás. Marcinkus terminó sus días jugando al golf en Arizona y en el medio quedó un gigantesco agujero negro de pérdidas (3,5 mil millones de dólares), inversiones mafiosas y también varios cadáveres.

 

El 18 de junio de 1982 apareció un cadáver ahorcado en el puente londinense de Blackfriars. El cuerpo pertenecía a Roberto Calvi, presidente del Banco Ambrosiano y principal socio del IOR. Su aparente suicidio corrió el telón de una inmensa trama de corrupción que incluía, además del Banco Ambrosiano, la logia masónica Propaganda 2 (más conocida como P-2), dirigida por Licio Gelli, y el mismo Banco del Vaticano dirigido por Marcinkus. Gelli se refugió un tiempo en la Argentina, donde ya había operado en los tiempos del general Lanusse mediante un operativo llamado “Gianoglio” para facilitar el retorno de Perón.

 

A Gotti Tedeschi se le encomendó una misión casi imposible y sólo permaneció tres años al frente del Instituto para las Obras de Religión. Fue despedido de forma fulminante en 2012 por supuestas “irregularidades en su gestión”. Entre otras irregularidades, la fiscalía de Roma descubrió un giro sospechoso de 30 millones de dólares entre el Banco del Vaticano y el Credito Artigiano. La transferencia se hizo desde una cuenta abierta en el Credito Artigiano pero bloqueada por la Justicia a causa de su falta de transferencia. Tedeschi salió del banco pocas horas después de que se detuviera al mayordomo del Papa y justo cuando el Vaticano estaba siendo investigado por supuesta violación de las normas contra el blanqueo de capitales. En realidad, su expulsión constituye otro episodio de la guerra entre facciones. En cuanto se hizo cargo del puesto, Tedeschi empezó a elaborar un informe secreto donde consignó lo que fue descubriendo: cuentas cifradas donde se escondía dinero sucio de “políticos, intermediarios, constructores y altos funcionarios del Estado”. Hasta Matteo Messina Denaro, el nuevo jefe de la Cosa Nostra, tenía su dinero en el IOR. Allí empezó el infortunio de Tedeschi. Quienes conocen bien el Vaticano alegan que el banquero amigo del Papa fue víctima de un complot armado por consejeros del banco con el respaldo del secretario de Estado, monseñor Bertone, un enemigo personal de Tedeschi y responsable de la comisión cardenalicia que vigila el funcionamiento del banco. Su destitución vino acompañada por la difusión de un “documento” que lo vinculaba con la fuga de documentos robados al Papa.

 

Más que las querellas teológicas, es el dinero y las sucias cuentas del Banco del Vaticano lo que parecen componer la trama de la inédita renuncia del Papa. Un nido de cuervos pedófilos, complotistas reaccionarios y ladrones, sedientos de poder, impunes y capaces de todo con tal de defender su facción, la jerarquía católica ha dejado una imagen terrible de su proceso de descomposición moral. Nada muy distinto al mundo en el que vivimos: corrupción, capitalismo suicida, protección de los privilegiados, circuitos de poder que se autoalimentan y protegen, el Vaticano no es más que un reflejo puntual de la propia decadencia del sistema.


Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla

Informacion adicional

  • Antetítulo
  • Autor Eduardo Febbro
  • País
  • Región
  • Fuente Página12
  • Relacionados
  • Anexos
Publicado en Internacional
En el poder y en la ciudad de Medellín, con denuncias e investigación sobre la existencia al menos de 250 combos armados, cruza un reacomodo con trasfondos mafiosos. Entre las acciones de narcotráfico, política tradicional, lavado de divisas, compra de conciencias y de adhesiones políticas, amenazas, complicidades, impunidad y asesinatos, nacen nuevos dominios. Tienen base, y derivan con el control territorial y la inserción institucional una de las más claras expresiones de la “cosa nuestra” que es notoria por toda la urbe. La parapolitíca y su control territorial aparecen como una antesala de la forma y uso de dominios nuevos de la política, la economía y la administración de la violencia, que son un fenómeno de grandes implicaciones que trae nuevos retos para las organizaciones sociales. ¿Cómo sucede y cómo actúan en Medellín, qué poderes existen, qué dominio campea.

Una historia con un presente largo para no olvidar. En uno de sus capítulos más conocidos, aún tiene consecuencias la reposición de los “desmovilizados” como manejadores de orden y justicia en los barrios. Ya sobresale que la capital de la montaña es objeto “de disputa por los grupos ilegales las rentas económicas derivadas en gran medida del narcomenudeo, las extorsiones, los juegos de azar, redes de prostitución y el lavado de dinero; […] uno de los ejes primordiales de disputa es el control de la población, en tanto su dominio garantiza a las agrupaciones condiciones de seguridad y supervivencia, vulnerando de manera sistemática sus derechos humanos como medio para conseguir sus objetivos”. Una parte de la realidad que en el primer semestre de 2011 hizo público un informe de la Personería de esa ciudad. Así sucedió y sucede en Medellín –no una isla–, en evidencia o anuncio por supuesto, de hechos que en alguna medida ocurren en otras partes. ¿Cómo obtienen ese control sobre la población?

Corría 2009. En su momento, el Alcalde Alonso Salazar advirtió, puso en conocimiento de los ciudadanos y las instituciones que la Fiscalía Seccional, con su director Guillermo León Valencia Cossio, hermano del entonces Ministro del Interior, así como el comandante de la Policía Metropolitana, general Marco Antonio Pedreros, mantenían vínculos con estructuras delincuenciales de la ‘oficina de Envigado’ y con alias Don Mario, su cabeza más visible. Las dos instituciones más importantes –con alcance institucional1– penetradas y cooptadas por la parapolítica. Pero las denuncias por el copamiento paramilitar no pararon ahí. El alcalde también señaló por el delito de extorsión y relación con bandas criminales al principal negociante de la Central Mayorista de la ciudad, Alirio de Jesús Rendón Hurtado (alias Cebollero), y a una empresa de vigilancia. Estas declaraciones, que tuvieron amplia difusión en su momento, dieron cuenta de los graves hechos sucedidos en esa ciudad, y de la presencia larga, y con consecuencias para sus habitantes, del crimen paramilitar.

El 29 de septiembre de 2010, el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo emitió un Informe de Riesgo (016-10): De acuerdo con la alerta, estarían en riesgo cerca de 298.436 personas habitantes de 54 barrios de 11 comunas, “en situación de alto riesgo de padecer desplazamientos forzados intraurbanos, amenazas, atentados, asesinatos, restricciones a la movilidad, entre otras vulneraciones”. Las zonas en riesgo serían las comunas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 13, así como los corregimientos de San Antonio de Prado, Altavista y San Cristóbal.

El documento del SAT resalta como factor de riesgo las acciones violentas de los grupos armados ilegales que actúan con las autodenominaciones ‘oficina de Envigado’ y Los Paisas. “Utilizan, de manera directa o a través de bandas y redes delincuenciales el terror, el miedo y la intimidación, como mecanismo para mantener el control social de la población […] complejo entramado de grupos armados reconvertidos después del proceso de desmovilización paramilitar, que han preservado su capacidad de incidencia coercitiva en diferentes sectores de la vida de la ciudad y que tienen vocación de actuar en el campo de lo político. Aspecto último, con una cuota alta de atención noticiosa y acción judicial.

Como es notorio, en Medellín hubo paramilitarización, y la ‘desmovilización’ del Bloque Cacique Nutibara escenificada el 25 de noviembre de 2003, en realidad fue ficticia. Cambiarion las formas, y su existencia y control prosiguió con nuevas formas. La Personería, en el informe que citamos, no deja dudas: “No existe patrullaje de la ciudad con pasamontañas ni armas de largo alcance. Es un control invisible, con amenazas, con armas camufladas de corto alcance, con expulsiones de los barrios [...] Hoy se respira un nuevo clima pero los habitantes de las comunas coinciden en afirmar que detrás de la aparente calma están agazapados los nuevos dueños del orden local: los grupos paramilitares que controlan los suburbios de Medellín con mano de hierro”2.

Sobre la situación de derechos humanos en Medellín, este informe presenta datos sobre amenazas, desplazamientos y desapariciones forzadas; tratos crueles, inhumanos y degradantes; violencias sexuales, vinculación y utilización de niños/as y adolescentes, así como masacres, ataques indiscriminados y homicidios (aumentan en los territorios de más intensa disputa territorial “como es el caso de las comunas 13, 8 (ver recuadro De luto la Comuna 8), 10, 16, 2 (barrio La Rosa), 3, 5 y 6, y los corregimientos de San Antonio de Prado, San Cristóbal y Altavista”. Y dice que “según la Policía Metropolitana existen alrededor de 200 bandas delincuenciales articuladas a 20 organizaciones delincuenciales integradas al narcotráfico (Odin) al servicio de las dos facciones de la ‘oficina de Envigado’, modelo de delincuencia organizada replicado en otras ciudades (Oficio 1205 del 25 de julio de 2005”.

A la vez, y ante los hechos, la Defensoría del Pueblo explica que la disputa entre los grupos armados ilegales surgidos luego de la desmovilización de los bloques que operaron en Medellín, así como las estructuras armadas de la ‘oficina de Envigado’, los llamados ‘combos’ y bandas al servicio del narcotráfico “tienen el propósito de garantizar las condiciones para la consolidación y legitimación de un modelo socioeconómico y político […]3. Estos grupos son la expresión local de sofisticadas redes criminales con profunda inserción social e institucional. Su denuncia y caracterización de esta realidad no puede aparecer como producto de simples organizaciones de “delincuencia común” y expresión de “personas pobres o disfuncionales” con su vida bajo el sino y la dedicación única o principal en actividades al margen de la ley.



Paramilitarismo y expansión, derivaciones y ramas de ‘cosa nostra’ mafiosa


Ante tales manifestaciones delincuenciales, es posible sí que en su estructura haya diversos grados de capacidad criminal por la incorporación de organizaciones pequeñas, con baja potencia destructiva, que actúan en cadena con grupos de mayor envergadura. En esta forma, es considerable la existencia y la presencia de encadenamientos productivos del comercio de droga en variada escala, unos que producen materias primas, otros que transportan y otros que comercializan […]. En resumen, no hay grupos locales armados que puedan considerarse autónomos. Todos están insertos en las redes criminales que actúan y buscan penetrar, consolidar o ampliar los dominios territoriales en la ciudad.

Al respecto, para la Defensoría4 “estos grupos no sólo actúan en el marco de la disputa por las rentas provenientes de todo tipo de actividades ilegales sino que [además] generan estructuras híbridas que imbrican tanto la captura de rentas ilegales como de negocios legales, que se explican por dos procesos convergentes, la necesidad de legalizar activos provenientes de actividades ilícitas y la incursión de estos grupos, desde hace varios años, en el mundo de la economía legal, estableciendo alianzas empresariales muy fructíferas.

No pasa desapercibido (sic) que tanto las investigaciones académicas de organismos como la Corporación Nuevo Arco Iris como las penales adelantadas por la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la Nación, genéricamente conocidas como “parapolítica”, pusieron al descubierto que el accionar paramilitar desde mediados de los años 90, además del componente contrainsurgente, incorporó los intereses de una amplia red de sectores económicos, sociales y políticos que vieron en la estrategia paramilitar una buena oportunidad para reconstruir un orden social funcional a sus intereses y para acumular poder en diversos campos. Una buena parte de esta iniciativa se concretó en la estrategia de alianzas para la toma del poder local (…)”5.

Ya con la proximidad de las elecciones, en octubre de 2011, el politólogo Max Yury Gil advirtió acerca del alcance de esa realidad en Medellín y la naturaleza y “vocación de actuar en el campo de lo político” de las “sofisticadas redes criminales” que operaban en la ciudad. Y desde su marco intelectual recomendaba: “Los habitantes de esta ciudad tenemos un reto […] decidir cómo les va a ir a los candidatos que nos proponen los grupos armados, esos que han sido responsables de buena parte de los 1.982 jóvenes asesinados en la ciudad, entre ellos los cinco líderes juveniles de la comuna 13. (…) es fundamental que la institucionalidad rodee de garantías este proceso, pero especialmente que demuestre un compromiso más allá de toda duda sobre la ruptura con la criminalidad, que implica una renuncia absoluta a construir la gobernabilidad en alianza con las mafias que actúan en Medellín y a tolerar que sectores oficiales actúen al margen de la ley”6.

Por su parte, Manuel Alonso y Jorge Giraldo señalaron desde 2007 que en Antioquia y Medellín “las bandas, las estructuras del crimen organizado, los paramilitares y los grupos de autodefensa barrial tienen una relación entre sí a través de un conjunto variable de intermediarios”. Cada uno, “establece las relaciones específicas de los nodos con el entorno”7. Medellín y su realidad casi aplastante, como vamos viendo en el curso de este artículo, llevó a estos dos académicos a concluir: La existencia de una gran economía ilegal, con un mercado de seguridad compuesto por múltiples demandantes y oferentes armados, que se estructura sobre la figura de los intermediarios legales y no legales –en medio de una débil institucionalidad. Mercado y marco político y de poder que pone las ‘intenciones’ de desmontar el paramilitarismo en el lugar inmodesto de los ideales.

Creerlo así es suponer que con las desmovilizaciones que fueron realizadas y escenificadas se puede desmontar el proyecto paramilitar. Equivale a decir que es posible recoger con los dedos la gota de mercurio que cae al piso. Pero no fueron sólo académicos; también diversos movimientos y organizaciones sociales advirtieron sobre las transformaciones problemáticas que experimentan durante la última década los actores ilegales en la ciudad.

Hace cuatro años (2008), organizaciones como Casa de la Mujer, Mujeres que Crean, Ruta Pacífica y Vamos Mujer, en un informe presentado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, afirmaron: “Posterior a la cooptación de bandas y combos que emergían en la ciudad hacia 2003, momento de la mal llamada desmovilización, se da un proceso de reposicionamiento de los desmovilizados como administradores de orden y justicia en los barrios, que configuran su autoridad mediante castigos físicos, amenazas y desplazamientos como formas de controlar socialmente las poblaciones”8.

Ante el dominio público de este suceder, la existencia de grandes jefes y complejas organizaciones delincuenciales no son ficciones de Alonso Salazar, el alcalde de la urbe por entonces, al denunciar las circunstancias apremiantes de la misma. A finales de 2009 y comienzos de 2010, una Comisión por la Vida mantuvo contactos con grandes jefes delincuenciales, buscando un acuerdo para que, en palabras de Jaime Jaramillo Panesso, destacado miembro de la Comisión, “la situación en la ciudad se pacifique, no se maten entre ellos y no maten personas inocentes”9. Un vano o superficial intento.

Los mapas realizados por la Personería de Medellín en 2008 y 2011 identifican bandas y combos delincuenciales en la ciudad, que en su mayoría permanecen en las zonas.

El lugar de la raíz del fenómeno y sus “conexiones secretas y alarmantes”



En el mundo y en la polémica jurídica y del Derecho fue noticia que el fiscal Giovanni Falcone, a quien la mafia que investigó en Palermo (Italia) lo asesinó en 1992, caracterizó en forma pública la configuración mafiosa como un tejido de conexiones secretas y alarmantes y de compenetraciones orgánicas.

Dada esta estructura para el delito, el articulista y etnógrafo Aldo Cívico10, quien desde hace 10 años estudia el trasfondo etnográfico –los sectores de la sociedad–, sobre quienes gravitan la incidencia, los beneficios y el disimulo del paramilitarismo en Medellín, y quien viajó como parte de su investigación con Leoluca Orlando, ex alcalde antimafia de Palermo, a Monterrey (México), pone sobre la mesa que “la raíz del problema [de la violencia paramilitar] no está en los barrios marginales”, aunque sea allí donde la violencia tiene sus manifestaciones. Aduce él, en cambio, que tal problema está y tiene su dinámica: en los comportamientos y espacios donde los sujetos que cuentan con un recurso de poder y vínculo con individuos de la clase dirigente, y en cuya relación y lugares tienen un amplio margen de resguardo, “manejo y acuerdo de las turbias alianzas […] garantía de la impunidad”. Son estos entonces unos espacios centrales y de ‘cinco estrellas’.

Cuando Raúl Hasbún Mendoza le suministró a la Fiscalía una lista de 240 bananeros, 400 ganaderos y 4.200 comerciantes, como capítulo de la ‘paraeconomía’, su primera derivación fue la medida de aseguramiento contra Guillermo Gaviria Echeverry, un nombrado bananero en Urabá y padre del actual alcalde de Medellín. Estos hechos, permiten traer “a la mente unas analogías”, directas, similares, para usar palabras del investigador Cívico, con el hecho mafioso que hace parte de la historia en Italia. Unas analogías que también son claras ante el caso ya público de la ‘Convivir Papagayo’, que operó con los grupos paramilitares en Urabá, y que por las relaciones que estableció recibió una condena en Estados Unidos la empresa Chiquita Brown. Ejemplo o analogía que caracterizan el hecho mafioso ya con desarrollos. Con adelantos en la relación con el poder y su origen de legitimación que en un ejemplo mínimo la Corporación Arco Iris referencia en su II Informe 2011 sobre la acción de combos que “infiere la instrumentalización política […] en Villa Hermosa y Altavista para hacer proselitismo electoral y obstaculizar físicamente el desarrollo de campañas electorales de otros candidatos”11. Al respecto, la profesora Gina Margarita López concluyó de manera contundente: “En Medellín impera el voto “amarado”, el voto comprado”12.

En agosto de 2009, el periodista y analista del conflicto urbano en Medellín Juan Diego Restrepo veía que ‘organizaciones’ como la ‘oficina de Envigado’, estructuras de origen paramilitar como la de Diego Rendón Herrera, alias don Mario; grupos narcotraficantes como Los Rastrojos e históricas bandas de Bello, Itagüí y Medellín, buscan hacerse a un dominio territorial al modo de Don Berna, a sangre y fuego. Pero hasta el momento nadie tiene el monopolio ni siquiera el Estado, que ha cedido terreno13.

Dada la caracterización y la experiencia internacional que alcanzó el fiscal Falcone y que define el espacio de movimiento de las personas con algún poder, que son quienes deciden y traman el recuso de pago o violencia para avanzar y consolidar un mayor volumen de poder, sobre un área determinada, sin considerar su extensión, ¡no es el narcotráfico desarticulado! Es, según la investigación mencionada, “la alianza del crimen organizado con poderes políticos y económicos el factor que constituye la esencia de la mafia”. En Italia, esta alianza tiene como denominación el término “intreccio”, que quiere decir trama.

Tal como vemos en Medellín y es de profundo conocimiento en Italia, la trama, ese intreccio señala “no sólo la reciprocidad entre la ‘Cosa Nostra’ y la institucionalidad sino también la amplia ‘zona gris’ en la cual es imposible distinguir dónde termina la mafia y dónde comienza la institucionalidad”, según precisa Cívico. Por tanto, concluye que “en las compenetraciones y conexiones del crimen organizado con la economía y la política está también asentada la naturaleza del paramilitarismo como poder mafioso”.

Leoluca Orlando, el ex alcalde antimafia de Palermo, al llegar a Monterrey, cuando el hermano del alcalde fue acusado de complicidad en el atentado a una discoteca que les costó la vida a más de 10 personas, declaró a la prensa: “Yo sé solamente que un alcalde que tiene una familia con relaciones con los criminales no es digno de ser el alcalde de una ciudad. No puede representar a la comunidad en la lucha contra la mafia. No se trata de justicia; se trata de ética”.

¿Debió guardar silencio el Alcalde?


La Procuraduría General de la Nación, en auto del 24 de octubre de 2011, levantó un pliego de cargos al alcalde14  por sus comentarios el 6 de octubre de 2011 “a través de la red social más utilizada en internet Twitter, el 6 de octubre; a lo cual, en el interrogatorio que tuvo al rendir versión libre, el alcalde respondió que era “harta su obligación de corregir una cantidad de cosas dichas por el candidato @luis _perez_g (quien dice que las pasadas elecciones se las robaron)” y que Pérez aducía que en las elecciones del pasado 30 de octubre había el mismo riesgo, y que “desde ya busca quitar legitimidad si el resultado no le favorece”. Y agregó que cuando Luis Pérez perdió en el 2007 “calumnió sin importarle el daño que hacía a la ciudad, y ahora calumnia como estrategia de campaña”.

Otra de las posibles fallas disciplinarias que investigadas por la Procuraduría, en un procedimiento con participación de los académicos Jorge Alberto Giraldo y William Fredy Pérez como testigos técnicos, alude a la entrega de fotografías y las afirmaciones del alcalde a los medios de comunicación escritos y electrónicos para “darle publicidad a una posible comisión de unos hechos delictivos por parte de algunos candidatos a cargos de elección popular en las próximas [ahora pasadas] elecciones. Este asunto abre y permite una polémica jurídica y de un desempeño ciudadano sobre la responsabilidad de un funcionario y de las actuaciones que derivan de sus deberes constitucionales, legales y reglamentarios. Son preguntas: 1) El Alcalde utilizó el cargo con el fin de participar en forma activa, personal y voluntaria en pleno rigor de las prohibiciones señaladas en la Ley de Garantías, 2) actividades propias de los partidos y movimientos políticos, 3) Influyó en procesos electorales de carácter político partidista, 4) Interfirió en la contienda electoral con el fin de perjudicar electoralmente a los candidatos denunciados 5) Violó las prohibiciones consagradas en la ley de garantías electorales contenidas en la Ley 996 de 2005.

Muy pronto, en sus primeros seis meses de mandato, el alcalde Alonso Salazar ya tuvo lances y hechos –nada comunes por las autoridades elegidas– de lucha pública y frontal contra la delincuencia con vínculos políticos. En su testimonio, William F. Pérez hizo notar que: “por lo menos durante las últimas tres décadas la ciudad ha sufrido una transición de organizaciones un poco más elementales, casi espontáneas, hacia […] un verdadero crimen organizado […] que se caracteriza por unos elementos básicos: permanencia, jerarquías, normas explicitas o implícitas –a veces incluso escritas–, y agentes corruptores y corruptibles que ocupan lugares permanentes en la organización”.

Dados el tamaño y la profundidad de la situación, una vez puesta en boca del Alcalde debió significar para el gobierno central y la sociedad la urgencia y responsabilidad de una “alerta temprana”, documentada por organizaciones, periodistas y académicos, incluso con un estudio que contrató el propio Ministerio de Gobierno a fin de investigar los riesgos concernientes a la época electoral, en relación a la infiltración de las mafias en la política. Ese estudio fue difundido por los medios de comunicación en agosto de 201115.

Con un volumen de delito nada subterráneo, ¿el Alcalde debiera no hablar y mantener desinformados a los habitantes de la ciudad? Cabe señalar que la actuación de un funcionario con responsabilidad política y sin acomodos cómplices está –estaría– obligado de dar a conocer la gravedad y la anomalía específicas de la situación. Tales condiciones exigirían a todo funcionario tomar una decisión de gobierno y en derecho que responda al querer de la ciudadanía. En palabras de Claudia López, “dejar de prevenir los riesgos mitigables es un acto de irresponsabilidad mayúsculo con la democracia”.


1    Ver, “La captura y reconfiguración cooptada del Estado en Colombia”, Luis Jorge Garay Salamanca y otros. 1ª ed. 2008, Bogotá.
2    Eduardo Pizarro Leongómez, “Una calma aparente. Paramilitarización urbana”. El Tiempo, Bogotá, 15 de agosto de 2004.
3    Verdad Abierta. “Urabeños y Rastrojos amenazan a Medellín: Defensoría del Pueblo” (en línea), disponible en: http://www.verdadabierta.com/rearmados/2793-urabenos-y-rastrojos-amenazan-a-medellin-defensoria-del-pueblo. Un mes más tarde, la Secretaría de Gobierno de Medellín publicaba, en coherencia con los datos de la Defensoría, un análisis sobre el riesgo para la vida en las diversas zonas de la ciudad: “Del territorio de Medellín, no todas las comunas y corregimientos tienen la misma proporción de riesgo para la vida de sus residentes, existen, como San Javier (Comuna 13), otras con alta concentración de conflicto, tal como La Candelaria (Comuna 10) y Villa Hermosa (Comuna 8), donde la probabilidad de ser víctima es de un caso entre 4.842.301 para un habitante promedio de la 13, o una probabilidad de uno en 3.026.438 casos en Comuna 10 o de un caso entre 3.631.726 en la Comuna 8”. Secretaría de Gobierno de Medellín. “Documento para el diálogo ciudadano”. Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (SISC), 11 de octubre de 2010.
4    Documento Alerta.
5    Manuel A. Alonso Espinal, Jorge Giraldo Ramírez y Diego Jorge Sierra. “Medellín: El complejo camino de la competencia armada”. En: Mauricio Romero (ed.). Parapolítica. La ruta de la expansión paramilitar y los acuerdos políticos. Bogotá, Cerec, agosto de 2007.
6    Informe violencia sexual y feminicidios en Colombia. Fue presentado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Washington, 23 de octubre de 2008, por Casa de la Mujer, Mujeres que Crean, Ruta Pacífica, Vamos Mujer.
7    Verdad Abierta. “Así se pactó la tregua entre bandas en Medellín” (en línea), disponible en: http://www.verdadabierta.com/index.php?option=com_content&id=219108 de Febrero de 2010.
8    Twitter: @acivico.
9    Max Yuri Gil Ramírez. “Medellín: elecciones e influencia de grupos criminales”. Semanario Viva la Ciudadanía, 00276. Semana del 21 al 27 de octubre de 2011.
10    Max Yuri Gil Ramírez. Medellín, violencia y riesgo electoral. Semanario Viva la ciudadanía, ed. 00249, Semana del 1 al 7 de abril de 2011.
11    Corporación Nuevo Arco Iris. “Mafias y agentes ilegales buscan rentas y el poder local. II informe. Octubre, disponible en: http://www.nuevoarcoiris.org.co/sac/files/oca/informes/segundo_informe_elecciones_2011. pdf
12    Gina Margarita López. “De concurrencias y…”.
13    Redes mafiosas en el Valle de Aburrá. Juan Diego Restrepo. Semana, 26 de agosto de 2009 (en línea), disponible en: http://www.semana.com/noticias-opinion-on-line/redes-mafiosas-valle-aburra/127815.aspx.
14    […] deberá usted responder a la Procuraduría General de la Nación por haber utilizado su cargo y autoridad para participar en forma activa, personal y voluntaria en pleno rigor de las prohibiciones señaladas en la Ley de Garantías, en actividades propias de los partidos y movimientos políticos, y por influir en procesos electorales de carácter político partidista, en un período electoral en el que se exige la mayor imparcialidad de todos los funcionarios y servidores del Estado para garantizar la transparencia del mismo. Hecho éste que se concreta al haber realizado comentarios a través de la red social más utilizada en internet, “Twitter”, el día 6 de octubre de 2011; entregar fotografías y realizar afirmaciones en medios de comunicación escritos y electrónicos con el fin de darle publicidad a una posible comisión de unos hechos delictivos por parte de algunos candidatos a cargos de elección popular en las elecciones a celebrarse el próximo 30 de octubre de 2011, como los que aparecen publicados en el periódico El Colombiano de las ediciones del 7 de octubre de 2011 (p. 9A), el 9 de octubre de 2011 (p. 7A) y elcolombiano.com del 23 de octubre de 2011, en los cuales se hacen imputaciones delictivas a los señores Luis Carlos Pérez Gutiérrez, candidato a la Alcaldía de Medellín; Misael Cadavid, candidato al Concejo de Medellín; Aurelio Antonio Tobón, candidato a la Junta Administradora Local de la Comuna 8; Gary Johan Vélez Torres, candidato a la Junta Administradora Local de la Comuna 13, y Diego Javier Galeano García, candidato a la Junta de Administradora Local de El Pinar, así como por la utilización de su cargo para realizar afirmaciones sobre la presencia del candidato Luis Carlos Pérez con personas al parecer presuntamente vinculadas con hechos delictuosos; todo ello con el fin de influir en las actividades de dichos candidatos, de interferir en la contienda electoral de perjudicarlos electoralmente, afectando su imagen y poniéndolos en contra de la opinión de la comunidad, estando en pleno rigor de las prohibiciones señaladas en la Ley de Garantías Electorales contenidas en la Ley 996 de 2005”.
15    El informe fue contratado por Germán Vargas Lleras y financiado en parte con recursos del Instituto Nacional Demócrata de los Estados Unidos. La primera fase fue investigar una muestra de 75 municipios de un universo de 211 con alto riesgo de infiltración mafiosa. “El Ministro del Interior explicó hace meses en un foro sobre las elecciones que el Gobierno quería evitar que en estas elecciones se repitiera el fenómeno de la parapolítica y que por eso contrataría a la Corporación Arco Iris, que sin duda es la ONG con mayor experiencia en investigar los fenómenos de filtración de la mafia en la política, para que aportara los insumos con los cuales los jefes de los partidos podrían escoger mejor a sus candidatos”. Juanita León. “¿Por qué Vargas Lleras no entregó a los partidos la ‘lista negra’ de Arco Iris?”. La Silla Vacía, 31 de agosto, 2011 (en línea), disponible en: http://www.lasillavacia.com/historia/por-que-vargas-lleras-no-entrego-los-partidos-la-lista-negra-de-arco-iris-27176. Recuérdese además que la Ley 1106 de 2006, art. 5, prorrogada en este artículo por la Ley 1421 de 2010, ordena a los gobernadores y alcaldes “atender de manera urgente las recomendaciones y alertas tempranas emanadas del Gobierno Nacional, especialmente del Ministerio del Interior y de Justicia, tendientes a prevenir, atender y conjurar las situaciones de riesgo que alteren el orden público, y las posibles violaciones a los derechos humanos o el Derecho Internacional Humanitario”.



Recuadro 1

Otro eslabón: Delincuencia para-electoral



En octubre de 2011, un texto titulado “De concurrencias y otras casualidades”, de la ensayista y docente universitaria Gina Margarita López, recordó algunas ‘coincidencias’ electorales y afirmó que “voces desde diferentes espectros políticos han señalado que hay zonas donde existen limitantes para desarrollar la actividad proselitista” en Medellín. Al respecto, el texto decía: “[La] candidata a la Alcaldía por MIRA ha recibido mensajes de no ingresar en las comunas 1 y 13. En la Comuna 8, un candidato no ha podido ir a la parte alta de la misma, así como el Partido Verde y la ASI no han podido hacer presencia en la Comuna 6. Estas comunas, como lo señalé, para 2007 apoyaron mayoritariamente en términos electorales a Luis Pérez, por ejemplo; en la Comuna 1 Pérez duplicó la votación de Salazar. […] Si bien la Policía desarticuló algunas estructuras que operaban en 2007 o las confrontaciones entre “Sebastián” y “Valenciano” permitieron capturar varios miembros de organizaciones delincuenciales, aún hay redes desde lo micro a lo macro que operan desde finales de los 80 en Medellín y que sobreviven, mutan y hasta han clonado a otros sectores. Por esto, su incidencia ilícita en el proceso electoral está presente.

La situación de riesgo electoral y captura del gobierno local en los comicios de 2011 incluyó un informe con mapa en el artículo “Veto a campañas”, Semana, 1º de octubre de 20111.

Por su parte, Angélica Arias, investigadora del Observatorio del Conflicto Armado, en el mismo mes de octubre, dio a conocer cifras sobre la capacidad económica alcanzada por estos agentes violentos de una denominación que aborda como neoparamilitares. Revela que “tienen la oportunidad de financiar y favorecer a algunos candidatos locales en los diferentes municipios y algunas ciudades capitales. Tienen tanto la opción de financiar campañas de los políticos de su preferencia como de comprar votos el día de las elecciones, o ceder deudas de los préstamos gota a gota bajo la idea de que sus deudores voten por un candidato específico”. Sobre Antioquia, agregó: “La influencia en las elecciones proviene en su gran mayoría de parapolíticos que aún otorgan algún tipo de apoyo a los candidatos, aunque los neoparamilitares que sobresalen en el departamento son Los Rastrojos, Los Urabeños y Los Paisas, también predominan bandas en el territorio de los municipios”2.

Como parte de otro de los intereses que estaban en juego en Medellín, Patricia Fernández (Coordinadora Regional Antioquia, Misión de Observación Electoral) dio a conocer que “el presupuesto que administrará el próximo alcalde es del orden de 14 billones de pesos, provenientes en su mayoría del recaudo de impuestos que pagan los habitantes de la ciudad. El alcalde, además, decide e incide entre otros entes descentralizados en Empresas Públicas de Medellín, UNE Telecomunicaciones, Metroparques, Empresa de Desarrollo Urbano, Metrosalud, Instituto Tecnológico Metropolitano, Institución Universitaria Colegio Mayor, Telemedellín, Instituto de Deportes y Recreación (INDER), Área Metropolitana, cuyos presupuestos superan cinco veces los del Plan de Desarrollo Municipal3.

1    http://www.semana.com/nacion/veto-campanas/165077-3.aspx).
2    Angélica Arias. “Neoparamilitares-Bacrim: Acciones de interferencia para las elecciones locales de 2011”. Observatorio del Conflicto Armado, octubre de 2011.
3    Patricia Fernández Correa. “Un voto elige bien o mal, pero elige”. Semanario Virtual Viva la Ciudadanía, ed. 00276. Semana del 21 al 27 de octubre de 2011.


Recuadro 2


De luto la Comuna 8


El 13 de junio de 2011, el portal Verdad Abierta publicó una denuncia del IPC bajo el título “No paran las amenazas a líderes en Medellín”. En ese informe, como en muchos otros, la Comuna 8 siempre se presenta a la cabeza de los sectores territoriales de la ciudad con mayores problemas de violencia y conflicto armado: “Situación en los barrios. En comunas como la 8 y la 13 la situación es alarmante. Según Jairo Maya, miembro de la Junta Administradora Local de la Comuna 8, por lo menos unos 17 líderes comunitarios de este sector centro-oriental de la cuidad recibieron amenazas en este año y ya cuatro presidentes de juntas de acción comunal han tenido que abandonar la zona en los dos últimos meses”.

Un año antes, también el IPC informaba que “en audiencia celebrada el pasado 8 de febrero en el Palacio de Justicia de Medellín, los desmovilizados y a su vez ex integrantes de la Corporación Democracia Edwin Tapias y Julio Perdomo aceptaron ante el Juez 16 Penal del Circuito con funciones de Garantías los cargos que le imputa la Fiscalía por concierto para delinquir, desplazamiento forzado intraurbano y homicidio, constreñimiento y extorsión. Los dos ex combatientes del Bloque Cacique Nutibara de las Autodefensas Unidas de Colombia (auc) fueron capturados el pasado viernes 5 de febrero [de 2010] junto a otras 18 personas en operativo realizado en el barrio Caicedo, Comuna 8 de la ciudad […] La preocupación ahora es por la suerte de las familias que fueron desplazadas por estos desmovilizados, muchas de las cuales aún no pueden retornar a sus barrios, pues advierten que la situación no muestra mejoría. Incluso, activistas como Fernando Quijano, director de Corpades, advierten que en la Comuna 8 la criminalidad parece que tuviera un dicho: “A rey muerto, rey puesto”. Instituto Popular de Capacitación. “Dos desmovilizados de Corporación Democracia aceptaron pertenecer a nuevas bandas en Medellín”. Medellín, IPC, 10 de febrero de 2010. Para ver la relevancia de la Comuna 8 en la situación de conflicto urbano, puede verse: Paramilitarismo y conflicto urbano. Relaciones entre el conflicto político armado nacional y las violencias preexistentes en la ciudad de Medellín: 1997-2005. De Max Yury Gil. Trabajo de grado. Instituto de Estudios Políticos. Maestría en Ciencia Política, agosto de 2009.





Informacion adicional

  • Antetítulo El poder dominante y sus nuevas formas
  • Autor Omar Roberto Rodríguez
  • Edición 180
  • Sección Informe especial
  • Fecha Mayo 20 - junio 20 de 2012
  • Bajante
Publicado en Edición 180
Jueves, 09 de Septiembre de 2010 06:39

Crece en México insurgencia de cárteles: Clinton

Nueva York, 8 de septiembre. La secretaria de Estado Hillary Clinton declaró hoy que en México la amenaza del narcotráfico se está transformando en algo semejante a una insurgencia, en la cual los capos controlan ciertas partes del país, lo cual hace que éste se parezca cada vez más a Colombia hace 20 años.

“Enfrentamos –consideró– la creciente amenaza de una red bien organizada, una amenaza del narcotráfico que, en algunos casos, se está transformando en, o haciendo causa común, con lo que nosotros consideraríamos una insurgencia en México y en Centroamérica.”

En respuesta a la pregunta de cómo impulsa las estrategias antinarcóticos en el hemisferio –en un foro donde ofreció un discurso sobre la política exterior del gobierno de Barack Obama, realizado en la sede de Washington del Consejo de Relaciones Exteriores–, Clinton reiteró su admiración por la valentía y el compromiso del presidente Felipe Calderón, e insistió en que Estados Unidos asiste a México para que mejore su seguridad pública, su trabajo de inteligencia y su capacidad de arrestar e investigar a narcotraficantes.

Pero a la vez subrayó que “estos cárteles de droga están demostrando más y más índices de insurgencia. De repente aparecen coches bomba, que no había antes”, contestó a Carla Hills, quien fue representante de Comercio de Estados Unidos y principal negociadora del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

Entonces se está volviendo, se está viendo más y más como se veía Colombia hace 20 años, donde los narcotraficantes controlan ciertas partes del país, pero no partes significativas, corrigió, al recordar que fuerzas insurgentes llegaron a dominar 40 por ciento del país sudamericano.

En su amplia respuesta, Clinton dijo que para enfrentar ese problema se requiere de una capacidad institucional y seguridad pública mejorada, y, donde sea apropiado, apoyo militar para esa seguridad pública, junto con voluntad política. Insistió en que México tiene capacidad, y aunque las autoridades del país desean hacer lo más que pueden por sí solas, están muy dispuestas a aceptar consejos.

Advirtió que las naciones centroamericanas no tienen esa capacidad, y aseguró que Estados Unidos está respondiendo a llamados, como el de la nueva presidenta de Costa Rica, para ampliar lo que tenemos en América Central.

Añadió: necesitamos pensar cuáles son los equivalentes del Plan Colombia para México, Centroamérica y el Caribe.

Reconoció que el plan para el país sudamericano fue controversial; acabo de estar en Colombia, y había problemas y hubo errores, pero funcionó.

De nuevo reconoció que las drogas son consumidas en Estados Unidos y que las armas fluyen al sur, al afirmar: tengo una sensación real de responsabilidad para hacer todo lo que podamos.

Aparentemente a Clinton se le olvidó la controversia que provocó el gobierno de Obama a principios de 2009, cuando un informe del Pentágono señaló que México estaba en peligro de volverse un Estado fallido, y otras voces oficiales en Washington expresaron preocupación de que el gobierno mexicano había perdido control efectivo de partes de su territorio.

Decir que México es un Estado fallido es absolutamente falso... No ha perdido ninguna parte, ni una sola parte, del territorio, afirmó Calderón en entrevista con la agencia Ap en febrero de 2009, en respuesta a estas evaluaciones de parte del gobierno estadunidense, mensaje que repitió a medios internacionales mientras su gobierno transmitía el disgusto por estas caracterizaciones a sus nuevas contrapartes en la Casa Blanca y el Departamento de Estado.

El secretario asistente de Estado para asuntos internacionales sobre narcóticos David Johnson, en febrero del año pasado, tuvo que afirmar que no compartía los comentarios de algunos funcionarios estadunidenses de que el gobierno mexicano no tenía control efectivo de parte del territorio nacional.

Poco después, en su primera visita a México, en marzo del año pasado, Clinton intentó distanciarse de quienes afirmaban que había peligro de perder control de partes del territorio.

Subrayó el concepto de responsabilidad compartida y aseguró que ambos gobiernos estaban confiados en el éxito de la lucha antinarcóticos.

Hoy todo eso pareció haberse descartado, o tal vez descuidado. Eso sí, sus comentarios sobre el tema no eran parte del discurso preparado.

De hecho, en su amplia ponencia, Clinton no abundó sobre el problema del narcotráfico, y sólo mencionó a México como parte de una lista de países aliados, sin enfocarse en la relación bilateral, y América Latina estaba casi ausente (con un par de menciones de Brasil) en su discurso sobre la política exterior del gobierno de Obama.

O sea, sin esa pregunta, Clinton no hubiera tocado esos temas al ofrecer el panorama internacional y los desafíos para Estados Unidos. Más bien, enfatizó en Medio Oriente, las relaciones con India, los conflictos con Irán y Corea del Norte, la crisis en Sudán, entre otros, destacando los avances de la diplomacia estadunidense en estos últimos dos años.

Su extenso discurso se centró sobre cómo Estados Unidos mantendrá su liderazgo en un mundo cada vez más complejo. “Déjenme decirlo claramente: Estados Unidos puede, debe y será el líder en este nuevo siglo. De hecho, las complejidades y conexiones del mundo actual han otorgado un nuevo momento estadunidense, un momento en el cual nuestro liderazgo global es esencial, aun si frecuentemente tenemos que ejercer el liderazgo de nuevas maneras… Este es un momento que tiene que ser tomado a través de duro trabajo y decisiones audaces, con el fin de sentar los fundamentos de un liderazgo estadunidense perdurable para las décadas venideras”.

Por David Brooks
Corresponsal
Publicado en Internacional
Domingo, 20 de Diciembre de 2009 07:40

El lavaperros que se atrevió a asesinar al gran narco

Jonathan Andrés Ortiz es lo que en el argot colombiano se conoce como un lavaperros, el último eslabón en la larga cadena del narcotráfico. Un joven que igual sirve para hacer de correveidile entre traficantes de mediopelo que para sacar a pasear la mascota de un capo. Jonathan nació hace 24 años en Medellín (Colombia), pero hacía tiempo que había emigrado a España. Tras residir en Torrejón de Ardoz, una localidad de los alrededores de Madrid, en los últimos meses vivía en Canarias, donde había encontrado trabajo en el sector de la hostelería. Tenía los papeles de residencia en regla.

A comienzos de 2009, dejó a un lado esa apacible vida legal y presuntamente aceptó un encargo para ascender: de lavaperros a sicario. Un grupo de delincuentes colombianos le ofreció un trabajo en apariencia sencillo. Matar a un enfermo hospitalizado en Madrid. Sus contratadores se encargarían de recoger la información necesaria para cometer el crimen. Lo llevarían en coche hasta el lugar donde estaba la víctima. Lo guiarían prácticamente hasta los pies de la cama. E, incluso, le facilitarían una pistola limpia, sin antecedentes, para hacer el trabajo. Ni siquiera se tendría que ocupar de deshacerse del arma. Ellos harían todo, menos apretar el gatillo. Esa era su misión. Aceptó.

Guiado hasta la víctima

Por ello, el pasado 8 de enero, Jonathan viajó desde las islas a Madrid. Vestía una cazadora deportiva, unos pantalones vaqueros, un gorro de lana negro y una braga militar del mismo color. A media tarde, un individuo pasó a recogerlo en un coche y lo llevó hasta el Hospital 12 de Octubre, un gran complejo hospitalario situado al sur de la capital. Al llegar, un segundo sujeto alto y delgado, al que no conocía, lo estaba esperando en la puerta. No cruzaron ni una palabra. Jonathan, con la gorra calada hasta la cejas y la pistola oculta, se puso a caminar detrás de él, a unos cinco metros de distancia, y siempre mirando al suelo. El guía lo llevó con paso decidido por el inmenso edificio. Entraron juntos en el ascensor, subieron a la sexta planta y, luego, bajaron por las escaleras hasta la quinta, la de Cardiología. Allí, en el rellano, el individuo alto lo dejó sólo.

Instantes después, Jonathan entraba en la habitación 537 y preguntaba a uno de los dos enfermos que la ocupaban: "¿Es usted Leónidas?". El paciente le dijo que no y le señaló a su compañero de cuarto. Jonathan ordenó a su involuntario informante que se diera la vuelta, sacó una pistola de 9 milímetros corto con silenciador y disparó seis veces contra aquel bulto que dormitaba en la cama. Cuatro balas dieron en el blanco. Sin perder un instante, el antiguo lavaperros emprendió la huida. En la salida, un segundo vehículo lo esperaba.

Jonathan acababa de matar a Leónidas Vargas, un importante capo colombiano conocido como El Rey de Caquetá. Temido y odiado, Leónidas llevaba en España desde 2006, cuando la Policía lo detuvo por su presunta relación con un cargamento de 500 kilos de cocaína. Gravemente enfermo, la Audiencia Nacional había accedido a atenuar su encarcelamiento y enviarlo a su casa a la espera de que se celebrara el juicio. Un empeoramiento había obligado a ingresarlo en el hospital unos días antes de que fuera asesinado.

Su muerte había sido encargada desde el otro lado del Atlántico. ¿Por quién? La Policía colombiana no dudó en señalar como principal sospechoso a Victor Carranza, El Esmeraldero, otro gran narco, enfrentado desde hacía tiempo a Leónidas. La Policía española no sabe a ciencia cierta cuánto pudo pagar por ver cumplida su venganza, pero en los bajos fondos se habla con insistencia desde el día del crimen de que fue más de un millón de euros. Con ese dinero, el capo contrató los servicios de una oficina de cobros (grupo de delincuentes que realiza ajustes de cuentas por encargo) asentada en España. Esta, a su vez, subcontrató a un segundo grupo, aunque para ello tuvo que ofrecer el trabajo a un buen número de bandas. Muchas lo rechazaron. Matar a un narco del nivel de Leónidas Vargas era demasiado peligroso.

Finalmente, el grupo de José Jonathan Fajardo Ospina, un presunto delincuente colombiano con intereses en Madrid y Jaén, lo aceptó. Fajardo, casado, con una hija y un nivel de vida que incluía frecuentes cambios de vivienda y coches de alta gama, dirigía supuestamente una banda que igual traficaba con droga que ajustaba cuentas por encargo o realizaba secuestros express. Su mano derecha, el también colombiano Edgar Andrés Ortega Flores, era el encargado de tratar con sus peones. Y para los asuntos menores, tenía a Alexandre Salazar Cortes, Chuki, y Andrei Alexander Cadar, El Mono, un rumano que se expresaba en castellano con acento colombiano.

Ellos fueron los encargados de contactar con Jonathan y con quien presuntamente iba a hacer de guía en el hospital, Jonathan M. R. También fueron ellos los que lo trajeron y llevaron al hospital, y los que le facilitaron el arma. Luego, se encargaron de hacerla desaparecer en el fondo de un río. Tras el crimen, Fajardo presuntamente pagó el trabajo de cada uno. A Jonathan Andrés Ortiz, le entregó unos pocos miles de euros por apretar el gatillo. Sólo ellos saben cuánto exactamente

Era el punto final de lo que parecía un crimen perfecto. Sin embargo, el tramo final de la cadena tenía agujeros. Algunos miembros de la banda de Fajardo estaban siendo investigados desde hacía tiempo por la Policía en Jaén por tráfico de drogas. Los datos que esta había recabado se cruzaron en las bases policiales con los que recopilaba el Grupo X de Homicidios de la Jefatura Superior de Policía de Madrid, lo que permitió a los agentes atar cabos. Finalmente, en marzo, caían en la capital Fajardo y tres de sus hombres. En sus domicilios, se incautaron de máquinas para secar y prensar droga, bridas, grilletes, abundante munición, 12.000 euros... En abril, era detenido el guía del hospital. Ya sólo quedaba el autor material del crimen.

La omertà de los detenidos impidió a la Policía ponerle nombre hasta el 29 de junio. Cuando lo lograron, descubrieron que un mes antes Jonathan Andrés Ortiz había sido detenido por agentes en Benidorm (Alicante) tras saltarse junto a otros delincuentes un control de carretera e intentar deshacerse en su huida de una mochila con una pistola. Por desgracia, ya no estaba preso. El juez de aquel caso lo había puesto en libertad y él había aprovechado para huir a Colombia.

La Policía estaba convencida de que serían sus colegas de este país los que tarde o temprano darían con él. Sin embargo, el 25 de octubre, Jonathan voló de vuelta a España. En el control de pasaportes del aeropuerto de Madrid-Barajas, mostró confiado su documentación, esa que le permitía trabajar en la hostelería de Canarias. Fue su perdición. Los ordenadores delataron que estaba en busca y captura por ser el lavaperros que se atrevió a matar al narco Vargas.

Por ÓSCAR LÓPEZ-FONSECA - MADRID -
Publicado en Internacional
Miércoles, 06 de Mayo de 2009 05:18

'Ecomafia', 20.500 millones de beneficio

En Nápoles se dice la monnezza è ricchezza (la inmundicia es riqueza). No importa que ahí fuera el mundo se hunda, la frase en el libro Gomorra sigue siendo cierta. En 2008, la ecomafia facturó con el tráfico ilegal de residuos 20.500 millones de euros. Lo afirma el informe anual de Legambiente, asociación ecologista italiana, presentado ayer en Roma con el apoyo del presidente de la República. Se trata de la facturación más alta. Con toda esa escoria se podría levantar una montaña similar al Etna: una base de tres hectáreas y una altura de 3.100 metros.

En 2008, se produjeron en Italia 25.776 delitos ecológicos, es decir, 71 diarios, tres cada hora. La buena noticia es que en 2007 se habían registrado más, 30.124.

Así y todo, Legambiente calcula que se enterraron en suelo italiano 31 millones de toneladas de residuos, el equivalente a medio millón de camiones. "Se sabe dónde se producen, no siempre dónde se entierran", afirma el estudio. Casi la mitad de los delitos se localiza en las cuatro regiones de tradicional presencia mafiosa (Campania, Calabria, Sicilia y Puglia); el resto se reparte por el territorio. Y asoma con fuerza el rico norte del país, Piamonte sobre todo. "Las mafias han extendido sus tentáculos por vastas áreas del norte", señala el presidente de Legambiente, Vittorio Cogliati.

Como síntoma, el arresto de Mario Chiesa, otrora protagonista de casos de corrupción, "que ahora se dedicaba al tráfico de residuos con toda una red de cuellos blancos: empresarios, intermediarios y funcionarios corruptos".

El presidente Giorgio Napolitano se felicitó en una nota porque el informe demuestra que ha mejorado la lucha institucional. Desde 2002, cuando se instituyó el delito de tráfico ilícito de residuos, los jueces han abierto 123 procesos a los capos del veneno. El año pasado hubo 25 pesquisas, 2.328 personas denunciadas, y 564 empresas: movían 7.000 millones. Un récord histórico.

Los ecologistas consideran que hay cientos de clanes mafiosos viviendo de la inmundicia. Según el fiscal nacional antimafia, Pietro Grasso, "faltan recursos y un observatorio nacional. Detrás de la ecomafia hay un sistema criminal complejo, con técnicos de laboratorio, transportistas y otros, y necesitamos más armas jurídicas". Grasso reclamó al Gobierno que garantice las escuchas telefónicas.

La basura industrial que envenena el suelo mata animales, bosques y ciudadanos. El reciclaje acaba en la construcción de viviendas ilegales, actividad que la crisis tampoco ha logrado frenar. El año pasado brotaron en Italia 28.000 nuevas casas abusivas. Primer puesto, Campania; segundo, Calabria. Dos regiones en recesión. En la primera, los clanes edificaron 300.000 metros cuadrados en un área (feraz y ex agrícola) de 158 kilómetros cuadrados.

La Dirección Antimafia recuerda que, en Calabria, la N'Drangheta "sigue expandiéndose en el hábitat de las obras públicas", como las autopistas Salerno-Reggio Calabria y Jónica. Su sueño es el puente del estrecho de Messina. Más allá, la fiscalía de Palermo acaba de abrir otra investigación. Cosa Nostra se ha infiltrado en los contratos públicos para construir parques de energía eólica.

MIGUEL MORA | Roma 06/05/2009

 

Publicado en Internacional
Miércoles, 22 de Septiembre de 2010 10:29

Medellín. La ciudad popular está en zozobra

Según datos de la Personería de Medellín, en lo corrido de 2010 se han presentado en la ciudad 1.057 homicidios, 732 declaraciones de desplazamiento intraurbano, que representan un total de 2.395 personas forzadas a salir de sus barrios. Además, 938 estudiantes reportaron deserción escolar por motivos de riesgo para trasladarse de la casa a los colegios1. Los combos y bandas de todo tipo –muchas de ellas afines al paramilitarismo– ya suman 343; sus enfrentamientos se escenifican en por lo menos 52 sectores de ciudad.

Medellín regresa a sus tiempos aciagos. Así quedó explícito en el informe presentado por la Personería el pasado 21 de julio. Como una ciudad bajo fuego, el informe develó que los enfrentamientos por su control se extienden sin dar tregua, cubriendo ya 52 sectores de su periferia: en el Popular (C1) se presentan actualmente enfrentamientos en ocho sectores; en Santa Cruz (C2) hay confrontación en un sector; en Manrique (C3), en cuatro sectores; en Campo Valdés (C4), en dos; en Castilla (C6), en seis; en el Doce de Octubre (C6), en cuatro; en Robledo (C7), en cinco; En Villa Hermosa (C8), en 4; en Buenos Aires (C9), en dos; en San Javier (C13), en 10; en Guayabal (C15), en cuatro, y en Belén (C16), en dos sectores. Ver mapa anexo2.

El anterior mapeo es coherente con las áreas urbanas donde se presenta el mayor número de homicidios, en su orden: Comuna 13, con 139; Comuna 2, con 102; Comuna 1, con 93; y Comuna 6, con 71. Mientras desde las zonas rurales en el primer semestre del año se reportaron en San Cristóbal 32, Altavista 22 y San Antonio de Prado 26 homicidios3.

Estamos ante un diagnóstico de la vida diaria en la ciudad que desnuda la zozobra en que viven los habitantes de muchos barrios de su periferia popular, pese a que la propaganda oficial aseguraba que ahora todo era distinto en las comunas; que el proceso de desmovilización de los paramilitares había surtido efecto, que el embellecimiento urbano también reflejaba la disminución de la brecha entre ricos y pobres que la habitan.

Estas voces oficiales no tomaban en cuenta, no hay duda, las observaciones de distintos actores cívicos de la misma, que ponían el dedo en la llaga al insistir en que esto no era verdad. En efecto, una cosa se respira en los espectáculos masivos, como la Feria de las Flores y otros similares, y otro muy distinto es el que deben sobrellevar quienes habitan arriba, en la loma.

Esta contundente realidad deja entrever que en Medellín hay una incuestionable disputa territorial, y que un actor fundamental de esta pugna es el paramilitarismo, también manifestado como mafia, ahora no concentrada sólo en asuntos de comercio de narcóticos sino dedicada a controlar la vida de los habitantes de distintos sectores de la urbe, en una manifestación de poder de la cual no escapan tenderos, transportadores, comerciantes al por mayor y al detal, así como los habitantes de un sector dado, obligados a pagar su vigilancia, realidad que, según el diagnóstico de algunas organizaciones sociales –entre ellas Convi-Vamos–, amerita que la ciudad sea declarada en crisis humanitaria.

Niños y jóvenes en el huracán

Lo anterior no es exagerado. En la confrontación en curso, preocupa el aumento de los homicidios que afectan a los menores de edad, así como su vinculación a distintas manifestaciones de este conflicto. Así lo precisó la Personería misma, según la cual, durante los primeros seis meses de 2010 entre niños y adolescentes menores de 17 años de edad, se presentaron 103 asesinados; de igual manera, el incremento de las muertes de jóvenes entre 18 y 25 años, que ya totalizan 366. Si antes era preocupante la vinculación de niños en labores de mensajería e inteligencia, en la actualidad es alarmante su vinculación directa, guardando las armas y participando en las confrontaciones armadas.

Los grupos armados reclutan niños desde los 8 años de edad, forzándolos a participar, lo que los convierte fácilmente en víctimas. Otro hecho predominante en las zonas señaladas es el asedio al que se ven sometidos los jóvenes estudiantes de las diferentes instituciones educativas, además de la desescolarización por las intimidaciones, las amenazas y las restricciones para pasar de un barrio a otro. A esto se suma el hecho que estas mismas personas se ven sometidas, al obligárseles a servir de “correo humano”, transportando armas de fuego en sus bolsos escolares.

De igual forma, es alarmante la presión que se ejerce y el temor que se infunde sobre la población estudiantil para que los educandos expendan sustancias psicoactivas en el interior del colegio, obligándoles a convertirse en proveedores y expendedores. Esta situación lleva a que las instituciones educativas sean cada día claros espacios de alta vulnerabilidad. Según reporte de la Secretaría de Educación, este año se movieron de colegio 10.500 alumnos por diferentes motivos, entre los cuales se destacan las situaciones de violencia y conflicto barrial. Todas estas circunstancias transforman a los jóvenes en engranajes de la estructura criminal, pero sin dejar de ser víctimas del conflicto urbano armado.

Reconociendo todo lo anterior, llama la atención que para los medios de comunicación los grandes eventos de talla internacional revistan más importancia que la grave situación que viven los pobladores empobrecidos de Medellín. Las cifras son estremecedoras: de los 1.057 homicidios cometidos durante el primer semestre de 2010 en la ciudad, 805 fueron perpetrados contra jóvenes entre 10 y 35 años de edad. Este dato debiera llamar la atención sobre las prioridades de esta urbe4.

Feminicidios

De esta situación no escapan las mujeres, utilizadas en el expendio de drogas, la explotación y el abuso sexual. De enero a junio, en la otrora Bella Villa se han presentado 69 feminicidios, alarmante cifra que indica con toda certeza que la mujer está en el centro del conflicto. Cabe resaltar la sevicia en la comisión de los mismos, como si el mero hecho de ser mujer implicara una licencia para cometer contra ella toda clase de atrocidades.

Afectación de la población

La magnitud de los territorios afectados por los enfrentamientos armados reduce cada vez más la posibilidad de habitar y disfrutar el espacio público. Las esquinas han dejado de ser el espacio de encuentro para jóvenes, mujeres, niños y niñas, quienes ya no pueden hacer uso de la aceras para jugar y departir con familiares y vecinos. El traslado al barrio vecino o a la cuadra siguiente significa poner en riesgo la vida. Antes, el control de los territorios se ejercía con “toques de queda”, con horarios variables según el sector; hoy, los enfrentamientos, las escaramuzas y los tiroteos se presentan a cualquier hora del día o de la noche, generando permanente zozobra en quienes habitan estos barrios, donde los enfrentamientos son constantes, aunque en la noche aumentan las explosiones de los proyectiles, los petardos y las granadas de mano.

En las áreas hacinadas y densamente pobladas, las detonaciones se hacen más ruidosas y las viviendas se afectan en sus estructuras, debiendo quienes las habitan resguardarse debajo de las camas, donde por lo general pasan toda la noche.

Esta situación se ha convertido en un tormento: los habitantes se debaten entre dejar su casa mientras cesa la confrontación –con el riesgo de que se la ocupen los grupos armados– o quedarse confinados entre cuatro paredes, padeciendo el sufrimiento propio de la magnitud de un conflicto que al parecer va para largo.

La aguda confrontación entre los grupos armados en varios de los sectores señalados cubre todo el último año, tiempo suficiente para que sus secuelas físicas, psicológicas y sociales sean evidentes, sin por ello ser tomadas en cuenta por las autoridades locales a la hora de analizar el conflicto en curso. Se sabe de habitantes de los sectores donde el miedo, la impotencia y la desesperanza han llegado a generar procesos de somatización, aumentando la frecuencia de enfermedades físicas y psicológicas.

Los efectos psicológicos y sociales de este conflicto son permanentes en la vida cotidiana de los habitantes de esta parte de la ciudad, a pesar de que aún no se les dimensiona; las personas aprenden a sobrellevar su vida en medio de las balas y la muerte, como si esta forma de violencia fuera un hecho natural.

Los efectos negativos de este conflicto se aprecia no sólo en la salud de sus habitantes sino también en la desintegración del tejido social –aún más debilitado–, con barrios donde cada día es más difícil darle paso a la organización comunitaria, la participación y la articulación de su gente, pues la interminable zozobra genera desesperanza, abatimiento, resignación, falta de solidaridad y una sensación individualista de “sálvese quien pueda”.

Desplazamiento intraurbano

En Medellín se recibieron 732 declaraciones de desplazamiento forzado durante el primer semestre de 2010, que con sus respectivos núcleos familiares equivalen a 2.395 personas afectadas por este fenómeno. Una de estas declaraciones correspondió a un desplazamiento masivo de 86 personas del barrio La Sierra, de la Comuna 8, ocurrido en el mes de junio5, a lo que se le suma la de 56 familias de La Galera, que tuvieron que abandonar el barrio amenazadas por miembros de la banda La 38, del barrio Popular.

Finalmente, se resalta la exigencia de la fuerza pública para que los pobladores colaboren con información útil, a fin de capturar a los grupos armados que azotan los barrios. Así quedó demostrado en una nota que la Policía Nacional repartió, invitando a informar “sobre sicarios, combos delincuenciales, caletas, ollas de vicio”, haciendo hincapié en que “su seguridad está en sus manos”. Lo anterior demuestra los reiterados intentos de involucrar a la población civil en el conflicto, aun como informantes, a sabiendas de que eso los puede convertir en blanco de los actores armados. Como muestra de ello, algunos pobladores que se atreven a denunciar el accionar de estos grupos son víctimas de amenazas y desplazamientos.

Balance del pie de fuerza

Llama la atención que en una ciudad donde se ha incrementado el pie de fuerza en más de 2.500 efectivos en los últimos años, llegando a un total de más de 6.900 policías (a los que hay que sumar los uniformados del ejército que hacen presencia en algunos barrios), aun los enfrentamientos armados mantengan su constancia, destacándose los enfrentamientos con armas de largo alcance entre combos, bandas y paramilitares. Es difícil entender por qué, a pesar de la militarización de los barrios periféricos, los homicidios continúan en alza y en la ciudad siguen operando 343 bandas y combos distribuidos en las comunas.

Es necesario hacer un balance sobre la efectividad de la fuerza pública para enfrentar la violencia que padecen quienes habitan los barrios populares; asimismo, hacerles seguimiento a los actos de connivencia que miembros de la policía mantienen con las bandas y paramilitares. Esta actitud de sectores de la fuerza pública requiere intervención urgente por parte de las autoridades civiles y militares, porque, de no ser así, la dinámica del conflicto, lejos de resolverse, llegará a un escalamiento aún mayor.

¿De qué transformación hablamos?

Parece que, para quienes permanentemente están posicionando el discurso de la “transformación que vive la ciudad”, estos datos y la situación aquí presentada pasara inadvertida. Reiteramos que no se puede hablar de transformación cuando miles de familias de las aéreas territoriales señaladas están bajo el asedio que imponen los grupos paramilitares, los combos y las bandas.

¿De qué transformación hablamos cuando los estudiantes no van a la escuela por el hostigamiento y la amenaza de los grupos armados? ¿De qué transformación hablamos cuando a diario campea la muerte en los barrios, por balas, hambre y falta de atención médica?

La transformación se debe concebir bajo el enfoque del urbanismo, el embellecimiento, el ornato, el número de eventos y ferias para posicionar el turismo, y el crecimiento económico de una ciudad de servicios. Para una verdadera transformación de Medellín, es necesario que se garantice la vida, sobre todo la vida con dignidad. Es decir, la transformación no se da mientras no se resuelva la desigualdad y la injusticia social.

En suma, tan altas cifras de homicidios que afectan a la población juvenil exigen una intervención integral y no “pañitos de agua tibia” como las medidas implementadas por la Alcaldía Municipal. El programa Fuerza Joven, por ejemplo, no contribuye a disminuir la violencia porque su objetivo no es intervenir las causas estructurales de ésta sino sus efectos. El resultado de tal intervención parece ser un alivio temporal y no la erradicación de una situación que muestra el círculo vicioso en que están sumidos los habitantes de los barrios más pobres.

Ante esta situación, instamos a los gobiernos local y nacional a:

•     Generar garantías para la vida de los habitantes de los territorios y el desarrollo de las acciones comunitarias, desde una perspectiva crítica, no violenta y amplia de la seguridad humana.
•     Investigar, capturar y judicializar a los ‘poderosos’ que movilizan el dinero y se benefician de la guerra, a sabiendas de que el problema de la confrontación armada que se vive actualmente no se resuelve únicamente con la militarización de un sector de la ciudad ni con las capturas masivas de jóvenes ‘carritos’ que están haciendo el mandado, presionados o pagados para que jalen el gatillo.
•     Investigar y sancionar con todo el peso de la ley a los miembros corruptos de la fuerza pública que cohonestan y son conniventes con las estructuras mafiosas que han sucedido y reemplazado a los grupos paramilitares.
•     Investigar cómo y por dónde están ingresando las armas y las municiones para surtir a estas estructuras mafiosas.
•    Intensificar y desarrollar la agenda de programas sociales coherentes y viables a corto, mediano y largo plazo, que aporten a la disminución de las profundas desigualdades sociales, reconociendo que el problema no es la falta de recursos sino su mala distribución.

Reconociendo todo lo anterior, proponemos:

•    Adoptar medidas que permitan detener los enfrentamientos armados que se presentan en la ciudad.
•    Promover la creación de barrios de paz, convivencia y desarrollo en los cuales se establezcan programas que generen desarrollo social que tome en cuente la participación comunitaria.
•     Brindar apoyo a las campañas adelantadas por varias organizaciones comunitarias, para prevenir la vinculación de niños y niñas a los grupos armados, y la prevención del abuso y la explotación sexual.
•    Brindar garantías para que los jóvenes que han abandonado sus estudios puedan volver a ellos.
•    Realizar foros públicos con la presencia del Alcalde y las organizaciones sociales, con el propósito de discutir y construir en conjunto unas propuestas en torno al tema de la seguridad, la inequidad y la precarización de las condiciones de vida en la ciudad.

Medellín, agosto 12 de 2010

1    Periódico El Colombiano, 9 de agosto 2010, Talentos huyendo de las balas http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/T/talentos_huyendo_de_las_balas/talentos_huyendo_de_las_balas.asp?CodSeccion=179.
2     Elaboración propia de la Corporación Con-Vivamos, Mapa de enfrentamiento entre grupos armados ocurridos entre enero y Julio de 2010.
3     Datos publicados en el informe semestral de Derechos Humanos de la Personería de Medellín, enero a junio de 2010.
4     En un ejercicio de seguimiento a las noticias reportadas durante la semana de las Feria de las Flores, la Corporación Con-Vivamos pudo constatar que el propósito central fue mostrar los éxitos de la Feria a pesar de que en los barrios continuaban los enfrentamientos, las muertes y los desplazamientos forzados masivos de la población.
5    Memorias Foro Derechos Humanos: Desplazamiento Forzado Intraurbano Por el derecho a vivir donde quieres, Personería de Medellín, jueves 5 de agosto de 2010.

Corporación Con-Vivamos
Desde la Zona Nororiental en pro de la organización comunitaria Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla

Publicado en Edición 161
«InicioPrev12PróximoFin»
Pág. 1 de 2