Martes, 23 Junio 2015 16:32

¡A empujar las locomotoras!

Una frecuente confusión es observable en los comentarios y en las recientes consideraciones realizadas en el país sobre el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2014-2018, referidas, en general, al proyecto de Ley de expedición del Plan, hoy ya Ley aprobada por el Congreso. Vale la pena reiterarlo: se trata de dos documentos distintos. El Plan propiamente dicho, de casi 800 páginas, denominado "Todos por un nuevo país: paz, equidad y educación" trata de organizar alrededor de esos "tres pilares" los propósitos enunciados por los diferentes sectores institucionales. De suerte que si quisiéramos analizar la sustentación y las argumentaciones de lo que el presente Gobierno está entendiendo por planeación y sus objetivos para estos cuatro años es éste el documento que habría que consultar. En cambio, la ley "por la cual se expide el PND" y que lo incluye como anexo, es un documento ambicioso de reformas legislativas que con ese pretexto va más allá de su propósito explícito, la simple expedición.

 

Hay una razón, desde luego, que podría explicar la confusión. En realidad, si algo puede deducirse de este Plan es que en él renuncian a la planeación económica. En sus palabras, se trata de avanzar en la consolidación del buen curso que trae la economía colombiana, consolidación que, supuestamente, ya habrían logrado en la primera administración Santos, por lo cual ahora se trataría principalmente de adelantar las reformas necesarias. No es sorprendente. En el enfoque neoliberal basta con adecuar las instituciones para garantizar el buen funcionamiento de las reglas del mercado, es decir, en nuestro caso, a favor del modelo de desarrollo –extractivista- ya impuesto y aceptado.

 

Pero hay algo más: es un hecho que en la situación actual, el modelo, también conocido como el de las "locomotoras", enfrenta enormes dificultades, dado el desplome de los precios internacionales de las commodities, La solución que han encontrado es bastante simple: flexibilizar todas las normas y requisitos que sea posible, especialmente en materia social y ambiental, con el fin de atraer la inversión extranjera a la cual ofrecen, además, toda clase de garantías y estímulos. Es decir, un nuevo tratamiento de choque de "desregulación y seguridad jurídica", acorde, por lo demás, con las recomendaciones de la Ocde. No es extraño, por tanto, que la mayoría de los críticos y personas interesadas aludan a las reformas institucionales contenidas en la Ley ya que es aquí donde se encuentra la médula del famoso Plan.

 

El proyecto de Ley facilitaba esta aproximación. Después de la breve y obvia alusión a las generalidades, se concentra, bajo el título de "Mecanismos para la ejecución del Plan", en lo que verdaderamente le interesa, una enorme y múltiple reforma legislativa que para muchos es un grotesco artilugio para conseguir por una vía expedita lo que debiera haber sido presentado como particulares proyectos de Ley. Son 267 artículos que tocan numerosas leyes, en algunas de ellas significativas reformas. En esas condiciones es comprensible que, después de haber sentado una oposición frontal y global al Plan, en su concepción y en sus propósitos, la verdadera oposición social y política haya orientado su acción a impugnar los artículos de reforma más lesivos, para eliminarlos o modificarlos.

 

Para los movimientos sociales, sin embargo, involucra un riesgo. Las reclamaciones particulares pueden dar la idea de que se está buscando simplemente una satisfacción de intereses corporativos (o regionales), sin atender al conjunto. No son pocas las ocasiones en que se ha escuchado el habitual reclamo: "no aparecemos en el plan". Y como en la Ley incluyen el plan de inversiones públicas (presupuesto plurianual 2015-2018), es difícil deshacerse de la imagen de que todo se reduce a exigir una parte de la torta. Así las cosas, el esfuerzo termina convertido en una forma de legitimación "democrática" del Plan, como resultado de una pantomima de negociaciones que más parece un regateo. No hay que olvidar que, conforme a la ley que determina el procedimiento de aprobación (152 de 1994), el Congreso sólo puede introducir modificaciones con impactos presupuestales cuando éstas cuentan con el aval (escrito) del Ministerio de Hacienda. Lo peor de todo es que, frente a un Congreso controlado de manera absoluta por los partidos afines al Gobierno, las posibilidades de incidencia son exiguas. La forma más fácil de eludir la discusión sobre una modificación de cualquier artículo es forzar la votación en bloque de varios de ellos (a veces capítulos enteros) en la forma propuesta por el Gobierno. Sólo algunos pocos artículos, como resultado de una combinación feliz de intereses de grupos de parlamentarios, merecieron discusión, pero esto –lo único que trasciende a la opinión pública– no hace más que reforzar la idea falsa de deliberación democrática.

 

La locomotora minero-energética

 

La continuidad respecto del anterior Plan de las locomotoras (2010-2014) no es un secreto sino más bien, como ya fue anotado, un propósito explícito. Los temas son los mismos y las "locomotoras", aunque ya no se usa el término, están distribuidas en todo el texto, farragoso y repetitivo. Insisten en más de lo mismo, así le haya costado ignorar, en su sustentación, la radical modificación de las condiciones del mercado mundial con sus impactos negativos, ya evidentes, en el crecimiento económico, en la balanza de pagos y en los ingresos públicos, tal como lo están señalando al Gobierno numerosos analistas, incluidos sus partidarios. Es por eso que, más allá de los retóricos "pilares" del título, el Plan se basa realmente en las llamadas cinco "estrategias transversales" entre las que destaca la primera, "infraestructura y competitividad estratégicas". Aluden en ellas a tres de las viejas locomotoras. Aparte de la innovación y las TIC, aparecen con igual importancia la infraestructura (con el transporte) y el sector minero-energético, como adelantándose a cualquier objeción que será respondida con la previsible aclaración de que en las condiciones actuales el verdadero motor es la infraestructura.

 

De cualquier manera, es claro que el sector minero-energético sigue soñándose como el motor predilecto del "desarrollo económico". Con un argumento adicional que conviene al tono demagógico del actual Plan, esto es, su capacidad para generar recursos: "la ejecución oportuna de crecientes inversiones en el sector hará posible la financiación de los programas de gobierno orientados a la construcción de un país en paz, con mayor equidad y mejor educado" (PND, p. 175).

 

Como era de suponerse, la presentación del tema fluye a través del lenguaje de lo "políticamente correcto". No hay mención que no vaya acompañada de la aclaración sobre "la responsabilidad social y ambiental". Y repiten, una y otra vez, como un mantra, las expresiones "desarrollo sostenible" e "inclusión social". La insistencia, como suele suceder, oculta una voluntad absolutamente opuesta, tal como puede verse en los ajustes institucionales. Pero incluso en la lógica que se maneja. Los proyectos de explotación o aprovechamiento de los recursos naturales no renovables (y renovables) no solamente constituyen el objetivo (PND, p. 176) sino que son buenos en sí mismos y no admiten impugnación. Recuérdese que, por ejemplo, ya en el Código de Minas (2001) se consagraba que la minería era de "utilidad pública e interés social". La cuestión se limita entonces a reducir técnicamente los posibles impactos negativos, a mitigarlos y a buscar formas de adaptación. Para ello aluden a unos míticos "estándares internacionales" de sostenibilidad. Y cuando hablan de "riesgos socioambientales" de la minería, todo conduce, curiosamente, al problema de la minería ilegal, ilícita o informal (PND, p. 192). De ahí que la solución sea la institucionalización y la fiscalización. En cambio, dentro del propósito de creación de condiciones favorables para la inversión privada, son múltiples las referencias a los requisitos ambientales (licencias) y de consulta previa como los mayores obstáculos que habría que eliminar mediante ajustes de simplificación, aceleración y flexibilización.

 

La minería en las reformas de la Ley

 

Nos vamos a concentrar aquí en el tema de la minería que es nuestro objetivo. El punto de partida se encuentra en el propio Plan: "[...] la inexequibilidad de la ley 1382 de 2010, modificando el Código Minero, por parte de la Corte Constitucional, generó vacíos jurídicos que se intentaron solventar con la expedición de decretos cuyo objetivo era dotar de herramientas al Estado para la administración del recurso minero y para regular su relación con los titulares mineros y solicitantes de nuevos títulos; sin embargo, el Consejo de Estado decidió suspender provisionalmente dichos Decretos. Es por tal razón, que resultará prioritario la expedición de la normatividad requerida con el propósito de enviar señales inequívocas a los inversionistas privados con reglas de juego claras y estables para su actividad" (PND, p. 175).

 

Queda claro, y contrariamente a lo planteado a principios de la primera administración Santos, que no se considera problema alguno en relación con la titulación adelantada desde el 2002. Como quien dice que lo que ahora pretenden no es otra cosa que legitimar el status quo de una buena parte del territorio nacional ya titulado, otorgando nuevas y mejores garantías a los beneficiarios. A ello se dedican varios de los artículos aprobados en la Ley.

 

En efecto, bajo el argumento de que la política debe ser diferenciada, establecen (artículo 21) una clasificación. Así: "de subsistencia, pequeña, mediana y grande." La preocupación, que no es social, por los primeros dos tipos se limita a la cuestión de la formalización. Tienen en cuenta –y probablemente es así– que la mayoría se encuentran en áreas tituladas. Desde luego, no existe la menor consideración sobre el hecho de que estas explotaciones seguramente existían antes del otorgamiento del título (a personas o empresas que hicieron uso de su poder). De ahí las soluciones propuestas.

 

En el artículo 19 con el título, de aparente sensibilidad social, "Mecanismos para el trabajo bajo el amparo de un título en la pequeña minería", plantean dos soluciones: La primera es el "subcontrato de formalización minera" (con el titular, naturalmente) y la segunda, la "devolución de áreas para la formalización minera", como una contribución graciosa del titular. Es decir, el amarre de los pequeños a los grandes, en muchos casos, seguramente como etapa de transición, antes de ser desplazados, o la entrega de áreas de poco interés. Téngase en cuenta que en esta segunda modalidad las áreas cedidas pueden ser diferentes a la ocupada (reubicación). Sobra decir que en todos los casos los pequeños deberán obtener la licencia ambiental y quedar sometidos a la estricta fiscalización. En cambio, en otra parte (artículo 23) le otorgan nuevas ventajas a los grandes. Se permite la "integración de áreas, así estas no sean vecinas o colindantes, pero que pertenezcan al mismo yacimiento". Adicionalmente, en el artículo 53, facilitan las prórrogas de los contratos de concesión, hasta por treinta años, incluso en etapas de exploración la cual podrá prorrogarse por periodos sucesivos de dos años hasta completar once.

 

En el tema ambiental es clara la voluntad de agilizar y flexibilizar. En general y en particular para la minería. Hubo algunas confrontaciones en el curso de las discusiones en el Congreso, pero al final se impuso la voluntad del Gobierno. Llama la atención la consagración definitiva, de las llamadas licencias ambientales "exprés" en el artículo 179, uno de los que el PDA proponía eliminar y a pesar de las observaciones simplemente razonables de quienes argumentaban que los estudios de impacto ambiental tenían diferentes grados de complejidad y por tanto los términos debían también ser diferentes.

 

Sin embargo, una de las disposiciones más nocivas, que originó la mayor controversia y por ello fue la única que mereció alguna atención de la opinión pública, fue la referida a la minería en los páramos. En el artículo 173, paradójicamente denominado "protección y delimitación de los páramos" se admite, en el primer parágrafo, que los contratos que hayan sido otorgados antes del 9 de febrero de 2010, "podrán seguir ejecutándose hasta su terminación". Había sido rechazado por el Senado en plenaria, pero en la conciliación (doce congresistas) revivió. Curioso procedimiento democrático., evadiendo con ello, incluso, el pronunciamiento en sentido contrario del Consejo de Estado (Sala de Consulta) en marzo de este año.

 

Para hacer avanzar la locomotora

 

No cabe duda que la intención de promover la minería a como de lugar, sin tener en cuenta ni los impactos sociales y ambientales y ni siquiera su conveniencia económica, para no mencionar la soberanía sobre los recursos naturales, se mantiene intacta. Se abre, literalmente, una feria, ofreciendo lo que queda sin titular. Una muestra de ello son los artículos referentes a la delimitación de áreas de reserva para el desarrollo minero (artículo 20). Así:

 

Áreas de reserva estratégica mineras. -La autoridad minera, sobre la base de la información geocientífica (sic), "podrá delimitar indefinidamente áreas que se encuentren libres". Si cuentan con potencial minero se "otorgarán mediante proceso de selección objetiva" Una forma de subasta. El Estado (y su capacidad de investigación científica) al servicio de los inversionistas privados.

Áreas de reserva para la formalización. -En este caso la delimitación procede sobre áreas libres o devueltas para formalizar pequeños mineros.

Áreas de reserva para el desarrollo minero energético. –Con éstas delimitarán zonas por dos años, prorrogables por el mismo término, para el aprovechamiento de recursos naturales no renovables (carbón) y serán otorgadas también mediante "selección objetiva".

 

Como es lógico, delimitar áreas significa excluirlas de otros usos. Es decir, un verdadero ordenamiento territorial que ignora, entre otros, el ordenamiento ambiental pues lo único excluido, con las salvedades antes indicadas, son los páramos y los humedales sometidos hoy, como si fuera poco, a una intensa disputa alrededor de su delimitación. Ignora también el ordenamiento político administrativo. Aunque ya está claro que debería concertarse con las autoridades territoriales (y las comunidades) el Gobierno viene eludiendo esta orden (judicial) a través de decretos y, por si no fuera suficiente, lo plantea en esta Ley del Plan. Lo mismo aplican en el tratamiento de los territorios indígenas y los colectivos de la población afrodescendiente. Este ejercicio de delimitación toca también con lo dispuesto para infraestructura y en la política agraria o rural. Una de las disposiciones más peligrosas se encuentra en la definición de los llamados Proyectos de Interés Nacional y Estratégicos, PINE (artículos 49, 50 y 51) que serían declarados, discrecionalmente por el gobierno por razones de "utilidad pública e interés social". Esta disposición facilita, en las áreas involucradas (y los predios), todo tipo de operaciones de compra –forzada–, redefine las regulaciones en materia de servidumbres, agiliza el procedimiento de las licencias y permisos ambientales, y, como si fuera poco, las excluye de la Restitución de tierras despojadas.

 

En pocas palabras, si pretendiéramos una definición sintética de esta Ley de expedición del Plan de Desarrollo (y del mismo Plan) podríamos decir que es una propuesta colosal y agresiva de reordenamiento territorial, en beneficio del capital extranjero y nacional.

 

1 Es decir en los artículos del proyecto. No se tiene en cuenta que en el documento del Plan no hay sector que deje de estar involucrado. Salvo para sus beneficiarios (los grupos de capital extranjero y nacional) de modo generalmente negativo.
2 El Representante a la Cámara por el PDA, Alirio Uribe refiere que ninguno de los 34 nuevos artículos propuestos ninguno fue siquiera considerado por no contar con el aval del Ministerio.
3 Las otras estrategias son: Movilidad social; Transformación del campo y crecimiento verde; Consolidación del Estado Social de derecho, y Buen gobierno. En realidad, como se ve en la Ley aprobatoria, están al servicio de la primera. Aquí la noción de "competitividad" es fundamental. Se entiende por ella el conjunto de beneficios normativos que se otorgan a la inversión, o mejor, a los inversionistas. Es por eso que, por ejemplo, en la parte "verde" lo que se hace es una burla: una flexibilización de las normas ambientales. Lo mismo en la "transformación del campo" donde se esconde, entre otras linduras, el ajuste en la política de tierras y ordenamiento territorial para la creación de Zonas de interés de desarrollo rural, económico y social, afortunadamente contempladas en otro proyecto de Ley, es decir, para la agroindustria, que es otra de las locomotoras de tiempo atrás promocionadas. Qué no decir del buen gobierno donde el objetivo es un Estado "transparente, eficiente y eficaz" como quien dice la apoteosis del ajuste institucional neoliberal.
4 Tan evidente era el problema que el Ministro decidió a mediados de 2011 "cerrar la ventanilla" de atención a la solicitud de títulos, sin embargo, dos años después volvió a abrirse con lo cual se siguieron otorgando de manera irresponsable y presumiblemente ilegal. Fue por eso que un grupo de organizaciones presentó una acción popular ante el tribunal administrativo de Cundinamarca exigiendo su cierre porque no se habían cumplido los requisitos en ese entonces esgrimidos, especialmente los referidos a la delimitación territorial ambiental.

El año pasado, el presidente Santos, en su discurso pronunciado en la sede de la Cepal en Chile, manifestó, a propósito de la enfermedad holandesa, que los síntomas empezaban a manifestarse: "estoy tratando de que lleguen inversionistas diferentes al petróleo y a la minería, porque ya estamos en el preámbulo". Sin embargo, los economistas oficiales y oficiosos siguen empeñados en negarlo.

 

"Lo que nos indigna actualmente es que la tierra va mal y no hacemos
lo que deberíamos,
nos mostramos pasivos".

Stéphane Hessel

 

El extractivismo es una modalidad de acumulación que se inició hace 500 años, y que permite explicar el saqueo, la acumulación, la concentración, la destrucción y la devastación colonial y neocolonial, así como la evolución del capitalismo hasta nuestros días. Desarrollo y subdesarrollo, como dos caras de un mismo proceso, son elementos que hay que ubicarlos en este contexto. Así empezó a estructurarse la economía-mundo: el sistema capitalista. Unas regiones se especializaron en la extracción y producción de materias primas, de bienes primarios, mientras que otras asumieron el papel de productoras de manufacturas, utilizando los recursos naturales de los países pobres o empobrecidos.

 

El término de extractivismo se refiere a aquellas actividades que remueven grandes volúmenes de recursos naturales que no son procesados (o que lo son limitadamente), sobre todo para la exportación en función de la demanda de los países centrales1. La apropiación de recursos naturales, donde éstos son extraídos por medio de una serie de violencias, atropellando Derechos Humanos y Derechos de la Naturaleza, "no es una consecuencia de un tipo de extracción sino que es una condición necesaria para poder llevar a cabo la apropiación de recursos naturales", señala Gudynas.

 

La abundancia de recursos naturales de que ha dispuesto nuestro país a lo largo de la historia, ha tendido, entre muchos otros procesos endógenos de carácter patológico que la acompañan, a distorsionar la estructura y la asignación de los recursos económicos del país. Casi siempre ha redistribuido regresivamente el ingreso nacional y ha concentrado la riqueza en pocas manos, mientras se generaliza la pobreza. Ha dado paso a crisis económicas recurrentes, al tiempo que consolida mentalidades "rentistas", profundiza la débil y escasa institucionalidad, alienta la corrupción y deteriora el medio ambiente.

 

La experiencia histórica colombiana nos ilustra, y el presente nos confirma que la actividad extractivista no genera encadenamientos productivos dinámicos, tan necesarios para lograr un desarrollo coherente de la economía, asegurando los tan esenciales enlaces integradores y sinérgicos hacia adelante, hacia atrás y de la demanda final (en el consumo y fiscales). De la anterior se deriva una clásica característica adicional de estas economías primario-exportadoras, incluso desde la Colonia, que es su carácter de enclave: el sector exportador, está aislado del resto de la economía, y por regla general las regiones donde se desarrolla esta actividad presentan los indicadores sociales y económicos básicos más bajos.

 

Existe una variada gama de mecanismos y efectos que, paradójicamente, mantienen el subdesarrollo, en tanto se apuesta prioritariamente por la extracción y exportación de recursos naturales. El más nombrado y conocido maleficio de la abundancia primario-exportadora deriva de la enfermedad holandesa, virus que infecta al país exportador de la materia prima, cuando su elevado precio o el descubrimiento de una nueva fuente o yacimiento desata un boom de exportación primaria y provoca una serie de distorsiones en la estructura de precios, con los consiguientes impactos económicos sobre productos transables y no transables; facilita la importación de los primeros y encarece los segundos, entre otras cosas2.

 

La enfermedad holandesa

 

El término nació a finales de 1960, cuando grandes descubrimientos de pozos de gas natural en Holanda indujeron una gran entrada de capitales que a su vez provocó revaluación de la moneda holandesa, el florín3, la apreciación de la moneda neerlandesa desplazó la industria y la agricultura. Ese enriquecimiento del país terminó siendo un empobrecimiento porque la revaluación se llevó por delante la industria y la agricultura.

 

En Colombia, los síntomas no son nuevos. Durante la década de 2000 a 2010, las exportaciones minero-petroleras colombianas se elevaron de US$4.500 millones a US$23.500 millones, aumentando su participación del 44% al 70%. Así mismo, la inversión extranjera directa (IED) se multiplicó por cinco en ese período. El 85%, de petróleo y minería. Dichos síntomas ocasionaron debilitamiento de la industria y la agricultura, período en el que hubo un incremento del 1.089,5% de las tierras concesionadas para la exploración de minerales.

 

Las cifras del Banco Mundial muestran que la participación de la agricultura en el PIB de la economía colombiana entre 1970 y 2010 cayó de 26% a 7%. En América Latina, del 13% al 5% y en el mundo, del 10 al 3%. Hace tres décadas la industria representaba el 24% del PIB, esta relación bajó al 15% hace 10 años y actualmente está por debajo del 12%, ocasionando consecuencias funestas para la generación de empleo, ya que la industria aportaba el 23% del empleo total hace una década, y actualmente solo contribuye con el 13%.

 

Según Eduardo Sarmiento, la primera etapa de la enfermedad consiste en los grandes descubrimientos de minería y petróleo, originándose el enriquecimiento del país por la venta de estos recursos al exterior, acompañado de estímulos especiales a la minería, que dan como resultado la entrada de capitales, y por ende, la apreciación de la moneda.

 

La segunda etapa de la enfermedad la provoca tanto la apreciación como la concentración de recursos en el sector minero energético a cambio del deterioro de la industria y la agricultura, tercera etapa del también llamado mal holandés. Al final, se tiene una estructura productiva dependiente de la minería y el petróleo, sector que no genera empleo.

 

La enfermedad causa la desindustrialización, quedando nuestro país atrapado en este esquema de marchitamiento temprano de su industria por cuenta del auge de commodities y apreciación cambiaria, en momentos en que no contamos con un salto tecnológico hacia el sector servicios.

 

Según Eduardo Sarmiento, "el país está abocado a la adopción de un nuevo modelo de prioridades sectoriales, regulación macroeconómica, intervención cambiaria, limitación de la inversión extranjera y desbalance fiscal"4.

 

Las recomendaciones

 

Una forma eficaz de frenar esta problemática es establecer nuevas reglas para las compañías mineras transnacionales, incrementándoles las tasas de regalías a los privados, ya que Colombia es el quinto país a nivel global que otorga las más altas exenciones en materia tributaria, y exigirles que la inversión de las ganancias captadas por efectos de la minería sean invertidas en nuestro país.

 

Además se debe combatir la corrupción por parte de quienes pertenecen al aparato estatal y son los encargados de efectuar la vigilancia y control a la minería, y que exista una mayor coordinación entre ellos, porque no es posible que las caravanas de retroexcavadoras transiten por toda la panamericana desde Buenaventura hasta los departamentos del Cauca y Nariño y no haya autoridad que establezca control alguno.

 

No es posible que los funcionarios de la Dian por ejemplo en el aeropuerto de Quibdó y otros más del país, sean tan permisivos en no ver como salen en valijas los lingotes de oro producto de la minería ilegal y que viajan al aeropuerto de Medellín para ser vendidos a compañías mineras con títulos, y permitirle a Antioquia cobrar las tasas de regalías y el Chocó solo heredar los costos ambientales y sociales.

 

Si existiera voluntad política del gobierno nacional para promover el desarrollo agrícola de forma diversa, mejoraría la infraestructura vial de los departamentos y municipios, fundamentalmente la terciaria que es la más deteriorada, con el fin de que los campesinos saquen sus productos y estimular la agricultura, puesto que el influjo de la minería legal e ilegal es tan significativa, que una gran cantidad de pobladores que además de ser cooptados por la minería no desean saber de procesos agrícolas, sacrificándose aún más la soberanía alimentaria.

 

Que haya una mayor presencia del Estado en los territorios en cuanto al equipamiento social, lo cual haría posible que las comunidades se enamoraran de su entorno y sintieran sentido de pertenencia y lo defendiesen ante quienes pretendan invadirlo y destruirlo.

 

Fortalecer las organizaciones sociales existentes en los territorios, tales como Consejos comunitarios, Resguardos y Cabildos indígenas.

 

De lo contrario, nuestro país continuará siendo un Estado fallido, puesto que tenemos presentes varios de los indicadores tenidos en cuenta para este tipo de análisis: el movimiento masivo de refugiados y desplazados producido por la violencia; la pérdida del control del territorio; el aumento de élites, la criminalización y deslegitimación del Estado; el desarrollo económico desigual y las violaciones extendidas de derechos humanos5.

 

La maldición originada por el extractivismo continuará mientras sigan aumentando cotidianamente los precios internacionales del oro, y no haya voluntad política por parte del gobierno nacional, o de lo contrario, nuestros campesinos tendrán que inventarse otra forma de ganarse la subsistencia, puesto que la extractiva lo único que ha dejado son impactos negativos.

 

* Historiador Universidad del Valle. Magister en Derecho Constitucional Universidad Santiago de Cali. Activista social y sindical Contraloría General de la República.
1 Gudynas, Eduardo (2013); "Extracciones, extractivismos y extrahecciones un marco conceptual sobre la apropiación de recursos naturales", en Observatorio del Desarrollo, Nº. 18, Montevideo. Disponible en: http://www.extractivismo.com/documentos/GudynasApropiacionExtractivismoExtrahec cionesOdeD2013.pdf
2 Gudynas, Eduardo, Ibíd.
3 Eduardo Sarmiento, Director Centro de estudios económicos de la Escuela Colombiana Julio Garavito. El Espectador, 21 de marzo de 2015
4 Eduardo Sarmiento, Ibíd.
5 Fernán E. González y Silvia Otero Bahamón, "la Presencia diferenciada del Estado: un desafío a los conceptos de gobernabilidad y gobernanza". En: Gobernanza y Conflicto en Colombia, Cinep–Irg

Publicado en Edición Nº 214

El economista jefe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) avisa de que en América Latina se abre una brecha: mientras unos países echan el freno, otros pisan el acelerador

 

Las últimas previsiones del FMI empeoran las perspectivas de crecimiento para América Latina. La expansión regional será solo del 0,9%, lastrada sobre todo por la debilidad del mercado de las materias primas y tres de sus principales economías (Brasil, Argentina y Venezuela) entrarán en recesión. Sin embargo, José Juan Ruiz, economista jefe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), advirtió en la 31ª Reunión del Círculo de Economía, celebrada recientemente en Sitges (Barcelona), de que mientras unos países echan el freno, otros pisan el acelerador.


Pregunta. ¿Hay dos velocidades distintas de crecimiento en América Latina?


Respuesta. Siempre pensamos en las siete grandes economías, pero hay 26 países, con diferentes niveles de desarrollo y de exposición a los cuatro grandes shocks que condicionan a las economías emergentes. La brocha gorda no sirve para ver lo que ocurre en el continente. Hay dos grandes grupos de países: los que crecen y los que están en recesión. Venezuela, Argentina y Brasil, que suponen el 51% de la economía de la región, están en crisis. El 49% restante crece a una tasa media del 3,4%.


P. ¿Cuáles son esos cuatro impactos?


R. El primero es el lento crecimiento de la economía mundial, que es asimétrico: EE UU crece más y Europa y Japón menos, mientras que China ya no se expande al 10%, sino al 6,5%. Segundo, la caída del precio del petróleo, los alimentos y los minerales; tercero, las expectativas de una subida de tipos en Estados Unidos, y cuarto, un dólar más fuerte.


P. ¿Y por qué el impacto es desigual?


R. El sur [Chile, Colombia, Perú, Argentina y Brasil] lo forman países exportadores de commodities [materias primas], mientras que el norte es importador neto de energía y alimentos. Unos cierran el superciclo de las commodities y otros ahora ven cómo eso les ayuda. El crecimiento se está desplazando del sur al norte del continente. Por otro lado, China es el gran mercado de los países del sur, mientras que para el norte lo es Estados Unidos. Una gran parte del PIB de Centroamérica se genera por el turismo y las remesas de inmigrantes. Que EE UU vuelva a crecer a tasas elevadas significa que los que viven allí tienen mejores puestos de trabajo y envían más dinero. En El Salvador, por ejemplo, las remesas suponen el 18% del PIB.


P. ¿Va a ser esta crisis diferente de las anteriores que han sufrido esos Estados?


R. Hay países que han creado instituciones y reglas para ser más predecibles —como Chile, Colombia, México o Perú—, mientras que en otros el ciclo tiene más volatilidad porque sus instituciones son más débiles o porque tienen menor credibilidad ante los mercados. En una crisis de los años ochenta o noventa la prima de riesgo saltaba 600 puntos. En esta ocasión, Brasil, con todos sus problemas de crecimiento e inflación, ha sufrido un crecimiento de su prima de riesgo de nueve puntos básicos en el conjunto de los emergentes.


P. ¿Eso es todo mérito de las reformas?


R. Al producirse la desaceleración económica, el Gobierno permitió que el banco central actuara de forma independiente y el Ministerio de Hacienda anunció un programa de ajuste fiscal para volver al superávit primario del 2% en dos años. Hay capacidad de respuesta institucional, y ese es el gran cambio de América Latina con respecto al pasado.


P. ¿Van a necesitar ajustes presupuestarios drásticos?


R. No, porque están en mejor posición y el tipo de cambio absorbe parte de los ajustes. Y aunque tengan un gran impacto, la rapidez de la respuesta los hace más digeribles. La última década, la de la modernización social, ha puesto de manifiesto que no hay oposición entre eficiencia y equidad. El Lula de la Bolsa Familia, pero también del superávit primario y por cuenta corriente, es el modelo que hoy América Latina considera como suyo.


P. ¿El crecimiento implicó una reducción de la desigualdad?


R. Sí, en diez puntos [medidos por el coeficiente de Gini]. La pobreza cayó del 30% al 21% y la población que vive con entre cuatro y diez dólares diarios supone el 45%. Es gente que no es de clase media, pero tampoco es pobre. Y eso condiciona la forma como se harán los ajustes. Serán menos intensos porque los desequilibrios son menores, las instituciones son más fuertes y porque no se podrán hacer a costa de revertir los avances sociales de una década. En América Latina no hay la posibilidad de otra década perdida.

Publicado en Economía

El Banco Mundial retrasa un año el repunte de la región, tras proyectar un crecimiento del 0,4% en 2015. Rebaja la expansión global al 2,8% y al 4,4% para los países en desarrollo

 

La proyección que hace el Banco Mundial para las economías de América Latina es preocupante. Ahora rebaja de manera drástica su previsión de crecimiento hasta ponerla a solo cuatro décimas de la línea roja este 2015, lo que significa que la actividad se estancará prácticamente antes de repuntar al 2% en 2016 y al 2,7% en 2017. Es, además, un ritmo de expansión cuatro puntos porcentuales menor de lo que se proyecta para las economías en desarrollo.


El pesimismo domina. Hace solo seis meses, el organismo que apoya a los países más retrasados proyectaba un repunte del crecimiento del 1,7% para Latinoamérica este año. Sin embargo, ahora dice que quedará a la mitad de camino del 0,9% con el que se cerró 2014, lo que significa que el repunte se aplaza y será más lento. La previsión que se dio en enero para 2016 era del 2,9%, casi un punto más alto. Lo elevaba al 2,8% para el siguiente ejercicio, medio punto menos.


El problema lo resume el Banco Mundial de la siguiente manera. Los países de América del Sur están teniendo dificultades del lado de la demanda interna, por la débil confianza de los inversores, las sequías generalizadas y el abaratamiento de las materias primas. En el caso de Brasil se añade como agravante el daño que está haciendo el escándalo en Petrobras, explicó Kaushik Basu, su economista jefe.


La mayor economía de la región se contraerá un 1,3% este año, frente a la previsión de crecer un 1%, y eso arrastra al resto en la región. La moderación del crecimiento en China explica también este fuerte retroceso. La contracción será más profunda en Venezuela, del 5,1% este año, frente al 4% de 2014 y al 2% que se dijo en enero. La previsión es que la recesión se modere al 1% en 2016.


En las proyecciones para Argentina, los técnicos del organismo proyectan un crecimiento del 1,1% en el ejercicio en curso, el doble que hace un año. La previsión que se hizo hace seis meses fue de una contracción del 0,3%, por lo que se mejora en su caso. Los relatores explican que este cálculo es ahora más completo porque cuentan con datos que no tenían a manos en el último informe.


La situación en México la califica de "frágil" al referirse al clima de negocio. Estados Unidos hace, sin embargo, de sustento y eso le permitirá crecer un 2,6% este año, una proyección que está en línea con lo que anticipó en enero. La esperanza es que la contracción vivida en la economía estadounidense a comienzos de año sea transitoria y eso tire del crecimiento también en el vecino del sur hasta el 3,2% en 2016.


La economía mexicana es de las que hace de motor de la región, en su caso por ser también de las tres más grandes. En términos relativos, los países que más crecen son Panamá, donde espera se mantenga a un ritmo del 6,2% este 2015, y Perú, con el 3,9% antes de retomar el 5% en 2016. En el grupo de las economías que más rinden están también Bolivia, con el 4,8%, y Guatemala, con el 4%.


Colombia crecerá un 3,5% este año, según la nueva estimación del Banco Mundial, aunque en este caso es casi un punto inferior a la que se anticipó en enero y eso explica también que, junto a Brasil, se haya tenido que rebajar el conjunto de la proyección para América Latina. Es el país, de hecho, que se pone como ejemplo para reflejar esta "compleja transición" que afronta todo el subcontinente.


Expansión decepcionante


El Banco Mundial señala que esta adaptación a la nueva era de bajos precios en el petróleo y las materias primas plantea una dificultad importante para el conjunto de las economías en desarrollo, combinado con el alza en los costes de la financiación. "Este 2015 será el cuatro año consecutivo de crecimiento decepcionante", afirman los relatores del organismo, que proyectan una expansión del 4,4%.


"Abróchense el cinturón porque habrá baches por delante", advierte el economista jefe, aunque vea una mejoría gradual en el horizonte. Para el año próximo la actividad económica de los emergentes repuntaría al 5,2%. De ahí subiría dos décimas porcentuales en 2017. El temor del organismo es que el alza de tipos en EE UU dañe a los países que están mostrando más vulnerabilidades.


Para el conjunto de la economía global, la proyección se rebaja al 2,8%, dos décimas menos de la que anticipó en enero. De ahí repuntaría medio punto en 2016 gracias al impulso del bajo coste de la energía. Esto se explica también por un análisis más optimista de Europa, gracias a los estímulos, junto a una expansión del 2,7% en EE UU. Las economías avanzadas crecerán un 2% este año y un 2,4% en 2016.


Aplazar el alza de tipos


Pero el Banco Mundial advierte que una "apreciación excesiva" del dólar por un "alza prematura" de los tipos de interés en EE UU podría trastocar estas proyecciones si acaba afectando a la recuperación de la mayor economía del mundo. "Los efectos serán adversos para sus socios comerciales", anticipa. Es uno de los argumentos del Fondo Monetario Internacional para pedir que se aplace el alza de tipos.


Como dijo la semana pasada Christine Lagarde desde el FMI, el economista Kaushik Basu aconseja a la Reserva Federal que se "espere mejor" a comienzos de 2016 para marcar el inicio del proceso de normalización de la política monetaria en EE UU. "Las señalas que llegan de la economía son mixtas", precisó. Aún así, admite que la Fed empezará a elevar el precio del dinero este año.


Las dos instituciones coinciden al insistir por todo esto en que el crecimiento de las economías en desarrollo no puede depender solo de EE UU como motor y tampoco pueden ser tan vulnerables ante ella. La recuperación en la zona euro es aún insuficiente. La proyección que hace el Banco Mundial es del 1,5%, más optimista que el 1,1% que anticipó hace seis meses. De ahí repuntará al 1,8% en 2016.

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Durante la década pasada, Latinoamérica ganó un buen número de partidas en el gran juego de vasos comunicantes de la economía global. La región creció con fuerza a lomos del boom de las materias primas. La lluvia de capitales extranjeros sirvió para taponar las viejas grietas en las cuentas públicas. Florecían nuevos puestos de trabajo y el ensanchamiento de una incipiente clase media encarnaba la promesa del fin de la pobreza para más de 150 millones de personas. Pero los vasos han ido cambiado de posición. En 2015 el crecimiento volverá a menguar por quinto año consecutivo hasta quedar por debajo del 1%, según los pronósticos del Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional (FMI). El argot económico, tan dado a colocar etiquetas con cada cambio de ciclo, ya tiene un nombre para estos tiempos: la Gran Desaceleración.


Ha desaparecido del tablero el maná de las materias primas a precios altos. La gran culpable es China, una de las fichas más potentes del juego. Ha bajado el ritmo de bombeo para su industria y su próxima misión es engordar su mercado interno. La locomotora asiática ya no será la palanca para las exportaciones épicas de años pasados. Mientras, Japón y Europa aún están encontrando el pulso en sus muñecas y parece que la onda expansiva de la revitalización de la economía estadounidense, cada vez más autosuficiente, alcanzará solo a los vecinos más cercanos.


Tres de las primeras potencias de la región –Brasil, Argentina y Venezuela– cerrarán el año en negativo


El vaso latinoamericano está ahora medio vacío. Las previsiones en el horizonte cercano apenas superan el 2%, una coyuntura que también ha sido bautizada con otra etiqueta: la Nueva Normalidad. Recuperar la senda del crecimiento vigoroso es un camino incierto y lleno de obstáculos. Las fórmulas aplicadas en el pasado dan síntomas de agotamiento. Ya no basta con ser el granero y el pozo petrolífero del mundo. Los analistas coinciden en que será necesario un paso adelante. Complementar sus motores exportadores con nuevos nichos de crecimiento basados en un dinamismo mayor de sus economías domésticas. Una tarea complicada si por el camino no se logra incluir dentro del sistema a los 130 millones de trabajadores –casi la mitad fuerza laboral de la región– que están en la sombra de la informalidad y reducir la enorme brecha de pobreza y desigualdad. Para cerrar el nuevo círculo de malabares no habrá que perder tampoco de vista el equilibrio de las cuentas públicas y elevar la productividad en el mercado de trabajo. Mejorar y extender el sistema educativo y apostar por la innovación y la tecnología para competir con más habilidad en este mundo de vasos comunicantes.


La nueva brecha Norte/Sur


En el nuevo paisaje, esa nueva normalidad, aparece marcada una línea divisora que atraviesa los 22 millones de kilómetros cuadrados –el 10% del PIB mundial repartido en una treintena de países– de la región. La brecha separa a las economías exportadoras de materias primas de las demás. Las commodities llevan deslizándose por una pendiente desde mediados del año pasado. El petróleo se ha desplomado casi 50%. Los metales han caído otro 20% y los cereales, un 17%. Esta división coincide además con una distribución geopolítica de Norte/Sur. "Se ve una dualidad entre productores, conectados a China, que en su mayoría están en Sudamérica y crecen a tasas más bajas; y no productores, con más peso de las importaciones y conectados con EE UU", apunta Samuel Pienknagura, economista investigador del Banco Mundial.


Tres de las primeras potencias de la región –Brasil, Argentina y Venezuela– cerrarán el año en negativo. Brasil atraviesa la peor recesión en más de dos décadas, con aumentos de su deuda pública y el crédito atascado. Venezuela caerá un 7% ahogado por su alta dependencia del petróleo, severos problemas de abastecimiento y la inflación más alta del mundo. Y Argentina, el tercer exportador de soja del mundo, vive enfangado en una disputa con sus antiguos acreedores.


En la parte alta de la balanza se coloca México, que pese a su condición de potencia petrolera, superar la media de crecimiento de la región espoleado por el tirón de la demanda de EE UU. Esta misma inercia favorecerá a los países de América Central y Caribe, que aprovecharán también la rebaja en la factura de sus importaciones de crudo (entre tres y cuatro puntos del PIB solo este año, según el FMI), además de recibir a los turistas estadounidenses con los bolsillos cargados de dólares fuertes dispuestos a dejarlos en las playas del Caribe.


Amortiguadores


La recuperación estadounidense y la anunciada subida de tipos por parte de la Reserva Federal –prevista para junio– se traducen también en serios contratiempos. Los seis años de dieta blanda en la política monetaria de EE UU sirvieron de incentivo para el viaje de importantes flujos de capital rumbo a los puertos latinoamericanos con jugosas rentabilidades. Pero el dinero ha empezado a tomar el camino de vuelta y la proverbial susceptibilidad de los inversores se ha traducido en una fuerte volatilidad en gran parte de los mercados de deuda, divisas y renta variable. Especialmente en las plazas más globalizadas como Brasil y México. "La mejor protección es actuar con mucha anticipación. Los bancos centrales de la región tienen que empezar a subir tipos ellos también para no perder competitividad en sus mercados de bonos y, con ello, reducir la sangría de divisas. Por supuesto, el ajuste tiene que ser mayor en aquellos países que más las bajaron, como México o Chile", aconseja Alfredo Coutiño, economista-jefe de Moody's Analytics para América Latina.


La fortaleza del dólar ha provocado además que en el baile cambiario la mayoría de las monedas hayan caído unos cuantos escalones –una depreciación de en torno a un 20% de media– en lo que va de año. Este abaratamiento puede servir como revulsivo para las exportaciones, pero tiene su reverso tenebroso en la presión al alza de la inflación, uno de los viejos fantasmas del continente.


Cuidar la salud de las cuentas públicas


Pese a las turbulencias que se avecinan, en términos generales, la región presenta unos cimientos robustos. "Con respecto a 1990, las economías latinoamericanas están más protegidas frente a los choques externos. Han aprovechado los años de bonanza para recomponer sus pasivos, pagar desdolarizar su deuda externa, financiar su déficit con flujos de inversión extranjera y acumular reservas", explica el analista del FMI Hamid Faruqee. Las sacudidas de la crisis financiera de 2008 agitaron las columnas, pero los termómetros más fiables, como la deuda pública y el déficit, se mantienen en niveles contenidos. Solo se acerca al rojo la balanza por cuenta corriente –el equilibrio entre entradas y salidas– de algunos exportadores de materias primas como Colombia (-5%) y Brasil (-3,9%)–.


La región ensanchó la manguera del gasto como medicina ante la última crisis. Pero esa bala parece difícil que puedan volver a utilizarse. "América Latina va a tener que afrontar el inicio del final de la era del dinero barato y abundante", resume el analista de Moody's. El peso el gasto público en la región es reducido, en gran medida por los agujeros en los sistemas de recaudación fiscal de la mayoría de los países. La media en Latinoamérica es del 30%, por el 41% de la OCDE.


Inversión en infraestructuras y educación


"Hay que invocar más que a la austeridad, a la selectividad. Se trata de que el Estado haga un gasto productivo en capital humano y establecer un entorno para la actividad privada más efectiva, con más incentivos para la innovación. Cada país debe encontrar sus nichos, sus motores domésticos para crecer", dice Samuel Pienknagura, investigador del Banco Mundial. El apartado de las infraestructuras es una de las vetas. La inversión en este campo ha sido una de las grandes olvidadas –apenas un 3%– durante la época de bonaza. Industrias pujantes, como la automotriz en México o la textil en Colombia, también marcan el camino. "La clave para salir de la mediocridad está en acelerar reformas que produzcan cambios estructurales profundos para que se conviertan en polos de atracción para la inversión. Entre las reformas de mayor impacto económico están: energética, financiera, fiscal, educativa, y laboral", apunta Moody's.


La Comisión Económica para América Latina de las Naciones Unidas (CEPAL) lleva tiempo alertando de que es la región del mundo con un mayor desajuste entre la oferta y la demanda de competencias en el mercado laboral, lo que desencadena a su vez una elevada informalidad. Apostar por mejorar los sistemas educativos significa, por tanto, avanzar hacia un crecimiento más inclusivo, capaz de reducir los niveles de pobreza y desigualdad. Pese al aumento significativo en los últimos años tanto en inversión como en acceso, el gasto público por un estudiante de secundaria representa el 18% del PIB per cápita, mientras que la media de la OCDE es del 26%. América Latina es la segunda región más desigual del planeta solo superada por África Subsahariana. La batalla contra la pobreza ha registrado estos años un estancamiento tras una tímida mejora en última décadas de los 90 y los 2000 según el CEPAL. El porcentaje de personas con ingresos inferiores al umbral de la pobreza supera el 28% desde hace tres años.

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Viernes, 29 Mayo 2015 07:43

El extractivismo se tambalea

La resistencia al extractivismo está barriendo el continente latinoamericano, de norte a sur, del Atlántico al Pacífico, involucrando a todos los países, forzando a los gobiernos a sacar a sus uniformados a las calles y decretar estados de emergencia para atemorizar a poblaciones que ya no se dejan, porque están sufriendo las consecuencias del modelo.

La megaminería a cielo abierto, las grandes obras como las represas hidroeléctricas, los monocultivos fumigados con glifosato y la especulación inmobiliaria, están siendo respondidos como nunca antes en intensidad, extensión y duración. Los pueblos están consiguiendo en los últimos años importantes victorias: paralización de la planta de semillas de Monsanto en Malvinas Argentinas; detención del proyecto binacional de Barrick Gold, Pascua Lama; aplazamiento de la construcción de decenas de represas, como sucedió con La Parota, en México.


En las últimas semanas ha sido la población de Arequipa, sur del Perú, la que está forzando al gobierno de Ollanta Humala a decretar un nuevo estado de emergencia, luego de la cuarta víctima mortal por la represión policial en el marco de un paro indefinido que ya lleva más de 60 días contra el proyecto cuprífero Tía María, de la empresa Southern Copper.


Es probable que Perú sea el epicentro de las resistencias a la minería, con un promedio de 200 conflictos socioambientales desde 2008. En Brasil no sólo se resiste a la minería sino a los grandes proyectos hidroeléctricos como Belo Monte, además de las múltiples resistencias a la especulación inmobiliaria (extractivismo urbano), que avanza febrilmente en Río de Janeiro de cara a los Juegos Olímpicos de 2016.


La pampa argentina es el epicentro de la resistencia al modelo soyero, donde destacan las Madres de Ituzaingó, la Asamblea de Malvinas Argentinas, la campaña Paren de Fumigarnos y los médicos comprometidos, que del 15 al 18 de junio organizan la Semana de Formación Docente para la Ciencia Digna y la Salud Socio Ambiental, en Rosario.


Hasta ahora no existe una resistencia unificada ni centralizada, ni a escala regional ni en cada uno de los países, pero la multiplicidad de luchas se coordina en las calles, sin necesidad de aparatos unificados. Como señala el último informe del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL), todo este esfuerzo por sostener el extractivismo minero es cada vez más criticado y deslegitimado por amplios sectores de la sociedad, y es que la minería no logra convencer a la población de sus ventajas (OCMAL, abril de 2015, p. 101).


Existe cierta similitud entre la actual resistencia al modelo extractivo y la resistencia obrera al fordismo en la década de 1960. Los obreros fabriles consiguieron desarticular la producción en base a una resistencia directa en cada sección y en cada taller, en base a la acción directa sin depender de las burocracias sindicales, hasta que la disciplina y la división del trabajo fueron derrotadas. Parece necesario insistir en que fue una lucha no institucional, ni siquiera declarada abiertamente, pero tan efectiva que doblegó al capital en sus propios feudos, las fábricas, forzándolo a una completa restructuración del aparato productivo.


Algo que podemos aprender de esa oleada de luchas obreras es que para derrotar un modelo de dominación lo central es lo que sucede sobre el terreno donde ese modelo se aplica, siendo completamente intrascendentes los gobiernos y las administraciones estatales. La lucha y la resistencia directas son insustituibles, como enseñan las crónicas recopiladas en infinidad de trabajos y relatos.


En este punto es necesario destacar que no hay un momento de derrota o lucha final, como dice la estrofa de La Internacional, porque lo decisivo es el largo proceso de acciones directas que consiguen trabar el mecanismo de dominación. Desde que se implementaron el fordismo y el taylorismo hasta que fueron desbordados y neutralizados transcurrió más de medio siglo; dos o tres generaciones de trabajadores fueron necesarias para encontrar los puntos débiles del engranaje patronal.


Lo que está sucediendo frente al extractivismo debe ser fuente de múltiples aprendizajes; con un ojo puesto en la historia de las resistencias y otro en el presente, podemos sacar algunas conclusiones.


La primera es que la resistencia la protagonizan pueblos indígenas, negros y mestizos en las áreas donde se despliegan la minería, los monocultivos y las megaobras de infraestructura. Se trata de un amplio y heterogéneo entramado de campesinos, trabajadores rurales y habitantes de poblados, donde destaca el papel de las mujeres y sus familias. Es una lucha cara a cara frente a empresas y gobiernos, casi siempre sin apoyo de las instituciones, que sólo se hacen presentes cuando la mayor parte de la población ocupa las calles.


La segunda es la importancia de la defensa del agua, el principal bien común afectado por el extractivismo. En algunos países, como en Uruguay, la población urbana comenzó a reaccionar contra el modelo al comprobar el deterioro de la calidad del agua que consume. De ese modo se pudieron articular alianzas de hecho entre rurales y urbanos, entre colectivos de base y sindicatos, entre trabajadores y científicos.


La tercera es la variedad de formas de lucha que, en algún momento, ganan en masividad provocando estallidos sociales que no son espontáneos sino fruto de una prolongada labor de difusión y de organización. Algo de esto sucede estos días en Arequipa, cuando la mayor parte de la población de aldeas y pueblos, primero, y de la gran ciudad, después, se vuelca contra la minera.


La cuarta es la importancia de los pequeños grupos locales y territoriales, integrados por militantes y vecinos, en general jóvenes. Este tipo de grupos son decisivos porque de ellos parte la información inicial que habilita el debate entre sectores más amplios de las poblaciones afectadas.


El extractivismo está lejos aún de ser derribado. Pero ya vemos cómo se tambalea.

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El Gobierno peruano declaró el estado de emergencia por 60 días en la provincia de Islay, en la costa de la región Arequipa, cinco horas después de conocerse en la capital que durante un enfrentamiento entre policías y manifestantes opuestos al proyecto minero Tía María, murió este viernes un hombre, de 54 años, por un disparo en el pecho. Como reacción, otro grupo atacó la comisaría de Cocachacra, el centro de las movilizaciones de los agricultores que temen el impacto de la actividad extractiva en el valle del río Tambo.


Por la noche del viernes, el primer ministro Pedro Cateriano, acompañado del ministro de Interior, José Pérez Guadalupe, anunció la medida de excepción, que era contemplada desde el 23 de abril por el presidente Ollanta Humala cuando se produjo la primera muerte de un civil por causa de este conflicto, debido a disparos de un policía.


"Conforme lo establece la Constitución y de acuerdo al decreto que establece el estado de emergencia, la Policía Nacional con el respaldo de las Fuerzas Armadas se encargará del mantenimiento del orden público", dijo Cateriano.


En su administración, Humala ya recurrió al estado de emergencia en 2012, para intentar sofocar el conflicto minero de Conga en Cajamarca -un proyecto de más de 5.000 millones de dólares de inversión para extraer cobre y oro- y que causó cinco muertes de civiles durante las protestas.


El conflicto ligado al proyecto Tía María, emprendimiento de la empresa Southern Copper del Grupo México, inició en 2011, cuando la compañía pretendía usar agua del río Tambo para la operación minera: en aquel año las protestas y enfrentamientos con la policía dejaron como saldo tres muertos civiles. Con el fallecimiento de Collque este viernes, suman tres víctimas civiles en el último mes, además de Alberto Vásquez, un policía de 51 años que murió el 10 de mayo tras varios días de agonía a causa de golpes que recibió y por la falta de equipos de protección.


El viernes 15, en un mensaje a la Nación, el presidente Humala argumentó que el Gobierno no podía suspender el proyecto minero pues el Estado podría enfrentar demandas legales internacionales, y solicitó a la empresa manifestar con claridad su voluntad y "ejecutar acciones concretas" en la zona del conflicto. Minutos después, el presidente ejecutivo de Southern Copper, Oscar Gonzalez Rocha, anunció una pausa de 60 días: "Un intervalo que beneficie a la población, un paréntesis que permita a todos presentar sus inquietudes y temores, identificar las soluciones, convenir el camino y definir las responsabilidades que cada uno debe asumir en un plazo razonable". El Gobierno espera que la empresa difunda el estudio de impacto ambiental del proyecto y convenza a la población local de que no dañará la actividad agrícola.


Sin embargo, el clima de tensión no amainó. Los medios de comunicación difundieron un audio entre un exconsultor de Southern y uno de los líderes de la protesta, Pepe Julio Gutiérrez, en el cual el abogado ofrece dinero al dirigente para que deponga las movilizaciones. Este viernes, Gutiérrez asistió a una audiencia en la que se decidiría su detención preventiva por posible extorsión, en tanto que Gonzales Rocha declaró el jueves en la Fiscalía y, según el informativo regional El Búho, reconoció que estaba al tanto de las tratativascon el dirigente opuesto a Tía María.

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Domingo, 17 Mayo 2015 05:58

Las protestas mineras jaquean a Humala

0rganizaciones sociales y civiles de siete regiones del sur de Perú convocaron ayer a un paro de 48 horas, para el 27 y 28 de este mes, en rechazo al proyecto minero Tía María, de la Southern Copper, filial del Grupo México. Los dirigentes se reunieron ayer durante más de cuatro horas para analizar las medidas que iban a tomar después de que la Southern anunciara ayer que iba a hacer una "pausa" de dos meses en la implementación del proyecto para conversar con sus opositores.


Al término de la cita, los representantes conformaron un comité de lucha y convocaron a un "paro macrorregional" en Arequipa, Cuzco, Tacna y Puno, al que se unirán con movilizaciones representantes de Apurímac, Ayacucho y Cajamarca, informó la emisora RPP Noticias. La protesta, señalaron, se realizará también para rechazar la gestión del presidente Ollanta Humala y puede convertirse en una huelga indefinida a partir de junio próximo.


Tras el anuncio de Southern, que intentó frenar las protestas en la provincia de Islay contra el proyecto minero, que en más de 50 días han dejado tres muertos y más de doscientos heridos, esa localidad se mantuvo en calma aunque con las principales vías de comunicación bloqueadas.


Medios locales informaron que en Cocachara, el centro de las protestas contra el proyecto, algunos comercios volvieron a atender al público y no se produjeron choques contra las fuerzas de seguridad. Pobladores de Cocachara consideran que el proyecto minero puede afectar su agricultura y contaminar la ciudad.


El procurador del Ministerio del Interior, Juan Carlos Portocarrero, también informó ayer que la detención del dirigente Pepe Julio Gutiérrez, el principal promotor de las protestas, se ha ampliado a siete días, mientras se lo investiga por la acusación de haber pedido dinero a la minera para levantar la protesta. Las protestas en la provincia de Islay, a las que en la última semana se sumaron manifestaciones en Arequipa y en Lima, han frenado temporalmente el proyecto minero del Grupo México, cuestionado por los defensores de la agricultura en Perú.


Southern contempla la inversión de unos 1400 millones de dólares para la construcción de Tía María, cuya producción estimada es de 120 mil toneladas métricas anuales de cátodos de cobre a partir del inicio de sus operaciones.


Humala descartó ayer que el Ejecutivo vaya a cancelar el proyecto de manera unilateral, porque consideró que su país se arriesga a ser denunciado ante los tribunales internacionales. "Demando a la empresa a cargo del proyecto minero Tía María a que manifieste su voluntad y ejecute acciones concretas para generar las bases del entendimiento requeridas para lograr la paz social y el desarrollo", dijo Humala en un mensaje televisado. En su mensaje el presidente descartó la suspensión del proyecto.

"No se puede suspender lo que no se ha iniciado", dijo, recordando que Tía María aún no ha empezado a construirse, pero que se espera entre en operación en 2017. "El Estado no puede adoptar una decisión unilateral que no esté regida por el marco de la ley, porque una decisión arbitraria lo expondría a demandas internacionales por incumplimiento", agregó, para luego dejar el balón en territorio de Southern.


La compañía acusó inmediato recibo del mensaje, y a través de un comunicado, hizo un llamado a la paz y pidió una "pausa" para buscar soluciones al conflicto. "Le solicitamos el tiempo y las facilidades necesarias para poder socializar el proyecto y despejar todas las dudas existentes en los próximos 60 días", dijo el presidente ejecutivo de Southern Perú, Oscar González Rocha, en el documento. En Perú, segundo mayor productor mundial de cobre, la minería es clave para su crecimiento económico.


En su mensaje del jueves, Humala reiteró que Tía María "cumple con los requisitos exigidos por la ley", pero estas explicaciones no han sido suficientes para los pobladores, que se oponen al proyecto valuado en 1400 millones de dólares. Humala aseguró que el envío de tropas policiales y militares a la zona en conflicto no es para defender "intereses individuales o de una empresa en particular, sino el estado de derecho, la estabilidad jurídica, el marco legal del país y las condiciones para la buena convivencia".


Para ayudar en la contención de las protestas, el gobierno envió a Islay el pasado sábado un contingente de las fuerzas armadas, mientras evalúa la posibilidad de decretar el estado de emergencia que permitiría a los militares tomar el control de la zona. "La gente estaba esperando que se suspenda el proyecto (...). No sé qué va a pasar en Arequipa (...). En estas condiciones, que han causado tanto sufrimiento material y físico, este proyecto ya no va, está muerto", dijo por su parte el dirigente del movimiento ambientalista Tierra y Libertad, a Canal N.


Las protestas contra la industria de extracción de recursos naturales se han intensificado en Perú a un año de las elecciones generales.


Según la Defensoría del Pueblo, hasta marzo se contabilizaron 211 conflictos sociales. De éstos, casi el 67 por ciento son socioambientales.


El llamado al entendimiento por parte del presidente ocurre en momentos en que un importante dirigente vinculado con las violentas protestas contra Tía María fue detenido. Se trata de Pepe Julio Gutiérrez, presidente del Frente de Defensa del Valle del Tambo, acusado de extorsión, resistencia a la autoridad y asociación ilícita para delinquir.


Según la denuncia, Gutiérrez habría pedido dinero para poner fin a las protestas contra el proyecto que iniciaron el 23 de marzo y han dejado a la fecha dos civiles y un policía muerto, decenas de heridos y daños. La denuncia se sustenta en una grabación de una conversación.


El gobierno busca que la detención sea ampliada por el delito de homicidio, debido a la muerte de un policía en las protestas, que fue agredido a golpes con una cadena por manifestantes. Según reportes de prensa regional, Gutiérrez calificó de "injusta" su detención y responsabilizó al presidente Humala del hecho.


El presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, así como algunos integrantes del gabinete, acudieron al Congreso el viernes para explicar las acciones del gobierno frente a este conflicto. "Todas aquellas personas que violan la ley, deben estar sujetas a investigación y acusación (...). Hemos escuchado ese audio donde no se defendía a Arequipa, el medio ambiente o la agricultura. Lo que había era corrupción", dijo Cateriano a la prensa, al llegar al Parlamento.

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Desde finales de marzo los campesinos de la provincia Islay, en la región Arequipa, sur peruano, enfrentan a una de las más poderosas multinacionales mineras, Southern Copper, que pretende abrir una mina de cobre en el valle de Tambo. A lo largo de más de un mes han contando con la solidaridad activa de los trabajadores de la construcción, profesores y pobladores urbanos de la Asociación de Urbanizaciones Populares de Arequipa.


La Southern Copper tiene una negra historia en Perú. Comenzó a explotar una mina a cielo abierto en Toquepala, en 1956, el mayor yacimiento de cobre del país, y construyó una refinería en Ilo en 1960, ambas en el departamento de Moquegua, vecino de Arequipa. En 1976 abrió una segunda mina, más grande aún, Cuajone, en el mismo departamento. Durante años la Southern fue la mayor contribuyente de Perú.


Un reciente informe del diario conservador El Comercio, ferviente partidario de la minería, reconoce que en la región sur todavía muchas personas tienen vivos recuerdos de las enormes nubes negras que emanaban de la refinería, lo que ha afectado la imagen y credibilidad de la empresa. Cuando Southern empezó sus operaciones en los años 50 contaminó severamente la costa, producto de sus procesos de fundición y la creación de relaves (El Comercio, 12 de abril de 2015).
Vale destacar que la región sur tiene un importante valor estratégico, ya que concentra importantes corredores de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (Iirsa), en particular los ejes interoceánico central y Perú-Brasil-Bolivia, donde tres importantes puertos (Ilo, Marcona y Matarani) ofrecen una rápida salida, a través de la carretera Interoceánica, a la producción agropecuaria e industrial brasileña con destino asiático.


Los trabajos de exploración para la nueva mina Tía María comenzaron en 1994, y en 2007 la Southern (ya en manos del Grupo México) anunció su plan de inversiones. La población desde un principio rechazó el emprendimiento, que supone inversiones de unos mil 400 millones de dólares en la primera fase, pues asume que la minera usará el agua que se utiliza para la agricultura. Desde 2010 la oposición se fue convirtiendo en movimiento permanente.


En 16 de marzo de 2011, la población conoció por el Frente de Defensa del Valle de Tambo un informe de impacto ambiental de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos que aseguraba que la empresa no tenía un estudio hidrogeológico de la zona. La respuesta a la burla fueron masivas manifestaciones de rechazo, en las que hubo tres muertos y 50 heridos. El gobierno rechazó el estudio de impacto de la empresa y el proyecto quedó congelado.


Pero en agosto del 2014 el Ministerio de Energía y Minas aprobó el segundo estudio de impacto ambiental asegurando que se habían subsanado las observaciones. Esa decisión disparó la actual movilización que cuenta con el apoyo de los tres alcaldes del Valle de Tambo que participan activamente en la protesta.


La minera, con sede en México, tiene serios cuestionamientos. El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental multó 14 veces a Southern Copper. En enero de 2015 la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental pidió dos años y medio de pena privativa de la libertad y el pago de una reparación civil de un millón de dólares contra el presidente ejecutivo de Southern Perú, el mexicano Óscar González Rocha, por el delito de contaminación ambiental en el mar de Ilo (https://redaccion.lamula.pe/2015/03/31/5-claves-para-entender-el-conflicto-por-tia-maria/jorgepaucar/).


Al comenzar el paro indefinido el 23 de marzo, el gobierno peruano decidió enviar dos mil policías al valle de Tambo, que ya provocaron un muerto y decenas de heridos. El gerente de Relaciones Institucionales de la Southern Copper, Julio Morriberón, contratado para hacer trabajo de campo con los agricultores, dijo que los opositores son terroristas antimineros. Aunque luego fue desmentido por la empresa, la campaña va a más. Un ex congresista declaró que Marco Arana, quien dirige la ONG antiminera Grufides, es el sucesor del senderista Abimael Guzmán.


Mientras el gobierno rechaza la posibilidad de hacer una consulta ciudadana sobre la minería, los medios afines al oficialismo sostienen que en el valle de Tambo hay una mayoría silenciosa en favor de la mina que está siendo sometida por una minoría. El 26 de abril el diario La República publicó una encuesta nacional, según la cual 51 por ciento de la población opina que los pobladores tienen razón, el proyecto va a contaminar y las acciones que plantea la minera para evitar eso no son suficientes, frente al 32 por ciento que cree a la minera (www.larepublica.pe/26-04-2015/62-cree-que-cateriano-debe-priorizar-plan-de-seguridad).

Tres problemas mayores aparecen ante la resistencia popular.


El primero es que Perú no es cualquier país. Es una pieza estratégica en el control de la región sudamericana, tan importante como Colombia, ahora que el Pentágono no puede contar con Venezuela. Tiene una larga historia de luchas, pero también de masacres y exterminios, incluyendo una guerra con 70 mil muertos en la década de 1990.


Segundo, la minería no es cualquier actividad, sino aquella que ostenta el mayor grado de militarización del modelo extractivo. Perú es, junto con México y Chile, el país que concentra más conflictos mineros, según el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina. Entre los grandes países de la región, son los tres donde el militarismo ha convertido a las comunidades indias, negras y mestizas, rurales y urbanas, en campos donde se impone el estado de excepción permanente.


Tres, aunque la inmensa mayoría del pueblo peruano está en contra del modelo minero, la afirmación del gerente de Southern Copper de que los antimineros son terroristas no es un desliz, sino algo que no deberíamos olvidar: consideran a los de abajo, no sólo a los que resisten, como enemigos a exterminar.

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Un fallo proferido por el Consejo de Estado en septiembre de 2014, y conocido en enero de este año, parece colocar fin a la lucha que los habitantes de Ataco adelantan desde hace más de 20 años. El resultado les da tranquilidad, pero están a la espera de que Mineros S.A. vuelva con más maniobras para adueñarse del oro de Ataco.

Desde 1991 se empezó a hablar del proyecto de Mineros El Dorado que pretendía realizar una explotación aurífera en el río Saldaña, exactamente en el municipio de Ataco (Tolima). Vale la pena aclarar, que artículos de esa fecha afirman que tal proyecto aurífero estaba planeado desde once años atrás.

Esta pretensión fue pregonada resaltando beneficios económicos y sociales para el desarrollo de la región, pero, como muchos de los proyectos de este tipo, no resaltaba que su implementación colocaría en riesgo la vocación agrícola del municipio, además de las consecuencias ambientales.

César Gaviria era el presidente para ese entonces y junto a su ministro de minas y energía –Juan Fernando Rico– defendían el proyecto minero, pues según los cálculos de la empresa generaría 13 millones de pesos anuales para el país.

"La Nación obtendría regalías por 195 millones de pesos. La misma cifra llegaría al municipio de Ataco, mediante los impuestos de explotación. Además, calculan que los ingresos laborales para la gente de la región alcanzarían los 419 millones de pesos anuales y se generarían 200 empleos directos", decía el periódico El Tiempo.

El diario no solo mencionaba esos beneficios, también hablaba sobre el compromiso de ofrecer a los inversionistas el 20 por ciento del capital comprometido en el desarrollo del proyecto. Incluso, Mineros El Dorado, llegó a afirmar que electrificaría los municipios de Ataco y Chaparral.

Pero, a pesar de las virtudes que según unos y otros tenía el proyecto, la comunidad se expreso con un rotundo No. Y es gracias a que ese No se mantuvo firme durante mucho tiempo que el Consejo de Estado evitó por medio de un fallo expedido en septiembre de 2014 la implementación del proyecto.

Sin embargo, esta es una historia de persistencia, en la que por un lado, varios sectores se han unido por un objetivo: defender el ambiente y la calidad de vida de los atacunos. Mientras que por el otro, la empresa Mineros S.A., sigue buscando la manera de apropiarse del oro de la zona.

Primer round: No a la draga

El río Saldaña es reconocido por ser, prácticamente, la columna vertebral del Tolima. Brota en la parte alta de la cordillera central y desemboca en el río Magdalena recorriendo así el 40 por ciento de este departamento. Es la fuente de los acueductos de Coyaima, Ataco y Saldaña que benefician a 55 mil tolimenses. También, suele ser la base de la economía familiar de los atacunos, pues los habitantes del municipio dependen de la minería artesanal, de la pesca, y del agua del caudal para sacar adelante sus cultivos de arroz.

Ante la importancia que representa el río, la comunidad no podía pasar por alto las acciones e intereses de la empresa Mineros El Dorado, y mucho menos después de tener los referentes de lo sucedió en varios municipios antioqueños, sobre el río Nechí. Por el ejemplo, en el caso de El Bagre, donde la misma compañía adelantó proyectos de explotación minera, solo les quedó el "piedredro" y los problemas ambientales.

Por eso, para contener las pretensiones de la empresa minera, los habitantes de Ataco realizaron un paro cívico y, en consecuencia, el 19 de febrero de 1991 el tema se hizo visible en periódicos como El Tiempo. Para ese momento Jorge Ancízar Cabrera, presidente del concejo del municipio era uno de los que lideraba la iniciativa de crear una comisión científica que evaluara los riesgos y daños que podría producir la explotación minera.

La idea era que varios expertos analizaran las consecuencias ambientales, y bajo esos dictámenes, el Ministerio de Minas decidiera si entregar o no la concesión a la empresa solicitante.

Sin embargo, y pese a la oposición ciudadana, en julio de 1994 fue entregada la concesión gracias a que el Ministro de Minas Guido Nule Amín –padre de uno de los tres protagonistas del Carrusel de la Contratación en Bogotá– firmó un acuerdo con Mineros El Dorado, pacto que ignoró "todos los conceptos ambientales negativos del Himat, Cortolima, Inderena, Universidad Nacional, Contraloría Departamental, Fedearroz y 500 científicos ambientales de todo el mundo", decía el diario El Tiempo.

De hecho, en el mes de noviembre de ese año, ya habían iniciado el montaje de la draga, la cual tendría "una capacidad de remoción de 10.000 metros cúbicos diarios y un peso de 3.000 toneladas, con un tonelaje mínimo anual de explotación de 2.500.000 metros cúbicos de material aurífero, equivalente a 440.000 gramos de oro", agregaba el diario.

Esto alertó al Comité prodefensa del río Saldaña –creado por los habitantes de varios sectores del Tolima, con la pretensión de defender al río de la minería a gran escala–, por lo que le expusieron a la entonces Ministra de Ambiente Cecilia López Montaño y al gobernador Ramiro Lozano Neira, todas las razones a tener en cuenta para acabar con el proyecto.

A raíz de dicha reunión, se le ordenó a la empresa realizar un diagnóstico ambiental de alternativas y un estudio de impacto ambiental para socializarlo en una audiencia pública. En el encuentro la misma Ministra enfatizó en que la última decisión la tenía el Ministerio de Ambiente.

En 1997 fue realizada la audiencia. Asistieron cerca de cinco mil personas, según medios de comunicación, pero también asistió el Procurador General Jaime Bernal Cuellar y el viceprocurador Eduardo Montealegre porque las comunidades indígenas lo exigieron.

"Cerca de 47 mil indígenas de la Federación Indígena de Cabildos Autónomos, el Consejo Regional Indígena y la Asociación de Cabildos Indígenas del Tolima, (Acit), están dispuestos a ir hasta el fin para impedir la instalación de la draga [...] El presidente del Comité de Gremios Económicos del Tolima, Leonidas López Herrán, dijo que los 20 gremios y asociaciones del departamento le dejaron en claro al Ministerio que no están de acuerdo", citaba el diario capitalino.

Todos parecían estar en contra, sobre todo por la intervención1 directa que Mineros El Dorado quería realizar en la cuenca, pues las consecuencias ambientales serían más desastrosas.

La draga sedimentaría más el río, impactando cerca de 28 mil hectáreas sembradas con cultivos de arroz, los 45 mil millones de pesos que generaban al año y, de paso, a 50 mil empleos. También afectaría a las 500 familias que viven de la pesca –con los residuos de la sedimentación, lo más probable era la muerte de los peces por el taponamiento de sus vías branquiales–. Y, además, el ecosistema cambiaría junto con la salud del río, incluso, afectaría la producción de leche y de carne.

"Lo anterior sin medir el impacto de la obra en el distrito de riego de Usosaldaña –decía el periódico El Nuevo Día–del que dependen más de 1.700 usuarios", así como del Triángulo del Tolima.

Sin embargo, los representantes de Mineros El Dorado, aseguraban que eso no sucedería, pues disponían de lo último en tecnología minera, y los sedimentos serían transportados hidráulicamente a pozos por fuera del río, sin usar mercurio. Resaltaban, además, que era de vital importancia sacar las ocho toneladas de oro, que estimaban, estarían en 194 hectáreas en las riberas del río Saldaña. Contra tal pretensión también se pronunció la guerrilla, al destruir la maquinaria de la empresa.

El Gobernador fue claro, dijo que no apoyaba el proyecto y que no estaba de acuerdo en poner como objetivo guerrillero el oro de Ataco, pues los únicos afectados serían los habitantes.
Finalmente, el Ministerio de Ambiente tomó la decisión de no otorgarle la licencia ambiental. El "maravilloso" proyecto minero no podía realizarse.

Segundo round: El camaleón y la falta de sostenibilidad

Ante el fallo, Mineros El Dorado no cruzó sus brazos, demandaron al Ministerio de Ambiente por no otorgar la licencia ambiental, y exigieron 11 millones de dólares por el dinero que dejaban de percibir.

Mientras este pleito se tramitaba en el Tribunal Superior de Cundinamarca, para el 2004 otra compañía apareció: Mineros de Antioquia S.A., la cual, quizás de manera oportuna, cambió su denominación por Mineros S.A. Además, modificó su mecanismo para adentrarse en la zona pues, le propuso a la gobernación y a los municipios crear una empresa de categoría mixta para extraer el oro de Ataco.

Lo curioso de la propuesta, que en su momento señaló Ángel María Caballero, presidente del Comité Prodefensa del río Saldaña en el periódico El Nuevo Día, es que Mineros de Antioquia era dueño del 80 por ciento de Mineros El Dorado. Es decir, la "nueva" empresa que pretendía adelantar un proyecto calificado como nocivo para la región, era la dueña de la compañía que demandó al Ministerio de Ambiente. La diferencia en la forma que explotaría el oro radicaba en que la "nueva" empresa utilizaría retroexcavadora, y que ya no sería a cargo de Mineros El Dorado, ni Mineros de Antioquia, sino Mineros S.A.

Este cambio de nombres, parte sustancial de la estrategia camaleón de Mineros S.A, no era lo más preocupante que denunciaba el presidente del Comité Prodefensa del río Saldaña. Caballero dijo que la empresa ayudó con la financiación de la campaña electoral de Jorge García Orejuela, quien para la fecha ya era el gobernador del Tolima, por lo cual creía que él era el que estaba apalancando el proyecto.

Dos años después, el 7 de septiembre de 2006 se conoció el fallo del Tribunal. La empresa demandaba al Ministerio de Ambiente por fallas en procesos, darle mucha trascendencia a la posición negativa de los atacunos y por tener en cuenta la posibilidad de que el proyecto no fuera sostenible.

Para ese momento, el apoderado de la sociedad Mineros S.A., titular de los derechos litigiosos de Mineros El Dorado S.A., argumentaba que el Ministerio se había extralimitado en sus funciones por tener en cuenta la sostenibilidad.

La respuesta fue concreta: para el Tribunal, sí se habían presentado demoras en trámites pero no correspondían a vicios graves y el Ministerio había cumplido con sus funciones pues, aunque mencionaba la sostenibilidad, no hacía alusión exactamente a si los socios ganarían o no dinero, sino a cómo responderían con los daños ambientales que causarían en la zona.

De nuevo, los atacunos ganaron.

Tercer round:
¿Se acabó la pelea?

Mineros S.A. llevaba dos rounds perdidos y cada vez era más factible la posibilidad de perder el proyecto que desde años atrás querían realizar. La única carta que ahora les quedaba era la apelación, la que, en efecto, fue presentada al Consejo de Estado, para que según ellos, les restablecieran los derechos y anularan el fallo proferido por el Tribunal Superior de Cundinamarca.

Tras algunos años de espera, finalmente el 18 de septiembre de 2014 el alto tribunal falló, pero solo hasta el inicio del 2015 fue conocido por los medios de comunicación.

La decisión del Tribunal Superior de Cundinamarca, proferida por la Subdirección A, Sección Primera, fue ratificada. La sentencia decía que no había suficientes argumentos que implicaran la nulidad de lo fallado, por lo cual Mineros S.A, no podía adelantar el pretendido proyecto minero.

Así pues, cierta calma ronda a los atacunos. Después de defender su territorio por más de 20 años, durante los cuales no ahorraron ningún mecanismo de protesta y deliberación colectiva, el Consejo de Estado les confirmó que tenían razón. Pero, como la persistencia no solo es una cualidad de los habitantes sino también de la compañía, crearon otra empresa que está a la espera de una licencia ambiental y de la aprobación por parte de Cortolima de su Plan de Manejo Ambiental.

El nombre de la "nueva" empresa es Mineros de Ataco S.A.S2., constituida en el 2012. Fue creada en el Tolima para la exploración y explotación minera aurífera en Ataco y Chaparral bajo dos contratos de concesión según el último informe financiero de Mineros S.A., con fecha del 2013.

Mineros S.A. no confirma en su página oficial que haya recibido la licencia, y mucho menos menciona los fallos del Consejo de Estado y del Tribunal de Cundinamarca, pero sí alude a la firma de contratos de concesión que realizó el Ministerio de Minas cuando Guido Nule Amín era el jefe de la cartera en 1994.

Así, la pregunta que queda es si esta larga lucha finalmente terminó. Por ahora es claro que los atacunos tienen 10 puntos y que Mineros S.A. está a la espera de la revancha.

No sobra preguntar: ¿bastará con procedimientos jurídicos para contener el ansia insaciable de oro de los leguleyos que están detrás de las empresas mineras, que como la Santísima Trinidad, son un solo ser?

 

1 Minería aluvial: "El material se obtiene excavando los lechos de los ríos y los terrenos adyacentes; después es llevado por encima de un tapiz donde las piedritas se quedan atascadas. Después sigue el mismo procedimiento de amalgamación con mercurio", dice la revista Ideele.

2 Durante el 2008, 2009 y 2010, Ataco fue explotado ilegalmente, curiosamente en dos predios donde Mineros S.A. tenía títulos mineros. Incluso fue la misma compañía la que los denunció, dice el Nuevo Día

Publicado en Edición 211
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