Extractivismo es la apropiación de enormes volúmenes de recursos naturales o bajo prácticas intensivas que, en su mayor parte, son exportados como materias primas a los mercados globales. Parece estar pasando desapercibido que, según esta definición, el mayor extractivista de América del Sur es Brasil.

Esa situación no siempre es reconocida, ya que cuando se habla de extractivismo en primer lugar se piense en la minería, y en segundo lugar se dirán que los ejemplos destacados son países como Chile, Perú o Bolivia. Las imágenes populares conciben a esas naciones andinas como los líderes mineros continentales, e incluso globales.

La realidad de los últimos años es otra. Brasil se ha convertido en el más grande productor y exportador minero del continente. Este país extrajo más de 410 millones de toneladas de sus principales minerales en 2011, mientras que todas las demás naciones sudamericanas sumadas, se apropiaron de poco más de 147 millones de toneladas. Estos indicadores se basan en la extracción en América del Sur de cobre, cinc, plomo, estaño, bauxita, carbón y hierro (que expresan a los principales minerales por su volumen de extracción y exportación). Es impactante advertir que Brasil extrae casi el triple que la suma de todos los demás países sudamericanos que tienen minería de relevancia (Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Guyana, Perú, Suriname y Venezuela).

Esos enormes volúmenes brasileños se deben especialmente a la apropiación de hierro y bauxita. Pero este país es también el que tiene una de las canastas mineras más diversificadas (además es un importante productor de carbón, plomo, algunos "tierras raras", etc.).  Que Brasil sea el mayor minero continental tampoco es un hecho reciente, y ya en el año 2000 extraía el doble de volumen que todos los demás países sudamericanos.

Como se sabe, por cada tonelada de mineral extraído existen distintas proporciones de una "mochila ecológica", que representa todo el material no aprovechado. Al sumar esa mochila las cifras de recursos naturales apropiados aumentan todavía más. Este es un indicador importante para el caso del oro, ya que su volumen final es pequeño para incidir en los indicadores de arriba, pero tiene una altísima mochila ecológica (un kilogramo de oro requiere remover 540 toneladas de materia, según el promedio de referencia global), y en muchos casos se lo obtiene por procedimientos muy contaminantes y destructivos (tales como deforestación asociada y uso de mercurio). En este rubro el primer productor sudamericano en 2011 fue Perú (188 toneladas), pero Brasil fue el segundo (con 67 ton), y por detrás le siguieron Argentina y Chile.

El extractivismo en su sentido estricto es mucho más que la minería. La apropiación de grandes volúmenes de recursos naturales o bajo procedimientos intensivos, para alimentar las exportaciones, se repite en otros sectores, destacándose los hidrocarburos y la agricultura. En esos rubros Brasil también es un "campeón".

Si bien Brasil es actualmente es un productor petrolero de nivel medio (ocupando el tercer lugar en América Latina), y se enfoca en su propio consumo, también es cierto que se está preparando para explotar yacimientos marinos. Su gobierno espera ubicar al país entre las primeras potencias petroleras mundiales.

Los nuevos yacimientos se encuentran en la plataforma costera, a enormes profundidades, condiciones exigentes de perforación, y altas temperaturas. Esa extracción es de un enorme riesgo ambiental, tal como ha dejado en claro el accidente de la plataforma de BP en el Golfo de México en 2010. A pesar de esa catástrofe y de la evidencia sobre esos riesgos, la discusión brasileña está mucho más enfocada en los niveles de las regalías o su distribución, que en sopesar sino sería más sensato una moratoria en ese tipo de extractivismo.

Esto es muy diferente de lo que sucede, por ejemplo, en varias localidades amazónicas, donde la experiencia ciudadana frente a distintos impactos sociales y ambientales, no está dispuesta a aceptar más compensaciones económicas, sino que reclama moratorias.

Finalmente, Brasil también es el líder en el extractivismo agrícola. Actualmente es el primer productor mundial de soya; en la zafra 2011-12 superó los 66 millones de toneladas métricas (en nuestro continente le sigue Argentina con 40 millones ton m). Es también el primer exportador mundial, y buena parte de lo que comercializa lo hace sin procesamiento. Este fenómeno va de la mano con un enorme aumento del área de cultivo, que ha superado los 24 millones de hectáreas.

De esta manera, el extractivismo avanza en Brasil en varios frentes. Si se agrupan la extracción de recursos naturales mineros, hidrocarburíferos y agrícolas, el nivel de apropiación es de recursos naturales en Brasil es escalofriante, y deja muy atrás a cualquier país sudamericano. Ese estilo de desarrollo genera presiones ambientales y sociales fortísimas, que van desde los conflictos en el medio rural al drama ecológico que se observa en el Cerrado o la Caatinga, ecoregiones que pueden desaparecer al convertirse en tierras agrícola-ganaderas.

El extractivismo exagerado hace que la economía brasileña sea muy dependiente de exportaciones como las de hierro o soya para crecer. La proporción de productos primarios aumenta en el comercio exterior y caen las manufacturas. El país se vuelve muy dependiente de las condiciones globales, tales como los precios internacionales de las materias primas o la llegada de inversores extranjeros.

Por estos motivos, un examen riguroso muestra que la economía brasileña se está pareciendo más a la de los países andinos de lo que usualmente asumen analistas convencionales, que una y otra vez dicen que es un ejemplo de industrialización. Es más, durante las dos administraciones de Lula da Silva, la economía se primarizó en lugar de industrializarse.

A diferencia de lo que sucede en otros países sudamericanos, esta expansión del extractivismo no se debe solamente a las inyecciones de capital internacional, sino a los propios fondos internos estatales. El gobierno brasileño empuja decididamente este extractivismo, por medidas directas o financieras (en especial desde su banco de desarrollo BNDES).

Hay varios ejemplos. Petrobrás es una corporación petrolera mixta. Vale, la segunda empresa minera más grande del mundo, si bien es formalmente privada, aproximadamente la mitad de sus acciones depende de los fondos de pensión de los funcionarios del Banco de Brasil, y su principal fuente es el BNDES. Por esos y otros canales, el gobierno tiene amplios poderes de control sobre esa corporación.

Entretanto, el extractivismo agrícola también es apoyado directamente por el gobierno. Este se beneficia del más grande paquete de ayuda financiera estatal del continente (el llamado Plan Agrícola y Pecuario), que para los años 2012/13, totalizó 115,2 miles de millones de reales destinados al crédito, lo que favorece directamente la expansión de la agroindustria exportadora en lugar de los pequeños agricultores.

Esta es una situación de enormes paradojas: una parte nada despreciable del dinero recaudado por el Estado se utiliza en fomentar, apoyar e incluso subsidiar el extractivismo, el que alimenta en primer lugar la globalización antes que las necesidades internas del propio Brasil. En cambio, quedan dentro del país aquella mochila ecológica y otros impactos ambientales, y un amplio abanico de efectos sociales, políticos y económicos.

Son estas medidas de apoyo del extractivismo, la persistencia de una inserción internacional funcional a la globalización, y la contención de la protesta social, las que explican que el gobierno brasileño sea una y otra vez presentado como ejemplo económico a seguir para la economía convencional. Allí se originan las felicitaciones que se encuentran en las páginas de The Economist o en los foros de Davos. Pero si la perspectiva se coloca en la sociedad civil o en la Naturaleza, está claro que Brasil debería dejar de ser el campeón del extractivismo, y comenzar cuanto antes a discutir una estrategia postextractivista.

- Eduardo Gudynas es analista en CLAES (Centro Latino Americano de Ecología Social). www.ambiental.net  Twitter: @EGudynas

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ALAI AMLATINA, 06/05/2013.-  El Presidente Otto Pérez Molina, militar retirado (acusado por sus ex camaradas como co responsable de genocidio cometido durante la guerra interna), decretó, el pasado 1 de mayo, el segundo Estado de sitio en lo que va de su gobierno. Esta vez, para reprimir al pueblo indígena Xinca, en los municipios de Jalapa y Mataquescuintal (Departamento de Jalapa), y en Casillas y San Rafael Las Flores (Departamento de Santa Rosa), y para proteger las “inversiones” de la empresa minera canadiense Tahoe Resources (Mina San Rafael).

 
El 1 de mayo del 2012, Pérez Molina también decretó otro Estado de sitio en contra del pueblo Maya, en el Municipio de Barillas, Huehuetenango, para defender los intereses de la empresa española Hidro Santa Cruz, que actualmente opera con mediana calma porque se logró asesinar y encarcelar a las y los dirigentes de las organizaciones en resistencia del lugar.
 

Estos estados de sitio no sólo coinciden en fechas y objetivos, sino en su método de aplicación.

 
Estado de sitio permanente como método de gobierno

 
Tanto en el caso de la hidroeléctrica española, como en el caso de la minera canadiense, el gobierno autorizó a ambas empresa la exploración y explotación de los proyectos, en contra de la voluntad expresa de los pueblos indígenas afectados del lugar.

 
Ante la presencia incómoda de las maquinarias de las empresas, ambos pueblos indígenas gestionaron diálogos con el gobierno, y al no ser escuchados se movilizaron e impidieron la invasión de las empresas a sus territorios. En ambos casos, las guardias privadas de las empresas dispararon y asesinaron a bala a algunos de los dirigentes indígenas movilizados, situación que desató la ira de las y los organizados en resistencia quienes incluso quemaron maquinarias y detuvieron a agentes estatales.

 
En ambos casos, inmediatamente el gobierno decretó Estado de sitio movilizando vario millares de militares/policías a la zona para detener a todos los y las dirigentes indígenas, para luego llevarlos a la cárcel por delito de terrorismo y crimen organizado. ¿Será una coincidencia? ¿O será el método poco inteligente del gobierno de Mano Dura?

 
En lo que va del gobierno de Otto Pérez Molina, se asesinaron selectivamente cerca de 20 dirigentes de organizaciones sociales e indígenas del país que se oponían a la invasión de las empresas extractivas a sus territorios. ¡Pero no existe un solo detenido o enjuiciado por dichos delitos! Eso sí, las cárceles se están llenando de dirigentes indígenas y campesinos conscientes que encarnan la soberanía y dignidad de este país asediado por las transnacionales.

 
Sólo para indicar un par de datos. La ilusión en la “inversión” privada es tal en Guatemala que, cerca del 60% del territorio nacional cultivable se encuentra bajo el control de las empresas de monocultivo. Existen 428 proyectos mineros (176 son metálicas) en todo el territorio nacional, cuya extensión es mucho más pequeña que un Departamento de Bolivia o de Perú.

 
Inversión o invasión canadiense

 
En los últimos tiempos, Canadá ha expandido a más 100 países sus inversiones en materia de minería y de petróleo. Del total de la inversión canadiense en estos rubros, el 70% se encuentran en el extranjero. Pero, las acusaciones por violaciones de derechos humanos, generación de convulsión socioambiental, conflictos laborales, etc. se levantan en diferentes partes del mundo en contra de las empresas canadienses. Sólo para mencionar casos en Latinoamérica:

 
Chile. Las actividades de la empresa canadiense Barrick Gold, en el mega proyecto minero Pascua-Lama, fueron paralizadas por orden de autoridades judiciales chilenas por delitos socioambientales.

 
Bolivia. El gobierno boliviano revirtió recientemente el negocio minero de South American Silver Corporation en Potosí, por incumplimiento de los acuerdos. Actualmente, dicha empresa canadiense inició un arbitraje internacional en contra del Estado boliviano.

 
Perú. El pasado año, la empresa canadiense petrolera Talismán salió urgido de la Amazonía peruana ante la resistencia y convulsión del pueblo Achuar, también por abusos medioambientales.

 
Honduras. La empresa minera canadiense Goldcorp (que extrae oro a cielo abierto en Valle de Siria, Morazán, Honduras), fue acusada como una de las empresas promotoras del golpe de Estado que destituyó a Manuel Zelaya, en junio de 2009. El motivo del involucramiento de esta empresa en dicho golpe habría sido porque el entonces Presidente Manuel Zelaya intentó prohibir la minería a cielo abierto, el uso de cianuro y la sobreutilización del caudal de las cuencas hídricas en los proyectos mineros. Hace unos meses atrás, el gobierno de Pepe Lobo (que emergió fruto del golpe de Estado), promulgó una Ley minera redactada entre Toronto y Tegucigalpa que aprueba todo lo que Zelaya intentó prohibir. Actualmente, de las más de 200 solicitudes de concesiones mineras en Honduras, cerca de la mitad son de empresas canadienses.

 
Guatemala. En la actualidad, en Toronto, Canadá, un tribunal estudia si juzga o no a la empresa minera canadiense Hudbay por violaciones de derechos humanos en Guatemala. Y, desde el 1 de mayo, del año en curso, el pueblo Xinca (en el oriente del país) soporta la militarización y el Estado de sitio para garantizar las actividades a la empresa minera canadiense Tahoe Resources, en contra de la voluntad expresa de dicho pueblo indígena.

 
¿Será que la milicia de traje y corbata, que (des)gobierna a este país policromático desconoce estas referencias? ¿O será que se tomó muy en serio el espejismo neoliberal del “crecimiento” económico que supuestamente hace de Guatemala un país pujante? ¿Qué ocurrirá en la mente del Sr. Presidente quien argumenta no tener las manos manchadas de sangre?

 
Lo cierto es que el haber convertido al deficiente Estado de Guatemala en un desalmado gendarme de la “inversión” extranjera para criminalizar, perseguir y asesinar a la conciencia moral del pueblo nadie lo va a perdonar. Las y los guatemaltecos conscientes, indígenas o no, organizados y movilizados para defender los bienes naturales del país, no son criminales, ni terroristas. Son el reducto y bastión de la dignidad y de la soberanía de este país cuyas élites fueron incapaces de expresar.

 
Sr. Presidente, no acelere Ud. la dinámica de la creciente convulsión social generalizada en el país que podría derrocarlo desde las calles antes que Ud. cumpla el período de su mandato. Este pueblo ya comenzó a perder el miedo al rifle y a la bota militar. Recuerde, Sr. Presidente, que los procesos revolucionarios de Ecuador, Bolivia, Venezuela, Argentina, etc. se deben, en buena medida, al recrudecimiento violento de la tiranía del sistema neoliberal.

Un hondo malestar asciende desde las entrañas de la ciudad. Pegajoso como este otoño cálido y húmedo. Irritante como las obras que están enrejando parques y destruyendo el paisaje de la convivencia. Un descontento generalizado que se escala en reproches, insultos y hasta se desborda en violencia contaminando la vida toda. Buenos Aires, ciudad atravesada por todas las contradicciones que genera el extractivismo urbano.

Enrique Viale, abogado ambientalista, miembro del Colectivo por la Igualdad, tiene el mérito de haber forjado este concepto en un reciente artículo en el que a dos semanas de las trágicas inundaciones reflexiona: “El extractivismo ha llegado a las grandes ciudades. Pero no son los terratenientes soyeros ni las megamineras, sino la especulación inmobiliaria la que aquí expulsa y provoca desplazamientos de población, aglutina riqueza y territorio”. Concluye que el modelo provoca “degradación institucional y social”.

Tiene mucho sentido hablar de extractivismo urbano en una ciudad como Buenos Aires, algo que vale para todas las grandes ciudades de nuestro continente. Tal vez del mundo. La particularidad del caso es que va de la mano, como a todo lo ancho y largo del modelo extractivo, de resistencia popular y represión. Vale la pena destacar un par de episodios.

El jueves 25 se realizaron 22 cortes simultáneos, sobre las seis de la tarde, impulsados por otras tantas asambleas urbanas agrupadas bajo una sigla: Asamblea en Defensa de lo Público. En la convocatoria se lee: “ Shoppings en lugar de espacios verdes, megatorres en lugar de urbanización, fiestas privadas en lugar de arte y cultura popular, complejos de oficinas en lugar de hospitales”. Diez días antes hubo una convocatoria similar contra “una ciudad excluyente, expulsiva, privatista y mercantilizada”.

No hace falta más que caminar por la ciudad para comprobarlo. Los parques y plazas, sin excepción, han sido o están siendo enrejados. Un sistema de transporte denominado Metrobús está siendo erigido en la avenida 9 de Julio, destruyendo áreas verdes. Y así. No resulta extraño que un puñado de asambleas sobrevivientes del levantamiento de diciembre de 2001 se estén rearticulando y que se vayan creando nuevos agrupamientos.

El viernes 26, el desastre. La Policía Metropolitana dirigida por el gobierno de la ciudad, a cargo de Mauricio Macri, ingresó al Hospital Borda (de salud mental) y atacó con extrema violencia a médicos, enfermeros, pacientes y periodistas, con un saldo de más de 30 heridos. La intervención policial fue para proteger el derribo de parte de las instalaciones del hospital para poder construir un centro cívico, que es denunciado como parte de la especulación inmobiliaria que alienta el gobierno de la ciudad.

Es la misma lógica que lleva a las autoridades a amenazar con el desalojo de las villas miseria donde se alojan cientos de miles de pobres urbanos, muchos de ellos paraguayos, peruanos, bolivianos y argentinos de las provincias del norte. La acumulación por desposesión, sabemos, provoca concentración de riqueza y marginalización de las mayorías; expropia el espacio público; destruye la ciudad; y eso sólo puede hacerse con represión.

El modelo extractivo desarticula incluso la justicia del sistema. La policía ingresó al Hospital Borda sin orden judicial. Derribó el Taller Protegido 19, cerrado por Macri, cuando la justicia de la ciudad había ordenado reabrirlo en enero de este año. El negocio inmobiliario, pata urbana de la acumulación por desposesión, es una aplanadora insaciable que no se detiene ante el interés colectivo ni ante las leyes. Sólo entiende el lenguaje de la fuerza.

El caso de Buenos Aires no es el único, por cierto. Ahí está Río de Janeiro y otras 11 capitales brasileñas, donde la especulación para el Mundial de 2014 y los Juegos Olímpicos de 2016 está destruyendo barrios enteros para levantar autopistas, aeropuertos y arenas para megaespectáculos. Cada uno y cada una encontrarán en su ciudad decenas de ejemplos de extractivismo urbano.

El modelo instalado en las grandes ciudades muestra por lo menos dos facetas a tener en cuenta. La primera es que la diferencia entre izquierda y derecha, entre progresismo y conservadurismo, se evapora. Los principales proyectos de especulación urbana en Buenos Aires fueron aprobados con los votos del oficialismo y de la oposición.

La segunda es que las grandes catástrofes, como las recientes inundaciones en La Plata y Buenos Aires, o la contaminación del agua en Montevideo, o el pésimo sistema de transporte de Santiago de Chile, por mencionar unos pocos ejemplos, revelan que el modelo afecta también a las ciudades que hasta ahora se creían a salvo del modelo de la megaminería y los monocultivos.

Según los medios, el núcleo de la Policía Metropolitana proviene de la Fe­deral, “de una tradición de Rambos”, que actúan con autonomía, órdenes abiertas y amplio “margen a los policías para que actúen según su criterio” ( Página 12, 28 de abril). Esa autonomía les permite disparar balas de plomo en vez de las reglamentarias de goma en disturbios.

Por cierto, tenemos mucho que aprender de esta escalada extractiva que ahora parasita las ciudades. La autonomía de los represores es parte del modelo, que va de la mano de la autonomía concedida por los estados al capital para acumular a su antojo. El segundo aprendizaje es que la represión no es un desborde puntual de un gobernante o de un jefe policial. Es la marca de fábrica del modelo: para robarle a la gente hay que someterla.

Por último, la potencia del modelo de despojo y guerra nos fuerza a establecer puentes entre los afectados del campo y de la ciudad, entre los que resisten la minería en lugares apartados, los que ponen el cuerpo al glifosato y el agronegocio, y los que vivimos en ciudades cada vez más caras, enrejadas y represivas. Es una misma lucha, pero los vínculos entre las poblaciones del campo y la ciudad no vienen dados, deben ser construidos. En eso están los movimientos.

Desde la segunda mitad del siglo 20, en el occidente de Boyacá se libró la llamada “guerra verde”, el enfrentamiento de distintos grupos de esmeralderos por el control físico de las minas de Muzo, Coscuez, Maripí y otras ubicadas en dicha región. Se dice que en esa contienda, donde la violencia fue la ventaja competitiva y se produjeron cerca de 6 mil muertos, al final el poder fue para Víctor Carranza.

A comienzos de los años noventas, se decidió legalizar los títulos de explotación de estas minas de esmeraldas. Como reflejo de lo acaecido hasta entonces, se rotularon en un alto porcentaje a nombre de quienes quedaron vencedores. Empresas como Coexminas, Tecminas y Esmeralcol adquirieron, por esa vía, posición dominante en el negocio. Esa fase empresarial fue evolucionando hasta que compañías norteamericanas, principalmente basadas en Texas, recibieron contratos de operación. Recientemente, capitales extranjeros buscan adquirir directamente las concesiones.

En la última década, las exportaciones registradas de esmeraldas superan los mil millones de dólares, dirigidas principalmente a Estados Unidos y a Asia. Se hacen en bruto, análogamente al petróleo crudo en barril, al oro en lingote, al carbón en piedra o al café verde en sacos. El valor agregado, cotizado en quilates, para la joyería por ejemplo, se le da en los grandes mercados.

El capital financiero ronda en torno al negocio y anda en proyectos de constituir una Bolsa de esmeraldas, que puede hacer operaciones a futuros y crear mercados especulativos en torno a ese commodity, como nuevo producto básico.

En cuanto al “zar” de las esmeraldas, propietario de las dos piedras más valiosas del mundo, éste no fue su único negocio. Sobresalió como uno de los mayores hacendados colombianos, llegando a tener un millón de hectáreas y dos millones de reses; algo más del 1% del catastro rural total nacional y más del 5% del hato ganadero. Esa doble condición se acompañó de la propiedad de minas de caliza y materiales de construcción y se habla también de incursiones en el petróleo, entre otros. A mediados de los noventa, la revista Forbes ya lo tenía listado entre los “billonarios” del mundo.

Lo que ha pasado con las esmeraldas es reflejo de la caracterización básica del país: las áreas estratégicas quedan, cuando se llega al punto alto en la curva de valor, al arbitrio de las ganancias foráneas, las que, para tal apropiación, han contado históricamente con la alianza entre la gran propiedad rural y el capital internacional, y la gestión de la alta burocracia estatal, configurando un país neocolonial y semifeudal.

Por Aurelio Suárez Montoya, Bogotá, abril 9 de 2013

Cuando el remolino de los acontecimientos locales y globales tiende a convertir la cotidianeidad en caos, opacando los caminos, la resistencia de los abajos es el mejor norte para no perdernos en la turbulencia. Esas resistencias permiten comprender tanto las estrategias de las clases dominantes como los notables aprendizajes de los sectores populares, indígenas y campesinos, rurales y urbanos, y el modo como están resolviendo los errores del pasado y como están enrumbando la nave de los procesos emancipatorios.

Los guardianes de las lagunas, las rondas campesinas, los frentes de defensa, provinciales y departamentales y los comandos unitarios de lucha son algunas de las expresiones organizativas de estos movimientos. Los paros locales, las consultas comunales, los bloqueos de rutas para impedir la actividad de las trasnacionales mineras, las marchas y enfrentamientos directos con las fuerzas policiales y militares, son las formas de lucha empleadas por las comunidades y pueblos en la defensa de la vida contra los proyectos de muerte de empresas y gobiernos.

Los estados de excepción y la militarización de varias provincias se saldaron con 17 muertos entre diciembre de 2011 y septiembre de 2012 según la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh). El gobierno de Ollanta Humala aplica el Decreto 1095 emitido por el anterior gobierno de Alan García que autoriza la intervención de las fuerzas armadas en el control del orden interno y califica a los que protestan como "grupo hostil", mientras las violaciones a los derechos humanos cometidas por las fuerzas represivas son juzgadas en tribunales militares.

La justicia altera las jurisdicciones de los procesos contra los manifestantes, trasladando los juicios a otras provincias a las que los familiares tienen grandes dificultades para trasladarse. Las grandes mineras como Yanacocha y Antamina realizan convenios con el Estado para emplear efectivos policiales en labores de seguridad privada, mostrando cuál es el papel de los estados en este periodo de acumulación por robo, destrucción y guerra. En el distrito de Kañaris, en la norteña sierra de Lambayeque, en un solo día, el 25 de enero, la policía hirió a 24 campesinos durante un bloqueo de rutas para evitar que la canadiense Candente Copper siga adelante con su proyecto de explotar tres yacimientos de cobre.

Las estrategias represivas del arriba se combinan con políticas sociales que en las regiones en conflicto se denominan Mesas de Desarrollo a cargo de Ministerio de Energía y Minas. Hasta ahora se instalaron en los departamentos de Apurímac, Cusco y Lambayeque, donde existen proyectos mineros, "con la finalidad de llevar la presencia del Estado y mejorar la calidad de vida de la población y generar desarrollo y trabajo", según confesó el viceministro de esa cartera, Guillermo Shinno (Agencia Andina, 22 de enero de 2013). Pero el verdadero objetivo de estos programas "sociales", que no son exclusivos de los gobiernos progresistas es, en boca de Shinno, "evitar que estos elementos radicales sigan trabando las inversiones y el desarrollo del país".

El último informe del Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú establece que 19 por ciento del territorio nacional fue concesionado a la minería y que "los conflictos sociales vinculados a la minería se han convertido en conflictos políticos de envergadura". El informe concluye que "la estrategia de abordaje de los conflictos desde el Estado no ha variado mucho: la principal hipótesis que se maneja desde el Estado y que intenta explicar los conflictos es la del complot, es decir, que todos los conflictos responderían a las mismas causas y desarrollan idénticas estrategias antimineras" (cooperaccion.org.pe, 17 de diciembre de 2012).

Luego de más de un año de resistencia al proyecto aurífero Conga, el centro de la protesta se ha trasladado al distrito de San Juan de Kañaris, en el norteño departamento de Lambayeque, que tiene 96 por ciento de su superficie concesionada a la minería. Kañaris tiene 15 mil habitantes en 38 caseríos, dos tercios de los cuales sólo hablan quechua. El 30 de septiembre la población organizó una "consulta ciudadana" en la que 95 por ciento de la comunidad rechazó los proyectos mineros y el 20 de enero realizaron un paro regional con apoyo del Comando Unitario de Lucha de Lambayeque.

Cuatro elementos a tener en cuenta. El primero es que la "consulta" se ha convertido en método de lucha, pero no tiene ninguna relación con el sistema electoral: busca mostrar la cohesión comunitaria contra la minería, no es un mecanismo estatal sino comunitario y popular a través del cual se afianzan posiciones y aliados. El segundo es la aparición de nuevas formas de acción como las que encarnan los "guardianes de las lagunas", estrechamente vincu­lados a las rondas campesinas, quienes acampan por turnos a 4 mil metros de altura, desafían los vientos y el frío, la represión y a las empresas, para proteger las fuentes de agua y vida.

El tercero es que estos movimientos territoriales están formando una camada de dirigentes jóvenes, con elevada presencia femenina, fuerte ligazón comunitaria y sólido control de las bases. Por último, como apunta Hugo Blanco, "los grupos locales tienen ventajas porque son más representativos de las luchas reales y son los pasos iniciales para un reagrupamiento por abajo". Lo que el sistema político califica como "fragmentación" y "localismo" incapaces de modificar la "correlación de fuerzas" es un modo de eludir la burocratización y la cooptación propias de las grandes estructuras organizativas, porque los de abajo quieren controlar más y más a sus dirigentes.

La coordinación se da en las luchas, durante las que se abren espacios de interconexión para potenciar las acciones, que luego se disuelven para que no sean apropiadas por extraños. Son algunas de las lecciones aprendidas por los-de-abajo-en-movimiento en las dos últimas décadas, para garantizar la cohesión comunitaria, sin la cual no hay ni habrá cambios.

Luego que el presidente Rafael Correa decretó la moratoria en la deuda comercial de Ecuador por 3 mil 200 mdd, en diciembre de 2008, las fuentes de crédito privadas (y la mayoría de las bilaterales) se secaron, aunque entidades públicas como la Corporación Andina de Fomento (CAF) y el Banco Interamericano de Desarrollo continuaron ofreciendo préstamos. Para enfrentar sus necesidades financieras, Ecuador se ha vuelto hacia China, obteniendo líneas de crédito millonarias y préstamos para importantes proyectos de infraestructura, con la garantía de futuros envíos de petróleo.

Las tasas de interés de los créditos chinos, entre 6 y 7.5%, son menores que las de 12% que Ecuador tenía que pagar por sus bonos soberanos y, según funcionarios, las elevadas ganancias superan con facilidad los costos financieros. Sin embargo, los acuerdos crediticios con el país asiático han sido cuestionados por la oposición, sobre todo por la falta de transparencia. El gobierno no ha proporcionado información detallada sobre los pagos y los términos de los contratos, aunque a principios de febrero el ministro de Hacienda, Patricio Rivera, señaló que el saldo pendiente de la deuda asciende a 3 mil 400 mdd. Según cálculos de EIU, no es probable que esta cifra incluya préstamos por casi 2 mil mdd relativos a la construcción de las plantas de energía de Coca-Codo Sinclair y Sopladora.

A partir de 2009 los anuncios de líneas de crédito por unos 4 mil mdd se han declarado como “anticipos sobre la venta de petróleo” y el gobierno rehúsa clasificarlos como deuda oficial, aunque conllevan un interés. En total, incluyendo una potencial línea nueva de crédito por 2 mil mdd en 2013, China ha acordado prestar a Ecuador unos 9 mil 500 mdd. El país sudamericano busca también financiamiento chino para la nueva Refinería del Pacífico, en Manabí, que costará 12 mil mdd.

En un libro llamado Ecuador made in China, Fernando Villavicencio, activista de izquierda, publicó recientemente detalles del acuerdo marco para un crédito de mil mdd gestionado en 2010 que el gobierno declaró confidencial. El acuerdo cuatripartito entre el Ministerio de Hacienda, Petroecuador, el Banco Chino de Desarrollo (BCC) y Petrochina, publicado en el libro, es mencionado de manera constante como “el préstamo”, al contrario de las afirmaciones del gobierno de que los anticipos sobre ventas no son préstamos y no deben ser clasificados como deuda pública.

Los términos establecidos en el contrato han llevado a los críticos a dudar de la legalidad y transparencia de la transacción, que ha sido seguida por una serie de otros acuerdos que podrían continuar hasta 2019, según Villavicencio. Conforme al acuerdo de 2010, Ecuador se comprometió a proporcionar a China 36 mil barriles diarios y dos embarques mensuales de 190 mil barriles de petróleo “sin importar la cantidad pendiente en términos del préstamos y/o… cualquier reducción de las cuotas de producción de la OPEP”, según el contrato. Petroecuador ha confirmado los acuerdos de ventas hasta 2018.

El acuerdo marco señala una relación abierta acreedor-deudor entre China y Ecuador, y los documentos dejan en claro que China tendrá acceso prioritario a activos ecuatorianos para asegurar el cumplimiento de los pagos. Ecuador ha aceptado una cláusula de renuncia a la inmunidad por soberanía, la cual permite a China embargar bienes del Estado excepto equipo militar, cultural o diplomático o recursos naturales no extraídos, en caso de que Ecuador incurra en atraso. Además, el pago de petróleo que haga Petrochina irá a una cuenta de utilidades de Petroecuador en el BCC, cuyo saldo debe mantener un mínimo de 113 mdd (que probablemente sea más alto ahora, después de los préstamos adicionales). El acuerdo marco permite a China retener dinero de esta cuenta si Ecuador no cumple sus pagos, y también parece dar al país asiático prioridad sobre otros acreedores. Es probable que los términos tengan implicaciones para evaluar qué probabilidad tenga Ecuador de cumplir con los pagos de la deuda con otros acreedores aparte de China.

Legalidad en duda

Del lado ecuatoriano, los acuerdos han planteado varios desafíos legales. En contra de la constitución impulsada por Correa en 2008, la cual prohíbe al Estado someterse al arbitraje fuera de América Latina y de la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil de la ONU (Cnudmi), los acuerdos establecen Pekín y Londres como lugares de arbitraje. Los acuerdos, que no fueron ratificados por la legislatura ecuatoriana, también se pueden considerar bilaterales, dado el estatus del BCC como banco de Estado. La constitución de 2008 demanda que se informe a la legislatura de los tratados y “otros instrumentos internacionales” (para ser ratificados). Hasta ahora el gobierno se ha negado a poner los acuerdos de préstamos con China a disposición de los legisladores. Además, los términos de los acuerdos, como la renuncia a la soberanía, han sido criticados por no ser una mejora significativa respecto de los términos de los bonos soberanos que el gobierno de Correa dejó de cumplir en 2008.

Las estimaciones del porcentaje de la producción petrolera ecuatoriana que va a China varían (no se publican datos completos), pero una declaración reciente del jefe ejecutivo de Petroecuador, Marco Calvopiña, indicó que 80% de la producción estatal se dirigió al país asiático en 2012. Es posible que este porcentaje aumente si se acuerdan las líneas de crédito. Sin embargo, a mediano o largo plazo también es posible crear una barrera a nuevos préstamos de China hasta que la producción petrolera se pueda elevar a niveles suficientes para financiar nuevos préstamos. Sin embargo, dado que se ha acordado un nuevo préstamo para 2013 y Ecuador aún no indica la disposición a recurrir a mercados internacionales, es de esperarse que continuarán los créditos de China. Aunque esto proporcionará financiamiento para mejoras de infraestructura que son muy necesarias, los términos de los acuerdos y el nivel de endeudamiento elevarán de forma significativa la dependencia ecuatoriana en el gigante asiático, lo cual ensombrecerá el panorama fiscal y financiero del país sudamericano.

Traducción: Jorge Anaya

El presidente Santos de Colombia no cesa de predicar las virtudes de lo que llama la locomotora minera” de la economía, basada sobre todo en el carbón y el oro. Pero tropieza con protestas.

En febrero de 2012, una protesta en el Cesar (al nordeste de Colombia) debida a la contaminación que produce la explotación del carbón bloqueó la vía que comunica La Jagua de Ibirico con La Loma, por donde transita el carbón que sale de las minas La Francia, El Hatillo y El Descanso Norte hasta el puerto de Santa Marta. Las compañías Prodeco, Drummond, Vale, no cumplen con su obligación de reubicar poblaciones. Una “tractomula” atravesada sobre los rieles paralizó varias veces al día el tren que va a Santa Marta con 135 vagones de 60 toneladas cada uno.

Un año después, el Anla, la autoridad nacional de licenciamiento ambiental, anunció el pasado día 5 que negaba la licencia a diversas empresas multinacionales para aumentar la extracción de carbón en la Guajira y el Cesar. Allí se extraen y exportan 90 millones de toneladas al año hacia Europa y Estados Unidos. Querían aumentar hasta 180 millones de toneladas. En enero pasado, una barcaza de la Drummond naufragó y el carbón cayó al mar. El Anla quitó temporalmente a la compañía la licencia de embarque de carbón. No todo marcha bien.

En La Guajira, otro ferrocarril lleva carbón de El Cerrejón a Puerto Bolívar. Los habitantes wayúu nunca han dado consentimiento a la destrucción de su territorio. El motivo principal de protestas es la mala calidad del aire, que causa enfermedades respiratorias que afectan a población vulnerable. El agua de manantiales y de pozos está contaminada y hay mucha pérdida de suelos y de bosques.

En la Guajira y el Cesar, la expansión de la minería requiere evacuar habitantes y reubicarlos en otros entornos con nuevas viviendas y nuevos servicios públicos (escuelas, hospitales). Eso no se ha hecho. Las empresas se ahorran los costos de los desplazamientos. No pagan por la mala salud ni los daños al ambiente natural. No han realizado consultas previas en lugares con población indígena en la Guajira, o afrocolombiana en el Cesar.

Nadie está calculando todavía esos pasivos ambientales por daños a la biodiversidad, a la morfología de los ríos y los niveles freáticos, y también a la salud humana. El PIB de la Guajira y el Cesar, y el de toda Colombia, son magnitudes engañosas porque, si la contabilidad de las empresas está equivocada al no restar los pasivos ambientales, entonces también está mal medida la contabilidad macroeconómica.
Las exportaciones de carbón tienen gran huella hídrica; una tonelada deja en promedio una huella material (de escorias y material de desecho) de diez toneladas. Mientras tanto, los importadores, contentos e ignorantes, queman carbón y producen dióxido de carbono.

La “locomotora minera” que impulsa el presidente Santos no consigue arrancar con fuerza. Entre protestas, la Anglo Gold Ashanti no despega con la minería de oro en Tolima, mientras Greystar fracasó en su intento de sacar oro del páramo de Santurbán. La minería en los páramos está legalmente prohibida, pero eso no se respeta siempre.

La población de Colombia es de 47 millones, los departamentos de la Guajira y el Cesar tienen apenas un millón cada uno. Son zonas de sacrificio ecológico y social. Allí, como en todas partes, los conflictos ambientales son causados por el aumento del metabolismo social. La extracción anual de carbón en Colombia representa casi dos toneladas por persona, más de cinco kilogramos al día, unas 40 mil kilocalorías. Colombia vende energía barata con graves costos sociales y ambientales en esas zonas de extracción, y también en las playas de Santa Marta, muy perjudicadas por el trasiego de trenes y barcazas llenas de carbón.

En febrero 2013 se anuncia una vez más una huelga del sindicato de El Cerrejón de la BHP Billiton, Xstrata y Anglo American. El sindicato representa a 3 mil trabajadores. Entre sus peticiones está un incremento salarial y legalizar la situación de 7 mil empleados tercerizados. El pliego de reclamos incluye otros dos temas: las enfermedades laborales, producto de la explotación minera, y la prohibición de la brutal desviación del río Ranchería a lo largo de 27 kilómetros. El río Calenturitas, en el Cesar, ya fue destruido por la minería de carbón.

Vemos pues que el ecologismo no es un lujo de los ricos, sino una necesidad de todos. Hay un ecologismo de los pobres e indígenas, e incluso un ecologismo de los sindicalistas.

Por Joan Martínez Alier, ICTA-Universitat Autónoma de Barcelona

Malí, uno de los 25 países más pobres del mundo, nacido en 1960 como Federación de Malí a raíz de la independencia de Sudán y Senegal, era hasta hace apenas 12 meses un modelo de democracia africana. Con 15,5 millones de habitantes y una extensión vastísima, más del doble que Francia —con el Sáhara al norte, la sabana saheliana en el centro y los cultivos en el sur sudanés regado por el Níger—, el país donde Miquel Barceló pasaba varios meses cada año investigando con la arcilla y las termitas, y pintando sus acuarelas resonaba en los oídos occidentales como el último —o en fin, el penúltimo— paraíso perdido.

 
Músicos dotados de duende, talento y conciencia como Toumani y Mamadou Diabaté —los genios mandingas de la kora—, Ali Farka Tuoré y Salif Keita creaban marca Malí en todo el mundo; el gran Kanouté goleaba y ganaba títulos en España, los turistas fluían a millares hacia la milenaria Tombuctú para visitar los santuarios y las casas de adobe, y los musulmanes —el 90% de la población— acataban sin problemas el sistema constitucional laico moldeado en París para Alpha Konaré (ganador de las elecciones de 1992 y 1997) y prolongado luego por Amadou Touré, que fue investido presidente en unos comicios homologados por la comunidad internacional en 2002 y reelegido en 2007.

 
Todo cambió en 2011, cuando acabó la guerra de Libia. Los milicianos independentistas tuaregs de Ansar Dine, que habían permanecido marginados pero más o menos tranquilos durante décadas, lucharon como mercenarios para las tropas leales a Gaddafi, y regresaron a casa en sus veloces camionetas sin techo, armados hasta los dientes con trastos de todos los calibres y pesos posibles (metralletas, cañones, blindados, baterías antiaéreas…), adquiridos a buen precio en el enloquecido bazar libio.

 
Tras aliarse con los yihadistas de Al Qaeda del Magreb Islámico (AQMI), que controlan un círculo inmenso de arena que va desde el Atlántico hasta Chad y desde Níger al sur de Túnez, y con el Movimiento para la Unidad y la Yihad en África Occidental (MUYAO), los tuaregs lanzaron la rebelión en enero de 2012; en unas semanas conquistaron tres regiones del norte y declararon la sharía, la ley islámica. Enseguida empezaron las lapidaciones, las amputaciones y la destrucción del patrimonio histórico. Cientos de miles de malienses huyeron al sur y a los países vecinos, agudizando así la hambruna de millones de personas en el Sahel.

 
Descontentos con la débil respuesta del presidente, soldados del Ejército regular, que habían sido entrenados por Estados Unidos, que invirtió 500 millones de euros en su formación, se pasaron al enemigo con armas y bagajes, y depusieron a Touré. La mediación de la CEDEAO, la Comunidad Económica de Estados del África Occidental, consiguió en abril colocar al civil Dioncounda Traoré como presidente de un Gobierno de unidad nacional provisional. Pero una turba atacó al nuevo líder, que tuvo que volar hasta París y necesitó dos meses para recuperarse del susto y las heridas antes de volver a Bamako.

En septiembre, Traoré pidió ayuda a la comunidad internacional alegando que los rebeldes seguían ganando posiciones. La ejemplar democracia maliense no controlaba su territorio. Había sucumbido al terror.

 
Mientras todo esto pasaba, en Francia hubo elecciones. Y ganó François Hollande.

 
La doctrina de François Hollande sobre África es una especie de revolución que trata de sanear las muy corruptas y podridas alcantarillas del neocolonialismo francés. Consiste en afirmar que la Administración ha dejado atrás para siempre los hábitos de la Françafrique, ese término despectivo que describe la complicidad de Francia con los dictadores títere para esquilmar a conciencia las materias primas de la zona y financiar luego bajo cuerda las necesidades, personales o partidarias, del sistema político de París. El mensaje es que la larga fase histórica marcada por las maletas llenas de billetes llegando al Elíseo es cosa del pasado. Que África es adulta y debe gestionar y decidir su futuro. Y que las intervenciones más o menos caprichosas de las tropas francesas asentadas en las bases de Chad, Burkina Fasso, Níger o Costa de Marfil, por citar solo algunas, son cosa del pasado.

al Gobierno de Malí a frenar el avance de la rebelión “terrorista” con tropas estrictamente africanas, reclutadas por la CEDEAO y puestas bajo el mando de un general nigeriano asesorado por un puñado de oficiales franceses. Estas tropas se unirían al desmoralizado y muy impopular Ejército regular maliense para reconquistar el norte, y en vez de ser instruidas por EE UU —visto el éxito obtenido— estarían formadas por 450 instructores europeos. La UE, la ONU, la Unión Africana, e incluso Rusia y China, consideraron que podía servir, y el Consejo de Seguridad aprobó en diciembre la resolución 2.085 autorizando el despliegue.

 
Pero todo se precipitó de nuevo el 10 de enero. Ese día, los grupos islamistas y otros parientes tomaron Konna. Situada en el centro del país y a escasos kilómetros de un aeropuerto, se trata de un lugar demasiado peligroso y estratégico como para haber sido elegido al azar. La ofensiva de los terroristas hacia Bamako había empezado.

Tras debatir con su Estado Mayor y los jefes de los servicios de inteligencia interior y exterior, Hollande reunió el día 11 al Consejo de Defensa en el Elíseo y dio la orden de ataque a los aviones Mirage aparcados en la base de Chad, muy cerca de la capital, Djamena. En ese momento, según ha escrito Christophe Barbier en L’Express, Hollande decidió “ser comandante en jefe para convertirse, finalmente, en jefe de Estado”.

 
En unas horas, la metamorfosis del presidente al que muchos apodan Flanby por su blandura asombra a los franceses. No solo rectifica su flamante política africana no intervencionista sobre la marcha para “asegurar la existencia del Estado de Malí”. También, explica con determinación ante las cámaras, ha dado la orden de enviar un comando de la Dirección General de Seguridad Exterior (DGSE) a Somalia.

 
Francia tiene allí a un espía (seudónimo Denis Allex) secuestrado por la milicia yihadista Al Shabab desde hace tres años y medio. El asalto de las fuerzas especiales, cinco helicópteros y 50 militares, fracasa en el intento de liberar al rehén. Mueren dos soldados franceses, otros seis resultan heridos, y Allex es asesinado por sus captores. Según París, el asalto acaba también con la vida de 17 terroristas. El mismo día, Francia sufre la primera baja en Malí, un piloto de helicóptero del regimiento de Pau.

 
Pese al desastre inicial, Hollande envía un doble o triple mensaje de firmeza. Al “islamogansterismo”, a los socios euroatlánticos que se permiten menospreciar a Francia en la ONU o la UE, y a sus asustados conciudadanos que temen haber elegido a un jefe de Estado incapaz de gestionar las crisis importantes. El recado dice: “No nos chantajearéis con los secuestros, no os dejaremos destruir las precarias democracias africanas, Francia sigue siendo mucha Francia”, y su Ejército, señala Barbier, “está preparado para adaptarse a los peligros contemporáneos y las nuevas amenazas”.

 
Si hace diez años Jacques Chirac prefirió eximir a sus paisanos de la guerra de Irak, Hollande, asesorado ahora por el nuevo equipo de comunicación del Elíseo, fichado en diciembre para tratar de remontar la popularidad hundida en los primeros meses de su mandato —un 35%—, comparece ante el país solemne, firme, determinado. Los partidos, sin excepción, aprueban sus decisiones, se forma un raro clima de unidad nacional —durará apenas una semana—. Pero pronto queda claro que su nuevo traje no gusta en Europa. Alemania, Reino Unido y España prefieren mirar hacia otro lado ante la petición de colaboración francesa y se convierten en el enemigo en casa.

Dos medios conservadores, Financial Times y Frankfurter Allgemeine Zeitung, lideran la corriente de opinión. Al intervenir en solitario en Malí, afirman: Hollande ha cambiado sus principios sobre la marcha, resucita viejas actitudes colonialistas y defiende intereses económicos más o menos ocultos, además de lo obvio, intentar ganar popularidad con una intervención armada.

 
Hollande replica a las críticas. Afirma que Francia no tiene la menor intención “de quedarse” en su excolonia, y asegura que la operación en Malí, que solo busca defender a los ciudadanos franceses, será “una excepción” a la regla general. Ese nuevo Hollande, que parece menos sincero de lo habitual, desdeña incluso las afirmaciones que señalan que la intervención busca proteger a las compañías que, como el gigante nuclear Areva, extraen materias primas baratas en la zona, entre otras el uranio de la vecina Níger, tan útil para las centrales francesas.

 
“No estamos en Malí para defender a nuestras empresas”, afirma el presidente, que se pliega a la versión oficial de los tres objetivos: “Primero, frenar la agresión terrorista, que buscaba hacerse con el control de todo el país, incluida Bamako. Después proteger la capital, donde viven varios miles de ciudadanos franceses. Y finalmente, permitir a Malí recuperar la integridad territorial”.

 
El especialista en África occidental René Otayek, profesor de Science Po en Burdeos, cree que “no es absurdo decir que Francia ha actuado para defender a los miles de franceses que viven en Bamako, aunque no es menos cierto añadir que gran parte de esos ciudadanos trabaja para empresas francesas asentadas en la zona y que es lógico que Francia las defienda. Las minas de Areva en Níger suponen el mayor suministro de uranio para Francia, pero también hay explotaciones petroleras y muchas otras compañías que operan en Mauritania, Malí, Burkina Faso… El Sahel es un lugar estratégico para Francia, y es incontestable que intente impedir que los terroristas amenacen las minas de uranio y sus otros intereses”.

 
Aunque sea incontestable, esta realidad política, comercial y económica parece estar en la raíz de la escasa implicación de los socios naturales en la primera aventura bélica de Hollande. El eurodiputado ecologista franco-alemán Daniel Cohn-Bendit resumió con toda crudeza el malestar por la deserción europea al decirle a Catherine Ashton: “Madame Ashton, usted ha dicho que nos concierne a todos. Todos nos dicen lo mismo. Pero no hay más que soldados franceses allí. Y lo que se nos está diciendo es: "Nosotros os mandamos unas enfermeras, y a vosotros que os maten”.

 
Le Monde reveló que en la reunión de ministros de Exteriores celebrada el jueves en Bruselas, el francés Laurent Fabius se sintió también molesto porque sus homólogos español y alemán le preguntaron “qué busca exactamente Francia en Malí”. En cuanto a la Administración de Barack Obama, su lenguaraz embajadora Susan Rice ha dejado claro que París es el único responsable directo de la intervención al afirmar que la petición de ayuda enviada a Naciones Unidas por el presidente maliense se podía resumir con la expresión “¡socorro, Francia!”.
 

Así, a pesar de la oleada de apoyo moral que Francia ha recibido estos días, Hollande deberá conformarse, de momento, con formar una coalición eminentemente francófona y europea. Hoy por hoy, solo Bélgica entre los 27 países de la UE se ha comprometido a enviar tropas —unos 70 soldados que colaborarán en tareas de transporte y mantenimiento— a la zona. Los compañeros de viaje de Francia estarán en la fuerza multinacional de países africanos occidentales, la Misión Internacional de Apoyo a Malí (MISMA, en francés). Ese contingente de 3.300 soldados, de los que 2.200 deberían estar sobre el terreno hoy domingo, y los 2.000 soldados que enviará Chad serán por ahora el único consuelo a la soledad de los 2.500 militares franceses que lucharán contra un enemigo formado, según los cálculos del ministro francés de Defensa, Jean-Yves Le Drian, por unos 3.000 yihadistas y tuaregs.

La MISMA estará liderará por la anglófona y no siempre eficaz Nigeria (la excepción a la regla francófona aportará 900 soldados y el general al mando), y en ella militan también Togo (540 soldados), Níger (500), Senegal (450), Burkina Faso y Benín (300 cada uno), Ghana (180) y Guinea, que enviará 145 militares.

 
Solo un miembro secundario del Gobierno, el ministro de Relaciones con el Parlamento, Alain Vidalies, se ha atrevido a deplorar en público “la mínima movilización de Europa”. Vidalies citó “algunas ausencias lamentables”, sin dar nombres, y enfatizó que “Francia no ha decidido actuar en solitario sino que han sido los acontecimientos los que han dictado la respuesta”. Pero el sabio profesor Gilles Kepel ha escrito esta semana en Le Monde que “la soledad de Francia no es sostenible salvo que se vacíe de sentido a la UE”.

 
Y el problema es que la actitud de sus principales socios, Alemania y Reino Unido, parece revelar que Europa todavía no es consciente de que este episodio de la guerra de las democracias contra el terrorismo es el más europeo de los que se han librado hasta ahora. Con Canarias a 1.800 kilómetros del teatro de operaciones y Argelia a tiro de piedra de España, las deserciones europeas del frente han causado estupor y escozor en Francia. Algunos diputados socialistas han criticado con dureza la negativa de Berlín a enviar tropas. “La crisis de Europa parecía financiera, pero es política”, afirmó Malek Boutih, que acusó a los alemanes de “debilitar la solidaridad europea”.

 
El profesor Otayek cree que no es momento de dramatizar sino de sumar. “Es verdad y mentira a la vez que Francia esté sola en el Sahel. Alemania solo envía tropas al exterior de forma excepcional, aunque es verdad que si lo hiciera ahora sería un apoyo político muy simbólico. España y Gran Bretaña también han dado apoyo moral y logístico, como Estados Unidos... De momento, la guerra de Malí es quizá la intervención francesa más consensuada de la historia, incluso en la opinión pública nacional. Pero eso puede cambiar si la operación terrestre causa muchas bajas, si el conflicto se alarga y se afganistaniza”, advierte.

 
Lo que todo el mundo parece tener claro es que la guerra de Malí será larga. El profesor René Otayek recuerda que “terminar la operación en el Sahel requerirá varios años y enormes medios humanos, logísticos y materiales, que exceden con mucho la capacidad de un solo país”.

 
El impresionante ataque terrorista a la planta de BP en el sur de Argelia, que ha conmocionado al mundo esta semana, ha resonado como un aviso palmario de que el Sahel y sus ramificaciones son demasiado grandes y peligrosas como para que Francia pueda ocuparse sola de todo. Otayek piensa que “el secuestro habrá convencido a algunos, al menos a Reino Unido, Noruega y Holanda, de que van a tener que ayudar mucho más a Francia de lo que querían”.

 
“El contexto de esta guerra es totalmente distinto del pasado”, dice el profesor de Science Po. “Francia tiene por primera vez el apoyo de toda la región, y también es la primera vez que se forma una coalición panafricana para luchar sobre el terreno, aunque la UE y la Unión Africana trabajaban en esta idea desde hace tiempo. Pero creo que Europa y Estados Unidos entenderán que Occidente se juega en el Sahel mucho más que una guerra y que la inestabilidad de esa zona no se puede conjurar solo con las armas. Para quitar el espacio a los traficantes de toda índole hace falta política, energía, dinero. Y también mano izquierda para integrar a las minorías tuaregs. Si no, nunca habrá paz”.
 

El imperio colonizado
 
Malí se convirtió en territorio colonial francés en 1898. El que fuera corazón de varios imperios, con Tombuctú, como resplandeciente centro intelectual, artístico y religioso hasta el siglo XVI, fue considerado por sus dominadores como un territorio muy inferior económica y políticamente a otros bajo su influencia, como Senegal y Costa de Marfil. En 1960 el país se independizó y llegaron décadas convulsas. Un cruento golpe militar dirigido por Moussa Traoré dio al traste en 1968 con el Gobierno socialista radical del líder marxista Modibo Keita. Una dictadura militar rigió el destino del país por 23 años, que estuvieron plagados de revueltas sociales, sequías y tres intentos de acabar con el régimen. A principios de los noventa, los tuaregs del norte iniciaron una rebelión en reclamo de su cultura y de su tierra. En 1991 el clamor por la democracia tomó las ciudades del país. La respuesta fue otro golpe de Estado y un Gobierno militar que facilitó la celebración de elecciones en 1992. La lacra de una débil economía y la rebeldía tuareg fueron los caballos de batalla de los sucesivos Gobiernos democráticos. En 2007, el conflicto de los hombre azules se exacerbó y ganó fuerza en 2011, con el flujo de armas y de combatientes que lucharon en la Guerra Civil libia. Mientras tanto, Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQIM) se hacía cada vez más fuerte en Malí y en países del entorno.
 
Malí ocupa el puesto 175º en el Índice de Desarrollo Humano.
 
La esperanza de vida es de 51,4 años.
 
El 90% de los 15,5 millones de habitantes es musulmán.
 
El 65% de su territorio es desértico o semidesético.
 
En PIB per capita ocupa el puesto 160º de 181 países.

Por Miguel Mora 20 ENE 2013 - 00:00 CET

Cada vez que una comunidad, una organización o una persona en el Ecuador invoca la protección del medio ambiente o los derechos colectivos para oponerse, por ejemplo, a un proyecto minero que afectará sus medios de vida, a una represa gigantesca que provocará desvío de los ríos e inundaciones que obligan al desplazamiento de las personas, el presidente Rafael Correa responde, pontificando: “No nos engañemos, el principal problema del Ecuador es la pobreza”. Así justifica la destrucción del entorno ambiental y la afectación de los medios de vida de “unos pocos” para reducir la pobreza de “muchos”.

 
 La invocación aparentemente sensata de la reducción de la pobreza para justificar el crecimiento económico ciego es una gran farsa. El presidente bien lo sabe, pero pretende engañarnos. Como la principal receta para reducir la pobreza nos vende el placebo del irrestricto crecimiento económico. Y con ello se entiende que promueve cualquier tipo de crecimiento económico, especialmente el concentrado en la explotación sin miramientos de nuestros recursos naturales no renovables.

 
 Esto mismo lo han sostenido todos los pasados gobiernos -neoliberales o no-, al defender el crecimiento económico como una meta en sí misma, postulando una y otra vez que ello generaría empleos estables, elevados ingresos permanentes y una equilibrada distribución de los ingresos. Esto no ha sucedido. Este tipo de crecimiento, por lo demás, prácticamente no crea empleo. No se ha logrado un sostenido “derrame” o un “chorreo” hacia el resto de la sociedad. En el mejor de los casos, cuando hubo elevadas tasas de crecimiento, la gran mayoría de la población apenas sintió una leve y temporal garúa (que se desvaneció en poco tiempo en mayores niveles de pobreza).

 
 El correismo se aferra patológicamente a esta meta. A través de una creciente explotación de la Naturaleza pretende captar mayores divisas y tributos para alimentar políticas clientelares y de cooptación política, a las que ahora se les denomina engañosamente como programas de compensación social. En lugar de iniciar procesos verdaderamente redistributivos -agua, tierra, créditos, activos- a través de una profunda reestructuración de la economía, nos alimenta con diversas dádivas.

 
 A la postre, la letanía del crecimiento económico es un fin en sí mismo, aparentemente irremediable e incontestable. En realidad, el crecimiento puede ser necesario en determinadas circunstancias, para superar las deficiencias en educación y salud, por ejemplo. Pero eso no justifica cualquier tipo de crecimiento. Aquí caben las categóricas expresiones sobre el crecimiento del reconocido economista chileno Manfred Max Neef:

 
 “Si me dedico, por ejemplo, a depredar totalmente un recurso natural, mi economía crece mientras lo hago, pero a costa de terminar más pobres. En realidad la gente no se percata de la aberración de la macroeconomía convencional que contabiliza la pérdida de patrimonio como aumento de ingreso. Detrás de toda cifra de crecimiento hay una historia humana y una historia natural. Si esas historias son positivas, bien venido sea el crecimiento, porque es preferible crecer poco pero crecer bien, que crecer mucho pero mal”.

 
 Tengamos presente que una economía sana es aquella en la que las acciones están dirigidas a resolver estructuralmente los problemas de pobreza y a asegurar la calidad de vida de las personas, familias y comunidades. Esas metas en muchos casos requerirán del crecimiento económico, y está bien que así sea.

 
 Pero no todas las formas de crecimiento económico están asociadas a la justicia social y ambiental. En muchos casos se busca promover las exportaciones para que las cuentas macroeconómicas muestren crecimiento. Pero eso lamentablemente se hace impulsando actividades de alto impacto social y ambiental, que reducen la calidad de vida e inclusive, a la postre, generan más pobreza, sobre todo en aquellas zonas en donde se realizan las explotaciones extractivistas.
 

 Como nadie contabiliza económicamente esos impactos, se muestra un crecimiento económico que en realidad es un espejismo. El exagerado consumo de agua, electricidad y combustibles, o la infraestructura que el Estado debe realizar para que el capital extractivista pueda beneficiarse, los desechos generados, la pérdida de salud y demás son externalidades negativas, por supuesto no aparecen ni son contabilizadas como tales, restando bienestar y sostenibilidad a ese peculiar tipo de crecimiento económico.

 
 Son muchos los ejemplos donde observamos crecimiento sin que se resolvieran adecuadamente los principales problemas nacionales, los que siguen agravándose al amparo de gobernantes miopes. En algunos casos, han existido períodos de bonanza donde el crecimiento ha permitido reducir el número de pobres, pero a costo de aumentar la desigualdad. Ecuador es un caso paradigmático, basta revisar su historia económica. Los casos más recientes en América Latina son los de Chile, Brasil o Perú, que ostentan estar entre los países más desiguales de la región, y ya no sólo en términos de ingresos, sino fundamentalmente por la concentración de la propiedad y, sobre todo, del poder creciente que ostentan cada vez menos grupos económicos.

 
 Y esa desigualdad social no solo es una afrenta moral, sino que tiene gravísimos efectos sobre la sociedad y la economía misma, como lo han demostrado estudios en todo el mundo: reduce inclusive la capacidad para el crecimiento sostenido y sostenible a largo plazo, dificulta las necesarias respuestas ambientales, debilita las instituciones políticas democráticas, disminuye la capacidad para enfrentar amenazas ecológicas globales como el cambio climático, entre otras patologías que genera el extractivismo.

 
 En consecuencia, no es posible caer en el simplismo de considerar que cualquier tipo de crecimiento económico solucionará el crítico problema de la pobreza. Las metas y políticas del correismo se han instalado en el sitio equivocado. El problema del país es cómo resolver los problemas de pobreza sin caer en la trampa de la desigualdad o en la de la destrucción ambiental. Además, esto debe quedar suficientemente claro, sin afectar la excesiva concentración de la riqueza es imposible eliminar la pobreza.

 
 En suma, no es posible crecer económicamente aceptando la desigualdad. Caeremos en estructuras de poder insalvables con una cúspide de millonarios intocables que monopoliza el poder frente a una masa de gente sin posibilidades para decidir sobre su propia vida, con igualdad de derechos, obligaciones y oportunidades.

 
 Reducir el problema de la pobreza al acceso a bienes, no solo que degrada terriblemente a las personas, sino que les niega su necesaria dignidad humana. Además, si mantenemos inalterada la búsqueda de crecimiento económico, el planeta Tierra no tendrá recursos suficientes y las inequidades, con todas sus secuelas, marcarán un mundo cada vez más conflictivo e injusto. Por lo tanto, no podemos aceptar dudosas “soluciones” para hoy, pero que destruyen el patrimonio de las futuras generaciones y reducen las opciones del mañana.

 
 La superación de las desigualdades e inequidades, más allá de las de corte propiamente material, es ineludible; eso propone la Unidad Plurinacional. El crecimiento económico puede ser una herramienta para lograrlo. Sin embargo, por si solo no será suficiente. La cuestión social requiere urgente atención, tanto como el reencuentro del ser humano con la Naturaleza. Eso nos lleva a superar aquellas visiones simplistas que convirtieron al economicismo en el eje estructurador de la sociedad.

 
Construir el Buen Vivir o Sumak Kawsay, que de eso se trata el programa de gobierno de la Unidad Plurinacional, es un ejercicio político concertador y plural por un futuro diferente, que no se logrará exclusivamente con discursos carentes de coherencia y menos aún con visiones equivocadas como las que repite cansinamente quien ha perdido la brújula: el futuro expresidente Rafael Correa.-

 Publicado por lalineadefuego el diciembre 27, 2012

Quito, 26 de diciembre de 2012