El Gobierno peruano declaró el estado de emergencia por 60 días en la provincia de Islay, en la costa de la región Arequipa, cinco horas después de conocerse en la capital que durante un enfrentamiento entre policías y manifestantes opuestos al proyecto minero Tía María, murió este viernes un hombre, de 54 años, por un disparo en el pecho. Como reacción, otro grupo atacó la comisaría de Cocachacra, el centro de las movilizaciones de los agricultores que temen el impacto de la actividad extractiva en el valle del río Tambo.


Por la noche del viernes, el primer ministro Pedro Cateriano, acompañado del ministro de Interior, José Pérez Guadalupe, anunció la medida de excepción, que era contemplada desde el 23 de abril por el presidente Ollanta Humala cuando se produjo la primera muerte de un civil por causa de este conflicto, debido a disparos de un policía.


"Conforme lo establece la Constitución y de acuerdo al decreto que establece el estado de emergencia, la Policía Nacional con el respaldo de las Fuerzas Armadas se encargará del mantenimiento del orden público", dijo Cateriano.


En su administración, Humala ya recurrió al estado de emergencia en 2012, para intentar sofocar el conflicto minero de Conga en Cajamarca -un proyecto de más de 5.000 millones de dólares de inversión para extraer cobre y oro- y que causó cinco muertes de civiles durante las protestas.


El conflicto ligado al proyecto Tía María, emprendimiento de la empresa Southern Copper del Grupo México, inició en 2011, cuando la compañía pretendía usar agua del río Tambo para la operación minera: en aquel año las protestas y enfrentamientos con la policía dejaron como saldo tres muertos civiles. Con el fallecimiento de Collque este viernes, suman tres víctimas civiles en el último mes, además de Alberto Vásquez, un policía de 51 años que murió el 10 de mayo tras varios días de agonía a causa de golpes que recibió y por la falta de equipos de protección.


El viernes 15, en un mensaje a la Nación, el presidente Humala argumentó que el Gobierno no podía suspender el proyecto minero pues el Estado podría enfrentar demandas legales internacionales, y solicitó a la empresa manifestar con claridad su voluntad y "ejecutar acciones concretas" en la zona del conflicto. Minutos después, el presidente ejecutivo de Southern Copper, Oscar Gonzalez Rocha, anunció una pausa de 60 días: "Un intervalo que beneficie a la población, un paréntesis que permita a todos presentar sus inquietudes y temores, identificar las soluciones, convenir el camino y definir las responsabilidades que cada uno debe asumir en un plazo razonable". El Gobierno espera que la empresa difunda el estudio de impacto ambiental del proyecto y convenza a la población local de que no dañará la actividad agrícola.


Sin embargo, el clima de tensión no amainó. Los medios de comunicación difundieron un audio entre un exconsultor de Southern y uno de los líderes de la protesta, Pepe Julio Gutiérrez, en el cual el abogado ofrece dinero al dirigente para que deponga las movilizaciones. Este viernes, Gutiérrez asistió a una audiencia en la que se decidiría su detención preventiva por posible extorsión, en tanto que Gonzales Rocha declaró el jueves en la Fiscalía y, según el informativo regional El Búho, reconoció que estaba al tanto de las tratativascon el dirigente opuesto a Tía María.

Publicado en Medio Ambiente
Domingo, 17 Mayo 2015 05:58

Las protestas mineras jaquean a Humala

0rganizaciones sociales y civiles de siete regiones del sur de Perú convocaron ayer a un paro de 48 horas, para el 27 y 28 de este mes, en rechazo al proyecto minero Tía María, de la Southern Copper, filial del Grupo México. Los dirigentes se reunieron ayer durante más de cuatro horas para analizar las medidas que iban a tomar después de que la Southern anunciara ayer que iba a hacer una "pausa" de dos meses en la implementación del proyecto para conversar con sus opositores.


Al término de la cita, los representantes conformaron un comité de lucha y convocaron a un "paro macrorregional" en Arequipa, Cuzco, Tacna y Puno, al que se unirán con movilizaciones representantes de Apurímac, Ayacucho y Cajamarca, informó la emisora RPP Noticias. La protesta, señalaron, se realizará también para rechazar la gestión del presidente Ollanta Humala y puede convertirse en una huelga indefinida a partir de junio próximo.


Tras el anuncio de Southern, que intentó frenar las protestas en la provincia de Islay contra el proyecto minero, que en más de 50 días han dejado tres muertos y más de doscientos heridos, esa localidad se mantuvo en calma aunque con las principales vías de comunicación bloqueadas.


Medios locales informaron que en Cocachara, el centro de las protestas contra el proyecto, algunos comercios volvieron a atender al público y no se produjeron choques contra las fuerzas de seguridad. Pobladores de Cocachara consideran que el proyecto minero puede afectar su agricultura y contaminar la ciudad.


El procurador del Ministerio del Interior, Juan Carlos Portocarrero, también informó ayer que la detención del dirigente Pepe Julio Gutiérrez, el principal promotor de las protestas, se ha ampliado a siete días, mientras se lo investiga por la acusación de haber pedido dinero a la minera para levantar la protesta. Las protestas en la provincia de Islay, a las que en la última semana se sumaron manifestaciones en Arequipa y en Lima, han frenado temporalmente el proyecto minero del Grupo México, cuestionado por los defensores de la agricultura en Perú.


Southern contempla la inversión de unos 1400 millones de dólares para la construcción de Tía María, cuya producción estimada es de 120 mil toneladas métricas anuales de cátodos de cobre a partir del inicio de sus operaciones.


Humala descartó ayer que el Ejecutivo vaya a cancelar el proyecto de manera unilateral, porque consideró que su país se arriesga a ser denunciado ante los tribunales internacionales. "Demando a la empresa a cargo del proyecto minero Tía María a que manifieste su voluntad y ejecute acciones concretas para generar las bases del entendimiento requeridas para lograr la paz social y el desarrollo", dijo Humala en un mensaje televisado. En su mensaje el presidente descartó la suspensión del proyecto.

"No se puede suspender lo que no se ha iniciado", dijo, recordando que Tía María aún no ha empezado a construirse, pero que se espera entre en operación en 2017. "El Estado no puede adoptar una decisión unilateral que no esté regida por el marco de la ley, porque una decisión arbitraria lo expondría a demandas internacionales por incumplimiento", agregó, para luego dejar el balón en territorio de Southern.


La compañía acusó inmediato recibo del mensaje, y a través de un comunicado, hizo un llamado a la paz y pidió una "pausa" para buscar soluciones al conflicto. "Le solicitamos el tiempo y las facilidades necesarias para poder socializar el proyecto y despejar todas las dudas existentes en los próximos 60 días", dijo el presidente ejecutivo de Southern Perú, Oscar González Rocha, en el documento. En Perú, segundo mayor productor mundial de cobre, la minería es clave para su crecimiento económico.


En su mensaje del jueves, Humala reiteró que Tía María "cumple con los requisitos exigidos por la ley", pero estas explicaciones no han sido suficientes para los pobladores, que se oponen al proyecto valuado en 1400 millones de dólares. Humala aseguró que el envío de tropas policiales y militares a la zona en conflicto no es para defender "intereses individuales o de una empresa en particular, sino el estado de derecho, la estabilidad jurídica, el marco legal del país y las condiciones para la buena convivencia".


Para ayudar en la contención de las protestas, el gobierno envió a Islay el pasado sábado un contingente de las fuerzas armadas, mientras evalúa la posibilidad de decretar el estado de emergencia que permitiría a los militares tomar el control de la zona. "La gente estaba esperando que se suspenda el proyecto (...). No sé qué va a pasar en Arequipa (...). En estas condiciones, que han causado tanto sufrimiento material y físico, este proyecto ya no va, está muerto", dijo por su parte el dirigente del movimiento ambientalista Tierra y Libertad, a Canal N.


Las protestas contra la industria de extracción de recursos naturales se han intensificado en Perú a un año de las elecciones generales.


Según la Defensoría del Pueblo, hasta marzo se contabilizaron 211 conflictos sociales. De éstos, casi el 67 por ciento son socioambientales.


El llamado al entendimiento por parte del presidente ocurre en momentos en que un importante dirigente vinculado con las violentas protestas contra Tía María fue detenido. Se trata de Pepe Julio Gutiérrez, presidente del Frente de Defensa del Valle del Tambo, acusado de extorsión, resistencia a la autoridad y asociación ilícita para delinquir.


Según la denuncia, Gutiérrez habría pedido dinero para poner fin a las protestas contra el proyecto que iniciaron el 23 de marzo y han dejado a la fecha dos civiles y un policía muerto, decenas de heridos y daños. La denuncia se sustenta en una grabación de una conversación.


El gobierno busca que la detención sea ampliada por el delito de homicidio, debido a la muerte de un policía en las protestas, que fue agredido a golpes con una cadena por manifestantes. Según reportes de prensa regional, Gutiérrez calificó de "injusta" su detención y responsabilizó al presidente Humala del hecho.


El presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, así como algunos integrantes del gabinete, acudieron al Congreso el viernes para explicar las acciones del gobierno frente a este conflicto. "Todas aquellas personas que violan la ley, deben estar sujetas a investigación y acusación (...). Hemos escuchado ese audio donde no se defendía a Arequipa, el medio ambiente o la agricultura. Lo que había era corrupción", dijo Cateriano a la prensa, al llegar al Parlamento.

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Desde finales de marzo los campesinos de la provincia Islay, en la región Arequipa, sur peruano, enfrentan a una de las más poderosas multinacionales mineras, Southern Copper, que pretende abrir una mina de cobre en el valle de Tambo. A lo largo de más de un mes han contando con la solidaridad activa de los trabajadores de la construcción, profesores y pobladores urbanos de la Asociación de Urbanizaciones Populares de Arequipa.


La Southern Copper tiene una negra historia en Perú. Comenzó a explotar una mina a cielo abierto en Toquepala, en 1956, el mayor yacimiento de cobre del país, y construyó una refinería en Ilo en 1960, ambas en el departamento de Moquegua, vecino de Arequipa. En 1976 abrió una segunda mina, más grande aún, Cuajone, en el mismo departamento. Durante años la Southern fue la mayor contribuyente de Perú.


Un reciente informe del diario conservador El Comercio, ferviente partidario de la minería, reconoce que en la región sur todavía muchas personas tienen vivos recuerdos de las enormes nubes negras que emanaban de la refinería, lo que ha afectado la imagen y credibilidad de la empresa. Cuando Southern empezó sus operaciones en los años 50 contaminó severamente la costa, producto de sus procesos de fundición y la creación de relaves (El Comercio, 12 de abril de 2015).
Vale destacar que la región sur tiene un importante valor estratégico, ya que concentra importantes corredores de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (Iirsa), en particular los ejes interoceánico central y Perú-Brasil-Bolivia, donde tres importantes puertos (Ilo, Marcona y Matarani) ofrecen una rápida salida, a través de la carretera Interoceánica, a la producción agropecuaria e industrial brasileña con destino asiático.


Los trabajos de exploración para la nueva mina Tía María comenzaron en 1994, y en 2007 la Southern (ya en manos del Grupo México) anunció su plan de inversiones. La población desde un principio rechazó el emprendimiento, que supone inversiones de unos mil 400 millones de dólares en la primera fase, pues asume que la minera usará el agua que se utiliza para la agricultura. Desde 2010 la oposición se fue convirtiendo en movimiento permanente.


En 16 de marzo de 2011, la población conoció por el Frente de Defensa del Valle de Tambo un informe de impacto ambiental de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos que aseguraba que la empresa no tenía un estudio hidrogeológico de la zona. La respuesta a la burla fueron masivas manifestaciones de rechazo, en las que hubo tres muertos y 50 heridos. El gobierno rechazó el estudio de impacto de la empresa y el proyecto quedó congelado.


Pero en agosto del 2014 el Ministerio de Energía y Minas aprobó el segundo estudio de impacto ambiental asegurando que se habían subsanado las observaciones. Esa decisión disparó la actual movilización que cuenta con el apoyo de los tres alcaldes del Valle de Tambo que participan activamente en la protesta.


La minera, con sede en México, tiene serios cuestionamientos. El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental multó 14 veces a Southern Copper. En enero de 2015 la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental pidió dos años y medio de pena privativa de la libertad y el pago de una reparación civil de un millón de dólares contra el presidente ejecutivo de Southern Perú, el mexicano Óscar González Rocha, por el delito de contaminación ambiental en el mar de Ilo (https://redaccion.lamula.pe/2015/03/31/5-claves-para-entender-el-conflicto-por-tia-maria/jorgepaucar/).


Al comenzar el paro indefinido el 23 de marzo, el gobierno peruano decidió enviar dos mil policías al valle de Tambo, que ya provocaron un muerto y decenas de heridos. El gerente de Relaciones Institucionales de la Southern Copper, Julio Morriberón, contratado para hacer trabajo de campo con los agricultores, dijo que los opositores son terroristas antimineros. Aunque luego fue desmentido por la empresa, la campaña va a más. Un ex congresista declaró que Marco Arana, quien dirige la ONG antiminera Grufides, es el sucesor del senderista Abimael Guzmán.


Mientras el gobierno rechaza la posibilidad de hacer una consulta ciudadana sobre la minería, los medios afines al oficialismo sostienen que en el valle de Tambo hay una mayoría silenciosa en favor de la mina que está siendo sometida por una minoría. El 26 de abril el diario La República publicó una encuesta nacional, según la cual 51 por ciento de la población opina que los pobladores tienen razón, el proyecto va a contaminar y las acciones que plantea la minera para evitar eso no son suficientes, frente al 32 por ciento que cree a la minera (www.larepublica.pe/26-04-2015/62-cree-que-cateriano-debe-priorizar-plan-de-seguridad).

Tres problemas mayores aparecen ante la resistencia popular.


El primero es que Perú no es cualquier país. Es una pieza estratégica en el control de la región sudamericana, tan importante como Colombia, ahora que el Pentágono no puede contar con Venezuela. Tiene una larga historia de luchas, pero también de masacres y exterminios, incluyendo una guerra con 70 mil muertos en la década de 1990.


Segundo, la minería no es cualquier actividad, sino aquella que ostenta el mayor grado de militarización del modelo extractivo. Perú es, junto con México y Chile, el país que concentra más conflictos mineros, según el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina. Entre los grandes países de la región, son los tres donde el militarismo ha convertido a las comunidades indias, negras y mestizas, rurales y urbanas, en campos donde se impone el estado de excepción permanente.


Tres, aunque la inmensa mayoría del pueblo peruano está en contra del modelo minero, la afirmación del gerente de Southern Copper de que los antimineros son terroristas no es un desliz, sino algo que no deberíamos olvidar: consideran a los de abajo, no sólo a los que resisten, como enemigos a exterminar.

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Un fallo proferido por el Consejo de Estado en septiembre de 2014, y conocido en enero de este año, parece colocar fin a la lucha que los habitantes de Ataco adelantan desde hace más de 20 años. El resultado les da tranquilidad, pero están a la espera de que Mineros S.A. vuelva con más maniobras para adueñarse del oro de Ataco.

Desde 1991 se empezó a hablar del proyecto de Mineros El Dorado que pretendía realizar una explotación aurífera en el río Saldaña, exactamente en el municipio de Ataco (Tolima). Vale la pena aclarar, que artículos de esa fecha afirman que tal proyecto aurífero estaba planeado desde once años atrás.

Esta pretensión fue pregonada resaltando beneficios económicos y sociales para el desarrollo de la región, pero, como muchos de los proyectos de este tipo, no resaltaba que su implementación colocaría en riesgo la vocación agrícola del municipio, además de las consecuencias ambientales.

César Gaviria era el presidente para ese entonces y junto a su ministro de minas y energía –Juan Fernando Rico– defendían el proyecto minero, pues según los cálculos de la empresa generaría 13 millones de pesos anuales para el país.

"La Nación obtendría regalías por 195 millones de pesos. La misma cifra llegaría al municipio de Ataco, mediante los impuestos de explotación. Además, calculan que los ingresos laborales para la gente de la región alcanzarían los 419 millones de pesos anuales y se generarían 200 empleos directos", decía el periódico El Tiempo.

El diario no solo mencionaba esos beneficios, también hablaba sobre el compromiso de ofrecer a los inversionistas el 20 por ciento del capital comprometido en el desarrollo del proyecto. Incluso, Mineros El Dorado, llegó a afirmar que electrificaría los municipios de Ataco y Chaparral.

Pero, a pesar de las virtudes que según unos y otros tenía el proyecto, la comunidad se expreso con un rotundo No. Y es gracias a que ese No se mantuvo firme durante mucho tiempo que el Consejo de Estado evitó por medio de un fallo expedido en septiembre de 2014 la implementación del proyecto.

Sin embargo, esta es una historia de persistencia, en la que por un lado, varios sectores se han unido por un objetivo: defender el ambiente y la calidad de vida de los atacunos. Mientras que por el otro, la empresa Mineros S.A., sigue buscando la manera de apropiarse del oro de la zona.

Primer round: No a la draga

El río Saldaña es reconocido por ser, prácticamente, la columna vertebral del Tolima. Brota en la parte alta de la cordillera central y desemboca en el río Magdalena recorriendo así el 40 por ciento de este departamento. Es la fuente de los acueductos de Coyaima, Ataco y Saldaña que benefician a 55 mil tolimenses. También, suele ser la base de la economía familiar de los atacunos, pues los habitantes del municipio dependen de la minería artesanal, de la pesca, y del agua del caudal para sacar adelante sus cultivos de arroz.

Ante la importancia que representa el río, la comunidad no podía pasar por alto las acciones e intereses de la empresa Mineros El Dorado, y mucho menos después de tener los referentes de lo sucedió en varios municipios antioqueños, sobre el río Nechí. Por el ejemplo, en el caso de El Bagre, donde la misma compañía adelantó proyectos de explotación minera, solo les quedó el "piedredro" y los problemas ambientales.

Por eso, para contener las pretensiones de la empresa minera, los habitantes de Ataco realizaron un paro cívico y, en consecuencia, el 19 de febrero de 1991 el tema se hizo visible en periódicos como El Tiempo. Para ese momento Jorge Ancízar Cabrera, presidente del concejo del municipio era uno de los que lideraba la iniciativa de crear una comisión científica que evaluara los riesgos y daños que podría producir la explotación minera.

La idea era que varios expertos analizaran las consecuencias ambientales, y bajo esos dictámenes, el Ministerio de Minas decidiera si entregar o no la concesión a la empresa solicitante.

Sin embargo, y pese a la oposición ciudadana, en julio de 1994 fue entregada la concesión gracias a que el Ministro de Minas Guido Nule Amín –padre de uno de los tres protagonistas del Carrusel de la Contratación en Bogotá– firmó un acuerdo con Mineros El Dorado, pacto que ignoró "todos los conceptos ambientales negativos del Himat, Cortolima, Inderena, Universidad Nacional, Contraloría Departamental, Fedearroz y 500 científicos ambientales de todo el mundo", decía el diario El Tiempo.

De hecho, en el mes de noviembre de ese año, ya habían iniciado el montaje de la draga, la cual tendría "una capacidad de remoción de 10.000 metros cúbicos diarios y un peso de 3.000 toneladas, con un tonelaje mínimo anual de explotación de 2.500.000 metros cúbicos de material aurífero, equivalente a 440.000 gramos de oro", agregaba el diario.

Esto alertó al Comité prodefensa del río Saldaña –creado por los habitantes de varios sectores del Tolima, con la pretensión de defender al río de la minería a gran escala–, por lo que le expusieron a la entonces Ministra de Ambiente Cecilia López Montaño y al gobernador Ramiro Lozano Neira, todas las razones a tener en cuenta para acabar con el proyecto.

A raíz de dicha reunión, se le ordenó a la empresa realizar un diagnóstico ambiental de alternativas y un estudio de impacto ambiental para socializarlo en una audiencia pública. En el encuentro la misma Ministra enfatizó en que la última decisión la tenía el Ministerio de Ambiente.

En 1997 fue realizada la audiencia. Asistieron cerca de cinco mil personas, según medios de comunicación, pero también asistió el Procurador General Jaime Bernal Cuellar y el viceprocurador Eduardo Montealegre porque las comunidades indígenas lo exigieron.

"Cerca de 47 mil indígenas de la Federación Indígena de Cabildos Autónomos, el Consejo Regional Indígena y la Asociación de Cabildos Indígenas del Tolima, (Acit), están dispuestos a ir hasta el fin para impedir la instalación de la draga [...] El presidente del Comité de Gremios Económicos del Tolima, Leonidas López Herrán, dijo que los 20 gremios y asociaciones del departamento le dejaron en claro al Ministerio que no están de acuerdo", citaba el diario capitalino.

Todos parecían estar en contra, sobre todo por la intervención1 directa que Mineros El Dorado quería realizar en la cuenca, pues las consecuencias ambientales serían más desastrosas.

La draga sedimentaría más el río, impactando cerca de 28 mil hectáreas sembradas con cultivos de arroz, los 45 mil millones de pesos que generaban al año y, de paso, a 50 mil empleos. También afectaría a las 500 familias que viven de la pesca –con los residuos de la sedimentación, lo más probable era la muerte de los peces por el taponamiento de sus vías branquiales–. Y, además, el ecosistema cambiaría junto con la salud del río, incluso, afectaría la producción de leche y de carne.

"Lo anterior sin medir el impacto de la obra en el distrito de riego de Usosaldaña –decía el periódico El Nuevo Día–del que dependen más de 1.700 usuarios", así como del Triángulo del Tolima.

Sin embargo, los representantes de Mineros El Dorado, aseguraban que eso no sucedería, pues disponían de lo último en tecnología minera, y los sedimentos serían transportados hidráulicamente a pozos por fuera del río, sin usar mercurio. Resaltaban, además, que era de vital importancia sacar las ocho toneladas de oro, que estimaban, estarían en 194 hectáreas en las riberas del río Saldaña. Contra tal pretensión también se pronunció la guerrilla, al destruir la maquinaria de la empresa.

El Gobernador fue claro, dijo que no apoyaba el proyecto y que no estaba de acuerdo en poner como objetivo guerrillero el oro de Ataco, pues los únicos afectados serían los habitantes.
Finalmente, el Ministerio de Ambiente tomó la decisión de no otorgarle la licencia ambiental. El "maravilloso" proyecto minero no podía realizarse.

Segundo round: El camaleón y la falta de sostenibilidad

Ante el fallo, Mineros El Dorado no cruzó sus brazos, demandaron al Ministerio de Ambiente por no otorgar la licencia ambiental, y exigieron 11 millones de dólares por el dinero que dejaban de percibir.

Mientras este pleito se tramitaba en el Tribunal Superior de Cundinamarca, para el 2004 otra compañía apareció: Mineros de Antioquia S.A., la cual, quizás de manera oportuna, cambió su denominación por Mineros S.A. Además, modificó su mecanismo para adentrarse en la zona pues, le propuso a la gobernación y a los municipios crear una empresa de categoría mixta para extraer el oro de Ataco.

Lo curioso de la propuesta, que en su momento señaló Ángel María Caballero, presidente del Comité Prodefensa del río Saldaña en el periódico El Nuevo Día, es que Mineros de Antioquia era dueño del 80 por ciento de Mineros El Dorado. Es decir, la "nueva" empresa que pretendía adelantar un proyecto calificado como nocivo para la región, era la dueña de la compañía que demandó al Ministerio de Ambiente. La diferencia en la forma que explotaría el oro radicaba en que la "nueva" empresa utilizaría retroexcavadora, y que ya no sería a cargo de Mineros El Dorado, ni Mineros de Antioquia, sino Mineros S.A.

Este cambio de nombres, parte sustancial de la estrategia camaleón de Mineros S.A, no era lo más preocupante que denunciaba el presidente del Comité Prodefensa del río Saldaña. Caballero dijo que la empresa ayudó con la financiación de la campaña electoral de Jorge García Orejuela, quien para la fecha ya era el gobernador del Tolima, por lo cual creía que él era el que estaba apalancando el proyecto.

Dos años después, el 7 de septiembre de 2006 se conoció el fallo del Tribunal. La empresa demandaba al Ministerio de Ambiente por fallas en procesos, darle mucha trascendencia a la posición negativa de los atacunos y por tener en cuenta la posibilidad de que el proyecto no fuera sostenible.

Para ese momento, el apoderado de la sociedad Mineros S.A., titular de los derechos litigiosos de Mineros El Dorado S.A., argumentaba que el Ministerio se había extralimitado en sus funciones por tener en cuenta la sostenibilidad.

La respuesta fue concreta: para el Tribunal, sí se habían presentado demoras en trámites pero no correspondían a vicios graves y el Ministerio había cumplido con sus funciones pues, aunque mencionaba la sostenibilidad, no hacía alusión exactamente a si los socios ganarían o no dinero, sino a cómo responderían con los daños ambientales que causarían en la zona.

De nuevo, los atacunos ganaron.

Tercer round:
¿Se acabó la pelea?

Mineros S.A. llevaba dos rounds perdidos y cada vez era más factible la posibilidad de perder el proyecto que desde años atrás querían realizar. La única carta que ahora les quedaba era la apelación, la que, en efecto, fue presentada al Consejo de Estado, para que según ellos, les restablecieran los derechos y anularan el fallo proferido por el Tribunal Superior de Cundinamarca.

Tras algunos años de espera, finalmente el 18 de septiembre de 2014 el alto tribunal falló, pero solo hasta el inicio del 2015 fue conocido por los medios de comunicación.

La decisión del Tribunal Superior de Cundinamarca, proferida por la Subdirección A, Sección Primera, fue ratificada. La sentencia decía que no había suficientes argumentos que implicaran la nulidad de lo fallado, por lo cual Mineros S.A, no podía adelantar el pretendido proyecto minero.

Así pues, cierta calma ronda a los atacunos. Después de defender su territorio por más de 20 años, durante los cuales no ahorraron ningún mecanismo de protesta y deliberación colectiva, el Consejo de Estado les confirmó que tenían razón. Pero, como la persistencia no solo es una cualidad de los habitantes sino también de la compañía, crearon otra empresa que está a la espera de una licencia ambiental y de la aprobación por parte de Cortolima de su Plan de Manejo Ambiental.

El nombre de la "nueva" empresa es Mineros de Ataco S.A.S2., constituida en el 2012. Fue creada en el Tolima para la exploración y explotación minera aurífera en Ataco y Chaparral bajo dos contratos de concesión según el último informe financiero de Mineros S.A., con fecha del 2013.

Mineros S.A. no confirma en su página oficial que haya recibido la licencia, y mucho menos menciona los fallos del Consejo de Estado y del Tribunal de Cundinamarca, pero sí alude a la firma de contratos de concesión que realizó el Ministerio de Minas cuando Guido Nule Amín era el jefe de la cartera en 1994.

Así, la pregunta que queda es si esta larga lucha finalmente terminó. Por ahora es claro que los atacunos tienen 10 puntos y que Mineros S.A. está a la espera de la revancha.

No sobra preguntar: ¿bastará con procedimientos jurídicos para contener el ansia insaciable de oro de los leguleyos que están detrás de las empresas mineras, que como la Santísima Trinidad, son un solo ser?

 

1 Minería aluvial: "El material se obtiene excavando los lechos de los ríos y los terrenos adyacentes; después es llevado por encima de un tapiz donde las piedritas se quedan atascadas. Después sigue el mismo procedimiento de amalgamación con mercurio", dice la revista Ideele.

2 Durante el 2008, 2009 y 2010, Ataco fue explotado ilegalmente, curiosamente en dos predios donde Mineros S.A. tenía títulos mineros. Incluso fue la misma compañía la que los denunció, dice el Nuevo Día

Publicado en Edición 211
Jueves, 26 Febrero 2015 06:06

El triunfo del post extractivismo en 2015

Mientras algunos dirigentes políticos sudamericanos, tanto neoliberales como nacionalistas populares, se empecinan en fomentar las exportaciones primarias e incluso aseguran que para salir del extractivismo hace falta más extractivismo (en opinión del presidente Rafael Correa), se acumulan datos que indican un fracaso económico.


Comprobamos que Brasil registró en 2014 un déficit de 3.930 millones de dólares en su balanza comercial, el primer saldo rojo en 14 años. Mientras las exportaciones alcanzaron 225.101 millones de dólares (7% menos que el año anterior), el monto de las importaciones fue de 229.031 millones. La causa: el menor precio del mineral de hierro y de la soja. Brasil sigue exportando muchísimas más toneladas que las que importa, pero vende barato, "a precio de banana", como se dice en portugués. La reacción irracional de algunos ministros es fomentar más las exportaciones primarias.


En Colombia, entre enero y noviembre de 2014 el déficit comercial alcanzó 4.807 millones de dólares, y eso no va a mejorar, pues los precios del carbón y del petróleo siguen bajos, ya que existe sobreoferta mundial. El valor de las importaciones subió 7,5% en los 11 meses analizados de 2014, a 55.868 millones de dólares, en comparación con el mismo periodo del año previo. En contraste, las exportaciones colombianas totalizaron 51.060 millones de dólares, lo que equivale a una caída de 4,7%.


Hace pocos años se hablaba en América del Sur de la "enfermedad holandesa": crecía la entrada de divisas por el buen precio de las exportaciones. Eso hacía subir el valor de la moneda nacional y perjudicaba la industria frente a importaciones baratas (como había ocurrido en Holanda en su momento, hace décadas, mucho antes del euro, cuando el florín se apreció por la exportación de gas). Ahora no hay enfermedad holandesa, sino depreciación del peso o del real. Hay un "contagio chino". La economía china estornuda y va a estornudar más, y Sudamérica agarra una gripe y hasta una pulmonía.


Perú registró en 2014 el mayor déficit comercial de su historia, debido a la caída de los precios internacionales de los metales, los cuales representan 60% de sus exportaciones. El déficit comercial de Perú el año pasado (2014) se ubicó en 2.555 millones de dólares, mientras en 2013 la cifra era de solamente 40 millones de dólares. Las exportaciones peruanas en 2014 cayeron 9,3%, para ubicarse en 38.252 millones de dólares, mientras sus importaciones sumaron 40.807 millones de dólares, una caída del 3,3%. En Colombia las importaciones aumentaron, pero en Perú ya cayeron.


Sin embargo, Perú, Brasil y Colombia exportan, en toneladas, mucho más de que lo importan, y no consiguen ni pagar sus importaciones. Lo mismo ocurre en Ecuador, que registró en 2014 un déficit en la balanza comercial de 727 millones de dólares por la caída en los ingresos por la venta de petróleo, según ha informado en febrero el banco central. Aquí, en Ecuador, el "contagio chino" se nota de manera particular: un menor ritmo de la economía china disminuye en general la demanda de materias primas y en Ecuador (y otros países sudamericanos) aumentan al mismo tiempo las deudas financieras con los chinos, encubiertas a veces de ventas anticipadas de materias primas.


Muchos daños ambientales y sociales en los lugares de la extracción y transporte de materias primas, mucha contaminación de agua, muchos agrotóxicos que afectan la salud y, sin embargo, esos países no alcanzan ni a pagar las importaciones. Se ha llamado "post extractivistas" a los autores, activistas y algunos ex ministros que, en pleno boom de los precios de las materias primas, alejados de los gobiernos neo-libs o nac-pops, gente como Eduardo Gudynas, Maristella Svampa, Alberto Acosta, Carlos Monge, Edgardo Lander, Raúl Prada Alcoreza, ha advertido de los males sociales, ambientales y económicos de las políticas extractivistas, incluso si han ido unidas a una mayor captura de rentas y a su reparto entre la población. Señalaron que los términos de intercambio eran estructuralmente negativos (en promedio, una tonelada importada ha sido siempre más cara que una tonelada exportada, incluso en pleno boom de precios de materias primas) y que además podía llegar un ciclo de baja de las materias primas. Apoyaron los cientos de protestas sociales del ecologismo popular. Se llamaron "post extractivistas". Su hora está llegando.

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Hidroarma, el nuevo proyecto energético en el que invierte la Gobernación de Antioquia, no ha llegado a acuerdos con los propietarios de los predios donde pretende desarrollar una de sus centrales hidroeléctricas. La comunidad espera que los atropellos cesen. Aquí la historia.

Diego Vanegas es ingeniero avaluador, gerente de Lonja Oriente y el representante de los propietarios de los predios necesarios para construir la central hidroeléctrica Cañaveral. Él, cumpliendo sus funciones, está convertido en el mayor obstáculo para Hidroarma.

El ingeniero Vanegas, por medio de argumentos técnicos y legales, ha demostrado que la empresa quiere pagar cifras que no representan ni la mitad del valor real de los predios que poseen sus 34 dueños y en los cuales tienen sembrados plátano, banano, mandarina, café, y otros frutos.

El desacuerdo radica en la falta de aplicación de la resolución 620/98, expedida por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac), que reúne la metodología necesaria para realizar los avalúos, especialmente, los de los predios que poseen cultivos.

Pese a la existencia de esta resolución, por sobre ella, Hidroarma logró que el Ministerio de Minas y Energía aprobara el Manual de Valores Unitarios, el documento que consigna los avalúos de los predios y que especifica la metodología con la cual se realizaron. En su afán por lograr los predios necesarios para su obra, la empresa desestimó la inexistencia de la firma del representante de los propietarios en el manual, por lo cual y gracias a su aprobación, Hidroarma puede iniciar la expropiación de predios por vía judicial.

Pero este no es el único caso. Según el estudio efectuado por Diego Vanegas, realizar avalúos sin tener en cuenta el decreto 1420/981, ni las resoluciones del Igac, es una costumbre en el país. Proyectos como Hidroituango, Hidrosogamoso, el Quimbo, Porce 3 y Porce 4 no habrían aplicado estas normas, especialmente el decreto 620/98.

Es decir, muchas de las personas que se han visto afectadas por proyectos hidroeléctricos, no han recibido el dinero que merecen por sus propiedades, pese a lo cual los procedimientos han sido aprobados por las entidades del Estado.

 

Hectáreas en disputa

 

Hidroarma, empresa promulgada como "mixta", está conformada por el Instituto para el Desarrollo de Antioquia (Idea), que es propietario del 99,1 por ciento y el Fondo de Empleados del Idea (Feidea), que posee el restante 0,86. Su objetivo actual es sacar adelante dos proyectos hidroeléctricos: Encimadas y Cañaveral.

Estos proyectos serán dos centrales hidroeléctricas a filo de agua en cadena, a 120 km de Medellín. Se harán en la cuenca del río Arma, que es la frontera física entre los departamentos de Antioquia y Caldas y que tiene un área de 1931 Km2.

Los dos proyectos son prometedores, pues juntos producirán 174 megavatios gracias a la riqueza hídrica de la cuenca del río que las hará factibles. Sin embargo, el tema de los predios para Cañaveral no parece tener solución, o al menos, no una solución consensuada.

El proyecto Cañaveral se desarrolla en el departamento de Antioquia, en el municipio de Sonsón. Las obras más importantes se planean realizar en el encuentro de la quebrada Chorreadero con el río Arma, en la vereda Arenilla, hasta la quebrada La violeta en la vereda Llano Grande.

Por esa zona está ubicado el predio 'El Jardín', propiedad del señor Alfonso Jaramillo Orozco y protagonista de la resolución 001 de 2015, la primera expropiación expedida por Hidroarma.

El documento plantea varias razones que supondrían la expropiación. Pero, la cita de una resolución2 expedida por el Ministerio de Minas y Energía, pone en duda la legitimidad de los procesos adelantados por la empresa. Esta es la resolución que aprueba el Manual de Valores Unitarios del proyecto Cañaveral.

Es tan importante la construcción del Manual, que la ley3 establece crear una comisión integrada por tres representantes: uno por la empresa, uno por el Igac, y uno por los propietarios de los predios. Una comisión tripartita que trabaje como un solo cuerpo, para realizar un detenido estudio sobre los predios y sus características y así poder llegar a un acuerdo general para la construcción del documento, que es la base de todo el proceso.

Sin embargo, eso no parece importar, o al menos, no parece tener trascendencia, porque la comisión tripartita no logró, en este caso, un acuerdo y aún así fue aprobado el Manual. El resultado, es la resolución de expropiación expedida por Hidroarma, con lo cual las dos hectáreas del predio 'El Jardín', parecen ser el inicio de una cadena de expropiaciones en el municipio de Sonsón.

 

Más irregularidades

 

En el acta número 9, realizada el 14 de marzo de 2014, el Representante de los propietarios afirma que Hidroarma habría incumplido la ley por haber contratado unos avalúos con la Lonja de Medellín, y por haber iniciado negociaciones con propietarios antes de que la comisión tripartita aprobara el Manual de Valores Unitarios.

El representante de la empresa, Luis Alejandro Gutiérrez, los abogados y el gerente, Saulo Montoya, sostienen que las resoluciones del Igac son referencias y que el decreto 2024 del 82 está por encima de la ley 56 de1981 –ley marco para el sector eléctrico–. Lo anterior fue ratificado con un rebuzno del representante del Igac, Fabio Criollo, desconociendo otra resolución4 que dice: "Para efectos de la Ley 56 de 1981 el perito delegado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi deberá tener en cuenta, en la elaboración del manual de precios unitarios, los criterios previstos en esta resolución para efectos de los avalúos administrativos".

Al parecer, por la falta de claridad en la valoración de los inventarios y la determinación del valor comercial de los predios a través de un avalúo, los propietarios decidieron contratar peritos particulares para realizarlos por su cuenta. Para ese procedimiento le pidieron colaboración a Hidroarma pero, según el acta, la empresa se negó.

Ante eso, se vieron en la necesidad de realizar diferentes actividades para recolectar los recursos necesarios y contratar a los expertos. Pero ahora, la empresa acusa al ingeniero de tener un conflicto de intereses porque los contratos fueron efectuados con peritos de Lonja Oriente, donde él es el gerente. Situación que le ha servido a Hidroarma para atacar sus argumentos.

Por su parte, los propietarios enviaron cartas en las que aseguran que los avalúos particulares fueron su iniciativa y que no tienen relación con el Ingeniero, que no lo conocían cuando lo escogieron en Asamblea General.

Ese es el panorama de las negociaciones, pero no es todo. Para el Representante de los propietarios se estaría incumpliendo con más normas, pues según lo estipulado por la ley5, la comisión tripartita tiene tres funciones, dentro de las que está mediar en los conflictos que se presenten por inventarios y áreas.


En una exposición que presentó en la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco), Vanegas demostró por medio de una carta que se acordó la finalización de la comisión porque consideraron que ya habría terminado con su trabajo. Pero, como es evidente, siguen existiendo grandes desacuerdos.

 

La respuesta del Gobernador

 

Ante la grave situación, los propietarios enviaron cartas al gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo Valderrama. Una de estas, abierta, en el mes de septiembre de 2014, en donde le exponían toda la problemática y le pedían que mediara y que no avanzara en la expropiación. La segunda, en el mes de diciembre, en donde le pedían "[...] encarecidamente que no se aceptara la propuesta del representante de Hidroarma de finalizar la actividad de la Comisión Tripartita, porque aún había muchos reclamos que resolver [...]". Y aclaraban, "[...] solo pedimos se nos aplique la ley en toda su extensión".

El sábado 7 de febrero del presente año, llegó la respuesta a la residencia del Ingeniero Vanegas con la firma de Carlos Andrés Pérez Díaz, quien respondió en nombre del Gobernador, y le explicó de una forma muy diplomática, que no podían hacer nada.

Según la misiva, la empresa de naturaleza "mixta" no se encuentra adscrita a la Gobernación de Antioquia y dice, "[...] la vigilancia o control de su gestión excede nuestras competencias, lo que no hace posible intervenir de manera directa en los procedimientos que adelanta [...]". Por lo cual, remitieron su petición a Hidroarma y a la oficina jurídica del Ministerio de Minas y Energía.

Sin embargo, es claro que el 99,1 por ciento de la empresa es de Idea, y esta es una de las entidades descentralizadas adscritas a la Gobernación. Además, la junta directiva del Instituto está conformada por cinco miembros, y uno de ellos es el Gobernador o un secretario delegado por él. Realmente, con el control total de la empresa, ¿es cierto que no pueden intervenir?

El Ingeniero le respondió al señor Pérez con dichos argumentos, pero también, citó el artículo publicado en El Tiempo titulado "Más de la mitad de la energía del país es paisa" en el que se afirma que la Gobernación ha invertido más de 360 millones de dólares en Hidroarma, por lo cual, es casi imposible pensar que no pueden hacer nada para solucionar los problemas presentados.

La mencionada respuesta oficial, evidencia, sin lugar a dudas, la gran desventaja de los propietarios frente a la empresa y el proyecto en marcha, que en medios de comunicación, es resaltado como logro de la administración del gobernador Sergio Fajardo. Pero también evidencia, la guerra perdida que tienen los pequeños y medianos propietarios de tierra ubicados en áreas de proyectos hidroeléctricos en todo el territorio nacional.

Toca esperar para ver si la persistencia y el conocimiento jurídico, acompañado de la solidaridad ciudadana, vencen al poder económico y político, así como al monopolio energético, que en esta ocasión, está en cabeza de una entidad pública.

 

1 Señala los parámetros para la elaboración de avalúos.
2 Nº. 71 00002 del 7 de abril de 2014.
3 Ley 56 de 1981.
4 1463/93, artículo 27.
5 Ley 56 de 1981.

Publicado en Edición 210

Mientras la presidenta Cristina Fernández firma acuerdos en Pekín, la economía argentina y latinoamericana sigue primarizándose al ritmo de las necesidades del gigante de Oriente, dice este economista argentino Ariel Slipak especializado en las relaciones entre América Latina y China.

 

"Las relaciones con China son una política de Estado", dijo la presidenta Cristina Fernández ante un grupo de empresarios reunidos en el hotel donde se hospeda la comitiva argentina de visita en Beijing. Las relaciones comerciales entre Argentina y China se profundizaron hace diez años, cuando Néstor Kirchner llegó al gobierno.


—¿China es o no una potencia mundial?


—En 2014 China ya se constituyó en el primer productor mundial de manufacturas y el segundo en presupuesto militar, que aunque sea básicamente destinado a salarios, por la cantidad de soldados que tiene, resulta significativo. Con todo eso, además de por sus dimensiones territoriales y población, está presente de manera permanente en el Consejo de Seguridad de la Onu, lo cual le otorga un poder fenomenal en su disputa con las potencias lideradas por Estados Unidos.


—Pero suele presentárselo como país emergente...


—Uno de los argumentos que resultan útiles a la política exterior china es calificarse como país subdesarrollado cuando asiste a algunos foros internacionales, o como una gran economía en expansión cuando lo hace en otros junto a grandes potencias. Sin embargo, como ya es primer productor mundial de manufacturas, es al mismo tiempo una potencia industrial y por ende el principal emisor de gases de efecto invernadero, es decir, sus emisiones de anhídrido carbónico complican la supervivencia del planeta. Por eso mismo, en la última reunión mundial sobre cambio climático se dio el lujo de votar en contra de una moción para reducir esa emisión de gases y reclamó que lo hagan las potencias desarrolladas, porque China se considera un país subdesarrollado. Esas picardías le resultan útiles.


—¿Cuál es la postura china cuando se habla de multilateralismo, teniendo en cuenta su cercanía con América Latina y sus disputas con Washington?


—Cuando se hizo la reunión del G 77 más China en Bolivia, el año pasado, el gobierno de Pekín no envió a ningún representante de primer nivel sino a secretarios y subsecretarios de Estado. Allí, el presidente boliviano, Evo Morales, insistió en que en el documento final del encuentro fuera incluida explícitamente la mención a una nueva construcción del sistema de gobernanza mundial basado en el multilateralismo. China no aceptó esa propuesta y el documento quedó algo más suavizado, con retoques diplomáticos. En realidad a China no le interesa reformular el sistema de relaciones internacionales sino que pretende una reforma del actual esquema para tener mayor participación junto a sus aliados circunstanciales, desplazando a Estados Unidos.


—¿Cuál es el modelo de organización que China propone para un nuevo orden mundial?


—China habla de los cinco principios de cohabitación, que la diferencian, por ejemplo, del imperialismo estadounidense: coexistencia pacífica, respeto por la soberanía y la integridad territorial, no interferencia en asuntos internos de otros países, no agresión e igualdad y beneficio mutuo en la convivencia internacional. Y con ese esquema se mueve en América Latina. Pero cuando en 2008 publicó el Libro blanco sobre sus relaciones con América Latina dejó todo claro en un párrafo. "China y la región son complementarias", dice el documento. La fuerza económica que representa China obliga a los países con los que comercia a reorientar sus factores de producción y ponerlos al servicio de lo que reclama el mercado chino.


—Las balanzas comerciales de los últimos cinco años, por lo menos, indican que las economías latinoamericanas se reprimarizaron en su comercio con China.


—Sí. Esa complementariedad en las intenciones apunta al comercio. Y ahí se solidifican las asimetrías entre China y los países latinoamericanos, especialmente porque todos los países deciden habilitar tratados bilaterales y no regionales, con lo cual pierden fuerza a la hora de negociar frente a un gigante. Es cierto que la relación entre el Mercosur, como bloque económico y comercial, y China es compleja, especialmente porque Paraguay reconoce a Taiwán como país y China mantiene a su vez el reclamo de su soberanía. Esto no sólo va en contra de uno de los cinco principios chinos sino que complica también la relación con los socios locales de Asunción. Esa forma de ejercer el comercio lleva a generar flujos de inversión desde China hacia nuestros países que apuntan a la producción primaria, por un lado, y desde hace poco también a las inversiones financieras, que van a empezar a influir también en esas relaciones bilaterales en breve.


—¿Eso no distorsiona la relación entre las economías latinoamericanas?


—Efectivamente, esa reprimarización de las economías nacionales latinoamericanas y la intervención bilateral de acuerdos con China también traen problemas de comercio interregionales. Por ejemplo, Argentina y Brasil perdieron mercado en Uruguay, Paraguay y Chile con el ingreso de China en la región, porque no hay forma de competir con los precios de los productos chinos. No hay que olvidarse de que la base de la asimetría que generan los chinos está en la capacidad de influir en las balanzas comerciales de nuestros países.


—¿Cuál es la situación de América Latina hoy frente a Europa, Estados Unidos y China?


—China desplazó a Estados Unidos y a Europa de la relación con el Cono Sur en materia comercial. Uno podría decir claramente que estamos pasando del Consenso de Washington al de Pekín. En especial por esa cuestión de los cinco principios chinos que mencionamos antes. Con esa idea de cooperación y horizontalidad declamada por China, la relación se vuelve más fuerte y teñida de una igualdad que no existe en lo fáctico.


—¿Se puede hablar de nuevo imperialismo chino a partir de este avance comercial fulminante en la región?


—No se puede hablar de un imperialismo en el sentido tradicional y moderno del término, incluyendo la cuestión militar, porque no está entre los cinco principios chinos, y porque todavía no es una potencia como Estados Unidos. Washington tiene 12 o 13 portaviones y Pekín uno solo, para que se entienda el concepto. Pero indudablemente la penetración comercial en todo el mundo, especialmente en nuestra región, la hace portadora de una nueva forma de imperialismo con la conquista de mercados internacionales y generando dependencias de diferentes economías. Pensemos que mientras Argentina dice que la relación con China es una política de Estado, las ventas chinas a nuestro país representan el 0,5 por ciento de su comercio, es decir nada. No hay, claramente, relaciones de beneficio mutuo sino de nueva dependencia.


—¿Por qué cree que los gobiernos progresistas ponen tanta expectativa en las relaciones con China?


—No se entiende por qué nuestros gobernantes presuntamente de centroizquierda o nacionales y populares asignan tanta importancia al comercio con China, porque realmente están hipotecando el futuro de la riqueza regional. Por ejemplo, el gobierno de Cristina Fernández logró una inversión desde China para rehabilitar el ferrocarril de carga Belgrano, pero fue hecha con tecnología china por empresas chinas y probablemente para usufructo de nuevas inversiones chinas. No hubo transferencia de conocimiento. Recién ahora, cuando se está negociando la construcción de dos represas hidroeléctricas, la Jorge Cepernic y la Néstor Kirchner, el gobierno está tratando de que sea con un porcentaje de técnicos argentinos y el ingreso de un porcentaje de empresas argentinas a la construcción. Ni siquiera estas obras de infraestructura aportan fuentes de trabajo significativas para el país.

Publicado en Internacional
Domingo, 11 Enero 2015 06:19

El aterrizaje de las materias primas

Una noche de mayo de 2011, unos ladrones entraron en el estudio del escultor Juan Ripollés en Burriana (Castellón). Su objetivo, tres manos y un brazo de la estatua en homenaje al entonces presidente de la diputación provincial, Carlos Fabra; en concreto, las 2,5 toneladas de cobre con la que estaban hechas. En enero de ese mismo año, un tren de alta velocidad que hacía la ruta entre Amsterdam y Düsseldorf descarriló tras golpear con un mercancías; la causa, un fallo de señales tras el robo de 300 metros de cable. Por todo el mundo desarrollado se desató una fiebre por el cobre; y el motivo era un mercado hambriento por el metal como nunca antes.


Y el hambre no era solo de cobre. Entre 2000 y 2012, el mercado de las materias primas vivió una expansión sin precedentes. Al contrario que en otros ciclos alcistas, este boom de las mercancías básicas (commodities, en inglés) se extendió por prácticamente todos los productos y todas las categorías. De la bauxita al caucho, del azúcar al zinc, el índice de precios de las materias primas no energéticas del Banco Mundial creció un 64% entre 1997 y 2011. La cotización de los fertilizantes se multiplicó por 2,9; la energía, por 3,7, y el índice de metales preciosos se cuadruplicó. La tonelada de cobre pasó de 2.061 dólares en 2001 a 8.103 en 2011.

El boom se ha terminado. Desde 2011, el precio del cobre ha caído más de un 28%. Y no es el único: el mineral de hierro desembarcado en el puerto chino de Qingdao se vende a un 63% menos que hace cuatro años; el carbón para metalurgia, a un precio 78% menor; la potasa —utilizada en fertilizantes— ha pasado de 483 dólares la tonelada en 2012 a menos de 290 hoy.


Y aún queda. "Puede que el precio de las materias primas se mantenga débil durante todo 2015", señala el último Panorama de los Mercados de Materias Primas, una publicación trimestral del Banco Mundial. "Hemos vivido un superciclo", apunta Daniel Briesemann, analista de materias primas de Commerzbank, "y estamos en un momento de corrección".
El informe es de octubre, antes de que la Organización de Productores y Exportadores de Petróleo (OPEP) decidiese mantener los niveles de extracción, lo que desencadenó una caída precipitada de los precios del petróleo crudo, ya bajo presión por el enorme crecimiento de la oferta gracias a las explotaciones por fracturación hidráulica y el aumento de la eficiencia energética.

Para Ole Hansen, jefe de estrategias de materias primas en el danés Saxo Bank, la caída de más del 40% de la cotización del barril Brent desde octubre no hace más que poner al petróleo en línea con el resto de materias primas. "Las guerras en Oriente Próximo y las primaveras árabes generaron una inestabilidad en el suministro que se ha mantenido prácticamente hasta ahora", considera. "Recordemos que el año pasado tuvimos la mayor interrupción de suministro desde la primera Guerra del Golfo".


¿De dónde salió el boom? Fundamentalmente, por una combinación de, por un lado, la expansión económica de los países emergentes, y por el otro, la combinación entre el alza del precio del petróleo y la caída de la cotización del dólar, en ambos casos por factores geopolíticos.

"Toda la revolución industrial en China ha desatado un apetito sin precedentes por materias primas", apunta Hansen. El extraordinario crecimiento económico del país asiático, cuyo PIB ha aumentado a una media del 10% anual desde 1979, fue gracias al crecimiento de una industria básica alimentada por las commodities. De pronto, China necesitaba de todo, y el mercado le tomó la palabra. "Ha habido mucha euforia", indica John Baffes, economista senior del grupo de Perspectivas de Desarrollo del Banco Mundial. Y los países productores de mercancías básicas se dispusieron a aprovechar ese filón.

Pero la persistente parálisis en la economía de la eurozona, uno de los principales clientes de los nuevos países industrializados, ha hecho caer la demanda global de productos elaborados y las materias primas que los componen. Ni siquiera la recuperación de EE UU ha sido suficiente para llenar ese vacío en la demanda.

Además, ahora China quiere cambiar el paso. El régimen de Pekín sabe que su modelo de crecimiento basado en la industrialización a toda costa —y sus consecuencias en el medio ambiente y en la calidad de vida de los ciudadanos— cada vez despierta más recelos en la misma clase media que ese modelo ha contribuido a crear. La "nueva normalidad", en palabras del presidente chino Xi Jinping, se basa un crecimiento "más moderado" y "basado no en las materias primas y la inversión sino en la innovación".

¿Hubo quizás exceso de confianza en que el modelo económico chino iba a durar para siempre? "Creo que los datos de China se convirtieron en algo parecido a un somnífero para el mercado", considera Hansen. "La caída de los precios se ha convertido en un toque de atención". El tirón de la locomotora china es tan potente que, sin él, el resto de la economía global no ha podido sostener el megaciclo.


Para Baffes, el alza del petróleo explica la subida de las materias primas agrícolas. "Por un lado, la agricultura es un sector muy intensivo desde un punto de vista energético", apunta. "El coste de producción de los fertilizantes está muy ligado al precio del gas natural. Por otro, el alza del petróleo hizo que muchas commodities alimentarias fueran desviadas a la producción de biocarburantes". Stefan Vogel, jefe de investigación de materias primas agrícolas de Rabobank International, matiza: la evolución del crudo no ha sido un factor tan importante. "El gasóleo de uso agrícola no responde a mucho más que al 2 o 3% de los costes de producción", señala. La pregunta es qué efecto puede tener la caída del precio del crudo en la demanda de las materias primas agrícolas, especialmente en la de oleaginosas como la colza o el ricino.

El ajuste está cayendo sobre el mercado, y, para quien no esté preparado, se avecina doloroso. "El verdadero problema es el frenazo en el precio del petróleo", comenta Baffes. "Hay muchos países sin una buena posición fiscal. La caída de las cotizaciones puede ahogar a los países productores hasta dejarles bastante al descubierto", confirma Hansen. "Sobre todo si no han diversificado sus economías y no han hecho reformas estructurales. Además, su deuda suele estar denominada en dólares, lo que puede agravar el problema si la moneda estadounidense se fortalece".

Aunque los efectos se prevén más dramáticos en países como Rusia o Venezuela, no son exclusivos de los países emergentes. Australia ha tenido que ajustar sus presupuestos para los próximos años a la caída de las cotizaciones del hierro y del carbón de uso metalúrgico.

No solo serán los Estados los que van a sufrir. "Las industrias extractivas son las que, en principio, deben llevarse la peor parte", comenta Briesemann. "Hay que tener en cuenta que una mina tarda entre cinco y diez años en ponerse en marcha". La pregunta es qué va a suceder cuando explotaciones abiertas al calor de la fiebre empiecen a sacar su producción al mercado.


"Las acciones mineras han sufrido un impacto muy fuerte", comenta Hansen. "Lo que vamos a ver es una consolidación del sector; se sacará del mapa a las explotaciones menos productivas y a las empresas más pequeñas. Las grandes corporaciones mineras tienen un colchón financiero más mullido".

Otro tema problemático son los efectos del boom en el entorno. Las consecuencias medioambientales de la expansión de la minería en China o la deforestación en la Amazonía brasileña para ampliar los cultivos de soja aún están por ver.
Pese a la contundencia de los datos, los expertos consideran que la caída de los precios es un ajuste, no una debacle. En un documento de junio de 2014, Otaviano Canuto, exvicepresidente del Banco Mundial, sostiene que los precios de las materias primas siguen históricamente por encima del inicio del ciclo expansivo, y, lo que es más importante: el proceso de urbanización y reducción de la pobreza en los países emergentes no tiene visos de dar marcha atrás. En consecuencia, "el que actualmente muchos mercados emergentes vivan un momento de menor crecimiento no da señales de que vaya a significar un cambio de sentido de la demanda".

John Baffes está de acuerdo. "Pongamos el caso del petróleo. Independientemente de lo que baje, al final del día vamos a tener menos crudo del que teníamos antes", apunta el experto del Banco Mundial. "Eso significa que no volveremos a ver un petróleo a 10 dólares, porque ya no se puede producir a ese precio". Ahora bien, la tecnología seguirá avanzando, por lo que, más que probablemente, tampoco lo vamos a ver a 200 [dólares]". Hansen indica otro factor: "Un menor coste de la energía puede abaratar los costes de extraer materias primas".

El efecto será aún menos visible en las commodities alimentarias. "El agrícola es un mercado muy intervenido, especialmente en la Unión Europea, y los granjeros reaccionan rápido ante los cambios", afirma Stefan Vogel. "Es la población es que mueve la demanda de productos alimenticios. Y no solo es que cada vez hay más gente; es que estamos hablando de comida. Al final del día, a la hora de hacer las cuentas, es lo último que se deja de comprar, y los productos agrícolas cotizados son, precisamente, los alimentos más básicos de todos", recuerda el analista de Rabobank.
También están los cambios en la dieta de los países emergentes. Al calor de los mayores ingresos familiares, alimentos como los cereales y, sobre todo, la carne, han ganado peso en la cesta de la compra de las clases medias de los nuevos países industrializados. "Una vez se encuentra el gusto a una alimentación mejor, es muy difícil dar marcha atrás", considera Ole Hansen, de Saxo Bank.

Para Vogel, ni siquiera el mercado de los biocarburantes va a sufrir en exceso. "Hay que tener en cuenta que en muchos países hay una obligación legal de incorporar un porcentaje de productos de origen agrícola a los carburantes, así que el efecto será menor".

Pero el principal factor que sostendrá la cotización de los productos agrícolas son las incertidumbres de un mundo políticamente convulso y dependiente de una meteorología cambiante. El intermitente conflicto en Ucrania, una de las mayores regiones trigueras del mundo, ha tenido un efecto sobre el precio del cereal.

Y, sobre todo, está la incertidumbre provocada por los potenciales efectos del cambio climático. Según el Instituto de Investigación de Políticas Alimentarias (IFPRI, en sus siglas en inglés) en 2050 el efecto del cambio climático hará subir el precio de la soja hasta un 14,2% con respecto a un escenario en el que el clima se mantenga como está; mientras que la cotización del trigo se duplicará.

Publicado en Economía

Hace poco más de una década, en los albores de los gobiernos progresistas del Cono Sur, medios de izquierda, analistas y dirigentes comenzaron a nombrarlos como gobiernos en disputa. Con dicho aserto pretendían dar cuenta de la heterogénea composición de gabinetes que contenían una doble orientación: progresistas y conservadores amalgamados en un mismo Ejecutivo. Era el modo, se dijo, de asegurar mayorías parlamentarias para asentar la gobernabilidad, sobre todo en el caso de Brasil, donde el Partido de los Trabajadores no alcanzaba siquiera un quinto de la representación parlamentaria.

Han pasado más de 10 años y ya no es posible seguir hablando de gobiernos en disputa. Más que el desgastante paso del tiempo, pesan en la nueva situación las consecuencias de la crisis de 2008 y, de modo muy particular, la ofensiva de Estados Unidos contra el BRICS, centrada por ahora en Rusia con la caída estrepitosa de los precios del petróleo como arma arrojadiza.


Atravesamos un cambio de ciclo, un nuevo clima económico y geopolítico. Si es cierto que 2015 registrará el colapso completo del mundo occidental como lo hemos conocido desde 1945, como pronostica el Laboratorio Europeo de Anticipación Política, vendrá de la mano de un enorme huracán que agitará y hará temblar el planeta entero ( Geab No. 90, 15/12/14). La descomposición del sistema de gobernanza mundial de los precios del petróleo es apenas una de las más desastrosas consecuencias de dicho huracán.

De ello se derivan un par de consecuencias. La primera es que la guerra es una posibilidad real. No ya la guerra de agresión de una gran potencia contra pequeños estados periféricos, como viene sucediendo desde hace largo tiempo (Cuba, Vietnam y Nicaragua durante la guerra fría; Afganistán, Irak y Siria ahora), sino una guerra entre potencias, guerra mundial o guerra nuclear.


La segunda es que la potencia dominante no cederá su lugar sin pelear, y Occidente no dejará que Asia ocupe el lugar que le corresponde sin intentar antes hundir el Titánic, con la vana esperanza de que los pasajeros de primera clase se precipiten al mar después que los de tercera. Las clases dominantes también tienen sus utopías y en los momentos más difíciles suelen reflotarlas.

El mundo camina hacia el caos sistémico, de modo inexorable, y de ese caos puede salir un mundo mejor que el actual. En varias ocasiones hemos mencionado el papel que le cabe a los movimientos, a los pueblos organizados, en este periodo. Es evidente que aún no estamos preparados para enfrentar semejante perspectiva.

Este periodo también es un parteaguas para los gobiernos que han dado en llamarse progresistas, aunque también lo será para los conservadores. La nueva coyuntura está afectando a las economías más importantes. Brasil registra estancamiento general y fuerte retroceso industrial, agravado por el hundimiento del valor de mercado de Petrobras, la empresa más importante del país, cuyo desgobierno estratégico amenaza con arrastrar los proyectos de largo plazo del país. Es cierto que no todo lo que sucede con la empresa es responsabilidad del gobierno, pero la gestión de Dilma Rousseff no atina a resolver la situación.

En Argentina el contexto global lleva a una caída de 3 por ciento de la actividad económica, la destrucción de puestos de trabajo y un deterioro del poder adquisitivo de los salarios del orden de 10 por ciento, según el economista y diputado Claudio Lozano ( Sinpermiso, 4/1/15). Según Lozano, pese a los esfuerzos del gobierno el año pasado se cerró con un millón y medio más de pobres y medio millón más de indigentes.

Es evidente que las cosas no van a mejorar en lo inmediato. Estamos ante un momento crucial, de virajes, en el que se imponen cambios estructurales, un golpe de timón contra el capital financiero que es responsable de las dificultades mencionadas. Por eso llama la atención el nuevo gabinete que Rousseff estrenó el primero de enero. Dos de los cargos claves son una pesadilla. Joaquim Levy en Hacienda y Katia Abreu en Agricultura.


Levy es un economista neoliberal con larga experiencia en instituciones financieras internacionales y privadas, fue director del Bradesco Asset Management, de 1992 a 1999 trabajó en el Fondo Monetario Internacional y de 1999 a 2000 fue economista visitante del Banco Central Europeo. Su prioridad es un ajuste fiscal y la reducción de la inflación.


La ministra Abreu es la principal defensora del agronegocio en Brasil. Dirigió la Confederación Nacional de Agricultura, que agrupa a un millón de productores rurales. Para el Movimiento Sin Tierra, su nominación es una señal clara y explícita de que en este nuevo mandato los pueblos indígenas, comunidades afros y los sin tierra continuarán siendo tratados como trabas para el desarrollo que deben ser superadas para retomar el crecimiento (MST, 29/12/14).

El ministro de Deporte, pastor George Hilton, fue detenido con 11 maletas con dinero en un taxi aéreo, y ya cosechó el rechazo de buena parte de los deportistas. Gilberto Kassab, ministro de Ciudades, finalizó su mandato en São Paulo con la peor evaluación en décadas. Cid Gomes, ministro de Educación, del Partido Republicano del Orden Social (PROS), saltó a la fama cuando era gobernador de Pará, al declarar a los profesores en huelga que el que quiera mejor salario se vaya a la educación privada ( IG, 28/8/11).


Hay más. Eliseu Padilha, ministro de Aviación Civil, fue acusado por desvío de dinero de la merienda escolar; Edinho Araújo, de Puertos, tuvo sus derechos políticos suspendidos por inmoralidad administrativa durante su gestión en un municipio de São Paulo.

Se dice que son opciones forzadas por la correlación de fuerzas. Un argumento que vale para todo, menos para la ética y la coherencia. Habrá conflictos en Brasil en los próximos años. Los que siguen hablando de gobierno en disputa dirán que los manifestantes le hacen el juego a la derecha. ¿Qué derecha?

Publicado en Economía
Miércoles, 10 Diciembre 2014 08:40

Asesinato de un ecologista en la cumbre del clima

En las cumbres del clima que organizan los grandes gobiernos nunca se arregla el clima, pero para solaz del populacho casi siempre aparece algún cadáver indígena y amazónico. No hay nada como el asesinato de un indígena para despertar de su bostezo a presidentes, ministros, petroleros y gasistas cuando se aburren en las cumbres del clima. Pero no se despiertan. Como no se despierta José Isidro Tendentza, 47 años, que fue hallado muerto a orillas del río Chuchumbletza, en la provincia de Chinchipe, sur de Ecuador, frontera con Perú, el 3 de diciembre. El cadáver de José Isidro Tendentza estaba semienterrado y tenía los pies, el cuello y las manos atados con una cuerda azul. José Isidro Tendentza se dirigía a Lima. Y no por turismo. En Lima se celebra estos días una cumbre internacional sobre cambio climático organizada por la ONU. Y en la alternativa Cumbre de los Pueblos, el indígena shuar José Isidro Tendentza iba a presentar una denuncia contra la compañía minera Ecuacorriente ante el Tribunal de los Derechos de la Naturaleza. Quizá la denuncia de José Isidro también se encontró a orilla del río Chuchumbletza atada con una cuerda azul, que es el color de la bandera de la ONU.


Ayer, el centro de noticias de la ONU nos informaba de cómo va la cumbre del clima: "El secretario general de la ONU requirió a los Estados parte de la Convención del Cambio Climático (COP20) a arribar a un borrador equilibrado, bien estructurado y coherente que sirva de base sólida para las negociaciones con miras a un acuerdo sobre el tema el próximo año en París. Ban Ki-moon asistió hoy al segmento de alto nivel de la Conferencia sobre Cambio Climático que se lleva a cabo en Lima, Perú".


Ni una palabra sobre José Isidro Tendentza, 47 años, hallado muerto a orillas del río Chuchumbletza en la provincia de Chinchipe, sur de Ecuador, frontera con Perú, el 3 de diciembre.


Post en la página de Greenpeace de la activista Tatiana Nuño al llegar el lunes a Lima: "No os podéis imaginar cuál ha sido mi cara, cuando apenas una hora después de aterrizar en Lima, donde he venido para asistir a la cumbre de cambio climático de Naciones Unidas (COP), me entero de que la empresa petrolera Shell, organiza hoy lunes un evento dentro de la misma titulado algo así como: ¿Por qué desinvertir en combustibles fósiles, cuando un futuro de bajas emisiones de las energía fósiles es ya una realidad?".
Razones que Greenpeace alegaba en enero de 2013 contra Shell, esa deliciosa empresa que anteayer nos ilustró sobre ecología en Lima de manos de la ONU:


1. Shell no tiene ni idea de cuánto cuesta una marea negra y la limpieza del vertido. En marzo de 2012, el coordinador de emergencias de Shell en el Ártico, Peter Velez, admitió que Shell no había evaluado los costes de limpieza de un vertido en el Ártico. Los accionistas de esta empresa quedan por tanto, expuestos a enormes pérdidas financieras


2. La gabarra de Shell, el Arctic Challenger, no ha sido evaluada como "segura" por el gobierno de los EEUU, según los estándares de la Guardia Costera norteamericana. Este barco, el Arctic Challenger tiene 36 años y no podría soportar los temporales extremos del Ártico.

3. La Guardia Costera no confía en los dispersantes que Shell podría utilizar en el caso de un derrame de petróleo. En una entrevista el comandante de la Guardia Costera de los EE.UU. expresó sus dudas sobre el impacto de dispersantes en Alaska en caso de un derrame de petróleo, diciendo: "No estoy seguro de cómo se comportarán los dispersantes en las frías aguas de Alaska". Shell ha incluido el uso de dispersantes como una parte importante de su plan de respuesta a derrames de petróleo en el Ártico.


4. El buque de perforación de Shell encalló en Alaska hace pocos meses. El 15 de julio un barco de Shell de perforación, el Discoverer Noble, encalló en un puerto relativamente protegido y tranquilo de Alaska. Tanto el Discoverer Noble como el Kulluk son plataformas viejas y oxidadas y no la flota puntera de la que Shell se jacta. El Dicoverer fue construido en 1966.


5. Los buques de perforación de Shell se incendian. Como así ha ocurrdo con el Discoverer Noble.


6. El sistema que debe tapar un posible vertido de las plataformas de Shell ha fallado durante la fase de pruebas. En diciembre se reveló que ante un posible derrame de petróleo de Shell, el sistema de contención que supuestamente van a tener en el Ártico, no pudo aguantar ni siquiera la fase de pruebas.


7. El vicepresidente de la rama de Shell en Alaska ha admitido que "habrá derrames de petróleo".


8. El 31 de diciembre de 2012, la plataforma petrolera, la Kulluk, encalló frente a la costa de Alaska mientras era remolcada de vuelta al puerto de Seattle. Iba a ser una operación normal. Shell iba a transportar la plataforma de perforación Kulluk a puerto después de una malísima temporada de extracción en verano. Pero ocurrió: la plataforma acabó encallando frente a la isla de Sitkalidak, cerca de Kodiak, en Alaska.


Pero nos queda la esperanza: "El secretario general de la ONU requirió a los Estados parte de la Convención del Cambio Climático (COP20) a arribar a un borrador equilibrado, bien estructurado y coherente que sirva de base sólida para las negociaciones con miras a un acuerdo sobre el tema el próximo año en París".


Estas declaraciones tan concretas y urgentes me dejan enormemente tranquilo.


No digamos ni una palabra más sobre José Isidro Tendentza, 47 años, hallado muerto a orillas del río Chuchumbletza en la provincia de Chinchipe, sur de Ecuador, frontera con Perú, el 3 de diciembre.


José Isidro Tendentza iba a hablar contra esta gente, pero esta gente ya ha hablado.

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