Tres puntos, es decir, alrededor de tres millones de votos, aseguraron a Dilma Rousseff, del Partido de los Trabajadores (PT), el derecho a permanecer cuatro años más como presidenta de Brasil, mayor población y mayor economía de América Latina, y una de las ocho mayores del mundo.

Es el resultado más apretado logrado por el PT desde la elección de Luiz Inacio Lula da Silva en 2002. La candidata petista obtuvo 54 millones 500 mil 287 votos, que equivalen a 51.64 por ciento, frente a los 51 millones 41 mil 146 sufragios, 48.36 por ciento, que cosechó su rival Aécio Neves, del Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB).


No obstante, es suficiente para asegurar al PT el derecho –decidido de forma soberana por las urnas– a cumplir 16 años en la presidencia de Brasil.
Alrededor de las nueve de la noche, horario de Río, el país se enfrentó a un retrato claro e indiscutible: estuvo definitivamente dividido en dos a raíz de las elecciones de este año. Y dividido no sólo geográfica, sino también socialmente. Las regiones más pobres del país votaron masivamente por Dilma Rousseff. Las más ricas y desarrolladas, por el neoliberal Aécio Neves.


Y así, la petista tendrá, no sólo de enero en adelante (cuando empieza su segundo mandato consecutivo), sino a partir de hoy mismo, que empezar a armar un nuevo gobierno, que enfrentará un cuadro complejo y difícil. Para complicar aún más el escenario, el nuevo Congreso tendrá mayoría conservadora, especialmente en la Cámara de Diputados, lo que seguramente dificultará las negociaciones entre Ejecutivo y Legislativo.


Es verdad que la alianza del PT mantuvo la mayoría en el Congreso, tanto en Diputados como en el Senado. Pero igualmente es verdad que el mayor de los partidos aliados, el PMDB, se confirmó en estas elecciones mucho más como una federación de intereses personales y, en el mejor de los casos, regionales, que como partido con una línea política e ideológica consistente. A ejemplo del país, el PMDB se dividió en la campaña: mitad apoyó a Aécio, mitad a Dilma. Ahora, habrá que ver cuál será el precio pedido por el PMDB para mantenerse como aliado o pasarse a la oposición.


Más allá del espectro político, hay otro punto a ser observado: el abstencionismo rompió marcas históricas. Eso, de acuerdo con analistas independientes, revela un gran desencanto de parte importante del electorado con relación a la política, a los partidos, a los políticos y, claro, al gobierno nacional.


Rousseff ganó la mitad y poco más del electorado reafirmó su confianza en el proyecto de país llevado adelante por el PT, desde Lula da Silva (2003-2010) y ahora con la mandataria relecta. Pero lo que hay en el horizonte es un escenario confuso. El cuadro económico es difícil, hay que reconquistar la confianza de inversionistas, organizar las cuentas públicas sin que el ajuste fiscal signifique sacrificar programas que contribuyeron, de manera decisiva, para cambiar el mapa social brasileño.


Además, mientras no se cambie el sistema político, las alianzas significan un precio altísimo a cambio de la tan mencionada gobernabilidad. No hay prácticamente ningún punto de coincidencia programática e ideológica entre Rousseff, el PT y los aliados, de la misma forma que dentro de su mismo partido la presidenta relecta enfrenta diferencias significativas. Dilma tuvo sus orígenes en la militancia armada contra la dictadura. Recuperada la democracia, fue militante del PDT de Leonal Brizola, en su época uno de los mayores líderes de la izquierda brasileña. Entró al PT hace 14 años, y, contrariando expectativas de corrientes poderosas del partido, fue impulsada por Lula da Silva para sucederlo. Su primer gobierno ha sido difícil, muchas veces confuso, especialmente por su errática política económica, pero logró mantener, e incluso ampliar, los programas sociales implantados por Lula.


Son muchos los desafíos que enfrentará en su nuevo gobierno, y ahora con una novedad: una oposición dura, firme, sólida y agresiva. Porque la verdad es que ni Lula ni ella enfrentaron en el ámbito de la política una oposición verdadera y contundente.


Lo que enfrentaron ha sido una oposición diseñada y llevada a cabo por los grandes conglomerados de comunicación, dispuestos a cualquier desvío y desprecio por los hechos con tal de fustigar, de manera inclemente, al gobierno. Ahora, Roussef tendrá que hacer frente a otra oposición: la parlamentaria. El mismo PSDB, de Aécio Neves, eligió para el Senado un equipo altamente capacitado para hacer de la vida de cualquier gobernante un infierno. En la Cámara de Diputados, un detalle será preocupante para el nuevo mandato de Rousseff: la votación formidable lograda por políticos radicalmente conservadores. Basta con ver que, en Sao Paulo, el diputado nacional más votado es un presentador de televisión dispuesto a cualquier cosa con tal de oponerse al aborto, al derecho de las minorías y a cualquier cosa que huela a progreso. En Río, el más votado ha sido un militar retirado que defiende la dictadura y dice que prefiere tener un hijo muerto que un hijo homosexual.


Ayer por la noche, en su discurso como presidenta relecta, Dilma Rousseff mencionó una serie de compromisos. El principal: una reforma política de fondo, precisamente para que en el futuro ningún mandatario tenga que someterse a lo que ella se sometió en su primer mandato y seguramente seguirá enfrentando en el segundo.


Luego de una campaña extremamente agresiva entre ambas partes, convocó al diálogo. Admitió que es larga y ardua la tarea que le espera. Aseguró que se mantendrán los programas de inclusión social llevados a cabo desde el gobierno de su antecesor, Lula da Silva.


En su discurso admitió que hoy se siente mucho más fuerte, más madura y más serena para enfrentar los desafíos, que son muchos.
Ha sido una campaña difícil, dura, agresiva. El discurso de Dilma Rousseff ha sido emotivo, sincero, de compromiso.


Ahora, a ver qué logra. A ver qué le dejan hacer. Si dependiera solamente de Dilma y de su generación, seguramente sería mucho.

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Martes, 21 Octubre 2014 10:08

La nueva coyuntura conservadora

Brasil es históricamente elitista. Un país que abolió la esclavitud en 1888, continúa luchando por desmontar el acervo simbólico construido para justificar ese sistema de dominación. En 1930, década en la que Getúlio Vargas asume el poder, 80 por ciento de la población vivía por debajo de la línea de pobreza. En 2003, cuando Lula llega a la presidencia, el 50 por ciento aún se encontraba en esa condición. Para gran parte de las elites brasileñas, integrar material y simbólicamente a este conjunto de personas no fue una prioridad. Esto se refleja desde la institucionalidad hasta en las ciudades, que se destacan por sus contrastes entre la pobreza y la riqueza más obscenas. Para gran parte de la población brasileña la política fue algo inalcanzable, un espacio en el cual no está claro cómo intervenir, un ámbito distante, ajeno. Para amplios sectores esto fue así hasta la asunción de Lula.

 

En mayor o menor medida los distintos gobiernos progresistas de América del Sur han reivindicado la política como el ámbito en el cual se construyen los acuerdos sobre los cuales regirse como sociedad. Es decir, la política debe ser el espacio por excelencia donde se deben gestionar los conflictos y construir los consensos que posibiliten normativizar las relaciones sociales. La democratización de la política en los gobiernos posneoliberales ha procurado reconocer una pluralidad de actores legítimos que intervengan en la toma de decisiones. A las tradicionales alianzas entre partidos de derecha y sectores empresariales y rurales se han incorporado, junto con los partidos de izquierda, los sindicatos y movimientos sociales de diversa índole.


Los gobiernos del PT han mejorado la calidad de vida de millones de brasileños, principalmente a través de un conjunto de políticas sociales y de un incremento real del salario mínimo. No obstante, los avances en la democratización han sido sumamente limitados: la política continúa siendo dominio exclusivo de las elites. Más allá de las elecciones presidenciales y legislativas, no se han desarrollado canales institucionales para que los diferentes sectores de la sociedad puedan incidir en el funcionamiento de los distintos niveles estatales. Tampoco existen mecanismos de democracia directa: la sociedad civil organizada no tiene derecho a convocar por sí misma un plebiscito sin la aprobación del Poder Legislativo. Los partidos no parecen permeables a las demandas explicitadas en la esfera pública, ni siquiera frente a las masivas movilizaciones de junio del año pasado.

 

EL AÑO 13

 

Las manifestaciones de 2013 –con una amplia convocatoria en Rio de Janeiro y San Pablo– instauraron un conflicto en la sociedad brasileña a través de la discusión sobre las responsabilidades y los posibles caminos para mejorar un amplio abanico de servicios públicos, tales como transporte, educación, salud, entre otros. La izquierda –desbordada– se fragmentó en sus posiciones y en las estrategias a seguir, perdiendo poder a la hora de establecer el significado de las movilizaciones. La conversión de los reclamos populares en demandas políticas estructuradas tampoco pudo concretarse. La derecha y los medios de comunicación hegemónicos inicialmente procuraron ignorar las movilizaciones, hasta que la magnitud de las mismas tornó imposible esta estrategia. El politólogo João Feres, responsable del observatorio de medios de comunicación y política, data este cambio en el 23 de junio de 2013, cuando la cadena O Globo le atribuye al gobierno federal la responsabilidad de las mismas. En primer lugar, según este medio, el caso de corrupción denominado mensalão fue el motivo principal por los cuales las personas se manifestaban. En segundo lugar aparecía la inflación y la situación económica y, por último, el transporte público, la salud y la educación "padrão Fifa". Sin embargo, una de las demandas constantes que O Globo sistemáticamente omitió mencionar fue la democratización de los medios de comunicación masiva. Esta demanda se fue consolidando a lo largo de las movilizaciones en la medida que era cada vez mayor la distancia entre lo expresado por estos medios y las proclamas predominantes en las calles y su foco político a nivel estadual –a manos del Psdb en San Pablo y el Pmdb en Rio de Janeiro.


El incremento de la violencia, los conflictos entre los black blocs y la policía militar no sólo contribuyeron a despoblar las calles y a subdividir aun más a la izquierda, sino que también ayudaron a deslegitimar el sentido de las manifestaciones. Un accidente con unos fuegos artificiales le costó la vida a un camarógrafo de la Band, y se convirtió en un punto de inflexión en este proceso: los manifestantes dejaron de ser sujetos preocupados por los destinos del país para ser considerados como sospechosos. Se trasladó el énfasis de sus denuncias hacia los trastornos que generaban en la ciudad y la supuesta amenaza sobre las rutinas de las personas. La represión se incrementó y, a diferencia de lo sucedido con los manifestantes del Movimiento Passe Livre –desencadenante de las manifestaciones–, aquí fue aceptada, e incluso celebrada por algunos sectores. La máxima expresión de la transformación en el significado de las manifestaciones se dio hacia el final de la Copa del Mundo, cuando la policía acusó a 19 militantes del delito de "organización de cuadrilla armada", y a varios sindicalistas y a una profesora de la Uerj de financiar esta supuesta organización. Según la Orden de Abogados de Brasil, la policía considera como elementos probatorios los artículos encontrados en los allanamientos realizados en las casas de los detenidos: máscaras de protección contra el gas, diarios, libros, una bandera del Movimiento Estudiantil Popular Revolucionario y un arma calibre 38, que pertenecía al padre de uno de los detenidos, cuyo permiso de porte de armas se encontraba vencido. La supuesta financiación por parte de los sindicatos consistió en la distribución de alimentos durante las movilizaciones. La profesora, por su parte, contribuyó con estos delitos reservando un aula para la realización de una reunión. La abogada defensora de algunos de los detenidos también fue acusada de integrar esta cuadrilla, por lo que solicitó asilo político al gobierno uruguayo, el cual se lo negó. De este modo, no sólo se criminalizó la protesta social, sino que, además, se disciplinó a todos aquellos que contribuyeron, de algún modo, con las manifestaciones.


Pocas semanas después, los edificios abandonados en el centro de San Pablo que fueron ocupados durante las manifestaciones –con el objetivo de resolver un problema concreto de vivienda, y de denunciar el déficit habitacional que azota al país– fueron desalojados. Las crudas imágenes que circularon, que mostraron a niños y familias violentamente desalojadas por la policía militar, no generaron conmoción pública. Tampoco lo hizo el desalojo de un predio abandonado por una empresa pública privatizada en la década de 1990, en el marco del cual dos bebés murieron a causa de la cantidad de gas lacrimógeno utilizado. La sospecha permanente ante las movilizaciones sociales se restableció, y el tradicional conservadurismo político del país recuperó terreno en el imaginario simbólico de los brasileños, en el que, nuevamente, estructura y coyuntura se retroalimentan.


CONGRESO

 

Este escenario se plasmó en los resultados de las elecciones pasadas, principalmente en la composición del Poder Legislativo federal. Entre los diputados federales disminuyeron aquellos relacionados al sindicalismo y las políticas sociales (46 en 86), frente a un aumento de los vinculados a los militares evangélicos y ruralistas. Al mismo tiempo se incrementó la cantidad de millonarios en el congreso, que componen cerca de la mitad del mismo. Los candidatos más votados en varios estados del país, como Russomano en San Pablo –el más votado en el país, seguido por Tiririca–, Bolsanaro en Rio de Janeiro y Luis Carlos Heinze en Río Grande del Sur, son de extrema derecha, por más que algunos de ellos formen parte de la coalición gobernante. En la bancada evangélica fue reelecto el ex presidente de la comisión de derechos humanos, el pastor evangélico Marco Feliciano, conocido por sus opiniones homofóbicas y su militancia por la criminalización de las religiones de origen afro, sus principales competidores en el mercado religioso. Conjuntamente, existe una mayor fragmentación de los partidos con representación parlamentaria, introduciendo un nuevo nivel de complejidad en la construcción de la agenda política de la próxima administración.


En este marco, temáticas como la legalización del aborto y de las drogas o el casamiento entre personas del mismo sexo difícilmente sean tratadas en el próximo período de gobierno. Un destino similar le espera a otras asignaturas pendientes, como la reforma tributaria y la reforma política que, de llevarse a cabo, seguramente contendrán la impronta de sus redactores. La conformación de este congreso, si bien le permitiría al PT mantener la gobernabilidad, constituye ciertamente una derrota para la izquierda brasileña, que deberá revisar sus estrategias a los efectos de construir una nueva hegemonía cultural.

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Lunes, 20 Octubre 2014 09:22

El "modernizador"

El domingo, en su discurso de asunción Evo Morales agradeció a Fidel Castro, saludó la memoria de Hugo Chávez y apeló a las raíces antimperialistas de su "socialismo comunitario". Pero su modelo se basa sobre todo en políticas neodesarrollistas.


Por tercera vez consecutiva Evo Morales arrasó en las elecciones presidenciales bolivianas. Esta vez obtuvo el 60 por ciento de los votos, y se aseguró el control de los dos tercios del parlamento. Morales consiguió también muy buenos resultados en feudos tradicionales de la oposición, como Santa Cruz. El domingo, en el discurso con que celebró su victoria, Morales agradeció a Fidel Castro, saludó la memoria de Hugo Chávez y apeló a las raíces antimperialistas de su "socialismo comunitario". Pero el modelo que ha venido aplicando tiene sobre todo que ver con políticas neodesarrollistas.


"Con Evo vamos bien", canta, con ritmo cumbiero, el principal eslogan electoral del Movimiento al Socialismo (Mas), que una vez más desde 2005 logra retener la mayoría del voto de los bolivianos. Con las elecciones del 12 de octubre Evo Morales se proyecta en el poder hasta 2020, lo que lo transforma en el presidente con más tiempo en el Palacio Quemado de la historia boliviana. De hecho, lo que estaba en juego en los comicios del 12 de octubre no era el triunfo del Movimiento al Socialismo sino si la cantidad de parlamentarios elegidos le alcanzarían al oficialismo para mantener los dos tercios que tiene hoy y que le permiten votar leyes especiales y, eventualmente, modificar la Constitución (por ejemplo, para permitir una nueva reelección de Morales al final de su tercer mandato). Una bancada inferior a los dos tercios significaría reducir el poder del presidente boliviano que fue llevado al gobierno, hace ocho años, por la traducción en las urnas de una rebelión popular conocida como la "guerra del gas". Entretanto, Evo se ha transformado en una figura central del período, con tonalidades ambivalentes: del "Hartos Evos hay aquí" –título de un documental que enfatizaba que el presidente es uno más entre los campesinos– se ha ido pasando a una serie de textos hagiográficos que hacen hincapié en su carácter de líder "excepcional", y hasta alguien se atrevió a insinuar su dudosa pertenencia a linajes de caudillos anticolonialistas, como Túpac Katari.


ENTRE LA REVOLUCIÓN Y LA PRUDENCIA. La primera etapa de la administración Morales (2006-2009) estuvo marcada por la confrontación entre el gobierno central y la oposición conservadora, atrincherada en la región agroindustrial de Santa Cruz. La segunda fue la de la consolidación de la hegemonía "evista" con posterioridad a la reelección a fines de 2009 con el 64 por ciento de los votos, y una tercera –más reciente–, remite a la cooptación de parte de las viejas elites. En los últimos años el presidente boliviano es regularmente invitado a la Expocruz, feria emblemática de la burguesía cruceña: después de los frustrados planes para poner en pie grupos de autodefensa –que activaron juicios por terrorismo y el autoexilio de ex dirigentes como el rico empresario aceitero Branko Marinkovic–, parte del empresariado cruceño dio un giro pragmático destinado a no arriesgar las posibilidades de ganancia que da el actual boom económico en las arenas movedizas de las conspiraciones de 2008.


Pero los efectos de la estabilidad macroeconómica llegan más lejos. Hoy un economista ultraliberal, como el estadounidense Tyler Cowen, puede escribir en su blog Marginal Revolution un artículo titulado "Por qué soy relativamente optimista sobre Bolivia". Incluso puede avanzar un poco más en una columna titulada "Por qué he apoyado a Evo Morales". El título es una provocación, el economista libertarian comienza reconociendo que "apoyar" es un término exagerado, pero admite que "El gobierno de Evo Morales es muy popular y bastante estable. Tiene una base de poder sólida y duradera, en parte debido a las políticas específicas y en parte por razones simbólicas". Es más, Cowen apunta que "los beneficios de la estabilidad –derivada de la permanencia del villano, por así decirlo– superan los costos (de no seguir una política liberal)". Incluso señala que Bolivia –por su descentralización– no caerá en "una dictadura como Chávez". Un elemento que vuelve "optimista" a Cowen es la "prudencia" fiscal de Evo, sumada al hecho de que "tarde o temprano" Bolivia debía tener un gobierno indígena.


Sin duda a este economista ultraliberal le gusta provocar a su audiencia. Es evidente que Evo Morales combina esa prudencia fiscal con varias nacionalizaciones de empresas y un reposicionamiento del Estado en la economía. Pero no hay que olvidar que el anterior gobierno de izquierda, en 1982, terminó su gestión de manera anticipada en medio de una hiperinflación. Y Morales, desde su triunfo en 2005, buscó evitar un escenario similar. Para ello cuenta con altos precios de las materias primas que exporta Bolivia y una relativamente buena relación con los bancos (hoy más regulados que ayer). Dato adicional: el presidente boliviano conserva desde su primer día en el poder al mismo ministro de Economía, Luis Arce Catacora, un ex técnico del Banco Central que en 2006 desempolvó sus pergaminos de simpatizante socialista de los años ochenta y mantiene en orden la caja: Bolivia tiene reservas internacionales equivalentes al 51 por ciento de su Pbi (es como si Argentina tuviera 300.000 millones de dólares de reservas, cuando hoy no llegan a 30.000 millones).


Nos detuvimos en este economista estadounidense porque los elogios a la estabilidad boliviana, desde el New York Times hasta el Banco Mundial, son algunos de los elementos que explican, en una medida significativa, por qué Evo puede romper el karma de la inestabilidad boliviana y, después de ocho años, tener asegurado el triunfo en las urnas para un tercer mandato. De hecho, "la estabilidad" es una de las consignas del propio Morales en la campaña: hace unos días dijo que el Mas es el único partido que la garantiza.


LA OPOSICIÓN, EN SU LABERINTO. El candidato mejor posicionado era el político, economista y empresario cementero Samuel Doria Medina. La oposición boliviana intentó, pero no pudo, encontrar a su propio Henrique Capriles. Hace un par de años en las reuniones opositoras se hablaba de dos escenarios: uno era el venezolano, donde emergió, aunque perdió, un candidato joven que "centroizquierdizó" –al menos en el discurso– al bloque antichavista y expandió sus fronteras ideológicas. El otro era el ecuatoriano, donde Rafael Correa le ganó con facilidad a una oposición fragmentada. Al final se impuso el segundo escenario. Además de Doria Medina, se lanzó a la carrera el ex presidente Jorge "Tuto" Quiroga, que le disputa a Unidad Democrática los votos por derecha.


Abajo se ubicaba el ex alcalde paceño Juan del Granado, que comenzó proyectando una "oposición progresista" a Morales y terminó enredado en una frustrada alianza con el gobernador autonomista de Santa Cruz, Rubén Costas.


Recientemente, la campaña electoral se centró en una guerra de audios. En uno de ellos Evo Morales reconocía que la publicitada cumbre internacional del G 77 –reunida en Santa Cruz de la Sierra– fue "la mejor campaña" en esa región oriental. Otro audio, de mayor calibre, involucró a Doria Medina: ampliamente publicitada en las redes sociales, en la grabación se escucha al postulante opositor presionando a una empleada de su firma para que llegue a un acuerdo con su esposo y uno de sus operadores partidarios, Jaime Navarro, acusado de violencia de género. Como la mujer no quería acordar, Doria Medina –asumiendo el rol de patrón (de estancia)– la amenazó con enviarla como castigo a trabajar a la alejada localidad de Trinidad. Para peor, los habitantes de esta ciudad amazónica se quejaron de que el candidato presidencial los trata como si estuvieran en una Siberia boliviana.


Esta filtración se sumó a las declaraciones del candidato a senador del Mas por Cochabamba Ziro Zabala, quien causó escándalo al pedir que se enseñe "a las mujeres a comportarse y vestirse" para no ser presas de los agresores, y puso sobre el tapete la violencia de género, uno de los temas pendientes en el proceso de cambio que vive Bolivia.


Pero más allá de estos condimentos a una campaña que se presentó "aburrida", la mayoría de los bolivianos no parece convencida de que la oposición pueda gestionar mejor los puntos débiles del actual gobierno, sin duda muchas veces demasiado entusiasta respecto de medidas con impacto a corto plazo.


LOS PLIEGUES DEL CAMBIO

 

Bolivia está cambiando. Parte de los cambios provienen del largo período democrático iniciado en 1982, y muchos más del actual proceso iniciado en 2006. La estabilidad económica permite cambiar expectativas: por ejemplo, los ahorristas bolivianizaron masivamente los depósitos, porque confían en ganar más en bolivianos (la moneda nacional) que en dólares. La expansión de infraestructuras y servicios al campo (como por ejemplo Internet) busca incluir en la modernidad a una gran parte de la población.


Morales es en esencia un modernizador. Incluso sueña con controversiales proyectos, como la energía nuclear –con fines pacíficos–. Al cambio, no obstante, le falta hoy una pata educativa, ya que las transformaciones en esta área son escasas: los programas de becas estatales recientemente aprobados para que estudiantes bolivianos vayan a hacer sus doctorados a Harvard, Stanford o universidades japonesas no son suficientes frente a la mala calidad de la educación general. No obstante, un proyecto neodesarrollista como el boliviano, que tiene como utopía a Corea del Sur más que a Cuba (Evo no dejó de nombrar en algunos de sus discursos a esa nación asiática que pasó de ser un país agrario a potencia industrial), no puede ser viable sin cambios educativos de envergadura. Cómo usar la bonanza extractiva es, sin duda, parte del debate boliviano actual, pero la oposición no tiene visiones particularmente seductoras, y para muchos bolivianos sus candidatos llevarían al país hacia el pasado.


A menudo expresiones como "socialismo comunitario" llevan a confusión: el del Mas es un proyecto antineoliberal –lo que el vicepresidente, Álvaro García Linera, caracterizara alguna vez como "capitalismo andino-amazónico"–. Las propias bases partidarias están compuestas por pequeños productores urbanos y rurales que no se sienten seducidos por un Estado demasiado intervencionista sobre la propiedad privada.


El contenido de este imaginario neodesarrollista –en un sentido no necesariamente coincidente con el inventor del concepto, el brasileño Luiz Carlos Bresser Pereira– fue definido con gran claridad por el presidente ecuatoriano Rafael Correa, quien recientemente elogió de manera efusiva el modelo de innovación, desarrollo y visión empresarial israelí y criticó a las "izquierdas conservadoras" y a los empresarios adversos al riesgo (la alocución se puede ver en Youtube con el título "Israel debe ser un ejemplo para nosotros" –lo cual no implica un apoyo geopolítico a Tel Aviv–).


Sin duda Bolivia es un país indígena, pero asociar ese dato sociopolítico con comunitarismo a secas es un exceso de wishfulthinking. Los procesos de urbanización –hoy alrededor del 60 por ciento de los bolivianos viven en zonas urbanas– representan un desafío adicional para pensar la indianidad en el siglo XXI. Para muchos indígenas, descolonizar significa estudiar en universidades privadas, visitar los patios de comidas en los nuevos shoppings de la zona sur de La Paz, ocupar cargos parlamentarios y romper los múltiples techos y paredes de cristal que los relegaban a la subalternidad. En efecto, esa vía para salir del "colonialismo interno" parece más popular que una simple vuelta a las cosmovisiones ancestrales. Bolivia se ha indianizado, pero lo indígena es un complejo entramado político, antropológico y simbólico a prueba de simplificaciones fáciles y no menos atractivas acerca de sus supuestas esencias antioccidentales.


Que en el censo de 2012 haya disminuido considerablemente la población indígena respecto a 2001 refleja las vicisitudes de estas identidades tan reales como estratégicas. Lo mismo ocurre con el crecimiento del evangelismo, que es una de las fuentes del conservadurismo –dentro y fuera del Mas– respecto de la expansión de derechos civiles como la despenalización del aborto o el matrimonio igualitario, y tiene entre sus efectos las reconfiguraciones modernizantes de las comunidades indígenas. En este marco, la candidatura a diputado en las listas del oficialismo de Manuel Canelas, primer candidato abiertamente gay, es una pequeña cuña en un ambiente donde la presión conservadora es más fuerte que la capacidad de acción de las débiles aunque más visibles organizaciones Lgbt.


Los discursos sobre el "vivir bien" (que buscan avanzar en un proyecto posdesarrollista apelando a fuentes supuestamente ancestrales) conviven con la enorme popularidad del Rally Dakar; la diversidad étnica con la negación de la diversidad sexual; la autonomía social con la centralización estatal; las críticas al capitalismo con una desconocida expansión del consumo.


En estas tensiones y pliegues transita hoy el cambio en Bolivia. Un país en plena transformación que está dando vuelta una página en una historia llena de injusticias y resistencias heroicas.


Pablo Stefanoni es periodista argentino, jefe de redacción de la revista Nueva Sociedad y ex director de la edición boliviana de Le Monde Diplomatique, colaborador habitual de Brecha. Esta nota fue escrita un par de días antes de las elecciones del domingo.


En Argentina, departamento 20 de Bolivia

Arrasó Evo


Fabián Kovacic desde Buenos Aires


El contundente triunfo de Evo Morales tuvo en la comunidad boliviana de Argentina un fuerte respaldo, según el embajador de Bolivia en Buenos Aires, Liborio Flores Enríquez. A su vez, desde La Paz, el representante argentino Ariel Basteiro ratificó que el 87 por ciento del voto boliviano en Argentina fue para Evo, según sondeos a boca de urna hechos el día de la elección.


Poco menos de 121.300 ciudadanos estaban habilitados para votar en 230 urnas ubicadas en las principales ciudades donde figuran registrados los bolivianos en Argentina. El voto consular fue aprobado por el parlamento del Estado Plurinacional en 2008 con base en la nueva Constitución del país y se puso en práctica por primera vez en 2009. El padrón de bolivianos con posibilidades de votar en el mundo alcanza los 272 mil, residentes en 69 ciudades de 33 países. Argentina es, de lejos, el principal destino de bolivianos en el exterior, con casi el 45 por ciento del total. Una radiografía de esa comunidad en el país indica que la afluencia permanente de hombres y mujeres hacia distintos puntos de Argentina eleva a más de un millón y medio la cifra de residentes en estas tierras. "El principal motivo histórico es el factor económico", señala el cónsul boliviano en Buenos Aires, Ramiro Tapia Sainz. "En los últimos seis años esto se ha revertido por causa de las políticas implementadas desde el gobierno de Evo Morales. A eso hay que sumarle la firma de acuerdos binacionales sobre temas de migración y documentación que se vienen realizando desde 2004 con Argentina. Eso permitió radicaciones de bolivianos aquí para trabajar con todos los papeles en regla y sin perder su condición de ciudadanos bolivianos", destaca el diplomático. "El voto exterior en Argentina representa casi la misma cantidad que los habitantes del departamento de Pando, es decir que puede definir una elección", recordó la semana pasada el embajador.


La comunidad boliviana se concentra en la Capital Federal y el Gran Buenos Aires, el interior de la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Jujuy, Salta, Mendoza, Río Negro, Neuquén y Chubut. Durante la década de 1940 la migración era golondrina y apuntaba a trabajos en la zafra tucumana y jujeña, los pozos petroleros de Salta, Neuquén y Chubut, la recolección de uvas y frutas en general en Mendoza y Río Negro y trabajos de servicios en grandes ciudades como Córdoba y Buenos Aires. En la década de 1970 hubo un flujo masivo de exiliados políticos y surgió la posibilidad de afincarse para trabajar la tierra en Mendoza y el Gran Buenos Aires. Esa franja migratoria se solidificó en los ochenta ya bajo gobierno democrático con la posibilidad del acceso a la tierra en pequeñas parcelas para el cultivo de hortalizas. La Plata, Luján, General Rodríguez, Morón, Esteban Echeverría, La Matanza, Moreno y Tres de Febrero cuentan hoy con comunidades bolivianas importantes.


Los años del neoliberalismo menemista convirtieron al migrante boliviano en mano de obra barata e ilegal con la apertura y desarrollo de talleres textiles clandestinos, especialmente en la ciudad de Buenos Aires, donde eran concentrados en condiciones de hacinamiento y esclavitud.
Recién con el advenimiento de Evo Morales al poder se regularizó la situación de los bolivianos ilegales en Argentina y aumentaron los controles sobre los talleres clandestinos en zonas metropolitanas. También creció la actividad política de los bolivianos en el país. Se abrieron, por ejemplo, unos diez locales partidarios del Movimiento al Socialismo, el partido de Evo, en Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Salta. 



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Domingo, 19 Octubre 2014 10:45

La segunda revolución de Rafael Correa

La "revolución ciudadana", la transformación de Ecuador que el presidente Rafael Correa puso en marcha tras asumir el poder en enero de 2007, muestra síntomas de agotamiento. Los recursos públicos que apuntalan la economía se están agotando y las recientes marchas de protesta en varias ciudades del país andino muestran que la ciudadanía, como dice Simón Pachano, "exige algo más que carreteras y ciertos bienes materiales". El analista, investigador de la Facultad latinoamericana de Ciencias Sociales en Quito, opina que "las manifestaciones [del pasado 17 de septiembre] constituyeron un hecho novedoso y sorprendente, ya que fueron las primeras expresiones espontáneas en todos los Gobiernos de Rafael Correa. Y aunque precisamente por su carácter espontáneo es poco probable que tengan continuidad a corto plazo, marcaron un hito porque se perdió el temor, especialmente entre los estudiantes".

Las marchas, encabezadas por los sindicatos contra un proyecto de reforma laboral que en opinión de los trabajadores recorta sus derechos, aglutinaron a varios colectivos y se expandieron por todo el país para acabar violentamente en algunos casos. El pasado 30 de septiembre, en un acto con motivo del cuarto aniversario de una rebelión policial que el Gobierno tachó de intento golpe de Estado, Correa llamó a la unidad para frenar la "restauración conservadora". En la quiteña plaza de San Francisco, el presidente arengó a sus seguidores: "Esa derecha desarticulada después de las palizas recibidas a lo largo y ancho de América Latina ya superó la etapa de aturdimiento (...) Están coordinados y articulados y ya tienen estrategia de poder", espetó Correa. "Pero no pasarán, ¡el pasado no volverá!", advirtió con un fuerte grito.

Correa suele azuzar el fantasma de la derecha más rancia en momentos de crisis y la estrategia siempre le ha funcionado. Razones para ello en Ecuador sobran: el país tuvo una decena de presidentes en los 10 años previos a la llegada de Correa al poder. El actual mandatario no sólo fue el primero en mucho tiempo en completar un mandato, sino también en repetir en el cargo. Correa lleva casi ocho años en el poder y aunque la Constitución que él mismo impulsó le obliga a dar un paso al costado en 2017, el presidente ya ha dejado la puerta abierta para reformar la Carta Magna y alargar su estancia en el Palacio de Carondelet.

Fuente: Banco Central de Ecuador, Mº de Economía y Finanzas yFMI / C. AYUSO

 

"Tanto el presidente como su gestión mantienen altos niveles de aprobación", explica Pachano. "Si quiere, Correa cuenta con los votos necesarios en la Asamblea para reformar la Constitución. Si se aprueba la reelección, sería casi seguro el triunfo de Correa en 2017, tanto por el apoyo que aún conserva como por la debilidad de la oposición. La situación sería diferente si él no fuera el candidato. Nadie en su movimiento Alianza País cuenta con la intención de voto suficiente para triunfar", añade.

El fuerte respaldo a Correa se sostiene en cifras contundentes. El crecimiento medio de la economía del país es del 4% anual, el desempleo está por debajo del 5% y el porcentaje de los ecuatorianos que viven por debajo del umbral de pobreza ha bajado del 45% al 25%. Los salarios han subido y la inflación se ha mantenido en torno al 3% gracias a la dolarización de la economía, una medida tomada mucho antes del inicio del correísmo.

La receta del éxito económico es sencilla: mucha inversión pública, sobre todo en infraestructuras —puentes, carreteras, centrales hidroeléctricas, instalaciones petroleras—. En 2013, los desembolsos del Gobierno en la economía representaron el 15% del producto interior bruto (PIB) frente al 12,9% de la inversión privada. Por este motivo, Ecuador registró el año pasado el déficit fiscal más alto en la última década: 5.461,25 millones de dólares, que representa el 5,28% del PIB, según datos del banco central del país andino.

Para cubrir el déficit del próximo año —que según Standard & Poor's será superior al de 2014—, el Ejecutivo de Quito solicitó a China 1.500 millones de dólares. El país asiático ya es el principal acreedor bilateral de Ecuador. Hasta febrero pasado, la deuda exterior era de 13.000 millones (14% del PIB). De este montante, el 36% corresponde a préstamos con China.

En vista de la revisión a la baja de Pekín de sus inversiones en América Latina y del abaratamiento del precio del petróleo, principal fuente de ingresos del país, Correa decidió aparcar de puertas afuera su retórica contraria al sistema financiero internacional y realizar en lo que va de año una emisión de bonos tutelada por el Banco Mundial y restablecer las relaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), cuyo último informe sobre el país andino avala un crecimiento del 4% anual hasta 2015.

"Ecuador necesita entre 8.000 y 9.000 millones de dólares al año para mantener el sistema económico", explica Alberto Acosta Burneo, editor de la decana publicación Análisis Semanal. "El dinero público ha elevado el consumo como motor de la economía. Y para evitar el descontento social, hay que sostener ese modelo. Se necesita cada vez más dinero para crear más empleo, pagar más salarios, para que el sector privado produzca más y venda más o dé más servicios, para que todos estén contentos. El Gobierno puede seguir endeudándose, tiene margen [la deuda externa es del 27% del PIB], pero si este modelo sigue sin modificarse sobrepasará fácilmente el límite del 40% fijado por el propio presidente. No hay plan alternativo al de apuntalar la economía con dinero público", explica Acosta.

La mayoría de los expertos cree que Correa ampliará sus fuentes de financiación y acelerará el desarrollo de los nuevos yacimientos petrolíferos, como el de Yasuní, para aumentar los ingresos y sostener la economía, al menos hasta las elecciones de 2017. Sin embargo, los analistas apuntan a que Correa, economista guayaquileño formado en Estados Unidos y Bélgica, ha reconocido a través del acercamiento al FMI y el Banco Mundial que el modelo no es eterno y que tarde o temprano tendrá que poner en marcha una "segunda revolución ciudadana" para sentar las bases de un desarrollo más sostenible.

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Lunes, 06 Octubre 2014 06:13

Elecciones 2014, ¿Post indianismo?

El próximo 12 de octubre casi seis millones de bolivianos, contabilizados en el padrón biométrico en Bolivia y en el exterior, irán a las urnas para elegir presidente, vicepresidente y un nuevo Parlamento. El estado de ánimo de la oposición es resultado de una serie de encuestas que dan al binomio Evo Morales-Álvaro García Linera una ventaja virtualmente irremontable: 54% contra 14% de Samuel Doria Medina según el último sondeo difundido por El Deber de Santa Cruz de la Sierra. De allí que el analista Roger Cortez haya dicho en un debate televisivo que habría que considerar a estas elecciones como unos comicios parlamentarios: con la elección presidencial "resuelta", lo que verdaderamente está en juego es si el oficialismo obtendrá o no los dos tercios del Congreso –mayoría con la que cuenta en la actualidad–, que es hacia donde se enfoca la campaña del MAS.


Adicionalmente hay otra meta en juego: ganar el hasta ahora díscolo departamento de Santa Cruz, que hasta 2009 encabezó la oposición más combativa contra el gobierno de Evo Morales. Hoy ese objetivo parece posible y representaría un vuelco en la geopolítica interna del país. Para lograrlo, el MAS viene estructurando varias alianzas, incluso con remanentes de viejos partidos tradicionales, y con el alcalde "populista" de Santa Cruz, el polémico Percy Fernández, que colocó a tres candidatos de su riñón en las listas masistas. Con el masivo cierre de la campaña nacional a los pies del Cristo Redentor de Santa Cruz, el oficialismo busca plantar bandera en el mítico territorio en el que en 2008 decenas de miles de cruceños se movilizaron por la autonomía y contra el gobierno central. Como explica el jefe de campaña del MAS cruceño, Saúl Ávalos en un artículo del periodista Pablo Ortiz, se trata de una ocupación territorial: el MAS comenzó ganando en las periferias de migrantes de Santa Cruz de la Sierra –como el emblemático barrio Plan 3000– y ahora busca conquistar el centro mismo de esta urbe (El Deber, 30/09)*.


Con todo, esta "conquista" deberá ser ratificada en las urnas; no es tarea fácil pero por primera vez las encuestas dan ganador a Evo en esta zona agroindustrial de Bolivia. Para acercarse a esa "marea azul", los colores del MAS, el presidente boliviano prometió una gran cantidad de obras, desde represas hasta ferrocarriles, e incluyendo la ampliación de la frontera agropecuaria. La ecuación es clara: para derrotar a la elite política cruceña, el MAS debió pactar con parte del empresariado y aceptar su "modelo de acumulación". Para el candidato a primer senador del Partido Demócrata Cristiano, Pablo Banegas, es lógico que el MAS elija El Cristo: los que hacían los cabildos autonomistas – "banqueros, empresarios, agropecuarios, transportistas y canales de televisión"– ahora están con el oficialismo. Las palabras del candidato derechista que apoya la candidatura del ex presidente Jorge "Tuto" Quiroga, en el citado artículo de El Deber, no dejan de trasmitir decepción y cierto resentimiento. "Antes no querían que Evo pisara Santa Cruz, ahora los empresarios pujan por sentarse lo más cerca posible del presidente cuando hay algún encuentro", resume un empresario el vuelco de situación. Nadie quiere perderse el boom económico que vive el país y la región.

El contexto político boliviano se ha venido transformando. Si en 2005 la acusación de la derecha contra Morales era que transformaría a Bolivia en una nueva Cuba (o en el mejor de los casos una nueva Venezuela), hoy el analista opositor Iván Arias puede acusar al MAS de propagar una suerte de pragmatismo infinito, de ser un "Godzilla político que no mide principios ni medios para lograr su fin" (Página 7, 29/9/2014).


Pero el escenario no sólo cambió en relación a Santa Cruz. Evo Morales leyó el mensaje del censo de población de 2012. Ese censo evidenció una aparente paradoja, potencialmente explosiva a nivel simbólico-político: si en 2001 el 62% de los bolivianos se autoidentificaron con algún pueblo indígena, bajo el nuevo Estado plurinacional sólo lo hizo el 41%.
Hay muchas causas que pueden haber incidido en los resultados, entre ellas un cambio en la pregunta que reemplazó "indígena originario" por "indígena originario campesino", tal como está en la nueva Constitución, precisamente cuando Bolivia ya es un país mayoritariamente urbano. No menos importante es que en 2001 la identidad indígena era cuestionadora del orden de cosas y hoy es oficial, sin que la Bolivia urbana-mestiza se sienta a gusto con esa "indianidad de Estado".


Finalmente, en Bolivia, la mayoría es "un poco" indígena y "un poco" mestiza, por lo que los desplazamientos en la geometría variable de la identidad no resultan muy infrecuentes. Más aún en las poblaciones quechuas, las mayoritarias. Estas carecen – como señalan Pablo Quisbert y Vincent Nicolas en su reciente libro Pachakuti: el retorno de la nación (2014)– de símbolos y héroes etno-nacionales como sí tienen los aymaras con Tupac Katari o la bandera multicolor denominada wiphala. Lo quechua es más bien una lengua que une a diversas "naciones" locales.


Evo se declaró sorprendido con los resultados censales pero dijo que es un tema secundario y señaló que, de todos modos, como en los dados, "lo que se ve se anota". El vicepresidente Álvaro García Linera escribió luego un texto sobre "Nación y mestizaje" para defender la plurinacionalidad. Pero Evo, que sabe "anotar" en el cacho, un juego popular en Bolivia, también sabe cómo hacer ajustes en sus campañas con olfato de experimentado sindicalista.


No parece casual que la campaña electoral que lo proyectará a un tercer mandato para el periodo 2015-2019 –nunca antes un presidente boliviano estuvo tanto tiempo en el sillón– haya abandonado algunos tópicos de la etapa heroica y se asiente en la defensa de la estabilidad y el desarrollo económico y, más aún, en un gran salto tecnológico. El último spot del MAS resume, con estética informática, los planes de crear la Ciudadela del Conocimiento en Cochabamba, a la cual, como Rafael Correa con Yachay en Ecuador, se la compara con el Silicon Valley estadounidense (ttps://www.youtube.com/watch?v=NNPHapdPJAM).

A ello se suma la promesa de becas para estudiantes en universidades como Harvard, Stanford o Tokio, y el plan para construir hospitales de alta tecnología en un país donde la salud es una asignatura pendiente. El teleférico de transporte entre La Paz y El Alto es una de las últimas obras estrella del gobierno junto al satélite Túpac Katari. "Un pueblo milenario con tecnología de avanzada es invencible", dice el spot, y no es difícil ver las simpatías que los grandes saltos de países como Corea del Sur cosechan en esta nación andina, donde, además sus cantantes de k-pop son cada vez más populares.

Más allá de la discusión puntual sobre cada uno de estos proyectos, lo cierto es que Bolivia vive una nueva etapa. La potencialidad del "gobierno indígena" –como renovador de los valores tradicionales– parece haber dado todo de sí y hoy Evo Morales ha captado que las reivindicaciones de las nuevas generaciones tienen menos que ver con demandas de tipo étnico-cultural. En parte porque se ha avanzado en una mayor igualdad, y en parte porque Bolivia no escapa a la globalización de los consumos, los imaginarios y las aspiraciones.

Quisbert y Nicolas observan que el Túpac Katari concebido por el conocido pintor Gastón Ugalde poco antes de la llegada de Evo al poder y reproducida por el nuevo Estado, ya no es el Katari mártir descuartizado, sino un "Katari palaciego", con aires presidenciales.


En ese sentido, el nacionalismo indígena –término que usamos para definir los horizontes del "evismo" en 2006 con Hervé Do Alto– es sede de una paradoja: posiblemente el Estado plurinacional sea el más nacionalista de la historia. Pero más que una traición a una revolución indianista ideal, estamos frente a profundos cambios societales que están redibujando a Bolivia. Sin que sepamos aún cual será el bosquejo final. Quizás sea un retrato post indianista, que capte los pliegues de las nuevas identidades emergentes.

*Finalmente, la alcaldía no autorizó ningún acto partidario en el centro de Santa Cruz de la Sierra.

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Domingo, 21 Septiembre 2014 09:52

Dilma volvió a crecer

Respaldada por los programas sociales aplicados durante los doce años de gobiernos del PT, Dilma prometió la semana pasada que si fuera reelecta continuaría en vigor la Bolsa Familia.

 

 

Desde Brasilia

Los límites del melodrama. La presidenta Dilma Rousseff volvió a crecer en la última encuesta de cara a la primera vuelta electoral del 5 de octubre robustecida por un discurso que, hasta ahora, logró contraponer argumentos reales, y documentados, frente a la narrativa emocional de Marina Silva, cuya estrella comienza a opacarse, aunque continúe siendo la favorita para vencer en el ballottage que se realizará el 26 del próximo mes.
Rousseff, que subió el viernes al 37 por ciento de las intenciones de voto frente al 30 de Marina para los comicios del 5 de octubre, dijo ayer que "faltan pocos días para las elecciones... se dicen mentiras... hablan de la Bolsa Familia, nuestro programa más fuerte para reducir la pobreza y la desigualdad...si ellos vencen, la Bolsa Familia se va a acabar".


Respaldada por los programas sociales aplicados durante los doce años de gobiernos del PT, Dilma prometió a comienzo de la semana pasada que si fuera reelecta, continuaría en vigor la Bolsa Familia, pero puso en duda que Marina la mantenga igual que hoy, atendiendo a 50 millones de pobres, debido a los compromisos asumidos por la oposición con sectores que siempre la consideraron como "una política populista" y hasta la llaman "Bolsa Limosna".


Allí entró en escena Marina, que pese a su retroceso igual vencería en el ballottage con 46 por ciento contra el 44, quien a través de un spot televisivo concebido con la estética de un sermón evangélico denunció los "ataques permanentes de Dilma contra mí".


La propaganda arranca con un plano corto de Marina gritando: "Dilma, yo no voy a combatirte con tus armas, sino con nuestra verdad... (surge un piano de fondo)... vamos a mantener la Bolsa Familia. ¿Sabés por qué? (vuelve el piano). Porque nací en una seringa (plantación de caucho)... yo sé lo que es pasar hambre, todo lo que nuestra madre tenía era un huevo y cebolla para ocho hijos". Plano general de Marina, del Partido Socialista Brasileño, frente a centenas de personas vivando su nombre y una asistente, junto a ella, llorando cuando se inicia el remate del aviso transmitido en cadena nacional de TV.


"Recuerdo haber mirado a mis padres y preguntarles: ¿ustedes no van a comer? (Pausa de la candidata, con la voz embargada, que luego se repone y concluye.) Dilma, quien vivió esa experiencia jamás acabará con la Bolsa Familia." Lo contado por Marina es cierto. Nació y se crió en la miseria, su padre actualmente vive en la pobreza, trabajó en las seringas de la Amazonia, donde contrajo una enfermedad seria, militó contra los hacendados, decidió ser monja y luego desistió, aprendió a escribir a los 16 años y a los 25 obtuvo su título universitario.


Hasta su candidatura está atravesada por lo trágico, ya que fue anunciada pocos días después de que el postulante socialista Eduardo Campos falleciera, el 13 de agosto, en un accidente aéreo. Su retórica emociona porque su vida es de novela, pero su formulación política hace agua en argumentos genéricos, o en retractaciones casi cotidianas sobre cuál será su política petrolera, laboral y sobre minorías sexuales.


Hasta hoy Marina no respondió a Dilma cuando ésta le pregunta cómo conciliará una política económica ortodoxa (la socialista prometió dar independencia al Banco Central y disciplina fiscal férrea) con la expansión de los programas sociales y de las políticas de promoción de la vivienda popular, aumento del empleo y alza del salario por encima de la inflación, como ocurre desde el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011).


A Dilma no se le quiebra la voz, y su estilo, si se trata de compararlo con algún género televisivo, se aproxima al de un sobrio conductor de programa de noticias. "Yo no ataco a la candidata Marina, yo presento mis divergencias, eso es la democracia... porque creo que la campaña debe tener un alto nivel de debate."


A mitad de semana el contrapunto resurgió cuando Marina habló de "actualizar" la legislación laboral como se lo recomendó "el profesor Giannetti da Fonseca", economista liberal que fue miembro de la Federación de Industrias de San Pablo y declara compartir el modelo aplicado en los años '90 por el ex presidente Fernando Henrique Cardoso. Dilma retrucó tajante la sugerencia de Marina, "yo no cambio los derechos que están en la legislación laboral ni que la vaca tosa... estoy hablando de las vacaciones, del decimotercero, de las horas extras, del fondo de garantía por tiempo de servicio".


"Marina defiende la tercerización laboral utilizando los mismos argumentos que citan los patrones... está claro que ahora ella va a desdecirse y decir que la atacan, pero esto es lo que dijo", terció Vagner Freitas, titular de la Central Unica de los Trabajadores. "En Brasil, cuando se habla de cambiar las leyes laborales, no es para favorecer a los trabajadores, el mejor ejemplo de esto fue Fernando Henrique Cardoso con su proyecto de 'actualizar', la misma palabra usada por Marina, que de hecho buscaba la total desregulación", reforzó el dirigente sindical.


Posiblemente éstas sean las elecciones más disputadas desde 1989, cuando Fernando Collor de Mello venció en los primeros comicios presidenciales después de la dictadura. Ningún análisis riguroso está en condiciones de vaticinar quién vencerá, pero en el duelo de estilos Dilma hizo valer el suyo, por lo pronto, al poner en evidencia los eufemismos de Marina con su fuga hacia el melodrama.


La de Dilma es una estrategia de forma y de fondo: propone politizar la disputa mientras su adversaria, defensora de una "nueva política" de contornos gaseosos, se refugia en consignas como "voy a gobernar con los mejores, no importa de qué partido vengan" o "yo no propongo el embate, quiero el debate".


Pero Helio Gastaldi, de la encuestadora Ibope, observó ayer: "La estrategia de ser víctima ante Dilma no le está funcionando bien a Marina, esto tuvo un efecto negativo para ella, ahora tendrá que remediar ese desgaste".
Dilma, debido a su discurso frontal, entre otros motivos, cuenta con un alto rechazo, del 33 por ciento, pero su elector es "más fiel", mientras Marina, tiene menos rechazo, del 22 por ciento, y su "votante es más volátil, de momento, cuando más dure la campaña, Marina tiene más que perder" apuesta el especialista, sin desconocer que la ambientalista es favorita a imponerse en el segundo turno.


Desde agosto, cuando una tragedia mató al entonces candidato Campos dando vida a la postulación de su sucesora, la popular Marina, e hiriendo de muerte (salvo algún giro imprevisto) las chances del socialdemócrata Aécio Neves, el también socialdemócrata Fernando Henrique Cardoso echó a volar sus fantasías de recuperar influencia en el Palacio del Planalto, del que se fue con más del 70 por ciento de reprobación popular en enero de 2003 para ser sucedido por Lula.


La representante del Partido Socialista anunció su intención de tener al ex mandatario como uno de sus consejeros (¿interlocutor ante empresarios y potencias occidentales?) si fuera electa el mes entrante. Por lo pronto Cardoso se desentendió, de hecho, de su correligionario Neves para tornarse un fiador internacional de Marina, y en esa condición viajó a Estados Unidos donde aseguró, ante una platea de inversionistas en Nueva York, que con ella harán buenos negocios y, días más tarde, concedió una entrevista a Andres Oppenheimer, del diario El Nuevo Herald, de la sureña Miami.


"La visión prevaleciente (en el gobierno Dilma) es anticuada, tercermundista, de los años sesenta o setenta, creo que Marina Silva no tiene esa misma visión, tan anticuada, es más abierta en lo que hace a la cuestión externa... Hay una suerte casi de complicidad del gobierno de Brasil con los desatinos de la Argentina", cuyas autoridades se oponen a la firma de un acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, se quejó Cardoso ante el Herald.


"La victoria de la oposición podría significar una especie de ruptura en la actual política exterior de Brasil", ponderó el último gobernante brasileño que viajó a Washington en el marco de una visita de Estado, teniendo como anfitrión a su amigo, el demócrata Bill Clinton.


En 2013, Dilma Rousseff recibió una invitación de Barack Obama para viajar con el mismo estatus –visita de Estado–, pero ella lo rechazó en repudio al espionaje contra su despacho y las oficinas de Petrobras perpetrado por la agencia NSA, de lo que resultó un virtual congelamiento de las relaciones bilaterales, que Cardoso cree que se entibiarán si vence Marina.


"Hay una parálisis de la política externa... (porque) el corazón de muchos funcionarios (de Rousseff) es, para decirlo en una palabra sencilla, 'bolivariano'", abundó Cardoso.


En la actualidad, Cardoso es uno de los líderes más consultados por las cadenas internacionales curiosas en saber hasta dónde llega la conversión, y por tanto la credibilidad para el mercado global, de la ex ministra de Lula, Marina Silva, que rompió su ficha de afiliación al PT en 2009.


El Nuevo Herald de Miami, así como su columnista Andrés Oppenheimer, parecen persuadidos de que Marina merece ser respaldada en su condición de alternativa real ante una Dilma "intervencionista" y hostil a Washington.
Desde hace semanas, Oppenheimer cuestiona a Dilma y hace votos por una victoria opositora en sus artículos del diario y su programa en la CNN. "Creo que esto podría ayudar a Brasil a volver a la senda del crecimiento y podría hacer cambiar el rumbo económico de toda la región", dice esperanzado el periodista, ante la hipótesis plausible de una victoria de la dirigente ambientalista.


Con todo, cabe recordar que los presagios de Oppenheimer suelen ser desmentidos por la realidad: hace 21 años, el periodista nacido en Buenos Aires publicó el libro La hora final de Castro, subtitulado "La historia secreta detrás de la inminente caída del comunismo en Cuba".

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Martes, 02 Septiembre 2014 08:42

Dilma recuperó el centro del ring

La mandataria brasileña recordó, mirando a su adversaria ecologista, que en su gobierno y el de Lula la prioridad fue luchar contra la pobreza y dudó de que esto se pueda hacer restaurando las políticas neoliberales.

 

 

Desde Brasilia


A poco más de un mes de las elecciones, Dilma Rousseff recuperó el centro del ring. Disfónica, la presidenta y candidata a la reelección tomó la iniciativa durante un debate televisado ayer, cuando insistió en la defensa de Petrobras y cuestionó el programa de su principal adversaria, Marina Silva, la ambientalista que en las últimas encuestas se proyecta como favorita en un eventual ballotage a disputarse el 26 de octubre. "Candidata Marina, en su programa de gobierno de 242 paginas usted dedicó una línea al petróleo de pre sal (aguas ultraprofundas)", cuestionó Dilma, de traje rojo, fijando los ojos en su adversaria, con un vestido blanco y el cabello invariablemente recogido. "Marina, ¿por qué tiene ese desprecio ante esa riqueza tan importante... y tan envidiada en todo el mundo? El petróleo de pre sal tiene que ser explotado para financiar la educación, la salud, son recursos de 1 billón de reales (casi 500 mil millones dólares), no podemos dejarlos de lado."


Las reservas, de unos 50.000 millones de barriles de crudo alojadas en los yacimientos del área conocida como pre sal, fueron descubiertas a partir de 2007, durante el segundo mandato del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que en el primer gobierno había alcanzado el autoabastecimiento petrolero. Posteriormente, durante la gestión de Rousseff fue aprobada una ley complementaria que destina a la educación y la salud los royalties cobrados por la explotación petrolera. La mandataria recordó, mirando a su adversaria, que en su gobierno y el de Lula la prioridad fue luchar contra la pobreza y dudó de que esto se pueda hacer restaurando las políticas neoliberales.


Dilma y el Partido de los Trabajadores (PT) escogieron la defensa de las políticas sociales y en particular la energética, que supuso la renacionalización de Petrobras, como uno de los argumentos para refutar a la ascendente Marina Silva y a su reciente aliado, el mercado.


Banqueros y operadores de la Bolsa de Valores de San Pablo expresan, sin medias palabras, su oposición a Dilma, a quien cuestionan su política económica, y especialmente el haber restituido potestades a Petrobras a partir de la reforma de la legislación energética de 2010, último año de la gestión lulista.


Esta semana, al igual que la anterior, subieron las acciones de Petrobras y otras empresas estatales, en línea con el crecimiento de Marina en los sondeos. En el último de éstos, publicado el sábado por la consultora Datafolha, la representante del Partido Socialista Brasileño aparece con el 34 por ciento de intención de voto hacia el primer turno electoral del 5 de octubre, igualando la aprobación de Dilma. En el ballotage del 26 de octubre, dado como posible por varias encuestadoras, Marina, cuyo nombre fue lanzado sólo el 20 de agosto, sería elegida presidenta con el 50 por ciento, frente al 40 de la actual jefa de Estado.
Ex ministra de Medio Ambiente y afiliada al PT durante 29 años, Marina Silva ingresó en la carrera presidencial una semana después de la muerte, en un accidente aéreo, del entonces candidato del PSB Eduardo Campos.


El 13 de agosto, día de la tragedia, Campos sumaba el 9 por ciento de las intenciones de voto, Dilma estaba en la banda del 38 por ciento y Aecio Neves, del Partido de la Socialdemocracia Brasileña, contaba con el 22 por ciento. La irrupción del huracán Marina, también bendecida por las empresas periodísticas macizamente antidilmistas, enterró las esperanzas del referente más orgánico de las derechas, Aecio Neves, heredero del ex gobernante Fernando Henrique Cardos, quien retrocedió al 15 por ciento –Cardoso finge que aún apoya a Neves, pero todos saben que abandonó a su muchacho para operar a favor de Marina–.


Paralelamente, el efecto Marina acabó con el favoritismo de Dilma, que ha mostrado una tendencia a la baja en todos los sondeos, aunque poco pronunciada, pero necesita revertir la sangría si pretende mantener su competitividad.


Por eso la nueva estrategia de la presidenta, puesta en evidencia ayer en los estudios del Canal SBT de San Pablo, fue asumir la iniciativa en el duelo contra Marina, quien no perdió su serenidad zen, pero fue evasiva en las respuestas sobre cómo conciliar menos producción petrolera con promesas de recursos para escuelas y hospitales.


Insistió en la promesa de inaugurar la era de "una nueva política", más allá de los partidos, a los que considera en parte agotados, al igual que las ideologías: "La izquierda es a veces tan dogmática como la derecha".


Habrá que aguardar las nuevas consultas de opinión pública para saber quién salió victoriosa en el combate de ayer.


Los asesores de imagen consideran que, al cuestionar de frente a Marina, Dilma empleó una táctica arriesgada, pues su adversaria podría victimizarse y ganar más simpatía del gran público. Desde el PT responden que la única forma de frenar el alza de Marina es demostrando que su retórica eco-religiosa no pasa de una gelatina que se deforma hacia la derecha.


Algo de esto se verificó a lo largo de más de 90 minutos de debate en los que sus respuestas fueron genéricas, salvo cuando argumentó con claridad a favor de las premisas económicas del gobierno de Cardoso y asumió el compromiso de sancionar una ley de independencia del Banco Central.

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Miércoles, 28 Mayo 2014 06:50

Evo Morales: arrasar es la consigna

El próximo 12 de octubre se celebrarán elecciones presidenciales y legislativas en Bolivia y el jefe del Estado, Evo Morales, que gobierna desde 2006 y busca su tercer mandato, no se conforma con ganar, quiere superar los dos tercios de votos y escaños: arrasar es la consigna.
¿Pero a qué viene esa necesidad? En una reciente entrevista en Vanity Fair, publicación poco afecta a lo precolombino, aseguraba el presidente que "no más", que había que dar paso a otras generaciones. Pero son bastantes los que en Bolivia creen que la magnitud de su victoria puede ser indicador o pretexto para cambiar de opinión. Pedro Rivero, director del diario de Santa Cruz El Deber, da por sentado que "Evo ganará sin despeinarse", mientras la oposición "sigue deshojando la margarita en torno a una candidatura única que sea capaz de plantarle cara al caudillo, hasta ahora imbatible".


El presidente, convertido en oráculo de la Bolivia indígena, ha desplegado en los últimos meses una gran actividad para amueblar de lujo su victoria. El politólogo Horst Grebe subraya cómo "ha puesto en campaña a todo el aparato público, sellado alianzas con la cúpula sindical, cooperativas mineras, campesinos y productores de coca, con regalos y beneficios como un aumento salarial bastante por encima de la inflación". Eso hacia dentro, pero hacia fuera la actividad no ha sido menor: "A su estrategia electoral ha incorporado la demanda contra Chile de restitución de un acceso soberano al Pacífico, presentada - el 13 de abril de 2013- ante la Corte Internacional de La Haya", que reivindica los 400 kilómetros de costa que La Paz perdió en la guerra de 1879, 83. Con gran habilidad el mandatario ha logrado atraer a una voz crítica como la del expresidente Carlos Mesa a un comité de reivindicación de la salida al mar, lo que no ha impedido al veterano periodista y politólogo tachar la candidatura reeleccionista de Morales de anticonstitucional. Y aun se podría añadir a la lista de operaciones de prestigio el lanzamiento en China del satélite de comunicaciones boliviano Túpac Katarí, el 20 de diciembre del año pasado, y muy señaladamente la cumbre del 14 y 15 de junio en Santa Cruz del Grupo 77 + China, una especie de acampada fraternal del mundo en vías de desarrollo, que agrupa a 133 Estados, bajo la presidencia de Bolivia en todo 2014.


La reunión se presenta como apoteosis del plurinacionalismo, santo y seña de la revolución que Morales quiere extender, según sus propias palabras, no solo a toda América Latina sino al resto de la Humanidad. Y, como afirma el periodista de radio y televisión José Pomacusi, la reunión se celebra en Santa Cruz, la ciudad de la Media Luna que ha sido el bastión tradicional de lo poscolombino, que "hoy lo tiene, sin embargo, como favorito electoral, compartiendo sonrisas con los empresarios cruceños, que con su Gobierno ganan más dinero que nunca". En su obra de autogratificación, cuenta con palmeros excepcionales como el expresidente brasileño Inàcio Lula da Silva, que en mayo de visita en La Paz aseguraba que "Bolivia nunca ha estado tan bien como ahora".


En ese panorama triunfal no han dejado de aparecer, sin embargo, brotes de sarpullido que podrían infectarse. A fin de abril estalló una insurrección masiva de suboficiales que protestaban por la situación material en que vivían, de los que 715 fueron inicialmente pasados a retiro. Como dice la directora del semanario Uno, Maggy Talavera, "muchos creyeron ver entonces el anuncio de una ruptura entre el Gobierno y uno de sus aliados privilegiados". Militares y policía, como describe Juan Carlos Rivero (El Deber), "absorben cerca del 50% del Presupuesto y la gratitud de la cúpula castrense se ha dejado sentir expresando su adhesión al proceso de cambio, así como en la sustitución del grito de guerra "subordinación y constancia" por el de "Patria o muerte, venceremos", donde el eco del castro-chavismo suena como tintineo de dólares.


Ocurre que, como subraya el periodista cruceño, "las condiciones en que se forman y viven suboficiales y sargentos son deplorables. Tanto que muchos deben comprarse su propio uniforme. Y su acceso al seguro médico y la educación superior son muy limitados, por lo que exigen la descolonización de las Fuerzas Armadas". El término "descolonización" es altamente sensible para un presidente cuya justificación ante la historia es que está deshaciendo la colonización impuesta por una minoría de blancos, mayormente españoles, que ha perdurado desde la conquista. Y la "descolonización" de las Fuerzas Armadas ha sido hasta ahora puro maquillaje, como incluir motivos indígenas en banderas y estandartes, lo que se ha calificado de un cierto gatopardismo, que cambia la parte para que todo siga igual.


Talavera ve, sin embargo, en el movimiento una intencionalidad que desborda la simple protesta alimenticia: "El trasfondo es otro; lo que se disputa es el mando de tropas bajo un modelo similar al de las milicias venezolanas, que es el que parece que se considera en una próxima reforma legal. La presión está muy bien calculada en estos meses preelectorales, porque es el mejor momento para lograr atención cuando el poder está en campaña para ser reelegido". Y, aunque se desactivó la protesta contentándose los suboficiales "con no cambiar de destino y ser reintegrados en la institución militar, el problema de la colonización de las Fuerzas Armadas no está en modo alguno resuelto", asegura José Pomacusi. Juan Carlos Rivero apunta que "no se descarta que puedan surgir conflictos similares, especialmente en las filas policiales, que reciben todavía peor trato que los militares".


La cuestión de fondo puede consistir, como sugiere Talavera, en que las Fuerzas Armadas que, como pretende la autoridad, son no deliberantes, obedecen y callan, "sí que deliberan, hacen política y se adscriben de manera militante al Gobierno de turno. Se puede decir que lo hacen con premeditación y alevosía, según una ruta que muchos afirman que ha sido diseñada por el ministro de la presidencia y exmilitar Juan Ramón Quintana, junto con el vicepresidente Alvaro García Linera, ambos consejeros áulicos del presidente. El director de El Deber remata que, de la crisis, "quedaron efectos y consecuencias, debidas a la desinstitucionalización de la entidad tutelar de la patria".


Los 715 sancionados - de los que casi 400 pertenecían al Ejército de Tierra, 300 a la Fuerza Aérea, y 21 a la exigua armada lacustre del Titicaca - fueron progresivamente reincorporados al servicio (187 el 30 de abril) y los restantes por etapas. Pero lo hicieron sin reintegrar a filas al que se califica de líder de la protesta, el sargento Lorgio Cartagena, sancionado en un primer grupo de 13 suboficiales el 21 de abril, y retirado definitivamente el 22 de mayo. Los casos que aún están bajo examen se supone que concluirán con la readmisión de la mayoría.


¿Le ha hecho daño al presidente la revuelta de subalternos? Encuestas recientes reflejan un apoyo popular de un 34%, muy lejos del Himalaya habitual por encima del 60% en el que ha vivido muellemente el jefe del Estado. La escritora Susana Seleme, que se declara "demócrata opositora al régimen de Evo Morales", sostiene que "hay un desgaste del poder por rechazo al continuismo y a la megacorrupción que la propaganda oficial no puede tapar". Según la politóloga, el lema inicial de Morales "indígena-pueblo originario-campesino, así como la restauración del mundo precolombino y la defensa de la Madre Tierra, quedaron en el olvido". Para ella, ha acabdo imponiéndose, en cambio, "la creencia en una única institución: Estado-Gobierno-partido único-pueblo" y quienes "se rebelan son descalificados como neoliberales, delincuentes, traidores a la patria, amén de un largo y absurdo etcétera".


Ante las elecciones de octubre, una oposición cuyas figuras más representativas son Juan del Granado. candidato del MSM (Movimiento Sin Miedo); Rubén Costas, gobernador de Santa Cruz, por el MDS (Movimiento Democrático Social); y el industrial Samuel Doria Medina, al frente del Frente Amplio, tiene poco que hacer ante el líder indígena, digan lo que digan encuestas coyunturales.


El presidente es un viejo zorro aunque solo tenga 54 años y, como subraya Pedro Rivero, todo parece jugar a su favor: "La fiebre mundialista –el Mundial de fútbol en Brasil a fin de junio- cobra temperatura y hasta el presidente se pondrá en onda para debutar en la depauperada Liga Nacional. Así, con circo de por medio, el deporte concentrará la atención del público antes de que los ajetreos preelectorales ganen de nuevo impulso". El mandatario es un futbolista frustrado y, si el gremio cocalero del que procede hubiera tenido selección, seguramente habría destacado en ella.


El publicista Raúl Peñaranda hace un dramático colofón: "Evo Morales lo tiene todo a su favor: maneja a su antojo los recursos del Estado, sujeta con mano de hierro un bloque de medios de comunicación, controla la Justicia y manipula movimientos sociales y sindicatos. Aun así, no está claro el margen de victoria; que si fuera corto, en el caso de que la oposición lograra unirse, constituiría una buena noticia para la maltrecha democracia boliviana. Pero, al contrario, una victoria amplia implicaría fortísimos desafíos para la libertad de expresión, los derechos humanos y, en general, toda la sociedad"

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¿Quiere Evo Morales arrasar electoralmente, para perpetuarse en el poder como el primer bolivariano, Hugo Chávez, hizo hasta su muerte en Venezuela, y podría hacer otro tanto en Ecuador Rafael Correa? La respuesta, en 2018

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Miércoles, 23 Abril 2014 09:56

Todo por la reelección

Si para lograr sus propósitos por parte del actual Gobierno en la elecciones del pasado 9 de marzo fueron necesarios 2,4 billones de contratación pública y el nombramiento de amigos en 1.975 puestos ¿qué está dispuesto a hacer y a repartir Santos para lograr los cuatro años necesarios "para completar su misión"?

 

Las recientes elecciones legislativas estuvieron pasadas por la mermelada –entrega de contratación a través de puntos indicativos– de la Casa de Nariño. Así permite afirmarlo el cruce de los Computadores de la Secretaria General de la Presidencia –o computadores de la Casa de Nariño denunciados por el Uribismo– pero también el resultado de los comicios.

 

El dulce hace marear hasta al más goloso: 114 de los 166 congresistas vinculados a la mermelada, y a la entrega de puestos en entidades estatales, tendrán continuidad o consolidan a sus herederos en el Congreso que tomará posesión el 20 de julio.

 

Se instala así un tenebroso panorama con mayorías relativas en el Senado y mayorías absolutas en la Cámara de Representantes, poder que la Unidad Nacional está dispuesta a defender a toda costa para asegurarse, tanto la reelección presidencial como las maquinarias en el resto de las ramas del poder público. Y esta dinámica no toca solamente a políticos con fuerte influencia regional y nacional.

 

Asegurar la reelección a toda costa

 

El panorama político, como señalamos en nuestra edición número 200 (marzo 20-abril 20), quedó abierto con una serie de dilemas que removieron la seguridad de la reelección presidencial. Es así como el país retornó a un escenario donde la disputa electoral está a flor de piel. No es para menos. Por primera vez el candidato presidente no tiene plenamente asegurada su continuidad en el atril de Bolívar, por más que se auto elogie por los supuestos logros en su gestión gubernamental, los que le permiten alardear con frases como: "la economía está bien" o "en estos años hemos creado más puestos de trabajo que ningún otro país".

 

Si para lograr sus propósitos por parte del actual Gobierno en las elecciones del pasado 9 de marzo fueron necesarios 2,4 billones de contratación pública y el nombramiento de amigos en 1.975 puestos ¿qué está dispuesto a hacer y a repartir Santos para lograr los cuatro años necesarios "para completar su misión"?

 

La estrategia electoral ha incluido una serie de modalidades que rozan con lo delictivo, incluyen variables de marketing y denotan negociaciones, todas de un Juan Manuel Santos aún fuerte pero con inocultables heridas en el cuerpo de su control político y gubernamental. Detengámonos para otear el panorama que lo circunda.

 

El plan de campaña

 

No hay tiempo para perder ni recurso por desechar. En primera medida, tensionó todos los resortes de propaganda de los 16 ministerios con que cuenta el país, para mostrar país la obra ya cumplida, que es, según ellos, la primera cuota de una presidencia que en el próximo cuatrienio culminaría con la plena realización de los objetivos de la prosperidad democrática. Igual anunció su antecesor en la anterior campaña presidencial. Todo parece indicar que nunca son suficientes cuatro años, pero tampoco lo serán 8 ni 12.

 

La tensión de estos resortes le cuestan al país 200 mil millones de pesos, e incluyen las polémicas propagandas con las cuales pretenden demostrar lo irreal: como el cumplimiento de lo pactado con los diferentes sectores que participaron en el Paro Nacional Agrario.

 

Si a esta opulencia ministerial se le suma la que con toda seguridad derrochan las Agencias de la Presidencia de la República, con su intervención directa sobre medios de comunicación regionales, podrá confirmarse que la mayoría del aparato comunicativo nacional está enfilado hacia los intereses de la casa Santos.

 

La propaganda no para. Durante las últimas semanas, cada día, se entregan viviendas a través de ministros como Juan Carlos Henao, o ponen en función concesiones que, en palabras de la ministra de transporte Cecilia Álvarez, los anteriores "gobiernos retrasaron por su pésima planeación", como la carretera Bogotá–Girardot y próximamente Bogotá–Tunja.

 

Segundo. El poder para el gobernante de turno. El uso de la contratación pública para alinear alcaldes y gobernadores. La famosa ley de garantías, supuesto mecanismo de salvaguarda de los dineros públicos, establecida desde 2005, quedó convertida en un mecanismo de coacción directa por parte del Ejecutivo, para asegurarse la influencia sobre la mayoría de los municipios del país.

 

De pública a particular. La estructura del poder estatal en Colombia convirtió el erario público en botín que moviliza a gamonales, políticos y círculos económicos regionales. No es extraño, por tanto, que para satisfacer intereses de todo tipo, por ejemplo, un día antes de la entrada en vigencia de la ley de garantías, 24 de enero del presente año, muchos funcionarios del ministerio del Interior tuvieran que trabajar a toda máquina, hasta las 12 de la noche, en la firma de 243 convenios con entidades territoriales, faltando por repartir 30 mil millones de pesos según dijo el propio ministro Iragorri.

 

Tercero. Varón electoral. El incomodo acuerdo con Germán Vargas Lleras, y lo representado por éste, es una concesión necesaria por parte de Juan Manuel Santos para ser apalancado en procura de su reelección. Pasa así el país de Uribe respaldado por Santos en 2010 a Vargas Lleras como barón electoral en 2014.

 

Esta alianza incomoda, que puede asegurar su continuidad, aminora su poder omnímodo, establecido meticulosamente por Santos durante su gobierno, obligándolo a una renegociación –en caso de reelección– del próximo gabinete presidencial. Queda también el sin sabor en el aire de las denuncias sanadas por Germán Vargas sobre sus vínculos con la parapolítica, "sanadas" con mano de cirujano: de un momento a otro narcotraficante como Néstor Ramón Caro, y 7 testigos más, rectificaron sus acusaciones contra el político bogotano1.

 

Cuarto. Gobierno de gremios. Relacionar su reelección con los intereses empresariales. Es claro que los otorgamientos de concesiones, las mentadas alianzas público privadas, los títulos mineros y la proposición de planes agro industriales y minero energéticos durante el gobierno Santos han quedado reducidas, en su benefactores, a una casta muy específica del empresariado criollo e internacional.

 

Este modelo de relación con pocos pero poderosos grupos económicos y financieros, ha impreso la imagen de respaldo de la mayoría de los gremios y poderes económicos del país al Gobierno, con excepción de la Sociedad de Agricultores de Colombia y Fedegan. Sin embargo, Juan Manuel Santos se ha visto en dificultades para conseguir el respaldo unificado de esta casta empresarial. Su reto es tan grande que día a día, en sus declaraciones, intenta destacar a su gobierno como la única posibilidad para que los empresarios satisfagan sus intereses a plenitud.

 

Quinto. Desatar una campaña sucia para conseguir la reelección. No es coincidencia que tras recibir concejos de publicidad, como los de Ángel Becacino, Juan Manuel Santos –a través del partido de la U– allá optado nuevamente por traer la asesoría del gurú internacional de las campañas negras J.J. Rendón.

 

Este venezolano le introduce un ritmo específico al manejo de la confrontación con Uribe, y permea las formas de hacer política a nivel regional. La presencia de Rendón fue admitida por el partido de la U para las pasadas elecciones legislativas, pero no las presidenciales, sin embargo según fuentes consultadas el controvertido comunicador ha logrado continuidad en la campaña reeleccionista.

 

Sexto. Reelección y paz o el mal menor y las farc amarradas. Santos ha posicionado su reelección como la única posibilidad que tiene el país para continuar con el proceso de paz. El discurso imperante en el país durante los últimos meses ha moldeado la concepción fabricada de que el único con el que puede firmarse la paz, en negociación en La Habana, es con el actual presidente. Esta bandera política lo coloca bajo el manto de ser el mal menor que garantiza la necesidad de la paz, factor que en algún sentido es respaldado tácitamente con su silencio por parte de las farc, tanto en la capital cubana como en las montañas de Colombia.

 

Séptimo. Geopolítica y poder. Santos circunscribe el respaldo internacional al país a un apoyo personal a su reelección. La reimpulsada agenda internacional de este gobierno ha proyectado un protagonismo determinante del país en asuntos regionales, posicionándolo como el filo de la balanza: Unasur y ahora Venezuela resaltan en este escenario. Pero el protagonismo regional y más allá, como país abierto y garantista va mucho más allá: Alianza del Pacífico, Ocde, ONU, y otro más, apareciendo en todas partes como el único que puede materializar las transformaciones políticas –paz– y económicas, imprescindibles para los poderes globales.

 

Octavo. Control total de las Fuerzas Armadas y de Policía. Tras la salida del General Jaino León Riaño de la Policía Nacional, de los generales Mauricio Zúñiga, jefe de Inteligencia del ejercito y Jorge Zuluaga, director de la Central de investigación técnica del Ejercito, y de la llamada a calificar servicios del director del Inpec –general de policía Adolfo Ricaurte–, el mensaje quedó claro para el conjunto de estas fuerzas: el Presiente es capaz de depurar la cúpula de este factor de poder para tener su total control, con el fin de garantizar su agenda reeleccionista, que incluye la paz, e implica destruir la influencia uribista sobre los cuerpos militares.

 

Manejo y moldeamiento de la oposición

 

La pretensión reeleccionista lo obliga a mucho más. Santos trata por todos los medios de moldear la oposición política. Parte de sus jugadas pretenden copar los círculos contrarios al señor de los ocho años, generando una suerte de frente antiuribista que incluye a figuras mediáticas como Daniel Coronell, el cuerpo editorial de revistas como Semana –dirigida por Alejandro Santos, sobrino del Presidente–, e informativos como Noticias Uno.

 

De manera adicional, en la orientación de su campaña electoral, maneja una línea dura de no negociar sino hasta pasada la primera vuelta presidencial las concesiones que le pudiera dar al centro democrático para garantizar su continuismo.

 

No hay casualidad. En estos manejos resalta el uso de estos medios de comunicación como centros de producción de la denuncia política en el país para la depuración del Ejército –operación Andrómeda–, de la Policía –contratación interna– y del control permanente sobre figuras de la palestra nacional que temen ser protagonistas de los escándalos difundidos por la portada de la revista Semana.

 

Su pretensión va más allá. Durante la reunión sostenida el 26 de marzo con la Marcha Patriótica, el Presidente aclaró que busca la mayor cantidad de apoyos para asegurar la reelección en primera vuelta, haciéndoles entrever que necesita de su respaldo para consumar el proceso de paz. A esto le suma sus declaraciones que posponen el proceso de paz con el eln, y que zanjan aguas inmediatas con la posibilidad de una Asamblea Nacional Constituyente –ANC–. En esta labor resaltan frases como "recuerden que una ANC es soberana y puede invalidar en el primer día lo que hemos negociado en La Habana".

 

A esto hay que agregar su interés por desarmar el paro nacional agrario proyectado por los paperos para el 28 de abril, valiéndose para ello del pacto agrario que otorgó a una centena de municipios más de 300 mil millones de pesos como dadivas asistenciales; así como el respaldo a la denuncia penal interpuesta por el ministro de Agricultura Lizarralde en contra del líder Cesar Pachón. También se prenden altavoces, difundiendo propaganda oficial a través de los medios de comunicación, intentando con ella que las reivindicaciones de los paperos, arroceros y cafeteros sean vistas como simples caprichos con intereses políticos.

 

1 http://www.eltiempo.com/justicia/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-12830831.html

 


 

 

Los operadores políticos y mediáticos

 

Para realizar la misión reeleccionista, Juan Manuel Santos destacó en funciones no solo a las cabezas visibles de los partidos de la Unidad Nacional, y de la Fundación Buen Gobierno, sino que conformó una capa silenciosa de operadores políticos que van desde periodistas hasta abogados y consultores de ministerios, encargados todos ellos de mediar apoyos, menoscabar enemigos políticos y articular a sectores empresariales a la campaña electoral santista. Entre ellos destacan Sergio Michelsen, Felipe de Viveros Arciniegas y Daniel Coronell.

 

Sergio Michelsen1: Abogado Uniandino, con maestría en derecho comercial en la parisina Sorbonne; poco conocido en los medios de comunicación. Pieza clave en mediar las negociaciones de otorgamiento de la concesión de espacios sin licitación, como obliga la ley, del Canal Uno a CMI y la unión temporal compuesta por RTI, Jorge Barón, Julio Sánchez Cristo, Yamid Amat y Daniel Coronell, convirtiendo esta plataforma informativa casi en un tercer canal de facto, donde se le dan juego a los pequeños del negocio de la comunicación.

 

Además, como señalan algunas fuentes, Michelsen está convertido en interlocutor de algunos grupos empresariales nacionales, internacionales y mixtos, como Bavaria S.A (Sab Miller) y el grupo tras almacenes Éxito, Casino y Sindicato Antioqueño. Es socio de la firma de abogados Brigard y Urrutia, vinculada al escándalo de otorgamiento de baldíos en la altillanura colombiana. Lo mencionan como uno de los dueños –a través de Brigard y Urrutia– de las dos plantas donde funciona la Agencia nacional de defensa jurídica del Estado.

 

Felipe de Viveros2: Abogado de la universidad de los Andes, director de la maestría en derecho público en la misma alma mater. Asesor de la Agencia Nacional de Televisión –ANTV– y del Ministerio de Tecnologías de la Información –MINTIC–, encargado de la elaboración jurídica de conceptos para otorgar las concesiones del gigante negocio de la red de internet de alta velocidad, donde además está relacionado con la empresa mexicana TV Azteca, convertida, junto con los negocios de internet 4G y el tercer canal de televisión, en las grandes transacciones que en el terreno de las telecomunicaciones el presidente Santos, a través de su ministro Diego Molano, está dispuesto a mediar en vocación de su carrera reeleccionista.

 

Daniel Coronell3: uno de los principales moldeadores de la opinión pública nacional a través de la denuncia periodística. Reconocido comunicador social, exdirector de Noticias Uno, vicepresidente de noticias de la cadena internacional Univisión, y columnista de la revista Semana. Fungió durante el gobierno Uribe, y aún hoy, como uno de los principales contradictores del expresidente.

 

Hoy por hoy es uno de los principales defensores del gobierno Santos. Ha destapado múltiples escándalos que, de una u otra manera, sirven para fortalecer el control de los poderes públicos y de las Fuerzas Armadas por parte del inquilino de la Casa de Nariño. Recientemente resultó beneficiado por el alargamiento de la concesión de espacios televisivos en el Canal Uno, obviando la licitación que requiere este tipo de procedimientos de operación de espacios comunicativos en televisión abierta.

 

1 http://bu.com.co/es/abogados/sergio-michelsen-jaramillo
2 http://derecho.uniandes.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=1810:-felipe-de-vivero-arciniegas&catid=57&Itemid=318&lang=en
3http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=wihzpkaqnWNrRM&tbnid=6HbT2MWOnY9irM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fjimenazuluaga.com%2Fdaniel-coronell-el-duro-de-las-noticias-en-la-intimidad%2F&ei=M5FGU6XgBae0sATrz4DQCA&bvm=bv.64507335,d.dmQ&psig=AFQjCNGW2b_KanBZYkGmBIkAYAIwV0Ys-g&ust=1397220009863745

Publicado en Edición Nº201
Domingo, 02 Marzo 2014 09:11

Correa apuesta por la re-re

El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, se mostró ayer dispuesto a reformar la Constitución para levantar la restricción para su reelección en 2017. Además, aseguró que revisará su decisión anterior de no presentarse, ante el avance de la oposición en las últimas elecciones locales y para garantizar la continuidad de la llamada Revolución Ciudadana, el proceso político que comenzó con su llegada al poder. "Creo que sobre la base de esta elección (del domingo pasado en que la oposición ganó la alcaldía de Quito), el país debe empezar a debatir seriamente las restricciones que pusimos a la reelección en la Constitución", expresó el mandatario durante su tradicional informe sabatino de labores. "El triunfo de la derecha en la capital podría ser utilizado como trampolín para intentar desestabilizar al gobierno", alertó.

 

"No les estoy diciendo que me voy a lanzar a la reelección, pero sí creo que hay que levantar esas restricciones, sí creo que hay que pensarlo seriamente, sí creo que hay que dejar la puerta abierta en caso de que esos nubarrones se hagan más grandes", indicó. Correa expresó que no busca nada personalmente en el ejercicio de la presidencia y que su cargo está a disposición del pueblo ecuatoriano, pero dijo estar listo para salir a defender la Revolución Ciudadana.


"Si fuera cierto que la gente votó contra el gobierno, el oficialismo debería haber perdido en todo", agregó Correa al rechazar los análisis que advertían una derrota del oficialismo en todo el país. Según Correa, el oficialismo alcanzó el 39,5 por ciento del total de votos acumulados en las votaciones del domingo y dijo que por ello sigue siendo la primera fuerza política del país, mientras que la votación ponderada de la oposición no llega al 25 por ciento. También observó que, de acuerdo con los datos que dispone, AP y sus aliados habrían captado más del 50 por ciento de los votos para prefecturas (gobernaciones), seguido del derechista CREO (Creando Oportunidades) con el 12 por ciento.


Pero pidió a los integrantes de su fuerza política "estar en las trincheras para defender lo alcanzado". Retó también a sus opositores a propiciar su propia reelección: "Si, como dicen, el gran derrotado (en las elecciones del domingo) fue Correa, van a ser los más entusiastas en apoyar la reelección presidencial, porque seguramente perderemos en 2017". Tras apuntar que su responsabilidad es garantizar la continuidad de su proyecto político, el jefe de Estado destacó que el triunfo del domingo pasado podría hacer que la oposición, a quien Correa engloba en "la derecha", intente desestabilizar a su gobierno. "No es una derecha silvestre, sin mayor perspectiva, la que ganó en Quito, sino una derecha organizada, con apoyo internacional, con una estrategia de poder, y que entra en el marco de la nueva ofensiva imperial contra los gobiernos progresistas de América latina", manifestó Correa.


"O nos renovamos o perecemos", alertó Correa al evaluar los problemas de AP, aunque repitió que la tendencia de izquierda era la gran triunfadora de los comicios del domingo pasado. "Las fuerzas de izquierda somos más del 50 por ciento del país y la derecha no llega al 38 por ciento", remarcó, y no descartó convocar a una alianza de todas las fuerzas progresistas para detener los avances de la derecha.


Aclaró que no aludía directamente al alcalde electo, Mauricio Rodas, quien se autoproclama como centroprogresista, pero aseguró que la gente que rodea al nuevo jefe de Gobierno de Quito prepara un modelo "antinacional" y "antipatriótico". Por ello, reiteró que su gobierno aún tiene metas por cumplir. "Mucho por hacer para que este proceso sea irreversible y poder dejar a nuestros hijos un país sin tanta manipulación y corrupción, un país bañado en verdad, un país sin los poderes de siempre acechando para volver a dominarnos", dijo.


La Constitución aprobada en 2008 impide la reelección presidencial más allá de un segundo período, pero la gobernante AP ostenta una amplia mayoría para eliminar ese obstáculo, y así lo anunció la presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira. "Nosotros hemos planteado, no ahora sino desde siempre, la posibilidad de que el presidente Rafael Correa pueda ir de nuevo a las urnas", declaró Rivadeneira, quien es militante de AP.


De acuerdo con la líder parlamentaria, la bancada del partido gobernante se reunirá en los próximos días para debatir una eventual enmienda constitucional al artículo que impide la reelección presidencial indefinida. El movimiento oficialista Alianza País, que cuenta con 100 votos de los 137 escaños en la Asamblea Nacional, planteó el viernes la discusión sobre este tema a fin de permitir que su líder compita en las próximas elecciones.


El miércoles próximo, los asambleístas de gobierno tendrán una primera reunión para optar por la enmienda constitucional que tiene ya el espaldarazo y la aceptación de Correa.

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