Los habitantes de los municipios mineros de Segovia y Remedios padecen el yugo de una poderosa multinacional del oro. Por más de 150 años ambos municipios fueron exprimidos por la Frontino Gold Mine, instalada en 1852 en Segovia hasta el 2011, año en que luego de 35 años de déficits financieros fue liquidada para ceder sus títulos mineross. Una vez solventadas las deudas del pasivo pensional de cerca de 2 mil trabajadores, fue vendida a la multinacional minera Gran Colombia Gold por 380 mil millones de pesos. La empresa canadiense, representada por la Zandor Capital, amenaza con desaparecer a la clase trabajadora de ambos municipios de tradición y vocación minera.

 

Hablar de Segovia o de Remedios, municipios de nordeste antioqueño, es hablar de oro, de mineros y socavones, “[...] prácticamente su economía gira gracias al minero, al entable, a las compraventas, a los bares, discotecas, prostíbulos, generando así esa necesidad de tener el suficiente dinero para poder estar al ritmo de la cultura segoviana”1. También es hablar de “siglos de extracción que no han contribuido a un desarrollo real de esta subregión, donde alrededor del 38 por ciento de su población vive en pobreza y 45 por ciento en miseria”2.

 

La región, abandonada por décadas por el Estado, cuya presencia básica era la militar –para proteger los intereses foráneos y violentar a sus habitantes– ha sido objeto, en reiteradas ocasiones, de intensas olas de violencia y vulneración de los derechos humanos de sus pobladores, ya sea por parte de los paramilitares o de la guerrilla. Sin embargo, estos dos municipios han logrado superar estos baches para trasformar su situación. Organizados en cooperativas, impulsando la pequeña minería responsable con el medio ambiente, optimizando y racionalizando la extracción de los metales preciosos, generando mecanismos para la exploración técnica de los yacimientos mineros, ha mejorado la calidad del empleo del minero, brindándole seguridad social y oportunidades de capacitación. Pese a estos avances, la legalización de la minería aún es una tarea pendiente, pues apenas 35 minas han logrado formalizar sus operaciones, frente a las 160 que carecen de título minero.

 

Claro está, y es importante resaltarlo, que los problemas en la región responden, en gran medida, a la privatización y monopolización de los recursos del subsuelo (lo que no sólo sucede en el departamento de Antioquia sino en todo el país). Zandor Capital, filial de la multinacional Gran Colombia Gold, secundada por las instituciones estatales, imponen exterminio para una clase trabajadora que es perseguida y criminalizada.

 

Zandor Capital S.A.: El terror de los pequeños mineros

 

desdeabajo habló con Eliober Castañeda, líder minero y representante legal de la Mesa Minera de Segovia y Remedios, y esto fue lo que nos contó respecto a la situación laboral de los mineros de la subregión, y los motivos por los cuales decidieron entrar en cese de actividades desde noviembre del año pasado. Los diálogos con la multinacional y el Gobierno del departamento se mantienen, así como la postura de los pequeños mineros.

 

“La problemática de Segovia y Remedios empieza cuando la multinacional Zandor Capital se asienta en la región a mediados de 2011, pretendiendo desplazar a todos los pequeños mineros. Ellos entraron diciendo que iban a invertir en obra social en los municipios, y hasta la fecha todo lo que dijeron resulta mentira. Nos vimos, por ello, ante la necesidad de realizar varias manifestaciones en los meses de septiembre y octubre, y decidimos al fin, el 5 de noviembre de 2015, con toda la comunidad segoviana y remediana unirnos y empezar formalmente el paro”.

 

Además el líder sindical explica. “Realizamos el paro porque estuvimos más de un año buscando acercamientos con la multinacional ya que la Agencia Nacional de Minerías, el mismo gobierno y la multinacional empezaron a emitir unas órdenes para los cierres de las minas más antiguas y más importantes de nuestro municipio”.

 

El Gobierno y la multinacional se burlan de nosotros

 

“Ante nuestra protesta, el 8 de noviembre nos citaron a Bogotá para una reunión con la procuradora Piedad Angarita, la multinacional en cabeza de la señora María Consuelo Araújo, la doctora María Isabel Ulloa, viceministra de Minas en ese entonces, y la doctora Mónica Grand por Formalización Minera. Obviamente, asistimos a esta reunión con la Comisión delegada, a la que también fueron invitados el Alcalde saliente del municipio y el Alcalde electo. Llegamos a la Procuraduría General de la Nación, a pesar de que nos dijeron que no nos iban a recibir”, cuenta don Eliober.

 

“Efectivamente no nos dejaron ingresar, sin embargo decidimos quedarnos en la entrada del edificio. Saludamos a la doctora María Isabel Ulloa que entró al edificio, pero tampoco nos dejó entrar. Pura burla” dice indignado.

 

Y continuó. “Decimos que es una burla porque nos quedamos allí hasta que empezó la reunión, casi a las 2:30 de la tarde, y que terminó a las 5:00 de la tarde; a última hora dejaron entrar a dos de nosotros: al compañero Dioni Ramírez, representante legal de Sociedad Mutual El Cogote, y quien habla, por ser el presidente de la Mesa Minera. Cuando ingresamos ya habían concluido la reunión y vimos con preocupación los halagos de los representantes del Gobierno hacia los representantes de la multinacional, es decir, totalmente parcializados. Cuando ingresamos, estaban buscando un responsable a la manifestación que estaban llevando a cabo en el municipio de Segovia; también querían que nosotros firmáramos el acta que ellos habían realizado; nosotros no la firmamos.

 

Buscando una solución

 

Tiempo perdido. “Nos devolvimos sin participar en esa reunión, informamos en nuestro municipio de lo sucedido; el paro, por ende, seguió su curso. La multinacional, desesperada por el cese de actividades, empezó a buscar personajes para intermediar entre el pueblo y la Zandor. Fue cuando hablamos con el coronel Arnulfo Traslaviña el 10 de noviembre, él hizo el puente y llamó al Gral. Leonardo Pinto Morales y organizaron una reunión para el 11 de noviembre a las 10:00 a.m. en el Batallón Especial Energético Vial No. 8. Allí presentamos un pliego de peticiones en el que exigíamos que la multinacional cesara los amparos administrativos en contra de todos los pequeños mineros, es decir, que no les cerraran las minas”, narra don Eliober.

 

Y agregó. “El Gral. Pinto habló con María Consuelo Araújo, quien se pronunció por medio de un correo confirmando que estaba dispuesta a sentarse a dialogar con los pequeños mineros. Se comprometieron a no ejecutar los amparos administrativos mientras estábamos en negociaciones, igualmente la procuradora Piedad Angarita expresó que no habría ninguna medida en cuanto a procedimientos disciplinarios en contra del Alcalde”.

 

La buena voluntad no es suficiente. “El 11 de noviembre empezamos a negociar, y mientras esto sucedía la multinacional empezó a atacar a nuestros pequeños mineros, tratando de judicializarlos. Nosotros radicamos las respectivas denuncias, sin embargo, ahí hemos estado: cumpliendo con el cronograma, distinto a la multinacional que en repetidas ocasiones ha faltado a las reuniones”.

 

Y denuncia. “Últimamente la empresa entrega unas propuestas dañinas que llevan a la quiebra al trabajador minero, por lo cual no las hemos aceptado. La misma Procuraduría nos ha presionado para que las firmemos. El 15 de junio, Piedad Angarita emitió una orden al Alcalde para que ejecute el cierre de la mina Asociación Mutual El Cogote –una de las minas más importantes del municipio– que lleva más de 40 años en funcionamiento, cumpliendo a cabalidad los requisitos de la ley referentes a obligaciones con parafiscales y de la que dependen más de 500 trabajadores a quienes les paga el sueldo, seguridad social y prestaciones. Además se encuentran las empresas Sociedad Minera San Nicolás, Sociedad Minera El Chocho, Sociedad Minera Pique Rubí, minas bien organizadas que cumplen con los requisitos que el Estado exige”.

 

¿Cuánto cuesta explotar oro?

 

En Segovia y Remedios la única economía existente desde siempre es la minería. “Cuando estaba la Frontino Gold Mine, esta tenía sus trabajadores, pero no tenían la capacidad (ni la Zandor la tiene hoy día) para emplear a toda la población minera del municipio. Esa población que no es contratada, se dedica a la minería informal, trabaja las vetillas, las explota, no había ningún problema”. Dijo, don Eliober, que el pequeño minero pagaba una cuota de arrendamiento a la Frontino Gold Mine, de entre 200 y 500 mil pesos cada mes; a cambio, esta prestaba asesoría al pequeño minero”.

 

¿Cuál es la problemática hoy día? “Llega una multinacional –que supuestamente quiere acabar con la minería tradicional–, ofreciéndoles a los pequeños mineros un contrato de operación para que puedan trabajar “legalmente”, y lo ofrecido es un contrato de operación a un año; para una mina que lleva más de 30 o 40 años produciendo, ofrecen contratos de un año sin garantía de renovarlo”. Uno de los puntos presentados en el pliego del paro del 5 de noviembre es que con estos contratos, el pequeño minero no alcanza a recuperar siquiera la inversión. “La minería es costosa, por eso exigimos que la Zandor Capital ofrezca mejores contratos o nos deje trabajar las minas, que haga concesiones con el pequeño minero”.

 

Aseguró, también, que la multinacional quiere llevarse el 60 o el 70 por ciento de lo que extrae el pequeño minero, sin inverter ni un solo peso; “[...] al pequeño minero le quedaría un 30 o 40 por ciento para pagar impuestos, salarios, etcétera, yendo, así, a la quiebra. Hemos desglosado completamente la tabla económica que presenta esta empresa y es un gana-gana pero solamente para ella, y un pierde total para el pequeño minero. Por eso en Segovia decimos: No queremos la multinacional. Tenemos entendido que hubo un acuerdo a nivel mundial, donde se precisó que las multinacionales deben estar sujetas a la licencia social que den las comunidades tradicionales, en los municipios que son netamente mineros, y es lo que estamos peleando”.

 

Tabla económica: pauperización del trabajo en la mina

 

La tabla a la que hace referencia la multinacional define los costos derivados de la extracción del oro. “Nosotros contamos con unos “estables” o “plantes de beneficio” –que es el dinero necesario para extraer la tierra de la mina y procesarla para obtener el oro–.” Según el señor Castañeda, “lo que quiere la multinacional es que todo el material extraído de los socavones por el pequeño minero –el 100 por ciento–, sea llevado a la empresa para procesarlo, pero no tenemos garantía de que la cantidad de oro obtenida en el procesamiento sea, realmente, la que nos dice la Zandor. Por ejemplo: si en 8 días, en un entable de la cadena de pequeños mineros del municipio, se consigue 10 millones de pesos al procesar nosotros mismos el oro, en esos mismos 8 días de trabajo, con la misma cantidad de material extraído, la multinacional nos estaría entregando apenas 3 o 4 millones de pesos”.

 

Ofuscado, don Eliober describió los abusos de Zandor Capital. “El pequeño minero tiene que invertir, para abrir un socavón, en dinamita, en máquinas de bombeo, taladros y maquinaria pesada, pagar la energía y con el 30 por ciento que ofrece la Zandor, no alcanza a cubrir todos esos gastos. Otras empresas mineras, por ejemplo, la Sociedad Minera Quintana –que también hacen contratos o subcontratos con los pequeños mineros, como dueña del título minero–, exige entre el 8 o 10 por ciento y el minero puede procesar el material en donde quiera, cosa que no se puede con la Zandor, quien impone su tabla económica que, en el mejor de los casos, exige el 60 por ciento del oro extraído por el pequeño minero. Así han quebrado varias asociaciones mineras del municipio”, concluyó.

 

Don Eliober mira con ojos que denotan inconformidad, su malestar es patente. Contiene su malestar y continúa: “Las asociaciones mineras, por lo general, están conformadas por 10 o 15 personas que invierten alrededor de 500 millones de pesos para empezar la explotación. Luego de 2 o 3 años de trabajo, tiempo que se demora el minero en alcanzar la veta, de trabajar sin que la multinacional se oponga a su labor. Una vez se encuentra el mineral, aparece la multinacional aplicando el amparo administrativo, con el único propósito de apoderarse de la mina ya trabajada por la pequeña asociación. Esta multinacional no hace propuestas de inversión, ni presta asesorías, ni realiza aportes de tecnología, al contrario, se aprovecha de nuestro trabajo”.

 

Contaminación

 

Una de las preocupaciones más importantes para la pequeña y mediana minería es la proyección de las fuentes hídricas de ambos municipios, a lo que se refirió don Eliober. “Mire, han contaminado nuestros municipios. Cargan volquetas doble troquel con lodo ya procesado y contaminado con cianuro y lo riegan en los ríos. Nosotros, con fotos y vídeos, hemos puesto las mismas denuncias ante Fiscalización Minera y no hacen nada, pero sí culpan al pequeño minero que, según ellos, es quien contamina, lo que es totalmente falso. Tenemos la evidencia de la contaminación ocasionada por esta multinacional a una quebrada del municipio que tiene por nombre La Cianurada, igualmente a la quebrada San Pedro, que queda en Remedios, en estas dos quebradas la Zandor Capital está vertiendo esos lodos con cianuro”.

 

Y agregó, “Hace dos años, cuando salieron esos estudios de que el mercurio era muy contaminante, uno de los compañeros mineros inventó un aparato que lo llamamos “retorta”; este aparato hace el proceso de secamiento de precipitados y recupera un 95 por ciento del mercurio utilizado para evitar que termine en los ríos. Entonces, somos los pequeños mineros los que hemos aportado, y empezado a trabajar con tecnologías limpias. Aquí la principal contaminante del medio ambiente es Zandor Capital”.

 

No hay apoyo al pequeño minero

 

El Estado cometió un error muy grande con los títulos mineros. “El título más grande lo tiene una compañía extranjera y no le han dado la oportunidad al pequeño minero para obtener un título minero. Hace aproximadamente 7 años quisieron formalizar las minas más antiguas, como me sucedió a mí con ‘Sociedad Minera Los Placitos’. Presentamos la documentación donde acreditamos la antigüedad de más de 30 años, nos prometieron una concesión que concluyó cuando los mismos funcionarios me dijeron “tiene que darme tantos millones para yo poder gestionarle esto aquí”. Hay un problema muy grande de corrupción en lo que tiene que ver con las titulaciones, permitida por el monopolio que tienen esas multinacionales, porque estas le pasan plata por debajo de cuerda a los funcionarios corruptos y eso es lo que ha sucedido.

 

En Segovia y en Remedios los mineros siempre han estado dispuestos a trabajar legalmente. “¿Cuál es nuestro dolor? Cuando el señor Presidente declaró la guerra a la minería criminal, prácticamente se la declaró al pueblo; no diferenció entre minería criminal y minería informal, porque cuando empezaron a atacar la minería criminal, empezaron a atacar a los pequeños mineros que, incluso, estábamos acá en el casco urbano. Y los delincuentes haciendo de las suyas y atropellando al pequeño minero; nos han matado la gente que quiera. El Gobierno dice querer acabar con la minería criminal pero hace todo lo contrario al atropellar al pueblo”.

 

“El pequeño minero no tiene la culpa de que llegue cualquier grupo armado, le ponga una escopeta en la cabeza y le diga “vea, tiene que darme tantos millones o si no lo mato”. ¿Qué hace el pequeño minero? Por obligación le toca. Hay mineros que han dicho: ‘yo no le voy a dar un peso a nadie’, y los han matado. ¿Qué ha hecho el Gobierno para protegernos?”, fue el interrogante que dejó en el aire.

 

Criminalización del trabajador minero

 

Zandor Capital, como dueño del título minero que abarca ambos municipios, se adjudica poderes que sobrepasan los estamentos legales. “El argumento de la Zandor Capital es que ellos le compraron a la Frontino Gold Mine y que son dueños del terreno y del subsuelo, y que se amparan en el RPP-140. No tenemos apoyo del Gobierno; la viceministra María Isabel Ulloa, y el gobierno departamental anterior, fueron muy descarados al decir que esta multinacional aquí se volvió un Estado. Lo que reprochamos es que el pueblo sí es Estado y que la formalización del trabajo minero en Segovia y Remedios debe estar a cargo del Estado, no de una multinacional; que es lo que ellos pretenden manejar acá”, dijo don Eliober.

 

Y enfatizó, además, “Hay que aclarar que los títulos que hay en ambos municipios no son todos propiedad de Zandor, también hay pequeños mineros que son propietarios, pero Zandor se apropia de esos títulos y extrae de minas que no le pertenecen. Colocamos las denuncias correspondientes y el Estado no hace nada. De igual manera, llega el Gobierno diciendo ‘usted es un pequeño minero, usted es un criminal’ y lo meten a la cárcel, lo persiguen y le quitan la mina. Los mineros de Segovia y Remedios somos trabajadores por tradición, aquí no se hace más nada, no hay ganadería, no hay café, no sabemos sembrar yuca; aquí sabemos abrir huecos, avanzar 30, 40, 100, 200 metros de profundidad en la tierra, extraer material y sacar oro; es lo que sabemos hacer”.

 

Aunque las organizaciones de pequeños mineros tienen clara la importancia de optar siempre por el diálogo y la vía política, don Eliober denuncia que “la autoridad no nos respeta, sino que nos atropella como nos ocurrió en noviembre, después de que llegamos de la reunión fallida en Bogotá, nos mandaron al Esmad a Segovia. Eran todos esos soldados y policías gritando que había llegado la guerra a Segovia, ¿cómo puede explicar que la fuerza pública llegue con esas cosas al municipio? Ese es el dolor que tienen los municipios de Segovia y Remedios, por eso ratificamos: estamos en pie de lucha y no vamos a permitir que nos quiten el pan de cada día, para entregarselo a una multinacional. No lo vamos a permitir, es lo que dice el pueblo”, concluyó.

 

Referencias

1 Segovia entre riqueza y pobreza. Claudia Yaneth Amézquita. Universidad de Antioquia. 2010


2 Socavón: Tierra adentro. Sostenible. Revista Semana. 2014

Publicado en Edición Nº227

La coyuntura que atraviesa el país suramericano ha impulsado al Ejecutivo a acelerar proyectos que permitan oxigenar la economía, uno de ellos está al sur de Venezuela.

 

Venezuela ha decidido emprender un megaproyecto en el llamado Arco Minero del Orinoco que le permitirá percibir entre 3.000 y 4.000 millones de dólares anuales. ¿Será el fin del rentismo petrolero?


El ministro de Desarrollo Minero Ecológico, Roberto Mirabal, ofreció en entrevista a RT los detalles de uno de los proyectos más ambiciosos de la nación surameriacana, que en la actualidad ha visto su economía afectada por la caída sostenida de los precios del petróleo, su principal fuente de divisas.


Aunque el país atraviesa una coyuntura económica nada desdeñable, el ministro sostiene que el proyecto ya había sido concebido por Hugo Chávez, como parte del desarrollo estratégico del país, junto a la Faja Petrolífera del Orinoco (con la mayor reserva mundial de crudo del mundo), y el Cinturón Gasífero ubicado en el caribe venezolano.


Las críticas a la iniciativa no han faltado. Desde grupos ecologistas, hasta la oposición al gobierno del presidente Nicolás Maduro, han querido truncar el proyecto incluso antes de que se haga realidad. Lo que sí está claro para Mirabal es que será la oportunidad inédita para Venezuela de "asumir el control de una actividad que ya existe en el estado Bolívar" porque el país "necesita ejercer el control sobre sus recursos naturales", pero con una visión definida como ecosocialista.
El proyecto estima generar unos 25.000 empleos directos y 75.000 indirectos en el estado Bolívar, especialmente por la explotación de recursos como el oro y el cobre. En esa jurisdicción, de acuerdo a las estimaciones preliminares, podrían estar las segundas reservas mundiales auríferas del mundo.


¿Cuáles son los puntos clave del proyecto que podría significar la diversificación de la economía venezolana y una alternativa para mantener la elevada inversión social del gobierno?


Empresas mixtas


A diferencia del modelo aplicado en Venezuela antes de la llegada de la Revolución Bolivariana, que sólo entregaba concesiones de explotación a capitales extranjeros a cambio de regalías mínimas, la figura ideada para el Arco Minero del Orinoco es la de empresas mixtas con capital accionario mayoritario para el Estado.


"Existe un esquema de participación del 55% como mínimo para el Estado venezolano, dándole un espacio de participación del sector privado hasta 45%", detalló Mirabal, quien adelantó que las empresas podrán ser de capital nacional o extranjero, siempre que cumplan con tres requisitos: capacidad de inversión, experticia en el área y respeto a la soberanía nacional.


A la fecha, más de 100 empresas de 37 países, como Inglaterra, Canadá, Rusia, Suráfrica, Estado Unidos de América, China, Australia, han manifestado su interés en invertir en la zona, que ocupa 111.843,70 kilómetros al norte del estado más extenso de Venezuela. La superficie equivale a tres veces el territorio de Dinamarca.


Explotación de áreas impactadas


"No se abrirán nuevos espacios para la minería", recalcó el funcionario. La explotación de los ingentes recursos que posee la zona se hará únicamente en las áreas que ya han sido tocadas por la actividad minera artesanal, de pequeña escala o ilegal.


En el estado Bolívar, que está entre los menos poblados del país, se estima que trabajan más de 50.000 mineros. La mayoría de ellos explota recursos en minas ilegales o de manera artesanal, con métodos altamente contaminantes que implican el uso de tóxicos como el mercurio que contaminan los cauces fluviales. A principios de agosto, el Ejecutivo emitió un decreto que prohíbe la utilización de esa sustancia en la minería.


La preocupación de algunos grupos ecologistas es que plan del Estado afecte las zonas vírgenes de la selva guayanesa. Mirabal no sólo descartó esa posibilidad sino que afirmó que una de las condiciones fundamentales para la explotación de las zonas es que las empresas que se establezcan tengan un proyecto de remediación ambiental.


Compensación ecológica


"Si no hay manera de compensar el daño ecológico, entonces no se explota", insistió el ministro. Además de la prohibición del uso del mercurio, el Estado exigirá que los nuevos proyectos incluyan inversión en tecnología -como plantas de destrucción de cianuro y plantas de tratamiento de aguas- que ayuden a sanear los ríos y áreas afectadas.


Los costos de la remediación ecológica serán cubiertos con las utilidades que arrojen las minas. Por eso, cada proyecto debe evaluar no sólo su factibilidad técnica sino económica. Cada planta de tratamiento de cianuro cuesta alrededor de 90 millones de dólares y se necesitan dos para convertir el ácido sulfúrico en un yeso inerte.


"Son 180 millones adicionales que no estaban en los proyectos anteriores, pero los vamos a poner y punto. Si no, no hay proyecto", enfatizó Mirabal, quien explicó que lo primero que habrá que hacer es remover la capa sedimentaria de las zonas previamente afectadas por la minería ilegal, extraer sus riquezas y, con los recursos que se generen, reponer la topografía.


Poder popular


El Estado prevé impulsar un programa pedagógico con los mineros de la zona, no sólo para evitar el uso del sustancias contaminantes sino para que las comunidades indígenas, que también viven de la explotación del suelo, conozcan los beneficios económicos, tecnológicos y sociales del proyecto. Para ello, se tiene previsto un plan de información que será divulgado en las lengua de las distintas étnias venezolanas.


El objetivo, en el corto plazo, es establecer un registro para contabilizar, legalizar y capacitar a los mineros del estado Bolívar en técnicas adecuadas, con el propósito de que la actividad económica sea sustentable y ecológica. Un punto clave en ese procedimiento es que la fiscalización permitirá verificar el pago de impuestos y regalías para el país. En la actualidad, la explotación minera ilegal no reporta ningún beneficio económico para Venezuela.


Facilitar el acceso de los pequeños mineros a las plantas libres de mercurio no sólo pretende reducir la contaminación de las cuentas, sino ofrecerles herramientas para que no exploten el recurso en minas ilegales, generalmente dominadas por mafias violentas que promueven el contrabando.


Adicionalmente, el Ejecutivo emitió una resolución que obliga a que 60% de los recursos provenientes de la actividad minera retornen a los venezolanos en forma de inversión social.
Mejora financiera


El desarrollo del Arco Minero del Orinoco significa, además, la mejora de la posición del Estado para tener acceso a las fuentes de financiamiento de la banca internacional y empresas asociadas.


La caída de los precios del petróleo y la arremetida de las calificadoras contra Venezuela han debilitado limitado la capacidad del país en el endeudamiento externo. Como consecuencia, el Estado debe cancelar hasta 25% de interés anual por encima de lo que pagan los bonos del tesoro de EE.UU. Por eso, la opción de la explotación minera se perfila como una alternativa que podría oxigenar la economía.


Según las estimaciones del Ministerio de Petróleo, las reservas potenciales de minerales en Venezuela podrían generar más de dos trillones de dólares. Aunque no todos los recursos disponibles pueden ser explotados, el Arco Minero es una carta indiscutible para que el país exija un financiamiento en condiciones más ventajosas que las actuales.

Publicado en Economía

 

La protesta minera se activó a las cero horas del miércoles 10 de agosto y los puntos de bloqueo fueron instalados en vías de La Paz, Cochabamba, Oruro, Potosí, Chuquisaca y Santa Cruz en rechazo a la modificación de la Ley General de Cooperativas Mineras que abre -según el gremio- el camino a la sindicalización en las cooperativas. Además exigen la atención de un pliego de 10 puntos

 

La Razón Digital / Paulo Cuiza / La Paz

 

Los hechos de violencia derivados del bloqueo de caminos entre el miércoles y viernes, principalmente en Mantecani, dejó un saldo de al menos 318 heridos en filas de los cooperativistas y de la Policía. El Ejecutivo reportó esta mañana la existencia de al menos 66 efectivos policiales heridos y los cooperativistas informaron de 252.


El ministro de Gobierno, Carlos Romero, indicó que en las últimas horas 46 efectivos fueron hospitalizados en la Clínica Universitaria Nuestra Señora de La Paz, en la zona de Llojeta, mientras que los heridos de mayor gravedad son son el subteniente William Flores Silvestre con fractura del metacarpo del pie derecho, y el sargento segundo Santiago Mamani Lazo con diagnóstico de Traumatismo Encefálico Craneano (TEC).


A los 46 se suman 11 policías internados en la Clínica Urme; 3 en el Hospital Obrero y 5 en la Clínica del Sur de la ciudad de La Paz, que junto a otros afectados llegan a "un centenar de policías más o menos que han resultado entre heridos y retenidos en las últimas horas", dijo.


"En otros casos se trata de policontusiones, posiblemente algunos ya están siendo dados de alta, sin embargo, la Policía cumple con su deber de liberar a personas que han quedado atrapadas prácticamente en condición de rehenes en los caminos, especialmente, en la ruta La Paz-Oruro y Oruro-Cochabamba", indicó tras visitar a los efectivos en la Clínica Universitaria.


El presidente de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin), Carlos Mamani, reportó 252 heridos en sus bases. "Tenemos ocho heridos de gravedad, a un compañero prácticamente le han destrozado la mandíbula (...) otros tienen cortaduras, golpes en la cabeza y costillas rotas. Honestamente da indignación ver a nuestras autoridades que nos quieren confrontar".


La protesta minera se activó a las cero horas del miércoles 10 de agosto y los puntos de bloqueo fueron instaladas en caminos de La Paz, Cochabamba, Oruro, Potosí, Chuquisaca y Santa Cruz en rechazo a la modificación de la Ley General de Cooperativas Mineras, que abre el camino -según los cuentapropistas- a la sindicalización. Además exigen la atención a un pliego de 10 puntos, en el que -según el Gobierno- exigen se les permitira entregar sus áreas de explotación al empresariado.


La primera jornada concluyó con al menos 41 policías tomados como rehenes por los cooperativistas y 93 mineros detenidos. Ese día los medios de comunicación reportaron la atención en el Hospital Obrero de Oruro de una veintena de uniformados y la existencia de tres efectivos con traumatismos encefalocraneano.


El jueves, el ministro de Defensa, Reymi Ferreira, comunicó que otros policías fueron tomados como rehenes en el sector de Mantecani, donde más de 1.000 mineros instalaron un punto de bloqueo que generó el mayor foco de violencia por el uso de dinamitas, rocas y palos por los cooperativistas para repeler la acción policial de desbloqueo.


La madrugada de este viernes el fiscal Paul Miranda informó a radio Patria Nueva la liberación de 16 cooperativistas, entre ellos cuatro mujeres, detenidos en Mantecani por haberse cumplido las ocho horas de arresto. "En cumplimiento de las ocho horas de la detención se dispuso su libertad", indicó.

 


(12/08/2016)

 

 

 

Publicado en Internacional

En la vereda La Manuela, del municipio de Puerto Asís (Putumayo, Colombia), cerca de la frontera con Ecuador, los indígenas nasas están llorando. La guardia ancestral merodea por la carretera que la empresa Gran Tierra está abriendo para la exploración petrolera y, en medio de la presencia del Ejército, que condiciona su tránsito, pretenden paralizar la obra porque arqueólogos autorizados por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (Icanh) encontraron el pasado 1° de julio una olla ancestral.


“En el área del proyecto se profanó un sitio sagrado, lo cual genera desarmonía y desequilibrio tanto físico como espiritual. Exigimos que se suspendan de inmediato las actividades del proyecto. Este es un territorio donde se conservan rasgos físicos y espirituales de culturas que allí habitaron”, dice Serafín Ramos, consejero de derechos humanos del resguardo Kiwnas Chxab del corredor Puerto Vega-Teteyé, mientras caminamos por la trocha.


Que no se identificó presencia de comunidades indígenas, ni del pueblo rom, ni de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras en el área del proyecto, le certificó el Ministerio del Interior a la empresa canadiense. Por eso, el 27 de enero de 2016, la empresa cumplió el requisito y el entonces director de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, Fernando Iregui, le concedió la licencia. Autorizó la construcción de 6.100 metros de vías nuevas y tres plataformas exploratorias y la perforación de diez pozos verticales con una profundidad de 4.200 metros cada uno para explotar petróleo en este piedemonte amazónico.


Así como cuando el Gobierno Nacional le concesionó el contrato a la Texas Petroleum Company (Texaco) en 1959, para la explotación de petróleo en el valle del río Guamúez por 30 años. Finalmente, en 1963, esa compañía descubrió el gran yacimiento de crudo y se fundó el campo Orito-Pungo, cuya producción se condujo al puerto de Tumaco, a través del oleoducto Transandino.


Luego, tras pasar de bombear 120.000 barriles de petróleo por día (bpd) en 1981, cuando alcanzó el nivel de producción de 20.000 barriles diarios, Texaco le cedió el contrato a la estatal Ecopetrol, la cual creó el Distrito Sur de Producción de Orito, pues la canadiense tenía intereses en otro bloque en el hermano país de Ecuador.


Ya en el año 2000, en los albores del Plan Colombia, la llegada de empresas petroleras al Putumayo arreció y las movilizaciones sociales en su contra empezaron a fortalecerse. Para esa época arribaron Canadian Petroleum, Alberta Energy Colombia, City Investing Colombia del Grupo Pacalta (adquirida por Alberta Energy), Argosy Energy International, Ecopetrol, Hocol y Ram Petroleum Ltd. De esas compañías, la mayoría ya no están en el departamento. La razón: se retiraron o hicieron parte de las fusiones empresariales de la década pasada.


La zona más deseada para la extracción petrolera está concentrada en la cuenca Caguán-Putumayo, cuya extensión se deriva de la cuenca oriental del Ecuador y norte del Perú. En Colombia se abre paso por el río Caguán hasta los ríos fronterizos San Miguel y Putumayo. La Universidad Nacional ha documentado cuánto crudo podría tener la región. En 2007 estableció que dicha cuenca ocupa el cuarto lugar en reservas, con cerca de 5.000 millones de barriles de petróleo. Luego están las cuencas de los Llanos Orientales, los Cayos, en San Andrés, y Vaupés-Amazonas.


Hoy, Putumayo sigue inundado de petróleo y pobreza. Existen 13 compañías extranjeras, la estatal Ecopetrol y barrios enteros del pueblo más grande, Puerto Asís, sin energía. En 2015, según la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), se ejecutaron en este departamento 32 contratos de explotación petrolera y el total de barriles de crudo sacados fue de 520.296, mientras que las regalías en ese año ascendieron a $164.920 millones.


En lo corrido de 2016 han estado activos 11 contratos de producción para 22 campos de explotación de petróleo y existen 29 contratos de exploración para la búsqueda de hidrocarburos. Uno de ellos es el de la Gran Tierra, cuyo contrato de ejecución figura a nombre de Petro Caribbean Resources Ltd. El Espectador consultó a la ANH por qué en la resolución de licencia ambiental figura esta empresa y en el terreno hace presencia otra. La respuesta es que quien ejecuta el contrato es un consorcio conformado por Gran Tierra Energy Corp. (operador), con el 50 %, y Petro Caribbean Resources Ltd., con 50 %.


Los indígenas nasas, que están en Putumayo, llegaron desplazados del Cauca en los años 60, tras ser arrinconados hacia las montañas por los terratenientes y los ingenios azucareros. Dicen que los sitios donde encuentren vestigios, como la olla de barro que encontró la Gran Tierra, son territorios ancestrales y sitios sagrados que deben ser respetados. En las orillas de la nueva trocha por donde entran y salen las máquinas amarillas haciendo la carretera se ven los calambales caídos. Son los árboles que conservan el humedal muerto en este momento para los aborígenes.


A lo largo del monte donde no ha llegado aún la carretera hay cinco rectángulos de 40 centímetros de profundidad. Fueron perforados por los arqueólogos que buscan vestigios ancestrales, a pesar de que el Ministerio del Interior haya dicho que allá no habitan los indígenas. “Este hallazgo es una vasija que está en un contexto doméstico, hace parte de alguna comunidad. Está metido dentro de la legislación del patrimonio arqueológico, es decir, les pertenece a comunidades indígenas prehispánicas, antes de la Conquista. Hace parte de la identidad de todos los colombianos”, explica Cristian Mauricio Sánchez, arqueólogo autorizado por el Icanh para realizar este trabajo. Habla mientras deja que los indígenas vean la olla que está en la casa donde se hospeda el equipo de la Gran Tierra.


El proyecto está en la etapa de obras civiles y luego viene la instalación del taladro. A la petición de las comunidades, la respuesta de la empresa es: “Nosotros no podemos parar las actividades. Hicimos el compromiso de que en el punto cinco, donde encontramos la vasija, el trabajo se iba a parar”, dice Diego Plaza, profesional de apoyo indígena de Gran Tierra.


“Tampoco vamos a parar la movilización. Ni usted ni yo tenemos la culpa. Yo soy una mensajera de los ancestros y usted de la Gran Tierra. Tenemos que estar en movimiento, porque yo no voy a permitir que por el avance de la empresa a mí me den fuete”, le responde la líder nasa Fanny Alvarado, mientras vemos un rectángulo de terreno que, en su cosmovisión, ha sido profanado.


“Hemos hecho comunicados y pusimos una tutela ante la Corte Constitucional de que sí existimos, tenemos todos los documentos. Es que donde hay un asentamiento indígena, ahí está el camino ancestral. Ellos conocen que tenemos asentamientos indígenas de los pueblos nasa, siona, inga, embera, kofán, camentsá y el pueblo awá”, enfatiza Alvarado.
Ya los awás del valle del Guamúez me habían comentado que allá también están llorando, pero por las enfermedades que les ha generado la explotación petrolera. “Las mangueras del oleoducto pasan por encima de nuestras casas y la mancha negra cae en nuestro entorno. Yo pienso que, si queremos la paz, el Gobierno debe empezar haciéndola con nuestros territorios, o si no los conflictos van a perdurar”, dice un awá de 20 años, quien quiere que la tecnología llegue a su comunidad, pero controlando el consumismo.


Mientras Fanny Alvarado saca un puñado de tierra de la olla, para ofrendarla a los dioses en una ceremonia clandestina, el funcionario de la Gran Tierra dice que la empresa está esperando la orden del Icanh para saber qué hacer con la vasija, no para frenar las obras. Pero los nasas advierten que no están peleando por lo que pueda valer exhibida en un museo, sino por lo que significa para su historia. “Que la devuelvan al sitio donde la encontraron y que no sigan profanando el territorio”, puntualiza Alvarado. En todo caso, están empeñados en que a Putumayo dejen de llamarlo distrito minero y, como otrora, ahí empiece la Amazonia.


vía: Red Latina sin fronteras

Publicado en Colombia

En medio de un ambiente de fiesta e integración social, el pasado 3 de junio cerca de cien mil tolimenses, pobladores de su capital, Ibagué, colmaron las principales avenidas de su ciudad. El motivo: celebrar la 8ª Gran marcha carnaval, en esta ocasión bajo la consiga: “Por el agua y contra la mega minería”.

 

 


Su entusiasmo no es casual: desde años atrás los habitantes de esta parte del país se sienten agredidos por la multinacional Anglo Gold Ashanti, quien ha concesionado para exploración y posible explotación minera el 70 por ciento del departamento y el 90 por ciento de las tierras de uno de sus municipios, el de Cajamarca, donde impulsa el proyecto mega minero a cielo abierto La Colosa, del cual aspira extraer miles de toneladas de oro a partir del año 2026. Esta misma multinacional también ha concesionado, y con igual propósito, un importante porcentaje de tierras de los vecinos departamentos de Quindío, Risaralda y Caldas.

 

 


Por experiencia propia y ajena, las sociedades saben que un proyecto de estas dimensiones conlleva la destrucción de los entornos naturales y ambientales que hacen parte de su región, acabando, o cuando menos disminuyendo sus fuentes de agua, contaminándolas, desviándolas. Decenas y/o centenares de pequeños agricultores se verían, de igual manera, desplazados de inmediato por la compra de su tierra, y la región entraría en un proceso de deterioro y contaminación ambiental que no debe ser. La masiva concurrencia a esta marcha-carnaval dejó claro el rechazo de la ciudadanía ibaguereña a este mega proyecto.

 

 


Con motivo de esta marcha-carnaval, entrevistamos a una de las personas que a través de todos estos años ha integrado y estado al frente del Comité ambiental de la ciudad, el compañero Renzo Alexander García. Este es el diálogo sostenido:

 


da. ¿Cómo fue la participación de la ciudadanía ibaguereña en esta 8ª marcha carnaval?
RAG. Estamos sorprendidos, de manera muy positiva, porque la marcha carnaval de este 3 de junio ratifica una vez más que la unidad del pueblo colombiano, en este caso de quienes poblamos los departamentos de Tolima, Quindío y Caquetá (donde también fueron realizadas marchas con propósito similar), siga dando ejemplo de que el trabajo colectivo y en conjunto puede ser capaz de generar una gran conciencia, la misma que se ratifica en estos procesos de movilización.
Hoy nos movilizamos indígenas campesinos, estudiantiles, sindicales, muchachos de secundaria, presidentes de acción comunal, de acueductos comunitarios, madres cabeza de familia, y una gran cantidad de sectores populares y políticos que siguen demostrando que el tema de la mega minería contaminante ha comenzado a calar en la conciencia ciudadana del pueblo tolimense y colombiano, que no aceptaremos por nada del mundo del presidente Juan Manuel Santos una dictadura mega minera que nos destrozará, dictadura que se encuentra por encima de los derechos de nuestras comunidades y nuestra madre tierra.


Nos sentimos sinceramente orgullosos por el coraje, la dignidad y la valentía que está mostrando este pueblo tolimense; invitamos al resto de la ciudadanía a que sigamos informando, movilizándonos porque esta pelea apenas está comenzando: en el Tolima tenemos una meta que va a arrancar por su ciudad capital –Ibagué– en donde proponemos realizar la primera consulta popular en una ciudad capital en el mundo; ¿cuál es el reto u obligación que tenemos? Primero, superar el umbral de los 130 mil votos; si no aprendemos a movilizarnos, y a ejecutar en las urnas lo que no queremos, le daríamos posibilidades a estos gobiernos para que avancen en la imposición de estos proyectos minero energéticos que no representan el sentir y el pensar de las comunidades.


da. ¿Cómo preparan la consulta popular para superar el umbral de los 130 mil votos?
RAG. Lo que estamos diciendo es que hoy llegaron cerca de 150 mil personas a la plaza de Bolívar en el municipio de Ibagué, departamento del Tolima, y la meta es que esos miles de personas entiendan que tenemos que comprometernos de una manera mucho más decidida, seguir fortaleciendo este proceso de unidad y demostrar que si podemos superar ese umbral que nos impone la ley 134 del 94; si logramos que Ibagué se convierta en la primera ciudad capital del mundo en decirle no a la mega minería contaminante, vamos a seguir fortaleciendo los procesos de organización social, la esperanza y la capacidad de las comunidades; el reto es seguir ganando, seguir movilizándonos, aprendiendo a trabajar en conjunto.


Aquí le queremos decir a la Anglo Gold que en este territorio no es bienvenida, que no vamos a aceptar sus discursos de responsabilidad social empresarial corporativa, porque la dignidad del Tolima no está en venta; no vamos a poner en riesgo el derecho colectivo de sus hijos, mis hijos y los hijos de nuestros hijos; el derecho colectivo a un ambiente sano es superior a la codicia minera; pero para así lograrlo necesitamos seguir fortaleciéndonos porque, indiscutiblemente, la tarea que tenemos al frente –para vencer en esta pelea– no es fácil.


da. Están pendientes otras consultas populares en diferentes municipios de los departamentos de Quindío y Tolima, entre ellos Cajamarca, ¿como respaldarlas?
RAG. Hay que reconocer, primero, el papel jugado por la Corte Constitucional en la preservación del espíritu ambiental que tiene la Constitución Política de 1991; la Corte acaba de declarar inexequible el artículo 37 del Código de Minas que le quitaba la posibilidad a los entes territoriales –concejos y asambleas– de prohibir la minería en su territorio; hoy en día, con la inexequibilidad de ese artículo, no hay ni una sola norma jurídica que nos pueda quitar la posibilidad de convocarnos a una consulta popular, y esa es la meta que estamos persiguiendo en Ibagué para convertirnos en la primera ciudad capital del mundo en decirle no a la mega minería contaminante.


Lo segundo es la ciudad de Cajamarca, donde adelantan hoy el proceso para una consulta popular de origen ciudadano, el umbral que necesitaban para poder convocarla es de 1.800 votos y recogieron cerca de cinco mil, la Registraduría les abaló cerca de 3.500 y hoy en día el proceso se encuentra en el concejo municipal y creemos que las mayorías aprobarán esa consulta, impidiendo que se roben la democracia como lo hicieron los concejales de la alcaldía anterior que se dejaron comprar por la Anglo Gold Ashanti. Creemos que es un buen momento para hacerlo, respaldando ese clamor popular. Conocemos también del departamento del Quindío que está tratando de configurar la primera consulta popular de un departamento en Colombia y en el mundo, lo que vemos con mucha satisfacción y optimismo; hoy también se movilizaron en una marcha masiva, sin precedentes históricos, la más grande de Armenia y el Quindío. Queremos que se sigan sentando la bases para que las comunidades construyan un poder alternativo que no ponga en riesgo los derechos sociales, ambientales y culturales, frente a la mega minería y el saqueo.


da. ¿Cómo ha sido la lucha durante estos 10 años frente a la mega minería y la Anglo Gold Ashanti por parte del Comité ambiental?
RAG. En Ibagué se están sentando las bases para unas nuevas prácticas y discursos que nos permitan articular el movimiento social; hoy movilizamos múltiples sectores, con lo cual estamos rompiendo las barreras de los partidos político electorales, de las religiones, de los credos, lo que nos posibilita armar un gran poder social, capaz de detener ese poder económico corrupto de gobernantes y empresas particulares. Creemos que el aporte del Comité ambiental es el de seguir demostrando que a través del arte, de la cultura, de la vida, del conocimiento, de la construcción conjunta y colectiva, podemos ganar y lograr una defensa efectiva del territorio, no solo de los que hoy lo habitamos sino para aquellas generaciones futuras que aún no han nacido.

 


La consulta popular en Ibagué ya fue aprobada por el Concejo municipal, esperando que los magistrados del departamento la aprueben para poderla llevar a cabo; esperamos cumplir en los próximos días con el reto de los 150 mil votos, porque nuestra lucha por la supervivencia del ser humano, del territorio, de la fauna, la flora, el planeta y la humanidad, son indispensables ante la conciencia acumulativa arrasadora del capitalismo salvaje.

Publicado en Colombia
EEUU incluye en su previsión de seísmos, por primera vez, los provocados por el hombre

 


MADRID.- Ya no hay vuelta atrás, los terremotos han dejado definitivamente de ser considerados únicamente como desastres naturales y han pasado a sumarse a las consecuencias de la acción del hombre sobre el medio ambiente. La acumulación de conocimientos sobre el origen de seísmos relacionados con grandes obras públicas, la minería y, sobre todo, actividades propias de la extracción de petróleo y gas ha llevado al Servicio Geológico de Estados Unidos a incluir por primera vez los terremotos provocados en su última previsión de riesgo sísmico para las zonas central y este del país.

 

El tema no es desconocido en España, donde se dio el reciente ejemplo puntual del proyecto Castor, que fue objeto del interés internacional. Los informes científicos dejaron claro que la ola de centenares de movimientos sísmicos de hasta magnitud 4,2 que se produjo en 2013 en Castellón estaba relacionada con el comienzo de operaciones en la plataforma costera Castor, depósito subterráneo estratégico de gas natural. Un caso que ha costado muy caro a los ciudadanos y en el que muchos expertos creen que se minusvaloró el riesgo de que los temblores que ya se sabía que se inducirían fueran tantos y tan importantes.

 

Respecto al movimiento sísmico de magnitud 5,1 en Lorca (Murcia) hace cinco años, existe una hipótesis basada en datos científicos según la cual se debió, al menos parcialmente, a la extracción continua de agua subterránea. También se han relacionado, en otros países, terremotos con la construcción de grandes presas y con actividades mineras.

 

El hito que supone la inclusión de la peligrosidad sísmica inducida en un informe oficial en Estados Unidos se debe a que resulta obvia para los expertos la relación entre el gran aumento de la sismicidad en zonas del centro de Estados Unidos, especialmente Oklahoma, Kansas y Texas, con el aumento espectacular de las actividades de extracción de petróleo en yacimientos difíciles y extracción por fracturación hidráulica (fracking).

 

A pesar de la baja densidad de población en esos extensos estados, siete millones de personas viven en áreas afectadas por seísmos provocados, según la previsión. En Oklahoma y Kansas la probabilidad de que se produzca un terremoto de magnitud superior a 4,5 ya oscila entre el 5 y 12%., similar a la de muchas zonas de California, donde el riego sísmico natural es muy alto. Casi toda la sismicidad provocada se relaciona con la inyección en pozos de aguas residuales contaminadas procedentes de la extracción de petróleo y gas y no con la explotación en sí de los yacimientos, ha explicado Justin Rubenstein, director del Proyecto de Sismicidad Inducida en el Servicio Geológico de Estados Unidos. Ha habido bastantes grandes terremotos (superiores a magnitud 3) en los últimos años por esta causa en la zona centro de Estados Unidos, el mayor de magnitud 5,6. En una reunión de la Sociedad Sismológica Americana el mes pasado, Rubenstein recordó que cuando se limitó en Kansas la cantidad de aguas residuales que se podía inyectar, la sismicidad bajó a la mitad en los seis meses siguientes.

El interés por la sismicidad provocada ha llevado a volver la vista atrás, desde que empezó la explotación de petróleo en el siglo XX. La conclusión es que, al menos en Texas, se han producido numerosos terremotos en amplias zonas por causa humana desde 1925, según un estudio publicado la semana pasada en Seismological Research Letters, que refuta la postura de negación sostenida por numerosos políticos de este Estado. Este fenómeno ha aumentado, sin embargo, mucho en los últimos años. Se ha pasado de dos grandes seísmos al año en 2008 en Texas a 12 anuales en la actualidad. La mayoría tiene su epicentro a pocos kilómetros de un pozo de aguas residuales.

 

Los expertos en fracturación hidráulica, técnica en auge en Estados Unidos y Canadá, suelen coincidir en que los movimientos causados por este método no superarían nunca la magnitud 3, que no suele sentirse ni causar daños. Esto ha resultado ser cierto en Texas, según el estudio citado, pero no así en Canadá, donde ha cundido la alarma por el aumento de grandes terremotos en la zona oeste no costera del gran país, que se asocian al “fracking”. En el último año se han registrado dos seísmos de magnitud superior a 4 próximos entre sí. Otro estudio reciente en la misma revista, relativo a Canadá, ha encontrado una fortísima relación entre la actividad humana y terremotos iguales o superiores a 3 en una zona de 454.000 kilómetros cuadrados en Alberta y la Columbia Británica, de baja peligrosidad sísmica natural. Nada menos que el 60% de esta sismicidad se asocia al “fracking”, entre un 30 y un 35% a las aguas residuales y el resto a fenómenos tectónicos naturales. El periodo estudiado es desde 1985 a 2010. Sin embargo, son muy pocos relativamente los pozos alrededor de los cuales se producen estos movimientos pero por el momento no se puede predecir, al proyectarlos, cuáles serían.

 

Los expertos canadienes creen que la sismicidad asociada al fracking puede ser igualmente importante en Estados Unidos, pero que queda enmascarada por el gran volumen de agua utilizada en ese país en la extracción de petróleo y su consiguiente efecto sísmico.

 

Por otro lado, los mecanismos por los que se produce un movimiento sísmico (fallas y placas tectónicas) son iguales en uno natural y uno inducido, señalan los expertos, por lo que resulta imposible diferenciarlos en muchos casos. Las regiones con sismicidad inducida se identifican por un fuerte aumento en el número de terremotos en un área determinada y luego se estudia su posible relación con actividades humanas. Lo importante para ellos no es tanto identificar la causa concreta en cada lugar como alertar para establecer medidas de protección de la población y los bienes en zonas que no se consideraban antes de riesgo sísmico.

 

 

Publicado en Medio Ambiente
La producción y explotación de uno de los símbolos del país sigue cubierto por el manto de la ilegalidad

 

 

La vía principal para llegar a Muzo, un pueblo de casi 10.000 habitantes en el occidente de Boyacá, está paralizada desde hace dos meses. Un derrumbe generado por la lluvia ha mantenido a este municipio, considerado la capital mundial de las esmeraldas, aislado. Para abastecerse de los productos básicos, los más osados han tenido que utilizar vías alternas. Sin pavimentar y peligrosas. Muzo, de donde hace algunos salieron una de las esmeraldas más grandes del mundo (Fura) y una de las más valiosas (Tena) a duras penas recibe lo que merece.

 

La localidad boyacense ejemplifica la cruda realidad de uno de los símbolos nacionales de Colombia. El negocio de las esmeraldas atraviesa por un buen momento, a tenor de las cifras de la Federación Nacional de Esmeraldas: 2015 cerró con un aumento del 27% en las exportaciones. Según datos del Ministerio de Minas, la producción de repuntó en un 15% pasando de 1.551.549 a 2.167.110 quilates. Las esmeraldas representaron el año pasado el 14% de la producción de los minerales no metálicos y alrededor del 2,4% del PIB minero.

 

Pero más allá de estos números, el negocio sigue estando presidido por una opacidad y evidencia una falla histórica: la fragilidad del Estado en el control que ejerce sobre este tipo de minería. En Muzo, por ejemplo, la explotación y la comercialización de esmeraldas supone el primer renglón de su economía, pero el dinero que recibe el municipio apenas llega al 3% del presupuesto municipal. Muy poco, si se tiene en cuenta que tan solo un quilate de esta piedra preciosa se vende en el mercado en precios que van desde los 25 hasta los 100.000 dólares.

 

Muzo no solo no tiene lo que debería por su riqueza minera, también ha tenido que vivir desde los años sesenta en medio de una ‘guerra verde’, desatada por quienes buscan el control del negocio de las esmeraldas. Un informe de la Contraloría General de la Nación señala que “la explotación de esmeraldas en el occidente de Boyacá es el ejemplo más paradigmático de la desidia del Estado por controlar la explotación de un recurso no renovable de su propiedad”. En la práctica, dice la entidad, “se ha cedido en el control del orden público y la explotación de las minas ha sido usufructuada, en apreciable medida, por organizaciones amparadas por el poder de la fuerza o por sus nexos con grupos armados al margen de la ley. En los municipios productores de esmeraldas confluyen violencia y degradación social con poderosos empresarios y grupos armados, vinculados algunos con bandas de narcotraficantes y paramilitares, que el Estado ha tolerado durante décadas”.

 

Ninguna autoridad colombiana es capaz de obviar lo que evidencia la Contraloría. Tres años después de la muerte de Víctor Carranza, el zar de las esmeraldas, dueño máximo de la extracción y la producción del valioso mineral, la lucha por el control del negocio ilegal, continúa. Solo en abril, hubo dos operaciones contra patrones de las esmeraldas. La Policía detuvo a principios de mes en Maripí (Boyacá) a un reconocido esmeraldero, Horacio Triana, a quien se investiga por haber querido atentar contra Carranza en el pasado. Pocos días después, se capturó a 10 funcionarios y exfuncionarios colaboradores de otro esmeraldero, Pedro Nel Rincón, también conocido como Pedro Orejas’. Entre los detenidos había un fiscal, un exjuez y varios abogados.

 

El senador del Polo Democrático Iván Cepeda, coautor de ‘Victor Carranza, alias El Patrón’, un libro que repasa el lado más oscuro de uno de los símbolos más populares de Colombia, recuerda que, a diferencia de otros negocios ilegales, en el caso de las esmeraldas, a tratarse de un mineral precioso, la conexión con las élites hace que, en muchas ocasiones, estás hayan mirado para otro lado. “Cada vez que se ha intentado regular el negocio, ha sido en vano”, sigue advirtiendo Cepeda.

 

Boyacá, un departamento cercano a Bogotá, es donde se concentra el 68% del total de títulos para la explotación de esmeraldas en Colombia, según la Agencia Nacional de Minería. El organismo asegura que el año pasado el valor de los quilates de esmeraldas exportados alcanzó algo más de 18 millones de dólares. De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), “en el año 2015 el principal destino de las exportaciones de esmeraldas fue la Zona Franca Permanente Bogotá con una participación de 92,3%. El segundo destino (un 3,3%) fue Hong Kong.

 

Una de las paradas obligadas para cualquier turista, y no solo, que haya pasado por Bogotá es la compra, o al menos el intento, de una de estas piedras preciosas. La confluencia en el centro de la capital de la Jiménez y con la Séptima, dos de las calles más transitadas, es un hervidero de vendedores de esmeraldas. Los negocios florecen en cada esquina como el silencio cuando a los vendedores se les preguntar por el origen y la calidad de las piedras. “Es un negocio lindo”, se les oye repetir.

 

 

 

Publicado en Colombia
En La Guajira colombiana, una persona tiene que vivir con menos de un litro agua no tratada al día, mientras la mina usa más de 17 millones de litros diarios, sólo para regar las vías por las que transitan sus camiones volquetes.


Ante esta situación, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictó medidas cautelares al Estado colombiano para que garantice el agua y el alimento a la población Wayúu que habita la región de La Guajira,al mismo tiempo, organismos nacionales e internacionales denunciaron la muerte constante de niños Wayúu por falta de agua y alimento.


Mientras esto sucede, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y Corpoguajira, autorizaron al Cerrejón, la empresa propietaria de la mina de carbón a cielo abierto más grande del mundo localizada en esa zona, a que desvíe de su cauce el arroyo Bruno, lo cual vulnera los derechos fundamentales y vitales de la población ahí asentada colocándola en graves riesgos.


El arroyo Bruno es un afluente del Río Ranchería, que también fue desviado para proveer de agua a las empresas mineras. Los líderes de las comunidades advierten que ya se secaron 26 fuentes de agua a causa de la actividad minera a cielo abierto que realiza la multinacional Cerrejón.


La realidad de la Guajira se extiende a otras regiones marginales del país donde las actividades mineras o de siembra de monocultivos de palma ya han dejado una enorme huella de contaminación y de sequía en las fuentes hídricas.


En marzo de 2015, después de una verificación de la defensoría del pueblo, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y ACNUR, confirmó la muerte de 19 niños y niñas ocurridas desde julio de 2013, que pudieron ser prevenidas. La muerte de los menores está asociada al consumo de agua contaminada, agravada a la falta de atención médica oportuna. Estas denuncias hacen referencia a que los indígenas han sido obligados a acabar con sus tradiciones culturales. De acuerdo a datos proporcionados por la UNICEF, han muerto 5 mil niños Wayúu en los últimos seis años. Las causas: desnutrición ligada a la falta de agua en la región.


Ante el nuevo anuncio de desvío del arroyo Bruno autorizado por la ANLA y Corpoguajira, el líder comunitario de La Guajira, Samuel Arregocés, hizo la denuncia y la petición de solidaridad a Colombia y al mundo. Exige al presidente Juan Manuel Santos que detenga el desvío del arroyo Bruno: “en los últimos meses la multinacional Cerrejón ha recibido todos los permisos del gobierno para desviarlo con el fin de extraer más de 35 millones de toneladas de carbón que hay en el lecho del arroyo” afirmó Samuel.


En la solicitud, Samuel afirmó que: “Para nosotros el arroyo Bruno significa la vida y la posibilidad de permanecer en nuestro territorio, viviendo con nuestras familias y animales, en medio de la flora y fauna. Durante los últimos 30 años, en La Guajira hemos sufrido los dolorosos impactos que ha dejado la empresa Cerrejón, la mina de carbón a cielo abierto más grande del mundo. Nuestro territorio ha sido despojado y nuestros arroyos uno a uno han sido desviados, secados y contaminados por la minería.


El hambre y la falta de agua para los habitantes de La Guajira se agravarán si el arroyo Bruno es desviado. Este correrá la misma suerte de otros tantos que han desaparecido, y sus habitantes seguirán siendo víctimas de un Estado que evade su responsabilidad y culpa, la cual redirecciona al fenómeno natural de “El Niño”.

Publicado en Colombia
Mientras aumenta la demanda de baterías recargables, las empresas se esfuerzan por asegurarse el suministro del metal necesario para las mismas, que cada vez se vuelve más preciado.

 

 

El precio del litio importado hacia China se duplicó en dos meses (noviembre y diciembre del año 2015) llegando a costar 13.000 dólares la tonelada, según indica 'The Economist'. El elemento se ha vuelto clave en la demanda de los mercados y ante esto, el llamado 'Triángulo del Litio' en América Latina parece ser una reliquia al concentrar más del 85% de las reservas de este metal en el planeta.

 

Uno de los ejemplos de las demandas de litio en el mundo, es el caso del empresario Elon Musk, quién indicó a principios de mes que expandiría la producción de los autos eléctricos Tesla. "Para producir 500.000 vehículos al año, necesitamos absorber toda la producción de litio del mundo", afirmó Musk a los medios.

 

El elemento es un componente esencial de baterías que alimentan todo, desde vehículos híbridos y eléctricos hasta celulares, ordenadores portátiles y herramientas eléctricas.

 

Teniendo en cuenta tal la demanda de almacenamiento de energía de alta densidad, Goldman Sachs, uno de los grupos de banca de inversión y valores más grandes del mundo, ha catalogado al litio como "la nueva gasolina".

 

De hecho, según un informe publicado por la consultora Allied Market Research, está estipulado que el mercado global de baterías de este elemento genere ingresos por un total de 46.210 millones de dólares hacia el año 2022, indica 'Diario Financiero'.

 

El llamado 'Triángulo del Litio' es una zona geográfica ubicada en América del Sur, en el límite de Argentina, Bolivia y Chile, que concentra más del 85% de las reservas de ese metal blando del planeta, según indica Fundamin (Fundación para el Desarrollo de la Minería Argentina). Es por eso que los ojos del mundo están puestos allí.

 

Según indica la BBC, compañías japonesas, estadounidenses, australianas y otras tantas naciones europeas, tienen planes o proyectos en funcionamiento para lo que define en un artículo como la "fiebre del litio".

 

Es por esto que, como ocurre en otros sectores mineros de Latinoamérica, algunos han advertido sobre las posibles consecuencias sociales y ambientales de la explotación del material.

 

 

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Sábado, 28 Noviembre 2015 16:43

Odiosas comparaciones

La rotura de un embalse de relaves de la Mina do Germano, en el municipio de Mariana, estado de Minas Gerais, el 5 de noviembre, es la mayor catástrofe ambiental de la minería en Brasil.

 

Germano pertenece a la empresa Samarco, formada por una asociación en partes iguales entre Vale y Bhp Billiton, dos de las tres mayores productoras de mineral hierro del mundo.


El derrame de Samarco provocó la muerte de unas 25 personas, algunas aún desaparecidas, y sepultó a Bentos Rodrigues, un poblado de 600 personas a 2,8 quilómetros del dique, que el barro recorrió en 40 minutos. El lodo mató flora y fauna en 83 mil quilómetros cuadrados, equivalente a medio Uruguay.


A los 15 días del derrame el lodo había recorrido 650 quilómetros de los ríos Piracicaba y Doce, hasta llegar al Atlántico, destruyendo la vida en su camino y causando la suspensión del suministro de agua potable en decenas de poblados, afectando a unas 250 mil personas.


Por tener una serie de características similares con Aratirí, a continuación presentamos unas comparaciones básicas entre el embalse de Samarco y el propuesto para extraer hierro en Uruguay.


Samarco explotaba un yacimiento de itabirito con hematita (óxido de hierro) con un tenor de 53 por ciento de hierro. Las reservas estimadas eran de 400 millones de toneladas de mineral, de las cuales pensaba producir entre diez y quince millones de toneladas anuales de pellets, pelotitas de concentrado de hierro con un tenor de 67,5 por ciento de dicho material. La extracción en la Mina do Germano comenzó en 2007 y tenía previsto terminar en 2022, un ciclo de vida de 15 años.


El dique de la represa que se rompió (Barragem do Fundão) comenzó con una altura de 40 metros y llegaría a una altura de 140 metros. Al final de la operación se preveía que el lago de la represa almacenara unos 250 millones de metros cúbicos y cubriera 292 hectáreas. En 2015 tenía una altura de 100 metros y la superficie cubierta era de unas 177 hectáreas.


Por cada tonelada de mineral se generaba media tonelada de desechos con arsénico, cadmio, plomo, cromo, níquel, cobre y mercurio, según el Instituto Minero de Gestión de Aguas. La rotura del Barragem do Fundão derramó unos 62 millones de metros cúbicos.


Aratirí propuso explotar el yacimiento de Valentines (magnetita con 28 por ciento de hierro), calculando una reserva de 600 millones de toneladas de mineral, a partir del cual produciría 18 millones de toneladas anuales de concentrado de hierro con un tenor cercano a 65 por ciento de ese material. El plan era comenzar en 2011 un ciclo de vida de 15 años, contando tres para las obras iniciales.


El embalse de relaves era un depósito con un área de captación de 3.700 hectáreas sobre la cuenca del arroyo Las Conchas, que de­semboca en el lago de la represa de Rincón del Bonete, en el Río Negro. Cuando alcanzara sus dimensiones finales el dique de la represa tendría una altura de 51 metros, una cresta de 110 y el área de depósito de los relaves cubriría 2.420 hectáreas.


Para producir 18 millones de toneladas anuales de hierro, Aratirí debía procesar 55 millones de toneladas de mineral. Cada tonelada de mineral generaría unos dos tercios de tonelada de relaves, por lo que se preveía una capacidad final de almacenamiento del embalse de 470 millones de metros cúbicos.


Germano es un yacimiento de hierro con bajo tenor, pero casi el doble más rico que Valentines. El embalse de Aratirí cubriría un área diez veces mayor que el de Samarco, con el doble de capacidad, porque en Valentines no hay elevaciones montañosas que le den mayor profundidad al embalse, y la cantidad de relaves de Aratirí sería mayor por ser un yacimiento más pobre.


Una investigación reciente mostró que las fallas graves de los embalses de relaves han aumentado por las actuales prácticas de construir embalses mayores a 5 millones de metros cúbicos, como forma de asegurar la rentabilidad de la inversión en la explotación de yacimientos pobres, y también que las mineras no pueden pagar, ni garantizan, el seguro para cubrir los costos de las catástrofes.

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