El pasado 25 de agosto nació esta iniciativa, por participación popular, transformaciones políticas y económicas, hacia una transición energética y la construcción del buen vivir y la paz, desde los territorios.

 

 

Vivimos tiempos de toda expoliación de la naturaleza, transformada en una mercancía más. Ante el afán de empresas multinacionales –y otras nacionales– por acumular más ganancias, ni quienes habitan el territorio ni el medio ambiente son importantes ni merecen protección. Las decisiones de las comunidades frente a sus entornos son irrespetadas, y quienes se oponen al afán de lucro privado o público son objeto de señalamientos, persecución y muerte. Los más de 50 líderes sociales, hombres y mujeres, defensores del territorio asesinados en el curso de los últimos dos años1, así lo atestiguan.

 

Imponer y no dialogar, acumular y no vivir, irrespetar y no atender la voz de quienes padecen los efectos inmediatos de toda intervención industrial y económica, es la razón que explica la multiplicación de conflictos en diversidad de territorios. Como sucede hoy en Caquetá, Meta, Putumayo donde las comunidades se oponen a la extracción petrolera, o en la Guajira, Cesar, Santander, Tolima y Antioquia, que enfrentan la imposición de proyectos mineros, o Huila, Santander y Antioquia, departamentos donde se emplazaron El Quimbo, Hidrosogamoso e Ituango, grandes proyectos hidroeléctricos.

 

Arrasamiento empresarial que encuentra resistencia en muchos territorios, síntesis de una esperanza de cambio que deben materializarse en algún momento. De así ser, nuevas formas de organización de la sociedad se harán realidad, y con ellas mayores niveles de igualdad, justicia y dignidad, expresión de otra democracia posible. De su mano, tomarán forma reivindicaciones como soberanía sobre los bienes de la naturaleza, defensa del patrimonio hídricos, derecho a la energía, defensa de la naturaleza, defensa de los derechos humanos y la paz, como premisas fundamentales para un buen vivir.

 

Ante esta realidad, son necesarias iniciativas que busquen articular las resistencias en curso, así como superar este tipo de conflictividad social, política y económica. A ello responde la constitución de la Mesa social minero–energética y ambiental por la paz (Msmea), instalada en Bogotá el pasado 25 de agosto, en el Centro de Convenciones Gonzalo Jiménez de Quesada, justo cuando se conmemoraban los 65 años de la creación de Ecopetrol, como empresa Estatal.

 

Por coincidencia, este acto de lanzamiento público, fue un día después del anuncio del gobierno y las Farc, en el marco de los diálogos de la paz de La Habana, de la terminación de la negociación política del conflicto social y armado más antiguo del continente. Esta circunstancia nos alegró, porque coincide también con nuestro propósito de aportar a la construcción de paz.

 

La actual Mesa social tiene como antecedente la Segunda Asamblea nacional por la paz, realizada en 2015 y organizada por la Unión Sindical Obrera (USO), Ministerio del Trabajo, y la Universidad Nacional de Colombia (ver recuadro). El evento contó con la participación de diversos sectores de la sociedad afectados directa o indirectamente por la política minero-energética que se aplica en el país.

 
La Mesa social minero energética y ambiental por la paz –Msmea

 

En momentos en que el país se esfuerza por superar el conflicto armado interno, es necesario realizar transformaciones estructurales en el modelo económico, la estructura institucional y el régimen político-social. Todo ello para construir una verdadera democracia. Sin estos cambios, el anhelo de paz con justicia social y ambiental quedaría incompleto.

 

Una tensión social que no parece tener solución. Las políticas minero energéticas siguen relacionadas con la explotación de la naturaleza, ahondando las históricas relaciones de poder que niegan a las mayorías, y materializan una estrategia neoliberal de despojo en donde la esfera de lo público pasa a manos de las trasnacionales e incluso lo estatal prosigue por una fase privatizadora.

 

No es casual, por tanto, los privilegios impositivos y de otro orden a la inversión extranjera directa, los que están generando en los territorios una lógica de devastación del medio ambiente, enferman y empobrecen a las y los trabajadores colombianos, ignoran derechos fundamentales de las comunidades y destruyen su tejido sociocultural.

 

Propósito

 

La Mesa tiene como objetivo propiciar y potenciar la organización de los sectores sociales para la construcción deliberativa y participada de una política pública de Estado y un nuevo modelo minero energético alternativo, que garantice los derechos de los trabajadores/as, el buen vivir de las comunidades, respetuoso de los derechos de la naturaleza humana y no humana y que viabilice la soberanía energética. Lo anterior hace parte de la construcción hacía una verdadera paz integral, con justicia social y ambiental.

 

A su vez, la Mesa busca constituirse como un sujeto social y político para la movilización y la presentación de propuestas alternativas, que deberá permitir avanzar en una correlación de fuerzas para los futuros escenarios de interlocución y negociación, promover y consolidar la participación del conjunto de la sociedad en la construcción de la paz completa, integral, estable y duradera, con justicia social y ambiental. Todo deberá pasar por colocar los bienes naturales al servicio de los planes de vida y el buen vivir de las comunidades, participar activa y propositivamente en los diversos escenarios de solución política integral al conflicto armado interno y da un Sí a la refrendación de los acuerdos. Igualmente es necesario incorporar otros temas: Los acuerdos de la Cumbre Agraria étnica y popular de la pasada Minga y su acta No. 10 de acuerdos con el Gobierno en materia mineroenergética, las salvedades y/o pendientes de la Mesa de La Habana referidos a lo minero energético, los puntos sobre la participación de la sociedad y los puntos sobre la participación de la sociedad y las transformaciones contenidas en la agenda acordada entre el gobierno nacional y el Eln.

 

Por último, la Mesa busca ser un espacio colectivo, soberano, pluralista y democrático, tanto en su composición como en los propósitos que la animan.

 

* Global Witness, En terreno peligroso, Report / June 20, 2016. London.

 

Recuadro 1

 

Territorios con energía construyendo paz para la nación Segunda Asamblea nacional por la paz

 

A mediados de la década de los noventa del siglo XX la USO propuso, en la negociación de su Convención Colectiva, que Ecopetrol se comprometiera con el respeto de los derechos humanos de sus trabajadores y de las comunidades que habitan las zonas petroleras, apoyar la búsqueda para la solución política del conflicto social y armado, entre otras cosas. De ahí surge el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio-Pdpmm, así como la Comisión de Derechos Humanos de la USO y la Empresa Colombiana de Petróleos (Ecopetrol). De allí también nace, en agosto de 1996, la Primera Asamblea Nacional por la Paz*.

 

El esfuerzo de la USO por aportar a la construcción de la paz no cesa. En la discusión de la Convención Colectiva de Trabajo 2014-2018 propuso realizar la Segunda Asamblea Nacional por la Paz. En el año 2014, con el punto acordado entre sindicato y empresa, se establece una comisión bilateral para avanzar en la preparación de la asamblea, definir contenidos y metodologías (USO et al, 2016: 9). Finalmente, la Segunda Asamblea se realiza en 2015, con el auspicio de Ecopetrol, la cual se limitó a la financiación, pero sin jugar un papel protagónico y jalonar al empresariado. Participaron como convocantes: la USO, el gobierno nacional –en cabeza del Ministerio del Trabajo–, y la Universidad Nacional de Colombia.

 

Durante 8 meses fueron realizadas múltiples asambleas en regiones y subregiones, a las que asistieron aproximadamente 10.800 pobladores de 1.800 organizaciones, quienes debatieron y compartieron en torno a tres ejes temáticos: Política minero energética; desarrollo territorial para la Paz, y Pedagogía para la paz y pos acuerdos.

 

Además, la asamblea posibilitó que las comunidades debatieran sus problemas territoriales y aspiraciones. Por ejemplo, sobre la forma como la extracción de bienes naturales y minero-energéticos debe estar orientada a contribuir al buen vivir y a la exclusión de zonas mineras y de petróleo para garantizar el agua, la soberanía de los pueblos, alimentaria, hídrica, energética, entre otros derechos y garantías. Y se enfatizó en el rechazo a privilegiar los intereses de las trasnacionales.

 

Terminadas las asambleas locales y regionales, se realizó la Asamblea Nacional –18-20 de noviembre de 2015– en la ciudad de Bogotá, que contó con la presencia de 1.500 delegados de todo el territorio nacional. La conclusión fue la necesidad de constituir una Mesa social minero energética y ambiental –que ahora estamos constituyendo– con los retos y objetivos ya planteados.

 

* USO, Universidad Nacional de Colombia & Ministerio de Trabajo, Memorias de la Segunda Asamblea por la Paz, La imprenta, Bogotá, 2016

 

Recuadro 2

Digamos, ¡Basta ya¡

 

A este modelo minero-energético, extractivista, de despojo y destructor de la vida.
Que para el capital sea más importante una tonelada de carbón que la vida de un niño o niña wayúu.
Que para el gobierno y las multinacionales petroleras o mineras les sea indiferente dejar cientos de trabajadores lisiados de por vida por los accidentes de trabajo precarizado.
Que para una empresa minera sea más importante unos cuantos kilos de oro, a costa de la muerte de un rio y su biodiversidad.
Que para los dueños de las represas, les sea más importante los gigawatios de electricidad para la exportación que la vida del campesino y la producción de alimentos.
Que a las empresas eléctricas privadas solo les importe las utilidades y no reconozcan el derecho a la energía de la población.
Que la concentración del agua y de la energía, en pocas manos, generen la miseria de nuestros pueblos.
Que la renta minero-energética no represente bienestar para la nación.
(apartes del Llamamiento de la Mesa social minero-energética y ambiental por la paz)

 

Recuadro 3

Ideas para la construcción de las propuestas

 

Presentamos un resumen de algunas de las propuestas que la Mesa ha venido construyendo son:

 

- Iniciar una transición energética hacia energías alternativas como la solar, fotovoltaica, la eólica, geotérmica, la térmica, la mareomotriz y otras que tienen más bajos impactos ambientales. Estas energías deben ser descentralizadas, autónomas y de fácil acceso para las comunidades. La transición exige un cambio de perspectiva sobre el uso, consumo, producción, distribución, comercialización de la energía y de cada una de las fuentes energéticas. En últimas, entendemos la necesidad de replantear nuestras relaciones con la naturaleza, y considerar el planeta como un ser vivo, generador de bienes para la vida y no de recursos para enriquecer el capital.


- El Estado debe recuperar el control, la fiscalización y dirección de la política minero-energética, a través del fortalecimiento de lo público. Y hacer énfasis en la búsqueda para que las empresas sean 100 por ciento estatales y se reviertan los procesos de privatización de los bienes estratégicos de la nación. De esta manera, el Estado debe liderar la investigación e innovación en ciencia y tecnología hacia la transición energética buscando el desarrollo de energías alternativas.


- Identificar las afectaciones del sector minero energético producidas en el cuerpo humano, al reconocer los problemas de salud causados en los trabajadores y las trabajadoras del sector, las comunidades del área de influencia, los afectados y las afectadas por los proyectos minero energéticos y la naturaleza.


- Reconocer el agua y la energía como un bien común y público, determinante en la producción y soberanía alimentaria. La gestión del agua debe estar en manos del estado y las comunidades organizadas a través de los acueductos comunitarios, determinando sus usos de acuerdo a las necesidades humanas y de los ecosistemas. Demandar el reconocimiento de la autonomía territorial y la participación de las comunidades locales en la definición de proyectos minero – energéticos, como lo reconoce la constitución, el convenio 169 de la OIT y las sentencias de la Corte Constitucional.


- Desmontar los batallones minero energéticos, ya que en la actualidad una tercera parte del ejército está al servicio exclusivo de la protección del sector extractivista.

 

Recuadro 4
Responsabilidad colectiva

 

Desde la Mesa social minero-energética y ambiental llamamos a la sociedad colombiana, a todas sus organizaciones sociales, para participar, ampliar y profundizar un gran Dialogo Nacional minero-energético y ambiental.

 

Es un momento para pensarnos como naturaleza, defensores de nuestra soberanía, cultores del agua, generadores de riqueza y de la vida, como lo hacen los miles de hombres y mujeres indígenas, afro descendientes, campesinas y trabajadoras que habitan estos territorios, y para construir con propuestas la paz que tanto anhela nuestro pueblo y que tanto necesita nuestro país.

 

 

Informes:
Mesa Social Minero-energética y Ambiental
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Publicado en Edición Nº228

Eliober Castañeda, presidente de la Mesa Minera de los municipios de Segovia y Remedios en Antioquia, habló acerca de los inconvenientes con la Secretaría de Minas de la Gobernación de Antioquia, luego de que ésta ordenara el cierre de varios socavones pertenecientes a las asociaciones de pequeños mineros. Debido al incumplimiento de los acuerdos del 15 de noviembre de 2015 y a la expedición del Decreto 1421 de 2016, la Mesa descongeló el paro, llamando a toda la ciudadanía a sumarse a esta nueva jornada de lucha.

 

Una protesta de muchos meses. El domingo 18 de septiembre las Asociaciones de Pequeños Mineros de los municipios de Segovia y Remedios declararon descongelado el paro que lideran desde octubre del año 2015, en el congelador desde el 11 de noviembre como resultado de acuerdos logrados con el gobierno nacional y con la compañía Zandor S.A.


Es necesario recordar que los mineros habían declarado el cese de actividades en el 2015 con el fin de protestar en contra de los abusos de la multinacional minera Zandor Capital S.A. (Ver “En Segovia y Remedios decimos: No queremos la multinacional”). El presidente de la Mesa Minera de ambos municipios, Eliober Castañeda, habló con desdeabajo y contó los pormenores del conflicto:


“El descongelamiento del paro se acordó el pasado 15 de septiembre, luego de que ambos municipios pidieran la convocatoria de la Mesa Minera para ese día, mientras realizábamos un plantón en frente de la electrificadora del municipio de Segovia. El 18 de septiembre, a media noche, se descongeló el paro que se había detenido desde el 11 de noviembre de 2015, debido a los incumplimientos de los acuerdos firmados en tal fecha con Gobierno y con la compañía Zandor Capital S.A. Se burlan de lo firmado, de un momento a otro empezaron a incumplir uno de los acuerdos: ellos no insistirían en cerrar las minas de los pequeños mineros”.


Además de comprometerse a no cerrar las minas, otros acuerdos fueron ignorados. “Por parte del Gobierno, habían quedado en que íbamos a tener otra mesa general donde debatiríamos lo referente a unos decretos que implican directamente el funcionamiento de unos entables que funcionan en nuestro municipio, o como los llama el Gobierno, plantas de beneficio”. Según don Eliober, hasta la fecha, y pese al transcurrir de los meses, no han tenido ninguna reunión con representantes del Gobierno.


La orden de cerrar las minas respondió a lo inscrito en el Decreto 1421 del 1° de septiembre de 2016, decreto que contradice lo acordado entre Gobierno, Zandor Capital y la Mesa Minera. “La población se sintió engañada, después de que el Gobierno publicó el decreto 1421, que da un plazo de seis meses para que los entables –que están totalmente legalizados– que no cumplan los requisitos allí enunciados sean cerrados inmediatamente. Consideramos que es una injusticia porque ni siquiera la misma multinacional los cumple.


El pueblo no está de acuerdo con el cierre de las minas


Don Eliober aseguró que las minas no fueron cerradas gracias a la organización de los pequeños mineros, en conjunto con la población. “Inicialmente la multinacional y la gobernación de Antioquía, desde la Secretaría de Minas, intentaron cerrar las minas; el pueblo siempre ha estado en las minas y le ha solicitado muy formalmente a las personas encargadas de ejecutar el cierre de las minas, que se retiraran porque el pueblo no está de acuerdo con esa arbitrariedad”.


Respecto a la reanudación del paro, declaró. “El pueblo ha decidido que esta manifestación es indefinida. El día de hoy estamos dando apertura al cronograma, tendremos una marcha y unos actos simbólicos; lanzaremos globos al aire como una manera de pedir ayuda. Estamos viendo muchas arbitrariedades por parte del Gobierno, y mucho más por parte de Zandor Capital”.


¿Qué dice el Decreto 1421 de 2016?


El pasado 1° de septiembre de 2016, el Ministerio de Minas y Energía expidió el Decreto 1421 (Ver Decreto), en el cual especifica respecto al beneficio de minerales, que consiste en el proceso de separación, molienda, trituración, lavado, concentración y otras operaciones similares a las que es sometido el mineral extraído para su posterior utilización y comercialización.


El objeto es hacer seguimiento y control de estas actividades, por esto el Decreto obliga a los propietarios de plantas de beneficio de minerales, inscribirse en el Registro Único de Comercializadores de Minerales (Rucom) antes de marzo de 2017. Esta inscripción, para el seguimiento y control, no aplica para las plantas de beneficio que hagan parte de un proyecto autorizado bajo un título minero (entre ellas está Zandor Capital S.A), pero sí requiere incluirla en las listas que debe publicar la Agencia Nacional de Minería (ANM) en la plataforma del Rucom.


El Decreto criminaliza al pequeño minero –la mayoría de los cuales no tiene título minero ni licencias ambientales– ya que el beneficio de minerales provenientes de explotadores mineros no autorizados será considerado como “aprovechamiento ilícito”, sancionando a quien infrija la norma con prisión de entre uno (1) a seis (6) años y multa de 50 a 300 salarios mínimos legales mensuales, además de la cancelación de la inscripción en el Rucom, si la hubiere.


El paro, que apenas es reiniciado, promete extenderse por el tiempo que sea necesario. La conflctividad social, con diversidad de expresiones y radicalidad, gana espacio por todo el país. ¿Cuándo cumplirá el Gobierno con los acuerdos que firma por aquí y por allá? ¿Cuándo el Gobierno dejará de servirle al gran capital y asuma como su principal causa los sectores más populares?


DECRETO NÚMERO 1421 DE 2016

(Septiembre 01)


Por el cual se adiciona y modifica el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Minas y Energía, 1073 de 2015, respecto de la adopción de medidas relacionadas con el Beneficio y Comercialización de minerales y se adiciona y modifica el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, 1076 de 2015, respecto del licenciamiento ambiental para plantas de beneficio.
SECCIÓN 2

DE LAS MEDIDAS RELACIONADAS CON EL BENEFICIO Y COMERCIALIZACIÓN DE MINERALES

Artículo 2.2.5.6.2.1.Inscripción de las Plantas de Beneficio en el Registro Único de Comercializadores de Minerales (Rucom). El propietario de las plantas de beneficio deberá inscribirse en el Registro Único de Comercializadores de Minerales (Rucom) en un término de seis (6) meses contados a partir de la publicación de este decreto, vencido este plazo, deberá contar con la certificación de la Agencia Nacional de Minería donde conste dicha inscripción.

Cuando la Planta de Beneficio haga parte de un proyecto amparado por un título minero no deberá inscribirse sino incluirse en las listas que debe publicar la Agencia Nacional de Minería en la plataforma del Rucom.

Las Plantas de Beneficio solo podrán beneficiar minerales provenientes de Explotadores Mineros Autorizados, so pena de incurrir en la conducta tipificada en el artículo 160 de la Ley 685 de 2001, y que se le cancele la inscripción en el Registro Único de Comercializadores de Minerales (Rucom), previo el adelantamiento de la respectiva actuación en los términos del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Artículo 2.2.5.6.2.2.Requisitos para la inscripción de las Plantas de Beneficio en el Rucom. Las personas naturales o jurídicas que posean plantas de beneficio deberán cumplir y aportar los siguientes requisitos y documentos para su inscripción en el Rucom:

a) Indicar su nombre o razón social según se trate de persona natural o jurídica;

b) Documento de identificación del inscrito si es persona natural;

c) Registro Único Tributario (RUT);

d) Certificado de existencia y representación legal, máximo con treinta (30) días de expedición, cuando se trate de personas jurídicas;

e) Indicar su domicilio principal y dirección para notificaciones;

f) Balance General y Estado de Resultados debidamente certificados y dictaminados, si hay lugar a ello, junto con sus notas, con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior;

g) Acreditación de la capacidad económica de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.2.5.6.1.5.3 del Decreto número 1073 de 2015, la cual deberá ser soportada de acuerdo con los criterios que para el efecto fijará la Autoridad Minera Nacional;

h) Certificación de Inscripción en el Registro Mercantil;

i) Suministrar la siguiente información: Ubicación de la planta de beneficio, mineral objeto de beneficio, cantidad de mineral beneficiado en el año inmediatamente anterior, capacidad de la planta, relación de insumos utilizados en el beneficio, método de beneficio y equipos utilizados.

Artículo 2.2.5.6.2.3Obligaciones de las Plantas de Beneficio inscritas en el Rucom. Las personas naturales o jurídicas que posean plantas de beneficio deberán cumplir con las siguientes obligaciones:

a) Mantener actualizada la inscripción en el Registro Único de Comercializadores de Minerales (Rucom);

b) Cumplir con toda la normativa legal vigente en materia ambiental, minera, tributaria, aduanera, cambiaría y de comercio nacional e internacional;

c) Tener vigentes y actualizados el Registro Único Tributario (RUT), Registro Mercantil y Resolución de Facturación, cuando se trate de establecimientos de comercio;

d) Mantener actualizados todos los actos, libros y documentos respecto de los cuales la Ley exige esa formalidad;

e) Llevar contabilidad regular de sus negocios conforme a las prescripciones legales;

f) Tener la factura comercial del mineral o minerales que transformen, distribuyan, intermedien y comercialicen;

g) Contar con la certificación en la que se acredite la calidad de inscrito en el Registro Único de Comercializadores de minerales (Rucom);

h) Contar con el correspondiente Certificado de Origen de los minerales que transforme, distribuya, intermedie, comercialice, beneficie y consuma;

i) Enviar a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) los reportes de información que establezca dicha entidad en el marco de las funciones establecidas en las Leyes 526 de 1999 y 1621 de 2013, y en la Parte 14 del Decreto número 1068 de 2015.

Parágrafo. La Agencia Nacional de Minería verificará el cumplimiento de las obligaciones establecidas en este artículo. En caso de incumplimiento de cualquiera de estas obligaciones, se procederá a la cancelación de la inscripción en el Registro Único de Comercializadores de Minerales (Rucom), previo el adelantamiento de la respectiva actuación en los términos del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Publicado en Colombia
Jueves, 15 Septiembre 2016 19:19

Economías con pies de petróleo

ALAI AMLATINA, 15/09/2016.- Las economías hidrocarburíferas de la región se encuentran en problemas. La alta dependencia de las exportaciones de crudo y gas de varios países sudamericanos está mostrando la debilidad de sus estructuras productivas y las difíciles perspectivas que se ciernen sobre su futuro.

Bolivia, Ecuador y Venezuela están pasando duros momentos con un deterioro importante de sus ingresos por exportaciones y los balances fiscales en aprietos. Los programas sociales y los planes de expansión económica corren serios riesgos de continuidad. Sin embargo, lejos de cambiar de estrategia, la opción de los gobiernos parece ser profundizar la dependencia de la exportación de hidrocarburos.

Bolivia

En Bolivia los ingresos del gas han venido cayendo continuamente desde su pico de 2014 cuando alcanzó los US$5.489 millones. Ya para 2015 los ingresos bajaron a US$3.200 millones y este año se espera que desciendan aún más. Según del periódico Pagina Siete (12/09/2016), los ingresos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) y de regalías del gas disminuirán hasta un 31% y 35% respectivamente en 2017. Este descenso está relacionado básicamente con la caída de los ingresos que recibe Bolivia por las exportaciones de gas natural a los mercados de Brasil y Argentina.

El problema es que la baja de ingresos de regalías e IDH afectará a sectores claves de las políticas públicas, principalmente a las gobernaciones, municipios y universidades y a los recursos que posibilitan el pago de la Renta Dignidad y el Fondo de Promoción a la Inversión en Exploración y Explotación Hidrocarburífera (FPIEEH).

La respuesta del gobierno ha sido ampliar las áreas de exploración de hidrocarburos (entrando incluso en áreas naturales protegidas) y ofrecer un amplio fondo de subsidios por 3.500 millones de dólares a las empresas petroleras y gasíferas. El presidente Evo Morales anunció que "desde 2015 hasta 2020 vamos a invertir 14 mil millones de dólares para exploración, explotación, industrialización y transporte de gas" (lainformacion.com 12/07/2016).

Ecuador

Ecuador lleva casi un año acumulando tasas de crecimiento negativas y es uno de los países más afectados por la caída de los precios del petróleo. El año pasado, el presidente Rafael Correa había reconocido que por tales factores el país tendría un crecimiento bajo o casi nulo y que el país dejaría de recibir $ 7.000 millones por concepto de exportaciones petroleras, alrededor del 7% del Producto Bruto Interno (El Telégrafo 17/09/2015).

Pero la respuesta ecuatoriana no ha sido buscar respuestas fuera del negocio petrolero sino todo lo contrario: ha iniciado la explotación de crudo en uno de los sitios más frágiles del planeta, el Parque Nacional Yasuní. Este parque fue protegido en el pasado por el presidente Correa, pero aquella posición fue revertida por las necesidades económicas del gobierno.

En el bloque petrolero existen reservas probadas de crudo por 1.672 millones de barriles, equivalente al 41,7 por ciento de las reservas totales del país y el ministro de Sectores Estratégicos, Rafael Poveda, dijo que hasta fines de 2016 el país sudamericano recibirá más de 100 millones de dólares con la nueva producción del campo ITT (Xinhua 09/09/2016).

Venezuela

En Venezuela la producción de petróleo ha caído más de un 30% en el último decenio, lo que sumado a la baja del precio del crudo ha tenido notables repercusiones negativas en la economía del país. Sobre todo considerando que este producto representa el 90% de sus exportaciones. Una de las principales causas de la baja producción es la deteriorada situación financiera de la estatal PDVSA que ha entrado en una dramática espiral negativa.

El crudo extrapesado de la Faja del Orinoco debe ser mezclado con otros petróleos livianos importados para poder ser a su vez exportado. Pero los escasos ingresos de las exportaciones hace cada vez más difícil la obtención de divisas para la importación del petróleo liviano.Venezuela está entrando en un círculo vicioso, en el que escasean las divisas porque produce menos petróleo y a su vez produce menos petróleo por esa misma falta de divisas.

El caso venezolano es el más patético de la llamada “maldición de la abundancia”: poseer las mayores reservas petroleras del mundo, con un horizonte de reservas estimado en más de 300 años, lo ha llevado a desarticular toda su economía con la esperanza de hacer del petróleo el motor de su desarrollo.

Y otros

Esto que le ocurre a las economías dependientes de las exportaciones de hidrocarburos también le sucede a todas las economías de la región que han basado sus estrategias de desarrollo de los últimos años en la exportación de materias primas. En algunos casos como los citados, esta dependencia es mayor, pero señales de este problema pueden verse en todos los países en estos tiempos de baja de precios de los “commodities”.

Tampoco es una novedad, esto ya ha ocurrido en el pasado. La pregunta es si nuestros gobiernos continuarán con la misma estrategia, esperando una nueva suba de los precios internacionales del gas, el petróleo o los minerales, o buscarán alternativas para salir de la histórica dependencia de las materias primas.

Ayer fue el caucho, la banana o la plata. Hoy es el petróleo, el gas o la soja. Mañana será el litio, el shale gas o vaya a saber qué. Pero si la región no logra encontrar la bendición de su abundancia, trascendiendo la ilusión del desarrollo, seguirá cayendo por la espiral de la destrucción de su generosa naturaleza sin resolver los problemas sociales que la aquejan.

- Gerardo Honty es analista de CLAES (Centro Latino Americano de Ecología Social)

Publicado en Economía
Viernes, 09 Septiembre 2016 07:57

Menos el extractivismo, todo es ilusión

Los cooperativistas mineros han sido aliados incondicionales de los gobiernos de Evo Morales, ya que forman una burguesía emergente con la que el nuevo poder contaba para controlar un sector estratégico como la minería. Pero la caída de los precios de los commodities dejó al desnudo una alianza de conveniencias.

 

La muerte del viceministro de Régimen Interior Rodolfo Illanes, precedida por la de tres cooperativistas mineros, elevó la tensión política hasta extremos que hacía tiempo no se vivían en Bolivia. En rigor, el modo en que fue asesinado Illanes, secuestrado, torturado y golpeado, fue lo que crispó los ánimos de las autoridades. El viceministro se había trasladado hasta el principal punto de bloqueo, la localidad de Panduro, para negociar en un conflicto que provocó la interrupción del tránsito en la importante autovía La Paz-Oruro y duros enfrentamientos con la policía.
El motivo de la protesta de los cooperativistas mineros es la oposición a que sus empleados puedan formar sindicatos, lo que limitaría seriamente el poder de los grupos dirigentes de ese sector económico que controla casi un tercio de la producción de minerales en un país minero. Se trata de una disputa por el poder en el núcleo del modelo extractivo. Hasta ahora los mineros había sido aliados fieles del gobierno de Evo Morales, incluso se movilizaron en la última convocatoria electoral –en febrero de este año– para promover el Sí en el plebiscito que habría permitido una nueva reelección del presidente.


Pero esta vez Morales denunció que en la movilización minera anidó un intento de golpe de Estado impulsado por la derecha y Estados Unidos. Morales explicó que lo sucedido es parte de una “conspiración permanente” en la cual sus opositores están “usando a los cooperativistas” para desestabilizar a su gobierno. Un argumento pobre, que busca eludir el eje de un conflicto entre dos actores situados del mismo lado de la barricada extractiva.


El encarcelamiento de la cúpula de los cooperativistas mineros deja al gobierno ante la necesidad de definir los próximos pasos sobre la modificación de la ley de cooperativas, que al habilitar la organización de los trabajadores está en la base del conflicto en curso. Hasta ahora la alianza con el gobierno les ha permitido a los mineros (como señala un trabajo del Centro de Documentación e Información, Cedib) la sobreexplotación de trabajadores que “no pueden organizarse autónomamente para defender sus derechos”.


Aliado conflictivo


Los cooperativistas mineros son un poder al que nadie puede ignorar. Controlan el 27 por ciento de la explotación minera (frente a sólo el 3 por ciento del Estado y el 70 por ciento de las multinacionales); tienen unos 120 mil trabajadores y una bancada de siete diputados y senadores elegidos en las listas del Movimiento al Socialismo (Mas), el partido de Morales. Tienen poder económico, poder político y capacidad de influir sobre una porción nada desdeñable de la población. Están agrupados en la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin), que en los últimos años contaba con dos viceministros en el gobierno.


Las cooperativas mineras nacieron con la crisis de 1929, pero se expandieron con la privatización neoliberal de 1985, que desmanteló la Corporación Minera Boliviana (Comibol) y “relocalizó” a los trabajadores. Desde 2006, año en que el Mas llegó al Palacio Quemado, las cooperativas mineras comenzaron a ser respaldadas con el objetivo de contar con un sector productivo cercano a los objetivos políticos y estratégicos del nuevo gobierno. Con los altos precios internacionales, las exportaciones mineras pasaron de 500 millones de dólares en 2006 a más de 3.000 millones en 2013. El sector cooperativo representa el 30 por ciento de las exportaciones mineras totales, y el 37 por ciento de las exportaciones de plata, el 41 por ciento de las de estaño y el 71 por ciento de las de oro.


Las cooperativas mineras obtuvieron más de la mitad de los contratos desde 2008 y el 43 por ciento de la superficie total otorgada por el Estado. La cantidad de cooperativas se multiplicó por tres (de 447 en 2008 a 1.400 en 2013). Hoy emplean de forma directa a 120 mil personas, el 90 por ciento de los trabajadores del sector. Sin embargo, aportan muy poco al Estado, un 4 por ciento de impuesto al valor agregado y el 1 por ciento del valor de la producción por arrendamiento de los yacimientos de Comibol. En total, dejaban apenas 44 millones por regalías de los 1.059 millones de dólares exportados en 2012.


La estratificación económica y social dentro de las cooperativas es importante y está relacionada no sólo con la cantidad de socios, sino con la distribución interna del poder. Una pequeña cantidad de socios controla a las cooperativas, que emplean una enorme masa de trabajadores carentes de derechos y remunerados con muy bajos salarios, cobrando a destajo.


La ley de minería de 2014, pactada entre el gobierno y la dirigencia de Fencomin, prohíbe y penaliza la huelga y cualquier acción que impida la actividad minera. Ha servido también para consolidar un régimen de excepción en materia de impuestos y acceso a áreas fiscales para explotar nuevas minas.


En 2006 hubo un fuerte choque entre los cooperativistas y los mineros asalariados por el control de una mina estatal en Huanuni (Oruro). Un enfrentamiento con dinamita se cobró 16 muertos. En aquella ocasión el presidente le pidió la renuncia al ministro de Minería, el cooperativista Walter Villarroel, por haber jugado a favor de los suyos. Los cooperativistas azuzaron otros conflictos, sobre todo en Potosí. Hasta que llegó la crisis económica, con la caída de los precios de los minerales.


En opinión del filósofo Raúl Prada, ex viceministro de Planificación Estratégica del primer gobierno de Morales, lo que explica el pasaje de los cooperativistas mineros de aliados a enemigos es el cambio en la coyuntura económica, que en este sector se concreta con la caída de los precios de los minerales exportados. Ahora las cooperativas quieren avanzar sobre los derechos ambientales. El Estado, a su vez, necesita afirmar su control sobre toda la cadena de la minería.


“En tiempos de crisis económica, debida a la baja de los precios de las materias primas, es una estrategia de supervivencia el control monopólico del Estado, no sólo de los recursos naturales, sino sobre la explotación y mediación con los mercados y con el capital de inversión de las empresas extractivas trasnacionales”, señala Prada. Estas empresas son la manzana de la discordia, aunque sobre la mesa aparezcan los derechos de sindicación de los trabajadores de las cooperativas, porque son las que pueden aportar el capital que Bolivia necesita para incrementar la extracción de minerales.


El pliego minero actual busca modificar la ley de minería, con el fin de permitir que las cooperativas puedan suscribir contratos con las multinacionales, algo que en realidad debe ser aprobado por el parlamento. En suma, las cooperativas quieren capitalizarse entrando en relación con las grandes empresas del sector. Para éstas, firmar contratos con cooperativas y no con el Estado sería muy ventajoso, ya que “adquirirían derechos, mas no obligaciones. Lo más importante es que los grupos trasnacionales se beneficiarán, indirectamente, de los derechos y privilegios de que gozan las cooperativas”, tanto en materia laboral como impositiva, según un análisis del Cedib titulado “Tomar el Estado por asalto”.
Por eso Prada insiste en que se trata de un conflicto “entre partes que conforman el modelo extractivista”, un modelo al que considera limitado y que, lejos de la propaganda oficial, mantiene “una economía primario-exportadora y un Estado rentista”.


La solución no será sencilla. Según el investigador Carlos Arce, el gobierno “apoya a los cooperativizados como parte de la nueva burguesía emergente que fortalecerá al nuevo Estado Plurinacional”. Se trata de un tipo de conflicto en el que no puede haber un ganador absoluto y que se está resolviendo a través de una negociación. De hecho, Morales pidió, presionado por la Central Obrera Boliviana y otras organizaciones sociales, que no sólo se resuelva el asesinato de Illanes sino de los cuatro cooperativistas muertos por disparos policiales.

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La medida es en respuesta al linchamiento del viceministro Rodolfo Illanes ocurrido el pasado fin de semana durante una protesta de mineros


El Gobierno boliviano ha respondido con mano dura al linchamiento del viceministro Rodolfo Illanes ocurrido al pasado fin de semana durante una protesta de los mineros por cuenta propia o "cooperativistas". El Estado aprobó la revocación de las 31 concesiones que estaban formalmente en manos de estos mineros y que ellos habían subalquilado a su vez a empresas privadas internacionales, así como de todas las concesiones que no explotan actualmente. Además, la Fiscalía detuvo a alrededor de una veintena de dirigentes y trabajadores, a los que investiga por el asesinato de Illanes. Pedro Mamani Massi, uno de los heridos durante los enfrentamientos registrados en las protestas de la localidad de Panduro ha muerto este jueves, según ha informado la agencia de noticias boliviana Fides.


El derecho a subarrendar los yacimientos de los cooperativistas estuvo en el centro del bloqueo de caminos que estos organizaron, y que terminó con la muerte del funcionario, apaleado por una turba mientras estaba secuestrado en una carretera por los dirigentes de la movilización con los que había ido a hablar.


De acuerdo a la nueva Constitución, tanto las cooperativas, supuestamente dedicadas a la minería de subsistencia, como las empresas privadas deben recibir concesiones temporales y exclusivas, es decir, que no pueden entregar a terceros. Con esta medida, la Constitución altera el sistema de propiedad minera que tenía el país desde la Colonia y que consideraba una mina como un activo ordinario, es decir, uno que se podía vender y heredar. El objetivo de la protesta minera, que comenzó a mediados de agosto, era retornar, al menos en el espíritu, al viejo sistema.


El origen de las cooperativas mineras


Las cooperativas aparecieron en Bolivia en la última parte de los años ochenta, como una respuesta espontánea de los trabajadores mineros a la incapacidad del Estado de mantenerlos empleados. Desde entonces este grupo no ha hecho más que crecer, hasta contar hoy con más de 100.000 miembros. Gracias a su capacidad de movilización, las cooperativas han obtenido algunos de los mejores sitios para explotar minerales y, con el boom de los precios de la pasada década, muchas se han convertido en empresas ilegales sin licencia ambiental.


Hasta este conflicto, fueron importantísimas aliadas del movimiento dirigido por Evo Morales, a quien ayudaron a llegar al poder. Por eso las empresas privadas acudieron a ellas para poder hacer unas inversiones que les resultaban muy difíciles de concretar negociando directamente con el Estado

La Paz 1 SEP 2016 - 21:11 COT

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El asesinato en menos de una semana de cuatro indígenas y campesinos en los departamentos de Cauca y Nariño, enciende las alarmas sobre las violaciones a los derechos humanos que siguen afectando a los líderes de estas comunidades en la antesala misma de la ‘paz’. Los territorios de las comunidades indígenas, afrocolombianas y campesinas se traslapan con las áreas de interés de grupos armados que pretenden extender el dominio territorial y de multinacionales tras los recursos naturales en tierras colectivas.

 

Era de esperarse que la firma del Acuerdo General para la terminación del Conflicto Armado entre las Farc y el Estado en Colombia comenzara a abrir el sendero de una participación democrática ampliada, contribuyera a sentar las bases para el establecimiento de garantías a la oposición y movimientos sociales, así como el respeto de la vida y derechos humanos a líderes de comunidades étnicas en el país. Pero la realidad está siendo muy diferente en escenarios de confrontación golpeados históricamente por el conflicto. Es el caso de los departamentos del Cauca y Nariño donde en menos de una semana fueron asesinados cuatro indígenas y tres líderes campesinos vinculados a procesos de resistencia y movilización social.

Indígenas Awá (1) asesinados en Nariño.

El pasado viernes 26 de agosto, fue asesinado hacía las cinco de la tarde el líder Awá Camilo Roberto TaicusBisbicus, Integrante durante 26 años de la Organización Unidad Indígena del Pueblo Awá (Unipa) (2). Sobre este asesinato se pronunciaron las autoridades indígenas Awá a través de un comunicado de la Unipa (Ver Recuadro 1): “Después de hacer un análisis entre autoridades, consejeros y líderes de nuestra organización Unidad Indígena del pueblo Awá UNIPA frente al homicidio del hermano Camilo Roberto TaicúsBisbicus, queremos informar a la opinión pública nacional e internacional que ningún acto de violencia que suceda en contra de nuestro pueblo y de cualquier indígena Awá, no es un hecho aislado al exterminio sistemático que venimos enfrentando históricamente”.

Como un magnicidio catalogó la Unipa el asesinato de TaicusBisbicus: “Su asesinato en términos políticos lo elevamos a magnicidio, debido al nivel de liderazgo que Camilo ejercía dentro de su comunidad, resguardo, organización y pueblo Awá en general, la crisis que genera esta pérdida es irreparable, sobre todo para su familia, sabemos que este sistema siempre ataca desde arriba para generar inestabilidad a las bases, la preocupación de las familias Awá del resguardo de Hojal la Turbia al igual que de los 30 resguardos que pertenecemos a la UNIPA, es buscar el equilibrio que la muerte de Camilo deja en todos los espacios de nuestros 4 mundos, los cuales hacen parte de nuestra cosmovisión”.

Como si fuera poco, el lunes, mientras se llevaban a cabo las honras fúnebres del líder indígena, fueron asesinados los hermanos Luciano y Alberto Pascal García, indígenas Awá en zona rural del municipio de Llorente. Un día antes, el domingo 29 de agosto había sido asesinado el indígena Awá Diego Alfredo Chirán Nastacuas, en el corregimiento el Diviso, municipio de Barbacoas –Nariño–. Cuatro indígenas asesinados en menos de 24 horas, después de que la semana anterior se conocieran mensajes amenazantes contra la población de grupos armados.

El extenso territorio de los Awá es rico en biodiversodad, madera y petróleo. Es un espacio estratégico para la movilidad y retaguardia de guerrillas, para el tráfico de drogas y armamento. También está surcado por el oleoducto Transandino por donde fluyen enormes cantidades de hidrocarburos que son ilegalmente extraídos y empleados para el procesamiento de cocaína. El investigador José Aristizabal se refiere en su obra sobre los Awá a las disputas que nacen de intereses contrapuestos sobre su territorio: “Estas disputas encarnizadas por los territorios, las economías ilegales, el poder o la acumulación de dinero y esa ausencia de una gobernabilidad que defienda la sociedad se reflejan no sólo en la violencia contra las personas y la naturaleza, sino también en la agresión frente a los referentes culturales de las comunidades indígenas y afrodescendientes [...] Se trata de un avasallamiento cultural que persigue el menosprecio, la invisibilización y la eliminación de los valores, las costumbres, las cosmovisiones y los saberes ancestrales”.

Líderes campesinos asesinados en el Cauca

Hacía las 8:30 am del lunes 29 de agosto fue interceptado por hombres vestidos de camuflado que portaban armas largas, en un sitio conocido como Guayabuillas (corregimiento de Llacuanas, área rural del municipio de Almaguer), un carro en el que se movilizaban los líderes campesinos Joel Meneses, Nereo Meneses y Ariel Sotelo, pertenecientes al Comité de Integración del Macizo Colombiano (Cima) (3) . Los líderes fueron trasladados un lugar conocido como “Monte Oscuro”, ubicado entre los límites de municipio de Bolívar y Almaguer, para ser asesinados con múltiples disparos en sus humanidades y tiros de gracia.

Las víctimas eran reconocidos líderes de la región, así lo manifestó Cima (4) : “La organización campesina insistió en que los líderes asesinados eran reconocidos en el municipio y la región, participaron activamente en diferentes movilizaciones campesinas “por vida digna en el Macizo Colombiano, entre ellas la reciente Minga Nacional Agraria, Campesina, Étnica y Popular por el Buen Vivir, una Reforma Agraria Estructural y una Ciudad Digna, que se desarrolló desde el 30 de mayo hasta el 12 de junio de 2016 en el punto de concentración campesina en Timbío (Cauca)”.

Joel Meneses, uno de los líderes asesinados, fundador y líder histórico de la organización, había sido amenazado en múltiples oportunidades por su actividad en defensa del territorio y el agua en una amplia zona del departamento del Cauca donde ha venido proliferando la minería ilegal. De hecho, según W radio: “Los hechos se presentaron justo cuando el Cima y la Red por la Vida y los Derechos Humanos del Cauca pretenden revelar un informe sobre las amenazas y asesinatos de campesinos y defensores de derechos humanos en este último semestre” (5) .

¿Qué sucede en el Cauca y Nariño?

Las comunidades indígenas, afrocolombianas y campesinas, en esta zona de alta conflictividad en el país, son piedras en el zapato para los intereses de los violentos que siguen viendo en los asesinatos y atentados contra sus líderes, la posibilidad de intimidar sus organizaciones que defienden el uso colectivo de la tierra, así como la gestión colectiva de los recursos. Señala la Revista Semana (6) : “Lo que hoy está sucediendo en Nariño y Cauca es una advertencia de lo que puede ocurrir en el país después de la desaparición de las FARC. Ya la academia, los políticos, los expertos y las organizaciones sociales han señalado que el nuevo reto será el reacomodamiento de las organizaciones armadas que buscarán llenar los espacios que deja la guerrilla y pelearse los territorios que las FARC dominaban”.

Pero no es solo cuestión de grupos armados. La experiencia de los países centroamericanos (Nicaragua, El Salvador, Honduras) donde proliferan los asesinatos a líderes y activistas ambientales, permiten entrever que lejos de solventarse pueden incrementarse las contradicciones entre las comunidades y los intereses de apropiación/explotación de recursos, con un saldo negativo de victimización para sus líderes. En territorios del macizo colombiano poderosas multinacionales de la extracción siguen considerando a comunidades étnicas y campesinas como grandes obstáculos para materializar el acceso a los recursos naturales que acogen sus territorios. Estas voluntades, la presencia de grupos armados y la ausencia de gobernabilidad de la que habla Aristizabal, están configurando importantes riesgos en el Post Acuerdo para comunidades que se asientan en estas zonas golpeadas durante décadas por el Conflicto Armado y siguen viendo caer a sus líderes, incluso cuando se apagan miles de fusiles.

Por otro lado persiste la Coca, uno de los grandes carburantes de la violencia. Según el informe “Monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos” de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) , Los departamentos de Nariño y Cauca concentran el 40% de la totalidad del área de cultivos de coca en el país. La siembra de coca aún sigue siendo la actividad económica más rentable en amplias zonas del macizo colombiano, también la principal fuente de disputas territoriales entre grupos armados que pugnan por el monopolio de los cultivos, los impuestos que se cobran sobre su procesamiento y venta, así como el acceso a importantes rutas para la exportación.

La cuerda revienta por lo más delgado y está reventando por dos de los departamentos con mayor conflictividad en el país, una muestra de lo que puede empezar a suceder y consolidarse en otras regiones de Colombia que constituyen espacios geográficos valiosos para intereses de particulares (extractivos, delincuenciales) que en la misma antesala de la paz están mostrando el talante de su accionar en lo que vendrá.

¿El Cauca, Nariño y Tumaco en realidad conocerán la paz?

 

Notas

 

[1] Los Awá son un pueblo binacional ubicado a lado y lado de la frontera entre Colombia y Ecuador. Los que viven en Colombia, una parte están en el sur y occidente del departamento de Nariño, al occidente de la cordillera andina desde la cuenca del río Telembí hasta la parte norte del Ecuador, en los municipios de Tumaco, Barbacoas, Ricaurte, Samaniego y Roberto Payán. La otra parte en el departamento del Putumayo, en los municipios de Orito, Puerto Caicedo y Villa Garzón. Abarcan un territorio de una extensión aproximada de 610.000 hectáreas de las cuales 480.000 están en Colombia y 116.640 en Ecuador. Tomado de: ARISTIZABAL, José. “El pueblo Awá”. Sus armas no lograrán extinguir nuestra palabra. Informe de riesgos de extinción en 6 pueblos indígenas de Colombia. Barcelona: Observatorio por la Autonomía y los Derechos de los Pueblos Indígenas de Colombia, 2014, p. 52.

[2] La Unidad Indígena del Pueblo Awá "UNIPA", es una Asociación de Autoridades Tradicionales y Cabildos Indígenas Awá sin ánimo de lucro que fue creada hace 18 años, tiempo en el cual ha logrado consolidase como una Organización, orientada y dirigida por líderesAwá, decididas a seguir venciendo toda adversidad por más difícil que sea, con el único anhelo de conseguir bienestar para la Comunidad, mediante la búsqueda de solución a las necesidades propia de nuestro medio y Cultura. Fuente: http://www.nasaacin.org/informativo-nasaacin/94-nuestros-enlaces/nuestros-enlaces-nacionales/918-unidad-indigena-del-pueblo-awa 

(3) FUNDECIMA, surge de la decisión política del Comité de Integración del Macizo-CIMA en la Asamblea del Macizo, en Almaguer (Agosto 16-17 de 1993) para conformar una entidad de apoyo técnico, incidencia, gestión y ejecución de proyectos ante las formas tradicionales de administración pública en la región. A partir de ese entonces en FUNDECIMA se diseña como Estrategia de Trabajo, la estructuración de Áreas y Programas para la implementación del Plan de Vida, Agua y Dignidad del Macizo y Suroccidente de Colombia como propuesta de Desarrollo Propio del CIMA para la región. Misión: FUNDECIMA, trabajará por la recuperación, conservación, mantenimiento, defensa y uso racional de los recursos naturales, humanos y culturales del Cauca, Macizo Biogeográfico y Colombia, a través de la implementación de planes, programas y proyectos que propendan por el desarrollo integral de las comunidades. Fuente: http://www.pazdesdelabase.org/index.php?option=com_content&view=article&id=143&Itemid=41 

[4] Tres líderes campesinos fueron asesinados en el Cauca. http://www.colombiainforma.info/tres-lideres-campesinos-fueron-asesinados-en-el-cauca/  29 de agosto de 2016.

[5] http://www.wradio.com.co/noticias/regionales/asesinan-a-tres-campesinos-en-almaguer-sur-del-cauca/20160829/nota/3230784.aspx# 

[6] Se recrudece la violencia en Tumaco: ya son cuatro indígenas Awá asesinados. http://www.semana.com/nacion/articulo/cuatro-indigenas-awa-fueron-asesinados-en-tumaco/491686  29 de agosto de 2016.

 


Recuadro 1


Comunicado de la Unipa frente al asesinato de Camilo Roberto Taicús Bisbicus el pasado 26 de agosto

Frente al exterminio sistemático que nos han sometido, resistimos

Después de hacer un análisis entre autoridades, consejeros y líderes de nuestra organización Unidad Indigena del pueblo Awá UNIPA frente al homicidio del hermano Camilo Roberto TaicúsBisbicus, queremos informar a la opinión pública nacional e internacional que ningún acto de violencia que suceda en contra de nuestro pueblo y de cualquier indígena Awá, no es un hecho aislado al exterminio sistemático que venimos enfrentando históricamente.

Hemos sido víctimas de masacres, desplazamientos masivos y gota a gota, desapariciones forzadas, persecución política, señalamientos, asesinatos selectivos a gobernadores y a dirigentes de UNIPA, sin tener en muchas ocasiones respuestas claras frente a los actores y los móviles que han generado desequilibrio dentro de nuestro katsa su (territorio).

Camilo Roberto TaicúsBisbicús fue un luchador incansable de los derechos que como pueblos indígenas tenemos dentro y fuera del territorio Awá, desde temprana edad acompaño a su padre Nicanor Taicús en la tarea de organizar y obtener la titulación y reconocimiento jurídico del resguardo indígena de Hojal la Turbia, por parte del Gobierno Nacional, convirtiéndose en un ejemplo a seguir por quienes en esos tiempos acompañamos los inicios de nuestra organización UNIPA.

Su asesinato en términos políticos lo elevamos a magnicidio, debido al nivel de liderazgo que Camilo ejercía dentro de su comunidad, resguardo, organización y pueblo Awá en general, la crisis que genera esta pérdida es irreparable, sobre todo para su familia, sabemos que este sistema siempre ataca desde arriba para generar inestabilidad a las bases, la preocupación de las familias Awá del resguardo de Hojal la Turbia al igual que de los 30 resguardos que pertenecemos a la UNIPA, es buscar el equilibrio que la muerte de Camilo deja en todos los espacios de nuestros 4 mundos, los cuales hacen parte de nuestra cosmovisión.

Este acto es solo una advertencia en contra de nuestro pueblo indígena Awá, no podemos catalogarlo de otra manera; autoridades, consejeros y líderes sabemos que enfrentamos amenazas por diversos actores debido a la defensa que hemos emprendido para poder seguir existiendo, sabemos de las consecuencias que trae proteger el territorio que hemos habitado ancestralmente y si hoy Camilo tuvo que entregar su vida, muchos continuaremos el legado que él nos compartió.

Frente a nuestros planteamientos, exigimos.

A la fiscalía general de la nación agilice la investigación de este crimen para dar con el paradero de los actores del hecho y se haga justicia, no queremos que la muerte de Camilo Roberto Taicús quede en la impunidad, solicitamos además nos aclaren todas las investigaciones que los entes competentes llevan en curso frente los casos de violación a los DDHH que ha sufrido nuestro pueblo Indígena Awá.

Exigimos al Gobierno Nacional asuma la responsabilidad de este acto de barbarie, consideramos que las reiteradas postergaciones a protocolizar nuestro plan de salvaguarda, han puesto en mayor vulnerabilidad y alto riesgo de exterminio físico y cultural de nuestro pueblo indígena Awá.

A la Unidad de Protección, adelante efectivamente los estudios de riesgo a las autoridades, consejeros y líderes que se encuentran amenazados y los que ya tiene estas medidas se les respete el enfoque diferencial que se viene solicitando en diversas reuniones y existen actas de compromiso.

AUTORIDADES INDIGENAS AWA UNIPA

 


Recuadro 2

"...iban por ellos".


El periódico desdeabajo habló en entrevista telefónica con Víctor Collazos, vocero de Cima, quien se refirió a los lamentables acontecimientos que determinaron la muerte de tres activistas de la organización.

desde abajo (da). ¿Existen hipótesis sobre la muerte de estos activistas?

Víctor Collazos (VC). Sobre las posibles circunstancias o hipótesis no hay certeza. Se ha solicitado la investigación oficial, de igual manera se está haciendo la investigación comunitaria y social para aclarar esto.

(da). ¿Tienen alguna idea sobre los móviles de estos asesinatos?

(VC). Posibles móviles: Ellos pertenecen al Cima, ellos conformaron un movimiento que se llama Procamina (Proceso Campesino e Indígena de Almaguer) y Procamina aspiró con candidato propio a la alcaldía, aspiró con líderes al consejo de Almaguer en la pasada contienda electoral. Ellos ganaron la alcaldía, pero durante ese tiempo hubo mucha amenaza y tensiones con grupos armados que hacen presencia en la región. En la región hacen presencia milicias del Eln, comisiones de las Farc, al igual hay personas armadas vinculadas a alguna explotación minera.

(da). ¿Por qué cree usted se presentaban estas reticencias de los actores armados?

(VC). Durante el tiempo de la campaña, había una posición muy férrea de la organización comunitaria por construir planes de vida desde las localidad y por la defensa del territorio, se había hecho un foro grande y en el foro se había determinado que el territorio de Almaguer era para que la gente conviviera, para sembrar alimentos y para cuidar el agua, la diversidad del medio ambiente. Había cierta oposición comunitaria a la minería por el grado de contaminación que genera la minería ilegal, aunque Almaguer está siendo solicitado también por la minería transnacional. Entonces miramos ese proceso electoral cruzado por presión de grupos armados, cruzado por todo lo de la minería que se impidió en defensa del territorio y del medio ambiente, creemos que en alguna medida son circunstancias determinantes de estas muertes.

(da). ¿Consideran que este asesinato múltiple fue planeado de manera premeditada contra los líderes?

(VC). Como sucedieron los hechos, todo indica que iban por ellos: ellos salieron de La Herradura para ir al mercado de otro corregimiento cercano llamado Llacuanas. De pronto pararon los carros y se los llevan en el campero mismo en que ellos iban hacia un lugar contiguo al municipio de Bolívar que se llama “Monte Oscuro”, es un sitio muy solitario y sin señal de celular. Todo indica que este grupo armado de personas que aparecieron allí con fusil y con pasamontañas iban directamente hacía ellos.

(da). ¿Quiénes eran los activistas asesinados?

(VC). Joel Meneses Meneses, líder de Cima, participó en el proceso del Comité de integración del Macizo colombiano desde 1990, participó en todas las movilizaciones del Macizo desde 1990, participó en la movilización de 1991 en Rosas, a la Movilización de 1996 en Popayán y en la movilización de 1999, estuvo ahora en Minga Campesina Étnica y Popular. Joel Meneses, dado el exceso de fuerza porque iba el Esmad a reprimir estas movilizaciones (las de la Minga Campesina étnica y Popular), fue con la inquietud de hacer fuertes intercambios con los indígenas, sobre todo los Nasas, para ver si los campesinos mejoraban su Guardia Campesina con intercambios con los compañeros indígenas, era lo que él decía en aquel tiempo. El compañero Nereo Meneses Guzmán era líder comunal de la vereda de Guarpanchal y el Joven Sotelo, por circunstancias, iba en el carro con ellos.

(da). ¿Tienen alguna idea de cuál es el grupo armado responsable de estos asesinatos?

(VC). Se está haciendo la investigación, la averiguación, porque incluso también parece que habían personas que pertenecieron a grupos armados estatales pero que ya no pertenecían y que andaba en la región. Se está haciendo la averiguación, nosotros no nos atreveríamos a hacer ninguna aseveración todavía.

Publicado en Colombia

Los habitantes de los municipios mineros de Segovia y Remedios padecen el yugo de una poderosa multinacional del oro. Por más de 150 años ambos municipios fueron exprimidos por la Frontino Gold Mine, instalada en 1852 en Segovia hasta el 2011, año en que luego de 35 años de déficits financieros fue liquidada para ceder sus títulos mineross. Una vez solventadas las deudas del pasivo pensional de cerca de 2 mil trabajadores, fue vendida a la multinacional minera Gran Colombia Gold por 380 mil millones de pesos. La empresa canadiense, representada por la Zandor Capital, amenaza con desaparecer a la clase trabajadora de ambos municipios de tradición y vocación minera.

 

Hablar de Segovia o de Remedios, municipios de nordeste antioqueño, es hablar de oro, de mineros y socavones, “[...] prácticamente su economía gira gracias al minero, al entable, a las compraventas, a los bares, discotecas, prostíbulos, generando así esa necesidad de tener el suficiente dinero para poder estar al ritmo de la cultura segoviana”1. También es hablar de “siglos de extracción que no han contribuido a un desarrollo real de esta subregión, donde alrededor del 38 por ciento de su población vive en pobreza y 45 por ciento en miseria”2.

 

La región, abandonada por décadas por el Estado, cuya presencia básica era la militar –para proteger los intereses foráneos y violentar a sus habitantes– ha sido objeto, en reiteradas ocasiones, de intensas olas de violencia y vulneración de los derechos humanos de sus pobladores, ya sea por parte de los paramilitares o de la guerrilla. Sin embargo, estos dos municipios han logrado superar estos baches para trasformar su situación. Organizados en cooperativas, impulsando la pequeña minería responsable con el medio ambiente, optimizando y racionalizando la extracción de los metales preciosos, generando mecanismos para la exploración técnica de los yacimientos mineros, ha mejorado la calidad del empleo del minero, brindándole seguridad social y oportunidades de capacitación. Pese a estos avances, la legalización de la minería aún es una tarea pendiente, pues apenas 35 minas han logrado formalizar sus operaciones, frente a las 160 que carecen de título minero.

 

Claro está, y es importante resaltarlo, que los problemas en la región responden, en gran medida, a la privatización y monopolización de los recursos del subsuelo (lo que no sólo sucede en el departamento de Antioquia sino en todo el país). Zandor Capital, filial de la multinacional Gran Colombia Gold, secundada por las instituciones estatales, imponen exterminio para una clase trabajadora que es perseguida y criminalizada.

 

Zandor Capital S.A.: El terror de los pequeños mineros

 

desdeabajo habló con Eliober Castañeda, líder minero y representante legal de la Mesa Minera de Segovia y Remedios, y esto fue lo que nos contó respecto a la situación laboral de los mineros de la subregión, y los motivos por los cuales decidieron entrar en cese de actividades desde noviembre del año pasado. Los diálogos con la multinacional y el Gobierno del departamento se mantienen, así como la postura de los pequeños mineros.

 

“La problemática de Segovia y Remedios empieza cuando la multinacional Zandor Capital se asienta en la región a mediados de 2011, pretendiendo desplazar a todos los pequeños mineros. Ellos entraron diciendo que iban a invertir en obra social en los municipios, y hasta la fecha todo lo que dijeron resulta mentira. Nos vimos, por ello, ante la necesidad de realizar varias manifestaciones en los meses de septiembre y octubre, y decidimos al fin, el 5 de noviembre de 2015, con toda la comunidad segoviana y remediana unirnos y empezar formalmente el paro”.

 

Además el líder sindical explica. “Realizamos el paro porque estuvimos más de un año buscando acercamientos con la multinacional ya que la Agencia Nacional de Minerías, el mismo gobierno y la multinacional empezaron a emitir unas órdenes para los cierres de las minas más antiguas y más importantes de nuestro municipio”.

 

El Gobierno y la multinacional se burlan de nosotros

 

“Ante nuestra protesta, el 8 de noviembre nos citaron a Bogotá para una reunión con la procuradora Piedad Angarita, la multinacional en cabeza de la señora María Consuelo Araújo, la doctora María Isabel Ulloa, viceministra de Minas en ese entonces, y la doctora Mónica Grand por Formalización Minera. Obviamente, asistimos a esta reunión con la Comisión delegada, a la que también fueron invitados el Alcalde saliente del municipio y el Alcalde electo. Llegamos a la Procuraduría General de la Nación, a pesar de que nos dijeron que no nos iban a recibir”, cuenta don Eliober.

 

“Efectivamente no nos dejaron ingresar, sin embargo decidimos quedarnos en la entrada del edificio. Saludamos a la doctora María Isabel Ulloa que entró al edificio, pero tampoco nos dejó entrar. Pura burla” dice indignado.

 

Y continuó. “Decimos que es una burla porque nos quedamos allí hasta que empezó la reunión, casi a las 2:30 de la tarde, y que terminó a las 5:00 de la tarde; a última hora dejaron entrar a dos de nosotros: al compañero Dioni Ramírez, representante legal de Sociedad Mutual El Cogote, y quien habla, por ser el presidente de la Mesa Minera. Cuando ingresamos ya habían concluido la reunión y vimos con preocupación los halagos de los representantes del Gobierno hacia los representantes de la multinacional, es decir, totalmente parcializados. Cuando ingresamos, estaban buscando un responsable a la manifestación que estaban llevando a cabo en el municipio de Segovia; también querían que nosotros firmáramos el acta que ellos habían realizado; nosotros no la firmamos.

 

Buscando una solución

 

Tiempo perdido. “Nos devolvimos sin participar en esa reunión, informamos en nuestro municipio de lo sucedido; el paro, por ende, seguió su curso. La multinacional, desesperada por el cese de actividades, empezó a buscar personajes para intermediar entre el pueblo y la Zandor. Fue cuando hablamos con el coronel Arnulfo Traslaviña el 10 de noviembre, él hizo el puente y llamó al Gral. Leonardo Pinto Morales y organizaron una reunión para el 11 de noviembre a las 10:00 a.m. en el Batallón Especial Energético Vial No. 8. Allí presentamos un pliego de peticiones en el que exigíamos que la multinacional cesara los amparos administrativos en contra de todos los pequeños mineros, es decir, que no les cerraran las minas”, narra don Eliober.

 

Y agregó. “El Gral. Pinto habló con María Consuelo Araújo, quien se pronunció por medio de un correo confirmando que estaba dispuesta a sentarse a dialogar con los pequeños mineros. Se comprometieron a no ejecutar los amparos administrativos mientras estábamos en negociaciones, igualmente la procuradora Piedad Angarita expresó que no habría ninguna medida en cuanto a procedimientos disciplinarios en contra del Alcalde”.

 

La buena voluntad no es suficiente. “El 11 de noviembre empezamos a negociar, y mientras esto sucedía la multinacional empezó a atacar a nuestros pequeños mineros, tratando de judicializarlos. Nosotros radicamos las respectivas denuncias, sin embargo, ahí hemos estado: cumpliendo con el cronograma, distinto a la multinacional que en repetidas ocasiones ha faltado a las reuniones”.

 

Y denuncia. “Últimamente la empresa entrega unas propuestas dañinas que llevan a la quiebra al trabajador minero, por lo cual no las hemos aceptado. La misma Procuraduría nos ha presionado para que las firmemos. El 15 de junio, Piedad Angarita emitió una orden al Alcalde para que ejecute el cierre de la mina Asociación Mutual El Cogote –una de las minas más importantes del municipio– que lleva más de 40 años en funcionamiento, cumpliendo a cabalidad los requisitos de la ley referentes a obligaciones con parafiscales y de la que dependen más de 500 trabajadores a quienes les paga el sueldo, seguridad social y prestaciones. Además se encuentran las empresas Sociedad Minera San Nicolás, Sociedad Minera El Chocho, Sociedad Minera Pique Rubí, minas bien organizadas que cumplen con los requisitos que el Estado exige”.

 

¿Cuánto cuesta explotar oro?

 

En Segovia y Remedios la única economía existente desde siempre es la minería. “Cuando estaba la Frontino Gold Mine, esta tenía sus trabajadores, pero no tenían la capacidad (ni la Zandor la tiene hoy día) para emplear a toda la población minera del municipio. Esa población que no es contratada, se dedica a la minería informal, trabaja las vetillas, las explota, no había ningún problema”. Dijo, don Eliober, que el pequeño minero pagaba una cuota de arrendamiento a la Frontino Gold Mine, de entre 200 y 500 mil pesos cada mes; a cambio, esta prestaba asesoría al pequeño minero”.

 

¿Cuál es la problemática hoy día? “Llega una multinacional –que supuestamente quiere acabar con la minería tradicional–, ofreciéndoles a los pequeños mineros un contrato de operación para que puedan trabajar “legalmente”, y lo ofrecido es un contrato de operación a un año; para una mina que lleva más de 30 o 40 años produciendo, ofrecen contratos de un año sin garantía de renovarlo”. Uno de los puntos presentados en el pliego del paro del 5 de noviembre es que con estos contratos, el pequeño minero no alcanza a recuperar siquiera la inversión. “La minería es costosa, por eso exigimos que la Zandor Capital ofrezca mejores contratos o nos deje trabajar las minas, que haga concesiones con el pequeño minero”.

 

Aseguró, también, que la multinacional quiere llevarse el 60 o el 70 por ciento de lo que extrae el pequeño minero, sin inverter ni un solo peso; “[...] al pequeño minero le quedaría un 30 o 40 por ciento para pagar impuestos, salarios, etcétera, yendo, así, a la quiebra. Hemos desglosado completamente la tabla económica que presenta esta empresa y es un gana-gana pero solamente para ella, y un pierde total para el pequeño minero. Por eso en Segovia decimos: No queremos la multinacional. Tenemos entendido que hubo un acuerdo a nivel mundial, donde se precisó que las multinacionales deben estar sujetas a la licencia social que den las comunidades tradicionales, en los municipios que son netamente mineros, y es lo que estamos peleando”.

 

Tabla económica: pauperización del trabajo en la mina

 

La tabla a la que hace referencia la multinacional define los costos derivados de la extracción del oro. “Nosotros contamos con unos “estables” o “plantes de beneficio” –que es el dinero necesario para extraer la tierra de la mina y procesarla para obtener el oro–.” Según el señor Castañeda, “lo que quiere la multinacional es que todo el material extraído de los socavones por el pequeño minero –el 100 por ciento–, sea llevado a la empresa para procesarlo, pero no tenemos garantía de que la cantidad de oro obtenida en el procesamiento sea, realmente, la que nos dice la Zandor. Por ejemplo: si en 8 días, en un entable de la cadena de pequeños mineros del municipio, se consigue 10 millones de pesos al procesar nosotros mismos el oro, en esos mismos 8 días de trabajo, con la misma cantidad de material extraído, la multinacional nos estaría entregando apenas 3 o 4 millones de pesos”.

 

Ofuscado, don Eliober describió los abusos de Zandor Capital. “El pequeño minero tiene que invertir, para abrir un socavón, en dinamita, en máquinas de bombeo, taladros y maquinaria pesada, pagar la energía y con el 30 por ciento que ofrece la Zandor, no alcanza a cubrir todos esos gastos. Otras empresas mineras, por ejemplo, la Sociedad Minera Quintana –que también hacen contratos o subcontratos con los pequeños mineros, como dueña del título minero–, exige entre el 8 o 10 por ciento y el minero puede procesar el material en donde quiera, cosa que no se puede con la Zandor, quien impone su tabla económica que, en el mejor de los casos, exige el 60 por ciento del oro extraído por el pequeño minero. Así han quebrado varias asociaciones mineras del municipio”, concluyó.

 

Don Eliober mira con ojos que denotan inconformidad, su malestar es patente. Contiene su malestar y continúa: “Las asociaciones mineras, por lo general, están conformadas por 10 o 15 personas que invierten alrededor de 500 millones de pesos para empezar la explotación. Luego de 2 o 3 años de trabajo, tiempo que se demora el minero en alcanzar la veta, de trabajar sin que la multinacional se oponga a su labor. Una vez se encuentra el mineral, aparece la multinacional aplicando el amparo administrativo, con el único propósito de apoderarse de la mina ya trabajada por la pequeña asociación. Esta multinacional no hace propuestas de inversión, ni presta asesorías, ni realiza aportes de tecnología, al contrario, se aprovecha de nuestro trabajo”.

 

Contaminación

 

Una de las preocupaciones más importantes para la pequeña y mediana minería es la proyección de las fuentes hídricas de ambos municipios, a lo que se refirió don Eliober. “Mire, han contaminado nuestros municipios. Cargan volquetas doble troquel con lodo ya procesado y contaminado con cianuro y lo riegan en los ríos. Nosotros, con fotos y vídeos, hemos puesto las mismas denuncias ante Fiscalización Minera y no hacen nada, pero sí culpan al pequeño minero que, según ellos, es quien contamina, lo que es totalmente falso. Tenemos la evidencia de la contaminación ocasionada por esta multinacional a una quebrada del municipio que tiene por nombre La Cianurada, igualmente a la quebrada San Pedro, que queda en Remedios, en estas dos quebradas la Zandor Capital está vertiendo esos lodos con cianuro”.

 

Y agregó, “Hace dos años, cuando salieron esos estudios de que el mercurio era muy contaminante, uno de los compañeros mineros inventó un aparato que lo llamamos “retorta”; este aparato hace el proceso de secamiento de precipitados y recupera un 95 por ciento del mercurio utilizado para evitar que termine en los ríos. Entonces, somos los pequeños mineros los que hemos aportado, y empezado a trabajar con tecnologías limpias. Aquí la principal contaminante del medio ambiente es Zandor Capital”.

 

No hay apoyo al pequeño minero

 

El Estado cometió un error muy grande con los títulos mineros. “El título más grande lo tiene una compañía extranjera y no le han dado la oportunidad al pequeño minero para obtener un título minero. Hace aproximadamente 7 años quisieron formalizar las minas más antiguas, como me sucedió a mí con ‘Sociedad Minera Los Placitos’. Presentamos la documentación donde acreditamos la antigüedad de más de 30 años, nos prometieron una concesión que concluyó cuando los mismos funcionarios me dijeron “tiene que darme tantos millones para yo poder gestionarle esto aquí”. Hay un problema muy grande de corrupción en lo que tiene que ver con las titulaciones, permitida por el monopolio que tienen esas multinacionales, porque estas le pasan plata por debajo de cuerda a los funcionarios corruptos y eso es lo que ha sucedido.

 

En Segovia y en Remedios los mineros siempre han estado dispuestos a trabajar legalmente. “¿Cuál es nuestro dolor? Cuando el señor Presidente declaró la guerra a la minería criminal, prácticamente se la declaró al pueblo; no diferenció entre minería criminal y minería informal, porque cuando empezaron a atacar la minería criminal, empezaron a atacar a los pequeños mineros que, incluso, estábamos acá en el casco urbano. Y los delincuentes haciendo de las suyas y atropellando al pequeño minero; nos han matado la gente que quiera. El Gobierno dice querer acabar con la minería criminal pero hace todo lo contrario al atropellar al pueblo”.

 

“El pequeño minero no tiene la culpa de que llegue cualquier grupo armado, le ponga una escopeta en la cabeza y le diga “vea, tiene que darme tantos millones o si no lo mato”. ¿Qué hace el pequeño minero? Por obligación le toca. Hay mineros que han dicho: ‘yo no le voy a dar un peso a nadie’, y los han matado. ¿Qué ha hecho el Gobierno para protegernos?”, fue el interrogante que dejó en el aire.

 

Criminalización del trabajador minero

 

Zandor Capital, como dueño del título minero que abarca ambos municipios, se adjudica poderes que sobrepasan los estamentos legales. “El argumento de la Zandor Capital es que ellos le compraron a la Frontino Gold Mine y que son dueños del terreno y del subsuelo, y que se amparan en el RPP-140. No tenemos apoyo del Gobierno; la viceministra María Isabel Ulloa, y el gobierno departamental anterior, fueron muy descarados al decir que esta multinacional aquí se volvió un Estado. Lo que reprochamos es que el pueblo sí es Estado y que la formalización del trabajo minero en Segovia y Remedios debe estar a cargo del Estado, no de una multinacional; que es lo que ellos pretenden manejar acá”, dijo don Eliober.

 

Y enfatizó, además, “Hay que aclarar que los títulos que hay en ambos municipios no son todos propiedad de Zandor, también hay pequeños mineros que son propietarios, pero Zandor se apropia de esos títulos y extrae de minas que no le pertenecen. Colocamos las denuncias correspondientes y el Estado no hace nada. De igual manera, llega el Gobierno diciendo ‘usted es un pequeño minero, usted es un criminal’ y lo meten a la cárcel, lo persiguen y le quitan la mina. Los mineros de Segovia y Remedios somos trabajadores por tradición, aquí no se hace más nada, no hay ganadería, no hay café, no sabemos sembrar yuca; aquí sabemos abrir huecos, avanzar 30, 40, 100, 200 metros de profundidad en la tierra, extraer material y sacar oro; es lo que sabemos hacer”.

 

Aunque las organizaciones de pequeños mineros tienen clara la importancia de optar siempre por el diálogo y la vía política, don Eliober denuncia que “la autoridad no nos respeta, sino que nos atropella como nos ocurrió en noviembre, después de que llegamos de la reunión fallida en Bogotá, nos mandaron al Esmad a Segovia. Eran todos esos soldados y policías gritando que había llegado la guerra a Segovia, ¿cómo puede explicar que la fuerza pública llegue con esas cosas al municipio? Ese es el dolor que tienen los municipios de Segovia y Remedios, por eso ratificamos: estamos en pie de lucha y no vamos a permitir que nos quiten el pan de cada día, para entregarselo a una multinacional. No lo vamos a permitir, es lo que dice el pueblo”, concluyó.

 

Referencias

1 Segovia entre riqueza y pobreza. Claudia Yaneth Amézquita. Universidad de Antioquia. 2010


2 Socavón: Tierra adentro. Sostenible. Revista Semana. 2014

Publicado en Edición Nº227

La coyuntura que atraviesa el país suramericano ha impulsado al Ejecutivo a acelerar proyectos que permitan oxigenar la economía, uno de ellos está al sur de Venezuela.

 

Venezuela ha decidido emprender un megaproyecto en el llamado Arco Minero del Orinoco que le permitirá percibir entre 3.000 y 4.000 millones de dólares anuales. ¿Será el fin del rentismo petrolero?


El ministro de Desarrollo Minero Ecológico, Roberto Mirabal, ofreció en entrevista a RT los detalles de uno de los proyectos más ambiciosos de la nación surameriacana, que en la actualidad ha visto su economía afectada por la caída sostenida de los precios del petróleo, su principal fuente de divisas.


Aunque el país atraviesa una coyuntura económica nada desdeñable, el ministro sostiene que el proyecto ya había sido concebido por Hugo Chávez, como parte del desarrollo estratégico del país, junto a la Faja Petrolífera del Orinoco (con la mayor reserva mundial de crudo del mundo), y el Cinturón Gasífero ubicado en el caribe venezolano.


Las críticas a la iniciativa no han faltado. Desde grupos ecologistas, hasta la oposición al gobierno del presidente Nicolás Maduro, han querido truncar el proyecto incluso antes de que se haga realidad. Lo que sí está claro para Mirabal es que será la oportunidad inédita para Venezuela de "asumir el control de una actividad que ya existe en el estado Bolívar" porque el país "necesita ejercer el control sobre sus recursos naturales", pero con una visión definida como ecosocialista.
El proyecto estima generar unos 25.000 empleos directos y 75.000 indirectos en el estado Bolívar, especialmente por la explotación de recursos como el oro y el cobre. En esa jurisdicción, de acuerdo a las estimaciones preliminares, podrían estar las segundas reservas mundiales auríferas del mundo.


¿Cuáles son los puntos clave del proyecto que podría significar la diversificación de la economía venezolana y una alternativa para mantener la elevada inversión social del gobierno?


Empresas mixtas


A diferencia del modelo aplicado en Venezuela antes de la llegada de la Revolución Bolivariana, que sólo entregaba concesiones de explotación a capitales extranjeros a cambio de regalías mínimas, la figura ideada para el Arco Minero del Orinoco es la de empresas mixtas con capital accionario mayoritario para el Estado.


"Existe un esquema de participación del 55% como mínimo para el Estado venezolano, dándole un espacio de participación del sector privado hasta 45%", detalló Mirabal, quien adelantó que las empresas podrán ser de capital nacional o extranjero, siempre que cumplan con tres requisitos: capacidad de inversión, experticia en el área y respeto a la soberanía nacional.


A la fecha, más de 100 empresas de 37 países, como Inglaterra, Canadá, Rusia, Suráfrica, Estado Unidos de América, China, Australia, han manifestado su interés en invertir en la zona, que ocupa 111.843,70 kilómetros al norte del estado más extenso de Venezuela. La superficie equivale a tres veces el territorio de Dinamarca.


Explotación de áreas impactadas


"No se abrirán nuevos espacios para la minería", recalcó el funcionario. La explotación de los ingentes recursos que posee la zona se hará únicamente en las áreas que ya han sido tocadas por la actividad minera artesanal, de pequeña escala o ilegal.


En el estado Bolívar, que está entre los menos poblados del país, se estima que trabajan más de 50.000 mineros. La mayoría de ellos explota recursos en minas ilegales o de manera artesanal, con métodos altamente contaminantes que implican el uso de tóxicos como el mercurio que contaminan los cauces fluviales. A principios de agosto, el Ejecutivo emitió un decreto que prohíbe la utilización de esa sustancia en la minería.


La preocupación de algunos grupos ecologistas es que plan del Estado afecte las zonas vírgenes de la selva guayanesa. Mirabal no sólo descartó esa posibilidad sino que afirmó que una de las condiciones fundamentales para la explotación de las zonas es que las empresas que se establezcan tengan un proyecto de remediación ambiental.


Compensación ecológica


"Si no hay manera de compensar el daño ecológico, entonces no se explota", insistió el ministro. Además de la prohibición del uso del mercurio, el Estado exigirá que los nuevos proyectos incluyan inversión en tecnología -como plantas de destrucción de cianuro y plantas de tratamiento de aguas- que ayuden a sanear los ríos y áreas afectadas.


Los costos de la remediación ecológica serán cubiertos con las utilidades que arrojen las minas. Por eso, cada proyecto debe evaluar no sólo su factibilidad técnica sino económica. Cada planta de tratamiento de cianuro cuesta alrededor de 90 millones de dólares y se necesitan dos para convertir el ácido sulfúrico en un yeso inerte.


"Son 180 millones adicionales que no estaban en los proyectos anteriores, pero los vamos a poner y punto. Si no, no hay proyecto", enfatizó Mirabal, quien explicó que lo primero que habrá que hacer es remover la capa sedimentaria de las zonas previamente afectadas por la minería ilegal, extraer sus riquezas y, con los recursos que se generen, reponer la topografía.


Poder popular


El Estado prevé impulsar un programa pedagógico con los mineros de la zona, no sólo para evitar el uso del sustancias contaminantes sino para que las comunidades indígenas, que también viven de la explotación del suelo, conozcan los beneficios económicos, tecnológicos y sociales del proyecto. Para ello, se tiene previsto un plan de información que será divulgado en las lengua de las distintas étnias venezolanas.


El objetivo, en el corto plazo, es establecer un registro para contabilizar, legalizar y capacitar a los mineros del estado Bolívar en técnicas adecuadas, con el propósito de que la actividad económica sea sustentable y ecológica. Un punto clave en ese procedimiento es que la fiscalización permitirá verificar el pago de impuestos y regalías para el país. En la actualidad, la explotación minera ilegal no reporta ningún beneficio económico para Venezuela.


Facilitar el acceso de los pequeños mineros a las plantas libres de mercurio no sólo pretende reducir la contaminación de las cuentas, sino ofrecerles herramientas para que no exploten el recurso en minas ilegales, generalmente dominadas por mafias violentas que promueven el contrabando.


Adicionalmente, el Ejecutivo emitió una resolución que obliga a que 60% de los recursos provenientes de la actividad minera retornen a los venezolanos en forma de inversión social.
Mejora financiera


El desarrollo del Arco Minero del Orinoco significa, además, la mejora de la posición del Estado para tener acceso a las fuentes de financiamiento de la banca internacional y empresas asociadas.


La caída de los precios del petróleo y la arremetida de las calificadoras contra Venezuela han debilitado limitado la capacidad del país en el endeudamiento externo. Como consecuencia, el Estado debe cancelar hasta 25% de interés anual por encima de lo que pagan los bonos del tesoro de EE.UU. Por eso, la opción de la explotación minera se perfila como una alternativa que podría oxigenar la economía.


Según las estimaciones del Ministerio de Petróleo, las reservas potenciales de minerales en Venezuela podrían generar más de dos trillones de dólares. Aunque no todos los recursos disponibles pueden ser explotados, el Arco Minero es una carta indiscutible para que el país exija un financiamiento en condiciones más ventajosas que las actuales.

Publicado en Economía

 

La protesta minera se activó a las cero horas del miércoles 10 de agosto y los puntos de bloqueo fueron instalados en vías de La Paz, Cochabamba, Oruro, Potosí, Chuquisaca y Santa Cruz en rechazo a la modificación de la Ley General de Cooperativas Mineras que abre -según el gremio- el camino a la sindicalización en las cooperativas. Además exigen la atención de un pliego de 10 puntos

 

La Razón Digital / Paulo Cuiza / La Paz

 

Los hechos de violencia derivados del bloqueo de caminos entre el miércoles y viernes, principalmente en Mantecani, dejó un saldo de al menos 318 heridos en filas de los cooperativistas y de la Policía. El Ejecutivo reportó esta mañana la existencia de al menos 66 efectivos policiales heridos y los cooperativistas informaron de 252.


El ministro de Gobierno, Carlos Romero, indicó que en las últimas horas 46 efectivos fueron hospitalizados en la Clínica Universitaria Nuestra Señora de La Paz, en la zona de Llojeta, mientras que los heridos de mayor gravedad son son el subteniente William Flores Silvestre con fractura del metacarpo del pie derecho, y el sargento segundo Santiago Mamani Lazo con diagnóstico de Traumatismo Encefálico Craneano (TEC).


A los 46 se suman 11 policías internados en la Clínica Urme; 3 en el Hospital Obrero y 5 en la Clínica del Sur de la ciudad de La Paz, que junto a otros afectados llegan a "un centenar de policías más o menos que han resultado entre heridos y retenidos en las últimas horas", dijo.


"En otros casos se trata de policontusiones, posiblemente algunos ya están siendo dados de alta, sin embargo, la Policía cumple con su deber de liberar a personas que han quedado atrapadas prácticamente en condición de rehenes en los caminos, especialmente, en la ruta La Paz-Oruro y Oruro-Cochabamba", indicó tras visitar a los efectivos en la Clínica Universitaria.


El presidente de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin), Carlos Mamani, reportó 252 heridos en sus bases. "Tenemos ocho heridos de gravedad, a un compañero prácticamente le han destrozado la mandíbula (...) otros tienen cortaduras, golpes en la cabeza y costillas rotas. Honestamente da indignación ver a nuestras autoridades que nos quieren confrontar".


La protesta minera se activó a las cero horas del miércoles 10 de agosto y los puntos de bloqueo fueron instaladas en caminos de La Paz, Cochabamba, Oruro, Potosí, Chuquisaca y Santa Cruz en rechazo a la modificación de la Ley General de Cooperativas Mineras, que abre el camino -según los cuentapropistas- a la sindicalización. Además exigen la atención a un pliego de 10 puntos, en el que -según el Gobierno- exigen se les permitira entregar sus áreas de explotación al empresariado.


La primera jornada concluyó con al menos 41 policías tomados como rehenes por los cooperativistas y 93 mineros detenidos. Ese día los medios de comunicación reportaron la atención en el Hospital Obrero de Oruro de una veintena de uniformados y la existencia de tres efectivos con traumatismos encefalocraneano.


El jueves, el ministro de Defensa, Reymi Ferreira, comunicó que otros policías fueron tomados como rehenes en el sector de Mantecani, donde más de 1.000 mineros instalaron un punto de bloqueo que generó el mayor foco de violencia por el uso de dinamitas, rocas y palos por los cooperativistas para repeler la acción policial de desbloqueo.


La madrugada de este viernes el fiscal Paul Miranda informó a radio Patria Nueva la liberación de 16 cooperativistas, entre ellos cuatro mujeres, detenidos en Mantecani por haberse cumplido las ocho horas de arresto. "En cumplimiento de las ocho horas de la detención se dispuso su libertad", indicó.

 


(12/08/2016)

 

 

 

Publicado en Internacional

En la vereda La Manuela, del municipio de Puerto Asís (Putumayo, Colombia), cerca de la frontera con Ecuador, los indígenas nasas están llorando. La guardia ancestral merodea por la carretera que la empresa Gran Tierra está abriendo para la exploración petrolera y, en medio de la presencia del Ejército, que condiciona su tránsito, pretenden paralizar la obra porque arqueólogos autorizados por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (Icanh) encontraron el pasado 1° de julio una olla ancestral.


“En el área del proyecto se profanó un sitio sagrado, lo cual genera desarmonía y desequilibrio tanto físico como espiritual. Exigimos que se suspendan de inmediato las actividades del proyecto. Este es un territorio donde se conservan rasgos físicos y espirituales de culturas que allí habitaron”, dice Serafín Ramos, consejero de derechos humanos del resguardo Kiwnas Chxab del corredor Puerto Vega-Teteyé, mientras caminamos por la trocha.


Que no se identificó presencia de comunidades indígenas, ni del pueblo rom, ni de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras en el área del proyecto, le certificó el Ministerio del Interior a la empresa canadiense. Por eso, el 27 de enero de 2016, la empresa cumplió el requisito y el entonces director de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, Fernando Iregui, le concedió la licencia. Autorizó la construcción de 6.100 metros de vías nuevas y tres plataformas exploratorias y la perforación de diez pozos verticales con una profundidad de 4.200 metros cada uno para explotar petróleo en este piedemonte amazónico.


Así como cuando el Gobierno Nacional le concesionó el contrato a la Texas Petroleum Company (Texaco) en 1959, para la explotación de petróleo en el valle del río Guamúez por 30 años. Finalmente, en 1963, esa compañía descubrió el gran yacimiento de crudo y se fundó el campo Orito-Pungo, cuya producción se condujo al puerto de Tumaco, a través del oleoducto Transandino.


Luego, tras pasar de bombear 120.000 barriles de petróleo por día (bpd) en 1981, cuando alcanzó el nivel de producción de 20.000 barriles diarios, Texaco le cedió el contrato a la estatal Ecopetrol, la cual creó el Distrito Sur de Producción de Orito, pues la canadiense tenía intereses en otro bloque en el hermano país de Ecuador.


Ya en el año 2000, en los albores del Plan Colombia, la llegada de empresas petroleras al Putumayo arreció y las movilizaciones sociales en su contra empezaron a fortalecerse. Para esa época arribaron Canadian Petroleum, Alberta Energy Colombia, City Investing Colombia del Grupo Pacalta (adquirida por Alberta Energy), Argosy Energy International, Ecopetrol, Hocol y Ram Petroleum Ltd. De esas compañías, la mayoría ya no están en el departamento. La razón: se retiraron o hicieron parte de las fusiones empresariales de la década pasada.


La zona más deseada para la extracción petrolera está concentrada en la cuenca Caguán-Putumayo, cuya extensión se deriva de la cuenca oriental del Ecuador y norte del Perú. En Colombia se abre paso por el río Caguán hasta los ríos fronterizos San Miguel y Putumayo. La Universidad Nacional ha documentado cuánto crudo podría tener la región. En 2007 estableció que dicha cuenca ocupa el cuarto lugar en reservas, con cerca de 5.000 millones de barriles de petróleo. Luego están las cuencas de los Llanos Orientales, los Cayos, en San Andrés, y Vaupés-Amazonas.


Hoy, Putumayo sigue inundado de petróleo y pobreza. Existen 13 compañías extranjeras, la estatal Ecopetrol y barrios enteros del pueblo más grande, Puerto Asís, sin energía. En 2015, según la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), se ejecutaron en este departamento 32 contratos de explotación petrolera y el total de barriles de crudo sacados fue de 520.296, mientras que las regalías en ese año ascendieron a $164.920 millones.


En lo corrido de 2016 han estado activos 11 contratos de producción para 22 campos de explotación de petróleo y existen 29 contratos de exploración para la búsqueda de hidrocarburos. Uno de ellos es el de la Gran Tierra, cuyo contrato de ejecución figura a nombre de Petro Caribbean Resources Ltd. El Espectador consultó a la ANH por qué en la resolución de licencia ambiental figura esta empresa y en el terreno hace presencia otra. La respuesta es que quien ejecuta el contrato es un consorcio conformado por Gran Tierra Energy Corp. (operador), con el 50 %, y Petro Caribbean Resources Ltd., con 50 %.


Los indígenas nasas, que están en Putumayo, llegaron desplazados del Cauca en los años 60, tras ser arrinconados hacia las montañas por los terratenientes y los ingenios azucareros. Dicen que los sitios donde encuentren vestigios, como la olla de barro que encontró la Gran Tierra, son territorios ancestrales y sitios sagrados que deben ser respetados. En las orillas de la nueva trocha por donde entran y salen las máquinas amarillas haciendo la carretera se ven los calambales caídos. Son los árboles que conservan el humedal muerto en este momento para los aborígenes.


A lo largo del monte donde no ha llegado aún la carretera hay cinco rectángulos de 40 centímetros de profundidad. Fueron perforados por los arqueólogos que buscan vestigios ancestrales, a pesar de que el Ministerio del Interior haya dicho que allá no habitan los indígenas. “Este hallazgo es una vasija que está en un contexto doméstico, hace parte de alguna comunidad. Está metido dentro de la legislación del patrimonio arqueológico, es decir, les pertenece a comunidades indígenas prehispánicas, antes de la Conquista. Hace parte de la identidad de todos los colombianos”, explica Cristian Mauricio Sánchez, arqueólogo autorizado por el Icanh para realizar este trabajo. Habla mientras deja que los indígenas vean la olla que está en la casa donde se hospeda el equipo de la Gran Tierra.


El proyecto está en la etapa de obras civiles y luego viene la instalación del taladro. A la petición de las comunidades, la respuesta de la empresa es: “Nosotros no podemos parar las actividades. Hicimos el compromiso de que en el punto cinco, donde encontramos la vasija, el trabajo se iba a parar”, dice Diego Plaza, profesional de apoyo indígena de Gran Tierra.


“Tampoco vamos a parar la movilización. Ni usted ni yo tenemos la culpa. Yo soy una mensajera de los ancestros y usted de la Gran Tierra. Tenemos que estar en movimiento, porque yo no voy a permitir que por el avance de la empresa a mí me den fuete”, le responde la líder nasa Fanny Alvarado, mientras vemos un rectángulo de terreno que, en su cosmovisión, ha sido profanado.


“Hemos hecho comunicados y pusimos una tutela ante la Corte Constitucional de que sí existimos, tenemos todos los documentos. Es que donde hay un asentamiento indígena, ahí está el camino ancestral. Ellos conocen que tenemos asentamientos indígenas de los pueblos nasa, siona, inga, embera, kofán, camentsá y el pueblo awá”, enfatiza Alvarado.
Ya los awás del valle del Guamúez me habían comentado que allá también están llorando, pero por las enfermedades que les ha generado la explotación petrolera. “Las mangueras del oleoducto pasan por encima de nuestras casas y la mancha negra cae en nuestro entorno. Yo pienso que, si queremos la paz, el Gobierno debe empezar haciéndola con nuestros territorios, o si no los conflictos van a perdurar”, dice un awá de 20 años, quien quiere que la tecnología llegue a su comunidad, pero controlando el consumismo.


Mientras Fanny Alvarado saca un puñado de tierra de la olla, para ofrendarla a los dioses en una ceremonia clandestina, el funcionario de la Gran Tierra dice que la empresa está esperando la orden del Icanh para saber qué hacer con la vasija, no para frenar las obras. Pero los nasas advierten que no están peleando por lo que pueda valer exhibida en un museo, sino por lo que significa para su historia. “Que la devuelvan al sitio donde la encontraron y que no sigan profanando el territorio”, puntualiza Alvarado. En todo caso, están empeñados en que a Putumayo dejen de llamarlo distrito minero y, como otrora, ahí empiece la Amazonia.


vía: Red Latina sin fronteras

Publicado en Colombia
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