Domingo, 11 Enero 2015 06:19

El aterrizaje de las materias primas

Una noche de mayo de 2011, unos ladrones entraron en el estudio del escultor Juan Ripollés en Burriana (Castellón). Su objetivo, tres manos y un brazo de la estatua en homenaje al entonces presidente de la diputación provincial, Carlos Fabra; en concreto, las 2,5 toneladas de cobre con la que estaban hechas. En enero de ese mismo año, un tren de alta velocidad que hacía la ruta entre Amsterdam y Düsseldorf descarriló tras golpear con un mercancías; la causa, un fallo de señales tras el robo de 300 metros de cable. Por todo el mundo desarrollado se desató una fiebre por el cobre; y el motivo era un mercado hambriento por el metal como nunca antes.


Y el hambre no era solo de cobre. Entre 2000 y 2012, el mercado de las materias primas vivió una expansión sin precedentes. Al contrario que en otros ciclos alcistas, este boom de las mercancías básicas (commodities, en inglés) se extendió por prácticamente todos los productos y todas las categorías. De la bauxita al caucho, del azúcar al zinc, el índice de precios de las materias primas no energéticas del Banco Mundial creció un 64% entre 1997 y 2011. La cotización de los fertilizantes se multiplicó por 2,9; la energía, por 3,7, y el índice de metales preciosos se cuadruplicó. La tonelada de cobre pasó de 2.061 dólares en 2001 a 8.103 en 2011.

El boom se ha terminado. Desde 2011, el precio del cobre ha caído más de un 28%. Y no es el único: el mineral de hierro desembarcado en el puerto chino de Qingdao se vende a un 63% menos que hace cuatro años; el carbón para metalurgia, a un precio 78% menor; la potasa —utilizada en fertilizantes— ha pasado de 483 dólares la tonelada en 2012 a menos de 290 hoy.


Y aún queda. "Puede que el precio de las materias primas se mantenga débil durante todo 2015", señala el último Panorama de los Mercados de Materias Primas, una publicación trimestral del Banco Mundial. "Hemos vivido un superciclo", apunta Daniel Briesemann, analista de materias primas de Commerzbank, "y estamos en un momento de corrección".
El informe es de octubre, antes de que la Organización de Productores y Exportadores de Petróleo (OPEP) decidiese mantener los niveles de extracción, lo que desencadenó una caída precipitada de los precios del petróleo crudo, ya bajo presión por el enorme crecimiento de la oferta gracias a las explotaciones por fracturación hidráulica y el aumento de la eficiencia energética.

Para Ole Hansen, jefe de estrategias de materias primas en el danés Saxo Bank, la caída de más del 40% de la cotización del barril Brent desde octubre no hace más que poner al petróleo en línea con el resto de materias primas. "Las guerras en Oriente Próximo y las primaveras árabes generaron una inestabilidad en el suministro que se ha mantenido prácticamente hasta ahora", considera. "Recordemos que el año pasado tuvimos la mayor interrupción de suministro desde la primera Guerra del Golfo".


¿De dónde salió el boom? Fundamentalmente, por una combinación de, por un lado, la expansión económica de los países emergentes, y por el otro, la combinación entre el alza del precio del petróleo y la caída de la cotización del dólar, en ambos casos por factores geopolíticos.

"Toda la revolución industrial en China ha desatado un apetito sin precedentes por materias primas", apunta Hansen. El extraordinario crecimiento económico del país asiático, cuyo PIB ha aumentado a una media del 10% anual desde 1979, fue gracias al crecimiento de una industria básica alimentada por las commodities. De pronto, China necesitaba de todo, y el mercado le tomó la palabra. "Ha habido mucha euforia", indica John Baffes, economista senior del grupo de Perspectivas de Desarrollo del Banco Mundial. Y los países productores de mercancías básicas se dispusieron a aprovechar ese filón.

Pero la persistente parálisis en la economía de la eurozona, uno de los principales clientes de los nuevos países industrializados, ha hecho caer la demanda global de productos elaborados y las materias primas que los componen. Ni siquiera la recuperación de EE UU ha sido suficiente para llenar ese vacío en la demanda.

Además, ahora China quiere cambiar el paso. El régimen de Pekín sabe que su modelo de crecimiento basado en la industrialización a toda costa —y sus consecuencias en el medio ambiente y en la calidad de vida de los ciudadanos— cada vez despierta más recelos en la misma clase media que ese modelo ha contribuido a crear. La "nueva normalidad", en palabras del presidente chino Xi Jinping, se basa un crecimiento "más moderado" y "basado no en las materias primas y la inversión sino en la innovación".

¿Hubo quizás exceso de confianza en que el modelo económico chino iba a durar para siempre? "Creo que los datos de China se convirtieron en algo parecido a un somnífero para el mercado", considera Hansen. "La caída de los precios se ha convertido en un toque de atención". El tirón de la locomotora china es tan potente que, sin él, el resto de la economía global no ha podido sostener el megaciclo.


Para Baffes, el alza del petróleo explica la subida de las materias primas agrícolas. "Por un lado, la agricultura es un sector muy intensivo desde un punto de vista energético", apunta. "El coste de producción de los fertilizantes está muy ligado al precio del gas natural. Por otro, el alza del petróleo hizo que muchas commodities alimentarias fueran desviadas a la producción de biocarburantes". Stefan Vogel, jefe de investigación de materias primas agrícolas de Rabobank International, matiza: la evolución del crudo no ha sido un factor tan importante. "El gasóleo de uso agrícola no responde a mucho más que al 2 o 3% de los costes de producción", señala. La pregunta es qué efecto puede tener la caída del precio del crudo en la demanda de las materias primas agrícolas, especialmente en la de oleaginosas como la colza o el ricino.

El ajuste está cayendo sobre el mercado, y, para quien no esté preparado, se avecina doloroso. "El verdadero problema es el frenazo en el precio del petróleo", comenta Baffes. "Hay muchos países sin una buena posición fiscal. La caída de las cotizaciones puede ahogar a los países productores hasta dejarles bastante al descubierto", confirma Hansen. "Sobre todo si no han diversificado sus economías y no han hecho reformas estructurales. Además, su deuda suele estar denominada en dólares, lo que puede agravar el problema si la moneda estadounidense se fortalece".

Aunque los efectos se prevén más dramáticos en países como Rusia o Venezuela, no son exclusivos de los países emergentes. Australia ha tenido que ajustar sus presupuestos para los próximos años a la caída de las cotizaciones del hierro y del carbón de uso metalúrgico.

No solo serán los Estados los que van a sufrir. "Las industrias extractivas son las que, en principio, deben llevarse la peor parte", comenta Briesemann. "Hay que tener en cuenta que una mina tarda entre cinco y diez años en ponerse en marcha". La pregunta es qué va a suceder cuando explotaciones abiertas al calor de la fiebre empiecen a sacar su producción al mercado.


"Las acciones mineras han sufrido un impacto muy fuerte", comenta Hansen. "Lo que vamos a ver es una consolidación del sector; se sacará del mapa a las explotaciones menos productivas y a las empresas más pequeñas. Las grandes corporaciones mineras tienen un colchón financiero más mullido".

Otro tema problemático son los efectos del boom en el entorno. Las consecuencias medioambientales de la expansión de la minería en China o la deforestación en la Amazonía brasileña para ampliar los cultivos de soja aún están por ver.
Pese a la contundencia de los datos, los expertos consideran que la caída de los precios es un ajuste, no una debacle. En un documento de junio de 2014, Otaviano Canuto, exvicepresidente del Banco Mundial, sostiene que los precios de las materias primas siguen históricamente por encima del inicio del ciclo expansivo, y, lo que es más importante: el proceso de urbanización y reducción de la pobreza en los países emergentes no tiene visos de dar marcha atrás. En consecuencia, "el que actualmente muchos mercados emergentes vivan un momento de menor crecimiento no da señales de que vaya a significar un cambio de sentido de la demanda".

John Baffes está de acuerdo. "Pongamos el caso del petróleo. Independientemente de lo que baje, al final del día vamos a tener menos crudo del que teníamos antes", apunta el experto del Banco Mundial. "Eso significa que no volveremos a ver un petróleo a 10 dólares, porque ya no se puede producir a ese precio". Ahora bien, la tecnología seguirá avanzando, por lo que, más que probablemente, tampoco lo vamos a ver a 200 [dólares]". Hansen indica otro factor: "Un menor coste de la energía puede abaratar los costes de extraer materias primas".

El efecto será aún menos visible en las commodities alimentarias. "El agrícola es un mercado muy intervenido, especialmente en la Unión Europea, y los granjeros reaccionan rápido ante los cambios", afirma Stefan Vogel. "Es la población es que mueve la demanda de productos alimenticios. Y no solo es que cada vez hay más gente; es que estamos hablando de comida. Al final del día, a la hora de hacer las cuentas, es lo último que se deja de comprar, y los productos agrícolas cotizados son, precisamente, los alimentos más básicos de todos", recuerda el analista de Rabobank.
También están los cambios en la dieta de los países emergentes. Al calor de los mayores ingresos familiares, alimentos como los cereales y, sobre todo, la carne, han ganado peso en la cesta de la compra de las clases medias de los nuevos países industrializados. "Una vez se encuentra el gusto a una alimentación mejor, es muy difícil dar marcha atrás", considera Ole Hansen, de Saxo Bank.

Para Vogel, ni siquiera el mercado de los biocarburantes va a sufrir en exceso. "Hay que tener en cuenta que en muchos países hay una obligación legal de incorporar un porcentaje de productos de origen agrícola a los carburantes, así que el efecto será menor".

Pero el principal factor que sostendrá la cotización de los productos agrícolas son las incertidumbres de un mundo políticamente convulso y dependiente de una meteorología cambiante. El intermitente conflicto en Ucrania, una de las mayores regiones trigueras del mundo, ha tenido un efecto sobre el precio del cereal.

Y, sobre todo, está la incertidumbre provocada por los potenciales efectos del cambio climático. Según el Instituto de Investigación de Políticas Alimentarias (IFPRI, en sus siglas en inglés) en 2050 el efecto del cambio climático hará subir el precio de la soja hasta un 14,2% con respecto a un escenario en el que el clima se mantenga como está; mientras que la cotización del trigo se duplicará.

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Hace poco más de una década, en los albores de los gobiernos progresistas del Cono Sur, medios de izquierda, analistas y dirigentes comenzaron a nombrarlos como gobiernos en disputa. Con dicho aserto pretendían dar cuenta de la heterogénea composición de gabinetes que contenían una doble orientación: progresistas y conservadores amalgamados en un mismo Ejecutivo. Era el modo, se dijo, de asegurar mayorías parlamentarias para asentar la gobernabilidad, sobre todo en el caso de Brasil, donde el Partido de los Trabajadores no alcanzaba siquiera un quinto de la representación parlamentaria.

Han pasado más de 10 años y ya no es posible seguir hablando de gobiernos en disputa. Más que el desgastante paso del tiempo, pesan en la nueva situación las consecuencias de la crisis de 2008 y, de modo muy particular, la ofensiva de Estados Unidos contra el BRICS, centrada por ahora en Rusia con la caída estrepitosa de los precios del petróleo como arma arrojadiza.


Atravesamos un cambio de ciclo, un nuevo clima económico y geopolítico. Si es cierto que 2015 registrará el colapso completo del mundo occidental como lo hemos conocido desde 1945, como pronostica el Laboratorio Europeo de Anticipación Política, vendrá de la mano de un enorme huracán que agitará y hará temblar el planeta entero ( Geab No. 90, 15/12/14). La descomposición del sistema de gobernanza mundial de los precios del petróleo es apenas una de las más desastrosas consecuencias de dicho huracán.

De ello se derivan un par de consecuencias. La primera es que la guerra es una posibilidad real. No ya la guerra de agresión de una gran potencia contra pequeños estados periféricos, como viene sucediendo desde hace largo tiempo (Cuba, Vietnam y Nicaragua durante la guerra fría; Afganistán, Irak y Siria ahora), sino una guerra entre potencias, guerra mundial o guerra nuclear.


La segunda es que la potencia dominante no cederá su lugar sin pelear, y Occidente no dejará que Asia ocupe el lugar que le corresponde sin intentar antes hundir el Titánic, con la vana esperanza de que los pasajeros de primera clase se precipiten al mar después que los de tercera. Las clases dominantes también tienen sus utopías y en los momentos más difíciles suelen reflotarlas.

El mundo camina hacia el caos sistémico, de modo inexorable, y de ese caos puede salir un mundo mejor que el actual. En varias ocasiones hemos mencionado el papel que le cabe a los movimientos, a los pueblos organizados, en este periodo. Es evidente que aún no estamos preparados para enfrentar semejante perspectiva.

Este periodo también es un parteaguas para los gobiernos que han dado en llamarse progresistas, aunque también lo será para los conservadores. La nueva coyuntura está afectando a las economías más importantes. Brasil registra estancamiento general y fuerte retroceso industrial, agravado por el hundimiento del valor de mercado de Petrobras, la empresa más importante del país, cuyo desgobierno estratégico amenaza con arrastrar los proyectos de largo plazo del país. Es cierto que no todo lo que sucede con la empresa es responsabilidad del gobierno, pero la gestión de Dilma Rousseff no atina a resolver la situación.

En Argentina el contexto global lleva a una caída de 3 por ciento de la actividad económica, la destrucción de puestos de trabajo y un deterioro del poder adquisitivo de los salarios del orden de 10 por ciento, según el economista y diputado Claudio Lozano ( Sinpermiso, 4/1/15). Según Lozano, pese a los esfuerzos del gobierno el año pasado se cerró con un millón y medio más de pobres y medio millón más de indigentes.

Es evidente que las cosas no van a mejorar en lo inmediato. Estamos ante un momento crucial, de virajes, en el que se imponen cambios estructurales, un golpe de timón contra el capital financiero que es responsable de las dificultades mencionadas. Por eso llama la atención el nuevo gabinete que Rousseff estrenó el primero de enero. Dos de los cargos claves son una pesadilla. Joaquim Levy en Hacienda y Katia Abreu en Agricultura.


Levy es un economista neoliberal con larga experiencia en instituciones financieras internacionales y privadas, fue director del Bradesco Asset Management, de 1992 a 1999 trabajó en el Fondo Monetario Internacional y de 1999 a 2000 fue economista visitante del Banco Central Europeo. Su prioridad es un ajuste fiscal y la reducción de la inflación.


La ministra Abreu es la principal defensora del agronegocio en Brasil. Dirigió la Confederación Nacional de Agricultura, que agrupa a un millón de productores rurales. Para el Movimiento Sin Tierra, su nominación es una señal clara y explícita de que en este nuevo mandato los pueblos indígenas, comunidades afros y los sin tierra continuarán siendo tratados como trabas para el desarrollo que deben ser superadas para retomar el crecimiento (MST, 29/12/14).

El ministro de Deporte, pastor George Hilton, fue detenido con 11 maletas con dinero en un taxi aéreo, y ya cosechó el rechazo de buena parte de los deportistas. Gilberto Kassab, ministro de Ciudades, finalizó su mandato en São Paulo con la peor evaluación en décadas. Cid Gomes, ministro de Educación, del Partido Republicano del Orden Social (PROS), saltó a la fama cuando era gobernador de Pará, al declarar a los profesores en huelga que el que quiera mejor salario se vaya a la educación privada ( IG, 28/8/11).


Hay más. Eliseu Padilha, ministro de Aviación Civil, fue acusado por desvío de dinero de la merienda escolar; Edinho Araújo, de Puertos, tuvo sus derechos políticos suspendidos por inmoralidad administrativa durante su gestión en un municipio de São Paulo.

Se dice que son opciones forzadas por la correlación de fuerzas. Un argumento que vale para todo, menos para la ética y la coherencia. Habrá conflictos en Brasil en los próximos años. Los que siguen hablando de gobierno en disputa dirán que los manifestantes le hacen el juego a la derecha. ¿Qué derecha?

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Miércoles, 10 Diciembre 2014 08:40

Asesinato de un ecologista en la cumbre del clima

En las cumbres del clima que organizan los grandes gobiernos nunca se arregla el clima, pero para solaz del populacho casi siempre aparece algún cadáver indígena y amazónico. No hay nada como el asesinato de un indígena para despertar de su bostezo a presidentes, ministros, petroleros y gasistas cuando se aburren en las cumbres del clima. Pero no se despiertan. Como no se despierta José Isidro Tendentza, 47 años, que fue hallado muerto a orillas del río Chuchumbletza, en la provincia de Chinchipe, sur de Ecuador, frontera con Perú, el 3 de diciembre. El cadáver de José Isidro Tendentza estaba semienterrado y tenía los pies, el cuello y las manos atados con una cuerda azul. José Isidro Tendentza se dirigía a Lima. Y no por turismo. En Lima se celebra estos días una cumbre internacional sobre cambio climático organizada por la ONU. Y en la alternativa Cumbre de los Pueblos, el indígena shuar José Isidro Tendentza iba a presentar una denuncia contra la compañía minera Ecuacorriente ante el Tribunal de los Derechos de la Naturaleza. Quizá la denuncia de José Isidro también se encontró a orilla del río Chuchumbletza atada con una cuerda azul, que es el color de la bandera de la ONU.


Ayer, el centro de noticias de la ONU nos informaba de cómo va la cumbre del clima: "El secretario general de la ONU requirió a los Estados parte de la Convención del Cambio Climático (COP20) a arribar a un borrador equilibrado, bien estructurado y coherente que sirva de base sólida para las negociaciones con miras a un acuerdo sobre el tema el próximo año en París. Ban Ki-moon asistió hoy al segmento de alto nivel de la Conferencia sobre Cambio Climático que se lleva a cabo en Lima, Perú".


Ni una palabra sobre José Isidro Tendentza, 47 años, hallado muerto a orillas del río Chuchumbletza en la provincia de Chinchipe, sur de Ecuador, frontera con Perú, el 3 de diciembre.


Post en la página de Greenpeace de la activista Tatiana Nuño al llegar el lunes a Lima: "No os podéis imaginar cuál ha sido mi cara, cuando apenas una hora después de aterrizar en Lima, donde he venido para asistir a la cumbre de cambio climático de Naciones Unidas (COP), me entero de que la empresa petrolera Shell, organiza hoy lunes un evento dentro de la misma titulado algo así como: ¿Por qué desinvertir en combustibles fósiles, cuando un futuro de bajas emisiones de las energía fósiles es ya una realidad?".
Razones que Greenpeace alegaba en enero de 2013 contra Shell, esa deliciosa empresa que anteayer nos ilustró sobre ecología en Lima de manos de la ONU:


1. Shell no tiene ni idea de cuánto cuesta una marea negra y la limpieza del vertido. En marzo de 2012, el coordinador de emergencias de Shell en el Ártico, Peter Velez, admitió que Shell no había evaluado los costes de limpieza de un vertido en el Ártico. Los accionistas de esta empresa quedan por tanto, expuestos a enormes pérdidas financieras


2. La gabarra de Shell, el Arctic Challenger, no ha sido evaluada como "segura" por el gobierno de los EEUU, según los estándares de la Guardia Costera norteamericana. Este barco, el Arctic Challenger tiene 36 años y no podría soportar los temporales extremos del Ártico.

3. La Guardia Costera no confía en los dispersantes que Shell podría utilizar en el caso de un derrame de petróleo. En una entrevista el comandante de la Guardia Costera de los EE.UU. expresó sus dudas sobre el impacto de dispersantes en Alaska en caso de un derrame de petróleo, diciendo: "No estoy seguro de cómo se comportarán los dispersantes en las frías aguas de Alaska". Shell ha incluido el uso de dispersantes como una parte importante de su plan de respuesta a derrames de petróleo en el Ártico.


4. El buque de perforación de Shell encalló en Alaska hace pocos meses. El 15 de julio un barco de Shell de perforación, el Discoverer Noble, encalló en un puerto relativamente protegido y tranquilo de Alaska. Tanto el Discoverer Noble como el Kulluk son plataformas viejas y oxidadas y no la flota puntera de la que Shell se jacta. El Dicoverer fue construido en 1966.


5. Los buques de perforación de Shell se incendian. Como así ha ocurrdo con el Discoverer Noble.


6. El sistema que debe tapar un posible vertido de las plataformas de Shell ha fallado durante la fase de pruebas. En diciembre se reveló que ante un posible derrame de petróleo de Shell, el sistema de contención que supuestamente van a tener en el Ártico, no pudo aguantar ni siquiera la fase de pruebas.


7. El vicepresidente de la rama de Shell en Alaska ha admitido que "habrá derrames de petróleo".


8. El 31 de diciembre de 2012, la plataforma petrolera, la Kulluk, encalló frente a la costa de Alaska mientras era remolcada de vuelta al puerto de Seattle. Iba a ser una operación normal. Shell iba a transportar la plataforma de perforación Kulluk a puerto después de una malísima temporada de extracción en verano. Pero ocurrió: la plataforma acabó encallando frente a la isla de Sitkalidak, cerca de Kodiak, en Alaska.


Pero nos queda la esperanza: "El secretario general de la ONU requirió a los Estados parte de la Convención del Cambio Climático (COP20) a arribar a un borrador equilibrado, bien estructurado y coherente que sirva de base sólida para las negociaciones con miras a un acuerdo sobre el tema el próximo año en París".


Estas declaraciones tan concretas y urgentes me dejan enormemente tranquilo.


No digamos ni una palabra más sobre José Isidro Tendentza, 47 años, hallado muerto a orillas del río Chuchumbletza en la provincia de Chinchipe, sur de Ecuador, frontera con Perú, el 3 de diciembre.


José Isidro Tendentza iba a hablar contra esta gente, pero esta gente ya ha hablado.

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Latinoamérica busca un modelo. Acabada la época de la bonanza, de los crecimientos regionales del 5%, la zona ha puesto su mirada en el futuro y le ha asaltado la duda. ¿Y ahora qué? Esa es la pregunta que, como un dardo, cruza los pasillos y conciliábulos de la Cumbre Iberoamericana que se celebra en la tropical Veracruz (México). Ninguna respuesta ha logrado unanimidad, aunque en el horizonte de las discusiones se apunta a una doble fórmula: reformas estructurales de calado y un fuerte impulso de la calidad educativa. Es la receta de Veracruz.

"Tenemos que entrar en una segunda generación de políticas públicas para volver al crecimiento. Estamos ante un fin de ciclo en el entorno internacional, y la única forma de afrontarlo es con una revolución de la productividad y una explosión de la innovación", afirma la titular de la Secretaría General Iberoamericana, Rebeca Grynspan.


Ante la brusca desaceleración y el inminente fin de la financiación barata vía dólar, los mandatarios latinoamericanos siguen con atención la evolución de España y México, dos países que han acometido reformas profundas, y en algunos casos, desgarradoras. Aunque alabados por los organismos internacionales, especialmente el Fondo Monetario Internacional (FMI), ninguno puede lucir aún la vitola del triunfo. En el caso mexicano, la agenda económica ha culminado la fase legislativa, pero sin lograr la reacción esperada: el crecimiento del PIB sigue por debajo de la media de los últimos 20 años, y hasta 2015 no superará la barrera psicológica del 3%. Y en España, si bien Rajoy esgrime con orgullo el mayor crecimiento de la zona euro, (1,7% en 2015 según el FMI, el 2% o más según el Gobierno), aún ostenta el triste récord de desempleo, con un 23,64%.


No se trata de un cuadro tranquilizador. Pero a ojos de países que han visto agotarse el boom de las materias primas y renacer el espectro de las tensiones sociales, la búsqueda de políticas fuertes se ha vuelto acuciante. El riesgo de desacoplarse de las nuevas corrientes internacionales de prosperidad late cada día más fuerte. "No hemos sabido sacar provecho a la riqueza acumulada en estos años, no se invirtió donde se debía, en educación, en infraestructuras y en innovación. Y existe el peligro de perder otra vez la oportunidad. Hay que abrirse al mundo", ha señalado el presidente de Costa Rica, el historiador Luis Guillermo Solís, para quien el camino a seguir es meridiano: "Hay que apostar por las transferencias de tecnología, acabar con la monogamia mercantil y encadenarse a la economía global".

 

Esta necesidad de apertura económica coincide con un fortalecimiento de las opiniones públicas, cada vez más exigentes e informadas. La transparencia, en opinión de los expertos, se ha convertido en una necesidad. No sólo para frenar la corrupción, que gangrena el 7% del PIB latinoamericano, sino para liberar el potencial económico. Un reto al que, según Grynspan, solo se puede responder con una agenda urgente que tenga en su base una apuesta educativa fuerte, de mejora de la calidad. "El cambio se está produciendo a una velocidad sin precedentes, está en marcha una revolución con las tecnologías digitales. No serán los recursos naturales los que decidan el futuro iberoamericano, sino el capital humano", ha afirmado en Veracruz la presidenta del Banco Santander, Ana Patricia Botín, cuya entidad invertirá 945 millones de dólares en cuatro años en un programa de apoyo a proyectos universitarios en el área. El avance educativo, sin embargo, choca con muro fuertemente asentado en Latinoamérica: la desigualdad. Sólo el 9% de los alumnos procedentes del 20% de la población más pobre accede a la universidad, frente al 50% del 20% más pudiente. "Es tremendo, supone que la desigualdad se transmite por generaciones", dijo el secretario general de la OCDE, José Angel Gurría.


Pero la receta de Veracruz para acabar con esta lacra no es del gusto de todos. En el continente se está abriendo una inmensa brecha. Las ausencias en la Cumbre Iberoamericana (a última hora de este lunes, las de Brasil, Argentina, Venezuela, Bolivia y Nicaragua) marcan el perímetro de esta fractura. Brasil, con una configuración económica muy personalizada, anda enfrascada en su propio laberinto. Argentina se tambalea devorada por la recesión. Y la crisis de Venezuela se acelera tanto como sus propuestas de resolución la distancian sin remedio del eje más liberal, una de cuyas representaciones más significativas es la Alianza del Pacífico, formada por México, Colombia, Chile y Perú (36% del PIB latinoamericano). Este espacio, que ha eliminado los aranceles al 92% de los productos, está demostrando una inusitada vitalidad hasta el punto de que ya planea su expansión comercial a los países asiáticos. Unos y otros andan en direcciones opuestas.


Este distanciamiento en los ejes latinoamericanos augura una época de fricciones. Nadie duda de que sea imposible la homogeneidad en la conducción económica de un área de 605 millones de habitantes (10% del PIB mundial), pero los mandatarios saben del poder curativo de las sinergias. "El crecimiento de la economía y los intercambios comerciales entre los países de Iberoamérica son condiciones indispensables para lograr mayores cotas de bienestar, una mejor distribución de riqueza y luchar contra la lacra del desempleo", ha señalado el Rey de España en Veracruz. O dicho en palabras de la secretaria general Iberoamericana: "Si quieres ir rápido, ve solo; pero si quieres ir lejos, hazlo acompañado".

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Miércoles, 05 Noviembre 2014 07:23

La megaminería y sus resistencias

Doctora en Ciencias Sociales y Humanas y licenciada en Diagnóstico y Gestión Ambiental, Wagner estudia los procesos de movilización social de las poblaciones afectadas por los grandes emprendimientos mineros. El impacto ambiental y los conflictos.


Lucrecia Wagner es doctora en Ciencias Sociales y Humanas por la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) y licenciada en Diagnóstico y Gestión Ambiental por la Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires (Unicen). Como investigadora de Conicet, focalizó sus estudios en el análisis de la megaminería, una actividad que causa un gran impacto ambiental y genera procesos de movilización y resistencia en las poblaciones afectadas.
El desarrollo de proyectos mineros a gran escala motivados por la llegada de inversiones extranjeras se produjo en los '90, en un marco de desregulación económica y flexibilización laboral. A partir de 2005, se visibilizaron los conflictos por el dominio de los yacimientos y la problemática tomó relevancia pública.


En este sentido, la emergencia de los debates realizados en los medios de comunicación impulsó el desplazamiento de voces civiles –en el pasado, periféricas– hacia el centro de la escena social. Durante la última década, especialistas en medioambiente promovieron foros de discusión y fomentaron instancias de participación ciudadana en las diferentes regiones de la nación. Ello, en última instancia, generó la sanción de normativas restrictivas por parte de las legislaturas provinciales respecto de la actividad minera.


–¿Por qué escogió el análisis de los problemas ambientales como objeto de estudio?
–A mí, desde niña, me gustaron los temas ambientales vinculados con la ecología. De modo que cuando fui al colegio secundario hice la orientación en exactas y naturales, y la profesora de ciencias naturales me sugirió la posibilidad de realizar la licenciatura en Diagnóstico en Gestión Ambiental en Unicen. La carrera, cuando la cursé, era muy nueva; tanto es así que soy la séptima graduada. Se trata de un mix de temáticas y perspectivas que combina asignaturas como geología, recursos biológicos y geomorfología, así como también incluye materias de corte social como antropología y sociología. Ello conformó un híbrido que me ayudó a desarrollar una mirada sobre la problemática ambiental compleja y amplia. Cuando me recibí, gané la beca de Conicet y me presenté con el objetivo de estudiar conflictos ambientales en Argentina y los modos de organización y resistencia de las comunidades afectadas. Así es como comencé a observar casos de minería de canteras como ocurría en Esquel (Chubut), que significó el primer impulso para el análisis de la minería a gran escala.


–Pero, entre tantos conflictos ambientales, ¿por qué le llamó la atención la minería en particular?
–La minería me llamaba la atención porque yo advertía que se trataba de un recurso no renovable que comprometía el futuro de las generaciones próximas y que permitía ver, en especial, el modo en que las sociedades se movilizan para defender su patrimonio. Me interesaba el caso de Catamarca y el desarrollo de la minera La Alumbrera (la primera minera metalífera grande de Argentina), aunque no existía un conflicto con demasiada repercusión en 2005. Por esos años, tuve la suerte de leer un trabajo de Diego Bombal –geógrafo mendocino– sobre superposición de usos del suelo en Mendoza que me abrió la cabeza. Bombal estudiaba la proliferación de los derechos mineros durante los '90.


–Tal como ocurrió en otros ámbitos, los '90 significaron un punto de inflexión en relación con la ejecución de políticas públicas que instalaron una suerte de desregulación regulada. ¿Cómo impactó en la minería?
–En los '90 se sancionó un paquete de leyes que complementaron al Código Minero de 1884. Estas normativas resultaron muy relevantes al abrir las puertas para el desarrollo de la minería a gran escala, es decir, a la megaminería.


–La megaminería implica el desarrollo de proyectos de grandes dimensiones que demandan fuentes laborales en localidades cuyos habitantes, muchas veces, se caracterizan por no tener sus necesidades básicas satisfechas. En este sentido, ¿cuáles serían los problemas vinculados a la explotación de los recursos mineros? ¿Por qué se movilizan los vecinos?
–La primera desventaja de la megaminería en el caso argentino, a diferencia de otros países como Perú, Bolivia y Chile, es que no posee una inserción histórica. Recién en los '90 se habilita y se impulsa la llegada de inversiones extranjeras para minería a gran escala. En efecto, si bien hubo otros proyectos, no se trata de una actividad consolidada en nuestra nación. Por otra parte, al menos en los conflictos que yo estudié, lo que ocurre como denominador común es que la misma gente que se esperanzó y observó en la minería la posibilidad de conseguir un empleo y mejorar sus condiciones de vida, enseguida se decepcionó al notar que los puestos prometidos nunca fueron efectivamente otorgados. La Alumbrera, en este sentido, representa un antecedente y un ejemplo de esa desilusión, al ver la realización de inversiones millonarias y ganancias de las que los ciudadanos nunca participan. Por último, también, tiene importancia el desarrollo de las comunicaciones a través de Internet. Incluso en 2002 ya existían ciertas redes que permitían recolectar información de anteriores manifestaciones como producto de conflictos en naciones vecinas. Experiencias previas de contaminación que fluyen y se dinamizan, que logran ser comunicadas y sirven como antecedente y como pistas para emprender acciones de resistencia.


–En relación con el impacto ambiental, ¿cuáles son las principales desventajas de la megaminería? Tengo entendido que se utilizan grandes volúmenes de agua...
–Sí, se utilizan grandes cantidades. Los yacimientos se localizan cerca de las nacientes de agua y los pobladores de la zona, en general, tienden a vincular el sitio donde esas mineras se instalan con la contaminación de las fuentes de agua. Ello, por supuesto, pone en riesgo a las comunidades que consumen el recurso.


–¿Qué ocurre respecto de la deforestación?
–Las empresas mineras actuales no necesitan encabezar procesos de deforestación porque se localizan en zonas de altura donde no existen árboles. Por ello, el principal problema por el que la gente se moviliza es el agua. De todos modos, vale subrayar que la minera necesita de una infraestructura que puede causar otros impactos ambientales asociados, como voladuras –que implican contaminación– y materiales necesarios para el traslado de sustancias requeridas para procesar esos minerales.


–¿Qué cauces siguen las convocatorias y las manifestaciones de los vecinos de las zonas afectadas?
–En la mayor parte de los casos se trata de gente que vive en las localidades perjudicadas que comienza a observar movimientos extraños. En general, son pueblos chicos y el cambio de dinámica que demanda la construcción de nueva infraestructura en sitios que no son demasiado poblados genera una preocupación. Se empieza a ver personas que no son del pueblo, grupos de trabajadores contratados que llegan a los yacimientos. Al principio, la posibilidad de nuevos puestos de trabajo promueve la gestación de grandes ilusiones que se caen conforme pasa el tiempo. Como dije antes, no son entregados todos los empleos que en un inicio son prometidos. En este sentido, los vecinos se reúnen, buscan información acerca de la empresa minera que explotará el yacimiento y se forman asambleas de discusión. En Chubut, por ejemplo, dio lugar a la formación de los Vecinos Autoconvocados de Esquel (2003) como el primer antecedente de este tipo de organizaciones que, luego, se desarrollarán en el país.


–De todas maneras, lo que observaba cuando leía sobre sus investigaciones es que cada provincia elige sus modos de proceder respecto de la explotación o no de los yacimientos...
–Sí, claro. Son las provincias las que tienen la decisión de aprobar o no estos proyectos mineros de acuerdo con la Constitución Nacional. En su artículo Nº 124, la Carta Magna señala que el dominio de los recursos naturales es provincial. En ellas y, sobre todo, en las secretarías de Medioambiente recae la responsabilidad de otorgar los permisos para que los planes de minería a gran escala se desarrollen.


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Publicado en Medio Ambiente
Miércoles, 15 Octubre 2014 07:31

Activista y reo

Desde la cárcel ha puesto en jaque al establishment. Sin poder hacer campaña por estar recluido en una cárcel de Lima desde hace más de tres meses y con los medios en contra, Gregorio Santos, actual presidente regional de Cajamarca (cargo similar al de gobernador en Argentina), fue reelegido el 5 de octubre por un amplio margen: 44 por ciento contra 18 por ciento del segundo. Esta victoria del fundador del izquierdista Movimiento de Afirmación Social (MAS) y líder de las movilizaciones campesinas que han paralizado un millonario proyecto minero en Cajamarca, que representa un contundente triunfo de esta protesta social, ha descolocado a la derecha política, al poder económico y a los medios de comunicación, que se la han jugado por la defensa de la cuestionada mina. El gobierno ha sido otro derrotado con este resultado.

 

Maestro de escuela de 48 años, integrante del sindicato de profesores y miembro de las Rondas Campesinas, el movimiento social más importante de esta región mayoritariamente rural ubicada a unos 800 kilómetros al noreste de Lima, Goyo, como es conocido popularmente Gregorio Santos, fundó en 2010 el MAS, movimiento regional ligado al partido maoísta Patria Roja, del que proviene Santos. Ese año ganó las elecciones regionales con el 30 por ciento. El profesor Santos emergió desde la presidencia regional de Cajamarca como líder de las protestas que han detenido el proyecto minero Conga, con el cual la empresa Yanacocha, de capitales norteamericanos y peruanos, la minera aurífera más grande de Sudamérica y la segunda del mundo, pretende ampliar sus actividades en Cajamarca, donde opera desde 1993.


Los campesinos se han movilizado contra el proyecto Conga para explotar oro y cobre a tajo abierto, por su alto costo ambiental y por amenazar su abastecimiento de agua. La mina destruiría cuatro lagunas y el ecosistema de manantiales, ojos de agua y bofedales que las rodean, que la empresa pretende reemplazar por dos reservorios artificiales de agua que ella manejaría. Las movilizaciones contra Conga y la poderosa Yanacocha han sido duramente reprimidas, con un saldo de cinco muertos.


"En la base de esta protesta está la lucha por el agua, los graves pasivos sociales y ambientales que ha dejado Yanacocha en veinte años y una mala relación de la empresa con la población, marcada por la prepotencia. Después de más de veinte años de minería, Cajamarca no ha evolucionado, sigue siendo una región muy pobre (el 53 por ciento de la población de Cajamarca vive en la pobreza)", le señaló a Página/12 José de Echave, de la ONG CooperAción, quien fue viceministro de Ambiente en los primeros cuatro meses del gobierno de Humala y que dejó el cargo por sus críticas al proyecto Conga.


En junio de este año, Santos fue encarcelado acusado de recibir un soborno de unos 300 mil dólares de un empresario para realizar obras en la región. Goyo niega los cargos. El Poder Judicial ordenó su detención cuando el caso todavía está en la etapa de investigación, argumentando que existe riesgo de que se fugue. Sin embargo, Santos había acudido a las citaciones que se le habían hecho y era candidato, con lo que el argumento de peligro de fuga no parece sostenerse. Lo que ha quedado en el ambiente es la sensación de una detención para intentar sacar de la carrera electoral al candidato que representaba la oposición al millonario proyecto minero. Pero lejos de sacarlo del escenario, la cárcel lo ha fortalecido como líder regional y opositor a la minera Yanacocha.


"La votación en Cajamarca que le ha dado el triunfo a Santos ha sido contra Conga y el significado negativo de la minería para esta región en estos últimos veinte años y a favor de una economía más diversificada, con agricultura, ganadería, turismo, en la cual la minería puede tener un espacio, pero no el espacio casi excluyente que se le ha querido dar. Si alguien pensaba que el proyecto Conga podía tener licencia social, con este resultado electoral es evidente que no tiene viabilidad", asegura José de Echave. La empresa ha expresado su intención de seguir adelante con el proyecto minero por ahora paralizado, el cual le daría una utilidad de 15 mil millones de dólares. "Si se sigue adelante con este proyecto tendríamos un fuerte conflicto social", advierte De Echave.


Sin poder ocultar la dureza del golpe recibido y con un alto grado de intolerancia, voceros de la derecha económica y política ocupan amplios espacios en los medios buscando "culpables" por un resultado electoral que no logran digerir, redoblando sus ataques contra el triunfante Santos, descalificando como "desinformados" o "ignorantes" a los electores de Cajamarca por el sentido de su voto, proponiendo limitar el poder de las regiones y prohibir la reelección de los presidentes regionales, pedido al que se ha sumado el gobierno, y esforzándose en una defensa, casi post mortem, del cuestionado proyecto minero Conga. Algunas reacciones han bordeado la histeria.
Los seguidores de Santos han anunciado movilizaciones para exigir la liberación del reelecto presidente regional. Liberación que no implicaría anular el proceso judicial por supuesta corrupción en su contra, sino que el mismo continúe, pero con Santos en libertad. El Poder Judicial ratificó esta semana la "detención preventiva" de 14 meses contra Santos, con lo que no podría asumir la presidencia regional el 1º de enero de 2015. En ese caso, asumiría el cargo su electo vicepresidente, Porfirio Medina, también del MAS, quien ha ratificado la oposición de su agrupación y del gobierno regional a la continuidad del proyecto minero Conga.

Publicado en Internacional

Por segundo año consecutivo, las exportaciones de Latinoamérica prácticamente se mantendrán estancadas. El año pasado se contrajeron el 0,2% y en 2014 subirían apenas el 0,8%, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). El comercio exterior explica en parte la desaceleración de la economía regional y obedece al abaratamiento de los precios de las materias primas, en especial las mineras, pero también de los alimentos. Así como al bajo dinamismo de la demanda del mercado latinoamericano y europeo.

A su vez, la caída de las cotizaciones de los productos básicos responde a la desaceleración del aún rápido crecimiento de China y al excedente de oferta que responde a años de altos precios. Las exportaciones de Brasil caerían este año el 3,4%, según la CEPAL. China, EE UU, Argentina y Alemania son los principales destinos de sus productos.

Así como Sudamérica sufre por la caída de los precios de las materias primas, México y Centroamérica se benefician por la recuperación de EE UU. Las exportaciones mexicanas se expandirían el 4,2% en 2014, según esta comisión. El 70% de los bienes que México destina al extranjero va a EE UU, en general productos de la maquila (ensamblaje de piezas importadas)


Argentina, con perspectiva de caída del PIB, exportaría este año un 10,1% menos, por la recesión de Brasil, principal destino de sus exportaciones manufactureras —en especial coches—, y por la bajada del precio de los alimentos. Los agricultores han guardado casi la mitad de la cosecha de soja en silos a la espera de una mejora de las cotizaciones.
Colombia padecería una merma del 4,4% en las ventas al extranjero, sobre todo por menor demanda dentro de la región y EE UU. A Colombia, que exporta sobre todo petróleo, carbón, oro y café, le afecta la crisis de Venezuela y el abaratamiento de las materias primas, que incluye la moderación del alto precio del crudo.


Las exportaciones de la petrolera Venezuela apenas caerían el 0,9%. A los países mineros de Chile y Perú tampoco les iría mejor: el primero elevaría el 0,1% sus ventas externas y el segundo las recortaría en un 10,2%. Ambas economías están desacelerando su crecimiento. Chile se diferencia de Perú en el hecho de que entre sus principales exportaciones aparecen algunos productos más elaborados, como pasta de madera y vino.

Publicado en Economía

Luego de tres años de vigencia del TLC entre Colombia y Canadá, vale la pena evaluar el tipo de inversión y el comportamiento de las empresas canadienses en nuestro país, para ver si este TLC ha ayudado a mejorar las garantías en materia laboral y socio-cultural en dichas empresas. Con esa intención, la ENS hizo un estudio sobre el cumplimiento de las responsabilidades contraídos por ambos gobiernos dentro del TLC, y de los acuerdos paralelos que se firmaron en respuesta a los cuestionamientos por la falta de medidas claras de protección a los derechos humanos.

El estudio analiza igualmente el desempeño de las empresas más exitosas de Canadá en Colombia, especialmente en el sector minero-energético, en cuanto a sus ingresos y utilidades, pero también en su comportamiento laboral y en cuanto a las garantías de protección de los derechos humanos y del medio ambiente.

 

Canadá y su industria extractiva

 

La minería y los hidrocarburos implican explotaciones a gran escala, altamente tecnificadas, por lo que generan pocos empleos: no participan sino con el 1,1% del empleo total del país (238 mil empleos en 2012), además con una pésima distribución de los excedentes entre los trabajadores, al tiempo que ofrecen jugosos ingresos para sus dueños y accionistas. Por su parte, la industria contribuye con el 13% de todos los empleos del país y el sector agropecuario con el 18%. Dicho de otro modo: entre 2000 y 2012, años donde subió notoriamente la economía extractiva, la agricultura generó casi 3 veces más empleo que la minería, y la industria manufacturera generó más de 6 veces.

Canadá es uno de los países que más concentra capital minero. De hecho la mitad de todo el capital minero del mundo se encuentra en las bolsas de Toronto y Vancouver. No sorprende, entonces, que la inversión canadiense se concentre en el sector minero-petrolero. 35 de las 52 empresas canadienses en Colombia se dedican a actividades de exploración, extracción y distribución de minerales e hidrocarburos, más que las empresas procedentes de otros países. Ver gráfico: 

 

Distribución sectorial de las empresas canadiense  (%)

 

Fuente: Rastreo y cálculos propios

 

De las 35 empresas canadienses enfocadas en la exploración, extracción y/o distribución de minerales e hidrocarburos, 22 se especializan en la exploración y extracción de oro y otras minerales (excluyendo el carbón) que generan pocos ingresos por concepto de regalías.

Si separamos las 10 empresas canadienses con mejor desempeño económico en 2013, vemos que es contundente la concentración de las actividades de minería y extracción y transporte de los hidrocarburos como fuente de riqueza y utilidades empresariales. Ver cuadro:

 

Las 10 empresas canadienses más grandes (por ventas en 2013 y 2010)


 

Como se ve, 9 de los 10 primeros puestos de empresas canadienses en Colombia, medidos por ventas, los ocupan compañías relacionadas con hidrocarburos. Y se ve que los ingresos operacionales de las dos primeras: Pacific Rubiales Energy y Meta Petroleum, aumentaron exponencialmente. En Colombia Pacific Rubiales se ha ido abriendo camino a velocidad feroz en el sector de los hidrocarburos, tanto expandiendo la producción y los bloques de exploración, como adquiriendo otras empresas petroleras canadienses.

Pero además, Meta Petroleum, al igual que Pacific Stratus Energy y Petrominerales, son de propiedad de Pacific Rubiales Energy, que es, después de Ecopetrol, la segunda petrolera más grande del país, cuya producción ha tenido un incremento colosal en años recientes. En 2007 producía menos de 25 mil barriles diarios (1), y a mitades de 2013 producía más de 250 mil barriles por día, en Campos de Rubiales y Quifa (2) . Adicionalmente, tiene 40 bloques exploratorios en Colombia, tres más en Perú y dos en Guatemala.

Sólo una de la lista: la Gran Colombia Gold, se dedica a la exploración y extracción de oro y plata, después de concretar su fusión con Medoro Resources (otra minera de procedencia canadiense) que tiene minas en Antioquia (Segovia y Titiribi) y en Caldas (Marmato). Al igual que la gran mayoría de las empresas canadienses dedicadas a la extracción de oro y otros minerales preciosos, Gran Colombia Gold aún está lejos de acumular las ganancias prometidas debido al poco tiempo que lleva en el país, y a que aún está en procesos de exploración. Se espera que en próximos años sus ventas se incrementen al punto de competir con los ingresos de las petroleras canadienses con presencia en Colombia.

 

Derechos laborales: un discurso al vacío

 

La vulnerabilidad de los derechos laborales y sindicales en Colombia y su recurrente violación, fueron las principales razones de la oposición a los TLC, tanto con Canadá como con Estados Unidos y la Unión Europea. En respuesta a estos cuestionamientos, los gobiernos de Colombia y Canadá acordaron crear herramientas que, supuestamente, ayuden a que las empresas canadienses garanticen los derechos humanos básicos, entre ellos los laborales.

Este acuerdo plantea 3 retos: proteger, ampliar y hacer efectivos los derechos básicos de los trabajadores; fortalecer la cooperación en materia laboral entre ambos países; y avanzar en los compromisos internacionales laborales que cada país tiene. Asimismo, reafirma las obligaciones de cumplir los convenios de OIT, y propone que empleadores y trabajadores establezcan diálogos con el "fin de mantener un ambiente laboral justo, seguro y sano".

El acuerdo subraya la protección de 6 derechos laborales: libertad de asociación y derecho a la negociación colectiva, e incluye el derecho de huelga; eliminación de todas las formas del trabajo forzoso; abolición del trabajo infantil; eliminación de todas las formas de discriminación laboral; condiciones aceptables de trabajo con respecto al salario mínimo, jornada laboral, salud y seguridad ocupacional; otorgar a los trabajadores migrantes la misma protección legal que a los nacionales de cada país respecto a las condiciones de trabajo.

Otra herramienta es la evaluación de los impactos en materia de derechos humanos. Ambos gobiernos se comprometieron a adelantar reportes cada año, como una manera de asegurar que no haya retrocesos en esta materia, bien por las cláusulas y reglas del TLC, o por la actuación indebida de las empresas canadienses o colombianas.

Estos mecanismos y herramientas pueden sonar convincentes, pero, como la historia nos enseña, los discursos pueden divergir significativamente de las prácticas, y sobre todo de la voluntad concreta de las partes interesadas. El reporte del gobierno canadiense dice que tras la implementación del TLC las exportaciones de Canadá hacía Colombia en sectores que fueron liberalizados, crecieron más que las exportaciones colombianas hacían Canadá. Y aunque el reporte menciona que hubo dos sumisiones sobre asesinatos de sindicalistas y represión de activistas laborales y sindicalistas, percibidos como "obstáculos al desarrollo de los sectores de minería, hidrocarburos y la industria agrícola", pero que ninguna de esas sumisiones "ofrece un análisis de los cambios en las situación de derechos humanos, ni tampoco pudieron demostrar un vínculo entre el goce y respecto por los derechos humanos y las reducciones arancelarias de Canadá asociadas con la implementación del TLC".

El reporte también hace énfasis en uno de los proyectos que busca mejorar el Diálogo Social, la Salud Ocupacional y la Seguridad Industrial en el sector de minas. Pero está ubicado en La Guajira, departamento donde no existe actividad minera significativa por parte de una empresa canadiense. ¿Por qué no se desarrolló este proyecto en zonas de influencia de capital canadiense, donde existen múltiples conflictos de tipo socio-cultural, ambiental y laboral que involucran empresas mineras canadienses?

En cuanto a la violencia antisindical, según la base de datos de la ENS, entre el 1º de enero de 2013 y el 15 de agosto de 2014 se registraron 45 casos de violación a la libertad personal e integridad física de sindicalistas afiliados a la USO, entre ellos 2 homicidios y 29 amenazas. Lo que demuestra lo riesgosa que sigue siendo la actividad sindical en el sector petrolero, que es uno en los que hay más presencia de empresas canadienses. Especialmente en la zona de Puerto Gaitán, Meta, donde es casi completo el dominio de la empresa más lucrativa de Canadá en Colombia: Pacific Rubiales Energy. En los últimos 3 años (tiempo que coincide con la vigencia del TLC con Canadá) en esta zona la USO sufrió 24 violaciones a sus afiliados y dirigentes, entre amenazas, hostigamiento, detención arbitraria y un homicidio.

La detención de Héctor Sánchez Gómez, Campo Elías Ortiz y José Delio Naranjo Gualteros, dirigentes y activistas de la USO, habla de la precariedad de los derechos sindicales en una zona bajo influencia política y económica de Pacific Rubiales. Fueron retenidos 75 días por orden de un fiscal, acusados de secuestro, amenazas, violación al derecho al trabajo y obstrucción de vías públicas. Luego todos fueron puestos en libertad por un juez de garantías de Bogotá. No obstante Darío Cárdenas, vicepresidente de la seccional sindical, sigue retenido bajo los mismos cargos. Hoy se utilizan las normas penales para perseguir a dirigentes sindicales y no para proteger la actividad sindical.

A pesar de que la USO no tiene afiliado ningún trabajador de Pacific Rubiales, en la zona donde esta petrolera canadiense opera enfrenta 32 procesos penales en contra de sus dirigentes, afiliados y activistas, todos por acciones de protesta frente a la negativa de Pacific Rubiales de aceptar la afiliación sindical y la negociación colectiva en Campo Rubiales.

La seriedad de las violaciones de la Pacific merece un compromiso concreto gubernamental para lograr la resolución de estos conflictos, el castigo de los responsables (incluyendo la empresa), y una reparación integral al sindicato y sus afiliados (y sus familias) personalmente afectados por estas violaciones.

 

Sindicatos brillan por su ausencia en empresas canadienses

 

La presencia sindical y la existencia de la negociación colectiva en las empresas canadienses presentes en Colombia, en su gran mayoría del sector minero-energético, deja bastante que desear. En las 52 empresas solo existen 3 sindicatos (el 5,8%). Y más preocupante aún: sólo uno de ellos, Sintramanisol, de la empresa Bata Footwear, logró negociar y firmar convención colectiva de trabajo (CCT).

El sindicato Sintraminenergética ha logrado incidir en el entorno de la minería de oro en Marmato y Segovia, donde opera Gran Colombia Gold, pero sin lograr la firma de una CCT. En el caso de Colpatria (en socio con ScotiaBank) hay un claro acento antisindical, con la utilización de un pacto colectivo como mecanismo para asegurar que no nazca ni crezca la organización sindical.

El sindicato UTEN fue creado por acuerdo de puerta cerrada entre la gerencia de Pacific Rubiales y dirigentes de la CGT, para lograr que la USO se quedará por fuera de la empresa, y por ende de Campo Rubiales. Este sindicato no ha negociado ninguna CCT, al contrario, como compensación por crear un sindicato no conflictivo, la empresa firmó un Acuerdo Laboral que da algunas dádivas a los trabajadores que se unieron a la UTEN.

En conclusión, por fuera de la publicidad que contra en los grandes medios, empresas canadienses como Pacific Rubiales, patrocinadora de la selección nacional de fútbol, siguen existiendo muchas prácticas explícitas e implícitas antisindicales que van en contra de los derechos laborales.

A continuación se reseñan 15 casos en los cuales los proyectos de inversión minera y petrolera de compañías canadienses implican conflictividad con el medio ambiente y las comunidades:

 

Caso REM Forest

 

La abundancia de recursos forestales y de biodiversidad hace del Chocó una región atractiva para la inversión extranjera. Allí fijó sus intereses la multinacional canadiense REM Forest, cuyo principal accionista es el billonario Frank Giustra, un corsario financiero a quien el gobierno Uribe, a través de Codechocó, le concedió licencia para explotar durante 15 años más de 5 millones de metros cúbicos de madera en la zona de Bahía Solano, lo que representan unos US$1.500 millones. Esta compañía tiene vínculos financieros con Pacific Rubiales, Medoro Resources, Alange Corp y Gran Colombia Gold. Es decir, se trata de un proyecto de envergadura que vincula la madera con el oro y el petróleo (3).

El proyecto REM Forest preveía la explotación de 44.596 hectáreas de selva, ubicadas todas al interior del consejo comunitario Los Delfines, lo que suponía la explotación del 70% del territorio comunitario (4) . Para lograr el aval de la comunidad la empresa ofreció al Consejo Comunitario el 10% del costo de explotación, más regalos velados y sobornos al parecer. Pero las consecuencias ambientales y sociales de esta explotación maderera eran tan considerables, que el Ministerio del Medio Ambiente reversó la licencia ambiental, por lo que la empresa canadiense abandonó el país, dejando una estela de destrucción forestal en la zona, donde construyó carreteras, redes eléctricas, campamentos e incluso helipuertos, daños por los que la empresa no ha respondido.

 

Proyecto Caramanta

 

Caramanta es un municipio del suroeste de Antioquia, en límites con Marmato, cuya vocación histórica es la agricultura. Pero desde el 2008, tanto Caramanta como los municipios vecinos de Jardín y Támesis, vienen siendo objeto de la avanzada inversionista de 4 empresas canadienses: Caramanta Conde Mine, Solvista Gold Corp., Medoro Resources, B2 Gold Corp.; una empresa sudafricana (Anglo Gold Ashanti), y un sinnúmero de empresarios particulares.

El territorio de Caramanta es de 9.408 hectáreas, y 5.199 de ellas presentan titulación minera, y otras 2.414 están en solicitud de licencia. Tal irrupción inversionista minera, que se ha hecho mediante la compra de propiedades en gran escala y a precios irrisorios, la ha facilitado la concentración de la propiedad: el 0.46 de los propietarios posee el 45% de la tierra. Y las multinacionales canadienses tienen 1.122 hectáreas tituladas, el 12% del territorio.

De suerte que en Caramanta la disyuntiva es inequívoca: o el pueblo o las minas. Lo que provocó la reacción de la comunidad agremiada en la Asociación Agropecuaria de Caramanta, y en el Cinturón Occidental Ambiental (COA). Lograron la intervención de Corantioquia, que en mayo de 2012 ordenó suspender actividades a la minera canadiense Caramanta Conde Mine, porque realizaba actividades no avaladas por la entidad ambiental, como el uso de fuentes hídricas, construcción de vías y de un helipuerto. Un pequeño triunfo que sin embargo no frena la iniciativa empresarial minera comandada por las empresas canadienses.

 

Proyecto Dojurá (Chocó)

 

Dojura es un municipio enclavado en la selva chocoana, tierra poblada por comunidades indígenas y negras, que desde 1999 busca la titulación colectiva de 172.000 hectáreas, a las cuales tienen derecho en virtud de la Ley 70 de 1993. En septiembre de 2011 les fueron concedidos a 43 consejos comunitarios agremiados en Cocomopoca la propiedad grupal de 73.000 hectáreas, el 42% del territorio reclamado.

El problema es que de las 86.000 hectáreas tituladas por el gobierno a la multinacional sudafricana Anglo Gold Ashanti, en asocio con la canadiense Continental Gold (5), 55.000 se ubican al interior del territorio concedido por el gobierno a las comunidades afro descendientes. Más aún, incluye el cerro Dojura, considerado por los habitantes como lugar sagrado.

Así se ha configurado un triple conflicto, frente al cual tanto AGA como Continental Gold, que se encuentran en la etapa de exploración, han guardado un cauteloso silencio, que preserva sus interesas en proporción inversamente proporcional a la disminución de los derechos colectivos de la comunidad.

 

Zona del piedemonte llanero

 

En los últimos años el piedemonte llanero se ha convertido en una de las zonas claves para la actividad petrolera. La cuenca de los llanos orientales y la del piedemonte suman 28.5 millones de hectáreas, de las cuales 5,7 millones (el 20%) ya fueron entregadas por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) en convenios de exploración y explotación a varias empresas.

En diciembre de 2013 Ecopetrol, en asocio con la canadiense Talisman Energy, anunciaron la comercialidad del proyecto Akacías, en el bloque CPO-09, con reservas estimadas de 1.300 millones de barriles de petróleo (6). Talisman Energy participa con el 45% de la explotación de este bloque, y con el 50% en el bloque CPEB. Metapetroleum, filial de Pacific Rubiales Energy, opera a su vez con el 70% del bloque Quifa. Y Parex Resources participa con el 50% del bloque Capachos y con el 100% del bloque Cabrestero.

El problema es que del piedemonte llanero fluyen las aguas que abastecen 7 municipios: Acacías, Castilla la Nueva, Cumaral, Cubarral, Guamal, San Martin y Villavicencio, donde viven 620.500 personas. Pese a los reportes maquillados de las empresas vinculadas a este macroproyecto petrolero, las consecuencias ambientales no se han hecho esperar. Desde el 2010, solo en los proyectos bloque CPO-09 y bloque Llanos 36 3D, se han reportado serios efectos ambientales, frente a los cuales las comunidades reaccionaron con múltiples acciones colectivas, que incluyen bloqueos de empresas contratistas, tomas de vías y una audiencia pública ambiental en Guamal, en octubre de 2013. Así lograron dar la voz de alerta, por lo que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) negó en primera instancia autorización para la explotación del bloque 36 3D, a cargo de la firma colombiana Montecz, quedando en firme el bloque CPO-09, en el que participa Talisman Energy, y otros vinculados a Talisman y Metapetroleum.

Con todo, el área protegida por la autoridad ambiental es apenas una minúscula fracción del territorio, por lo que el conflicto persiste y afecta a más de medio millón de habitantes de la zona.

 

Explotación petrolera en Casanare

 

A principios de este año se registró en el departamento del Casanare una sequía de grandes proporciones, que produjo la muerte de más de 20 mil animales, entre ellos 6 mil chigüiros. Y ello ocurrió en la Orinoquía, la segunda fuente de agua subterránea dulce del país. En julio los habitantes de Yopal, capital de Casanare, realizaron una protesta cívica porque llevan 3 años sin suministro de agua.

Aunque aparentemente la crisis del agua no tiene que ver con la inversión petrolera canadiense en Casanare, en realidad sí tiene relación. Este departamento, y el Meta, son los mayores productores de petróleo en el país, y por lo mismo son objeto de un gigantesco feriado de licencias para su explotación, las cuales han tomado a manos llenas las multinacionales canadienses Canacol Energy, Alange Energy Corp, Pacific Rubiales Energy y Parex Resources. Para 2014 en esta región había concesionadas un total de un millón de hectáreas, 850.000 en fase exploratoria y el resto en fase de producción. Y se van a concesionar más licencias para exploración y explotación petrolera por medio de Fracking, que es una técnica que implica actividad sísmica y uso intensivo de agua, y por tanto puede generar una catástrofe ambiental.

De hecho los habitantes de Tauramena, otro municipio de Casanare con proyección petrolera, preocupados por los pasos de animal grande que sienten venir, decidieron realizar una consulta popular para impedir la explotación petrolera. El 98% votó en contra de la misma.

 

Proyecto Marmato (Caldas)

 

Marmato se asienta en una montaña llena de oro, por lo que sus 9.000 habitantes viven de horadar la tierra para extraer el mineral que constituyen su sustento. Por eso mismo es un campo de conflicto, donde la comunidad trata de sobrevivir frente a la multinacional canadiense Gran Colombia Gold, que a toda costa busca apropiarse de la montaña para sacarle el oro, que se calcula en cerca de 7 millones de onzas, y 59 millones de onzas de plata (7).

Se trata de un proyecto de minería a cielo abierto que involucra el uso de potentes explosivos, químicos peligrosos como el cianuro, la deforestación y devastación de toda la zona, y el uso del agua, en perjuicio de la comunidad. Por ello la comunidad reunida en el Comité Pro-Defensa de Marmato y el Consejo Regional Indígena del Cauca, se ha resistido a entregarle la montaña a la multinacional canadiense, con lo que se ha desatado una silenciosa disputa, que tuvo su punto álgido con el asesinato del sacerdote José Reinel Restrepo, quien había declarado que sólo muerto lo sacarían del pueblo.

Pese a que los mineros de Marmato no se han dejado sacar de la empresa y se han mantenido en la parte alta de la mina, y a que el Concejo Municipal en 2011 prohibió la mina a cielo abierto, el conflicto persiste. Por un lado, el gobierno nacional ha buscado mecanismo para impedir que comunidades y gobiernos locales se opongan a proyectos mineros, por ser de "interés nacional"; y por el otro la multinacional canadiense sigue buscando mecanismos de irrupción en la parte alta de la montaña, a la vez que mantiene la explotación minera en la parte baja.

 

Proyecto Angostura, Páramo de Santurbán

 

El páramo de Santurbán se ubica entre los departamentos de Santander y Norte de Santander, en un área de 142.610 hectáreas. Es un complejo de enorme riqueza de aguas, biodiversidad, fauna, flora y recursos minerales. Además, es una zona de recarga y regulación hídrica estratégica. 48 municipios de ambos departamentos, donde viven 2.3 millones de personas, se abastecen del agua proveniente de 5 quebradas, 2 ríos y 10 lagunas. Según la empresa de acueducto de Bucaramanga, los efectos de la explotación minera sobre el suministro de agua suponen un serio peligro.

La parte correspondiente a Santander, entre los municipios de Vetas y California, es un sitio rico en minerales, especialmente oro y plata, por lo que una parte de sus habitantes se dedica a la pequeña minería de subsistencia. La llegada de la multinacional canadiense Greystar (ahora Eco Oro) dio pie a un conflicto que se expande a todo el departamento. Claro que esta empresa sólo cuenta con la titulación del terreno, y desde 1995 ha invertido más de 140 millones de dólares sin extraer ni un gramo del metal.

Greystar tiene 36 mil hectáreas asignadas, que hacen parte del páramo de Santurbán, cuyas reservas se estiman en 9 millones de onzas de oro y 59 millones de onzas de plata. De ahí que a septiembre de 2010 sus acciones tenían ganancias en la bolsa valoradas en 266 millones de dólares. Greystar parece que no está en el negocio de la explotación minera sino en el de la especulación financiera.

Ante el abandono estatal, la estrategia de la empresa canadiense es ganarse a la población supliendo parte de sus necesidades. Financió la estación de radio del municipio de Vetas, el jardín infantil, el colegio y el coliseo principal de California, además de prometer la pavimentación de los municipios hasta Bucaramanga.

Ante la presión de la sociedad civil, Greystar decidió retirar la solicitud de explotación minera, aunque meses después (en septiembre de 2011), y luego de cambiarse el nombre a Eco Oro, la volvió a solicitar. En el interregno, las autoridades ambientales actuaron en defensa del páramo, y el proyecto se encuentra paralizado (8), pero la latencia del conflicto continúa.

 

Proyecto Gramalote, Antioquia

 

El proyecto Gramalote se ubica en el oriente de Antioquia y cobija 6 municipios: San Roque, Santo Domingo, Cisneros, Maceo, San Rafael y Yolombó, donde se estima que las reservas de oro pueden llegar a 2.39 millones de onzas. Se trata de un proyecto de riesgo compartido entre la multinacional sudafricana Anglo Gold Ashanti y la empresa canadiense B2 Gold.

La multinacional Anglo Gold Ashanti es una compañía con pésimo historial, no sólo medioambiental sino también en Derechos Humanos. En el caso colombiano, llaman la atención 3 fenómenos: el primero es el vínculo "raramente" causal entre la llegada de la multinacional y la presencia de grupos paramilitares, lo que explicaría por qué éste es uno de los pocos proyectos en el que la resistencia de las comunidades ha sido nula: las secuelas de la violencia y el miedo han impedido cualquier forma de organización. El segundo es la adquisición de títulos en zonas protegidas, especialmente páramos. Y el tercero es la puerta giratoria que existe entre el gobierno y puestos de dirección en la multinacional. El director operativo del proyecto estuvo encargado de Ingeominas, la entidad que concedió la titulación a AGA y a B2 Gold (9).

Este proyecto se encuentra en etapa de estudios de factibilidad, y está pronto a comenzar operaciones de explotación, presumiblemente bajo el modelo de mina a cielo abierto. Las consecuencias medioambientales y de seguridad alimentaria en una zona cuya base económica es la agricultura de subsistencia, no se harán esperar. Pero bajo la sombra del miedo, es posible que dichos efectos no aparezcan en toda su dimensión sino cuando los daños sean irreparables.

 

Proyecto La Vega-Mocoa, Cauca y Putumayo

 

El Macizo Colombiano es la principal "fábrica de agua" del país". Surte el 70% de los acueductos de Colombia, lo que da cuenta de su enorme importancia estratégica, al punto que la Unesco lo declaró reserva de la biósfera. Alberga 15 páramos, varios volcanes y 65 lagunas. Tiene 3 millones 200 mil hectáreas, de las cuales cerca de la mitad son bosques y 200 son áreas de páramo.

Allí se encuentran La Vega (Cauca) y Mocoa (capital de Putumayo), municipios que se caracterizan por una fuerte agricultura de subsistencia minifundista, de la que viven 45.000 personas, además en medio de conflicto armado entre las guerrillas, el ejército y los paramilitares. En esta zona, al igual que en el conjunto del Macizo Colombiano, avanza avasalladora la gran minería transnacional, capitaneada por la multinacional Anglo Gold Ashanti. También participan las canadienses Continental Gold y B2 Gold, ésta última en asociación con la primera.

Estas empresas pretenden extraer principalmente oro y cobre en La Vega, y Molidebno y cobre en Mocoa, todo ello en un terreno de 13.654 hectáreas. Pero se han topado con la fuerte oposición de la comunidad indígena, campesina y afrodescendiente, pues supondría la desaparición, no sólo de la economía campesina de subsistencia sino también de los pueblos mismos; esto porque el proyecto, junto a otros que se desarrollan en la región, abarcan un altísimo porcentaje del territorio. Por ello el proceso de explotación minera avanza lentamente, y por tanto el conflicto aún no ha virado de su etapa de latencia a la fase de abierta confrontación.

 

Quinchía, departamento de Risaralda

 

Quinchía se encuentra ubicado al occidente de Risaralda, y hace parte del llamado cinturón del Cauca Medio, una de las zonas más ricas en minerales, en la que también se halla Marmato y la gran reserva de oro de La Colosa, Tolima. Es un municipio de vocación agrícola, y como complemento económico hay unos 2.000 mineros informales que realizan labores artesanales de filón, aluvión y barequeo.

En el 2007 la Anglo Gold Ashanti, que entró a Quinchía en 2003, le vendió sus títulos a la canadiense B2 Gold, que a su vez los revendió a las también canadienses Batero Gold y Seafield Resources. La primera de ellas tiene el proyecto Batero-Quinchía, con recursos indicados de 3.54 millones de onzas de oro, 12.3 millones de onzas de plata y 438 millones de libras de cobre. Y Seafield Resources afirma que su proyecto tiene reservas por 3 millones de onzas de oro. Su explotación sería a cielo abierto, pero hasta ahora sólo se han realizado labores de exploración.

La irrupción de estas mineras canadienses implica 3 problemas. El primero es el cambio de vocación productiva del municipio, pues más del 10% de su territorio está titulado a las mineras canadienses, con posibilidad de ampliación (10). Lo que comporta un problema de seguridad alimentaria, que se suma a los problemas de uso del agua y devastación de fauna y flora que acompañan a los proyectos de minería a cielo abierto (11). El segundo problema tiene que ver con la minería artesanal, que el gobierno considera ilegal y ha perseguido desde el mismo momento en que se concedió la titulación a las empresas canadienses. Se trata pues de un conflicto entre la comunidad de Quinchía y estas empresas. Y el tercer problema está asociado a las actividades especulativas de estas empresas, que sin haber comenzado a extraer oro (planean iniciar en 2015) ya están sacando cuantiosos dividendos, de los que el municipio no ha visto un peso.

 

Expoliación en Segovia, Antioquia

 

Este es uno de los casos de robo más aberrantes por parte de una multinacional de origen canadiense, que además involucra a altos funcionarios del Estado.

La Frontino Gold Mines se estableció en Segovia desde 1852, y desde entonces fue operada por inversionistas estadounidenses, lo que le ha valido el triste título de ser la zona urbana más contaminada por mercurio del planeta. En 1979 esta empresa fue liquidada y sus dueños la entregaron a sus trabajadores activos (1.600) y jubilados (1.440) en dación de pago por sus pasivos laborales y pensionales, con documentos que certifican tal hecho, firmados en New York.

Haciendo omisión de esos derechos, en 2010 el gobierno vendió esta empresa a la canadiense Medoro Resources, luego llamada Continental Gold por su fusión con esta última. Se consumó así una expoliación en toda regla, de la que la exministra de relaciones exteriores, María Consuelo Araujo, sacó beneficio personal porque terminó siendo la gerente de Continental Gold en Colombia. La mina de Segovia produce el 4% del oro del país: 55.000 onzas de oro año.

A esto se suma que con la llegada de la compañía canadiense el conflicto armado, que siempre ha existido en esta zona, adquirió nuevas dimensiones, pero extrañamente la compañía no se ve afectada en su producción. En cambio los mineros sí se ven extorsionados, amenazados y asesinados, como constatan los 280 asesinatos ocurridos desde la llegada de la multinacional hasta el 2012 (12), muchos de ellos trabajadores, dirigentes sindicales y pequeños propietarios mineros (13).

 

Taraira, Vaupés

 

En 2007 Ingeominas le otorgó a la multinacional canadiense Consigo-Frontier la concesión de 10.000 hectáreas en el municipio de Taraira, Vaupés, para explotación aurífera.

Tal concesión se hizo sin proceso de consulta previa, obligatoria porque el proyecto está en territorios de comunidades indígenas y es importante reserva forestal. Por tal motivo en 2008 la autoridad ambiental ordena la suspensión de las actividades de la multinacional, orden que ese mismo año se levanta y la compañía continua con sus actividades. Es más, la autoridad minera le concedió dos títulos más: el IH3-16001X (9.973 hectáreas) y el IGH-15001X (2.010 hectáreas), dos días después de declararse la zona como Parque Nacional Yaigojé Apaporis (14).

Este caso es importante porque, en primer lugar, al menos formalmente, en el país está prohibida la titulación minera en parques nacionales, y a la fecha los gobiernos de Uribe y Santos han entregado 30 títulos en estas zonas restringidas, dos de los cuales a la canadiense Cosigo Frontier (15). Y en segundo lugar, porque allí viven comunidades indígenas, habitantes ancestrales, que consideran sagrado el lugar donde Cosigo pretende desarrollar su actividad minera.

 

Suárez, departamento de Cauca

 

En los corregimientos La Toma y Buenos Aires, del municipio de Suárez, las comunidades afrocolombianas asentadas han vivido del oro por más de 40 años, con las modalidades artesanales de barequeo y socavón (16). Pese a ello, desde el 2006 entran a la zona las multinacionales Anglo Gold Ashanti y Cosigo Resources, esta última canadiense, con el fin de establecer una mina a cielo abierto. Para ello se han hecho de títulos mineros que en solo en el corregimiento La Toma alcanzan 6.500 de sus 7.000 hectáreas, lo que implicaría su desalojo.

En total, las dos terceras partes del municipio de Suárez están en trámite para explotación de oro, y para ello más de 10 mil hectáreas ya han sido concedidas a particulares y a multinacionales. En la zona también se ha hecho presente el terror. El caso más sonado fue la masacre de 8 mineros informales a manos de paramilitares en abril de 2010 (17).

No obstante, en mayo de 2011 la Corte Constitucional ordenó a Ingeominas suspender todas las licencias de explotación minera en La Toma, hasta no llevar a cabo la consulta previa con las comunidades afrodescendientes de la zona. La batalla hasta el momento la gana la comunidad, pero la historia continúa.

 

Titiribí, Antioquia

 

El municipio de Titiribí está ubicado a 70 kilómetros al suroeste de Medellín. Aunque su economía es básicamente agrícola, tiene igualmente una tradición minera que se remonta a tiempos coloniales. Cuando se creía que tras un siglo de explotación en este municipio ya no existía más oro, aparte de la tradicional minería artesanal informal, en 2010 la historia dio un giro con la llegada a la zona de las mineras canadienses SunWard Resources y Gran Colombia Gold.

La primera aterrizó tras comprar las propiedades mineras a la también canadiense Goldplata Resources. Se estima que las existencias de oro allí alcanzan 4.58 millones de onzas indicadas, y otras 6.44 millones de onzas inferidas (18). La Gran Colombia Gold, por su parte, compró la mina La Independencia, en el llamado proyecto El Zancudo, del cual explota unas 130.000 onzas año.

Se presenta, por tanto, un conflicto que enfrenta a las grandes mineras canadienses con los pequeños mineros artesanales; conflicto que permanece en estado de latencia, pues la oposición ha sido pequeña y fragmentaria, mientras que el proyecto minero de las canadienses cuenta con el sólido respaldo del gobierno en sus niveles nacional, departamental y local.

 

Uranio conflictivo en Samaná, Caldas

 

Aunque desde 1979 se conoce la existencia de uranio en el municipio de Samaná, sólo hasta 2009 comenzó un plan serio de exploración de las reservas de este mineral radioactivo en los corregimientos Berlín y San Diego.

Gaia Energy tiene 10.700 hectáreas concesionadas mediante 4 títulos mineros, y adelanta investigaciones en el corregimiento de Berlín, encontrando el momento reservas de 20 millones de libras de uranio. Se estima que para ser rentable la explotación debe asegurar reservas de 100 millones de libras.

No obstante, esa no es la única propiedad minera de la canadiense U308 Corp. Además de reservas de uranio, el área concesionada tiene reservas de vanadio, fosfato, itrio, molibdeno, neodimio y níquel (19) .

Podría tratarse de una tragedia ambiental y de salud pública anunciada, pues es evidente el riesgo asociado a dicha actividad. El uranio en cualquiera de sus estados (natural, enriquecido o empobrecido) tiene efectos tóxicos en el cuerpo humano, más aún si se explota a cielo abierto.

Lo preocupante, añadido a lo anterior, es que hasta el momento ni la comunidad tiene consciencia clara de los riesgos inherentes a esta actividad minera, ni el Estado colombiano posee una reglamentación en la materia.

 

Publicado 18 de septiembre de 2014.

 

  1. Pacific afirma que llegará a medio millón de barriles”. Portafolio, 12 de abril de 2011, www.portaflio.com.
  2. Véase: Pantin, Ronald. 2013. “Los retos del sector hidrocarburos: el caso Pacific”. El Espectador, 26 de junio de 2013, www.elespectador.com.
  3. Environmental Justice Atlas (EJAtlas). Bosques de Bahía Solano, Colombia. En: http://ejatlas.org/conflict/bosques-de-bahia-solano-colombia.
  4. Molano, Alfredo (2011). “¿A quién le importa Juan Ceballos?”. En: http://www.elespectador.com/opinion/quien-le-importa-juan-ceballos-columna-269818
  5. Esta empresa canadiense tiene en Colombia un amplísimo espectro de intereses mineros. Se conocen al menos 6 proyectos concretos: Buriticá, Berlín, Dominical, Dojura, Santander, Anzá, lunareja, y Arenosa y Zaragosa. Ver: Eafit: http://www.eafit.edu.co/escuelas/economiayfinanzas/laboratorio-financiero/burkenroad/burkenroad2012/continental-gold-2012.pdf
  6. Ecopetrol S.A. “Ecopetrol y Talisman anuncian la comercialidad de Akacías en el bloque CPO-09”. En: http://www.ecopetrol.com.co/contenido.aspx?catID=148&conID=79328&pagID=135588
  7. Alfredo Molano Bravo (01 de octubre de 2011). “El espejismo de Marmato”. En: http://www.elespectador.com/noticias/nacional/el-espejismo-de-marmato-articulo-302997
  8. Environmental Justice Atlas (EJAtlas). Ibíd.
  9. Lasillavacia.com (30 de junio de 2011). “Las preguntas detrás de Anglo Gold Ashanti”. En: http://lasillavacia.com/historia/las-preguntas-detras-de-anglogold-ashanti-25503
  10. Eltiempo.com (10 de junio de 2012). “Buscan frenar minería ilegal en el eje cafetero”. En: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-11934181
  11. Ver: http://www.risaraldahoy.com/2013/04/acueductos-comunitarios-de-quinchia-en.html
  12. Wradio.com (26 de octubre de 2012). “Enfrentamientos entre BACRIM por minería ilegal dejaron 280 muertos en Segovia en 2012”. En: http://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/enfrentamientos-entre-bacrim-por-mineria-ilegal-dejaron-280-muertos-en-segovia-en-2012/20121026/nota/1785833.aspx
  13. Elcolombiano.com (16 de enero de 2012). “Asesinato de otro minero causa preocupación en Segovia”. En: http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/A/asesinato_de_otro_minero_causa_preocupacion_en_segovia/asesinato_de_otro_minero_causa_preocupacion_en_segovia.asp
  14. Indepaz (junio de 2012). “Taraira: se abre el ojo del huracán minero en la amazonía colombiana”.
  15. Revista Semana (23 de marzo de 2013). “Naturaleza minada en parques Nacionales”. En: http://www.semana.com/nacion/articulo/naturaleza-minada-parques-nacionales/337666-3
  16. Environmental Justice Atlas (EJAtlas). “Suarez, Cauca Colombia”. En: http://ejatlas.org/conflict/surez-cauca-colombia
  17. Revista Semana (08 de abril de 2010). “Oro, violencia y muerte en Suarez, Cauca”. En: http://www.semana.com/nacion/problemas-sociales/articulo/oro-violencia-muerte-suarez-cauca/115274-3
  18. Alcaldía de Titiribí: http://www.titiribi-antioquia.gov.co/Emp_enlac.shtml
  19. Poder colombiano (18 de junio de 2012). “Uranio en Colombia”. En: http://elpodercolombiano.blogspot.com/2012/06/uranio-en-colombia.html
Publicado en Colombia
Lunes, 25 Agosto 2014 00:00

Entre sequías y privatizaciones

La sed consume a la Guajira. Mientras Cerrejón Limited gasta cada día 17 millones de litros de agua en su proceso extractivo del carbón, miles de pobladores sufren por falta del precioso líquido. Esta realidad se erige como emblema del modelo extractivista acelerado impuesto en el país. El Gobierno actúa como cómplice de la tragedia, tanto por acción como por omisión, que deslegitima y privatiza cada vez más una gestión comunitaria del agua.

 

La Guajira se levanta por su dignidad en medio de una sequia artificial, pues sus aguas y el territorio fueron entregados a las multinacionales. Los pueblos originarios Wayuu, Wiwa, Kogui, Arhuaco y Kankuamo, en su conocimiento profundo del equilibrio de su territorio, clamaron sensatez, precaución y responsabilidad. Hoy levantan de nuevo su voz denunciando la irresponsabilidad y corroborando las sabias advertencias de siempre.

 

Los pueblos indígenas, las comunidades negras, campesinas y urbano populares, los estudiantes, la clase trabajadora, los gobiernos locales, más de 100 organizaciones se levantan y con su movilización y claras exigencias le dan una bofetada al despropósito de la campaña de llevar agua encarcelada en botellas para calmar la sed de un pueblo que exige dignidad y soluciones plenas, mientras los empresarios del Cerrejón Limited, siguen buscando el desvío del río Ranchería. Multinacional que "se apoderó de 69.000 hectáreas del territorio explotando el carbón, el gas, consumiendo diariamente 17 millones de litros de agua, mientras que la población padece desabastecimiento, los animales se mueren, no hay cultivo de alimentos por la escasez de éste líquido vital y por la destrucción del medio ambiente", según datos del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema Agroalimentario (Sinaltrainal).

 

Los datos que Sinaltrainal esgrime como prueba son contundentes: "10 millones de toneladas de desechos por cada millón de tonelada de carbón explotado, que a volúmenes del 2012, por las 34,6 millones de toneladas de carbón extraídas, el Cerrejón creó 340 millones de toneladas de tierra infértil"1.

 

En creciente

 

Más de 100 municipios presentan problemas de desabastecimiento de agua, sus pobladores hacen rogativas para que llueva. Pero las causas de su situación son básicamente antrópicas, el desastre no es natural, el desastre es social y político. El país no está preparado ni para la abundancia de agua, ni para la sequia; las instituciones de gestión pública ambiental están politiqueadas, el desplazamiento por efecto del despojo de tierras y el extractivismo acelerado, son causas estructurales de la sequia. Megarepresas, microcentrales, megaminería, monocultivos extensos para agrocombustimbles, acelerada y caótica urbanización, ahí están las incapacidades acumuladas por nuestra sociedad, por lo cual la vulnerabilidad creció enormemente.


Pese a todo esto, acaba de aprobarse el nuevo documento del Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) 28312 Agua y saneamiento rural.

 

En el documento se reza que: "La política tiene como objetivo promover el acceso al agua potable y saneamiento básico en las zonas rurales de Colombia, a través de soluciones que sean acordes con las características de dichas áreas y que contribuyan al mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural"3.

 

La lógica de la privatización es implacable. El fundamentalismo neoliberal es radical, es una ideología seguida fielmente por estos gobiernos débiles al servicio de las corporaciones privadas, así pretendan denominarse –como el reelecto gobierno colombiano–, de la tercera vía, esa que dice tomar lo mejor del capitalismo y del socialismo, y hace un tercer camino. Esta falaz ruta es más ilusa en un Estado que no provee los servicios a su ciudadanía. Hay una vía dogmáticamente asumida, el mercado, la entrega al mercado de los servicios públicos esenciales y en el caso que nos ocupa, del servicio de agua y saneamiento básico, consagrado ya desde el 28 de julio de 2010 como un derecho humano fundamental por las Naciones Unidas.


Agua, memoria e identidad comunitaria

 

"El ciclo hidrológico en si mismo explica el entramado de relaciones entre los ecosistemas y todos los lugares del planeta e implica las relaciones de la trama de la vida. Las comunidades humanas desde siempre han definido su localización espacial en relación con el agua, con las fuentes de agua. La imaginación humana adhiere al agua como la sustancia de la vida, como la fuente de la vida, el agua es vida y de allí la comprende fácilmente como bien común y reconociendo este atributo, la palabra humana es incapaz de ponerle dueños. Agua y territorio están en imbricación y sinergia y es imposible hablar del lugar, del terruño, del territorio que se construye como hábitat, sin comprender esta compleja y dinámica relación.

 

(...) El abasto, la fuente propia, el pozo, la pila, la bocatoma, la acequia, la guadua, el tubo, el nacimiento, la quebrada, el rio, el acuífero, la lluvia, la llave, la casa, la totuma, el balde. Sin agua no hay vida, no es posible la higiene, el alimento, la ropa limpia, el riego, el bienestar. Los sueños, los mitos de creación, las canciones, las odas populares, los refranes, todos estos plenos están de imágenes del agua como tranquilidad o turbulencia, profundidad y fluidez, limpieza, miedo y temor, alivio a la sed y cuando se contamina, fetidez y enfermedad.

 

El acceso al precioso líquido construye comunidad, sociedad y Estado, construye democracia y ciudadanía. Ella obliga al acuerdo, al consenso, al trabajo mancomunado (...). Y para las comunidades organizadas la historia está pasada por agua; en los recorridos territoriales es perceptible el entusiasmo y la emoción cuando se nombra cada recodo, cada montaña, cada árbol, la cuenca toda".

 

Tomado de: Mondragón, Javier; Márquez, Lina. La gestión comunitaria del agua: Apropiación del bien común y la prestación del servicio público. La experiencia de los acueductos comunitarios de la Unión, Antioquia. En, Apropiación Social del conocimiento. Ecofondo, Bogotá, Colombia, 2014.

 

Estamos acostumbrados a documentos y discursos que enuncian todo lo contrario a lo que realmente ejecutan, aunque este documento es claro en trazar un rumbo de privatización del servicio también en la ruralidad. El documento desconoce de entrada la formas como las comunidades campesinas, la población rural, las comunidades indígenas y negras y de muchos asentamientos urbano populares de nuestro país, mediante la autogestión, accedieron a agua para consumo humano y para sustentar la economía familiar campesina, gestionado un bien de uso común de manera mancomunada, solidaria, y en sus orígenes, sin presencia estatal. Esta historia mal contada plantea que estas soluciones de acceso a agua y saneamiento en la ruralidad estuvieron a cargo de la nación hasta los años 80 cuando fue asumida por los municipios producto de los procesos de descentralización político administrativa.

 

Concluye de inmediato el documento que, "las acciones para asegurar la provisión de agua potable y saneamiento básico en zonas rurales han quedado en cabeza de los municipios, especialmente en aquellos que presentan un baja capacidad institucional y financiera o de comunidades organizadas, que se caracterizan por no contar con instrumentos que les permitan acceder a los recursos para financiar proyectos de construcción, ampliación u optimización de los servicios"4.

 

Es un diagnóstico negativo, hecho para demostrar que la gestión comunitaria del agua y la gestión pública municipal no sirven, que es necesaria la transformación empresarial, pocos operadores especializados, mercados regionales, economías de escala, en fin... La ideología de la privatización empieza por el desprestigio de lo público y lo comunitario. De esta manera, lo que la gente organizada demostró históricamente como la vía expedita para acceder al agua, resulta que es hoy el obstáculo para garantizar este servicio en la ruralidad.

 

Pero no es sólo esto. El diagnóstico pasa por encima de la construcción comunitaria que para mediados del siglo pasado fue respaldada por la organizaciones gremiales surgidas de la propia economía de los territorios como la Federación de Cafeteros, por ejemplo, en las regiones de su cultivo, el papel dinámico del Estado nacional con una concepción de Estado del bienestar que tuvo instituciones nacionales y departamentales fortaleciendo el acumulado social y comunitario.

 

En contra de la experiencia y capacidad comunitaria, está en marcha una sintomática y combinada acción de control que no está acompañada de información adecuada y de un apoyo sistemático y respetuoso de la autonomía de las comunidades organizadas, y el reconocimiento a sus características culturales, de economía social y solidaria, de conocimiento de los terruños y las cuencas.

 

El diagnostico y las acciones oficiales buscan, en su enunciado, fortalecer a las organizaciones autorizadas y a las comunidades organizadas para mejorar la prestación del servicio de agua y saneamiento básico en la ruralidad. Pero, en contra de esto, hay que detallar argumentos como: "El alto número y dispersión de prestadores de servicios en el área rural, dificulta la generación de esquemas que puedan aprovechar economías de escala y alcance, generando altos costos e ineficiencia en la prestación. Adicionalmente, a mayor número de Prestadores, sé requieren esfuerzos adicionales en asistencia técnica y acciones de vigilancia y control."5 Es el lenguaje de los Conpes anteriores que orientan la transformación empresarial del sector de agua y saneamiento básico, y que deben leerse como privatización.

 

Todo el dispositivo va dirigido a mejorar la capacidad de vigilancia y control, y el lenguaje que teje es de la transformación empresarial. En Antioquia tenemos un reciente caso de toma de sistemas comunitarios en el municipio de Rionegro que acaba de aprobar a pupitrazo limpio un proyecto de acuerdo6 para transformar la empresa Aguas de Rionegro S.A. EPS, con lo cual dejaría de ser una sociedad de capital público para transformarse en una sociedad de capital mixto con la participación de particulares en su conformación.

 

La cosa no queda allí. En el debate soslayan una situación: este municipio es a su vez socio de Aguas de Oriente, una empresa regional cuya mayor accionista son las Empresas Públicas de Medellín, y de la que son socios otros municipios, y queda ampliamente autorizado el Alcalde para decidir procesos de fusión o absorción. Nos preguntamos, ¿será que la empresa de servicios públicos del oriente, absorberá a la reestructurada sociedad aguas de Rionegro? ¿Y qué será de las comunidades organizadas de acueductos comunitarios y sus infraestructuras?

 

Bocado de cardenal para esta empresa regional que ejercerá el futuro monopolio del servicio en la región oriental de Antioquia y los sistemas comunitarios, construidos en años de trabajo comunitario, de mingas, de convites, todos serán parte de la historia pasada de estas comunidades, claro, sino reaccionamos a tiempo y exigimos su respeto como instituciones populares, campesinas, de la gente.

 

Es urgente, por esto, consolidar los proceso de articulación de los acueductos comunitarios y la promoción de políticas públicas basadas en una gobernabilidad alternativa del agua que garantice la autonomía municipal y la gestión comunitaria del agua, como gestión social y pública sin ánimo de lucro. El camino es expedito aunque no por ello sencillo: resistir a la privatización con organización, movilización y alternativas concretas construidas desde abajo.

 

* Antropólogo y ambientalista. Integrante de la Corporación Ecológica y Cultural Penca de Sábila.
1 http://www.sinaltrainal.org/index.php/noticias/multinacionales/4003-sinaltrainal-comprometido-con-el-paro-por-la-dignidad-de-la-guajira
2 Documento CONPES 2831. Cinara.univalle.edu.co/archivos/pdf/208.pdf
3 idem
4 idem
5 Documento CONPES, 28 31 del 3 de julio de 2014. Cinara.univalle.edu.co/archivos/pdf/208.pdf
6 Acuerdo 012 de 2014.

Publicado en Edición Nº 205
Jueves, 03 Julio 2014 05:58

América Latina, en la encrucijada

"Los vientos están cambiando para la región". "Ahora, por lo menos sabemos lo que no queremos". Estas dos frases, la primera pronunciada por Ángel Gurría, secretario general de la OCDE, en la apertura del VI Fórum Económico Internacional sobre América Latina y el Caribe celebrado el pasado lunes en París, y la segunda por el presidente de Perú, Ollanta Humala, en su clausura, encerraron cuatro horas de seminario dedicadas a debatir el camino a seguir por las economías latinoamericanas una vez terminado el carnaval de las commodities, la llamada Década Dorada propiciada principalmente por el tirón de la demanda china y los altos precios de las materias primas, sobre todo, de los minerales.


Los debates pusieron de manifiesto lo logrado durante estos años, como la solidez macroeconómica y la estabilidad democrática —entre 2012 y 2015 un total de 14 países habrán celebrado elecciones sin que dieran lugar a crisis de legitimidad—, pero también la decepcionante evolución de las economías del continente —con un crecimiento promedio del 2% del PIB frente al 5% de no hace tanto tiempo— y la urgencia de tomar las decisiones correctas en un momento crucial.


La selección mundial de expertos reunidos en París —Luis Alberto Moreno, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID); Danilo Astori, vicepresidente de Uruguay; Rebeca Grynspan, secretaria general Iberoamericana; Alicia Bárcenas, secretaria ejecutiva de la CEPAL; Mario Pezzini, director del Centro de Desarrollo de la OCDE, entre otros— coincidieron en el diagnóstico y también, con matices, en los remedios.


Cinco males fueron identificados: la baja productividad, "bestia negra", como dijo Gurría, que lastra el crecimiento del continente —en 20 años solo registró un aumento del 1,6% frente al 3% de países como Corea del Sur, Turquía o Polonia—; la desigualdad, que hace de América Latina la región más injusta del mundo —el 20% más rico capta en promedio el 47% del ingreso total—; la informalidad en el empleo, que afecta al 55% de sus trabajadores —unos 130 millones de personas—; la escasa capacidad de recaudación fiscal —del 13,6% del PIB en 1990 ha pasado al 20,7% ahora, muy lejos aún del 34,1% de media en los países de la OCDE— y la falta de inversiones en infraestructuras —una media de 2,5 puntos del PIB frente al 6 de los países asiáticos—, lo que dispara los costes de exportación en comparación con sus rivales comerciales.
Hubo consenso en la urgente necesidad de una revolución educativa, "tanto en lo que se refiere a la inclusión social de mujeres y jóvenes como a la búsqueda de la excelencia", como dijo el vicepresidente Astori, como primer paso para mejorar la productividad, y en la apuesta por la calidad y la apertura de la sociedad.


También en la importancia de fomentar una mayor cooperación internacional e integración regional para abordar los grandes proyectos de infraestructuras así como en la defensa de las pymes frente al poder de los monopolios.


En cuanto a la desigualdad, la secretaria ejecutiva de la CEPAL rebajó la euforia de algunos gobiernos latinoamericanos: "Hablan de haber creado una nueva clase media y es verdad que millones de personas han salido de la pobreza, pero no son clase media por su capacidad de ahorro sino por su capacidad para endeudarse comprando bienes importados". En este contexto, Alexandre Meira da Rosa, gerente del sector de Infraestructura y Medio Ambiente del BID, subrayó el vertiginoso proceso de urbanización de América Latina y la presión que sus habitantes, ahora con mayor poder adquisitivo, ejercen sobre unas autoridades incapaces de satisfacer las demandas de mejores servicios públicos.
En resumen, reformas y libre comercio, o dicho de otra manera la Alianza del Pacífico (México, Colombia, México, Perú y Chile) como modelo a imitar frente al estancamiento de Mercosur o la vía al subdesarrollo de Cuba y Venezuela, para afrontar la encrucijada en que se encuentra el continente.


En el tintero se quedaron las dificultades para aplicar y desarrollar esas reformas, el problema de la debilidad institucional de la mayoría de los países, lo que se traduce generalmente en exceso de burocracia, corrupción e impunidad, o el debate sobre si las conquistas de hoy serán reversibles mañana, si a la Década Dorada sucederá otra Década Perdida. Pero, al menos, como dijo Humala, parece que esta vez América Latina tiene claro lo que no quiere.

Publicado en Internacional
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