La noche del 26 de septiembre, Ernesto Guerrero, de 23 años, vio como el cañón de un Colt AR-15 le apuntaba.

- Vete o te mato.


En aquel momento no lo supo, pero el agente le había librado de una muerte segura. No fue por azar ni por piedad, sino por pura y simple saturación. Como Ernesto recordaría semanas después, los policías municipales tenían a decenas de compañeros de la Escuela Rural Normal de Ayotzinapa tumbados boca abajo en el asfalto y se los estaban llevando en camionetas a la comisaría. Iban hasta los topes. Tan ocupados estaban, que habían pedido ayuda a los agentes de la vecina localidad de Cocula, y cuando Ernesto, armado de valor, se acercó a preguntar por la suerte de sus amigos, ya no disponían de tiempo ni espacio para uno más. Directamente le apuntaron con el fusil y le conminaron a irse. "Vi alejarse por la avenida a mis compañeros", rememora. Esa fue la última vez que supo de ellos.


Aquel 26 de septiembre, Ernesto había llegado a Iguala, junto con casi un centenar de alumnos de magisterio, en dos autobuses procedentes de Ayotzinapa. Radicales y revoltosos, los estudiantes iban a recaudar, como otras veces, fondos para sus actividades. Esto significaba pasar el bote por sus calles más céntricas, entrar en unos pocos comercios e incluso cortar alguna avenida.


Su desembarco no había pasado inadvertido. Los halcones del narco, según la reconstrucción de la fiscalía mexicana, habían seguidos sus pasos y alertado a la central de la Policía Municipal. Los normalistas no eran bienvenidos. En junio del año anterior, tras el asesinato y tortura del líder campesino Arturo Hernández Cardona, los estudiantes habían culpado del crimen al alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, y atacado el ayuntamiento.
Los sicarios y los policías, que en Iguala vivían en perfecta simbiosis, creyeron que iban a repetir al algarada, pero esta vez no contra el regidor, sino contra alguien aún más poderoso: su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa.


Ella, como apuntan las investigaciones policiales, dirigía las finanzas del cartel de Guerreros Unidos en la ciudad. El vínculo con el narco le venía de lejos. Era hija de una antigua operaria de Arturo Beltrán Leyva, el Jefe de Jefes, y sus propios hermanos habían creado por orden de este capo el embrión de la organización criminal con el objetivo de enfrentarse a Los Zetas y a La Familia Michoacana. Cuando ambos fueron ejecutados y arrojados a una cuneta de la carretera de Cuernavaca, ella tomó las riendas en Iguala, protagonizando junto con su marido un fulgurante ascenso social que ahora quería completar con su última ambición: ser elegida regidora en 2015. Para ello, ese 26 de septiembre había preparado un gran acto en el zócalo de la villa. Era el inicio de su carrera electoral.


La irrupción en la ciudad de los normalistas, encapuchados, rebeldes, con ganas de protesta, les hizo temer que fuesen a reventar el discurso. El alcalde exigió a sus esbirros que lo impidiesen a toda costa y, según algunas versiones, que los entregasen a Guerreros Unidos. La orden fue acatada ciegamente. Las fauces del horror se abrieron de par en par. Posiblemente nunca se llegue a saber cómo la barbarie llegó a tal extremo, pero lo que las pesquisas policiales han logrado sacar a la luz es que a los normalistas, que seguramente no sabían cuál era la naturaleza del poder municipal en Iguala, se les dio trato de sicarios, se les persiguió con la saña con que se mata a los cárteles rivales. En sucesivas oleadas, la policía atacó a sangre y fuego a los estudiantes. De nada les valieron sus desesperados intentos de huir en autobuses tomados a la fuerza. Dos murieron a tiros, otro fue desollado vivo, tres personas ajenas a los hechos perdieron la vida a balazos al ser confundidas con normalistas. En la cacería, decenas de estudiantes fueron detenidos y conducidos a la comandancia policial de Iguala. Nadie dio orden de parar. El reloj siguió adelante.


El jefe de los sicarios, Gildardo López Astudillo, avisó al líder supremo de Guerreros Unidos, Sidronio Casarrubias Salgado. En sus mensajes le informó de que los responsables de los desórdenes de Iguala pertenecían a Los Rojos, la organización criminal contra la que libraban una salvaje guerra. Sidronio dio orden de "defender el territorio".


En una operación de exterminio bien diseñada, fruto posiblemente de experiencias anteriores, los estudiantes fueron recogidos de la comandancia de Iguala por agentes de Cocula, quienes, cambiando las placas de sus matrículas, les entregaron a los liquidadores del cartel en la brecha de Loma de Coyote. Todo estaba preparado para no dejar huellas.


En una noche sin apenas luna, hacinados como ganado en un camión y una camioneta, los normalistas fueron conducidos hacia el basurero de Cocula. Fue un viaje al infierno. Muchos estudiantes, posiblemente una quincena, malheridos y golpeados, murieron de asfixia en ese recorrido. Al llegar al paraje, los supervivientes fueron bajando uno a uno. Con las manos en la cabeza, les obligaban a caminar un trecho, tumbarse en el suelo y contestar a sus preguntas. Querían saber por qué habían acudido a Iguala y si pertenecían al cartel rival. Los normalistas, según las confesiones de los detenidos, respondían aterrorizados que ellos eran estudiantes y que no tenían nada que ver con el narco. De poco les sirvió. Acabado el interrogatorio, recibían un tiro en la cabeza. El núcleo del comando ejecutor, aunque contó con la ayuda de más sicarios, lo formaban Patricio Reyes Landa, El Pato; Jonathan Osorio Gómez, El Jona, y Agustín García Reyes, El Chereje. Con bestialidad metódica, mataron a todos los normalistas y, a lo que ya venían muertos, los arrastraron, cogidos de las piernas y los brazos, fuera de los vehículos.


Como en un ritual bárbaro, prepararon una inmensa pira en aquel basurero. Sobre una cama de piedras circular, apiñaron primero una capa de neumáticos y luego otra de leña. Ahí encima colocaron los cadáveres. Los rociaron de gasolina y diésel.


La hoguera prendió la noche más oscura de México. Las llamas fueron alimentadas durante horas. Los sicarios, en su impunidad, incluso se marcharon a la espera de que el fuego se consumiese solo. Pasadas las cinco de la tarde, tras arrojar tierra encima, se acercaron a los restos. Los desmenuzaron y los metieron en ocho grandes bolsas de basura negras. Al atardecer, los asesinos abandonaron el paraje. En su viaje de vuelta, arrojaron las bolsas a la corriente del río San Juan. México aún tardaría algunos días en despertar al horror.

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Viernes, 31 Octubre 2014 05:56

"El sufrimiento no se negocia"

"La confianza no se pide, la confianza se gana", le espetaron los padres de los 43 estudiantes desaparecidos al presidente Enrique Peña Nieto durante una reunión de más de cinco horas en la residencia oficial de Los Pinos. "El gobierno no se da cuenta de que el sufrimiento no se negocia y que las vidas humanas no tienen precio", dijo Emiliano Navarrete, padre de uno de los normalistas desaparecidos.


Luego de más de cinco horas de reunión entre Peña Nieto y los padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos, el gobierno mexicano avivó la frustración de buena parte de la sociedad al poner el manejo de la crisis de derechos humanos que ha despertado la preocupación internacional por encima de la investigación que esclarezca uno de los mayores casos de desaparición forzada en México en tiempos recientes.


"Le dijimos: 'No confiamos en su gobierno, y si usted no se cree competente para dar resultados, que vengan de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos'", dijo Felipe de la Cruz, otro de los padres. La dignidad de estos campesinos, víctimas también ellos de la desaparición de sus hijos, acorraló al presidente Peña Nieto, al que obligaron a volver dos horas después al salón donde se había reunido con ellos, junto con el secretario de Gobernación, Miguel Angel Osorio Chong, y el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, para poner por escrito y firmar la minuta con los diez compromisos verbales que les habían hecho a lo largo del encuentro realizado en la residencia oficial de Los Pinos.
Ya avanzada la noche del miércoles, en una conferencia de prensa en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, representantes de los familiares y los estudiantes normalistas reclamaron que "sigue sin llegar la respuesta que se espera por parte del Estado mexicano". También fueron claros al condicionar un nuevo encuentro con el gobierno de Peña Nieto para que haya resultados reales en la búsqueda de los estudiantes víctimas de desaparición forzada a manos de la policía municipal de Iguala, en el estado de Guerrero, desde el 26 de septiembre.


Antes, desde la residencia oficial de Los Pinos, el presidente Peña Nieto apareció en una cadena nacional con un discurso que apeló a las emociones, no a exponer acciones concretas de su administración ni a demostrar verdadera voluntad política. La intención de la reunión con los familiares de los desaparecidos, dijo ante las cámaras de televisión, "busca generar confianza".


Con un discurso que nuevamente se quedó lejos de las expectativas, Peña Nieto resumió las nuevas promesas hechas durante el encuentro: accedió a buscar a los 43 estudiantes desaparecidos, asumiendo que siguen vivos, y ya no sólo en fosas clandestinas, como han hecho hasta ahora; incorporar a la investigación de la PGR al equipo de forenses argentinos, que lleva ya varias semanas en México, y aceptar a personas de reconocida calidad moral como coadyuvantes; no dar espacio a la impunidad; respetar los derechos humanos de todos los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa y frenar su criminalización, así como reconocer la importancia de las normales rurales y dignificar sus instalaciones; y crear una comisión de seguimiento con los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos, los propios normalistas de Ayotzinapa y representantes de la sociedad civil, junto con representantes de la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Gobernación. Eso sí: para ello ofreció controlar la información de las investigaciones con el fin de evitar filtraciones a los medios.


Los llamados "compromisos" que asumió públicamente Peña Nieto el miércoles es lo mínimo que los familiares de los desaparecidos y amplias capas de la sociedad han reclamado desde hace ya 35 días en decenas de movilizaciones por todo el país y en cerca de medio centenar de ciudades por todo el mundo. Por eso era importante para los familiares que el presidente y sus funcionarios los pusieran por escrito y los firmaran. "Las palabras se las lleva el viento", dijeron.
A tono con esa premisa, Peña Nieto apareció ante las cámaras hablando de sí mismo en tercera persona. Dijo que "el presidente de la República por igual está indignado por estos hechos", y aseguró que su administración "asume por igual la indignación y consternación que estos hechos no sólo han causado en ellos como familias sino (también) a la sociedad mexicana". El presidente fue ridiculizado de inmediato en las redes sociales, donde varios preguntaron si también participará en las siguientes marchas de protesta contra la ineficacia de su propio gobierno.

En realidad, la tónica de la reunión fue el dolor, la angustia, la consternación e indignación de los padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos, pero sobre todo flotó la impaciencia porque aún no los han encontrado.


"Yo me voy igual que como llegué. La reunión se da 33 días después, y no porque (Peña Nieto) quisiera recibirnos, esto se logró por la presión de la sociedad, no salió por él mismo. Me decepciona como gobierno que son, les falta mucho para representar a una sociedad. Como le dije a él, yo no le vengo a pedir un favor sino justicia como ciudadano mexicano que soy. Fueron personas de gobierno quienes cometieron el atropello contra nuestros hijos", explica Emiliano Navarrete, padre de uno de los 43 estudiantes desaparecidos, y aplasta toda demagogia con una lógica irrebatible: "Para mí no están desaparecidos, porque no se perdieron solos. Se los llevaron contra su voluntad, hay gente que sabe dónde están".
Para Melitón Ortega, padre de otro estudiante desaparecido, Peña Nieto "sale contento porque ya hay un acercamiento. No se da cuenta, él o algunas personalidades políticas, de que el sufrimiento no se negocia, que las vidas humanas no tienen precio".


Lo ocurrido con los estudiantes normalistas de Ayotzinapa "es un crimen de lesa humanidad", dijo Felipe de la Cruz Sandoval, otro padre que tampoco sabe qué fue de su hijo. Junto con los demás familiares hizo un llamado a la sociedad "a mantener el dolor, la indignación, el coraje y la ira para exigir que aparezcan nuestros hijos".

Mientras tanto, el Estado mexicano sigue sin responder la pregunta que el país –y el mundo– le plantea desde hace más de un mes: ¿dónde están los 43?

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El crisol egipcio se rompió. La “unidad” de Egipto –ese pegamento abarcativo, patriótico y esencial que ha unido a la nación desde el derrocamiento de la monarquía en 1952 y el gobierno de Nasser– se derritió en medio de masacres, batallas y represión contra la Hermandad Musulmana. Una centena de muertos –200, 300 “mártires”– no le hacen diferencia al resultado: para millones de egipcios, el sendero de la democracia se desvió en medio del fuego y la brutalidad. ¿Qué musulmán que busque un Estado basado en su religión confiará otra vez en las urnas?

 

Esta es la verdadera historia del baño de sangre de hoy. ¿Quién puede sorprenderse de que algunos partidarios de los Hermanos Musulmanes estuvieran blandiendo Kalashnikov en las calles de El Cairo? O de que los partidarios del ejército en su “gobierno interino”, en las áreas de clase media de la capital, tomaron sus armas o produjeron las propias y comenzaron a disparar. Esto no es Hermandad versus ejército, aunque esa es la forma en que nuestros estadistas occidentales van a tratar de retratar esta tragedia. La violencia de hoy creó una cruel división dentro de la sociedad egipcia que llevará años curar; entre los izquierdistas y los seculares y los coptos cristianos y los musulmanes sunitas, entre la gente y la policía, entre la Hermandad y el ejército. Por eso, Mohamed Al Baradei renunció anoche. La quema de las iglesias fue un corolario inevitable de un terrible asunto.

 

En Argelia en 1992, en El Cairo en 2013 –y ¿quién sabe qué sucederá en Túnez en la próximas semanas y meses?– los musulmanes ganaron el poder con justicia y democráticamente a través del voto común y fueron arrojados del poder. ¿Y quién puede olvidar nuestro vicioso asedio de Gaza cuando los palestinos votaron, nuevamente democráticamente, por Hamas? No importa cuántos errores hayan cometido los Hermanos Musulmanes en Egipto, no importa cuán promiscuo o necio haya sido su gobierno, el presidente Mohamed Mursi, democráticamente electo, fue derrocado por el ejército. Fue un golpe y John McCain estuvo en lo correcto al usar esa palabra.

 

La Hermandad, por supuesto, hace tiempo que debía haber frenado su amor propio y tratar de quedarse dentro del cascarón de la seudodemocracia que el ejército permitía en Egipto, no porque fuera justo o aceptable, sino porque estaba cantado que la alternativa sería un regreso a la clandestinidad, a los arrestos a medianoche, la tortura y el martirio. Este ha sido el rol de la Hermandad, con períodos de vergonzosa colaboración con los ocupantes británicos y los dictadores militares egipcios, y un regreso a la oscuridad sugiere dos resultados: que la Hermandad será extinguida con violencia o tendrá éxito en un futuro lejano –que Dios lo salve a Egipto de tal destino– en crear una autocracia islamista.

 

Los analistas hicieron su trabajo sucio antes de que el primer cadáver llegara a su tumba. ¿Puede Egipto evitar una guerra civil? ¿Será la Hermandad “terrorista” borrada por el ejército leal? ¿Y qué pasa con aquellos que manifestaron antes del derrocamiento de Mursi? Tony Blair fue sólo uno de aquellos que hablaron del “caos” inminente al otorgarle su apoyo al general Abdul-Fattah Al Sisi. Cada incidente violento en el Sinaí, cada arma en las manos de la Hermandad Musulmana será usada ahora para persuadir al mundo de que la organización, lejos de ser un movimiento islamista pobremente armado pero bien organizado, era el brazo derecho de Al Qaida.

 

La historia puede tener una visión distinta. Ciertamente será difícil explicar cómo muchos miles –sí, quizá millones– de egipcios educados y progresistas seguían dándole su total apoyo al general que pasó mucho tiempo después del derrocamiento de Mubarak justificando las pruebas de virginidad de las manifestantes femeninas en la Plaza Tahrir. Al Sisi estará bajo gran escrutinio en los próximos días: siempre había tenido la reputación de tenerle simpatía a la Hermandad, aunque esta idea puede haber sido provocada porque su mujer usa el niqab. Y muchos de los intelectuales de clase media que dieron su apoyo al ejército tendrán que estrujar sus conciencias dentro de una botella para acomodar los hechos futuros.

 

¿Podría el Premio Nobel y experto nuclear Mohamed Al Baradei, la personalidad más famosa a los ojos de Occidente, pero no de los egipcios, haberse quedado en el poder, en el “gobierno interino”, teniendo una visión tan en desacuerdo con las acciones de “su” gobierno? Por supuesto que no. Se tenía que ir, porque nunca tuvo la intención de que surgiera este resultado de su apuesta política cuando aceptó apoyar la elección de ministros que hizo el ejército después del golpe del mes pasado. Pero el círculo de escritores y artistas que insistieron en considerar el golpe como sólo otra etapa en la revolución de 2011, después de la renuncia de Al Baradei, tendra que usar una lingüística algo angustiada para escapar a la culpa moral por estos acontecimientos.

 

Esperen, por supuesto, las preguntas más coloquiales. ¿Significa eso el fin del Islam político? Por el momento, seguro, la Hermandad no está de ánimo de probar cualquier otro experimento en democracia, una negativa que es un peligro inmediato en Egipto. Porque sin libertades, hay violencia. ¿Se convertirá Egipto en otra Siria? Improbable. Egipto no es un Estado sectario, no lo ha sido nunca, aun con el 10 por ciento de su población cristiana, no ha sido violento. Nunca experimentó la crueldad de los levantamientos de los argelinos contra los franceses o sirios ni las insurgencias libanesas o palestinas contra los británicos y los franceses. Pero muchos fantasmas colgarán sobre sus cabezas hoy avergonzadas; aquel gran abogado del levantamiento de 1919, por ejemplo, Saad Zaghloul. Y el general Muhammad Neguib, cuyo breve tratado de 1952 decía cosas similares a las que exigían los manifestantes de la Plaza Tahrir en 2011.

 

Pero sí, algo murió en Egipto ayer. No la revolución. Porque a través del mundo árabe la gente exigió ser ella la dueña –y no sus líderes– de su país, aunque permanezca teñida de sangre. Murió la inocencia, por supuesto, como lo hace después de cada revolución. No. Lo que expiró ayer fue la idea de que Egipto era la eterna madre de la nación árabe, el ideal nacionalista, la pureza de la historia donde Egipto consideraba a todo su pueblo como su hijo. Porque las víctimas de la Hermandad ayer, junto con la policía y los partidarios pro-gobierno, también eran hijos de Egipto. Y nadie lo dijo. Se convirtieron en los “terroristas”, en los enemigos del pueblo. Esa es la nueva herencia de Egipto.

 

 

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Martes, 14 Mayo 2013 18:23

Herodes y chocolates

El 23 de marzo de 1982 el general Efraín Ríos Montt se hallaba predicando con la Biblia en la mano en un templo de la Iglesia del Verbo, cuando una patrulla militar llegó a buscarlo porque acababa de ocurrir un golpe de estado y los cabecillas lo querían como jefe de la junta militar. Eso es lo que propagaban sus cófrades, que fue la providencia misma la que lo buscó para que cumpliera su misión de salvar a Guatemala de la subversión diabólica, y guiara al país hacia los brazos de Cristo.

 

Lo cierto es que él mismo dirigió el golpe, pero lo es también que para entonces era parte del consejo de ancianos, una suerte de obispos, de esa iglesia neo pentecostal y ultraconservadora, que el mismo año cumplía cien años de haber sido fundada en Eureka, California, y sus jerarcas vieron una señal de los cielos en el hecho de que por primera vez en la historia de Guatemala un evangélico pasara a ocupar la presidencia, aunque fuera de facto. A las once de la mañana de ese día, el escogido de la providencia comparecía en uniforme de campaña, rodeado de sus cómplices de la cúpula militar, para anunciar el golpe y hacer una serie de advertencias, la primera de ellas que quien fuera encontrando con armas en la mano sería fusilado, "fusilado y no asesinado, ¿estamos?".

 

Igual que décadas atrás lo había hecho en El Salvador el general Maximiliano Hernández Martínez, que se instalaba ante los micrófonos para explicar sus teorías teosóficas, Ríos Montt predicaba sus sermones cada domingo por la noche en cadena de radio y televisión, siempre aconsejando el buen camino de la fe, y advirtiendo contra los perturbadores. La nueva cruzada de redención sería militar, y de inspiración religiosa; y el buen cristiano, según sus palabras, era aquel que se cuidaba de mantener la metralleta en una mano, y la santa Biblia en la otra. Y también inventó la consigna "frijoles y fusiles".

 

Por debajo de su prédica de pastor de ovejas descarriadas, que anunciaba la llegada de la era del amor divino, y la conquista del país para Cristo, lo que se montó desde el mismo día de su ascensión al poder, o es que se trataba de planes ya preparados desde antes, fue un programa de represión sistemática que involucraba el ejército, a los cuerpos de seguridad, a bandas paramilitares, y a las recién creadas Patrullas de Autodefensa Civil.

 

El reinado de terror del elegido divino duró poco, apenas 16 meses, pues en agosto de 1983 fue derrocado por otro golpe de estado, pero según el informe de Esclarecimiento Histórico de las Naciones Unidas, y el informe de Recuperación de la Memoria Histórica, que costó la vida al obispo Juan Gerardi, se cometieron al menos diez mil asesinatos en las áreas rurales y cien mil personas debieron huir de sus aldeas, de las que casi quinientas fueron exterminadas del mapa.

 

Bajo la tesis ya tan recurrida de la contrainsurgencia de "sacar el agua al pez", uno de los principales blancos fue al pueblo indígena itzil que habita en el Quiché, al nororiente de Guatemala, al que se buscaba diezmar, o acaso hacer desaparecer, señalado como colaborador de la guerrilla por los golpistas, y en eso no había tapujos. Uno de los voceros militares de Ríos Montt llegó a decir en público que lo mejor que podía hacerse para derrotar a los subversivos, era "matar a los indios". Y con esto quería decir ancianos, hombres, mujeres, niños.

 

Hoy, tres décadas después, y a los 86 años de edad, el cruzado neo pentecostal comparece por fin delante de un tribunal civil para responder por varios cargos criminales, el más importante de ellos el de genocidio, junto al general Mauricio Rodríguez Sánchez, entonces jefe de Inteligencia militar (G-2).

 

Los testigos, aún con el temblor del miedo en su voz, relatan atrocidad tras atrocidad, y sus palabras desafían a la imaginación más tenebrosa. Para entonces muchos eran niños que lograron escapar de la sentencia de muerte decretada contra todos ellos por el alto mando. Ríos Montt sabía muy bien de historia sagrada, y los planes que aprobó se parecen mucho a los del rey Herodes, sólo que más sofisticados. Los niños itziles tenían un nombre cifrado en esos planes: chocolate. No había que dejar a un solo chocolate vivo.

 

Soldados que se comían los sesos de los niños después que sus cabezas habían sido abiertas a golpes contra las rocas. Niños lanzados al aire y ensartados en bayonetas. Vientres de mujeres abiertos a cuchillo para sacarles a los hijos en gestación. Niños quemados vivos.

 

Francisco Velasco cuenta que mataron a once familiares suyos y a su hija de doce años la encontró tirada en el piso de su vivienda con el pecho abierto y sin corazón. "Los soldados le sacaron el corazón, no sé si con cuchillo o machete. ¿Mi niña qué delito tenía? ¿Mi mamá qué delito tenía?"

 

Nicolás Toma, de San Juan Cotzal, dice que una patrulla de soldados llegó a su aldea Villa Hortencia Antigua y mataron a todos los niños: "Les metieron bala en el pecho que salió por la espalda". No habla español, y necesita del auxilio de un traductor. Los soldados violaron uno tras otro a las mujeres, ancianas y jóvenes, y luego las degollaron.

 

"No hubo perdón para ancianos, ni niños ni mujeres embarazadas", dice otro, "en ocasiones los niños se iban vivos a las fosas en los rebozos de las madres. Cuando una fosa estaba llena de víctimas, le echaban tierra. Ellos los agarraban del pelo y los puyaban en el pecho, y después los empujaban a la fosa".

 

Otro testigo declara que cuando fueron a buscar a su hijo Pedro de cinco años de edad, "ahí estaba tirado, mi chiquito muerto". Tuvieron que dejarlo en la huida, y "ahora por fin está enterrado en el cementerio de Cunén", después que los antropólogos forenses identificaron sus restos. Y dice otro: "los soldados primero quemaron las casas y a los niños que estaban allí les cortaron el pescuezo con cuchillo, la cabeza la usaban como pelota, nunca se me ha olvidado y nunca se me va a olvidar".

 

¿Quién puede olvidar esta guerra de Herodes para acabar con los chocolates?

 

Masatepe, abril 2013.

 

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Lunes, 08 Abril 2013 06:30

Carnicería de la OTAN:

Un bombardeo de la OTAN ha causado la muerte de diez niños y una mujer en Afganistán, un nuevo suceso que puede complicar las relaciones entre la Alianza y el país asiático en plena retirada de las tropas internacionales.

 

"Once civiles, entre ellos diez niños, murieron en la operación de las tropas internacionales", ha asegurado a Efe Wasifullah Wasifi, portavoz del gobernador de la provincia afgana de Kunar. Según la fuente, cuatro mujeres más resultaron heridas en una operación conjunta de las tropas afganas y de la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad en Afganistán (ISAF) realizada la mañana del sábado en el pueblo de Sonu, en el distrito de Shigal.

 

De acuerdo con la agencia local AIP, las víctimas se encontraban en el interior de sus casas cuando éstas fueron alcanzadas por el bombardeo, y la cifra de fallecidos podría aumentar dado que no se ha terminado de retirar los escombros. Wasifi señaló que seis talibanes, entre ellos dos comandantes, murieron en estos hechos.

 

Un portavoz de la ISAF ha corroborado a Efe que las tropas internacionales participaron en un bombardeo de apoyo a las fuerzas afganas en un enfrentamiento con talibanes en Kunar el sábado, pero no el fallecimiento de civiles. "Estamos investigando la situación, de momento no tenemos confirmación de la muerte de civiles", ha manifestado el portavoz.

 

El presidente adjunto de la Asamblea Provincial de Kunar, Muhammad Ismail, elevó a 17 la cifra de civiles fallecidos en declaraciones a la agencia afgana AIP. Ismail condena la tragedia y demanda al presidente afgano, Hamid Karzai, que tome medidas para poner fin a la muerte de civiles. De hecho, la muerte de civiles en acciones de la OTAN es uno de los principales puntos de fricción entre las tropas extranjeras y el Gobierno de Afganistán.

 

Karzai ha emitido el pasado febrero una orden que prohibía al Ejército nacional solicitar asistencia aérea a las fuerzas internacionales durante ofensivas militares en zonas habitadas, tras un bombardeo en el que resultaron heridos varios niños y mujeres. Según un informe de la ONU, la guerra en Afganistán causó en 2012 la muerte de 2.759 civiles y otros 4.805 heridos, el 81 % de ellos por acciones perpetradas por los insurgentes.

 

A finales de febrero otro bombardeo aliado se cobró la vida de dos niños afganos en la provincia meridional de Uruzgán. El jefe de la ISAF, Joseph Dunford, ofreció disculpas por el incidente, en el que según su versión las tropas mataron accidentalmente a dos niños afganos al confundirlos con "insurgentes". Un mes después un nuevo ataque aéreo de la OTAN causó la muerte de dos civiles afganos e hirió a otros siete en la provincia central de Ghazni, según denunció Kabul.

 

La OTAN comenzó en 2011 a retirarse de Afganistán y a transferir gradualmente la competencia de la seguridad al Ejército y Policía autóctonos, un proceso no exento de tensiones. Karzai pidió en febrero a las fuerzas especiales estadounidenses que abandonasen la provincia central afgana de Wardak tras recibir denuncias de que practican arrestos forzosos. Finalmente, la ISAF y Kabul llegaron a un acuerdo y las tropas estadounidenses continúan operando en Wardak. El proceso de retirada, que debe concluir en 2014, transcurre en uno de los momentos más sangrientos de la guerra afgana, doce años después de la invasión estadounidense y caída del régimen integrista talibán.

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Jueves, 20 Diciembre 2012 05:31

Un plan antimasacre

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, anunció la creación de un equipo que el próximo mes deberá presentar alternativas a las leyes de tenencia de armas. El espacio, liderado por su vicepresidente, se encargará de plantear cambios para evitar masacres como la de la semana pasada en Newtown. En declaraciones en la Casa Blanca, el mandatario sostuvo que todos los estadounidenses tienen la profunda obligación de tratar de prevenir estos eventos y llamó al Congreso a que actúe y vote medidas que puedan encaminar los esfuerzos para realizar cambios respecto a la posesión de armas.

 

“Utilizaré todos los poderes de este cargo para ayudar en los esfuerzos dirigidos a prevenir más tragedias como ésta”, enfatizó el mandatario en referencia a la masacre del viernes pasado en un colegio de Newtown, Connecticut, donde un joven mató a tiros a 20 niños y seis adultos antes de suicidarse. “Necesitamos trabajar para que el acceso a la salud mental sea por lo menos tan fácil como el acceso a un arma”, agregó en conferencia de prensa junto al vicepresidente Joe Biden.

 

Además, Obama recordó que la mayoría de los estadounidenses está a favor de endurecer las normas para evitar que las armas lleguen a manos de personas que no estén capacitadas o no deberían tener acceso a ellas. Ahora hay un consenso creciente entre la sociedad para generar modificaciones sobre el tema, señaló el presidente, que el domingo pasado visitó Newtown, se reunió con familiares de las víctimas y prometió hacer todo los que esté a su alcance para evitar una recurrencia de estos hechos.

 

Asimismo, el demócrata mencionó que la mayoría de los estadounidenses que poseen armas son responsables y que las compran legalmente y las utilizan de forma segura. A cinco días de una de las peores masacres de la historia de los Estados Unidos, llevada adelante por el joven de 20 años Adam Lanza, el líder de la Casa Blanca insistió en que el hecho de que este problema es complejo no puede ser más una excusa para no hacer nada.

 

Luego de que muchos debates sobre la posesión de armas surgieran cada vez que una de estas tragedias golpeaba al país, esta vez las palabras necesitan llevar a la acción, remarcó Obama. Por último, el mandatario mencionó que desde el viernes último, cuando ocurrió la masacre en la escuela de Connecticut, ocho personas más murieron por armas de fuego en el país. “No podemos aceptar como rutina más de 10.000 muertes de estadounidenses cada año por armas de fuego”, concluyó, señalando que generar cambios y evitar que esto siga sucediendo requerirá de la ayuda de todos.

 

Más allá de la posición presidencial, políticos de distinto cuño se mostraron partidarios de reducir las armas de fuego en manos civiles en un país donde más de un millón de personas murieron a tiros en los últimos cuarenta años. Al alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, líder de un grupo de funcionarios opuestos a la posesión de armas de fuego, se sumó la senadora Dianne Feinstein, quien en 1994 introdujo la ley que prohibió durante una década la venta a civiles de fusiles de asalto.

 

Pero no sólo los demócratas y algunos republicanos alzaron la voz contra el gran negocio de los fabricantes de armas. Incondicionales del mayor lobby de esta industria, la Asociación Nacional del Rifle (NRA), como el senador Joe Machin, se declararon a favor de imponer mayores controles.

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Jueves, 27 Septiembre 2012 06:25

Los “paras” confesaron sus crímenes

La Fiscalía General de Colombia reportó ayer que grupos de paramilitares que se desmovilizaron entre 2003 y 2006 en ese país confesaron los delitos de homicidio, desaparición forzada y desplazamiento. Estos hechos dejaron más de 50 mil víctimas.


El informe de la Fiscalía añadió que desde que los ex integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) comenzaron a entregar información sobre fosas clandestinas, las autoridades han encontrado 4767 cuerpos, en su mayoría en los departamentos de Antioquia, Magdalena, Meta, Putumayo, Santander y Norte de Santander. La información, revelada por la cadena de radio RCN, señala que las confesiones de los ex integrantes de las bandas de ultraderecha mencionan en total a 50.509 víctimas. Entre los casos referidos por los delincuentes en las indagatorias se encuentran 25.083 asesinatos, 10.925 casos de desplazamiento y 3459 de desaparición forzada. El director del Instituto de Medicina Legal, Carlos Valdés, indicó que se calcula que alrededor de 50 mil cuerpos de víctimas de los paramilitares permanecen enterrados en fosas comunes.


Las AUC reunieron a varios grupos paramilitares que se crearon en los años ’80 mediante la financiación de terratenientes y narcotraficantes con la supuesta intención de combatir a la guerrilla, aunque terminaron involucrados en negocios de tráfico de drogas y cometiendo múltiples delitos de lesa humanidad contra campesinos. Esos grupos se desmovilizaron entre 2003 y 2006 en el marco de un proceso de diálogo con el gobierno del ex presidente Alvaro Uribe (2002-2010), que pidió al Congreso aprobar una ley por la cual los paramilitares no pueden recibir penas superiores a ocho años de prisión. Según la administración Uribe, unos 32 mil integrantes de esa organización se desmovilizaron.


En tanto, Uribe anunció ayer que demandará a dos ex congresistas que aseguraron que los grupos paramilitares apoyaron su elección en 2002. El ex mandatario adelantó en su cuenta en Twitter que sus abogados entablarán una “denuncia penal” contra Eleonora Pineda y Miguel Alfonso de la Espriella, ex legisladores que fueron condenados por haber mantenido nexos con las desaparecidas AUC. En un comunicado, divulgado el martes a la noche, Uribe sostuvo que Pineda y De la Espriella recibieron presiones de Saltavore Mancuso, uno de los antiguos jefes máximos de las AUC que fue extraditado a Estados Unidos en mayo de 2008 junto a otros doce mandos paramilitares, para que declararan en su contra en esta causa.


Los dos legisladores participaron el martes como testigos en un proceso judicial contra Mancuso, quien ha intervenido en la audiencia por medios virtuales. Este ex paramilitar confirmó el apoyo a la elección de Uribe e, incluso, aseguró que financió un mitin político realizado en una localidad del noroeste del país. Pineda y De la Espriella afirmaron el martes en un tribunal de Bogotá que esa organización ultraderechista apoyó la elección de Uribe en 2002. Según ellos, el apoyo lo ordenó Mancuso.


Los ex legisladores de origen liberal aseguraron que ambos, por decisión de Mancuso, hicieron de interlocutores ante Uribe, quien fue reelecto en el 2006, año de la disolución de las AUC, dentro de un proceso de paz con su gobierno. Como consignó el diario colombiano El Tiempo, los ex legisladores declararon que ellos le comunicaron a Uribe, a principios del 2002, el apoyo de las autodefensas a su campaña. Según informó el periódico, De la Espriella fue uno de los primeros políticos condenados por las alianzas con los “paras”, y hasta su captura en el 2006 era uno de los congresistas más cercanos al gobierno de ese momento. El ex congresista indicó que las autodefensas supuestamente financiaron algunos de los gastos, como la compra de 50 mil camisetas, que encargaron directamente a China y a Panamá, e incluso, habrían manejado la logística de transporte y seguridad, incluidas las giras de Uribe en Córdoba. De la Espriella también habló de una reunión que se habría realizado cuando Uribe era presidente.

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El general retirado colombiano Mauricio Santoyo, quien se desempeñó como jefe de seguridad del ex presidente Álvaro Uribe, se declaró este lunes culpable de apoyar al grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

 
Santoyo se pronunció de esta forma ante el Tribunal Federal del Distrito Este de Virginia, Estados Unidos, reseñó la agencia EFE.
 

La corte estadounidense informó que Santoyo afirmó que fue parte de una conspiración para proveer apoyo y recursos a las AUC, organización de ultraderecha responsable del asesinato de miles de campesinos en Colombia.

 
El general retirado fue acusado el pasado 24 de mayo por el Tribunal Federal por sus vínculos con el narcotráfico, por lo cual podría recibir una pena mínima de 10 años de prisión y una máxima de 15.
 

“Esta importante acusación responsabiliza a un individuo malhechor que abandonó su deber de proteger a los colombianos para servir a sus propios intereses y a los de los traficantes de drogas y terroristas”, expresó el fiscal del caso, Neil H. MacBride.

 
El funcionario indicó que luego de “una ardua labor y a la cooperación de la Administración de Control de Drogas y la Policía Nacional de Colombia, hemos sido capaces de llevar esta investigación y el enjuiciamiento a una conclusión exitosa”.
 

Santoyo admitió haber aceptado sobornos de miembros de las AUC a cambio de información sobre las operaciones en curso de aplicación de leyes y otros tipos de asistencia, que permitieron a ese grupo paramilitar cometer actos terroristas y facilitar su actividad en el narcotráfico.

 
También reconoció haber informado a los miembros del grupo de ultraderecha de las detenciones previstas por los cuerpos de seguridad, incluso de operaciones de la Dirección Antidrogas Estadounidense (DEA), así como de la realización de escuchas telefónicas no autorizadas, entre otras cosas.

 
Santoyo fue acusado sobre estos hechos por los tres jefes de las AUC extraditados a Estados Unidos: Salvatore Mancuso, Juan Carlos Sierra y Carlos Mario Jiménez.

 
El hoy acusado se retiró de la Policía Nacional en 2009 y conoció a Uribe en 1995, cuando formaba parte de la unidad antisecuestro del cuerpo policial.

 
Después se desempeñó como custodio del ex mandatario en su primera campaña electoral y posteriormente durante el Gobierno entre 2002 y 2006.

 
El Gobierno de Uribe estuvo caracterizado por denuncias y procesos judiciales que se denominaron casos de parapolítica, por los estrechos vínculos entre los paramilitares y los funcionarios de su administración.
 

(Con información de AVN)

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Sábado, 18 Agosto 2012 06:25

Una matanza de otra época en Sudáfrica

Treinta y cuatro mineros en huelga murieron en Sudáfrica por disparos de la policía en una matanza que sacudió a la sociedad de este país, que volvió a recordar los momentos más duros del antiguo régimen de segregación racial del “apartheid”. La comisaria general de la policía sudafricana, Riah Phiyega, confirmó ayer las muertes, ocurridas el jueves durante una protesta en la mina de platino de la empresa Lonmin en Marikana, a unos 100 kilómetros de Johannesburgo, donde hubo también 78 heridos. Los trabajadores de la mina de Lonmin, al oeste de Pretoria, iniciaron una huelga el viernes pasado para exigir un aumento de sueldo del 200 por ciento, a 12.500 rand (1200 euros). Por su parte el presidente de Sudáfrica, Jacob Zuma, anunció ayer la creación de una comisión para investigar la muerte de los mineros.


Esta es la intervención policial más sangrienta que tiene lugar en Sudáfrica desde 1994, cuando finalizó el “apartheid”, el régimen impuesto por la minoría blanca sudafricana desde 1949. En rueda de prensa, Phiyega, informó que un total de 259 personas fueron detenidas por los altercados de Marikana. La jefa policial subrayó que los agentes tuvieron que “usar la fuerza para protegerse” cuando los mineros, algunos de ellos provistos de machetes y armas de fuego, rebasaron un cordón de seguridad.


La comisaria, que dio la orden para usar la fuerza, mostró videos grabados por la policía en los que supuestamente se ve cómo los manifestantes abrían fuego contra los agentes. Cerca de 3000 trabajadores en huelga desde el pasado viernes se habían hecho fuertes en una colina, armados con lanzas, machetes y armas de fuego, junto a la mina de Marikana.


La situación en Marikana seguía siendo tensa, con un fuerte dispositivo policial para contener una posible repetición de los disturbios. El lugar se encuentra rodeado por la policía y con helicópteros patrullando. Los enfrentamientos se produjeron sobre todo por diferencias entre dos sindicatos, aunque ambas organizaciones llamaron a sus trabajadores a poner fin a la violencia.


En el hospital del complejo minero, decenas de personas aguardaban para conocer el estado de los heridos: “Aún no sabemos quién está herido y quién no. La gente no sabe qué sucedió con sus familiares”, dijo un minero bajo condición de anonimato. “La policía tenía instrucciones de disparar contra nosotros. Había algunas personas armadas, pero la mayoría sólo llevábamos palos”, afirmó otro de los trabajadores de la mina.


El diario local Times afirmó ayer que las imágenes de Marikana “son horriblemente familiares” y “parecen venir de aquel pasado de Sudáfrica en que los choques entre la policía y la población civil eran habituales, pero ésta ya no es la época del ‘apartheid’”. Dieciocho años después del fin del “apartheid”, la situación política en Sudáfrica es distinta, pero muchos trabajadores negros, como los mineros, siguen excluidos de los beneficios de la primera economía emergente de Africa y viven en precariedad. Para el periódico local The Sowetan, la masacre de Marikana deja al descubierto “una bomba de relojería que ha dejado de hacer tic-tac y ha explotado”, en referencia al malestar de los sectores más desfavorecidos de la sociedad sudafricana.


Zuma, que anuló su participación en la cumbre que actualmente celebra la Comunidad para el Desarrollo de Africa Meridional (SADC) en Maputo para trasladarse urgentemente a Marikana, calificó la situación de “estremecedora”, y aseguró compartir el dolor de las familias de los que han perdido la vida durante las protestas. Sin embargo, el mandatario aseguró que “no es momento de apuntar con el dedo a nadie”, en referencia a las críticas que recibió la policía sudafricana por su contundente respuesta violenta a la actitud de algunos huelguistas, que dejó un total de 44 mineros muertos, 34 el jueves y 10 más en jornadas anteriores. “Este es un país en el que todos deben sentirse cómodos, y una democracia que todos admiren. Seguiremos trabajando para consolidar la libertad”, agregó Zuma. “Debemos superar las diferencias de raza, color y credo. No vamos a perder el camino de los logros conseguidos desde 1994”, año en el que se celebraron las primeras elecciones democráticas en Sudáfrica, concluyó el mandatario.


El gobierno de Zuma desestima la exigencia de muchos sudafricanos de estatizar las minas del país, el principal productor de platino del mundo. La poderosa ala juvenil de su partido CNA dice que la nacionalización es la única forma de terminar definitivamente con los males del “apartheid”.


En el lugar de la masacre, investigadores de la policía y expertos forenses supervisaron ayer pesquisas realizadas por unos 100 agentes que colocaban conos y carteles numerados para marcar evidencia cerca de los arbustos entre los que ocurrieron las muertes. Un video difundido el jueves mostró el momento del tiroteo, donde se ve a policías que usan carros hidrantes, granadas de aturdimiento y gases para dispersar a los huelguistas y forzarlos a entregar sus machetes, palos y lanzas. Algunos mineros retroceden y se van, pero otro grupo se lanza a la carrera contra los policías con machetes en la mano. Los oficiales abren fuego con sus fusiles y disparan decenas de tiros. Para cuando un oficial blanco levanta la mano y grita “Alto el fuego” y se disipa una nube de polvo, ya numerosos mineros están tirados en el suelo inmóviles, algunos sobre charcos de sangre.


Josh Earnest, el vocero adjunto del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, afirmó: “Los estadounidenses están tristes por estas muertes trágicas y expresan sus condolencias a las familias de las víctimas. Confiamos en que el gobierno sudafricano investigará las circunstancias de este hecho, y como siempre llamamos a todas las partes a encontrar una solución pacífica a la crisis en curso”.


La Unión Europea (UE) lamentó ayer la muerte de decenas de mineros huelguistas en Sudáfrica a manos de la policía del país y expresó su confianza en que las autoridades aclaren las circunstancias del suceso.


“Las autoridades sudafricanas querrán sin duda establecer las circunstancias que resultaron en esta trágica pérdida de vidas”, indicó, al tiempo que pidió una investigación de los hechos.


En Sudáfrica se encuentra el 80 por ciento de las reservas mundiales de platino que, entre otros, se utilizan para la elaboración de catalizadores, instrumentos de laboratorio y joyas.

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Bogotá, 29 de abril. Jesús Arias Cabrales, general retirado del ejército colombiano, fue condenado a 35 años de cárcel por varios casos de desaparición forzada de personas durante el asalto al Palacio de Justicia por el ahora extinto Movimiento 19 de abril (M-19), en 1985.

El abogado Jorge Molano informó que el fallo fue anunciado por la juez Cristina Trejos, quien declaró culpable a Arias Cabrales del delito de desaparición forzada agravada de varias de las 11 personas de las que nunca se volvió a tener noticias, después de que las tropas entraron por la fuerza al recinto, el cual había sido tomado por la organización guerrillera.

La sentencia contra el otrora comandante de una brigada militar acantonada en Bogotá se refiere a la desaparición de empleados de la cafetería del Palacio de Justicia, de dos personas que hacían trámites judiciales y de la guerrillera Irma Franco.

Se trata de la segunda condena en el caso, pues a mediados de 2010 la juez María Jara sentenció a 30 años de prisión al coronel retirado Alfonso Plazas por el mismo ilícito.

Además, la fiscalía pidió a comienzos de este año que la sentencia contra el también general retirado Iván Ramírez fuera de carácter condenatorio.

El ataque al Palacio de Justicia ocurrió el 6 de noviembre de 1985, cuando un comando del M-19 tomó como rehenes a magistrados, empleados y visitantes.

Tropas del ejército fueron enviadas al lugar para recuperar el edificio, lo que incluyó el descenso sobre el techo de comandos aerotransportados y disparos de un cañón que fue ubicado al frente de los tribunales, en la histórica Plaza de Bolívar de Bogotá.

En la acción guerrillera y la respuesta militar, que según una comisión de la verdad se caracterizó por el exceso de fuerza durante un enfrentamiento que duró más de 24 horas, murieron 11 magistrados, 35 guerrilleros y otras 52 personas, en tanto 11 fueron declaradas desaparecidas.

El caso se reabrió en 2006, cuando se divulgaron videos en los que algunos se veían saliendo con vida del lugar en compañía de militares.

Dpa

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