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Martes, 01 de Abril de 2014 06:06

Alí Rodriguez y el discurso extractivista

Alí Rodríguez es un personaje importante en la transición posneoliberal en América Latina. Fue Ministro de Economía y el responsable de PDVSA durante la era de Chávez, luego fue Ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela y, posteriormente, Secretario General de la Unasur. De alguna manera, representa el momento histórico y político que vive la región, de ahí que sus declaraciones den cuenta de la forma que asumen los discursos y la praxis política de los responsables de la transición posneoliberal, al menos en América del Sur.


En un documento publicado por la revista electrónica Alai ("Recursos naturales como eje dinámico de la estrategia de Unasur", 2014-03-24, www.alainet.org), Rodríguez expone punto por punto los argumentos del discurso extractivista. Esos argumentos señalan, desde una pretendida posición objetiva, que América Latina en general y Suramérica en particular, no se caracterizan por ser potencias tecnológicas ni financieras y que su mayor riqueza está en sus recursos naturales y en su gente, y que es el momento de utilizar esos recursos naturales para financiar tareas urgentes tanto del desarrollo, como el crecimiento económico, cuanto de la redistribución del ingreso, como la salud y educación.


Este discurso se sintoniza con lo que han expresado y propuesto varios líderes políticos de la región, por ejemplo, la metáfora del presidente ecuatoriano Rafael Correa de que no se podía ser como el mendigo sentado sobre un saco de oro para justificar la privatización de los territorios a las corporaciones petroleras y mineras; el texto "Geopolítica de la Amazonía" del vicepresidente boliviano Álvaro García Linera para justificar el extractivismo en su país, la "Ley de Semillas" (también conocida como "Ley Monsanto") para permitir el mercado de agrotóxicos y transgénicos, por parte de Cristina Kirchner en Argentina, los argumentos del Programa de aceleración del crecimiento (PAC), del PT en Brasil, etc.


En realidad, no se trata de un discurso novedoso, de hecho, fue parte fundamental del debate económico y político que atravesó América Latina desde fines de la segunda guerra mundial y que tendría a la Comisión Económica Para América Latina, Cepal, como el principal referente teórico y político.


Los teóricos de la Cepal acuñarían la expresión de "estructuralismo" para comprender las dinámicas y las formas que había asumido la modernización y el desarrollo del capitalismo de la región. Al interior del estructuralismo latinoamericano emergerían posiciones radicales, como aquellas de la Teoría de la dependencia, mientras que la corriente de pensadores marxistas latinoamericanos criticarían al estructuralismo de la Cepal por no considerar al imperialismo y al capitalismo como las verdaderas trabas a cualquier estrategia de desarrollo.


Sería célebre la expresión de uno de ellos que en condiciones de capitalismo lo único que podría desarrollarse en América Latina era el propio subdesarrollo (Cfr. André Gunder Frank). Al interior de este debate, se consideraba casi de manera unánime que la especialización de América Latina en exportar bienes primarios, como minerales, petróleo, productos agrícolas, maderas, riqueza ictiológica, entre otros, lo único que produciría en la región sería una fuerte dependencia de los centros imperialistas de poder mundial y condenaría a la región a la pobreza.
Hasta los teóricos más alejados de cualquier posición crítica y radical creían que América Latina tenía que salir de la trampa impuesta por las injustas relaciones entre centro y periferia de especializarse en productos primarios. Se veía en la exportación de productos primarios una continuación de los mecanismos de colonización y explotación económica que pervivían desde la época colonial.


Ninguno de ellos consideraba que la renta que podía provenir de la exportación de recursos naturales podía provocar ni crecimiento económico ni redistribución del ingreso; por el contrario, consideraban que, habida cuenta de la estructura de la tenencia de la tierra y la forma que habían asumido los regímenes políticos, la renta de la exportación de productos primarios lo que haría es consolidar a las oligarquías locales y convertir al Estado-nación en un Estado oligárquico y feudal.


De ahí que casi todos ellos hayan coincidido en la necesidad de la industrialización, es decir, la creación de valor agregado a la producción pensando en términos más de mercado interno que del mercado mundial al que siempre lo consideraron, y con razón, como una amenaza. Por ello, propusieron cambios importantes en la tenencia de la tierra, como por ejemplo la reforma agraria, cambios en la política laboral como por ejemplo los incrementos de salarios mínimos y el fortalecimiento de la capacidad sindical de los trabajadores, también propusieron reformas educativas que garanticen el libre ingreso a la universidad y mayor movilidad social, reformas tributarias orientadas hacia los impuestos progresivos, políticas de integración subregional y un control estricto a la inversión extranjera directa, entre otras propuestas.


Todas esas iniciativas se perdieron con el neoliberalismo. El FMI y el Banco Mundial arrasaron con cualquier política de redistribución y de crecimiento endógeno. Impusieron la reprimarización de la economía y se aseguraron que la renta extractiva se utilice exclusivamente para el pago de la deuda externa mediante el dispositivo de las "reglas macrofiscales", amén de que impusieron una agresiva política de privatizaciones, desregulación, apertura total de las economías y flexibilización a los mercados de trabajo y de capitales.


Los pueblos de América Latina vieron perder sus derechos más importantes al tiempo que la economía se hundió y la pobreza se extendió. Cuando los movimientos sociales del continente se movilizaron contra el neoliberalismo y, finalmente, lo derrotaron, su propuesta política y económica tenía como horizonte la soberanía, la redistribución del ingreso y la recuperación de un Estado social diferenciándolo radicalmente del Estado neoliberal.


Por ello, extraña la retórica de que América Latina debería nuevamente especializarse en la exportación de bienes primarios, porque retrotrae el debate y esconde sus verdaderas intenciones. En efecto, el discurso de que la renta de los recursos naturales financiará el crecimiento económico y la redistribución del ingreso es neoliberalismo puro y duro, edulcorado por la presencia de gobiernos "progresistas" que proponen que esas tareas sean realizadas por empresas nacionales.


En realidad, es el discurso de las transnacionales de los commodities, porque son ellas quienes manejan el mercado mundial de su distribución y su conexión con los mercados financieros de futuros, swaps, options, y derivados, independientemente que la producción o extracción de commodities lo haga una empresa nacional o transnacional.


Además, se trata de un discurso manipulador porque la renta de los recursos naturales jamás ha financiado ninguna estrategia de desarrollo y menos aún la redistribución del ingreso, y ahí consta la historia latinoamericana para demostrarlo así como el rico y profundo debate teórico del estructuralismo latinoamericano.


La propuesta de Rodríguez, inter alia, en verdad es el discurso que amplía la frontera del extractivismo tratando de conseguir el consenso necesario en la población para que piense que las rentas que podrían provenir del extractivismo podrían ayudarlos a salir de la pobreza, pero en realidad la ampliación del extractivismo producirá más pobreza, y vulnerará a los más pobres, a la vez que destruirá la naturaleza, las fuentes de agua, la biodiversidad, las culturas ancestrales, y provocará pasivos ambientales y externalidades económicas irremediables.
La expansión del extractivismo privatiza los territorios y hace de la renta extractiva una apuesta geopolítica. ¿Por qué, entonces, los gobiernos de la región apuestan al extractivismo con el falso argumento que éste financiará el crecimiento y la redistribución del ingreso? Porque este discurso encubre el hecho de que ninguno de estos gobiernos hayan realizado una reforma agraria que devuelva la tierra a los indígenas y campesinos, y no lo van a hacer porque esas tierras son, precisamente, el objeto de disputa con las transnacionales del extractivismo; tampoco ninguno de esos gobiernos ha devuelto a los trabajadores la capacidad sindical de luchar por mejores salarios y mejores condiciones de trabajo, todo lo contrario, en la dialéctica del capital siempre han preferido a éste bajo el argumento de que la inversión privada crea empleo y crecimiento.


Estos gobiernos tampoco han llevado adelante una política tributaria progresiva que recaude impuestos desde los grupos económicos más poderosos y sus empresas, de tal manera que los recursos de la tributación directa sean alternativos a la renta extractiva, todo lo contrario, la carga impositiva sigue sobre las espaldas de los más pobres y del conjunto de la población.


¿Alternativas a la renta extractiva? Por supuesto que las hay, pero de la misma manera que el discurso neoliberal establecía la doxa de que "no hay alternativas" (expresión de Margaret Thatcher), asimismo el discurso extractivista cierra el debate para las alternativas. La primera de ellas está a la vista y es la utilización de la política monetaria para financiar tanto al desarrollo cuanto a la redistribución del ingreso.
Pero hay un miedo a utilizar la política monetaria en beneficio de la población y esto se debe a la colonización tanto teórica como práctica que sobre la moneda han realizado el FMI y la episteme neoliberal. Se teme utilizar a la moneda por los efectos inflacionarios que pueda provocar su utilización y se otorga a los bancos privados el manejo de la política monetaria.


El ejemplo quizá más revelador sea el caso del gobierno de Evo Morales quien a fines del 2010 decidió aplicar un ajuste económico elevando los precios de la gasolina para compensar el déficit fiscal (Decreto Supremo No. 748 de diciembre del 2010), mientras tenía reservas monetarias internacionales de 9.73 mil millones de USD que correspondían a más de la quinta parte del producto interior bruto boliviano de ese mismo periodo. No solo ello, sino que posteriormente se enfrentó contra la policía de ese país que reclamaba incrementos modestos en su remuneración básica (solicitaban un salario mínimo de 2000 bolivianos que para la época representaba alrededor de 250 USD), que bien podrían haber sido financiados con una pequeña parte de lo que el gobierno boliviano tenía en reservas monetarias internacionales.


Otro caso paradigmático es el gobierno de Brasil y su política de tasas de interés y de liberalización del mercado de capitales. Los diferentes gobiernos del Partido de Trabajadores (PT), en ese sentido, se mostraron tan neoliberales y ortodoxos como sus antecesores, y respetaron el manejo de la política monetaria que hacían los bancos privados así como de las tasas de interés, consideradas entre las más altas del mundo.
Se teme también aplicar una política tributaria de redistribución que afecte a los grupos de poder y, en ese sentido, quizá el mejor ejemplo sea el caso del gobierno ecuatoriano de Rafael Correa. Durante el periodo de su gobierno, 2007-2013, los grupos económicos ecuatorianos obtuvieron un total de ingresos por cerca de 150 mil millones de USD y pagaron apenas el 2% de impuestos directos sobre esos ingresos. De hecho, para el año 2013 ya controlaban cerca de la mitad del PIB de ese país. Una política tributaria progresiva demostraría que la destrucción de la reserva natural Yasuní, única en el mundo por su biodiversidad, era más una estrategia destinada a proteger los intereses de los grandes grupos económicos y de las corporaciones del extractivismo que una apuesta por redistribuir el ingreso y financiar al desarrollo como trataba de justificar el Presidente ecuatoriano.


No obstante, quizá la alternativa real no sea tanto el financiamiento al desarrollo y la redistribución del ingreso sino incluso la misma noción de desarrollo. Lo que los pueblos de América Latina quieren este momento no es tanto el desarrollo sino más bien salir de él. El modelo de desarrollo es más un constructo ideológico para las elites y las clases medias de la región que para los pueblos que lo sufren. Es un pretexto para apoderarse de los recursos naturales en el festín de los commodities. Para los sectores organizados y los movimientos sociales, el discurso actual no es el desarrollo sino el Buen Vivir y éste, de las declaraciones hechas por las organizaciones sociales del continente, al parecer, nada tiene que ver ni con el desarrollo ni con el crecimiento económico.

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  • Autor Pablo Dávalos
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Publicado en Internacional
Sábado, 22 de Marzo de 2014 12:26

No hay ambiente para el extractivismo

De inicio a fin del 2013 Colombia fue un país agitado en material ambiental: protestas por el agua en Yopal, "100 mil voces por el agua" que desde Santander contagiaron al país en su rechazo a la minería; las consultas de Piedras y Tauramena indicaron un camino para la autonomía territorial, el Piedemonte llanero se levantó para protestar ante el histórico deterioro ambiental producto de la industria petrolera; y, el Paro Nacional Agrario y Popular puso en primer plano a la tierra y las semillas, dos elementos también centrales para el futuro del país.

 

En este movimiento de disputa, de contienda frente al futuro territorial, el 2013 representó para el país un año de marcada conflictividad social frente a diversos temas en los que el sustrato de las luchas y reivindicaciones ha girado en torno al ambiente y el conflicto ambiental. Las políticas emanadas del gobierno nacional han hecho que se ponga en cuestión, entre muchos otros temas, la manera en la que se avanza con el modelo de libre comercio, la Alianza del Pacífico, y las consecuencias de los TLC para el sector agrícola y otras capas de la sociedad, aspectos que han dado pie a movilizaciones que por momentos han tenido las características de un levantamiento popular.

 

Fue a todas luces un año de movilización y debate ambiental nacional. En diciembre, mientras algunos ya preparaban sus festividades De fin de año, sucedieron dos asuntos de primera importancia que pueden dar elementos para comprender el camino que durante el año vino transitando el país. Nos referimos, de un lado, a la consulta popular en Tauramena –Casanare– que el 15 de diciembre mostró con contundencia la voluntad de la población frente a la exploración y posibilidad de explotación petrolera en una zona caracterizada por ser un verdadero territorio de agua; de otra parte, la esperada sanción a la multinacional Drummond por el vertido de toneladas de carbón a la bahía de Santa Marta, que el gobierno colombiano impuso por 3,5 millones de dólares, luego de las frecuentes denuncias de pobladores caribeños.

 

¿Cuáles han sido las jugadas gubernamentales para legitimar su política y la relación de ésta con el ambiente? ¿Cuáles fueron las principales contiendas por la justicia ambiental en el país? ¿Cómo han respondido comunidades y organizaciones sociales que defienden hoy sus territorios? Éstas son algunas de las cuestiones que a continuación queremos analizar.

 

Apuestas gubernamentales

 

1. ¿Lo que las comunidades decidan?

 

Como se plasma en la historia reciente, comunidades se han organizado para adelantar consultas populares en las que se registra su voluntad frente a proyectos de carácter extractivo, y en las realizadas unánimemente se ha rechazado la imposición de dichos proyectos de la locomotora santista. Ante esta situación, y con posterioridad a la consulta realizada en Piedras –Tolima– y la polémica y debate que desató en Colombia frente al alcance de esta iniciativa y su carácter vinculante o no, el ministro de Minas y Energía, Amilkar Acosta, señaló públicamente, antes de la consulta en Tauramena y ante esa población, que sería respetada la voluntad popular. Sorpresiva y contradictoriamente afirmó con posterioridad al resultado que estas decisiones no tienen carácter vinculante, en un claro cambio de posición también con las posturas que le caracterizaban antes de hacer parte del establecimiento. Las contradictorias alocuciones del ministro profundizan los interrogantes sobre la concepción de este gobierno acerca de los mecanismos de participación popular y ante todo sobre su concepción de la democracia. También se hace confusa la posición institucional frente al accionar de las empresas.

 

La multa impuesta a la multinacional Drummond contrasta con el respaldo que en las últimas semanas el presidente Santos entregó a las empresas y corporaciones mineras en el marco del III Congreso de Minería. Sin temor a equivocarse, la sanción a la multinacional fue producto de las consecutivas denuncias que frente a la empresa se han entablado y a la visibilización que tuvo el tema en los medios nacionales. En este caso, y por más que el monto de la sanción es irrisorio, la presión social llevó a que el accionar de la empresa no quedara completamente impune. Sin embargo, surgen interrogantes frente a otros intereses que podrían estar tras esta decisión del gobierno, sobre todo cuando abundan muchos otros casos en los que las formas de acción de las empresas son desastrosas y en los que no ha surgido el protagonismo de la ministra de Ambiente, Luz Helena Sarmiento1, como sí en el caso Drummond.

 

Ante el sorprendente cambio de actitud del gobierno respecto a los daños ambientales de la Drummond vale la pena indagar si tiene que ver con no se podía seguir "tapando el sol con los dedos", dada la nefasta gestión del sector extractivo minero –concepto que no parece ser compartido por el mandatario de las y los colombianos empecinado en dar continuidad a las condiciones para la industria extractiva pese a la mala gestión de las empresas mineras, que incluso algunos empresarios reconocen– o hace parte del entramado táctico en el que se encuentran hoy las fuerzas políticas de la unidad nacional en periodo pre-electoral.

 

2. En Colombia ¿la tierra es para los campesinos?

 

Mientras en La Habana, en los diálogos de paz de Colombia se discutía, entre otros puntos, la política de desarrollo agrario integral, en el país, los diversos movimientos campesinos convocaron para el 19 de agosto a un Paro Nacional Agrario y Popular, para expresar la incoformidad del campesinado, por su paulatino empobrecimiento como resultado de los tratados de libre comercio y las políticas agrarias que han buscado destruir la economía campesina, incluyendo la penalización de el uso, conservación e intercambio de la semilla nativa. El paro que se mantuvo durante más de dos meses, a pesar de la estrategia del presidente Santos, que incluyó: la invisibilización, la negociación por separado con cada sector, la estrategia de militarización y represión, siguiendo los tiempos de la seguridad democrática y las violaciones sistemáticas y manifiestas a los derechos de la población, logró levantar con fuerza los debates sobre la tierra, las semillas, la soberanía alimentaria. Este fenómeno social permitió recuperar la dignidad campesina y abrir un diálogo campo – ciudad.

 

Sumado a este intenso debate e importante movilización social, una alianza de organizaciones sociales y ambientalistas y, congresistas de oposición pusieron en evidencia las formas de acaparamiento de tierras en el país. Sobresalieron los escándalos relacionados con la estadounidense Cargill y la apropiación indebida de tierras baldías de la Nación, en un estimado de 26 mil hectáreas en la Orinoquía, y la feroz disputa entre empresarios que quieren quedarse con la altillanura colombiana y su potencial productivo de 4 millones de hectáreas, son la punta del iceberg de un conflicto declarado que involucra grandes empresas en contra de las comunidades campesinas de diversas zonas de Colombia.

 

No obstante esta intensa agenda social, el gobierno nombró como titular de la cartera de agricultura a Rubén Darío Lizarralde, quien ha estado involucrado en los escándalos por la venta de terrenos baldíos a través del modelo indupalma, desde donde se desprende una estrategia gubernamental para llevar el agro por el mismo camino de los acaparamientos y la financiarización que hoy padece.

 

En síntesis, las respuestas gubernamentales se han jugado en el escenario de los cambios institucionales para garantizar la imposición del modelo, y con el nombramiento de los tres ministros a quienes hemos hecho referencia, cambios de titular de cartera hechos curiosamente en medio del Paro Nacional Agrario y Popular. Con la ministra de Ambiente girando de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales –ANLA– al Ministerio, la vinculación de Acosta, excontradictor de la política minero – energética y ahora como ministro de Minas y Energía afín a la locomotora, y en la cartera de agricultura un personaje envuelto en grandes escándalos con terrenos baldíos de la nación, el futuro del ambiente desde la institucionalidad no parece estar resguardado.

 

La lucha por el agua

 

Otro escenario de las luchas fueron los conflictos por el agua. Contiendas en diversas regiones dan cuenta de esta situación: en Yopal, Nuchia y Tauramena –Casanare– en Humadea, Acacias, Castilla la Nueva –Meta–, en la Provincia del Sugamuxi en Boyacá, entre muchas otras. Los diarios regionales y nacionales registraron las frecuentes movilizaciones de pobladores locales que se organizaron para impedir el acceso a las plataformas petroleras o a las cuadrillas de sísmica, movilizaciones regionales para denunciar la contaminación de aljibes, acuífero, humedales, quebradas, etcétera; otros prepararon importantes participaciones en foros y audiencias públicas exigiendo agua antes que minas y petróleo.

 

La lucha por el agua también movilizó a numerosas comunidades que en varias zonas están enfrentando proyectos hidroeléctricos. En Antioquia, ante las precarias condiciones de seguridad para protestar en la región, centenares de campesinos marcharon desde el Cañón del Río Cauca hacia Medellín y permanecieron en esa ciudad durante varios meses, exigiendo condiciones de vida digna. La agitación en el Huila contra la Hidroeléctrica del Quimbo no ceso, por el contrario, le sumó a ella el proyecto de construir 10 represas en el Alto Magdalena. Esta lucha incluyó diversas estrategias como la promoción del voto en blanco en las elecciones extraordinarias a Gobernador, iniciativa que obtuvo significativos resultados, donde el voto el blanco ganó, especialmente la Cuenca Alta del Magdalena. En el Cañón del Río Fonce en Santander y en la región del Sumapaz, las voces que rechazan las hidroeléctricas ya comienzan a resonar. Como base está la disputa por el control de los ríos, y las comunidades tienen claro que sus formas de relacionamiento con las aguas -la pesca, el barequeo, el turismo comunitario- están hoy amenazadas por los proyectos extractivos hidroeléctricos.

 

Las luchas antimineras continúan emergiendo. El suroeste antioqueño no se detuvo en su defensa por el agua y el territorio; Piedras, un pequeño municipio del Tolima que estaría afectado por una planta de procesamiento minero, realizó en junio la primera consulta popular en Colombia y unánimemente dijo NO al proyecto; Santander sigue dando ejemplo con sus grandes marchas, este año Cien Mil Voces por el Agua convocó a las y los santandereanos y a todo el país. Agua sí - oro no sigue siendo la consigna que más moviliza a las regiones que se oponen a la minería.

 

También las comunidades organizadas para la prestación del servicio del agua, la gran mayoría ubicadas en zonas rurales donde hoy se perfilan proyectos extractivos, han insistido en la organización nacional en red con experiencias concretas de formación popular e interlocución directa con entidades estatales como la Defensoría del Pueblo, buscando a partir de conceptos como el derecho humano al agua abrir los debates para la construcción de una ley propia, que surja de los agentes directos de la prestación del servicio, y asegure la protección territorial que permite la disponibilidad de aguas en cantidad y calidad suficiente para garantizar la vida.

 

La consulta como estrategia para demandar autonomía y democracia real

 

Las comunidades de los lugares en los que se perfilan las principales explotaciones, tanto mineras como petroleras, han iniciado un proceso sin amplios precedentes en la historia del país. La utilización de mecanismos de participación popular, consagrados en la Constitución Política, específicamente la Consulta Popular, se convierten en patrón de referencia del descontento general nacional ante la imposición de un modelo insustentable que pretende venderse bajo la categoría de extractivismo "responsable" con la aplicación sistemática de las falacias de responsabilidad social empresarial y su intentos de suplantación simulada del estado social de derecho. En el fondo, la utilización del mecanismo de participación popular encarna el llamado de la sociedad para que sea tenido en cuenta como constituyente primario y se haga efectiva la categoría de participación en la construcción de la política pública minero – energética. Los resultados de las primeras consultas adelantadas son contundentes, expresan al mismo tiempo la negativa de la licencia social a los proyectos, mientras hacen una llamado a resignificar la democracia con la voz expresa de todas y todos los pobladores de las regiones.

 

De fondo, la política pública y su significado en disputa han sido protagonistas del año en materia ambiental. Más allá de la significación tradicional que ésta ha tenido, generalmente entendida como las directrices del gobierno encargado frente a temas de importancia nacional, y que se materializan en ejecución de los Planes Nacionales de Desarrollo –PND– y en el rumbo que toman los territorios sobre los que aplica dicha política –de aguas, minero – energética, de selvas, petrolera, etcétera–, se ha configurado una apertura por parte de las comunidades, organizaciones y movimientos sociales que reclaman participación de estos sectores en la construcción de lo público y las decisiones que afectan a las unidades territoriales como espacios de acción política.

 

La construcción de lo público a través de la política ha dejado de ser entendida, entonces, como una tarea privilegiada de los funcionarios gubernamentales y de las entidades estatales, dando paso a la construcción de condiciones de posibilidad para una política pública de abajo hacia arriba, en la que los postulados y exigencias comunitarias entran, las más de las veces, en contradicción con las directrices gubernamentales.

 

Reflexión final

 

De acuerdo al informe de las universidades de Yale y Columbia que evalúan el Índice de Desempeño Ambiental (EPI), Colombia cayó del puesto 9 al 85, evidenciando la crítica realidad ambiental del país y el impacto que han causado la guerra, la pésima gestión ambiental, las políticas económicas neoliberales, en especial la implementación de los Tratados de Libre Comercio y, la desregulación ambiental y minera para facilitar la entrega de los bienes naturales al capital transnacional, entre otros asuntos. El deterioro ambiental es cada vez mayor, y en regiones donde desde hace más de tres décadas se desarrollan megaproyectos mineros y petroleros, los daños ambientales ya empezaron a pasar su cuenta de cobro.

 

Aunque si bien, el gobierno no quiere discutir en las negociaciones con la insurgencia el modelo de desarrollo, sin duda, la emergencia de los conflictos ambientales y la fuerza que ganan las resistencias en la defensa de los territorios, del agua, de la tierra, de las semillas, de la Pacha Mama, obligará a poner, mas temprano que tarde, en el escenario nacional, el debate sobre el extractivismo, que tiene de fondo una discusión más profunda. Se trata de debatir sobre otra guerra: la que impone el modelo de desarrollo y de acumulación capitalista, que requiere, no sólo explotar a los seres humanos, sino expoliar los bienes naturales"; que conlleva a reconocer tambien a la naturaleza como víctima del conflicto, y por ende, a colocar, sino en las conversaciones de paz, en un posible posconflicto, la necesidad de definir los procesos de reparación para con ella.

 

* Censat Agua Viva –Amigos de la Tierra– Colombia.
1 La ministra Sarmiento oficiaba como directora de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales –ANLA-, aspecto que requiere mención por lo que puede implicar el tránsito de la funcionaria desde el ANLA a la cartera de Ambiente y las estrategias giratorias en las que se juega el futuro de los territorios que se explotan y el de los que se pretenden explotar.

Informacion adicional

  • Antetítulo BALANCE AMBIENTAL 2013
  • Autor TATIANA ROA AVENDAÑO - DANILO URREA*
  • Edición 200
  • Sección Minería
  • Fecha 20 de marzo - 20 de abril 2014
  • Bajante
Publicado en Edición Nº200
Lunes, 24 de Febrero de 2014 19:44

La Drummond: una sanción insuficiente

La multa aplicada a la Drummond por las autoridades ambientales ha desatado una amplia polémica en uno de cuyos extremos se ubican quienes ven, en la que sin duda es la más cuantiosa sanción pecuniaria aplicada en el país por un daño ambiental, un cambio de actitud del Estado frente a los estragos causados por los desmanes de la empresa que, de manera más cínica y despectiva de los derechos humanos y el ambiente ejerce su actividad en Colombia.

 

La Drummond sería la "oveja negra" pues otras empresas sí realizarían su actividad de manera responsable1 y el Gobierno habría iniciado un viraje hacia el cumplimiento de la Ley. El asunto es realmente mucho más complicado y lo que aparece como una actuación drástica de la Ministra Sarmiento y la Directora de la Anla no necesariamente hará carrera, al tiempo que se ocultan riesgos consustanciales a la actividad minera y debilidades estructurales del Estado Colombiano. Así, analistas como Guillermo Rudas2 y Salomón Kalmanovitz son mucho menos optimistas sobre el supuesto viraje y piden decisiones más radicales ante los atropellos de la empresa norteamericana.

 

Las tropelías de la Drummond

 

Hay que señalar en primer lugar que por la forma de actuar y las reiteradas tropelías de la Drummond es relativamente fácil justificar una sanción como la impuesta. Algunos de sus antecedentes son los siguientes:

 

Cuarenta y tres personas murieron entre 2006 y 2009, atropelladas por el tren que conduce el carbón extraído de la concesión de "La Loma", en el departamento del Cesar, hasta el puerto ubicado en las inmediaciones de Ciénaga.

 

Mediante Tutela T-154 de 2013, la Corte Constitucional ordenó proteger los derechos de un ciudadano residente en inmediaciones de la mina en el Departamento del Cesar, cuya familia estaba siendo gravemente afectada por las emisiones de polvo de carbón y el ruido y conminó a la transnacional para que en el plazo de tres meses instalara maquinaria y equipos de última generación a fin de aminorar los impactos. Este es solo un caso entre los múltiples de afectación a la población, atormentada por el ruido y las enfermedades respiratorias.


Las relaciones de la Drummond con Sintramienergética son tensas lo que llevó a esta última a realizar una huelga de 53 días el año pasado. La intransigencia de la empresa ameritó un fuerte pronunciamiento del Vicepresidente de la República, Angelino Garzón, quien además de exigirle el diálogo con los trabajadores, la conminó a rechazar las amenazas del grupo paramilitar los Rastrojos contra miembros de la organización sindical. Por otra parte, tres sindicalistas fueron asesinados en el 2004, sin que hasta el momento se hayan podido esclarecer totalmente los hechos pero se encuentra condenado por los mismos el administrador de las cafeterías de la empresa.

 

El contrato con la Drummond es particularmente leonino. Las regalías no se pagan por la cantidad de carbón extraído, a "boca de mina", sino por la cantidad embarcada, la cual es menor por las pérdidas que ocurren durante la operación de transporte y cargue. Los costos presuntivos son determinados por la empresa; el costo del transporte lo asume el Estado colombiano a precios que la Contraloría General de la República ha encontrado excesivamente costosos y que son fijados unilateralmente por Drummond; las regalías se pagan en amplios plazos que no rigen para otras caboneras, estos entre otros privilegios que le han sido otorgados.

 

No obstante lo anterior, la empresa ha presentado más de 30 demandas contra el país y logró que la Cámara de Comercio Internacional de Paris condenara a Colombia a pagarle 60.000 millones de pesos por incumplimientos de Ferrovías, los cuales fueron cancelados el 28 de Diciembre de 2012, unos quince días antes del derrame de carbón que destapó su larga cadena de abusos3. La cifra es casi diez veces mayor que la multa que ahora se le impone!!!

 

Puedo pagar, luego contamino

 

La aplicación de la multa no implica la reparación del daño causado que incluye restaurar las condiciones del medio ambiente afectado, en este caso los "fondos blandos" de enorme importancia en la dinámica de la fauna marina. En este aspecto la Resolución 1309 de 18 de Diciembre de 2013, que impuso la sanción, se limita a ordenar a la Drummond el retiro del carbón derramado siguiendo las pautas que establecerá la ANLA en los respectivos términos de referencia. Salta a la vista que debería exigirse la contratación de una entidad experta en este tipo de labores y exigir al autor del daño que cubra los costos de toda la operación, compleja y riesgosa por cierto, y no dejar el asunto a quien tanto desprecio ha demostrado por el medio ambiente.

 

En cuanto al trabajo comunitario al que también fue condenada la Drummond, no parece ser el mejor aporte para las acciones que en desarrollo del mismo se realizan en la zona, teniendo en cuenta el pésimo desempeño de la transnacional en materia ambiental.


Por otra parte la Superintendencia de Puertos le aplicó una multa de $1.540 millones por el embarque irregular de carbón en barcazas durante cinco días, lo cual según el economista Guillermo Rudas puede conllevar otra sanción de la ANLA por diez veces ese valor pero esta no se ha pronunciado4.

 

El régimen sancionatorio ambiental, actualmente establecido en la Ley 1333 de 2009, se queda corto frente a daños como el ocasionado. De hecho, el Registro Único de Infractores Ambientales, ordenado por la Ley dejó de actualizarse en el 2012 y no todas las autoridades ambientales han aportado sus datos. Llama la atención que de 2.859 sanciones registradas solo 82 se refieran a minería, teniendo en cuenta el cúmulo de conflictos que genera esta actividad.

 

Con sanciones tan exiguas frente a daños ambientales como el causado por la Drummond y en relación con las enormes ganancias que deja el negocio5, el principio "el que contamina paga" se transforma en su contrario: "puedo pagar, luego contamino".

 

¿Es posible una minería sin impacto ambiental?

 

La forma como se viene presentando el caso Drummond sugiere que habría una minería responsable, capaz de mitigar y compensar el daño ambiental, y que estamos ante la excepción, es decir ante una empresa minera particularmente dañina.

 

Lo cierto es que la minería y especialmente la que se ejerce en gran escala y a cielo abierto conlleva daños ambientales y sociales inevitables. El Observatorio de Conflictos Mineros de America Latina –OCMAL– reporta 198 conflictos con 297 comunidades afectadas. Colombia con 12 conflictos reportados ocupa el sexto lugar luego de Perú, Argentina, México, Chile y Brasil, en su orden.

 

En cuanto a las tecnologías utilizadas, el Geólogo Julio Fierro, coautor del documento "Implicaciones ambientales y sociales de la minería en Colombia" no deja dudas cuando afirma: "Los gremios mineros niegan que sean ciertas e inevitables la irreversibilidad o la perpetuidad de los impactos mineros en lo relacionado con la acidificación de rocas con altos contenidos de sulfuros y la consiguiente liberación al ambiente de metales pesados y de otras especies químicas tóxicas. Esta tesis contradice leyes químicas que por supuesto se cumplen en la práctica. Para aludir únicamente a revistas indexadas de las más altas calificaciones científicas, me remito a Science, en su edición de enero de 2010; a Elements, en su edición Mine Wastes de diciembre de 2011, y a Anales de la Academia de Ciencia de Nueva York de febrero de 2011, entre otros"7.

 

En cuanto a los impactos sociales tampoco dejan dudas las experiencias en diferentes partes del mundo y en particular de América Latina, donde los emprendimientos mineros han conducido a cambios abruptos en los usos del suelo, desplazamiento de comunidades, violencia y muerte, empobrecimiento, prostitución y otras secuelas. Baste mirar al Departamento del Cesar, donde opera la Drummond: el otrora emporio agrícola y ganadero ha sido reemplazado por eriales.

 

Abandonar el sendero extractivista

 

Los dos gobiernos de Uribe y el de su ex –ministro de Defensa, Juan M. Santos, apostaron por la minería en un sendero que había comenzado a abrir Pastrana, en cuyo mandato se expidió el primer Código Minero de la nueva era extractista. Esta decisión no fue consultada con el pueblo colombiano, al cual ahora se le niega el derecho a prohibir la minería aduciendo que el subsuelo es de la nación y de esta manera se pretenden desconocer las consultas populares de Piedras y Tauramena. La adecuación de la legislación a los intereses de las transnacionales mineras ha ido tan lejos que su actividad fue declarada de interés público y social, rango que ni siquiera tiene la producción de alimentos. De ahí en adelante todo se les ha facilitado. Por ello el caso de la Drummond, a pesar del cinismo que la caracteriza, no puede considerarse una excepción. Forma parte de la destrucción que deja a su paso la locomotora minera, que si no paramos nos dejará sin territorio y sin ecosistemas con base en los cuales pudiéramos construir una nueva sociedad basada en un nuevo sistema de producción ambientalmente adecuado.

 

Ahora bien, el caso de la Drummond puede servir para profundizar la oposición a la mencionada locomotora que ya comienza a ser averiada con la resistencia a La Colosa, la defensa de Santurbán, la oposición a la cementera en Villa de Leyva y Gachantivá, la derrota del proyecto de desviación del río Ranchería, en la Guajira, o la alerta contra la explotación de carbón y gas en Tinjacá.

 

Siendo los desmanes de la Drummond tan rampantes la sanción debería haber sido la cancelación de la licencia ambiental y el cierre de sus actividades. Esto todavía podría hacerse si se avanza en la investigación sobre los daños causados. De revertir al Estado la concesión podría iniciarse una transición hacia el abandono del modelo extractivista, constituyendo una empresa pública colombiana que continuara sacando el carbón en forma segura, y limitada8. Las ganancias de tal actividad se podrían dedicar a la recuperación de la vocación agrícola y pecuaria del Departamento del Cesar y en general de la región costera al oriente del río Magdalena, con nuevos sistemas productivos agroecológicos y la redistribución democrática de la tierra. En un segundo momento se abandonaría para siempre la minería del carbón aún antes del agotamiento de los yacimientos. Para ello necesitaríamos una transformación política profunda y, desde luego, un cambio en la orientación del modelo económico, pues hoy en día los ingresos del Estado colombiano dependen en una cuarta parte de la gran minería y la explotación de hidrocarburos.

 

Finalmente el caso pone de presente una vez más la urgencia de llevar adelante la Iniciativa de Moratoria Minera uno de cuyos doce puntos pide precisamente que: "Se excluyan de cualquier actividad minera los ecosistemas estratégicos, terrestres y marinos, especialmente los esenciales para el ciclo del agua, la soberanía alimentaria, los territorios de comunidades étnicas, las áreas protegidas, los perímetros urbanos y los suelos de protección y expansión urbana"9.

 

* Miembro de Unión Libre Ambiental.


1 Véase al respecto el artículo de María Elvira Samper, "Drummond, la oveja negra", en El Espectador, 11-01-2014
2 Véase "Inversión extranjera, minería y desarrollo local en Colombia" en www.razonpublica.com, 20 de Enero de 2014.
3 Véase, "Drummond: un desastre ambiental, económico y social" por Alvaro Pardo en www.razonpublica.com, 18 de Febrero de 2013.
4 Véase, "Inversión extranjera, minería y desarrollo local en Colombia", por Guillermo Rudas en www.razonpublica.com, 20-01-2014.
5 Las exportaciones diarias de la Drummond tienen un valor de once mil millones de pesos.
6 Este documento forma parte del libro de la Contraloría General de la República denominado: "Minería en Colombia: fundamentos para superar el modelo extractivista", Bogotá, 2013.
7 Véase, "Megaminería y daños ambientales: deuda a perpetuidad" en www.razonpublica.com, 7 de Julio de 2013.
8 La reversión de la concesión, que vence en 2019 y la constitución de una empresa mixta es propuesta por Salomón Kalmanovitz en el artículo antes citada. Guillermo Rudas propone una empresa pública.
9 Ver www.moratoriaminera.org

Informacion adicional

  • Antetítulo
  • Autor RAFAEL COLMENARES*
  • Edición 199
  • Sección Medio ambiente
  • Fecha Febrero 20 - marzo20 de 2014
  • Bajante
Publicado en Edición N°199

El 28 de julio de 2013 en la localidad de Piedras en el Tolima, Colombia, los vecinos acudieron a votar en contra de un gran proyecto minero de Anglo Gold Ashanti llamado La Colosa, porque la empresa planea verter los relaves en ríos de ese lugar. Cerca de allí, en Coello, el novelista Alvaro Mutis pasó parte de su añorada paradisiaca infancia. Los vecinos votaron. Podían votar 5 mil 105, hubo 3 mil siete votantes de los cuales 2 mil 971 votaron contra la minería y solamente 24 a favor. Los organizadores insisten que, según la ley colombiana 134 de 1994, la decisión local debería ser de cumplimiento obligado por el gobierno nacional.

 

Piedras se añade así al registro de localidades latinoamericanas que desde Tambogrande en Perú y Esquel en Argentina hace ya más de 10 años, han ejercido la democracia local para oponerse a proyectos mineros. En Guatemala es donde ha habido más consultas (bajo el convenio 169 de la OIT que protege en teoría a pueblos indígenas) y sigue Perú. No es fácil organizar una votación ordenada en amplios territorios rurales con población dispersa frente a las reticencias del gobierno nacional. Eso requiere colaboración municipal.


La coyuntura política en Colombia con el esperado descenso de la violencia y las conversaciones de paz en La Habana, dan nuevos ánimos a quienes quieren ejercer la democracia local sin ser de inmediato objeto de represalias mortales. Hace pocas semanas se ha producido otra consulta. Al nororiente de Bogotá, el 15 de diciembre se realizó en Tauramena, Casanare una consulta popular contra el desarrollo petrolero en la parte alta del municipio. El 96 por ciento de los 4 mil 610 votantes dijo NO a la pregunta: ¿Está usted de acuerdo con que se ejecuten actividades de exploración sísmica, perforación exploratoria, producción y transporte de hidrocarburos, en las veredas San José, Monserrate Alto, Monserrate La Vega, Guafal del Caja, Bendiciones, Visinaca, Lagunitas, Aguamaco, Zambo, Oso y Jaguito, donde se ubica la zona de recarga hídrica del municipio de Tauramena?
El resultado de la consulta (dejemos el petróleo y el gas en tierra) pone en entredicho la exploración sísmica que promueve la empresa nacional Ecopetrol en el Casanare y un sector de Boyacá. Este proyecto afectaría 798 manantiales. La consulta ha provocado un intenso debate aunque el gobierno nacional intenta desconocer su legitimidad. Sin embargo, el presidente de Ecopetrol ha dicho que a pesar de que este proyecto es estratégico para las metas de producción petrolera del país, la empresa no va a pasar sobre la voluntad de la gente.


La ONG CENSAT Agua Viva publicó un video donde aparecen vecinos contentos y ministros enojados. (www.youtube.com/watch?v=Y4323_sy5L8&feature=share&list=UU1VeLWlnOhehWSq2QGUgjlw).


Las autoridades municipales piden que se respete la decisión autónoma de los habitantes del municipio de Tauramena pues la legislación nacional indica que la decisión tomada por el pueblo en consulta popular, será obligatoria (artículo 55 de la Ley 134 de 1994). Tauramena no exige que la empresa genere mayor inversión social sino respeto por la soberanía de los pueblos para determinar y ordenar autónomamente sus territorios.
Amenazan las consultas populares. Pero también los acuerdos municipales. Por tanto tras la firma de acuerdos municipales antimineros en tres municipios del sudoeste de Antioquia, se dio el decreto 0934 del 9 de mayo de 2013 reglamentando el artículo 37 del Código de Minería por parte del Ministerio de Minas y Energía, estableciendo que ninguna autoridad local o regional tiene competencia para excluir la actividad minera, ningún esquema de ordenamiento territorial municipal o distrital puede regularla. La decisión de establecer zonas excluidas y restringidas para la minería compete exclusivamente a las autoridades minera y ambiental. Normas parecidas se han dado en otros países latinoamericanos.


Es decir, ni se facilita o reconoce las consultas populares ni se permite a las autoridades municipales electas oponerse a las industrias extractivas.
Algunos jueces de la Corte Constitucional que en febrero 2014 está por emitir un fallo al respecto, han dicho que los concejos municipales no sólo tienen el deber de velar para que los habitantes gocen de un ambiente sano y se les garantice la vida y la salud, sino que están facultados para elaborar sus planes de ordenamiento territorial como mejor les parezca. No cabe anular la posibilidad de reglamentación que los municipios tienen para determinar los usos del suelo dentro de su territorio. Los concejos municipales son competentes debido a los grandes impactos ambientales que las actividades mineras tienen sobre el modelo local de desarrollo económico, las fuentes de agua disponibles y la vida cotidiana de los pobladores. Coloquialmente se dice en Colombia que es posible que la Corte Constitucional le dé un tatequieto a la minería.


*ICTA-Universitat Autònoma de Barcelona

Informacion adicional

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  • Autor JOAN MARTÍNEZ ALIER*
  • País Colombia
  • Región Suramérica
  • Fuente La Jornada
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Publicado en Colombia

Después de aproximadamente una década del experimento político puesto en marcha por los llamados gobiernos progresistas en América Latina, se puede afirmar que éste ha dejado una gran enseñanza para el pensamiento críticodel subcontinente: Nunca más repetir lo andado, dar vuelta y caminar para el otro lado, desde otro lado. En base a esta enseñanza histórica, el pueblo latinoamericana tiene la urgencia de asumir como verdad política y ética dos cosas:

 

1. Abandonar definitivamente la promesa del desarrollo y el crecimiento económico, inherentes al paradigma del progreso y a la lógica de la economía capitalista.

 

Atrapados en el paradigma del Progreso, los gobiernos progresistas[1] de la América latina han impulsado, una vez más de las tantas veces a lo largo de nuestra historia, las viejas promesas del desarrollo y el crecimiento económico capitalista. La promesa de salir del subdesarrollo en base a la industrialización se presenta una vez más como la gran promesa que nos conducirá a los niveles de vida del mundo desarrollado. Y nuevamente la fórmula mágica del cambio de matriz productiva es profundizar y extender el extractivismo para salir de la economía primario exportadora, basada principalmente en el extractivismo. Este aparente absurdo a nivel del lenguaje expresa la contradicción de la economía capitalista, especialmente visible en las zonas del llamado tercer mundodebido a la relación asimétrica entre el centro y la periferia provocada por el intercambio desigual que articula el mercado mundial. Simplificando el argumento por motivos del espacio de la exposición, la idea es la siguiente: necesitamos capital para iniciar el cambio de matriz productiva basada en la sustitución de importaciones o industrialización.

 

El problema es que el histórico saqueo que han sufrido nuestros países, tanto por el capitalismo central como de los grupos de poder económico local articulado al primero, ha impedido la formación de capital nacional para iniciar el proceso de industrialización. En estas condiciones la intención de iniciar un proceso de industrialización implica conseguir el capital explotando y vendiendo materias primas, es decir más extractivismo. En todas las intentonas desarrollistas, los gobiernos progresistas de las distintas épocas han vendido los bienes naturales de nuestros países a nombre de la industrialización, hoy del llamado cambio de matriz productiva. El costo que ha significado para nuestros pueblos cada uno de estos intentos modernizadores, ha sido destrucción social, ambiental y más pobreza, pura hojarasca diría Márquez. Esta larga historia de destrucción me hace pensar que hoy no va a ser distinto, que la necedad de los progresistas nos va a pasar, quizá, la mayor factura de nuestra historia.

 

A nombre del progreso y la modernización, tanto en el occidente capitalista como en el capitalismo de Estado del Socialismo Real, el ser humano se ha autoflagelado. Los peores crímenes contra a humanidad, genocidios, etnocidio,comunicidios y ecocidiosse han perpetrado a nombre del desarrollo. Esta historia, ya vieja, comenzó con el despojo social y ambiental de la acumulación originaria de capital perpetrado en nuestro continente, saqueo colonial que destruyómuchas culturas y grandes civilizaciones donde murieron millones de seres humanos, sacrificados en nombre de la civilización y el progreso. La Europa campesina vivió la misma destrucción social y ambiental con el mismo argumento del desarrollo industrial y el crecimiento económico. Millones de seres humanos murieron en el proceso de la revolución industrial, la misma que destruyo gran parte del ecosistema y los tejidos sociales agrarios bajo la hegemonía inglesa. En el siglo XX el crecimiento y desarrollo de Norteamérica como potencia mundial ha significado la destrucción ambiental y social de gran parte del territorio del planeta donde la potencia imperial ha intervenido empresarial y militarmente hasta el día de hoy. El fascismo nazi estuvo muy vinculado al impulso del desarrollo industrial de Alemania,y es conocido el holocausto que provocó. El desarrollo industrial en la Unión Soviética generó destrucción cultural y natural; y lo que no logró la revolución cultural de Mao en China lo está logrando hoy el desarrollo acelerado del capitalismo: convertir al país oriental en la primera potencia industrial a costo de la destrucción social y ambiental de la China actual. Esta ha sido la historia del desarrollo moderno, el costo del bienestar capitalista, para ciertos sectores privilegiados de la población mundial, ha significado la miseria social y ambiental para la mayoría de habitantes del planeta. Un último informe de Oxfam sostiene que "La desigualdad económica crece rápidamente en la mayoría de los países. La riqueza mundial está dividida en dos: casi la mitad está en manos del 1% más rico de la población, y la otra mitad se reparte entre el 99% restante." (Oxfam 2014)

 

Con el nuevo milenio los gobiernos progresistas de América latina retoman una vez más el sueño del progreso y el crecimiento económico vía desarrollo industrial. La modernización capitalista necesaria para hacer el sueño realidad ha implicado en esta última década: Laradicalidad de la actitud instrumental: el asesinato (léase culturicidio, etnocidio, ecocidio, comunicidio)[2]como parte del despiadado intento de alcanzar un objetivo, la reducción de las personas a medios disponibles (Zizek; 2011: 194), y, obviamente,la reducción de la naturaleza a recurso disponible."Esta es la sorprendente lección de las últimas décadas, la lección de la tercera vía socialdemócrata occidental europea, pero también de los comunistas chinos que están al frente del que probablemente es sea el desarrollo más explosivo del capitalismo en toda la historia de la humanidad: nosotros podemos hacerlo mejor." (Zizek; 2011:196)

 

El cumplimiento de la vieja promesa capitalista plantea un intercambio, ahora encubierto en el discurso de la ecoeficiencia, ciertos sectores dela población alcanzan niveles de vida del mundo desarrollado a cambio de destruir el medio ambiente y muchas formas sociales acogidas en él. Se reactualiza así el colonial intercambio desigual debaratijas por la vida que empezó con la Conquista. A este intercambio desigual se suma un nuevo intercambio desigual que supone una especie de condicionamiento "novedoso" implementado por los gobiernos progresistas: se ofrece crecimiento económico, desarrollo industrial, bienestar capitalista a cambio o con la condición de debilitar o suprimir muchos de los derechos y libertades humanas,como el derecho a protestar, a pensar distinto, a imaginar otro mundo más allá del progreso de la modernidad capitalista. Esta "novedad" en el ejercicio del poder escopiada del ejemplo de la China en su era industrial. Bien lo dice Zizek:

 

...China es en la actualidad el Estado capitalista ideal: el capital es libre y el Estado se encarga de "trabajo sucio" de controlar a los obreros. Por tanto, China, en cuanto superpotencia en ascenso del siglo XXI, parece materializar un nuevo tipo de capitalismo: indiferencia ante las consecuencias ecológicas, desprecio por los derechos de los trabajadores, todo ello subordinado al impulso de desarrollarse y convertirse en la nueva fuerza mundial. (Zizek; 2011:197)

 

Como testigos presentes del ensayo del progresismo en América latina podemos dar testimonio de la política represiva que se ha implementado en esta última década. La criminalización de la protesta social, la persecución, enjuiciamiento y encarcelamiento de dirigentes sociales, de intelectuales disidentes, de activista ambientales, de estudiantes críticos, de periodistas que investigan y denuncia la corrupción, así como la censura de la opinión y la expresión crítica, el control de la organización social autónoma, la censura a los medios de comunicación, etc., son prácticas del nuevo patrón de poder implementado por los progresismos. Esta forma de control político de la sociedad se justifica a nombre del progreso y el desarrollo, a nombre de un crecimiento económico que según dicen ha logrado combatir la pobreza vía bonos de la miseria. Un crecimiento económico medido, curiosamente, con los mismos parámetro y fetiches, como el PIB[3], utilizados por los organismo de administración del capital (FMI, Banco Mundial, BID). Se dice a la población que todo esto es necesario para alcanzar el progreso, pero no se dice cuales son las consecuencias sociales y ambientales del mismo, y a quienes quieren denunciar el coste del desarrollo simplemente se los silencia. Tampoco se dice que incluso si conquistaríamos los niveles de vida del mundo desarrollado habremos construido un mundo materialmente rico y espiritualy ecológicamente miserable. Basta mirar hacia el centro del desarrollo EEUU, Europa, China y observar lo que en las sociedades "soñadas"de la hiperproducción y el hiperconsumoacontece.


Una vez más, con los progresismos, América latina ha caído en la trampa del progreso y desarrollo capitalistas.Las consecuencias de esta necedad, como ya podemos observarlas y vivirlas esla destrucción ambiental y social. Ante esta constatación, que implica una toma de conciencia social y ecológica, la única posibilidad que le queda el pensamiento crítico de emancipación es decir NO a la promesa capitalista. "Ya es hora de deshacernos de la obsesión de la velocidad y de partir a la reconquista del tiempo, y por lo tanto, de nuestras vidas.". (Latouch; 2009:166)

 

2. Imaginar nuevos sueños, nuevos deseos y sobre todo nuevas formas de desear y soñar el mundo por venir.

 

Es sintomático que pensadores de origen europeo, es decir pensadores testigos del bienestar y el progreso del mundo desarrollado, como el economista francés SergeLatouche, entre otros, "...reclaman la liberación de la sociedad occidental de la dimensión universal de la economía, criticando, entre otras cosas, el concepto de desarrollo y las nociones de racionalidad y eficiencia económica." Si desde el centro del desarrollo capitalista surge la crítica a su promesa, por haber conducido al planeta y a la humanidad al borde de su colapso, no se comprende la necedad del progresismo Latinoamericano. Sorprende que los gobiernos autodenominados de izquierda no sean capaces de detenerse en su obsesión desarrollista y oír las intuiciones y los saberes colectivos que hablan desde la comunidades rurales. Sorprende más la capacidad de estos gobiernos de haber reducido el Buen Vivir a vehículo de las viejas promesas capitalistas.

 

El pensamiento crítico y emancipador de América latina debe ser ciertamente radical, aún más hoy que debe enfrentar otra vez las ilusiones de la modernidad,tan radical que detenga el frenesí desarrollista y vuelva su mirada a aquellos ensayos vitales que han sobrevivido al desastre modernizador. Volver la mirada a aquellas formas de vida social no sub-desarrolladas, sino fuera del desarrollo, a las comunidades agrarias que siembran y se dedicaban a escuchar como crecen los cultivos, pues una vez sembrados, apenas queda ya más por hacer. A esos territorios fuera del tiempo donde la gente es feliz, todo lo feliz que puede ser un pueblo. (Cfr. Latouch; 2009:159) A esavida feliz que es propia de las comunidades del buen vivir colectivo, a esas comunidades que saben mantener un sano equilibrio con el medio ambiente y que lamentablemente están siendo paulatinamente destruidas por el subdesarrollo y sometidas a la miseria a nombre del desarrollo. Es ese tiempo otro por fuera del tiempo de la historia moderna el que debe nutrir el pensamiento crítico y emancipador de la América latina, ese tiempo que es despreciado por los progresismo cada vez que persiguen a las comunidades agrarias que resiste y se oponen a su programa desarrollista, sean las del TIPNIS en Bolivia o las de la Amazonía en Ecuador Venezuela y Brasil.

 

Es ese tiempo fuera del tiempo donde es posible imaginar otro modo de vivir, otro modo de ser y estar en un mundo otro. Es este tiempo fuera del tiempo, no intoxicado por la ilusiones del desarrollo y el progreso, el marco, el espacio vacío, donde la imaginación humana puede imaginarse distinta. Es desde ese hilo de tiempo proscrito por el desarrollo capitalista donde es posible pensarse, sentirse más allá de la producción y el consumo mercantil, más allá del bienestar ligado a la riqueza económica. Desde ese más allá quizás estaremos a salvo de la tentación de restaurar el viejo orden y abrirnos a la incertidumbre que genera el ejercicio de nuestra libertad de crear otra forma de existir, por fuera del marco capitalista y sus promesas. Esto, necesariamente, exige una transformación tan radical como radical es desaprender las percepciones, pensamientos, valores y prácticas aprendidas y convertidas en certezas y verdades universales, como aquello de que la felicidad depende del crecimiento económico y tecnológico. Es decir, desaprender lo aprendido en la colonización y neocolonización occidental, comprender que la civilización y la historia del progreso y el desarrollo son una más entre muchas y de ninguna manera el destino de la humanidad. La descolonización de la conciencia hace posible la distancia crítica necesaria para relativizar y negar los mitos occidentales que fundamentan la pretensión de control racional de la naturaleza y la fe en el progreso, el desarrollo y el crecimiento.(Cfr. Latouch; 2009:162).


El crecimiento no es sinoel apelativo vulgar de lo que Marx analizó como acumulación ilimitada de capital, fuente de todas las contradicciones e injusticia del capitalismo. Puesto que el crecimiento y el desarrollo son respectivamente crecimiento de la acumulación de capital y desarrollo del capitalismo, por lo tanto explotación de la fuerza de trabajo y destrucción ilimitada de la naturaleza. El decrecimiento no puede ser sino un decrecimiento de la acumulación, del capitalismo de la explotación y de la depredación. No se trata tanto de relentizar la acumulación como de cuestionar el concepto mismo para invertir el proceso destructor. (Latouch; 2009:168).

 

El pensamiento crítico y emancipador de la América latina tiene el desafío de imaginar nuevos sueños nuevos deseos, pero sobre todo nuevas maneras de soñar y desear, sobre todo esto último. No basta negar los contenidos del viejo orden, hay que negar sus formas y su forma no es otra que la forma-mercancía. Negada la forma mercancía, se niega el progreso como ideología que la fundamenta y se niega el desarrollo y el crecimiento económico como las prácticas que la reproducen. Esto implica una transformación epistemológica, es decir una transformación de las percepciones y nociones básicas con las cuales el ser humano moderno se mira y se comprende. Esto hace referencia a una transformación cultural de dimensiones radicales. Se puede afirmar con Zizek, entonces, que "...el problema de los intentos revolucionarios habidos hasta ahora no es que hayan sido 'demasiado radicales', sino que no lo han sido bastante, que no han cuestionado sus propios presupuestos."Uno de los cuales es aquel de considerar que la emancipación humana se asienta en la misma racionalidad económica y tecnológica del capitalismo. (Zizek; 2011:202)

 

A lo que el pensamiento crítico se enfrenta no es la construcción de una nueva sociedad, sino a la invención de una nueva vida, lo que implica la reconstrucción o mejor dicho la invención del deseo, no la realización del deseo capitalista. Ese es el gran reto, esa es la urgencia de la tarea. No basta cambiar la realidad para realizar los sueños de la sociedad moderna, hay que cambiar lo sueños. (Cfr. Zizek; 2011:203) Para enfrentar este desafío es necesario ser disidentes ideológicos, disidentes epistemológicos, así como ser disidentes prácticos, lo que supone ir inventando la otra vida aquí y ahora, desde los tejidos más delicados de la vida cotidiana. En ese andar nos iremos inventado como humanos otros, distintos, humanos de otros mundos; en ese andar por fuera del tiempo, tiempo de nuestros ancestros, que no están en el pasado sino en el futuro o que por estar en el pasado están en los mundos por-venir. Los mundos y las vidas por-venir al igual que los mundos y las vidas proscritas de nuestros ancestros son la fuente que fecunda el pensamiento crítico de América latina, la América Latina que dice NO más promesa capitalista.

 

Recuperar una relación sana con el tiempo consiste sencillamente en volver a aprender a vivir en el mundo. Conduce, por lo tanto, a liberarse de la adicción al trabajo para volver a disfrutar la lentitud, redescubrir los sabores vitales relacionados con la tierra, la proximidad y el prójimo. No se trata tanto de regresar a un pasado mítico perdido como de inventar una tradición renovada.
SergeLatouch

 

Referencias Bibliográficas


Di Donato, Mónica, Decrecimiento o Barbarie, entrevista a SergeLatouche, Revista Papeles No 107, 2009
http://www.usc.es/entransicion/wp-content/uploads/2011/11/Decrecimiento-o-barbarie_Serge-Latouche.pdf
Oxfam, Gobernar para las Elites, secuestro Democrático y desigualdad económica, 2014
http://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/bp-working-for-few-political-capture-economic-inequality-200114-es.pdf
Zizek, Slavoj, En defensa de las causas perdidas, Ed. Akal, España, 2011

[1] Es curioso, para esta reflexión, el adjetivo progresistas que se ha dado a los gobiernos del Socialismo del Siglo XXI. Hay que poner atención en la semántica del término)
[2] El contenido del paréntesis es de este texto y no del autor citado.
[3] Referencia de SergeLatouche

 

Publicado por lalineadefuego el enero 29, 2014 ·

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  • Antetítulo
  • Autor NATALIA SIERRA
  • País Ecuador
  • Región Suramérica
  • Fuente Lalíneadefuego
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Publicado en Internacional
Viernes, 24 de Enero de 2014 16:07

Moratoria minera, un medio no un fin

Múltiples son los aprendizajes durante los ocho (8) meses de la experiencia de recolección de firmas a favor de una Moratoria Minera (MM). Uno de ellos, la urgencia de mecanismos y espacios de debate, donde los distintos sectores sociales, la ciudadanía y las regiones incidan en las políticas públicas y en las decisiones estatales sobre nuestros territorios.

 

Esto porque la gente no encuentra eco estatal al clamor regional sobre la inconveniencia de la política extractivista del gobierno nacional. Por ello, cuando se topa con esta iniciativa, que se constituye en un instrumento mediante el cual puede hacerse partícipe de una manifestación colectiva de profundo cuestionamiento a la minería, convertida en uno de los pilotes del modelo de desarrollo del país, siente encontrar un canal para hacerse sentir.

 

Cada jornada de firmas en la calle suscita la discusión activa de diversidad de comunidades. Allí, de manera fresca y dialógica, exponen casos concretos de arbitrariedad de las empresas mineras la ausencia de regulación gubernamental, los impactos sentidos por las comunidades en sus territorios, la vista gorda de las autoridades ambientales; la campaña, permite así que fluya el dinamismo de los procesos sociales en clara resistencia a la minería. De ello, dan cuenta la Vereda Río Frío en Tabio, frente a la explotación de gravilla por Albania SA; Las peñas en Tinjacá y la región del Alto Ricaurte incluyendo Sutamarchan, Santa Sofía y Villa de Leyva frente a la exploración de carbón; la localidad de Ciudad Bolívar en Bogotá ante la explotación de canteras que atentan contra la salud de la población, el río Tunjuelo y el ecosistema subxerofítico; las poblaciones Wayú en la Guajira contra el desastre de la explotación carbonífera, la consulta triunfadora en Piedras –Tolima– defendiendo su agricultura frente a la intención de tratamiento de lixiviados de la Anglo Gold Ashanti; pero también en pueblos de Caldas, la Costa Atlántica, Santander entre las innumerables regiones, que evidencian sus problemáticas y se suman a la iniciativa de exigencia de MM.

 

Esta aproximación a casos concretos, a las vivencias negativas de las poblaciones que habitaban lugares de actual explotación minera, y las acciones locales emprendidas por colectivos ambientales o poblaciones campesinas, indígenas y negras, nos muestra las múltiples formas de expresión social en defensa de nuestros territorios, que claman por ponerle freno a la locomotora minera apelando a formas novedosas de resistencia, además e aquellas que otorga la legislación.

 

La iniciativa de MM es una dinámica viva y en construcción. En los diversos espacios visitados la gente presenta interrogantes de qué hacer, cómo frenar la locomotora minera y se solicita apoyo a las formas de lucha regional o local; estos interrogantes y dinámicas sociales denotan la urgencia de grupos, poblaciones y también de la ciudadanía a nivel individual por pronunciarse y jugar un papel transformador en su territorio, por eso se identifica con los argumentos expuestos en la MM. Los doce puntos expuestos como condición antes del otorgamiento de un título minero, connotan un debate de fondo sobre la inconveniencia de la minería para la sostenibilidad ambiental, la seguridad alimentaria y la calidad de vida, lo que significa transitar hacia la construcción de un modelo NO extractivista.

 

Los resultados alcanzados hasta el momento por las organizaciones promotoras son ilustrativos de la urgencia de la Moratoria, que no es otra cosa que un instrumento transitorio para tomar una decisión definitiva sobre la minería en Colombia.

 

En este lapso debe estudiarse a profundidad los temas económico, ambiental, cultural y alimentario sobre los cuales han llamado la atención Rudas, Rodríguez, Fierro y Garay, entre otros, para tener soportes de peso para una convocatoria nacional hacia la definición de una política ambiental y agroalimentaria que no puede plantearse como una disyuntiva entre conservación y desarrollo, dicotomía falsa que solo maquilla el interés por privilegiar al sector privado nacional y multinacional a la hora de hacer uso de nuestros bienes nacionales: recursos minerales, energéticos, suelo, biodiversidad y agua.

 

Minería, desarraigo territorial, riesgo ambiental y alimentario

 

"El día se anunció con alba pálida y melancólica; amanecer de angustia y de duelo, porque esa jornada iba a ser como corolario de la noche. En lo que fue vivienda de Orrego humeaban aún los escombros. El molino Las Vueltas era completa ruina: un enorme raigón, o la monstruosa herida que queda donde descuajaron a fondo el tronco de un árbol (...)

 

Pasadas las ocho, Florencio Botero iba y venía a largos pasos por el salón, sin lograr sobreponerse por entero a su nerviosidad creciente. Intuía que no estaba lejos el momento en que se definiría su destino. Afuera, en el patinejo, la mula ensillada se impacientaba, extrañando acaso la demora de su dueño al salir. El reloj cucú de la pared daba las nueve cuando un ruido fuerte de pisadas anunció la proximidad de muchas personas. Andar sonoro, acompasado, de esos que dan la impresión de ir derecho e irrevocablemente al objetivo. A poco, golpes enérgicos dados con algo metálico hicieron temblar la puerta de entrada.

 

Un oficial joven, a la cabeza de un pelotón, interpeló con arrogancia.
¿Es esta la vivienda del señor Florencio Botero?

 

- Esta es la vivienda, y yo soy Florencio Botero –respondió este con calma, mirando a su interlocutor.
El oficial se desconcertó al principio; pero, reaccionando en seguida, añadió:

 

Vengo en cumplimiento de órdenes superiores. El general Mandíbula me envía a ocupar esta casa.

 

El general supone, sin duda, que está deshabitada –replicó Florencio con la voz un poco alterada.

 

No sé, lo ignoro. Me limito a cumplir la orden. Deshabitada o no, debo tomar posesión de ella en el acto.

 

¿Y cómo piensa usted obrar? Le advierto que hay aquí una señora y una niña. Tal vez lo mejor sería aplazar esta diligencia, mientras hablo con el general. La ocupación inmediata es materialmente imposible.

 

Es inútil. El general Mandíbulas no admite reclamos [...]

 

Han transcurrido varios años. Marmato, el renombrado centro minero, se agita día y noche, sin descansar jamás [...]"1.

 

Esta narración, que podría parecer del siglo XXI, no lo es, pertenece a la narrativa de los años 30 del siglo pasado. Desde ese entonces se desplazaron mineros tradicionales locales por grandes emporios, que socavaron la riqueza del pueblo, aún en las bases del subsuelo que soportaban su trama urbana, poniéndolo hoy en riesgo.

 

Es claro que los conflictos ocasionados por la minería se remontan a la colonia y perdurado hasta nuestros días; su expansión ha ocurrido sobre el despojo, por compra legal o presión, para el caso tiene el mismo efecto, el desplazamiento involuntario de población y con él, el desarraigo territorial y la desmembración de comunidades que otrora construyeron territorialidad aupada por el tesón del trabajo, la solidaridad y el tejido social, otorgando significado a sus lugares de habitabilidad y vida social. Grandes cráteres es lo que se erige sobre tales suelos, desproveídos de suelo, vegetación, agua, para configurar una geografía de cráteres en las cordilleras y valles de Colombia.

 

Los riesgos ambientales y alimentarios han sido advertidos de manera recurrente, uno de sus mayores exponentes ha sido el exministro de ambiente Manuel Rodríguez, citando los datos reportados por el Juan Camilo Restrepo, a su vez exministro de agricultura, en relación a que el 53% de las áreas de producción agropecuaria coinciden con títulos mineros2, indicativo de las prioridades gubernamentales. Un dato alarmante sobre el riesgo de nuestra futura soberanía alimentaria, si a ello se suman la concentración de tierra en grandes latifundios dedicados a la ganadería extensiva y monocultivos con la expectativa de producción para biocombustible.

 

Por otra parte, la superposición de títulos mineros con áreas protegidas (37 en parques naturales, 47 en humedales, 416 en páramos y 71 en áreas forestales protectores), otorgados en la última década3, evidencia la disputa por territorios donde existen ecosistemas estratégicos, vitales para la biodiversidad y la preservación de fuentes hídricas, que ponen en riesgo la disponibilidad de agua dulce y de buena calidad para el abastecimiento de asentamientos humanos y centros urbanos. El tan mentado caso por estos días, de la contaminación a las aguas y ecosistemas marinos en Santa Marta, por el inadecuado manejo del polvillo de carbón por parte de la Drummond, es solo una muestra de los riesgos ambientales que afrontamos en las distintas regiones expuestas al ciclo productivo de oro, carbón, ferroniquel, coltan, etc.

 

Ahora bien, si los argumentos desarrollistas exhibidos con tanto ahínco por el gobierno fueran ciertos, la calidad de vida debería arrojar indicadores incuestionables, pero, por el contrario, los resultados en municipios y departamentos con explotación minera refutan tal discurso, así lo reportan los índices en municipios como Montelíbano y Puerto Libertador que percibieron regalías por cuenta de Cerro Matoso, con más de la mitad de sus poblaciones con Necesidades Básicas Insatisfechas; otro tanto reportan los departamentos del Meta, Cesar y Guajira según fuentes Dane citadas por Rudas y Espitia4. El análisis económico de otros indicadores económicos, realizado por el citado Guillermo Rudas, son clara muestra del desbalance entre ingresos económicos, vía regalías, contra exenciones tributarias, donde los territorio siempre salen perdiendo, sin duda alguna.

 

Sin pretender una solución definitiva para salvaguardar los valores ambientales, culturales y agroalimentarios del país, la moratoria es un mecanismo para profundizar el debate que reclaman los territorios acerca del impacto de la explotación minero-energética en Colombia e incluso en América Latina. Es una convocatoria al gobierno nacional a escuchar y explicar cuál es el balance en términos de calidad de vida e ingresos para la economía en contraste con el lucro de las multinacionales mineras, la valoración ambiental, la capacidad de resiliencia de ecosistemas destruidos con la intervención durante los procesos de exploración, explotación y cierre y el costo social de expulsión de poblaciones de tierras productivas.

 

Este debate debe ser serio, transparente y responsable, para definir el derrotero de las políticas públicas sobre la minería en Colombia y las alternativas de desarrollo sostenible y sustentable que nos merecemos. Es una necesidad ineludible y por ello la tarea de los colectivos y organizaciones que impulsamos esta iniciativa, consideramos exigible la interlocución con el gobierno para detener la locomotora minera.

 

Iniciativa en proceso

 

La invitación a los procesos sociales es seguir apoyando la iniciativa, sin descuidar otras estrategias y las dinámicas regionales propias. Hasta el momento se han recogido aproximadamente 18.000 firmas desde su lanzamiento el 1º de mayo de 20135. Para este año, como parte de la revitalización de la propuesta, se hará la convocatoria a un encuentro nacional sobre la minería en Colombia, que se llevará a cabo en marzo de este año, en el cual se espera la confluencia de diversos procesos regionales, locales y nacionales para analizar alternativas al modelo extractivista desde las organizaciones sociales y populares.

 

Si aún no ha firmado y le interesa la propuesta, puede hacerlo desde internet, en la página web www.moratoriaminera.org, o ponerse en contacto con alguna de las organizaciones convocantes.

 

¡Por la soberanía de nuestros territorios!

 

¡No al modelo de desarrollo extractivista!

 

* Antropóloga, Mg. En Gestión Ambiental para el Desarrollo Sostenible; ambientalista de Unión Libre Ambiental, una de las organizaciones promotoras de la Moratoria Minera.
1 Sánchez Gómez, Gregorio. "La bruja de las minas". Fragmento de su novela, escrita en 1938 y reeditada por el Ministerio de Cultura en 2010 e impresa para la colección de literatura afrocolombiana. Bogotá DC.
2 Rodríguez Becerra, Manuel. Entrevista realizada por Fundación Razón Pública y Corporación Post-office Cowboys, de la serie Mineria, en: http://www.youtube.com/watch?v=vMjxtTobJq0. Consultada 10-01-2014
3 Bermúdez Liévano, Andrés en www.Lasillavacia.com "Los tres temores sobre el regreso de la ventanilla de títulos mineros" publicado el 13 de junio de 2013.
4 Rudas, Guillermo y Espitia, Jorge Enrique. "La locomotora minera. ¿Motor del desarrollo regional?". En Revista Semana sostenible. Informe especial No6, dic.2013
5 En la página web: moratoriaminera.org se reportan 3933 firmas digitales y 13500 firmas impresas, sin contar los formularios que aún reposan en manos de líderes y lideresas de varias regiones.

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  • Autor GLORIA STELLA MORENO F*
  • Edición 198
  • Sección Liderazgo
  • Fecha Enero 20 - febrero 20 2014
  • Bajante
Publicado en Edición Nº198

Ciertamente, el presidente Pepe Mujica goza de merecidas simpatías por su trayectoria histórica de tupamaro encarcelado, su sentido del humor y la modestia de su estilo de vida. Pero su gobierno se prepara a cambiar radicalmente su imagen: un Mujica megalómano minero, otro presidente latinoamericano de izquierda que está por declararse antiecologista ferviente. Le atrae la dimensión gigantesca y el dinero que vendrá de un proyecto llamado Aratirí, de extracción y exportación de hierro por 18 millones de toneladas al año, casi 6 toneladas por uruguayo, unos 15 kilos al día. Está por firmar un contrato con el señor Pramod Agarwal, un indio extranjero propietario de la empresa Zamin.
Mientras tanto, los ambientalistas piden un referendo. El Movimiento pro Plebiscito Nacional Uruguay Libre de Minería Metalífera a Cielo Abierto dio el 8 de enero de 2014 una conferencia de prensa en contra de que se firme un contrato de inversión entre el gobierno nacional y Aratirí (Zamin). Cuestionaron la constitucionalidad de la nueva Ley de Minería de Gran Porte.


La empresa Zamin se anuncia así: Compañía minera independiente con un portafolio de proyectos de mineral de hierro de clase mundial en Sudamérica (Brasil y Uruguay), África, Australia y Asia. Su estrategia es convertirse en un productor líder de mineral de hierro y de carbón para la industria global del acero y también de metales preciosos y energía. Los Reyes Magos de Oriente, que llegan para llevarse el mineral de hierro a precio de regalo.


La idea del gobierno es firmar un contrato de inversión antes de terminar los estudios de impacto ambiental. Además, que los permisos ambientales puedan ser troceados, primero para las minas y meses más tarde para el mineraducto. Posteriormente, para el gran puerto. Pero si el proyecto es detenido por razones ambientales o por competencias de los municipios, ¿Zamin demandará a Uruguay?


Se trataría de una inversión con 4 mil hectáreas de tajos a cielo abierto, un área de influencia directa de más de 100 mil hectáreas, un mineraducto hasta al mar de más de 200 kilómetros y un gran puerto especializado cuyo lugar ya han cambiado dos veces en los planes. No hay todavía una licencia ambiental. La inversión sería de 2 mil millones de dólares. La vida útil, de 20 años. Los pasivos ambientales, las deudas ecológicas, no están calculados.


Con desparpajo se aseguraba en Uruguay, a finales de 2013, que lejos de provocar daños, el proyecto Aratirí, con el dinero que reporte, permitirá mejorar la calidad ambiental general mediante inversiones adecuadas. El gobierno asegura que parte de los ingresos irán a un fondo intergeneracional para infraestructura y educación.


Con apoyo del gobierno, la empresa trasnacional india-anglo-suiza Zamin Ferrous inició en 2007 trabajos de prospección en el centro del país, incidiendo en dos poblados cercanos: Valentines y Cerro Chato. Los campos están habitados por familias de productores ligados a la tierra desde hace varias generaciones, en propiedades de 350 hectáreas en promedio. Son tierras de ganadería extensiva en sierras bajas arboladas. La gran explotación minera a cielo abierto implica la expulsión definitiva de las familias junto con la devastación del ecosistema original. La zona cuenta con los arroyos Valentin Grande y Las Palmas, que para ser aprovechados por la mina serán represados, pero el proyecto necesita mayores volúmenes de agua.


En 2011 el presidente Mujica analizaba la posibilidad de convocar a un referendo sobre el tema, pero no se llevó a cabo. Por el contrario, Mujica impulsó una nueva ley de minería. Los opositores dicen que esa norma incurre en inconstitucionalidad. Las noticias en enero de 2014 son contradictorias. Por un lado, hay ministros que anuncian la firma inminente del contrato. Por otro, hay la posibilidad de que se efectúe un referendo. El presidente Mujica destaca la importancia de la inversión de Aratirí, aunque reconoce (graciosamente) que hay incertidumbre sobre cómo quedarán los campos de donde se extraería el hierro. Enormes cantidades de escorias y jales o relaves.


En 2 de diciembre de 2013 se lanzó una campaña de recolección de firmas para lograr que se efectúe ese referendo o plebiscito para prohibir la minería a cielo abierto. Para ello se requiere, antes de fines de abril, unas 260 mil firmas. Quienes se oponen a Zamin desean que se prohíba la explotación de minerales metálicos a cielo abierto. Añaden: Así quedaríamos en la misma situación que Costa Rica. Mejor es prohibirla antes de signar el contrato para que después no les ocurra como a Costa Rica, ahora con los reclamos de la empresa canadiense Infinito Gold por la anulación del proyecto Crucitas.


Joan Martínez Alier ICTA-Universitat Autònoma de Barcelona 08193 Spain


www.ejolt.org
www.eco2bcn.es
www.ecologiapolitica.info
New book: Ecological Economics From the Ground Up, 2012
www.routledge.com/books/details/9781849713993/

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  • Autor JOAN MARTÍNEZ ALIER
  • País Uruguay
  • Región Sur Amériaca
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Martes, 03 de Diciembre de 2013 08:03

Petróleo y gas shale: ¿espejismo en EU?

Tratándose de fuentes no convencionales de petróleo, más grande no necesariamente es mejor. Algunas pequeñas petroleras independientes que entraron temprano en la revolución del petróleo y gas de esquisto o pizarra (shale) han soportado con aplomo la baja de precios del gas. En cambio, las compañías gigantes, que irrumpieron después, han salido menos bien libradas, a menudo a la zaga de firmas que tienen una fracción del valor de mercado de aquellas.


Muchas de las que llegaron al último arrebataron tierras frenéticamente durante la fiebre de compras de 2009-12. Pero muchas de esas parcelas no rindieron lo que se esperaba y ahora se ve que estaban sobrevaluadas. La llegada de las firmas gigantes ha contribuido también a otro problema: saturación de gas, exacerbada por una inadecuada estructura de gasoductos, que ha mantenido los precios spot del referente estadunidense Henry Hub por debajo de 4 dólares por millón de unidades térmicas británicas (BTU) desde 2011 en adelante. Las empresas se han visto obligadas también a redirigir esfuerzos hacia zonas ricas en petróleo crudo y gas natural licuado (GNL), más redituables.


Entre las firmas metidas en esta lucha está la petrolera cotizada en bolsa más grande del mundo. Exxon-Mobil adquirió XTO Energy por 41 mil mdd en 2010, con lo cual se convirtió en la mayor productora de gas natural en Estados Unidos. Sin embargo, entre precios persistentemente bajos del gas, la compañía ha transferido la perforación en pizarras a zonas abundantes en líquidos, estrategia que ha rendido pocos dividendos a una competidora, Royal Dutch Shell.


En el segundo semestre de 2013 Shell sufrió un cargo por deterioro de 2 mil 100 mdd, relacionado sobre todo con sus activos de pizarra ricos en líquidos en Norteamérica. La empresa citó conocimientos obtenidos a partir de la exploración y la evaluación de resultados, y en septiembre anunció que desincorporaría más de 50 mil hectáreas en la formación Eagle Ford, en Texas, y 300 mil en la formación Mississippi Line, en Kansas.


Otras empresas –la minera angloaustraliana BHP Billiton, la estadunidense Chesapeake Energy y la canadiense EnCana, por ejemplo– han descontado miles de millones de dólares del valor en libros de sus propiedades en gas natural. Pero la venta de terrenos de Shell es inusitada. Es muy pronto para decir si es un indicio, como sostienen algunos, de que el auge del petróleo en Estados Unidos se sobrevaloró, pero está claro que Shell pagó caro por tierras inexploradas en el apogeo de la manía de la roca pizarra.


Los pioneros comenzaron a trabajar en serio en los yacimientos tejanos a principios de la década de 2000, años antes de que Shell comprara tierras en el campo Barnett, cerca de Fort Worth, en 2006. No se mudó a la formación Eagle Ford hasta 2010, cuando Exxon adquirió XTO Energy... poco antes de que los precios del gas se desplomaran. Para ilustrar este punto, PetrohawkEnergy, una de las primeras en invertir en Eagle Ford, pagó apenas unos 350 dólares por hectárea en esa zona, pero cuando BHP Billiton adquirió Petrohawk, en 2011, los activos de ésta estaban valuados en más de 20 mil dólares por hectárea.


Las perforadoras que llegaron al final no sólo pagaron precios más altos, sino que con frecuencia parecieron comprar propiedades de menor calidad. Las formaciones de esquisto tienen puntos ricos en crudo valioso y otros condensados. En muchas zonas, las primeras en llegar ya habían absorbido esos puntos cuando las gigantes llegaron. También resistieron la baja de precios del gas mediante fondos de cobertura de riesgo.


La evidencia sugiere que estas compañías tienen ventaja en otro departamento: la innovación. Un informe reciente sobre la productividad de la perforación en roca pizarra en Estados Unidos, emitido por la Administración de Información sobre Energía (AIE), descubrió que las empresas en general requieren menos equipo que nunca para producir más petróleo y gas. Pero son las firmas pequeñas las que impulsan las mejoras en eficiencia.


Las gigantes destacan en financiar y ejecutar megaproyectos, a menudo en locaciones de difícil acceso. En campos petroleros convencionales, las empresas típicamente perforan un puñado de pozos en un yacimiento enorme, luego de lo cual, si todo sale bien, brota el petróleo. Pero operar en pizarra requiere un método muy distinto. Las empresas deben perforar un montón de pozos pequeños para liberar el petróleo y el gas atrapados en la densa roca. Además, las perforadoras que han tenido éxito adaptan los diseños de sus pozos a la roca que intentan penetrar, lo cual reduce costos y optimiza el resultado. Las compañías centralizadas, más grandes, parecen menos inclinadas a esto, aunque Shell y Exxon podrían alegar en su defensa que han tenido menos práctica.


No tan gigantes


La francesa Total, también considerada entre las gigantes, ha tenido igualmente contratiempos en sus perforaciones en roca pizarra. Pero a algunos grupos grandes les ha ido mejor, de los cuales destacan Chevron y ConocoPhillips. Cierto, en términos de crecimiento de producción en petróleo, el hidrocarburo más lucrativo, también van a la zaga de operadores ágiles como las estadunidenses EOG Resources y Chesapeake Energy. ConocoPhillips logró incrementar la producción petrolera de Estados Unidos en 12 millones de barriles durante 2012, pero el producto de Chesapeake y EOG aumentó 17 y 22 millones de barriles, respectivamente. Chevron sufrió uno de los mayores descensos de producción; Exxon y BP también tuvieron malas cifras. A juzgar por las tasas de reposición de producción, las independientes tienen mejor desempeño que sus primas mayores; Chesapeake elevó la suya en 800 por ciento y EOG mejoró en más de 500 por ciento el año pasado, según un estudio de la firma contable Ernest& Young. (Un valor superior a 100 por ciento significa que una compañía tiene más gas por extraer al final de determinado año dado de producción, que el que tenía al principio.)


Aun así, Chevron y ConocoPhillips encabezan el grupo cuando se trata de producción total de Estados Unidos. BP ocupó el tercer lugar, pero fue la única gigante que no logró reponer sus reservas. Detrás vinieron Exxon y Shell; la segunda no logró pasar la barrera de 100 millones de barriles. También quedaron detrás de Chevron, BP y ConocoPhillips en la clasificación de utilidades después de impuestos.
Reducir pérdidas


Los recursos en petróleo procedente de pizarras en Estados Unidos ofrecen uno de los mayores potenciales de crecimiento en la producción mundial de hidrocarburos. En lo referente al gas, la saturación actual aminorará cuando la infraestructura de gasoductos se ponga al parejo, en tanto EIU pronostica que los precios del Henry Hub subirán en alguna medida antes del lanzamiento de los embarques de gas estadunidenses en 2015. Sin embargo, continuarán bajos según normas históricas.


Para capitalizar sus vastos recursos en pizarras, Exxon concentra esfuerzos en los que producen petróleo crudo y otros condensados. Sin embargo, el éxito de la estrategia dependerá de la riqueza de las tierras de Exxon en líquidos más pesados y valiosos, lo cual es difícil juzgar sin nuevas exploraciones. Por su parte, Shell no abandona del todo sus ambiciones sobre la explotación de pizarras en Estados Unidos, pero sí planea reducir a la mitad el número de regiones de Norteamérica donde tiene operaciones costeras. La compañía probablemente haría bien en deshacerse de esos activos y enfocarse en lo que las gigantes petroleras hacen mejor: perforar en grandes yacimientos de petróleo y gas.


EconomistIntelligenceUnit
Traducción: Jorge Anaya

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Viernes, 01 de Noviembre de 2013 08:17

El neocolonialismo desangra Guatemala

En la misma Casa Comunal de Totonicapán donde fueron velados los seis indígenas asesinados el 4 de octubre de 2012, cuando protestaban contra el aumento de las tarifas eléctricas y una reforma constitucional que desaparece pueblos y tierras comunales, se debería celebrar el lunes 4 de noviembre un encuentro entre comuneras y comuneros con la feminista estadunidense Silvia Federici, escritora y activista en el movimiento Occupy Wall Street.

 

Debería, porque comuneros de la familia Tzul recibieron amenazas de muerte el 26 de octubre, días antes de un acto que estaba concitando el interés de una población que viene sufriendo agresiones militares y de las grandes empresas multinacionales vinculadas a la minería y a las hidroeléctricas. La familia Tzul, y en particular las hermanas Gladys y Jovita, son perseguidas por indígenas, por mujeres y porque están contribuyendo a revitalizar el tejido comunitario en los 48 cantones de Totonicapán.

 

Gladys realiza su doctorado de sociología en Puebla, bajo la dirección de Raquel Gutiérrez. En su libro Feminismos desde Abya Yala, Francesca Gargallo sostiene que "su presencia es doblemente agente de deconstrucción porque es a la vez k'iche' y feminista" (p. 256). Como sucede en toda América Latina las mujeres están en la primera fila de las resistencias al extractivismo (desde las Madres de Ituzaingó en Argentina hasta las integrantes de Conamuri en Paraguay), y combinan creatividad, combatividad y una gran capacidad para deconstruir el modelo extractivo.

 

Los indios guatemaltecos han mostrado, en los últimos años, una creciente capacidad para resistir el modelo de robo y conquista asentado en la minería a cielo abierto y en megaobras como las represas hidroeléctricas. Más de 30 municipios declararon desde mediados de la década de 2000 su oposición a la minería. Una de las acciones más notables fue la Marcha Indígena Campesina y Popular iniciada en Cobán el 19 de marzo de 2012, que llegó nueve días después a Ciudad de Guatemala luego de recorrer a pie más de 200 kilómetros.

 

La marcha no sólo reunió miles de personas de diversas pueblos, sino que logró agrupar las principales demandas, entre ellas que terminen los desalojos, la persecución y criminalización en contra de líderes y lideresas indígenas y campesinos, las falsas acusaciones, las actuaciones parcializadas de jueces y fiscales, las órdenes de captura y juicios amañados, la intimidación y ataques en contra de miembros, comunidades y organizaciones, así como los asesinatos y allanamientos.

 

En octubre de 2012 los comuneros de los 48 cantones de Totonicapán bloquearon cinco puntos de las carreteras que comunican la cabecera del departamento, en defensa de sus demandas. La represión militar causó seis muertos y más de treinta heridos graves. El antropólogo Kajkoj Maximo Ba Tiul sostiene que en Guatemala se desarrolla una nueva forma de contrainsurgencia impulsada por Estados Unidos y la alianza histórica oligárquico-burguesa-militar para la destrucción de los bienes de la naturaleza en territorios indígenas (Cetri, 11 de diciembre de 2012).

 

Para el modelo de desarrollo extractivo, señala Maximo, la nueva insurgencia son los pueblos que se oponen a la destrucción de sus territorios. Por eso se trata a pueblos enteros como terroristas, aplicando métodos muy similares a los del régimen de Efraín Ríos Montt (1982-1983) durante el genocidio que arrasó 400 aldeas, o sea la política de tierra arrasada.

 

En un trabajo sobre "la política k'iche'", Gladys Tzul sostiene que las comunidades indígenas son sistemas de gobierno, que administran y reproducen la vida cotidiana, que se organizan para la gestión colectiva del territorio comunal. Por lo tanto, su política no se organiza de la misma manera que la política liberal, recuperando en este sentido la mirada de Raquel Gutiérrez sobre la política comunitaria en Bolivia: es deliberativa y no representativa, está anclada en formas de producción familiares y en la propiedad colectiva de la tierra.

 

No son, pues, movimientos sociales o movimientos indígenas, sino sociedades otras, diferentes a la sociedad hegemónica. Y son, también, sociedades en movimiento. Luego de la masacre de octubre de 2012, mujeres y hombres jóvenes de Totonicapán, entre ellos Gladys y su hermana Jovita, analizaron en colectivo la reforma constitucional que promueve el gobierno de Otto Pérez Molina (kaibil durante la guerra), concluyendo que bajo el manto de la nación guatemalteca se busca el despojo de las tierras comunales y la desaparición de los pueblos indígenas, relegados a reliquias culturales.

 

Los comuneros de Totonicapán realizaron, como apunta Gladys, un potente trabajo analítico-práctico de investigación, lo socializaron y lo difundieron en las asambleas comunitarias. Luego empezaron a negociar con la empresa el uso de sus tierras, una negociación de propietarios comunales que se presentan a negociar en colectivo, algo que las multinacionales no están dispuestas a tolerar. Ese es, en este caso concreto, el escenario de fondo de la violencia y las amenazas.

 

La historia de los oprimidos, escribió Walter Benjamin en Tesis sobre la historia, nos enseña que el estado de excepción es la regla. Giorgio Agamben en Homo Sacer agrega algo más perturbador aún: El campo de concentración y no la ciudad es hoy el paradigma biopolítico de Occidente. Añade que desde los campos de concentración no hay retorno posible a la política clásica y que es desde estos terrenos inciertos donde debemos pensar las formas de una nueva política.

 

Los pueblos mayas, a un lado y otro de la frontera, están empujando los límites del campo, tentando la solidez de las alambradas y de las casamatas. Esa es su historia larga, de cinco siglos; y, en particular, la de los últimos cuarenta, cincuenta años. El desafío es doble y nos incluye, porque las murallas del campo sólo pueden ser derribadas presionando desde los dos lados, de adentro y de afuera.

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  • Autor Raúl Zibechi
  • País Guatemala
  • Región Centro América
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Martes, 15 de Octubre de 2013 07:28

La esclavitud no se regula

Que pocas corporaciones globales y fondos capitalistas estén sistemáticamente pertrechando crímenes ecológicos y sociales en todo el mundo –en forma de explotación de minas a cielo abierto, expulsando pueblos de sus moradas, privatizando zonas marítimas o acaparando las semillas– sólo se explica por una perfecta arquitectura de impunidad construida con la complicidad de gobiernos neoliberales, que, como un sastre particular, tallan a su medida legislaciones que les protege y favorece. Por si tales mecanismos no fueran suficientes, las propias empresas se acicalan con maquillajes color verde solidario en tiernos espots publicitarios donde explican su compromiso con el planeta y la humanidad.

 

Bajo esta farsa –insitucionalizada con el apelativo de Responsabilidad Social Corporativa (RSC)– encontramos al BBVA, Unión Fenosa, Repsol o Iberdrola, qué más da, presumiendo de lo que no son: empresas comprometidas con la calidad de vida de las personas, con el cuidado del medio ambiente, o una empresa que escucha a la gente.

 

El mecanismo siempre es parecido. Primero se comete el delito, explotar mano de obra o expoliar recursos naturales. A continuación, como es lógico, llegan las denuncias, los reclamos, la lucha y se deja en evidencia a tales corporaciones, y entonces, éstas contratacan con directores de marketing en las cocinas que le dan la vuelta a la tortilla. Nuestros negocios –dicen entre fogones– favorecerán el desarrollo de la zona. Y finalmente llegamos a la fase más perversa, cuando instituciones internacionales gubernamentales y no gubernamentales "avalan y promocionan" el elegante vestido de la prestigiosa marca RSC.

 

En este punto nos encontramos ahora, cuando el ya bien conocido y denunciado fenómeno de acaparamiento de tierras está encontrando en el Banco Mundial, la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y en algunas ONG una inverosímil legitimidad bajo el eufemismo de inversión agrícola responsable. Fíjense en la trampa semántica, es la clave. Cuando el hacerse con tierras campesinas –se calcula que al menos 80 millones de hectáreas en todo el mundo han pasado al control de grandes corporaciones, fondos de inversión e incluso gobiernos extranjeros, generando enormes desplazamientos de personas que pierden sus raíces y su sustento– cambia de nombre, y ya no es acaparamiento, sino inversión, rápidamente se justifica tremenda injusticia. Eso es lo que hay detrás de nuevos protocolos y regulaciones voluntarias que estas instituciones proponen para descatalogar lo que son injustos e inaceptables acaparamientos y colocarlos en la categoría siempre bien vista de "inversiones" y sus supuestas bondades.

 

Los argumentos que defienden este tipo de regulación dicen que permite diferenciar entre "negocios hechos con buenas intenciones", que generan empleo y economía, de los claramente acaparamientos y todos sus estigmas, algo muy parecido a quienes justificaban la esclavitud porque había buenos amos que mucho cuidaban del bienestar de sus siervos. Pero, como dice GRAIN: "La esclavitud no se regula, se declara ilegal. De la misma manera, cualquier enfoque serio para luchar contra el hambre y la pobreza requiere garantizar a los pueblos el control sobre sus tierras y territorios, no directrices y reglas sobre qué puedan hacer las corporaciones y los inversionistas extranjeros para trabajar para sí mismos. Lo que necesitamos no es inversión responsable en tierras agrícolas, sino restitución. Por esto queremos decir que en vez de tratar de hacer funcionar esta nueva tendencia de financializar la tierra agrícola, se necesita detener estos negocios y revertirlos, restituyendo las tierras a las comunidades que vivían de ellas".

 

En esta línea también se han pronunciado los movimientos sociales de América Latina y el Caribe (entre ellos CLOC-La Vía Campesina y el MAELA) reunidos el pasado 7 y 8 de agosto en Bogotá, Colombia, en una consulta continental para discutir sobre el concepto de inversión agrícola responsable. Allí afirmaron que se deben rechazar cualquier medida que siga promoviendo o justificando el crecimiento de la agricultura industrial y agroexportadora, como la que se desarrolla en los acaparamientos de tierra. Y que, en cambio, se necesita fortalecer, en todo el mundo, el enfoque de la soberanía alimentaria, basada en una agricultura gestionada por las propias comunidades, de pequeña escala y para los mercados locales.

 

De acuerdo, los acaparamientos no se regulan se declaran ilegales.

 

*Coordinador de la revista Soberanía alimentaria, biodiversidad y culturas

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  • Autor Gustavo Duch Guillot*
  • País
  • Región América Latina y Caribe
  • Fuente La Jornada
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