Miércoles, 15 Octubre 2014 07:31

Activista y reo

Desde la cárcel ha puesto en jaque al establishment. Sin poder hacer campaña por estar recluido en una cárcel de Lima desde hace más de tres meses y con los medios en contra, Gregorio Santos, actual presidente regional de Cajamarca (cargo similar al de gobernador en Argentina), fue reelegido el 5 de octubre por un amplio margen: 44 por ciento contra 18 por ciento del segundo. Esta victoria del fundador del izquierdista Movimiento de Afirmación Social (MAS) y líder de las movilizaciones campesinas que han paralizado un millonario proyecto minero en Cajamarca, que representa un contundente triunfo de esta protesta social, ha descolocado a la derecha política, al poder económico y a los medios de comunicación, que se la han jugado por la defensa de la cuestionada mina. El gobierno ha sido otro derrotado con este resultado.

 

Maestro de escuela de 48 años, integrante del sindicato de profesores y miembro de las Rondas Campesinas, el movimiento social más importante de esta región mayoritariamente rural ubicada a unos 800 kilómetros al noreste de Lima, Goyo, como es conocido popularmente Gregorio Santos, fundó en 2010 el MAS, movimiento regional ligado al partido maoísta Patria Roja, del que proviene Santos. Ese año ganó las elecciones regionales con el 30 por ciento. El profesor Santos emergió desde la presidencia regional de Cajamarca como líder de las protestas que han detenido el proyecto minero Conga, con el cual la empresa Yanacocha, de capitales norteamericanos y peruanos, la minera aurífera más grande de Sudamérica y la segunda del mundo, pretende ampliar sus actividades en Cajamarca, donde opera desde 1993.


Los campesinos se han movilizado contra el proyecto Conga para explotar oro y cobre a tajo abierto, por su alto costo ambiental y por amenazar su abastecimiento de agua. La mina destruiría cuatro lagunas y el ecosistema de manantiales, ojos de agua y bofedales que las rodean, que la empresa pretende reemplazar por dos reservorios artificiales de agua que ella manejaría. Las movilizaciones contra Conga y la poderosa Yanacocha han sido duramente reprimidas, con un saldo de cinco muertos.


"En la base de esta protesta está la lucha por el agua, los graves pasivos sociales y ambientales que ha dejado Yanacocha en veinte años y una mala relación de la empresa con la población, marcada por la prepotencia. Después de más de veinte años de minería, Cajamarca no ha evolucionado, sigue siendo una región muy pobre (el 53 por ciento de la población de Cajamarca vive en la pobreza)", le señaló a Página/12 José de Echave, de la ONG CooperAción, quien fue viceministro de Ambiente en los primeros cuatro meses del gobierno de Humala y que dejó el cargo por sus críticas al proyecto Conga.


En junio de este año, Santos fue encarcelado acusado de recibir un soborno de unos 300 mil dólares de un empresario para realizar obras en la región. Goyo niega los cargos. El Poder Judicial ordenó su detención cuando el caso todavía está en la etapa de investigación, argumentando que existe riesgo de que se fugue. Sin embargo, Santos había acudido a las citaciones que se le habían hecho y era candidato, con lo que el argumento de peligro de fuga no parece sostenerse. Lo que ha quedado en el ambiente es la sensación de una detención para intentar sacar de la carrera electoral al candidato que representaba la oposición al millonario proyecto minero. Pero lejos de sacarlo del escenario, la cárcel lo ha fortalecido como líder regional y opositor a la minera Yanacocha.


"La votación en Cajamarca que le ha dado el triunfo a Santos ha sido contra Conga y el significado negativo de la minería para esta región en estos últimos veinte años y a favor de una economía más diversificada, con agricultura, ganadería, turismo, en la cual la minería puede tener un espacio, pero no el espacio casi excluyente que se le ha querido dar. Si alguien pensaba que el proyecto Conga podía tener licencia social, con este resultado electoral es evidente que no tiene viabilidad", asegura José de Echave. La empresa ha expresado su intención de seguir adelante con el proyecto minero por ahora paralizado, el cual le daría una utilidad de 15 mil millones de dólares. "Si se sigue adelante con este proyecto tendríamos un fuerte conflicto social", advierte De Echave.


Sin poder ocultar la dureza del golpe recibido y con un alto grado de intolerancia, voceros de la derecha económica y política ocupan amplios espacios en los medios buscando "culpables" por un resultado electoral que no logran digerir, redoblando sus ataques contra el triunfante Santos, descalificando como "desinformados" o "ignorantes" a los electores de Cajamarca por el sentido de su voto, proponiendo limitar el poder de las regiones y prohibir la reelección de los presidentes regionales, pedido al que se ha sumado el gobierno, y esforzándose en una defensa, casi post mortem, del cuestionado proyecto minero Conga. Algunas reacciones han bordeado la histeria.
Los seguidores de Santos han anunciado movilizaciones para exigir la liberación del reelecto presidente regional. Liberación que no implicaría anular el proceso judicial por supuesta corrupción en su contra, sino que el mismo continúe, pero con Santos en libertad. El Poder Judicial ratificó esta semana la "detención preventiva" de 14 meses contra Santos, con lo que no podría asumir la presidencia regional el 1º de enero de 2015. En ese caso, asumiría el cargo su electo vicepresidente, Porfirio Medina, también del MAS, quien ha ratificado la oposición de su agrupación y del gobierno regional a la continuidad del proyecto minero Conga.

Publicado en Internacional

Por segundo año consecutivo, las exportaciones de Latinoamérica prácticamente se mantendrán estancadas. El año pasado se contrajeron el 0,2% y en 2014 subirían apenas el 0,8%, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). El comercio exterior explica en parte la desaceleración de la economía regional y obedece al abaratamiento de los precios de las materias primas, en especial las mineras, pero también de los alimentos. Así como al bajo dinamismo de la demanda del mercado latinoamericano y europeo.

A su vez, la caída de las cotizaciones de los productos básicos responde a la desaceleración del aún rápido crecimiento de China y al excedente de oferta que responde a años de altos precios. Las exportaciones de Brasil caerían este año el 3,4%, según la CEPAL. China, EE UU, Argentina y Alemania son los principales destinos de sus productos.

Así como Sudamérica sufre por la caída de los precios de las materias primas, México y Centroamérica se benefician por la recuperación de EE UU. Las exportaciones mexicanas se expandirían el 4,2% en 2014, según esta comisión. El 70% de los bienes que México destina al extranjero va a EE UU, en general productos de la maquila (ensamblaje de piezas importadas)


Argentina, con perspectiva de caída del PIB, exportaría este año un 10,1% menos, por la recesión de Brasil, principal destino de sus exportaciones manufactureras —en especial coches—, y por la bajada del precio de los alimentos. Los agricultores han guardado casi la mitad de la cosecha de soja en silos a la espera de una mejora de las cotizaciones.
Colombia padecería una merma del 4,4% en las ventas al extranjero, sobre todo por menor demanda dentro de la región y EE UU. A Colombia, que exporta sobre todo petróleo, carbón, oro y café, le afecta la crisis de Venezuela y el abaratamiento de las materias primas, que incluye la moderación del alto precio del crudo.


Las exportaciones de la petrolera Venezuela apenas caerían el 0,9%. A los países mineros de Chile y Perú tampoco les iría mejor: el primero elevaría el 0,1% sus ventas externas y el segundo las recortaría en un 10,2%. Ambas economías están desacelerando su crecimiento. Chile se diferencia de Perú en el hecho de que entre sus principales exportaciones aparecen algunos productos más elaborados, como pasta de madera y vino.

Publicado en Economía

Luego de tres años de vigencia del TLC entre Colombia y Canadá, vale la pena evaluar el tipo de inversión y el comportamiento de las empresas canadienses en nuestro país, para ver si este TLC ha ayudado a mejorar las garantías en materia laboral y socio-cultural en dichas empresas. Con esa intención, la ENS hizo un estudio sobre el cumplimiento de las responsabilidades contraídos por ambos gobiernos dentro del TLC, y de los acuerdos paralelos que se firmaron en respuesta a los cuestionamientos por la falta de medidas claras de protección a los derechos humanos.

El estudio analiza igualmente el desempeño de las empresas más exitosas de Canadá en Colombia, especialmente en el sector minero-energético, en cuanto a sus ingresos y utilidades, pero también en su comportamiento laboral y en cuanto a las garantías de protección de los derechos humanos y del medio ambiente.

 

Canadá y su industria extractiva

 

La minería y los hidrocarburos implican explotaciones a gran escala, altamente tecnificadas, por lo que generan pocos empleos: no participan sino con el 1,1% del empleo total del país (238 mil empleos en 2012), además con una pésima distribución de los excedentes entre los trabajadores, al tiempo que ofrecen jugosos ingresos para sus dueños y accionistas. Por su parte, la industria contribuye con el 13% de todos los empleos del país y el sector agropecuario con el 18%. Dicho de otro modo: entre 2000 y 2012, años donde subió notoriamente la economía extractiva, la agricultura generó casi 3 veces más empleo que la minería, y la industria manufacturera generó más de 6 veces.

Canadá es uno de los países que más concentra capital minero. De hecho la mitad de todo el capital minero del mundo se encuentra en las bolsas de Toronto y Vancouver. No sorprende, entonces, que la inversión canadiense se concentre en el sector minero-petrolero. 35 de las 52 empresas canadienses en Colombia se dedican a actividades de exploración, extracción y distribución de minerales e hidrocarburos, más que las empresas procedentes de otros países. Ver gráfico: 

 

Distribución sectorial de las empresas canadiense  (%)

 

Fuente: Rastreo y cálculos propios

 

De las 35 empresas canadienses enfocadas en la exploración, extracción y/o distribución de minerales e hidrocarburos, 22 se especializan en la exploración y extracción de oro y otras minerales (excluyendo el carbón) que generan pocos ingresos por concepto de regalías.

Si separamos las 10 empresas canadienses con mejor desempeño económico en 2013, vemos que es contundente la concentración de las actividades de minería y extracción y transporte de los hidrocarburos como fuente de riqueza y utilidades empresariales. Ver cuadro:

 

Las 10 empresas canadienses más grandes (por ventas en 2013 y 2010)


 

Como se ve, 9 de los 10 primeros puestos de empresas canadienses en Colombia, medidos por ventas, los ocupan compañías relacionadas con hidrocarburos. Y se ve que los ingresos operacionales de las dos primeras: Pacific Rubiales Energy y Meta Petroleum, aumentaron exponencialmente. En Colombia Pacific Rubiales se ha ido abriendo camino a velocidad feroz en el sector de los hidrocarburos, tanto expandiendo la producción y los bloques de exploración, como adquiriendo otras empresas petroleras canadienses.

Pero además, Meta Petroleum, al igual que Pacific Stratus Energy y Petrominerales, son de propiedad de Pacific Rubiales Energy, que es, después de Ecopetrol, la segunda petrolera más grande del país, cuya producción ha tenido un incremento colosal en años recientes. En 2007 producía menos de 25 mil barriles diarios (1), y a mitades de 2013 producía más de 250 mil barriles por día, en Campos de Rubiales y Quifa (2) . Adicionalmente, tiene 40 bloques exploratorios en Colombia, tres más en Perú y dos en Guatemala.

Sólo una de la lista: la Gran Colombia Gold, se dedica a la exploración y extracción de oro y plata, después de concretar su fusión con Medoro Resources (otra minera de procedencia canadiense) que tiene minas en Antioquia (Segovia y Titiribi) y en Caldas (Marmato). Al igual que la gran mayoría de las empresas canadienses dedicadas a la extracción de oro y otros minerales preciosos, Gran Colombia Gold aún está lejos de acumular las ganancias prometidas debido al poco tiempo que lleva en el país, y a que aún está en procesos de exploración. Se espera que en próximos años sus ventas se incrementen al punto de competir con los ingresos de las petroleras canadienses con presencia en Colombia.

 

Derechos laborales: un discurso al vacío

 

La vulnerabilidad de los derechos laborales y sindicales en Colombia y su recurrente violación, fueron las principales razones de la oposición a los TLC, tanto con Canadá como con Estados Unidos y la Unión Europea. En respuesta a estos cuestionamientos, los gobiernos de Colombia y Canadá acordaron crear herramientas que, supuestamente, ayuden a que las empresas canadienses garanticen los derechos humanos básicos, entre ellos los laborales.

Este acuerdo plantea 3 retos: proteger, ampliar y hacer efectivos los derechos básicos de los trabajadores; fortalecer la cooperación en materia laboral entre ambos países; y avanzar en los compromisos internacionales laborales que cada país tiene. Asimismo, reafirma las obligaciones de cumplir los convenios de OIT, y propone que empleadores y trabajadores establezcan diálogos con el "fin de mantener un ambiente laboral justo, seguro y sano".

El acuerdo subraya la protección de 6 derechos laborales: libertad de asociación y derecho a la negociación colectiva, e incluye el derecho de huelga; eliminación de todas las formas del trabajo forzoso; abolición del trabajo infantil; eliminación de todas las formas de discriminación laboral; condiciones aceptables de trabajo con respecto al salario mínimo, jornada laboral, salud y seguridad ocupacional; otorgar a los trabajadores migrantes la misma protección legal que a los nacionales de cada país respecto a las condiciones de trabajo.

Otra herramienta es la evaluación de los impactos en materia de derechos humanos. Ambos gobiernos se comprometieron a adelantar reportes cada año, como una manera de asegurar que no haya retrocesos en esta materia, bien por las cláusulas y reglas del TLC, o por la actuación indebida de las empresas canadienses o colombianas.

Estos mecanismos y herramientas pueden sonar convincentes, pero, como la historia nos enseña, los discursos pueden divergir significativamente de las prácticas, y sobre todo de la voluntad concreta de las partes interesadas. El reporte del gobierno canadiense dice que tras la implementación del TLC las exportaciones de Canadá hacía Colombia en sectores que fueron liberalizados, crecieron más que las exportaciones colombianas hacían Canadá. Y aunque el reporte menciona que hubo dos sumisiones sobre asesinatos de sindicalistas y represión de activistas laborales y sindicalistas, percibidos como "obstáculos al desarrollo de los sectores de minería, hidrocarburos y la industria agrícola", pero que ninguna de esas sumisiones "ofrece un análisis de los cambios en las situación de derechos humanos, ni tampoco pudieron demostrar un vínculo entre el goce y respecto por los derechos humanos y las reducciones arancelarias de Canadá asociadas con la implementación del TLC".

El reporte también hace énfasis en uno de los proyectos que busca mejorar el Diálogo Social, la Salud Ocupacional y la Seguridad Industrial en el sector de minas. Pero está ubicado en La Guajira, departamento donde no existe actividad minera significativa por parte de una empresa canadiense. ¿Por qué no se desarrolló este proyecto en zonas de influencia de capital canadiense, donde existen múltiples conflictos de tipo socio-cultural, ambiental y laboral que involucran empresas mineras canadienses?

En cuanto a la violencia antisindical, según la base de datos de la ENS, entre el 1º de enero de 2013 y el 15 de agosto de 2014 se registraron 45 casos de violación a la libertad personal e integridad física de sindicalistas afiliados a la USO, entre ellos 2 homicidios y 29 amenazas. Lo que demuestra lo riesgosa que sigue siendo la actividad sindical en el sector petrolero, que es uno en los que hay más presencia de empresas canadienses. Especialmente en la zona de Puerto Gaitán, Meta, donde es casi completo el dominio de la empresa más lucrativa de Canadá en Colombia: Pacific Rubiales Energy. En los últimos 3 años (tiempo que coincide con la vigencia del TLC con Canadá) en esta zona la USO sufrió 24 violaciones a sus afiliados y dirigentes, entre amenazas, hostigamiento, detención arbitraria y un homicidio.

La detención de Héctor Sánchez Gómez, Campo Elías Ortiz y José Delio Naranjo Gualteros, dirigentes y activistas de la USO, habla de la precariedad de los derechos sindicales en una zona bajo influencia política y económica de Pacific Rubiales. Fueron retenidos 75 días por orden de un fiscal, acusados de secuestro, amenazas, violación al derecho al trabajo y obstrucción de vías públicas. Luego todos fueron puestos en libertad por un juez de garantías de Bogotá. No obstante Darío Cárdenas, vicepresidente de la seccional sindical, sigue retenido bajo los mismos cargos. Hoy se utilizan las normas penales para perseguir a dirigentes sindicales y no para proteger la actividad sindical.

A pesar de que la USO no tiene afiliado ningún trabajador de Pacific Rubiales, en la zona donde esta petrolera canadiense opera enfrenta 32 procesos penales en contra de sus dirigentes, afiliados y activistas, todos por acciones de protesta frente a la negativa de Pacific Rubiales de aceptar la afiliación sindical y la negociación colectiva en Campo Rubiales.

La seriedad de las violaciones de la Pacific merece un compromiso concreto gubernamental para lograr la resolución de estos conflictos, el castigo de los responsables (incluyendo la empresa), y una reparación integral al sindicato y sus afiliados (y sus familias) personalmente afectados por estas violaciones.

 

Sindicatos brillan por su ausencia en empresas canadienses

 

La presencia sindical y la existencia de la negociación colectiva en las empresas canadienses presentes en Colombia, en su gran mayoría del sector minero-energético, deja bastante que desear. En las 52 empresas solo existen 3 sindicatos (el 5,8%). Y más preocupante aún: sólo uno de ellos, Sintramanisol, de la empresa Bata Footwear, logró negociar y firmar convención colectiva de trabajo (CCT).

El sindicato Sintraminenergética ha logrado incidir en el entorno de la minería de oro en Marmato y Segovia, donde opera Gran Colombia Gold, pero sin lograr la firma de una CCT. En el caso de Colpatria (en socio con ScotiaBank) hay un claro acento antisindical, con la utilización de un pacto colectivo como mecanismo para asegurar que no nazca ni crezca la organización sindical.

El sindicato UTEN fue creado por acuerdo de puerta cerrada entre la gerencia de Pacific Rubiales y dirigentes de la CGT, para lograr que la USO se quedará por fuera de la empresa, y por ende de Campo Rubiales. Este sindicato no ha negociado ninguna CCT, al contrario, como compensación por crear un sindicato no conflictivo, la empresa firmó un Acuerdo Laboral que da algunas dádivas a los trabajadores que se unieron a la UTEN.

En conclusión, por fuera de la publicidad que contra en los grandes medios, empresas canadienses como Pacific Rubiales, patrocinadora de la selección nacional de fútbol, siguen existiendo muchas prácticas explícitas e implícitas antisindicales que van en contra de los derechos laborales.

A continuación se reseñan 15 casos en los cuales los proyectos de inversión minera y petrolera de compañías canadienses implican conflictividad con el medio ambiente y las comunidades:

 

Caso REM Forest

 

La abundancia de recursos forestales y de biodiversidad hace del Chocó una región atractiva para la inversión extranjera. Allí fijó sus intereses la multinacional canadiense REM Forest, cuyo principal accionista es el billonario Frank Giustra, un corsario financiero a quien el gobierno Uribe, a través de Codechocó, le concedió licencia para explotar durante 15 años más de 5 millones de metros cúbicos de madera en la zona de Bahía Solano, lo que representan unos US$1.500 millones. Esta compañía tiene vínculos financieros con Pacific Rubiales, Medoro Resources, Alange Corp y Gran Colombia Gold. Es decir, se trata de un proyecto de envergadura que vincula la madera con el oro y el petróleo (3).

El proyecto REM Forest preveía la explotación de 44.596 hectáreas de selva, ubicadas todas al interior del consejo comunitario Los Delfines, lo que suponía la explotación del 70% del territorio comunitario (4) . Para lograr el aval de la comunidad la empresa ofreció al Consejo Comunitario el 10% del costo de explotación, más regalos velados y sobornos al parecer. Pero las consecuencias ambientales y sociales de esta explotación maderera eran tan considerables, que el Ministerio del Medio Ambiente reversó la licencia ambiental, por lo que la empresa canadiense abandonó el país, dejando una estela de destrucción forestal en la zona, donde construyó carreteras, redes eléctricas, campamentos e incluso helipuertos, daños por los que la empresa no ha respondido.

 

Proyecto Caramanta

 

Caramanta es un municipio del suroeste de Antioquia, en límites con Marmato, cuya vocación histórica es la agricultura. Pero desde el 2008, tanto Caramanta como los municipios vecinos de Jardín y Támesis, vienen siendo objeto de la avanzada inversionista de 4 empresas canadienses: Caramanta Conde Mine, Solvista Gold Corp., Medoro Resources, B2 Gold Corp.; una empresa sudafricana (Anglo Gold Ashanti), y un sinnúmero de empresarios particulares.

El territorio de Caramanta es de 9.408 hectáreas, y 5.199 de ellas presentan titulación minera, y otras 2.414 están en solicitud de licencia. Tal irrupción inversionista minera, que se ha hecho mediante la compra de propiedades en gran escala y a precios irrisorios, la ha facilitado la concentración de la propiedad: el 0.46 de los propietarios posee el 45% de la tierra. Y las multinacionales canadienses tienen 1.122 hectáreas tituladas, el 12% del territorio.

De suerte que en Caramanta la disyuntiva es inequívoca: o el pueblo o las minas. Lo que provocó la reacción de la comunidad agremiada en la Asociación Agropecuaria de Caramanta, y en el Cinturón Occidental Ambiental (COA). Lograron la intervención de Corantioquia, que en mayo de 2012 ordenó suspender actividades a la minera canadiense Caramanta Conde Mine, porque realizaba actividades no avaladas por la entidad ambiental, como el uso de fuentes hídricas, construcción de vías y de un helipuerto. Un pequeño triunfo que sin embargo no frena la iniciativa empresarial minera comandada por las empresas canadienses.

 

Proyecto Dojurá (Chocó)

 

Dojura es un municipio enclavado en la selva chocoana, tierra poblada por comunidades indígenas y negras, que desde 1999 busca la titulación colectiva de 172.000 hectáreas, a las cuales tienen derecho en virtud de la Ley 70 de 1993. En septiembre de 2011 les fueron concedidos a 43 consejos comunitarios agremiados en Cocomopoca la propiedad grupal de 73.000 hectáreas, el 42% del territorio reclamado.

El problema es que de las 86.000 hectáreas tituladas por el gobierno a la multinacional sudafricana Anglo Gold Ashanti, en asocio con la canadiense Continental Gold (5), 55.000 se ubican al interior del territorio concedido por el gobierno a las comunidades afro descendientes. Más aún, incluye el cerro Dojura, considerado por los habitantes como lugar sagrado.

Así se ha configurado un triple conflicto, frente al cual tanto AGA como Continental Gold, que se encuentran en la etapa de exploración, han guardado un cauteloso silencio, que preserva sus interesas en proporción inversamente proporcional a la disminución de los derechos colectivos de la comunidad.

 

Zona del piedemonte llanero

 

En los últimos años el piedemonte llanero se ha convertido en una de las zonas claves para la actividad petrolera. La cuenca de los llanos orientales y la del piedemonte suman 28.5 millones de hectáreas, de las cuales 5,7 millones (el 20%) ya fueron entregadas por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) en convenios de exploración y explotación a varias empresas.

En diciembre de 2013 Ecopetrol, en asocio con la canadiense Talisman Energy, anunciaron la comercialidad del proyecto Akacías, en el bloque CPO-09, con reservas estimadas de 1.300 millones de barriles de petróleo (6). Talisman Energy participa con el 45% de la explotación de este bloque, y con el 50% en el bloque CPEB. Metapetroleum, filial de Pacific Rubiales Energy, opera a su vez con el 70% del bloque Quifa. Y Parex Resources participa con el 50% del bloque Capachos y con el 100% del bloque Cabrestero.

El problema es que del piedemonte llanero fluyen las aguas que abastecen 7 municipios: Acacías, Castilla la Nueva, Cumaral, Cubarral, Guamal, San Martin y Villavicencio, donde viven 620.500 personas. Pese a los reportes maquillados de las empresas vinculadas a este macroproyecto petrolero, las consecuencias ambientales no se han hecho esperar. Desde el 2010, solo en los proyectos bloque CPO-09 y bloque Llanos 36 3D, se han reportado serios efectos ambientales, frente a los cuales las comunidades reaccionaron con múltiples acciones colectivas, que incluyen bloqueos de empresas contratistas, tomas de vías y una audiencia pública ambiental en Guamal, en octubre de 2013. Así lograron dar la voz de alerta, por lo que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) negó en primera instancia autorización para la explotación del bloque 36 3D, a cargo de la firma colombiana Montecz, quedando en firme el bloque CPO-09, en el que participa Talisman Energy, y otros vinculados a Talisman y Metapetroleum.

Con todo, el área protegida por la autoridad ambiental es apenas una minúscula fracción del territorio, por lo que el conflicto persiste y afecta a más de medio millón de habitantes de la zona.

 

Explotación petrolera en Casanare

 

A principios de este año se registró en el departamento del Casanare una sequía de grandes proporciones, que produjo la muerte de más de 20 mil animales, entre ellos 6 mil chigüiros. Y ello ocurrió en la Orinoquía, la segunda fuente de agua subterránea dulce del país. En julio los habitantes de Yopal, capital de Casanare, realizaron una protesta cívica porque llevan 3 años sin suministro de agua.

Aunque aparentemente la crisis del agua no tiene que ver con la inversión petrolera canadiense en Casanare, en realidad sí tiene relación. Este departamento, y el Meta, son los mayores productores de petróleo en el país, y por lo mismo son objeto de un gigantesco feriado de licencias para su explotación, las cuales han tomado a manos llenas las multinacionales canadienses Canacol Energy, Alange Energy Corp, Pacific Rubiales Energy y Parex Resources. Para 2014 en esta región había concesionadas un total de un millón de hectáreas, 850.000 en fase exploratoria y el resto en fase de producción. Y se van a concesionar más licencias para exploración y explotación petrolera por medio de Fracking, que es una técnica que implica actividad sísmica y uso intensivo de agua, y por tanto puede generar una catástrofe ambiental.

De hecho los habitantes de Tauramena, otro municipio de Casanare con proyección petrolera, preocupados por los pasos de animal grande que sienten venir, decidieron realizar una consulta popular para impedir la explotación petrolera. El 98% votó en contra de la misma.

 

Proyecto Marmato (Caldas)

 

Marmato se asienta en una montaña llena de oro, por lo que sus 9.000 habitantes viven de horadar la tierra para extraer el mineral que constituyen su sustento. Por eso mismo es un campo de conflicto, donde la comunidad trata de sobrevivir frente a la multinacional canadiense Gran Colombia Gold, que a toda costa busca apropiarse de la montaña para sacarle el oro, que se calcula en cerca de 7 millones de onzas, y 59 millones de onzas de plata (7).

Se trata de un proyecto de minería a cielo abierto que involucra el uso de potentes explosivos, químicos peligrosos como el cianuro, la deforestación y devastación de toda la zona, y el uso del agua, en perjuicio de la comunidad. Por ello la comunidad reunida en el Comité Pro-Defensa de Marmato y el Consejo Regional Indígena del Cauca, se ha resistido a entregarle la montaña a la multinacional canadiense, con lo que se ha desatado una silenciosa disputa, que tuvo su punto álgido con el asesinato del sacerdote José Reinel Restrepo, quien había declarado que sólo muerto lo sacarían del pueblo.

Pese a que los mineros de Marmato no se han dejado sacar de la empresa y se han mantenido en la parte alta de la mina, y a que el Concejo Municipal en 2011 prohibió la mina a cielo abierto, el conflicto persiste. Por un lado, el gobierno nacional ha buscado mecanismo para impedir que comunidades y gobiernos locales se opongan a proyectos mineros, por ser de "interés nacional"; y por el otro la multinacional canadiense sigue buscando mecanismos de irrupción en la parte alta de la montaña, a la vez que mantiene la explotación minera en la parte baja.

 

Proyecto Angostura, Páramo de Santurbán

 

El páramo de Santurbán se ubica entre los departamentos de Santander y Norte de Santander, en un área de 142.610 hectáreas. Es un complejo de enorme riqueza de aguas, biodiversidad, fauna, flora y recursos minerales. Además, es una zona de recarga y regulación hídrica estratégica. 48 municipios de ambos departamentos, donde viven 2.3 millones de personas, se abastecen del agua proveniente de 5 quebradas, 2 ríos y 10 lagunas. Según la empresa de acueducto de Bucaramanga, los efectos de la explotación minera sobre el suministro de agua suponen un serio peligro.

La parte correspondiente a Santander, entre los municipios de Vetas y California, es un sitio rico en minerales, especialmente oro y plata, por lo que una parte de sus habitantes se dedica a la pequeña minería de subsistencia. La llegada de la multinacional canadiense Greystar (ahora Eco Oro) dio pie a un conflicto que se expande a todo el departamento. Claro que esta empresa sólo cuenta con la titulación del terreno, y desde 1995 ha invertido más de 140 millones de dólares sin extraer ni un gramo del metal.

Greystar tiene 36 mil hectáreas asignadas, que hacen parte del páramo de Santurbán, cuyas reservas se estiman en 9 millones de onzas de oro y 59 millones de onzas de plata. De ahí que a septiembre de 2010 sus acciones tenían ganancias en la bolsa valoradas en 266 millones de dólares. Greystar parece que no está en el negocio de la explotación minera sino en el de la especulación financiera.

Ante el abandono estatal, la estrategia de la empresa canadiense es ganarse a la población supliendo parte de sus necesidades. Financió la estación de radio del municipio de Vetas, el jardín infantil, el colegio y el coliseo principal de California, además de prometer la pavimentación de los municipios hasta Bucaramanga.

Ante la presión de la sociedad civil, Greystar decidió retirar la solicitud de explotación minera, aunque meses después (en septiembre de 2011), y luego de cambiarse el nombre a Eco Oro, la volvió a solicitar. En el interregno, las autoridades ambientales actuaron en defensa del páramo, y el proyecto se encuentra paralizado (8), pero la latencia del conflicto continúa.

 

Proyecto Gramalote, Antioquia

 

El proyecto Gramalote se ubica en el oriente de Antioquia y cobija 6 municipios: San Roque, Santo Domingo, Cisneros, Maceo, San Rafael y Yolombó, donde se estima que las reservas de oro pueden llegar a 2.39 millones de onzas. Se trata de un proyecto de riesgo compartido entre la multinacional sudafricana Anglo Gold Ashanti y la empresa canadiense B2 Gold.

La multinacional Anglo Gold Ashanti es una compañía con pésimo historial, no sólo medioambiental sino también en Derechos Humanos. En el caso colombiano, llaman la atención 3 fenómenos: el primero es el vínculo "raramente" causal entre la llegada de la multinacional y la presencia de grupos paramilitares, lo que explicaría por qué éste es uno de los pocos proyectos en el que la resistencia de las comunidades ha sido nula: las secuelas de la violencia y el miedo han impedido cualquier forma de organización. El segundo es la adquisición de títulos en zonas protegidas, especialmente páramos. Y el tercero es la puerta giratoria que existe entre el gobierno y puestos de dirección en la multinacional. El director operativo del proyecto estuvo encargado de Ingeominas, la entidad que concedió la titulación a AGA y a B2 Gold (9).

Este proyecto se encuentra en etapa de estudios de factibilidad, y está pronto a comenzar operaciones de explotación, presumiblemente bajo el modelo de mina a cielo abierto. Las consecuencias medioambientales y de seguridad alimentaria en una zona cuya base económica es la agricultura de subsistencia, no se harán esperar. Pero bajo la sombra del miedo, es posible que dichos efectos no aparezcan en toda su dimensión sino cuando los daños sean irreparables.

 

Proyecto La Vega-Mocoa, Cauca y Putumayo

 

El Macizo Colombiano es la principal "fábrica de agua" del país". Surte el 70% de los acueductos de Colombia, lo que da cuenta de su enorme importancia estratégica, al punto que la Unesco lo declaró reserva de la biósfera. Alberga 15 páramos, varios volcanes y 65 lagunas. Tiene 3 millones 200 mil hectáreas, de las cuales cerca de la mitad son bosques y 200 son áreas de páramo.

Allí se encuentran La Vega (Cauca) y Mocoa (capital de Putumayo), municipios que se caracterizan por una fuerte agricultura de subsistencia minifundista, de la que viven 45.000 personas, además en medio de conflicto armado entre las guerrillas, el ejército y los paramilitares. En esta zona, al igual que en el conjunto del Macizo Colombiano, avanza avasalladora la gran minería transnacional, capitaneada por la multinacional Anglo Gold Ashanti. También participan las canadienses Continental Gold y B2 Gold, ésta última en asociación con la primera.

Estas empresas pretenden extraer principalmente oro y cobre en La Vega, y Molidebno y cobre en Mocoa, todo ello en un terreno de 13.654 hectáreas. Pero se han topado con la fuerte oposición de la comunidad indígena, campesina y afrodescendiente, pues supondría la desaparición, no sólo de la economía campesina de subsistencia sino también de los pueblos mismos; esto porque el proyecto, junto a otros que se desarrollan en la región, abarcan un altísimo porcentaje del territorio. Por ello el proceso de explotación minera avanza lentamente, y por tanto el conflicto aún no ha virado de su etapa de latencia a la fase de abierta confrontación.

 

Quinchía, departamento de Risaralda

 

Quinchía se encuentra ubicado al occidente de Risaralda, y hace parte del llamado cinturón del Cauca Medio, una de las zonas más ricas en minerales, en la que también se halla Marmato y la gran reserva de oro de La Colosa, Tolima. Es un municipio de vocación agrícola, y como complemento económico hay unos 2.000 mineros informales que realizan labores artesanales de filón, aluvión y barequeo.

En el 2007 la Anglo Gold Ashanti, que entró a Quinchía en 2003, le vendió sus títulos a la canadiense B2 Gold, que a su vez los revendió a las también canadienses Batero Gold y Seafield Resources. La primera de ellas tiene el proyecto Batero-Quinchía, con recursos indicados de 3.54 millones de onzas de oro, 12.3 millones de onzas de plata y 438 millones de libras de cobre. Y Seafield Resources afirma que su proyecto tiene reservas por 3 millones de onzas de oro. Su explotación sería a cielo abierto, pero hasta ahora sólo se han realizado labores de exploración.

La irrupción de estas mineras canadienses implica 3 problemas. El primero es el cambio de vocación productiva del municipio, pues más del 10% de su territorio está titulado a las mineras canadienses, con posibilidad de ampliación (10). Lo que comporta un problema de seguridad alimentaria, que se suma a los problemas de uso del agua y devastación de fauna y flora que acompañan a los proyectos de minería a cielo abierto (11). El segundo problema tiene que ver con la minería artesanal, que el gobierno considera ilegal y ha perseguido desde el mismo momento en que se concedió la titulación a las empresas canadienses. Se trata pues de un conflicto entre la comunidad de Quinchía y estas empresas. Y el tercer problema está asociado a las actividades especulativas de estas empresas, que sin haber comenzado a extraer oro (planean iniciar en 2015) ya están sacando cuantiosos dividendos, de los que el municipio no ha visto un peso.

 

Expoliación en Segovia, Antioquia

 

Este es uno de los casos de robo más aberrantes por parte de una multinacional de origen canadiense, que además involucra a altos funcionarios del Estado.

La Frontino Gold Mines se estableció en Segovia desde 1852, y desde entonces fue operada por inversionistas estadounidenses, lo que le ha valido el triste título de ser la zona urbana más contaminada por mercurio del planeta. En 1979 esta empresa fue liquidada y sus dueños la entregaron a sus trabajadores activos (1.600) y jubilados (1.440) en dación de pago por sus pasivos laborales y pensionales, con documentos que certifican tal hecho, firmados en New York.

Haciendo omisión de esos derechos, en 2010 el gobierno vendió esta empresa a la canadiense Medoro Resources, luego llamada Continental Gold por su fusión con esta última. Se consumó así una expoliación en toda regla, de la que la exministra de relaciones exteriores, María Consuelo Araujo, sacó beneficio personal porque terminó siendo la gerente de Continental Gold en Colombia. La mina de Segovia produce el 4% del oro del país: 55.000 onzas de oro año.

A esto se suma que con la llegada de la compañía canadiense el conflicto armado, que siempre ha existido en esta zona, adquirió nuevas dimensiones, pero extrañamente la compañía no se ve afectada en su producción. En cambio los mineros sí se ven extorsionados, amenazados y asesinados, como constatan los 280 asesinatos ocurridos desde la llegada de la multinacional hasta el 2012 (12), muchos de ellos trabajadores, dirigentes sindicales y pequeños propietarios mineros (13).

 

Taraira, Vaupés

 

En 2007 Ingeominas le otorgó a la multinacional canadiense Consigo-Frontier la concesión de 10.000 hectáreas en el municipio de Taraira, Vaupés, para explotación aurífera.

Tal concesión se hizo sin proceso de consulta previa, obligatoria porque el proyecto está en territorios de comunidades indígenas y es importante reserva forestal. Por tal motivo en 2008 la autoridad ambiental ordena la suspensión de las actividades de la multinacional, orden que ese mismo año se levanta y la compañía continua con sus actividades. Es más, la autoridad minera le concedió dos títulos más: el IH3-16001X (9.973 hectáreas) y el IGH-15001X (2.010 hectáreas), dos días después de declararse la zona como Parque Nacional Yaigojé Apaporis (14).

Este caso es importante porque, en primer lugar, al menos formalmente, en el país está prohibida la titulación minera en parques nacionales, y a la fecha los gobiernos de Uribe y Santos han entregado 30 títulos en estas zonas restringidas, dos de los cuales a la canadiense Cosigo Frontier (15). Y en segundo lugar, porque allí viven comunidades indígenas, habitantes ancestrales, que consideran sagrado el lugar donde Cosigo pretende desarrollar su actividad minera.

 

Suárez, departamento de Cauca

 

En los corregimientos La Toma y Buenos Aires, del municipio de Suárez, las comunidades afrocolombianas asentadas han vivido del oro por más de 40 años, con las modalidades artesanales de barequeo y socavón (16). Pese a ello, desde el 2006 entran a la zona las multinacionales Anglo Gold Ashanti y Cosigo Resources, esta última canadiense, con el fin de establecer una mina a cielo abierto. Para ello se han hecho de títulos mineros que en solo en el corregimiento La Toma alcanzan 6.500 de sus 7.000 hectáreas, lo que implicaría su desalojo.

En total, las dos terceras partes del municipio de Suárez están en trámite para explotación de oro, y para ello más de 10 mil hectáreas ya han sido concedidas a particulares y a multinacionales. En la zona también se ha hecho presente el terror. El caso más sonado fue la masacre de 8 mineros informales a manos de paramilitares en abril de 2010 (17).

No obstante, en mayo de 2011 la Corte Constitucional ordenó a Ingeominas suspender todas las licencias de explotación minera en La Toma, hasta no llevar a cabo la consulta previa con las comunidades afrodescendientes de la zona. La batalla hasta el momento la gana la comunidad, pero la historia continúa.

 

Titiribí, Antioquia

 

El municipio de Titiribí está ubicado a 70 kilómetros al suroeste de Medellín. Aunque su economía es básicamente agrícola, tiene igualmente una tradición minera que se remonta a tiempos coloniales. Cuando se creía que tras un siglo de explotación en este municipio ya no existía más oro, aparte de la tradicional minería artesanal informal, en 2010 la historia dio un giro con la llegada a la zona de las mineras canadienses SunWard Resources y Gran Colombia Gold.

La primera aterrizó tras comprar las propiedades mineras a la también canadiense Goldplata Resources. Se estima que las existencias de oro allí alcanzan 4.58 millones de onzas indicadas, y otras 6.44 millones de onzas inferidas (18). La Gran Colombia Gold, por su parte, compró la mina La Independencia, en el llamado proyecto El Zancudo, del cual explota unas 130.000 onzas año.

Se presenta, por tanto, un conflicto que enfrenta a las grandes mineras canadienses con los pequeños mineros artesanales; conflicto que permanece en estado de latencia, pues la oposición ha sido pequeña y fragmentaria, mientras que el proyecto minero de las canadienses cuenta con el sólido respaldo del gobierno en sus niveles nacional, departamental y local.

 

Uranio conflictivo en Samaná, Caldas

 

Aunque desde 1979 se conoce la existencia de uranio en el municipio de Samaná, sólo hasta 2009 comenzó un plan serio de exploración de las reservas de este mineral radioactivo en los corregimientos Berlín y San Diego.

Gaia Energy tiene 10.700 hectáreas concesionadas mediante 4 títulos mineros, y adelanta investigaciones en el corregimiento de Berlín, encontrando el momento reservas de 20 millones de libras de uranio. Se estima que para ser rentable la explotación debe asegurar reservas de 100 millones de libras.

No obstante, esa no es la única propiedad minera de la canadiense U308 Corp. Además de reservas de uranio, el área concesionada tiene reservas de vanadio, fosfato, itrio, molibdeno, neodimio y níquel (19) .

Podría tratarse de una tragedia ambiental y de salud pública anunciada, pues es evidente el riesgo asociado a dicha actividad. El uranio en cualquiera de sus estados (natural, enriquecido o empobrecido) tiene efectos tóxicos en el cuerpo humano, más aún si se explota a cielo abierto.

Lo preocupante, añadido a lo anterior, es que hasta el momento ni la comunidad tiene consciencia clara de los riesgos inherentes a esta actividad minera, ni el Estado colombiano posee una reglamentación en la materia.

 

Publicado 18 de septiembre de 2014.

 

  1. Pacific afirma que llegará a medio millón de barriles”. Portafolio, 12 de abril de 2011, www.portaflio.com.
  2. Véase: Pantin, Ronald. 2013. “Los retos del sector hidrocarburos: el caso Pacific”. El Espectador, 26 de junio de 2013, www.elespectador.com.
  3. Environmental Justice Atlas (EJAtlas). Bosques de Bahía Solano, Colombia. En: http://ejatlas.org/conflict/bosques-de-bahia-solano-colombia.
  4. Molano, Alfredo (2011). “¿A quién le importa Juan Ceballos?”. En: http://www.elespectador.com/opinion/quien-le-importa-juan-ceballos-columna-269818
  5. Esta empresa canadiense tiene en Colombia un amplísimo espectro de intereses mineros. Se conocen al menos 6 proyectos concretos: Buriticá, Berlín, Dominical, Dojura, Santander, Anzá, lunareja, y Arenosa y Zaragosa. Ver: Eafit: http://www.eafit.edu.co/escuelas/economiayfinanzas/laboratorio-financiero/burkenroad/burkenroad2012/continental-gold-2012.pdf
  6. Ecopetrol S.A. “Ecopetrol y Talisman anuncian la comercialidad de Akacías en el bloque CPO-09”. En: http://www.ecopetrol.com.co/contenido.aspx?catID=148&conID=79328&pagID=135588
  7. Alfredo Molano Bravo (01 de octubre de 2011). “El espejismo de Marmato”. En: http://www.elespectador.com/noticias/nacional/el-espejismo-de-marmato-articulo-302997
  8. Environmental Justice Atlas (EJAtlas). Ibíd.
  9. Lasillavacia.com (30 de junio de 2011). “Las preguntas detrás de Anglo Gold Ashanti”. En: http://lasillavacia.com/historia/las-preguntas-detras-de-anglogold-ashanti-25503
  10. Eltiempo.com (10 de junio de 2012). “Buscan frenar minería ilegal en el eje cafetero”. En: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-11934181
  11. Ver: http://www.risaraldahoy.com/2013/04/acueductos-comunitarios-de-quinchia-en.html
  12. Wradio.com (26 de octubre de 2012). “Enfrentamientos entre BACRIM por minería ilegal dejaron 280 muertos en Segovia en 2012”. En: http://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/enfrentamientos-entre-bacrim-por-mineria-ilegal-dejaron-280-muertos-en-segovia-en-2012/20121026/nota/1785833.aspx
  13. Elcolombiano.com (16 de enero de 2012). “Asesinato de otro minero causa preocupación en Segovia”. En: http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/A/asesinato_de_otro_minero_causa_preocupacion_en_segovia/asesinato_de_otro_minero_causa_preocupacion_en_segovia.asp
  14. Indepaz (junio de 2012). “Taraira: se abre el ojo del huracán minero en la amazonía colombiana”.
  15. Revista Semana (23 de marzo de 2013). “Naturaleza minada en parques Nacionales”. En: http://www.semana.com/nacion/articulo/naturaleza-minada-parques-nacionales/337666-3
  16. Environmental Justice Atlas (EJAtlas). “Suarez, Cauca Colombia”. En: http://ejatlas.org/conflict/surez-cauca-colombia
  17. Revista Semana (08 de abril de 2010). “Oro, violencia y muerte en Suarez, Cauca”. En: http://www.semana.com/nacion/problemas-sociales/articulo/oro-violencia-muerte-suarez-cauca/115274-3
  18. Alcaldía de Titiribí: http://www.titiribi-antioquia.gov.co/Emp_enlac.shtml
  19. Poder colombiano (18 de junio de 2012). “Uranio en Colombia”. En: http://elpodercolombiano.blogspot.com/2012/06/uranio-en-colombia.html
Publicado en Colombia
Lunes, 25 Agosto 2014 00:00

Entre sequías y privatizaciones

La sed consume a la Guajira. Mientras Cerrejón Limited gasta cada día 17 millones de litros de agua en su proceso extractivo del carbón, miles de pobladores sufren por falta del precioso líquido. Esta realidad se erige como emblema del modelo extractivista acelerado impuesto en el país. El Gobierno actúa como cómplice de la tragedia, tanto por acción como por omisión, que deslegitima y privatiza cada vez más una gestión comunitaria del agua.

 

La Guajira se levanta por su dignidad en medio de una sequia artificial, pues sus aguas y el territorio fueron entregados a las multinacionales. Los pueblos originarios Wayuu, Wiwa, Kogui, Arhuaco y Kankuamo, en su conocimiento profundo del equilibrio de su territorio, clamaron sensatez, precaución y responsabilidad. Hoy levantan de nuevo su voz denunciando la irresponsabilidad y corroborando las sabias advertencias de siempre.

 

Los pueblos indígenas, las comunidades negras, campesinas y urbano populares, los estudiantes, la clase trabajadora, los gobiernos locales, más de 100 organizaciones se levantan y con su movilización y claras exigencias le dan una bofetada al despropósito de la campaña de llevar agua encarcelada en botellas para calmar la sed de un pueblo que exige dignidad y soluciones plenas, mientras los empresarios del Cerrejón Limited, siguen buscando el desvío del río Ranchería. Multinacional que "se apoderó de 69.000 hectáreas del territorio explotando el carbón, el gas, consumiendo diariamente 17 millones de litros de agua, mientras que la población padece desabastecimiento, los animales se mueren, no hay cultivo de alimentos por la escasez de éste líquido vital y por la destrucción del medio ambiente", según datos del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema Agroalimentario (Sinaltrainal).

 

Los datos que Sinaltrainal esgrime como prueba son contundentes: "10 millones de toneladas de desechos por cada millón de tonelada de carbón explotado, que a volúmenes del 2012, por las 34,6 millones de toneladas de carbón extraídas, el Cerrejón creó 340 millones de toneladas de tierra infértil"1.

 

En creciente

 

Más de 100 municipios presentan problemas de desabastecimiento de agua, sus pobladores hacen rogativas para que llueva. Pero las causas de su situación son básicamente antrópicas, el desastre no es natural, el desastre es social y político. El país no está preparado ni para la abundancia de agua, ni para la sequia; las instituciones de gestión pública ambiental están politiqueadas, el desplazamiento por efecto del despojo de tierras y el extractivismo acelerado, son causas estructurales de la sequia. Megarepresas, microcentrales, megaminería, monocultivos extensos para agrocombustimbles, acelerada y caótica urbanización, ahí están las incapacidades acumuladas por nuestra sociedad, por lo cual la vulnerabilidad creció enormemente.


Pese a todo esto, acaba de aprobarse el nuevo documento del Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) 28312 Agua y saneamiento rural.

 

En el documento se reza que: "La política tiene como objetivo promover el acceso al agua potable y saneamiento básico en las zonas rurales de Colombia, a través de soluciones que sean acordes con las características de dichas áreas y que contribuyan al mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural"3.

 

La lógica de la privatización es implacable. El fundamentalismo neoliberal es radical, es una ideología seguida fielmente por estos gobiernos débiles al servicio de las corporaciones privadas, así pretendan denominarse –como el reelecto gobierno colombiano–, de la tercera vía, esa que dice tomar lo mejor del capitalismo y del socialismo, y hace un tercer camino. Esta falaz ruta es más ilusa en un Estado que no provee los servicios a su ciudadanía. Hay una vía dogmáticamente asumida, el mercado, la entrega al mercado de los servicios públicos esenciales y en el caso que nos ocupa, del servicio de agua y saneamiento básico, consagrado ya desde el 28 de julio de 2010 como un derecho humano fundamental por las Naciones Unidas.


Agua, memoria e identidad comunitaria

 

"El ciclo hidrológico en si mismo explica el entramado de relaciones entre los ecosistemas y todos los lugares del planeta e implica las relaciones de la trama de la vida. Las comunidades humanas desde siempre han definido su localización espacial en relación con el agua, con las fuentes de agua. La imaginación humana adhiere al agua como la sustancia de la vida, como la fuente de la vida, el agua es vida y de allí la comprende fácilmente como bien común y reconociendo este atributo, la palabra humana es incapaz de ponerle dueños. Agua y territorio están en imbricación y sinergia y es imposible hablar del lugar, del terruño, del territorio que se construye como hábitat, sin comprender esta compleja y dinámica relación.

 

(...) El abasto, la fuente propia, el pozo, la pila, la bocatoma, la acequia, la guadua, el tubo, el nacimiento, la quebrada, el rio, el acuífero, la lluvia, la llave, la casa, la totuma, el balde. Sin agua no hay vida, no es posible la higiene, el alimento, la ropa limpia, el riego, el bienestar. Los sueños, los mitos de creación, las canciones, las odas populares, los refranes, todos estos plenos están de imágenes del agua como tranquilidad o turbulencia, profundidad y fluidez, limpieza, miedo y temor, alivio a la sed y cuando se contamina, fetidez y enfermedad.

 

El acceso al precioso líquido construye comunidad, sociedad y Estado, construye democracia y ciudadanía. Ella obliga al acuerdo, al consenso, al trabajo mancomunado (...). Y para las comunidades organizadas la historia está pasada por agua; en los recorridos territoriales es perceptible el entusiasmo y la emoción cuando se nombra cada recodo, cada montaña, cada árbol, la cuenca toda".

 

Tomado de: Mondragón, Javier; Márquez, Lina. La gestión comunitaria del agua: Apropiación del bien común y la prestación del servicio público. La experiencia de los acueductos comunitarios de la Unión, Antioquia. En, Apropiación Social del conocimiento. Ecofondo, Bogotá, Colombia, 2014.

 

Estamos acostumbrados a documentos y discursos que enuncian todo lo contrario a lo que realmente ejecutan, aunque este documento es claro en trazar un rumbo de privatización del servicio también en la ruralidad. El documento desconoce de entrada la formas como las comunidades campesinas, la población rural, las comunidades indígenas y negras y de muchos asentamientos urbano populares de nuestro país, mediante la autogestión, accedieron a agua para consumo humano y para sustentar la economía familiar campesina, gestionado un bien de uso común de manera mancomunada, solidaria, y en sus orígenes, sin presencia estatal. Esta historia mal contada plantea que estas soluciones de acceso a agua y saneamiento en la ruralidad estuvieron a cargo de la nación hasta los años 80 cuando fue asumida por los municipios producto de los procesos de descentralización político administrativa.

 

Concluye de inmediato el documento que, "las acciones para asegurar la provisión de agua potable y saneamiento básico en zonas rurales han quedado en cabeza de los municipios, especialmente en aquellos que presentan un baja capacidad institucional y financiera o de comunidades organizadas, que se caracterizan por no contar con instrumentos que les permitan acceder a los recursos para financiar proyectos de construcción, ampliación u optimización de los servicios"4.

 

Es un diagnóstico negativo, hecho para demostrar que la gestión comunitaria del agua y la gestión pública municipal no sirven, que es necesaria la transformación empresarial, pocos operadores especializados, mercados regionales, economías de escala, en fin... La ideología de la privatización empieza por el desprestigio de lo público y lo comunitario. De esta manera, lo que la gente organizada demostró históricamente como la vía expedita para acceder al agua, resulta que es hoy el obstáculo para garantizar este servicio en la ruralidad.

 

Pero no es sólo esto. El diagnóstico pasa por encima de la construcción comunitaria que para mediados del siglo pasado fue respaldada por la organizaciones gremiales surgidas de la propia economía de los territorios como la Federación de Cafeteros, por ejemplo, en las regiones de su cultivo, el papel dinámico del Estado nacional con una concepción de Estado del bienestar que tuvo instituciones nacionales y departamentales fortaleciendo el acumulado social y comunitario.

 

En contra de la experiencia y capacidad comunitaria, está en marcha una sintomática y combinada acción de control que no está acompañada de información adecuada y de un apoyo sistemático y respetuoso de la autonomía de las comunidades organizadas, y el reconocimiento a sus características culturales, de economía social y solidaria, de conocimiento de los terruños y las cuencas.

 

El diagnostico y las acciones oficiales buscan, en su enunciado, fortalecer a las organizaciones autorizadas y a las comunidades organizadas para mejorar la prestación del servicio de agua y saneamiento básico en la ruralidad. Pero, en contra de esto, hay que detallar argumentos como: "El alto número y dispersión de prestadores de servicios en el área rural, dificulta la generación de esquemas que puedan aprovechar economías de escala y alcance, generando altos costos e ineficiencia en la prestación. Adicionalmente, a mayor número de Prestadores, sé requieren esfuerzos adicionales en asistencia técnica y acciones de vigilancia y control."5 Es el lenguaje de los Conpes anteriores que orientan la transformación empresarial del sector de agua y saneamiento básico, y que deben leerse como privatización.

 

Todo el dispositivo va dirigido a mejorar la capacidad de vigilancia y control, y el lenguaje que teje es de la transformación empresarial. En Antioquia tenemos un reciente caso de toma de sistemas comunitarios en el municipio de Rionegro que acaba de aprobar a pupitrazo limpio un proyecto de acuerdo6 para transformar la empresa Aguas de Rionegro S.A. EPS, con lo cual dejaría de ser una sociedad de capital público para transformarse en una sociedad de capital mixto con la participación de particulares en su conformación.

 

La cosa no queda allí. En el debate soslayan una situación: este municipio es a su vez socio de Aguas de Oriente, una empresa regional cuya mayor accionista son las Empresas Públicas de Medellín, y de la que son socios otros municipios, y queda ampliamente autorizado el Alcalde para decidir procesos de fusión o absorción. Nos preguntamos, ¿será que la empresa de servicios públicos del oriente, absorberá a la reestructurada sociedad aguas de Rionegro? ¿Y qué será de las comunidades organizadas de acueductos comunitarios y sus infraestructuras?

 

Bocado de cardenal para esta empresa regional que ejercerá el futuro monopolio del servicio en la región oriental de Antioquia y los sistemas comunitarios, construidos en años de trabajo comunitario, de mingas, de convites, todos serán parte de la historia pasada de estas comunidades, claro, sino reaccionamos a tiempo y exigimos su respeto como instituciones populares, campesinas, de la gente.

 

Es urgente, por esto, consolidar los proceso de articulación de los acueductos comunitarios y la promoción de políticas públicas basadas en una gobernabilidad alternativa del agua que garantice la autonomía municipal y la gestión comunitaria del agua, como gestión social y pública sin ánimo de lucro. El camino es expedito aunque no por ello sencillo: resistir a la privatización con organización, movilización y alternativas concretas construidas desde abajo.

 

* Antropólogo y ambientalista. Integrante de la Corporación Ecológica y Cultural Penca de Sábila.
1 http://www.sinaltrainal.org/index.php/noticias/multinacionales/4003-sinaltrainal-comprometido-con-el-paro-por-la-dignidad-de-la-guajira
2 Documento CONPES 2831. Cinara.univalle.edu.co/archivos/pdf/208.pdf
3 idem
4 idem
5 Documento CONPES, 28 31 del 3 de julio de 2014. Cinara.univalle.edu.co/archivos/pdf/208.pdf
6 Acuerdo 012 de 2014.

Publicado en Edición Nº 205
Jueves, 03 Julio 2014 05:58

América Latina, en la encrucijada

"Los vientos están cambiando para la región". "Ahora, por lo menos sabemos lo que no queremos". Estas dos frases, la primera pronunciada por Ángel Gurría, secretario general de la OCDE, en la apertura del VI Fórum Económico Internacional sobre América Latina y el Caribe celebrado el pasado lunes en París, y la segunda por el presidente de Perú, Ollanta Humala, en su clausura, encerraron cuatro horas de seminario dedicadas a debatir el camino a seguir por las economías latinoamericanas una vez terminado el carnaval de las commodities, la llamada Década Dorada propiciada principalmente por el tirón de la demanda china y los altos precios de las materias primas, sobre todo, de los minerales.


Los debates pusieron de manifiesto lo logrado durante estos años, como la solidez macroeconómica y la estabilidad democrática —entre 2012 y 2015 un total de 14 países habrán celebrado elecciones sin que dieran lugar a crisis de legitimidad—, pero también la decepcionante evolución de las economías del continente —con un crecimiento promedio del 2% del PIB frente al 5% de no hace tanto tiempo— y la urgencia de tomar las decisiones correctas en un momento crucial.


La selección mundial de expertos reunidos en París —Luis Alberto Moreno, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID); Danilo Astori, vicepresidente de Uruguay; Rebeca Grynspan, secretaria general Iberoamericana; Alicia Bárcenas, secretaria ejecutiva de la CEPAL; Mario Pezzini, director del Centro de Desarrollo de la OCDE, entre otros— coincidieron en el diagnóstico y también, con matices, en los remedios.


Cinco males fueron identificados: la baja productividad, "bestia negra", como dijo Gurría, que lastra el crecimiento del continente —en 20 años solo registró un aumento del 1,6% frente al 3% de países como Corea del Sur, Turquía o Polonia—; la desigualdad, que hace de América Latina la región más injusta del mundo —el 20% más rico capta en promedio el 47% del ingreso total—; la informalidad en el empleo, que afecta al 55% de sus trabajadores —unos 130 millones de personas—; la escasa capacidad de recaudación fiscal —del 13,6% del PIB en 1990 ha pasado al 20,7% ahora, muy lejos aún del 34,1% de media en los países de la OCDE— y la falta de inversiones en infraestructuras —una media de 2,5 puntos del PIB frente al 6 de los países asiáticos—, lo que dispara los costes de exportación en comparación con sus rivales comerciales.
Hubo consenso en la urgente necesidad de una revolución educativa, "tanto en lo que se refiere a la inclusión social de mujeres y jóvenes como a la búsqueda de la excelencia", como dijo el vicepresidente Astori, como primer paso para mejorar la productividad, y en la apuesta por la calidad y la apertura de la sociedad.


También en la importancia de fomentar una mayor cooperación internacional e integración regional para abordar los grandes proyectos de infraestructuras así como en la defensa de las pymes frente al poder de los monopolios.


En cuanto a la desigualdad, la secretaria ejecutiva de la CEPAL rebajó la euforia de algunos gobiernos latinoamericanos: "Hablan de haber creado una nueva clase media y es verdad que millones de personas han salido de la pobreza, pero no son clase media por su capacidad de ahorro sino por su capacidad para endeudarse comprando bienes importados". En este contexto, Alexandre Meira da Rosa, gerente del sector de Infraestructura y Medio Ambiente del BID, subrayó el vertiginoso proceso de urbanización de América Latina y la presión que sus habitantes, ahora con mayor poder adquisitivo, ejercen sobre unas autoridades incapaces de satisfacer las demandas de mejores servicios públicos.
En resumen, reformas y libre comercio, o dicho de otra manera la Alianza del Pacífico (México, Colombia, México, Perú y Chile) como modelo a imitar frente al estancamiento de Mercosur o la vía al subdesarrollo de Cuba y Venezuela, para afrontar la encrucijada en que se encuentra el continente.


En el tintero se quedaron las dificultades para aplicar y desarrollar esas reformas, el problema de la debilidad institucional de la mayoría de los países, lo que se traduce generalmente en exceso de burocracia, corrupción e impunidad, o el debate sobre si las conquistas de hoy serán reversibles mañana, si a la Década Dorada sucederá otra Década Perdida. Pero, al menos, como dijo Humala, parece que esta vez América Latina tiene claro lo que no quiere.

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Martes, 24 Junio 2014 05:52

La economía peruana se frena

Perú lleva 56 meses de crecimiento económico continuo, y aunque en los últimos cuatro años tuvo del 5% al 8% de expansión anual debido a los altos precios internacionales de los minerales, vive ahora un ciclo de desaceleración —con tan solo el 1,6% de inversión privada—, afronta una amplia deuda social y tiene un 74% de empleo informal. Ante este panorama, el Gobierno, que solo cuenta con el 21% de aprobación popular, envió hace una semana al Congreso un paquete de medidas para reactivar la economía, que ha sido criticado porque disminuye las sanciones medioambientales y no ataca la raíz del problema.


Al inicio de su Gobierno en julio de 2011, el presidente peruano Ollanta Humala anunció como prioridad la inclusión social de los más pobres y la construcción del gasoducto del Sur. Para cumplir esos objetivos, dependía de los ingresos fiscales procedentes sobre todo de la minería. Sin embargo, en 2013 no solo cayeron los precios de los minerales sino que grandes proyectos de explotación fueron postergados, como Conga, Tía María y Quellaveco.


"Esta es una pequeña economía que depende de manera dramática de las tendencias mundiales", explica el economista Oscar Dancourt, expresidente del Banco Central de Reserva. "El PIB crece a una tasa cada vez menor desde 2011, la inversión privada es cero. En septiembre el Gobierno aprobó medidas desregulatorias para que las empresas aumentaran la inversión y no se produjo. Ahora, las nuevas medidas favorecen la oferta. Las proyecciones de ingresos tributarios son mucho menores. ¿Qué va a hacer el gobierno para mantener los programas sociales?", añade Dancourt.


Entre las medidas del Gobierno figura el perdón de la deuda tributaria a 180.000 contribuyentes, una propuesta que al exdirector del Banco Central Juan Marthans le parece mala señal. "En ningún lugar del mundo se reactiva la economía condonando deuda tributaria", ha dicho.
En abril el crecimiento de la producción fue del 2%, el menor en cinco años, y la inversión privada, que en 2012 se expandió un 12%, cayó a menos del 2% a fines de 2013 y no repunta. Por otro lado, según la Cepal, Perú ocupa el primer lugar de América Latina en trabajadores con empleos de poca productividad, y el 74% de los empleos son informales, según un estudio del Instituto Nacional de Estadística e Informática difundido este mes: un 5% menos que en 2007.


Pese al crecimiento económico de los años recientes, el gasto en educación y salud, según la Cepal, se ha mantenido relativamente bajo en Perú. No obstante, el Gobierno de Humala creó el programa Pensión 65, que beneficia a 320.000 personas mayores en extrema pobreza con una subvención mensual de 44 dólares.


Otro problema, que no ha acompañado el crecimiento económico de los años recientes, es la histórica debilidad institucional de Perú. "La fiscalía y la contraloría no funcionan. Hay un problema de corrupción que penetra todos los niveles del Estado, en la base está la proliferación de economías ilegales como el narcotráfico y la minería ilegal", asegura Carlos Monge, coordinador de Revenue Watch, un observatorio del rédito de los recursos naturales en cada país.


Monge también destaca que han fracasado la ley de partidos y el sistema de representación política. "No hay sistemas de representación de intereses ni organizaciones políticas que tengan que preocuparse por su honra y su reputación". Cabe recordar que el expresidente Alejandro Toledo enfrenta una investigación fiscal por lavado de activos, que el Congreso aprobó esta semana que el expresidente Alan García sea acusado constitucionalmente porque su Gobierno favoreció el indulto de 5.000 personas acusadas de tráfico de drogas, y que el exjefe de Estado Alberto Fujimori está preso por crímenes de lesa humanidad y corrupción.


El fujimorismo representa la principal oposición en el Congreso y vota usualmente en alianza con el Partido Aprista, de García.

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En toda Sudamérica hay enormes exportaciones en volumen (toneladas de petróleo, carbón, mineral de hierro, soya, madera, cobre...) y sin embargo varios países (Brasil, Colombia, Perú, Venezuela, Argentina, Ecuador) no logran apenas pagar sus importaciones. Argentina está entre caer o no en déficit comercial. Colombia, Brasil, Perú, Ecuador ya lo hicieron en 2013 y principios de 2014. Sus exportaciones no pagan sus importaciones. Un ejemplo: Colombia vende al exterior unas cinco veces más toneladas que lo que compra de él, y sin embargo no puede pagar sus importaciones con las exportaciones que, en este caso, son en buena parte de carbón.


Persiste una estructura desfavorable en el comercio exterior, se exportan más toneladas que se importan, y se vende mucho más barato por tonelada que lo que se compra. Y esa gran exportación física no consigue ya pagar las importaciones o lo consigue apenas. Las balanzas comerciales de estos países medidas en dinero están ya en déficit, excepto en Argentina, que tiene todavía con un pequeño superávit.
Un reciente artículo publicado por la Flacso-Ecuador (de Pablo Samaniego, María Cristina Vallejo y yo mismo) con el título Déficits comerciales y déficits físicos en América del Sur llama la atención sobre esos hechos, fruto de una equivocada política extractivista. Nuestro artículo va a contracorriente de los entusiasmos generados por la evolución favorable en los términos de intercambio en los inicios del siglo XXI en América del Sur. Al analizar en detalle tres países andinos (Colombia, Ecuador y Perú) comprobamos que ciertamente existió una mejora en los términos de intercambio, pero que en 2012-2014 toca a su fin.


Da lo mismo que los gobiernos sean nacional-populares o neoliberales. En Brasil y Argentina, al igual que en esos otros países y en Venezuela, las exportaciones son persistentemente mayores que las importaciones (en toneladas). Sin embargo, Brasil ya entró en déficit comercial entre enero y marzo de 2014 de 6.072 millones de dólares, el mayor para un trimestre en 21 años, mientras Argentina ha visto casi desaparecer su superávit comercial entre 2012 y el primer trimestre de 2014. Y eso a pesar que la moneda de ambos países se ha estado devaluando, en un intento por exportar todavía más cantidades y de frenar importaciones.


Existe estructuralmente una relación de intercambio desfavorable que se observa en dos ámbitos: por una parte, se registran persistentes déficits físicos, es decir, se exportan más toneladas de materiales que se importan. Lo llamamos déficit porque se pierden recursos naturales, se agotan los recursos. En años muy recientes esta trayectoria se acompaña en países grandes y chicos por un contraproducente déficit en la balanza comercial monetaria, que compone el segundo ámbito de deterioro estructural en el comercio exterior de estas economías. ¿Por qué contraproducente? Porque en principio conduce a un endeudamiento mayor y a una presión por exportar más y más, causando mayores daños ambientales y más conflictos sociales. Los déficits comerciales exigen otros ingresos en el balance de cuenta corriente o en el balance de capitales. La afluencia de inversión extranjera directa puede compensar el déficit comercial, pero va a generar rentas que se escapan después del país.


Un ligero resfriado en China se convierte en pulmonía en América del Sur, aunque uno pueda pensar que la demanda de materias primas que no se reciclan (como los combustibles fósiles) o que se reciclan sólo en parte (como los metales) tenderá a ser firme, incluso sin crecimiento económico mundial. Si el mundo hoy quema 90 millones de barriles, mañana va a quemar otros 90 millones, un poco más o un poco menos. La energía no se recicla. La demanda se mantiene, pero los costos económicos, sociales y ambientales de la extracción son crecientes al disminuir la ley de los minerales metálicos y extraer petróleo o gas de lugares más recónditos, como sucede también en la extracción de madera, soya, palma de aceite. Al mismo tiempo, con ofertas abundantes, los precios pueden bajar mucho a causa de pequeñas oscilaciones en las coyunturas de los países importadores.


Así pues, las críticas de los post extractivistas sudamericanos (Maristella Svampa, Eduardo Gudynas, Alberto Acosta) tienen doble fundamento económico. La exportación de materias primas agota los recursos naturales, produce contaminación y causa conflictos con las poblaciones locales, envileciendo a los gobiernos que usan la represión como método para la extracción, como el presidente Correa, en Intag, Ecuador, en estas semanas, olvidándose ya del Buen Vivir o Sumak Kawsay. Y por otro lado, los precios de esas cuantiosas exportaciones son baratos en relación con las importaciones. Se exporta mucho y sin embargo no se cubre el costo de la importación. De ahí un nuevo camino por la ruta del endeudamiento.


 

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En la tercera marcha-carnaval por el agua, la vida y la soberanía el pasado 5 de junio en Ibagué, algo más de 30.000 personas marcharon, bailaron y elevaron un canto por el agua, por los páramos, por el suelo... POR LA VIDA y los territorios tolimenses.

 

   

 

Al grito de El agua vale más que el oro, expresaron su rechazo al proyecto La Colosa en Cajamarca, Tolima, y le dijeron a la multinacional Sudafricana Anglo Gold Ashanti NO a la MINA SÍ A LA VIDA.

 

Este fue el grito unificado de estudiantes, campesinos, indígenas, en fin mujeres y hombres de Ibagué, Líbano, Piedras, Cajamarca y otros pueblos del Tolima y el país.

 

Recordemos que La Colosa sería el tercer proyecto extractivo a cielo abierto más grande de América Latina, después de Yanacocha en el Perú y La Escondida en Chile, según las pretensiones de la multinacional de extraer 24 millones de onzas de oro , con costos sociales, ecológicos y geográficos incalculables. Solo para dimensionar los daños a ocasionarse en el territorio, los estudios técnicos señalan que se removerá por lo menos una tonelada de roca para la producción de una onza de oro, se producirán 100.000 toneladas de residuos mineros por día, 78 toneladas de cianuro, 500 toneladas de dióxido de carbono por cada 50 kilos de oro sin contar con los efectos contaminantes resultado de la lixiviación en el proceso productivo.

 

Este es un territorio en peligro de extinción.El 86% de Cajamarca cuenta hoy con títulos mineros, esto es 44.276 hectáreas entregadas con 31 títulos a 9 titulares, de los cuales 21 fueron otorgados a la Anglo Gold Ashanti, lo que significa que tiene a su disposición 30.440 hectáreas para explorar , poniendo en riesgo por desplazamiento a muchos campesinos e impactando a los 20.000 habitantes que verán drásticamente afectadas sus áreas rurales, en consecuencia dejarán de ser la despensa agrícola del departamento, orgullo municipal.

 


La identidad cultural de los tolimenses emergió en todo su esplendor, apelando a los símbolos y creatividad que ilustra las más bellos tradiciones de la población: 

 

  • ramilletes de fruta, legumbres, tubérculos colgados con artístico colorido, de los camperos que transitan por las carreteras veredales;
  • la diversidad biológica representada en caras y torsos desnudos en cuerpos juveniles que claman por un futuro con soberanía alimentaria; coplas, bailes y otras tantas expresiones ponen en evidencia el peligro en el que se encuentra el territorio.
  • La sabiduría ancestral, rememorando la historia de los territorios acompañaron por calles, puentes y parques de Ibagué, desde la salida de la Universidad del Tolima, con la guardia indígena alrededor de la algarabía de los marchantes, con sus bastones de mando como símbolo de poder, dicen que seguirán custodiando, resguardando, velando porque la riqueza de las montañas sigan allí, hoy asediadas por las multinacionales mineras.

 

De los múltiples impactos previstos por la minera se encuentra el ecosistema de páramos que conforma el sistema de nevados (50 hectáreas hacen parte de los títulos otorgados), la Reserva Forestal Central de la cual el Mavdt otorgó en 2009 la sustracción de 6,4de una solicitud de 535 Ha en la etapa exploratoria, y uno de los más sentidos por la población regional, la afectación a la cuenca del río Coello, donde tributa el río Anaime que drena desde Cajamarca hasta el río Magdalena y del cual se surten varios municipios para distintos usos agrícolas y pecuarios.

 

Frente a esta amenaza ya hay pronunciamientos de las poblaciones afectadas, el más connotado de ellos: la consulta popular en Piedras–Tolima– donde la casi la totalidad de su población se pronunció contra la operación de lavado y disposición de material producido en el proceso extractivista.

 

De igual manera, otras iniciativas como la moratoria minera, acompañaron la marcha-carnaval, con participación de delegados de Bogotá y Tinjacá–Boyacá–para integrarse al pronunciamiento ciudadano contra la locomotora minera.

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Viernes, 13 Junio 2014 06:10

Doscientos mil doscientos nueve

Tramas y Mingas es el nombre del encuentro que esta semana mantuvieron indígenas, campesinos y afros en el Cauca, sur de Colombia. Se trataba de tejer realidades en minga, trabajo colectivo, horizontal, con base en la cooperación y la ayuda mutua. Indígenas misak, nasa y coconucos del Cauca, quechuas de Perú y Bolivia, campesinos de diversos países, afros de la costa Pacífico, profesores y estudiantes, compartimos saberes y problemas que nos afligen y necesitamos superar.


El Cauca es el departamento más diverso de Colombia. La mitad de la población son indígenas y afrodescendientes, la mayor parte campesinos que viven en aldeas o en pequeñas ciudades, siendo la colonial Popayán la única ciudad de mediano tamaño. Es también una de las regiones más violentas, donde la guerra ha provocado miles de muertos, desplazados y desaparecidos.


Un grupo de niños y niñas de una escuela del resguardo coconuco, a una hora de la ciudad, participaron en el encuentro, con sus bastones de mando. En las escuelas los niños indígenas también forman sus cabildos, en los que aprenden a gobernarse, replicar los modos de vivir de sus mayores y de cuidar la madre tierra.


Tramas y Mingas se organizó en torno a cuatro temas: la vida y la resistencia; las economías comunitarias; las autonomías y los poderes, y la educación y la comunicación. Mientras todo el país estaba pendiente de las elecciones del domingo (en las que se enfrentan dos versiones de la derecha) y del Mundial de Futbol, los de abajo dedicaron tres días a poner en común lo caminado y lo construido, los modos como lo hicieron, y los dolores que deben atravesar en medio de la guerra.

En el espacio dedicado a las autonomías, las palabras más fuertes fueron las de los fundadores del movimiento, cinco décadas atrás, quienes no sólo relataron todo lo andando sino que hicieron hincapié en lo que falta. Un miembro del resguardo coconuco destacó las divisiones que provocan los traspasos de fondos del gobierno en las comunidades y en los cabildos (autoridades que gobiernan los territorios o resguardos). Hubo acuerdo en el papel decisivo que jugaron las agendas (programas) de los pueblos, construidas desde abajo; así como los problemas que están generando los malos dirigentes, que utilizan esas demandas construidas colectivamente para beneficios personales.


Las organizaciones indígenas de Colombia, como las de buena parte del continente, están siendo acosadas (literalmente) por las políticas sociales, por esa mezcla perversa de agresiones paramilitares y militares, con los fondos estatales para educación y salud, librados con el objetivo de dividir y de sujetar a los movimientos a los fines de los estados.


Al hablarse de autonomías, fue inevitable referirse a la Guardia Indígena, una de las más notables creaciones de los indígenas del Cauca. Se trata de una vasta red de comuneros elegidos por las comunidades para defender los territorios y las autoridades, sin armas, sólo con bastones de mando y una estricta organización. Autonomía es que la Guardia no haya sido creada a imagen y semejanza de la policía del Estado, sino con criterios de rotación y de obedecer a los pueblos, para cuidar y educar, para intervenir no sólo cuando hay agresiones externas sino también cuando surgen problemas en las familias y las comunidades.


Uno de los momentos más fecundos giró en torno a la economía propia, o sea los modos de producir y reproducir la vida por fuera del capital y del Estado. Es notable constatar la existencia de infinidad de emprendimientos de base para producir alimentos, en general encabezados por mujeres, quienes no distinguen entre producción y reproducción porque, en realidad, son dos facetas de la vida.


Un veterano dirigente cocunuco explicó los intercambios entre los pueblos de tierras bajas y tierras altas, cada uno aportando los productos que crecen en sus territorios, desde cereales y tubérculos hasta frutas y hortalizas. No utilizan monedas, todo con base en el trueque, una práctica ancestral recuperada en el proceso de organización como pueblos, y verdadera alternativa a los mercados capitalistas.


Durante el encuentro circuló el comunicado del subcomandante insurgente Moisés en el cual el EZLN informa sobre la decisión de construir la escuela autónoma y la clínica destruidas por el ataque de la CIOAC-H, cuando se produjo el asesinato del compañero Galeano. El zapatismo es referente en estas tierras, en particular entre los jóvenes que integran el Tejido de Comunicación de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN), que tejen puentes entre las resistencias locales y las luchas globales.


El tejido de las resistencias y las mingas para darle forma al tapiz multicolor del mundo nuevo se alimenta de todas las resistencias, aun de las más pequeñas, no importando cuántos y cuántas son, sino cómo hacen, con qué espíritu trabajan. Preguntan sobre el zapatismo los jóvenes luchadores de las comunidades, no así los dirigentes que negocian y los académicos que sólo piensan.


En los intercambios surgió la necesidad de juntar los 200 mil 209 pesos mexicanos necesarios para la reconstrucción de lo destruido en La Realidad. Hay dos posibilidades para hacerlo. Una, al estilo de los de arriba, recibiendo el dinero de las personas que pueden aportarlo, una a una con nombre y apellido. La otra es hacerlo en minga, con base en el trabajo colectivo, haciendo fiestas, empanadas, tortillas o lo que cada quien quiera o pueda. Al estilo indígena y campesino, del mismo modo como se hacen los eventos en las periferias de las ciudades.


Este modo de hacer no individualiza a los donantes, ya que los nombres se disuelven en el colectivo. Pero tiene otra enorme virtud. Es un modo de tejer tejidos, trozos pequeños que van formando el tapiz del mundo nuevo. Aquí no importa tanto cuánto dinero se recauda, sino cómo se lo consigue. En suma, el modo individualistas o el comunitario. Ojalá sean muchos los colectivos en el mundo que lo hagan de este modo.

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En primera instancia dirigirme ante todas y todos las colombianas y colombianos, que defendemos la Soberanía Nacional.

 

Agradecerles a los hermanos indígenas, Afrodecendientes, campesinos, hermanas y hermanos de los sectores de la izquierda, a todos a aquellos que confiaron en las verdaderas propuestas de clara López obregón, "clara lo tiene claro" muestra de los 2 dos millones de Votos de opinión y el 70 % de la abstención que son los verdaderos ganadores depositados el día 25 de mayo de 2014 atraves de la credibilidad y la confianza a la ideología de una izquierda consolidada desde sus directrices .

 

Hoy siendo las 5:13 p.m. Me permito escribir esta carta desde mi condición como dirigente activista mujer wayuu, el manifiesto de "mis razones para no votar por Juan Manuel Santos Ni por Oscar Iván Zuluaga"

 

Hermanas y hermanos, con mis sinceras palabras no busco ser reconocida, y tampoco me importa ser reconocida " solo busco generar conciencia y ser coherentes " sé que muchos de mis hermanas y hermanos que me siguen en las redes sociales, van a pensar que tal vez estoy loca o porque me opongo a la llamada ?" Paz" pero mi convicción desde del buen pensar me ha llevado a la reflexión que hoy mi país, tu país, nuestro país Colombia, se viene derrumbando por los largos 40 años de imposición Neoliberal en donde hay un gigante imperialista que tiene a unos cuantos caudillos que se creen los dueños de variables recursos que reposa en nuestro país, unos recursos o bienes naturales, que lo digo el altavoz son de la colectividad, en la cual he estado reflejada en su defensa atraves de las marchas y las propuestas colectivas que van hacia protección y salvaguardar la soberanía nacional.


Indígenas y no indígenas, me permito informarles que los 13 mil votos de opinión arrojados en mi departamento la Guajira Wounmainkat, es hoy el reflejo de las voces de aquellos hermanas y hermanos que creen en las verdaderas propuesta de un modelo económico y políticas construido desde la bases.


Hoy me permito informarles que mi departamento la Guajira que alberga mayor recursos naturales tenemos el 43 .4% de las reservas probadas de gas, abasteciendo la demanda nacional en un 60% el 56,6 % de las reservas probadas de carbón, equivalentes a 3.728 millones de toneladas y con una generación de 560 MW de energía eléctrica que alimenta la demanda nacional.


Pero hoy las realidades al interior de las comunidades indígenas, campesinas, afro descendientes muestran la verdadera guajira envuelta en la Miseria y la Pobreza Extrema, y las pésimas condiciones de servicios públicos, y una guajira totalmente contaminada en sus aguas suelo y aire por las empresas transnacionales que se adueñaron de todo el departamento de la guajira. Los aspectos más alarmantes son: la desigualdad social, expresado en el coeficiente Gini que paso del 047 en el 2007 al 061 en el 2010; la baja cobertura en acueducto del 51,64 % y alcantarillado del 38,96% el índice de necesidades básicas insatisfechas (NBI) del 65,23 y una desnutrición crónica del 27 % ubicadas como unas de las tasas más altas del país. El PIB departamental para a mediados de los 70's el agro era más del 20% pero en el 2010 solo llego al 4,6% es decir que la mineria que es el 61 % del PIB, ha genera solo el 2,9 % Es decir, que los empleos perdidos en el agro no se trasladaron a la minería. De ahí el desempleo en el 2010 era de 9,2% muy superior al 5,7 % del 2005 y el subempleo llego a 122 mil personas, hasta el 2012, se habían exportado más de 540 millones de toneladas de carbón , con ingresos para la empresa de 23.800 millones de dólares, pero a Colombia solo le correspondieron por regalías 2.006 millones de dólares es decir el 8,42% por otro lado, mientras las multinacionales obtienen utilidades operacionales de 37.7% el 58% de los guajiros sobreviven con menos de 200 mil pesos mensuales y un 38 % con menos de 90 mil pesos, las mineria no ha sido sinónimo de desarrollo ni de progresos pero si de inmensos pasivos ambientales , sociales culturales siendo que el 87% del territorio es semidesértico se ha intervenido 11.488 Has, de cobertura boscosa y suelo con una recuperación boscosa de 3.000 Has.


No puedo ser tan irresponsable de pensar o de repetir las mentiras con las que se engañan a muchos de nuestros hermanos colombianos con ese discurso de decir "vota por la paz" "o de decir es mejor santos que Zuluaga", ambos están cortados con las misma tijera y ambos provienen de la misma escuela son los cachorros caudillos, de las empresas transnacionales que operan en el país, por lo tanto mantendré mi fiel coherencia ante la opinión pública, he mencionado varios aspectos en lo que concierne la problemática social cultural, desde mi departamento de la guajira. Hoy mi análisis me conlleva a que la izquierda en Colombia debe mantenerse en la unidad, sé que muchos de nuestros seguidores y no seguidores seguramente nos señalaran de no querer la paz para Colombia, pero en mi pequeño análisis el tema central no ha sido la búsqueda de la paz, de que exista un señor llamado: juan Manuel santos que está realizando campañas proselitistas a nombre de la paz , es otro cantar. otra de las burlas macabras que se vienen evidenciando ante el país es la manera perversa de la campaña más mentirosa del Oscar Iván Zuluaga el cachorro del uribismo, que solo se ha centrado en las falsas propagandas que se muestra a atraves de sus medios de comunicación como lo es RCN y Caracol.

 

Hermanas y hermanos también mencionare que el tema central de la crisis que se vive en Colombia ya sea por el conflicto armado, pero también cabe mencionar que la verdadera crisis es en cuanto al modelo económico neoliberal, que la derecha oligarquía no puede tapar el sol con un dedo, las mentiras de los gobiernos de las Derecha los han puesto en jaque con todo el movimiento de los agros sectores campesinos , indígenas etc, que se han levantado fuertemente en el país, no puedo yo decir que la paz, no es necesario para Colombia por supuesto que si es necesario pero la paz, con una justicia social en donde los cambios se tienen que generar desde los modelos económicos construidos desde las mismas bases es decir en donde todas y todas podamos construir nuestros propios modelos soberanos. Mi análisis desde estas contiendas electorales es que lo que vivió santos el 25 de mayo es la muestra del pésimo gobierno del uribismo y el santismo los conllevo a su propio fracaso, una de las la muestra es el rechazo en lo ocurrido de los votos en blancos en el municipio de piedras (Tolima) voto en blanco con el 54,02% y muestra de esto es el rechazo por la explotación de recursos naturales por la empresa Anglo Gold Ashanti, ellos decidieron votar en blanco por que el gobierno de santos no quiere validar la consulta minera"
Por otro lado están otros sectores como taganga (Santa marta ) y Barú (Cartagena) se negaron a votar por todo los incumplimientos del gobierno, frente a sus necesidades básicas insatisfechas.


"El modelo económico está absorbiendo el país y su soberanía está en riesgo"

 

Hay una Catástrofe del TLC y las reparticiones de las mermeladas reeleccionista esta catástrofe se viene aplicando por Samper, Pastrana, Uribe, y santos. La imposición de la políticas anti agrarias

Por esta razón manifiesto:

"Mis Razones para NO Votar por juan Manuel santos NI por óscar Iván Zuluaga."
Votar la derecha me obliga a perder mi territorio y mi dignidad,
Votar la derecha te obliga a no tener memoria

"Coherencia en mi caminar a diario y en el discurso eso me hace dar razones para no votar por la derecha. " Mi voto en blanco o la abstención "


Ussynu Epiayu

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