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Domingo, 02 de Marzo de 2014 09:11

Correa apuesta por la re-re

El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, se mostró ayer dispuesto a reformar la Constitución para levantar la restricción para su reelección en 2017. Además, aseguró que revisará su decisión anterior de no presentarse, ante el avance de la oposición en las últimas elecciones locales y para garantizar la continuidad de la llamada Revolución Ciudadana, el proceso político que comenzó con su llegada al poder. "Creo que sobre la base de esta elección (del domingo pasado en que la oposición ganó la alcaldía de Quito), el país debe empezar a debatir seriamente las restricciones que pusimos a la reelección en la Constitución", expresó el mandatario durante su tradicional informe sabatino de labores. "El triunfo de la derecha en la capital podría ser utilizado como trampolín para intentar desestabilizar al gobierno", alertó.

 

"No les estoy diciendo que me voy a lanzar a la reelección, pero sí creo que hay que levantar esas restricciones, sí creo que hay que pensarlo seriamente, sí creo que hay que dejar la puerta abierta en caso de que esos nubarrones se hagan más grandes", indicó. Correa expresó que no busca nada personalmente en el ejercicio de la presidencia y que su cargo está a disposición del pueblo ecuatoriano, pero dijo estar listo para salir a defender la Revolución Ciudadana.


"Si fuera cierto que la gente votó contra el gobierno, el oficialismo debería haber perdido en todo", agregó Correa al rechazar los análisis que advertían una derrota del oficialismo en todo el país. Según Correa, el oficialismo alcanzó el 39,5 por ciento del total de votos acumulados en las votaciones del domingo y dijo que por ello sigue siendo la primera fuerza política del país, mientras que la votación ponderada de la oposición no llega al 25 por ciento. También observó que, de acuerdo con los datos que dispone, AP y sus aliados habrían captado más del 50 por ciento de los votos para prefecturas (gobernaciones), seguido del derechista CREO (Creando Oportunidades) con el 12 por ciento.


Pero pidió a los integrantes de su fuerza política "estar en las trincheras para defender lo alcanzado". Retó también a sus opositores a propiciar su propia reelección: "Si, como dicen, el gran derrotado (en las elecciones del domingo) fue Correa, van a ser los más entusiastas en apoyar la reelección presidencial, porque seguramente perderemos en 2017". Tras apuntar que su responsabilidad es garantizar la continuidad de su proyecto político, el jefe de Estado destacó que el triunfo del domingo pasado podría hacer que la oposición, a quien Correa engloba en "la derecha", intente desestabilizar a su gobierno. "No es una derecha silvestre, sin mayor perspectiva, la que ganó en Quito, sino una derecha organizada, con apoyo internacional, con una estrategia de poder, y que entra en el marco de la nueva ofensiva imperial contra los gobiernos progresistas de América latina", manifestó Correa.


"O nos renovamos o perecemos", alertó Correa al evaluar los problemas de AP, aunque repitió que la tendencia de izquierda era la gran triunfadora de los comicios del domingo pasado. "Las fuerzas de izquierda somos más del 50 por ciento del país y la derecha no llega al 38 por ciento", remarcó, y no descartó convocar a una alianza de todas las fuerzas progresistas para detener los avances de la derecha.


Aclaró que no aludía directamente al alcalde electo, Mauricio Rodas, quien se autoproclama como centroprogresista, pero aseguró que la gente que rodea al nuevo jefe de Gobierno de Quito prepara un modelo "antinacional" y "antipatriótico". Por ello, reiteró que su gobierno aún tiene metas por cumplir. "Mucho por hacer para que este proceso sea irreversible y poder dejar a nuestros hijos un país sin tanta manipulación y corrupción, un país bañado en verdad, un país sin los poderes de siempre acechando para volver a dominarnos", dijo.


La Constitución aprobada en 2008 impide la reelección presidencial más allá de un segundo período, pero la gobernante AP ostenta una amplia mayoría para eliminar ese obstáculo, y así lo anunció la presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira. "Nosotros hemos planteado, no ahora sino desde siempre, la posibilidad de que el presidente Rafael Correa pueda ir de nuevo a las urnas", declaró Rivadeneira, quien es militante de AP.


De acuerdo con la líder parlamentaria, la bancada del partido gobernante se reunirá en los próximos días para debatir una eventual enmienda constitucional al artículo que impide la reelección presidencial indefinida. El movimiento oficialista Alianza País, que cuenta con 100 votos de los 137 escaños en la Asamblea Nacional, planteó el viernes la discusión sobre este tema a fin de permitir que su líder compita en las próximas elecciones.


El miércoles próximo, los asambleístas de gobierno tendrán una primera reunión para optar por la enmienda constitucional que tiene ya el espaldarazo y la aceptación de Correa.

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  • Antetítulo DIJO QUE REFORMARIA LA CONSTITUCION PARA PRESENTARSE EN 2017
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 Quito, 13 de febrero. Los medios de comunicación comerciales de Ecuador, abiertamente anticorreistas, y todas las casas encuestradoras autorizadas para hacer los sondeos de las elecciones de este domingo alinearon desde la semana pasada sus pronósticos en una sola dirección: el presidente Rafael Correa superará 50 por ciento más un voto para ser declarado electo en primera vuelta. Y superará a su contrincante más cercano, el banquero Guillermo Lasso, por más de 20 puntos. Además, tiene buenas posibilidades de obtener la mayoría de los 137 escaños en la Asamblea Nacional, con lo que rompería el candado de una legislatura adversa que hasta ahora obstaculizó algunas de las iniciativas que el oficialismo considera estratégicas.

 

Al reconocer que el candidato del partido Alianza Patria Altiva y Soberana (PAIS) arrasará en su segunda contienda presidencial, a diferencia de su primera victoria en 2006, cuando fue a segunda vuelta –con un proceso de ratificación intermedio en 2009, después de una asamblea constituyente que reformó todas las instituciones políticas– las televisoras, radios y diarios de fuertes grupos dieron un drástico viraje en los pronósticos que sostenían apenas una semana antes, de que Correa, desgastado, sería derrotado por Lasso o, en opinión de algunos, incluso por el coronel Lucio Gutiérrez. Este ex coronel fue derrocado por el movimiento indígena, la llamada "revolución forrajida", en 2008. Hoy representa un núcleo duro de populismo de derecha en la región serrana del país.

 

El síndrome mexicano

 

"Se están curando en salud para evitar el síndrome mexicano, donde las encuestas exageraron tanto el margen de maniobra del candidato ganador Enrique Peña Neto que al final tuvieron que reconocer sus errores, con la consiguiente pérdida de credibilidad", asegura Alexis Ponce, analista de Alianza PAIS, activista de los derechos humanos.

 

Con este panorama concluye este jueves la intensa campaña en la que contendieron un partido oficialista de centro izquierda que lleva seis años de construcción de lo que llama la revolución ciudadana, dos partidos de izquierda con fuerzas que se desprendieron del correismo y cinco partidos ligados a los grupos oligárquicos.

 

La cierta victoria de Correa —economista de 50 años que ostenta dos maestrías y un doctorado, que habla kichwa además de inglés y francés y que tiene arraigo en las tres regiones con frecuencia antagónicas de Ecuador: la Costa, donde se ubica Guayaquil, centro financiero; la Sierra con la capital política de Quito y la Amazonía, con un tesoro de riquezas minerales en su subsuelo– es en opinión del periodista Osvaldo Pérez, director del diario público El Telégrafo, "lógica". Añade: "al delantero del equipo que está metiendo los goles no lo sacas a la mitad del partido".

 

Cabe este deportivo comentario en una tarde de furor futbolero, en donde los quiteños salen a los cafés al aire libre, a pesar del frío, a mirar en las pantallas públicas el juego de la Copa Libertadores donde un equipo nacional se enfrenta al Barcelona. Pero los "goles" de los que habla tienen más que ver con la economía y la forma como ha cambiado el panorama social de millones de ecuatorianos. Gallup da cuenta de un índice de popularidad muy poco común para un presidente que repite periodo: entre 78 y 80 por ciento de aprobación. La Comisión Económica para América Latina y El Caribe registra a Ecuador en el sexto lugar de países que mejoraron el comportamiento de su economía (mientras que México figura en el lugar 12).

 

"Goles" visibles en la impresionante obra pública y privada que se observa en las ciudades y las carreteras y que detonó muchos sectores productivos, abatiendo como hacía décadas no sucedía, el desempleo.

 

La deuda externa de un país golpeado por la dolarización que se impuso en los 90 por el famoso "feriado bancario" y la posterior quiebra de los bancos privados fue reducida por Correa de 16 mil millones de dólares en 2006 a 5 mil millones por un método simple y heterodoxo: declaró ilegítimo el endeudamiento con la banca extranjera y la anuló en 2007.

 

Más goles

 

Otros "goles" del presidente se reflejan directamente en los bolsillos de los sectores más pobres. Una reforma tributaria liberó del pago de impuestos a los asalariados que ganan menos de 25 mil dólares al año y trasladó la carga fiscal a los sectores con ingresos mayores.

 

Otro dato refiere que en los últimos seis años un millón de ecuatorianos salieron del nivel de pobreza. Un recorrido por los barrios del sur de Quito, a espaldas de la famosa virgen del Panecillo que domina desde sus 3 mil 500 metros de altura todos los altos y cañadas de la capital, traduce graficamente la cifra.

 

Chillogallo, en las goteras de la ciudad, fue hasta hace no mucho una ciudad perdida habitada por centenares de miles de campesinos, principalmente kichwas, que emigraron de las zonas rurales, invadiendo las laderas de la cordillera. Hoy sus callejuelas que suben y bajan están limpias, las casas humildes no son de cartón, sus niños caminan con zapatos bien abrigados, son pocos los callejones que quedan sin pavimentar. La pobreza de las villas miseria latinoamericanas ya no se ve en este antiguo asentamieno donde aún queda la iglesia donde en 1822 el mariscal José Antonio Sucre se acuarteló antes de lanzar su ofensiva final sobre el Pichincha, para obtener la independencia.

 

Aquí, cuna de un núcleo duro correista, lucen por centenares las banderas verde-flex, como le dicen al color fosforescente que simboliza a Alianza PAIS. De aquí salrá la concentración caravana con la que Correa cierra campaña, culminándola frente a la sede del partido, en la elegante avenida Amazonas, ya en el norte de la ciudad, situada en lo que fue el corazón bancario quiteño y hoy alberga a la mayor parte de los ministerios y dependencias del Ejecutivo.

 

La misma impresión causan otros barrios humildes de las afueras; Chilibulo, Mena Dos, Barrio Nuevo, San Juan: limpieza, dignidad en la pobreza, reducidos niveles de inseguridad, niños escolarizados, centros de salud equipados, si bien aun insuficientes. Y un detalle notable: la "descarcachización" de la vía pública. Gracias al acceso a créditos y facilidades para dar como enganche un auto mayor de 20 años, muchos quiteños han comprado vehículos baratos, nuevos.

 

Muchos hablan con entusiasmo de otros logros, que en los sectores de la oposición de derecha llaman populismo. Por ejemplo, el "bono de desarrollo", especie de Procampo u Oportunidades, que dota de 50 dólares mensuales a personas vulnerables: madres solteras, desempleados, discapacitados, adultos mayores, viudos. Este bono que viene de tiempos del presidente neoliberal ortodoxo Jamil Mahuad se ha triplicado y es más eficiente porque el padrón de beneficiarios se ha depurado y porque se condiciona a los jefes de familia a que inscriban a sus hijos a la escuela y los lleven a dos chequeos de salud al año. Este programa es financiado con una carga que obliga a la banca privada a destinar cada año 40 por ciento de sus utilidades a los bonos.

 

Otras reformas de la política social se discuten ampliamente en las calles, los mercados y los autobuses y tranvías, aún deficitarios en esta ciudad con una complicada red vial.

 

Durante los gobiernos neoliberales anteriores, la educación pública sufrió un embate de privatizaciones enorme. Sin controles de calidad proliferaron las universidades "patito", aquí llamadas popularmente "de garage". Un decreto presidencial les impuso una evaluación y las peor evaluadas fueron clausuradas. Desaparecieron al menos 40, a otras se les impuso un plazo para demostrar mejorías en sus planes docentes y contenidos. Para la gran demanda de estudiantes que no alcancen cupo en las universidades públicas aún escasas –la Central de Ecuador, las Estatales de Guayaquil y Cuenca y algunas politécnicas– las privadas tienen obligación de darles cabida y becarlos.

 

"Ecuador vuelvo a ti"

 

Existe además el programa "Ecuador vuelvo a ti" que ofreció 53 millones de dólares en becas para estudiantes ecuatorianos emigrados. Y la controvertida y ambiciosa "Escuela del Milenio", que opera sólo con maestros que han pasado una estricta evaluación en zonas rurales, en escuelitas pequeñas pero dotadas de tecnología de punta para el aprendizaje. Sus críticos señalan que se ha priorizado la tecnología por encima de los contenidos, pero es apenas un plan en ciernes, con 20 escuelas piloto.

 

En salud pública hay otros programas, el que ofreció plazas bien pagadas en hospitales públicos a médicos especialistas que habían emigrado con la constante fuga de cerebros del pasado. También se aplicó el modelo de clausurar hospitales privados de mala calidad. Y ante la insuficiencia de hospitales públicos para dar cobertura total, una ley obliga a los privados a atender, incluso operar y tratar casos complejos, a pacientes que son remitidos del sector público. El gobierno paga.

 

¿Con qué? Con el resultado de otro decreto polémico de Correa, que determinó que 90 por ciento de la renta petrolera y de la minería debía permanecer en el país y las utilidades de las corporaciones extractivas se reduciría a un 10 por ciento. Con esto invirtió la proporción de 90 a 10 que se iba a las cuentas de las empresas.

 

Estos son algunos de los goles anotados por el delantero en los comicios que se definen dentro de cuatro días y que permite que Felipe Burbano, sociólogo de la oposición, académico de FLACSO y duro crítico de la Revolución Ciudadana pronosticara en una entevista que publica el diario conservador Hoy, el pasado lunes: "La elección será un ritual que va a consagrar en el poder a Rafael Correa como una suerte de jefe supremo". Y advierte: "El riesgo es que esa fuerza ampliamente mayoritaria se vuelva autoritaria ante los perdedores". Pero ese es un debate mucho más amplio y complejo.

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  • Autor Blanche Petrich
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Para las elecciones del próximo 17 de febrero en Ecuador se presentan ocho organizaciones políticas, con bases muy diferentes. La primera es el Movimiento Alianza País, (Patria Altiva y Soberana), actualmente en el poder. Producto de un acuerdo de varios movimientos y fuerzas políticas –constituido en 2006–, relativo a un programa de transformación social y económica.

 

Sin embargo, con el tiempo ese acuerdo perdió una parte de sus componentes; es el caso de Ruptura de los 25 y de sus apoyos, como la Conaie (Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador), de los ecologistas ,y además el de personajes como Alberto Acosta, Diego Borja, Gustavo Darquea, Betty Amores y Gustavo Larrea, entre otros. Rafael Correa es el candidato a la presidencia, y Jorge Glas, ex ministro de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, renunció al ministerio coordinador de los sectores estratégicos para postularse a la vicepresidencia. Su nombramiento suscitó reacciones negativas dentro del movimiento. Rafael Correa pidió una suspensión del ejercicio de la presidencia para dedicarse a la campaña electoral.

 

El vicepresidente, Lenin Moreno, realizó programas muy exitosos en favor de los discapacitados, siendo él mismo uno de ellos. Su labor es apreciada por toda la sociedad ecuatoriana y él ha tenido reconocimiento internacional. No se presentó en el binomio de Alianza País para la contienda de este año, pero trabajará a escala latinoamericana.

 

El Partido Sociedad Patriótica 21 de Enero lleva de candidato a Lucio Gutiérrez, militar y ex presidente; "oficialmente" de orientación centroizquierda, pero que traicionó y decepcionó al movimiento indígena y a los movimientos sociales que lo habían apoyado; en la praxis del poder devino en fiel aliado de Estados Unidos. Gutiérrez no pudo terminar su mandato, fue destituido en abril de 2005, luego de dos años de gobierno, por la irrupción de la lucha de "los forajidos".

 

El Partido Renovador Institucional Acción Nacional (Prian) lleva a Álvaro Noboa como abanderado a la presidencia. Representante de la oligarquía bananera, Noboa ha competido cinco veces por el cargo. En 2006, cuando triunfó Rafael Correa, obtuvo 23 por ciento de los votos. En esa oportunidad, y por segunda ocasión, fue junto con su esposa, Anabella Azin, como abanderada a la vicepresidencia.

 

El Movimiento Creando Oportunidades (Creo) representa la nueva derecha, moderna y neoliberal, bastante similar a la orientación de Capriles en Venezuela. Su candidato es Guillermo Lasso, banquero y ex presidente del Banco de Guayaquil. Para competir por la vicepresidencia había escogido a Auki Tituaña, actor político indígena, quien ante tal situación inmediatamente fue expulsado de la Conaie. Luego renunció y fue reemplazado por Juan Carlos Solines, proveniente de la agrupación Concertación Política, de Cesar Montúfar.

 

Unidad Plurinacional de Izquierdas es el fruto de una alianza de izquierda entre el Movimiento Popular Democrático (MPD), el Movimiento Pachakutik y varias agrupaciones opuestas a las políticas de Correa. Entre ellos se encuentran el Movimiento Montecristi Vive (nombre escogido por ser el lugar donde se elaboró la nueva constitución), cuyo líder principal es Alberto Acosta; Red Ética y Democrática (RED); Poder Popular, Participación, y Socialismo Revolucionario.

 

Pachakutik fue constituido en 1996 por dirigentes indígenas y varias fuerzas políticas. El MPD mantuvo durante décadas una importante influencia en las universidades, en la Unión Nacional de Educadores (UNE) y en el movimiento estudiantil, que opta a veces por acciones violentas y en otras por alianzas oportunistas. Actualmente el MPD ha perdido protagonismo tanto en las universidades como en la UNE.

 

Esta formación política se presenta como la "nueva izquierda" y cuenta con el apoyo del movimiento indígena, de los ecologistas y de algunos intelectuales decepcionados por la política vigente. Su candidato presidencial es Alberto Acosta, economista, que estudió en Alemania, ex presidente de la Asamblea Constituyente y ex ministro de Minas en el gobierno de Correa. Su ruptura con este último se produjo al término de la preparación del texto constitucional, cuando Acosta pidió más tiempo para debatir la nueva carta política, y que el presidente rechazó; sin embargo, las principales divergencias se manifiestan a propósito del modelo de desarrollo. Acosta es un reconocido intelectual, profesor en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso). La candidata a vicepresidenta es Marcia Caicedo, abogada afrodescendiente y ex miembro del Consejo Nacional Electoral.

 

El Movimiento Sociedad Unida Más Acción (SUMA), de orientación ecologista, lleva de candidatos a la presidencia a Mauricio Rodas y a Inés Manzano a la vicepresidencia.

 

El Movimiento Ruptura de los 25 fue miembro de Alianza País cuando aún era un grupo. Fundado por jóvenes de clase media, rompió con Alianza País con motivo del referendo implicando algunos cambios constitucionales. Presenta a Norman Wray como aspirante a la presidencia y a Ángela Mendoza para vicepresidenta.

 

El Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE), en referencia al presidente Roldós, fallecido en un supuesto accidente aéreo, el cual se cree que fue provocado por la CIA, por ser un nacionalista de centroizquierda, presentó en un primer momento como abanderado al ex presidente Abdalá Bucaram, destitui- do luego de seis meses en el poder y actualmente exiliado en Panamá, acusado de corrupción. Como su candidatura fue rechazada por la Comisión Electoral, presentó un nuevo binomio con Nelson Zavala –pastor protestante– como aspirante presidencial.

 

En un sondeo realizado en octubre pasado –antes de la apertura oficial de la campaña electoral–, la mitad de los entrevistados se declararon indecisos. Sobre los que tenían una opción, 44 por ciento se pronunció en favor de Correa y 18 por ciento por Lasso. En tanto, 7 por ciento apoyaron a Acosta y Gutiérrez. Noboa recibió 2 por ciento. El resto de candidatos prácticamente no obtuvo apoyo. En Ecuador hay segunda vuelta de elecciones, si en la primera ningún aspirante supera 50 por ciento de sufragios. Sin embargo, es muy probable que Rafael Correa gane desde la primera, porque tiene apoyo mayoritario en un país con una situación económica favorable en los últimos años y donde las políticas sociales han favorecido a gran número de ciudadanos.

 

La trayectoria política del presidente actual

 

Nacido en Guayaquil, en 1963, Rafael Correa formó parte de un grupo de estudiantes de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil interesados en la doctrina social de la Iglesia. Después de su graduación en economía pasó un año –junto a misioneros salesianos– en Zumbahua, comunidad indígena kichwa situada en una región montañosa de la Sierra Centro. Cursó su maestría en economía en la Universidad Católica de Lovaina, donde fue presidente del Círculo de Estudiantes Extranjeros. Se casó con la belga Anne Malherbe. Se doctoró en economía en la Universidad de Illinois en Madison, Estados Unidos. Fue catedrático en la Universidad San Francisco de Quito, institución privada muy elitista.

 

Cuando fue destituido Lucio Gutiérrez, su sucesor, Alfredo Palacios, quien era vicepresidente, llamó a Rafael Correa para ocupar el cargo de ministro de Finanzas. En tres meses de labor, Correa empezó reformas importantes, opuestas a las orientaciones del Banco Mundial y del FMI, y en 2006 se presentó a las elecciones presidenciales. No tenía un pasado político, pero después de casi una década de inestabilidad en el país parecía ser una persona capaz de corregir esa situación. En la segunda vuelta le ganó al oligarca Álvaro Noboa. Luego, en los comicios de 2007 para la Asamblea Constituyente, Alianza País obtuvo 80 de los 130 escaños. En 2008, en el plebiscito para aprobar la nueva Constitución, recibió la aprobación con 63 por ciento de votos. En 2009 fue relecto presidente con 51.99 por ciento de sufragios.

 

En septiembre de 2010, una rebelión en la policía –con rasgos de golpe de Estado– casi le costó la vida. En 2011, una consulta popular sobre 10 puntos, que proponía desde el seguro social obligatorio y cambios radicales en el Poder Judicial, hasta la eliminación de las corridas de toros, dio distintos resultados –dependiendo de las regiones– y, al final, una muy justa mayoría.

 

Correa afirma que la inspiración de la revolución ciudadana proviene de Eloy Alfaro, gestor de una revolución liberal a principios del siglo XX, quien fue asesinado por las fuerzas reaccionarias. Su visión política considera que después del periodo neoliberal se debe reconstruir el Estado y "rehacer" la ciudadanía. Posee un discurso fuerte y permanente, apoyado por una comunicación intensiva en la prensa y en la televisión. Cada sábado da cuenta de su trabajo de la semana. Para llevar a cabo su proyecto político tuvo que hacer una serie de reformas, como en el corrupto sector justicia, que requería cambios profundos. Para evaluar ese proceso solicitó la colaboración del juez Baltasar Garzón. Sus críticos lo acusan de utilizar la reforma para controlar el sistema judicial.

 

En tanto, la educación en los niveles de primaria y secundaria ha obtenido un importante desarrollo cuantitativo, aun si desde un punto de vista cualitativo existen muchas deficiencias, en parte debidas a las reformas mismas. En la enseñanza superior se requería también un cambio. El número de estudiantes –más de 200 mil– había aumentado mucho, además de que había 49 facultades de derecho y 60 mil abogados, y la corrupción tampoco estaba ausente en esa área. La reforma educativa se inspiró en parte en las medidas de Bolonia, es decir, con una perspectiva tecnócrata y reglas de eficacia de tipo empresarial, por lo que es criticada en los medios universitarios. La concepción centralizadora del Estado condujo también a reintegrar la Dirección Nacional de Educación Bilingüe (kichwa y español) en el ministerio nacional, cuando había tenido, desde su creación en 1988, un estatuto autónomo.

 

La reforma tributaria se destinó a hacer pagar a los más ricos, que, como en el resto del continente, no cubren impuestos o, en el mejor de los casos, pagaban muy poco. Dada esta nueva política fiscal, se duplicaron los ingresos del Estado. Esta medida provocó reacciones moderadas en los sectores más ricos, debido a la buena coyuntura económica del país y del continente en general, gracias al aumento de los precios de las materias primas y los productos agrícolas de exportación. El alza de precios internacionales produjo un aumento considerable de las ganancias del sector exportador tradicional (plátano, cacao, café), de los bancos y los grandes comerciantes, y benefició indirectamente la industria local, todavía en proceso de desarrollo.

 

El cambio en las disposiciones sobre los medios suscitó grandes controversias. Como en el resto de América Latina (y más en otros lugares), la prensa y la televisión están en manos del capital financiero o comercial, sin embargo, se denomina prensa libre e independiente. En Ecuador, las nuevas disposiciones prevén que ningún poder económico, financiero ni productivo puede ser propietario de medios de comunicación. Se trata realmente de restablecer la libertad de prensa. No obstante, la manera en que actuó Correa contra la llamada "prensa corrupta" ha tenido un efecto no esperado. Durante el juicio, él pidió una compensación de 80 millones dólares al diario El Universo por acusaciones falsas en su contra, y un millón a cada uno de los dos periodistas que publicaron un libro (El gran hermano) atacando los negocios de su hermano con el sector público. La justicia condenó al periódico, pero redujo la suma a 40 millones, y confirmó la multa de los dos periodistas. Las reacciones internacionales fueron fuertes, y una medida en sí correcta se transformó en un problema mediático. Incluso intervinieron algunos ex jefes de Estado (Clinton, Cardoso). El presidente Correa perdonó. Tal vez si él hubiera pedido un dólar como compensación moral, la cosa habría sido diferente.

 

El principal desafío social del país es la pobreza, sostiene Correa con razón. Por eso, tomó muchas medidas. El aumento de los impuestos permite al Estado ofrecer mejor acceso a la salud y a la educación. Se aumentó el salario mínimo y se disminuyó la retribución del capital (de 24/25 a 8/9 por ciento). Se conceden Bonos de Desarrollo Humano por 35 dólares mensuales a más de un millón 200 mil personas pobres. Este programa, mínimo frente a lo que significa la pobreza real, pero importante en los casos extremos, corresponde de hecho a una lógica asistencial (necesaria en situaciones de emergencia) que, sin embargo, no produce actores sociales, sino más clientes del Estado.

 

Cuando el candidato Guillermo Lasso afirmó que de ser electo presidente incrementaría el bono a 50 dólares, utilizando el dinero gastado por el gobierno actual en publicidad y propaganda, Correa contestó que a partir del primero de enero de 2013 el bono se incrementaría a 50 dólares. Para financiarlo envió a la Asamblea –con carácter urgente– un proyecto de ley mediante el cual se trata de equiparar el impuesto a la renta al mismo nivel nacional (23 por ciento). Actualmente los bancos pagan únicamente 15 por ciento. La ley fue aprobada en diciembre 2012. La pobreza disminuyó durante la presidencia de Correa, pero poco dentro de la población indígena. Gracias a la coyuntura internacional y a ciertas políticas del gobierno, la previsión de crecimiento del PIB para 2013 es de 5.4 por ciento y el desempleo no sobrepasa 5 por ciento.

 

Una parte importante de los ingresos del Estado proviene de los recursos naturales, en especial del petróleo. Pero esta fuente de recursos, que ha sido alta en los últimos años, no va a perdurar. En Ecuador, el petróleo está en su nivel máximo de explotación y dentro de 20 años estará agotado. De ahí la preocupación de Correa de encontrar un sustituto en la minería. Se trata de explotación a cielo abierto, forma necesaria actualmente para extraer las reservas de minerales siempre más reducidas, pero que conlleva perjuicios ecológicos y sociales, observados en todo el mundo. La Asamblea aprobó una ley en la materia que permite la entrada de las multinacionales, imponiendo condiciones de explotación. El gobierno envió al ejército para destruir las minas artesanales, que trabajaban en pésimas condiciones ecológicas y sociales.

 

Frente a las resistencias contra las concesiones a corporaciones extranjeras, la mayoría, canadienses y chinas, se creó la legislación antiterrorista; varios líderes indígenas fueron arrestados y encarcelados. Correa sostiene que Ecuador no puede quedarse sentado como un mendigo sobre una bolsa de oro. "Estos recursos son necesarios para luchar contra la pobreza. La tecnología actual permite una explotación más limpia: si explotamos cuidadosamente los recursos naturales eso puede también beneficiar el entorno natural", señala.

 

Según él, hay muchas otras causas de destrucción de la naturaleza, como la falta de energía, que obliga a cortar árboles, y las aguas negras de Quito, que contaminan el río Machángara. En cambio –señala–, los recursos de las minas permitirían dar solución a estos problemas. "Es una locura decir no a la explotación de los recursos naturales, lo que propone una parte de la izquierda... Eso es una izquierda infantil, que solamente puede legitimar la derecha", dice.

 

Sin embargo, los campesinos, en particular los indígenas que habitan las regiones mineras, temen las consecuencias: falta de agua, contaminación, enorme cantidad de desechos, expulsión de comunidades. En varios casos ya se han opuesto a los proyectos cerrando carreteras. Por su parte, la ley prevé compensaciones para las comunidades y una participación en las regalías. Por eso ciertos líderes indígenas no se oponen y las comunidades se dividen. Se vislumbran conflictos, como en todo el continente, desde México hasta la Patagonia, en los meses que vienen. La experiencia de otros países y otros continentes (Filipinas, Congo, etcétera) evidencia el no respeto de las empresas mineras a las reglas de protección y el uso de su enorme poder técnico, económico y político para burlar las leyes locales.

 

Al mismo tiempo, Correa defiende la no utilización del petróleo del parque nacional del Yasuní. Una reserva muy importante se encuentra en esta región de alta biodiversidad, habitada por pueblos indígenas. Cuando era ministro de Minas, Alberto Acosta defendió esta idea que a cambio pide una intervención financiera de la comunidad internacional, por la mitad de la ganancia que habría obtenido la explotación del crudo. Es evidentemente una batalla dura y no ganada. Sin embargo, ya existe un plan B de explotación.

 

La referencia al Sumak Kawsay (Buen Vivir) es constante. La Constitución introdujo este concepto como eje transversal. Es tomado en cuenta en el Plan Nacional de Desarrollo (2007-2013). El mismo presidente se refiere regularmente al "Buen Vivir". Sin embargo, las aplicaciones muchas veces parecen contradecir el contenido, porque se utiliza para cualquier cosa: por ejemplo, cada nueva carretera significa "Buen Vivir".

 

Por eso, es necesario conocer más de cerca la concepción de desarrollo que tiene Correa para la modernización del país. Se trata de varios elementos, como la construcción de una nueva red de carreteras, lo que de verdad es impresionante en un Ecuador de tantas montañas; el paso de la minería artesanal a la industrial aumentará las riquezas del país; la agroenergía en monocultivos y la construcción de importantes represas, que permitirán el remplazo del petróleo y el uso de transgénicos posibilitará el incremento de la productividad agrícola (el presidente sugiere una modificación en la Constitución, porque lo prohíbe). Yachay (sabiduría en kichwa), una nueva universidad concebida como ciudad del conocimiento y de la tecnología, permitirá la formación de especialistas en saberes de punta. En suma, se trata de una visión bastante tecnócrata del desarrollo y que no toma muy en cuenta las "externalidades"; es decir, los costos de este modelo, tanto ecológicos como culturales. La agricultura campesina, por ejemplo, no entra en esta perspectiva. La preocupación cultural se manifiesta principalmente en una política de defensa del patrimonio, eficaz y muy útil para construir la memoria de la nación, pero que constituye una parte solamente de la cultura.

 

En el discurso de Correa, el socialismo del siglo XXI es la definición del modelo que propone, es decir, la modernización del país, junto con una preocupación por la justicia social. Esto se realizará por etapas y, según él, recién se ha comenzado. Sin embargo, todavía no se ha salido del capitalismo. "El modelo de acumulación no se ha cambiado", afirma el presidente. Para seguir adelante, pide un nuevo mandato. Sin embargo, la cuestión teórica es saber si este modelo realmente significa a largo plazo la búsqueda de un nuevo paradigma poscapitalista o si implica solamente la adaptación del sistema existente a nuevas demandas.

 

Por esta razón se produjeron varios conflictos, no solamente con una derecha que no quiere perder sus privilegios, sino también con el movimiento indígena, los ambientalistas y algunos intelectuales, calificados de infantiles por el presidente. Desde el principio, Correa ha considerado a los indígenas únicamente como ciudadanos, como campesinos, como pobres, pero no como pueblos, a pesar de que la Constitución reconoce que el Estado es plurinacional. Esto es la base de un profundo conflicto, que terminó en una ruptura con la Conaie. Los indígenas, que constituyen aproximadamente 30 por ciento de la población, están divididos políticamente, al par de otros grupos de la sociedad ecuatoriana. Como el poder político utiliza estas divisiones, el movimiento indígena ha perdido parte de su fuerza original. Por otra parte, algunos elementos radicales no facilitan la tarea de la Conaie. El partido Pachakutik ha manifestado cierta ingenuidad o imprudencia política, especialmente en el tiempo de la presidencia de Lucio Gutiérrez. La interculturalidad promovida oficialmente parece ser más una integración de todos en una modernidad clásica no criticada, que un diálogo entre culturas de igual derecho.

 

La defensa del entorno natural, con la introducción en la Constitución de la noción de derechos de la naturaleza, también es fuente de conflicto, especialmente alrededor de las minas y de la ley del agua. Si la protección de la "Madre Tierra" es un elemento primordial, reconocida oficialmente (basta referirse al discurso de Correa en la Conferencia de Naciones Unidas Río + 20), se debe admitir que las prácticas no son coherentes. La argumentación de los defensores de la naturaleza no siempre convence (como definir "los derechos de la naturaleza", noción inscrita en la Constitución) y en ocasiones no escapa a lo que algunos llaman de manera peyorativa "el pachamamismo". Sin embargo, la cuestión es demasiado importante para ser ignorada, aun dentro de una política que se define de modernización y exige la definición de otro paradigma.

 

Al lado de estos conflictos de fondo, existen otros secundarios; por ejemplo con los componentes disidentes de Alianza País, lo que podía impedir la obtención de la mayoría en la próxima Asamblea. El estilo de Correa, hombre dinámico, muy dedicado y que interviene en todos los detalles de la vida política, también es objeto de críticas, en especial cuando insulta a sus adversarios o a quienes lo contradicen.

 

En el plano internacional, su actuación obtiene mayor aprobación. Se mostró firme con Estados Unidos, no renovando el acuerdo para mantener la base aérea de Manta, retirando a todos los militares de la nueva versión de la Escuela de las Américas y expulsando a su embajadora después de las revelaciones de Wikileaks. Asimismo, criticó fuertemente las políticas del Banco Mundial y del FMI, y condenó la exclusión de Cuba en la Organización de Estados Americanos. También renegoció la deuda externa, con lo que ahorró al país millones de dólares. Hasta ahora se opuso a la arrogancia europea en las discusiones sobre los intercambios comerciales. Fue uno de los mejores artesanos de la nueva integración latinoamericana, con la propuesta del sucre como moneda de intercambio, con el Unasur, que tiene su sede en Quito, con el Alba y la Celac. Él dio asilo a Assange. En la cumbre iberoamericana de Cádiz expresó claramente su rechazo a las políticas procíclicas europeas para salir de la crisis y condenó los ataques de Israel a Gaza.

 

Perspectivas de futuro político

 

No se puede hablar de futuro en la sociedad ecuatoriana sin reflexionar más allá y de manera dialéctica sobre el contexto económico y social del proyecto político. Una primera constatación es que la estructura de clases y las distancias sociales no cambiaron de manera significativa. Por una parte es normal, porque un cambio tal es cuestión de medio o largo plazos. Por otra parte, el proceso mismo provocó varias consecuencias: se ha desarrollado una burguesía moderna, aprovechando la coyuntura favorable a escala mundial, y una parte de la oligarquía tradicional se inscribió también en esta línea. Sin embargo, aun si esta clase tuvo serias ventajas durante los últimos años, le tiene miedo al futuro, pues no sabe si el "socialismo del siglo XXI" será una realidad o solamente un concepto socialdemócrata, que ellos podrían aceptar.

 

Un resultado palpable, tanto de la coyuntura global (el boom petrolero) como de la política de Alianza País, es el aumento de la clase media. Según un informe del Banco Mundial, representa 34 por ciento de la población ecuatoriana, contra 30 por ciento a escala continental. Evidentemente, este concepto es socialmente ambiguo, porque se basa más sobre la posibilidad de consumo que sobre la pertenencia de clase. En parte, el fenómeno se atribuye al mejoramiento de la cobertura en la seguridad social. Esta clase, variada en su constitución, se desarrolla particularmente en el sector de los servicios. Tiene un nivel de consumo con nuevas aspiraciones, que se satisfacen en gran parte por la importación de bienes extranjeros.

 

Políticamente, esta clase media está dividida. En parte, pertenece a los antiguos partidos tradicionales, pero es minoría. Otra parte apoya al gobierno de Correa, especialmente el sector que en los últimos años ha podido acceder a ella desde abajo, y, finalmente, otra parte, sobre todo los trabajadores a cuenta propia, teme al futuro, debido a la política fiscal del gobierno. Los sindicatos de empleados públicos (gobierno, maestros) de larga tradición se oponen generalmente al proyecto de Alianza País, porque sus análisis son más elaborados, pero por ahora son minoritarios en el campo político. El gobierno favoreció la creación de un sindicato progubernamental. En conclusión, se puede pensar que la mayoría de la clase media votará por Rafael Correa este año.

 

Las clases subalternas: proletariado urbano (minoritario) y rural, pequeños campesinos, miembros de comunidades indígenas, que reciben el Bono que les ha permitido mitigar la pobreza más aguda, tienen la esperanza de que el proyecto político de Alianza País continuará mejorando sus destinos. Una parte de los indígenas se encuentran en esta posición, a pesar de las orientaciones opositoras del movimiento nativo, debido al escaso respeto hacia su identidad y a sus derechos colectivos. Esto explica, en parte, el relativo decrecimiento del movimiento de este sector. La participación de algunos indígenas en la burguesía moderna, la integración urbana de otros en la clase media son también elementos explicativos. El voto de este sector estará divido. En conclusión, se puede decir que Correa ganará el sufragio del pueblo no-organizado, no del organizado. Como éste se ha reducido y el gobierno está utilizando varios métodos de cooptación y de marginalización de las organizaciones, como de concentración del poder, su peso electoral no será considerable.

 

A pesar de un discurso a menudo diferente, el proyecto de Alianza País no sale del modelo modernizador clásico que caracterizó al capitalismo y al "socialismo real" (que ha tenido que aprender a caminar con las piernas del capitalismo, como decía el antropólogo francés Maurice Godelier), lo que provoca las reacciones de los ambientalistas, de los indígenas más política y socialmente conscientes y de una parte de la intelligentsia. Sin embargo, como estas categorías son minoritarias, su impacto político queda limitado.

 

La coalición política de la "nueva izquierda" es bastante heterogénea. Es difícil saber si podrá presentar una solución alternativa. De todas maneras, no tiene posibilidad de ganar la presidencia.

 

Se puede pensar que, a menos que se presenten circunstancias excepcionales, Correa ganará en la primera vuelta, porque dispone de una base social importante y del aparato del Estado. Si hay segunda vuelta, el 7 de abril la confrontación será con la derecha moderna, no con la nueva izquierda.

 

François Houtart

*Profesor emérito de la Universidad Católica de Lovaina (Bélgica). Texto elaborado sobre la base de un trabajo preparado para la revista Lateinamerika Anders, de Viena

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Como sucede en el teatro, los segundos actos en política son más difíciles de escribir. Además de haber devuelto EE UU a la senda del crecimiento económico tras el mayor desastre financiero en ocho décadas, el presidente Barack Obama, ha cerrado la primera mitad de su mandato con la aprobación de más leyes que durante todo el fructífero periodo de la Gran Sociedad, en la década de los sesenta, cuando gobernaba Lyndon Johnson. Estímulos a la economía, reformas de la sanidad y del sistema financiero, garantías de una paga justa para las mujeres, extensión de los incentivos fiscales de Bush... la lista es larga y variada. Además, Obama ha logrado en apenas dos meses recomponerse del varapalo sufrido en las elecciones legislativas de noviembre a manos de la oposición. El paro, que sigue cercano al 10%, es la gran mancha en el historial de estos dos años y quizás el mayor obstáculo en el camino a la reelección del primer presidente negro en la historia del país.

Pero ¿qué pasará en 2011 y 2012? Obama pronunciará esta semana su discurso del Estado de la Unión con un nuevo equilibrio de poder en Washington: los republicanos controlarán la Cámara de Representantes y podrán ejercer la minoría de bloqueo en el Senado. Para el demócrata, la clave de los próximos 22 meses estará en si el electorado será capaz de sentir que la economía mejora, y eso le obliga a redirigir su estrategia hacia el centro. Técnicamente, la Gran Recesión acabó en el verano de 2009, pero la recuperación está siendo tan lenta que el ciudadano de a pie apenas la nota.

No van a ser, por lo tanto, dos años fáciles, y estas primeras semanas marcarán el tono de la segunda mitad del mandato. El gasto público dominará claramente la agenda legislativa hasta las elecciones de 2012. Ahí es donde Obama se verá las caras con la oposición, con la que comenzará pronto a negociar el presupuesto que entrará en vigor en septiembre.

Demócratas y republicanos deberán también abordar juntos otro punto oscuro en el horizonte económico y político de EE UU: la degradación de las finanzas del país durante la Gran Recesión. La deuda bruta estadounidense está ya en los 14 billones de dólares, equivalente a más del 90% del PIB, y se espera que a partir de abril supere el techo de gasto de 14,3 billones fijado por el Congreso. Es decir, el Gobierno se quedará sin dinero si no se amplía antes ese margen. Ben Bernanke, presidente de la Reserva Federal, lleva un año pidiendo un plan para que el déficit deje de seguir engordando esa cuenta. El curso actual, dice Bernanke, es "insostenible".

Antes de salir hacia Hawai de vacaciones de Navidad, el presidente Obama dijo que es "vital" invertir en "cosas que creen una economía innovadora" y "cortar programas que no funcionan". Volvemos a la pugna entre los dos partidos: los republicanos ya han mostrado su musculatura aprobando una moción en la Cámara de Representantes para desmantelar la reforma sanitaria adoptada por los demócratas. El voto, que se retrasó a causa de la tragedia en Tucson (Arizona), fue simbólico, porque la maniobra no puede prosperar en el Senado, y si superara ese trámite, el presidente la vetaría.

Los republicanos buscan, grosso modo, recortar el gasto a niveles de 2008, unos 100.000 millones, con reducciones del 20% en educación y transporte. Pero no acaba ahí el problema. La Casa Blanca necesita además lanzar propuestas para cambiar la estructura impositiva, para elevar los ingresos y hacer la recaudación más eficiente combatiendo el fraude y los abusos. Washington, por naturaleza, es sinónimo de división. Y aunque el objetivo final puede ser el mismo, demócratas y republicanos difieren en la manera de lograrlo. Eso se hace aún más evidente en materia de impuestos.

A Barack Obama le tocará, por tanto, navegar en un clima políticamente hostil, como hicieron Ronald Reagan y Bill Clinton, y deberá meter en la agenda elementos que superen la frontera bipartidista, como reducir la presión fiscal a las empresas. Obama, sin embargo, afronta una situación económica más delicada. Por eso, desde el banco Wells Fargo creen que se dejará cualquier decisión relevante hasta pasadas las presidenciales de 2012.

Société Générale sostiene que los problemas llegarán a partir de entonces porque la decisión de extender los estímulos tributarios no va acompañada de medidas para reducir el déficit. Al contrario, solo sirve para aumentarlo. Y eso, dice, eleva la incertidumbre. Las recomendaciones de la comisión bipartidista para hacer frente a la deuda, apunta, son un punto de partida para futuras decisiones.

Obama, como Reagan, es conocido por su ambición y por ser un ideólogo. Pero también es un político pragmático, lo que le ayuda a adaptarse a las circunstancias. Eso explica la profunda remodelación que está llevado a cabo en su equipo de asesores, con veteranos de la Administración Clinton y un perfil más favorable a los intereses de las empresas. Son Gene Sperling, Jacob Lew, Austan Goolsbee y Jason Furman, además del centrista William Daley como jefe de Gabinete. Esta misma semana se les ha unido el presidente de General Electric (GE), Jeffrey Immelt, que será responsable del nuevo Consejo para el Empleo y la Competividad, un organismo gubernamental que reemplazará al Consejo para la Recuperación Económica, dirigido por el ex presidente de la Reserva Federal (Fed), Paul Volcker.

El empleo, la vivienda y el déficit, van a marcar el ritmo de la Reserva Federal durante los próximos dos años. En principio, se espera que el banco central mantenga activo hasta junio el mecanismo de recompra de deuda pública. Pero conforme los datos económicos mejoren, la presión será mayor para que reduzca los estímulos. Respecto a los tipos de interés, la inflación le da margen de maniobra para mantenerlos cerca del 0% hasta 2012.

El precio del dinero también puede encarecerse de forma abrupta si los inversores pierden la confianza en la capacidad de EE UU de poner sus cuentas en regla, y si demócratas y republicanos optan durante los próximos dos años por echarse los trastos a la cabeza en vez de llegar a compromisos. "Y eso puede ser potencialmente dañino", avisan desde el Council on Foreign Relations.

En este punto, Bernanke fue claro hace dos semanas en el Senado. El coste de esta situación, dijo, será "severo en la economía y los mercados financieros si no se corrige". O dicho al revés, "la pronta adopción de un programa para reducir futuros déficits reforzará el crecimiento y la estabilidad a largo plazo y permitirá dejar los tipos bajos durante un largo periodo".

Tanto en Wall Street como en Washington tienen la esperanza de que este año la economía mostrará que es capaz de sostenerse por sí sola, sin las ayudas públicas aprobadas tras el terremoto desatado por la caída de Lehman Brothers en 2008. Hay señales de que, por fin, el crecimiento cobra fuerza en EE UU. El consumo privado, del que dependen dos tercios de su Producto Interior Bruto (PIB), avanzaba a final de 2010 a un ritmo del 4%.

También han repuntado los pedidos en la industria y la actividad manufacturera. Para Goldman Sachs, ambos datos sugieren que "la demanda interna avanza a paso firme". Nueve de los diez indicadores adelantados que elabora el Conference Board, que ayudan a predecir la evolución de la economía, están en positivo desde hace meses. El único que sigue en rojo es correspondiente al sector inmobiliario.

La crisis ha obligado a los estadounidenses a revisar la manera en que gastan, ha reducido su deuda y elevado su ahorro. El nivel de endeudamiento personal respecto a los ingresos disponibles está en torno al 11,9%, según la Reserva Federal, el nivel más bajo desde 1999 e inferior al 14% justo anterior a la recesión. "Una mejora significativa", indica el Economic Outlook Group, aunque el agujero sigue siendo profundo.

Hay optimismo entre los directivos de las pequeñas y medianas empresas y entre los ejecutivos de las grandes corporaciones, que se sitúa a niveles cercanos a los previos a la recesión. "Paso a paso", dicen desde el conglomerado General Electric. También los consumidores parecen menos agobiados que el pasado verano, a juzgar por las encuestas de la Universidad de Michigan y la cadena ABC.

"Las patas de la economía son más sólidas", dicen los expertos de PNC Financial, convencidos de que la actividad está camino "hacia una recuperación más duradera". La prórroga por dos años de los estímulos fiscales de George W. Bush tendrá un efecto positivo este año y el próximo. La previsión de Goldman, atendiendo a estos datos, es que el crecimiento suba al 3% en el cuarto trimestre de 2010, frente al 2,6% del tercero, y mantenga ese ritmo en 2011.

Société Générale lo eleva al 3,3%. La pregunta es si el crecimiento se traduce en prosperidad para lo que los estadounidenses llaman Main street, es decir, para la gente de la calle. La respuesta es que la situación mejora, pero que aún se está lejos de salir del agujero. Los datos del Conference Board muestran que, aunque los hogares tienen un balance más saneado y que están dispuestos a gastar más, la cautela domina. De hecho, su índice de confianza está en los 52,5 puntos, lejos de los 90 que indican que la economía es saludable y que no se alcanzan desde 2007.

Los economistas de Wells Fargo creen que este año se dará "la vuelta a la esquina", que la gente notará que las cosas van mejor que en 2010. Pero eso, apuntan, no significa que vaya a haber una vuelta a la normalidad. "Habrá progresos, sí, pero no hasta el punto en el que tus amigos, familiares y compañeros de trabajo se sientan satisfechos con las perspectivas de trabajo y su futuro".

El ciudadano de Los Ángeles, Chicago o Albuquerque no necesita que un político en Washington o un analista en Nueva York le diga cómo van las cosas, y tiene razones suficientes para pensar que las cosas no irán mejor a corto plazo. Tampoco le vale que el Dow Jones cerrara 2010 con un alza del 11% y se marcara su segundo año consecutivo en verde.

Y es que hace justo un año por estas fechas se respiraba en EE UU el mismo sentimiento de optimismo. Lo hacía Wall Street, la Reserva Federal, la Casa Blanca y los organismos internacionales. Hasta que todo se vino abajo de forma abrupta con el estallido de la crisis de la deuda soberana europea y se temió una recaída. Los analistas de IHS Global Insight dicen que este año será diferente. Para apoyar su argumento se fijan en cuatro cosas: crece la inversión empresarial en equipamiento, material informático y comunicaciones; los empleados trabajan más horas; hay más dinero en circulación por el sistema y los valores del S&P 500 -el índice bursátil de las mayores empresas- está a niveles previos a la caída de Lehman. Será, en el mejor de los escenarios, "un repunte suave".

El Conference Board apunta que sigue habiendo nubarrones a medio plazo, y que eso provocará que el ciudadano medio siga viendo las cosas de manera distinta. "Es la doble realidad" que, según el Economic Policy Institute, "seguirá dominando en 2011". Todos los analistas coinciden en que el problema mayor, el nubarrón, es la persistente alta tasa de paro, que está en el 9,4%. Son unos 14,5 millones de estadounidenses, el 44,3% de ellos de larga duración.

La propia Reserva Federal lo admite en el acta de su última reunión. La fortaleza de los últimos indicadores económicos "no es suficiente" para justificar un cambio en su estrategia de estímulos a la economía. En otras palabras, sigue habiendo riesgos que empujan en la dirección opuesta al crecimiento y, en boca de Ben Bernanke, pasarán cinco años hasta que se normalicen las cosas. El débil crecimiento, explica, impide que la contratación supere los 100.000 nuevos empleos al mes, lo que hace que la gran preocupación por el futuro a medio plazo sea el mercado laboral. La tasa de paro, auguran en IHS, continuará por encima del 9%.

Si para las elecciones de 2012 no baja del 8%, será difícil que el inquilino en la Casa Blanca sea reelegido. Hay, sin embargo, buenas noticias. El sector privado sumó 297.000 empleos netos en diciembre, el mayor en los registros, quizá movidos por un clima fiscal más favorable. CareerBuilder anticipa que más empresas están en condiciones de firmar más contratos fijos a jornada completa en 2011 (24%) que en 2010 (20%) y 2009 (14%).

También están quienes piensan seguir reduciendo plantilla (7%), pero son menos que el año pasado (9%) y el anterior (11%). El resto no espera cambios (58%) o no está seguro (11%). Manpower cree que los planes de contratación de las empresas son "los más prometedores" en dos años. "El impulso en la contratación es inminente", añade Barclays.

En Mesirow opinan que se dan las mejores perspectivas desde 1983. Es decir, si se cumplen las expectativas, la economía podría generar unos 200.000 empleos mensuales en 2011. "Si las ventas van mejor, no hay motivo para que el empleo no siga la misma tendencia", añaden en Credit Suisse. ¿Y qué pasa con los sueldos? El incremento ahí se espera modesto, en torno al 3%. Hacer encajar todas las piezas del puzle no va a ser fácil tras el desbarajuste vivido durante los últimos tres años. La vivienda será el otro de los puntos de atención en este segundo acto. Tras los signos de recuperación en primavera, el precio vuelve a caer. Hay cerca de 10 millones de viviendas "bajo el agua" (con una hipoteca mayor de lo que valen hoy) y 1,2 millones en riesgo de desahucio.

Aunque las ventas de inmuebles crecieron un 5,5% en noviembre, la actividad sigue deprimida, a niveles que no se veían desde 1981. El fin de las ayudas fiscales a la compra de vivienda metió al sector al borde de una segunda recesión, como señalan desde S&P Case Shiller. Todo esto explica, según IHS, que los precios caigan un 10% más por el exceso de oferta. Y si el valor de la vivienda cae, la gente se siente más pobre.

La evolución del empleo, no solo por la insostenible tasa de paro, sino también por la percepción de seguridad en el puesto de trabajo y de los sueldos, será clave para que el sector inmobiliario salga de esta espiral a la que no se le ve salida, como pronto, hasta la próxima primavera. Y los economistas tienen claro que mientras sigan estancados no habrá una recuperación real.

Entre tanto, la inflación subyacente (que excluye elementos volátiles como la energía y los alimentos) está en el 0,8%, su nivel más bajo en medio siglo. Y con el nivel de paro actual, los precios podrían subir aún menos, el 0,5%, en 2011, y quedarse a ese nivel en 2012. Eso, en principio, da margen de maniobra al banco central para mantener los tipos cerca del 0%, apunta Goldman.

Pero algunos precios están subiendo, como los de los alimentos, la ropa y el transporte, y eso se nota en las facturas de finales de mes y obliga a las familias a prestar más atención a lo que meten en la cesta de la compra. Y a la foto se suma ahora el repunte en el precio del petróleo, que amenaza con convertirse en un "impuesto adicional" para el consumidor.

Este año es también relevante por ser el primero en el que se notará el impacto de la ola de jubilaciones entre la generación del baby boom. El sistema de pensiones es literalmente insolvente en su estructura actual. Su reforma, por tanto, es urgente. Pero también ahí la división ideológica a la hora de afrontar el debate sobre cómo actualizar un sistema diseñado para proteger a los más mayores es abismal.

Y será clave además para llevar del papel a la realidad la regulación financiera, destinada a resolver los problemas que llevaron a la Gran Recesión. Hasta ahora ha habido más palabras que hechos. Uno de los cambios reales se verá cuando comience a funcionar la nueva agencia de protección del consumidor, que será dirigida en la sombra por Elizabeth Warren.

Con la incertidumbre y la volatilidad de 2010 ya en el espejo retrovisor, Obama dice que es momento de mirar hacia delante. El reto será convencer a los políticos de ambos partidos para que apuntalen juntos la recuperación. "Ya habrá tiempo en 2012 para hacer campaña", dijo. El primer acto acabó. Ahora necesita consolidar lo hecho si quiere asegurarse la reelección. -

Por SANDRO POZZI 23/01/2011
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Martes, 16 de Febrero de 2010 06:21

El trasfondo de la reelección de Insulza en la OEA

Cuando José Miguel Insulza fue electo como secretario general de la OEA en mayo de 2005 se destacó que era la primera vez que alguien accedía a ese cargo sin la venia de los Estados Unidos. Esta percepción debería relativizarse, puesto que Washington deseaba aparecer más alejado de ese organismo. La elección de un hombre como Insulza representaba una buena oportunidad para reformar a la OEA en sus aspectos políticos y administrativos y a la vez demostrar que Estados Unidos no gobernaba a América Latina.
 
Luego de un tormentoso proceso de elección, que incluyó múltiples tensiones y vueltas cruzadas en la votación, Insulza asumió en 25 de mayo de 2005 como secretario general de la OEA con el compromiso de "fortalecer la relevancia de la Organización e incrementar su capacidad de acción". Tras estas palabras se reflejaba la verdadera promesa que asumió Insulza ante los norteamericanos y que facilitó que el canciller mexicano Luís Ernesto Derbez finalmente retirara su candidatura. Recordemos que ese hecho aconteció en abril de 2005 en Santiago de Chile, en el marco de  la III Conferencia Ministerial de la “Comunidad de Democracias”[1], y tras una intervención directa de Condoleezza Rice. Derbez e Insulza, habían empatado a 17 votos, lo que condenaba a la OEA a una parálisis política sin visos de solución. La movida chilena consistió en ofrecer a Rice un compromiso fundamental para sus intereses: impulsar una modificación a la Carta Democrática firmada en Lima el 11 de septiembre del 2001. Esta reforma contemplaría tres aspectos:
 
1. Dotar al secretario general de la OEA de facultades para elaborar un “Informe anual sobre el estado de la democracia” en la región. Se trataría de un reporte que se redactaría desde “diversas fuentes”, no sólo de la opinión de los gobiernos y buscaría “prevenir alteraciones al orden democrático”.
 
2. Se dotaría a la OEA de mecanismos para intervenir en un país frente a “amenazas a la democracia originadas en los propios gobiernos”. De acuerdo al análisis de los Estados Unidos la actual Carta Democrática establece sanciones cuando los ataques a la institucionalidad democrática provienen desde fuera de los gobiernos, como ocurre, con los golpes militares contra los poderes civiles. Sin embrago no lo hace en casos en que los gobiernos mismos supriman la libertad de prensa, ataquen a los partidos opositores, no respeten la independencia de los demás poderes públicos o violen la Constitución que juraron respetar al asumir el poder. Hoy la OEA no puede intervenir en un país si el gobierno legítimo no le autoriza. Con esta reforma esta intervención sería posible.  
 
3. En tercer lugar, una vez que la OEA haya documentado una vulneración interna al orden democrático por acción directa del propio gobierno se podría declarar que un gobernante legítimo en su origen ha devenido en ilegítimo en su ejercicio del poder. De acuerdo con esta sentencia la Asamblea general de la OEA estaría facultada para expulsarle o suspenderle de la organización, con el voto afirmativo de los dos tercios de los estados miembros.
 
Esta reforma no aparece desde la nada. Es un instrumento de ataque directo a los gobiernos progresistas y de izquierda a los que se ha acusado justamente de estos cargos: 

-          Limitar la libertad de prensa por establecer normas de responsabilidad social a los medios de comunicación corporativos, y en determinadas ocasiones aplicar sanciones a concesionarios de frecuencias televisivas que han vulnerado sus compromisos.
-          Atacar a los partidos opositores cuando han debido aplicar la ley ante intentos golpistas o sediciosos.
-          Violar la independencia de los demás poderes públicos cuando han logrado superar deliberados intentos de obstruccionismo judicial y parlamentario a decisiones legítimas de sus administraciones.
-          Y finalmente violar las constituciones por haber iniciado procesos constituyentes que han culminado en nuevas cartas fundamentales, mucho más democráticas y en la perspectiva de garantizar un Estado Social de Derecho en sus países.
 
La amenaza contenida en esta reforma no sólo recaería en los gobiernos del ALBA. En realidad es una intimidación a todos los países que traten de iniciar procesos de reforma constitucional o elaboración de nuevas constituciones, que se consideren amenazantes para de derecha del continente. Por ejemplo, el intento de reforma constitucional que encabezó Zelaya antes de ser derrocado podría haber sido objeto de sanciones bajo esta nueva formulación de la carta democrática de la OEA.
 
Se trata de un mecanismo que operaría desde el derecho internacional que buscaría fijar un modelo minimalista de democracia, bajo criterios exclusivamente representativos y que resguarde la hegemonía del derecho a propiedad por sobre los derechos sociales económicos y culturales de la ciudadanía.
 
Durante su gestión Insulza no ha contado con el apoyo político de los países de la región para cumplir esta promesa. Y la verdad es que tampoco ha hecho de este punto un elemento central en sus discursos. De allí la furia con que le ha atacado esta semana el Washington Post, medio que expresa la postura del partido republicano. El Post no ha ahorrado calificativos contra la gestión de Insulza, calificándola de disfuncional: "Insulza ha servido descaradamente a los líderes de izquierda de la región, lo que con frecuencia significó ignorar la Carta Democrática" de la OEA por lo cual llamó a los congresistas norteamericanos a congelar los pagos y subsidios a la OEA si la institución mantenía el rumbo que le había asignado Insulza.
 
La derecha tampoco le puede perdonar fácilmente que en San Pedro Sula, el 3 de junio de 2009 la entonces canciller de Honduras Patricia Rodas pudiera declarar a nombre de la asamblea de la OEA: "Se resuelve que la resolución VI adoptada el 31 de enero de 1962 en la Octava Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la cual se excluyó al Gobierno de Cuba de su participación en el Sistema Interamericano, queda sin efecto en la Organización de los Estados Americanos".
 
Para el Secretario General de la OEA tras estos ataques se ubican "los mismos que estaban detrás de la campaña fuerte que se realizó a favor de Roberto Micheletti en Honduras". A su juicio, su gestión se habría ubicado a una justa distancia de los extremos políticos y que por ello ninguno de los polos logra aceptarle. La verdad es que la OEA no logró restaurar la democracia en Honduras luego del golpe de estado y ha corrido rauda a recibir al nuevo gobierno de Porfirio Lobo, por lo que tampoco será fácil para Insulza defender su gestión ante los gobiernos democráticos y progresistas del continente.
 
Por su parte, el presidente electo Sebastián Piñera le ha expresado personalmente su apoyo luego de ciertas declaraciones ambiguas deslizadas en las últimas semanas: "Quiero informar que he tomado la decisión de que el futuro gobierno que asume nuestro país el 11 de marzo va apoyar con mucha decisión la reelección de José Miguel Insulza como secretario general de la OEA''. No se podía esperar otra cosa ya que una derrota de Insulza también sería una derrota de la diplomacia chilena. Sin apoyo de su propio país la candidatura de Insulza caería, lo que sería criticado a Piñera como un gesto de pequeñez política contra su oposición. Por este motivo el nuevo gobierno estaba obligado a apoyarle públicamente. Lo que no está claro es hasta que punto Piñera estará dispuesto a llegar en respaldo, ya que en 2005 Insulza necesitó que Ricardo Lagos saliera personalmente a buscar los votos que le faltaban. Eso no ocurrirá en esta ocasión. Lo que resultará clave en el nivel de apoyo que brinde Piñera es el grado de compromiso que manifieste Insulza con la reforma a la carta democrática, ya que ese es uno de los pocos puntos referentes a Relaciones Exteriores que aparecen explícitos en el programa de Piñera.
 
Mientras tanto, la administración Obama observa sin pronunciarse. Es probable que esperen al surgimiento de otras candidaturas para expresar su opinión. Las voces de la derecha más radical de continente ya han lanzado sus propias campañas para impulsar candidatos alternativas desde Centroamérica o el Caribe. El cubano-americano Luís Alberto Montaner, una de las voces más tradicionales de la ultraderecha de Miami se pregunta en una columna reciente: “¿Quién pudiera reemplazar a José Miguel Insulza al frente de la OEA? Tal vez es el momento de pensar en un excanciller o expresidente centroamericano, o en una figura prominente del Caribe, pero quien sea debe tener la entereza de responder a los principios consignados en los documentos fundacionales del organismo y en la Carta Democrática, aunque ello signifique el enfrentamiento con Chávez y con sus satélites”.
 
Está claro, el punto central que se disputará este año en la OEA radica en esta reforma. Si se llega a aprobar, los Estados Unidos contarán con un nuevo tipo de arma, esta vez de carácter jurídico-político, para intervenir en la región. Esta es la pieza que les falta, ya que sabemos que las bases militares y navales están colocadas en perfecta ubicación.
 
Por Álvaro Ramis, presidente de la Asociación Chilena de Organismos No Gubernamentales ACCIÓN A.G.

[1] La llamada “Comunidad de democracias” es en la actualidad una de las coaliciones internacionales más cuestionadas por los criterios que utiliza a la hora de cursar las invitaciones a sus conferencias. Por ejemplo, desde la conferencia de Bamako en 2007, Venezuela ha sido excluida y Rusia rebajada a observadora, mientras Irak y Afganistán, a pesar de ser naciones ocupadas por Estados Unidos, han sido incorporadas con plenos derechos. La mayoría de los países de la Unión Europea cuestionan la falta de transparencia y los criterios excesivamente politizados de esta organización.


http://alainet.org/active/36144
 
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Martes, 05 de Enero de 2010 10:25

Uruguay. Reelección y eliminación de ballotage

Uruguay es uno de los pocos países del continente en cuya Carta Magna no se contempla la reelección inmediata de un presidente. El vicepresidente buscará reinstalar el debate en la próxima legislatura, en la que el FA mantiene la mayoría.

Falta la reelección presidencial y sobra el ballottage. Esos son los ejes centrales de una reforma electoral que impulsa el vicepresidente de Uruguay y senador electo, Rodolfo Nin Novoa, para la próxima legislatura. Pero con reparos: la reelección se podría implementar para el 2019, es decir, que no le permitiría esa posibilidad al presidente electo José “Pepe” Mujica, que asume el 1º de marzo.

Uruguay es uno de los pocos países del continente que en su Carta Magna no contempla la reelección. “No me parece para nada malo que exista una reelección presidencial. Funcionaría muy bien por una sola vez, como ocurre en Brasil o Argentina”, señaló Nin Novoa. El impulsor de la iniciativa explicó que en el caso de concretarse debería regir no para las próximas elecciones sino para las siguientes, “de manera tal que nadie sospeche que se propicia para perpetuar en el poder a alguien con nombre y apellido o a determinado partido político”. El Frente Amplio (FA) mantendrá la mayoría parlamentaria.

Hace algo más de un año, dirigentes del oficialismo y grupos de figuras independientes comenzaron solapadamente el camino de convencer al presidente Tabaré Vázquez de que aceptara permanecer un segundo e inmediato período de gobierno. La Constitución establece que todas las reformas deben ser ratificadas por plebiscito, y si no se obtienen los dos tercios en el Parlamento, la consulta debe hacerse en simultáneo con los comicios presidenciales. La reforma no prosperó en cierta forma porque debía plebiscitarse junto a las elecciones generales, en parte porque existían discrepancias al interior de la coalición de centroizquierda.

Nin Novoa pertenece a Alianza Progresista, que integra el bloque Frente Liber Seregni dentro del FA. El senador reelecto Carlos Baráibar, de Asamblea Uruguay (Líber Seregni), manifestó sus dudas a Página/12 sobre la concreción de este eje de la propuesta. “El Frente Amplio no tiene una posición tomada sobre la reelección y yo personalmente estoy en contra, porque el presidente no tiene que gobernar y hacer campaña, eso va en contra de las mejores tradiciones uruguayas.”

Un dato a favor que publicó ayer el diario La República es que muchos de los dirigentes que impulsaron la reelección de Vázquez estarán en el gobierno de José Mujica.

A nivel de la oposición, algunos de los hoy electos legisladores, como el ex intendente Carmelo Vidalín o el senador Francisco Gallinal, ambos del Partido Nacional (o Blanco), se habían manifestado proclives a la reelección presidencial. Siempre con ese agregado de “despersonalizar” el mandato, tanto de nombre y apellido como de bandera partidaria.

Para llevar a cabo la reforma existen, por lo menos, cinco caminos constitucionales para enmendar la Constitución y facultar la reelección presidencial. Para Nin Novoa la vía más expedita “sería con el pronunciamiento de los dos tercios de los integrantes de la Asamblea General Legislativa”. Con ese instrumento, la reforma se aprobaría en una fecha que la misma máxima instancia parlamentaria determine y se evitaría que el trámite coincida con las elecciones generales.

El otro eje de la reforma política apunta a la eliminación del ballottage en caso de que se obtenga la mayoría parlamentaria. El actual sistema electoral uruguayo prevé una segunda vuelta de los comicios presidenciales cuando ninguno de los candidatos supera el 50 por ciento de los sufragios emitidos en primera vuelta. “Tenemos que ahorrarnos la segunda vuelta por la sencilla razón de que quien no obtenga la mayoría parlamentaria y eventualmente gane en el ballottage es imposible que pueda gobernar. No podría, o se volvería muy traumático, que un presidente sin mayorías legislativas designe a directores de entes autónomos”, dijo Nin Novoa. El vicepresidente destacó que con el mismo objetivo “o espíritu que tuvieron los que propiciaron la reforma que implantó el actual sistema electoral, nosotros entendemos que se debería garantizar el funcionamiento de un gobierno; eso ocurre siempre y cuando se tenga mayoría en el Parlamento”.

Para Baráibar, hay consenso. “El Frente Amplio ha tenido una posición histórica contraria a la segunda vuelta; ésta quedó instaurada con la reforma constitucional del 1996, que apoyaron colorados y blancos.”


Por Mercedes López San Miguel

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En La Paz, Morales ganó con el 77 por ciento, en Chuquisaca con el 54 por ciento y en Cochabamba con el 66 por ciento. Pese a los esfuerzos del gobernante, no pudo ganar en Santa Cruz, Beni ni Pando, tres departamentos autonomistas.


Desde La Paz


En la plaza Murillo estaban cientos de miles de personas, banderas, globos, hasta un muñeco gigante del reelegido. “Evo de nuevo”, gritaban hasta que apareció el aludido, tranquilo, como si lo hubiera esperado de hace tiempo. Por unos minutos se quedaron quietos para cantar el himno, todos con el puño izquierdo alzado. “Querida Bolivia con dignidad”, los saludó Morales. “Gracias a la conciencia del pueblo es posible cambiar Bolivia en base al voto del pueblo, trabajar por la dignidad y la igualdad de todo el pueblo boliviano.” Morales consiguió el 63 por ciento de los votos, por lo que “ahora tenemos la enorme responsabilidad con Bolivia, con la vida y la humanidad de profundizar este proceso. Más de dos tercios del Congreso me obliga a acelerar este proceso revolucionario”.

“Hermanas y hermanos: mi máximo reconocimiento a los que apostaron por el proceso de transformaciones”, dijo Morales desde el palco del presidencial Palacio Quemado. Y llamó a la conciliación a sus rivales. “Somos un gobierno de la cultura del diálogo.” Con el 90 por ciento de los votos escrutados, Manfred Reyes Villa, candidato por Plan Progreso Bolivia-Convergencia Nacional (PPB-CN) quedó segundo con el 28 por ciento de los votos. Samuel Doria Medina, de Unidad Nacional, quedó tercero con el seis por ciento. Cuarto salió René Joaquino, de Asamblea Social (AS) con el tres por ciento.

La composición de la Asamblea Legislativa Plurinacional será masista en dos tercios. De los 166 legisladores, 110 serán del MAS, 50 de PPBCN, tres de UN y tres de AS. De 36 senadores electos, 25 son del oficialismo y 11 de PPBCN. Por cada departamento corresponden cuatro senadores. El MAS se quedó con los cuatro senadores de La Paz, donde Morales obtuvo el 77 por ciento de los votos. También consiguió los cuatro de Oruro, Potosí y Cochabamba. En Chuquisaca fueron elegidos tres senadores del oficialismo y uno de PPBCN. En Santa Cruz, consiguió dos senadores Morales y dos Reyes Villa. El primero y el segundo también se repartieron dos senadores cada uno en Pando y Beni.

De los 130 diputados electos, 85 pertencen al MAS. En Santa Cruz, el partido de Morales tuvo 11 diputados; PPBCN, 13 y UN sólo uno. En Pando, dos son del MAS y tres de PPBCN. En Beni, tres del MAS y seis de PPBCN. En Tarija consiguió cuatro el MAS, lo mismo que la agrupación de Reyes Villa. Uno fue para AS. En Chuquisaca, siete diputados son masistas y cuatro manfredistas. En Cochabamba, 14 son del MAS y cinco de quien fuera prefecto de ese departamento hasta que lo revocaron por referéndum el año pasado. En La Paz, 24 diputados son del MAS, tres de Reyes Villa y dos de Doria Medina. En Oruro, quedaron ocho para el MAS y uno para PPBCN. En Potosí, el MAS ganó 12 asientos y AS dos.

Pese a los esfuerzos de Morales, no pudo ganar en Santa Cruz, Beni ni Pando, tres departamentos de la Media Luna, así llamada por su forma en el mapa boliviano. En Santa Cruz, el MAS recogió el 42 por ciento de los votos. Reyes Villa, el 50 por ciento. Y UN, el cinco por ciento. Ayer el presidente reelecto lo reconoció. “Todavía no pudimos ganar en todos los departamentos”, dijo ante sus seguidores.

El gobierno de Morales hizo un trabajo electoral largo en Pando, pero no alcanzó. El 48 por ciento eligió a Reyes Villa, mientras el 45 por ciento votó a Morales. Leopoldo Fernández, candidato a la vicepresidencia por PPBCN, era prefecto de este departamento hasta septiembre del año pasado, luego de la matanza de al menos 13 personas en el municipio de El Porvenir. Ayer, tras las rejas en la cárcel de San Pedro, el candidato asumió la derrota antes de que se supieran los resultados a boca de urna.

En Beni, Reyes Villa obtuvo el 55 por ciento de los votos; Morales, el 35 por ciento y UN el nuevo por ciento.

En Tarija, el 49 por ciento votó al actual presidente, el 40 por ciento a Reyes Villa y el ocho por ciento a UN. En Chuquisaca, el 54 por ciento votó a Morales, el 33 por ciento al ex capitán y siete por ciento a Doria Medina. En Cochabamba, el 66 por ciento votó a Morales, el 27 por ciento a Reyes Villa y el cuatro por ciento a UN. En La Paz, Morales ganó con el 77 por ciento. Lo siguieron PPBCN con el 10 por ciento y UN con el nueve. En Oruro, el 78 por ciento eligió al MAS; el 10 por ciento a Reyes Villa y el siete por ciento a UN. En Potosí, el MAS consiguió el 76 por ciento; AS el 14 por ciento y PPBCN el cinco por ciento.

Los cinco departamentos que votaron por la autonomía dieron el Sí. En La Paz, un 72 por ciento la aprobó, mientras el 28 por ciento la rechazó. En Cochabamba, 69 por ciento votó positivo y el 31 por ciento dijo No. En Oruro, el 63 por ciento adhirió al régimen autonómico, mientras el 37 por ciento se negó. En Potosí, el 64 las apoyó y el 36 por ciento votó negativo. En Chuquisaca, el 78 por ciento dijo Sí y el 22 por ciento la reprobó. En la región del Chaco, ubicada en Tarija, el 79,8 por ciento dijo Sí y el 20,2 por ciento optó por el No.

Además, 12 municipios votaron si adoptarán la autonomía indígena. Ayer no había aún resultados sobre esta votación, ya que la mayoría de los territorios son difíciles de llegar.

En los departamentos de la Media Luna (Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija) no se votó por autonomías, porque lo hicieron –ilegalmente según el gobierno– durante 2008. Página/12 consultó al ministro de Gobierno, Alfredo Rada, sobre el destino de los estatutos autonómicos aprobados en estos departamentos. “Esos estatutos deben ajustarse a la nueva Constitución, deben compatibilizarse. En esos términos será un avance de lo que van a ser las autonomías”, dijo. Una de las primeras tareas de la Asamblea será la aprobación de la ley marco de Autonomías, establecidas en la Carta Magna refrendada en enero de este año.

“A partir de mañana Bolivia pasa a ser un país autónomo, sin que eso ponga en riesgo la unidad nacional. Hasta ahora, la oposición había intentado usar la autonomía para fragmentar territorialmente a Bolivia, como ocurrió en los Balcanes con la ex Yugoslavia. La derecha extrema trató de usar la autonomía para dividir al país. Creo que esa es una de las claves para entender la derrota de la derecha y la ultraderecha en Boliva: no supo entender que la autonomía es una demanda democrática, no una demanda secesionista”, dijo el ministro.

Por Sebastián Ochoa
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Sábado, 05 de Diciembre de 2009 19:57

Evo se prepara para la reelección

Poco más de 5 millones 100 mil empadronados podrán ir mañana a las urnas para elegir presidente de Bolivia, en una compulsa que termina la etapa de reforma constitucional y del Estado que puede ratificar el lugar central que Evo Morales tendrá en la historia si, como prevén todas las encuestas, logra su reelección en primera vuelta.
 
La de mañana será una compulsa inédita por varias razones: es que el país no sólo elegirá a su 65to. mandatario -en 184 años de historia republicana-, sino también a los primeros miembros de la flamante Asamblea Legislativa Plurinacional, y se votará además en el exterior por primera vez para presidente y vice.
 
Un total de 5.138.586 electores están habilitados en el flamante padrón biométrico, y se espera una masiva concurrencia en las 8 horas (de 9 a 17 de Argentina) en las que funcionarán las mesas.
 
Cuatro de los ocho candidatos a la jefatura del Estado parecen concentrar las preferencias del electorado, según resaltan las encuestas.
 
El presidente Morales, candidato del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS), marcha al frente de los sondeos con ventajas que se acercan a los 30 puntos sobre su inmediato adversario, el militar retirado Manfred Reyes Villa, ex prefecto de Cochabamba. Más atrás se encuentra el empresario Samuel Doria Medina.
 
El ex alcalde de Potosí René Joaquino, de izquierda, figura en las encuestas en el cuarto lugar, aunque con un porcentaje que no le alcanzaría siquiera para llegar al Parlamento.
 
Más atrás y sin presencia de intención de voto se encuentran el indígena Román Loaysa, la industrial Ana María Flores, el campesino Alejo Véliz y el ex fiscal Nímer Choquehuanca.
 
Además de la compulsa general, mañana se votará también un referendo autonómico en cinco de los nueve departamentos; otro por la autonomía indígena, originaria y campesina; y un tercero por la autonomía regional de la provincia Gran Chaco, perteneciente al departamento de Tarija, con enormes reservas de gas de petróleo.
 
La fuerte diferencia que Morales logró en las encuestas sumado a la fuerte división en la oposición hizo que la campaña fuera más bien tranquila, y apenas algunos cruces de declaraciones le pusieron algo de color.
 
El último punto de discusión entre el MAS y el Plan Progreso Bolivia de Reyes Villa surgió el viernes, cuando el Gobierno hizo pública una grabación que muestra el presunto intento del opositor de sobornar a un funcionario de la Corte Electoral para que modifique los cómputos.
 
Reyes Villa negó la acusación, que atribuyó a que Morales está preocupado por el ascenso de su candidatura.
 
Con toda la tranquilidad del ambiente electoral, habrá mañana más de 52 mil policías y militares para custodiar los comicios y garantizar la labor de 35.915 jurados, 4383 notarios y 10 mil funcionarios de las cortes.
 
Más de un centenar de extranjeros de 22 organizaciones internacionales llegaron a Bolivia como observadores, entre ellos de la OEA, la ONU, el Centro Carter, Transparencia Internacional, la UE, y el Mercosur.
 
En esta oportunidad, los bolivianos residentes en algunas ciudades de Brasil, Argentina, España y Estados Unidos, también tendrán la posibilidad de votar para elegir presidente y vice, chance que tienen por primera vez en la historia.
 
Para las elecciones de mañana se usará un registro que incorpora, además de los datos de filiación, la fotografía y huellas dactilares de los diez dedos de los electores y cuya depuración concluyó recién a principios de esta semana.
 
El nuevo padrón tiene 5.138.583 electores, entre ellos 169.096 residentes bolivianos en el exterior. De estos sufragios que llegarán desde afuera, el de Argentina es el padrón más grande (89.953), seguido de España (49.995), Brasil (18.142) y Estados Unidos (11.006).
 
La Corte Electoral distribuyó papeletas multicolor y multisigno, que tienen en su parte superior las ocho casillas con las siglas partidarias y los nombres y fotografías de los candidatos a presidente y en la inferior las de los candidatos a diputado uninominal por las diferentes circunscripciones.
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El Gobierno de Álvaro Uribe prepara una reducción del censo electoral para facilitar el triunfo del presidente en el referéndum que debe modificar la Constitución y autorizar su tercer mandato La iniciativa está constituyendo un escándalo nacional.

Si la convocatoria del referéndum, que autorizó el Congreso el pasado martes por un solo voto, sale adelante en el Tribunal Constitucional, la mayor dificultad de Uribe estará en conseguir movilizar a unos 7,3 millones de votantes la cuarta parte del censo electoral y en que la mitad más uno de ellos vote favorablemente a su posible continuidad.

Ese fue el mayor problema del anterior referéndum, que en 2003 se organizó con el fin de dejar las manos libres al uribismo para reformas políticas y económicas. Uribe no consiguió la mayoría necesaria, lo que le provocó una prolongada depresión.

Lo que están tratando ahora los estrategas del presidente es incluir en el proyecto de reglamentación de la reforma política que se tramita en el Congreso una reducción del censo actual de hasta un 45%. Se trataría de que el colegio electoral se constituyera sumando sólo los ciudadanos que votaron en las pasadas elecciones y sólo los que han tramitado nuevos documentos de identidad desde entonces. Así quedarían menos de 17 millones de posibles electores frente a los 29 millones potenciales.

Aunque una reforma de este calibre requiere una Ley estatutaria, con mayoría absoluta parlamentaria y su aprobación por el Tribunal Constitucional, según el ex Fiscal General y senador de Cambio Radical (centroderecha), Alfonso Valdivieso, el Gobierno puede ordenar su trámite de urgencia "y reducir a la mitad el tiempo para su estudio, con lo que la norma podría quedar lista en unos cuatro meses". Así, Uribe tendría tiempo suficiente para montar el referéndum de su reelección con un censo electoral a su medida.

Las maniobras para modificar las leyes y la propia Constitución se producen en una lucha contra el tiempo y los obstáculos que gravitan contra todo el proceso reeleccionista. Uno de los más importantes es el dictamen pendiente del Consejo Nacional Electoral sobre la trasparencia en el proceso de recogida de firmas para promover el referéndum reelecionista y su financiación.

Según la legislación vigente en Colombia, dicha financiación no podía superar los 335 millones de pesos (unos 115.000 euros), mientras que los promotores gastaron más de 2.000 (unos 691.000 euros), la mayor parte aportada por contratistas agradecidos a la Administración uribista.
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Lunes, 08 de Junio de 2009 06:38

Las habas del diablo

Lula da Silva, el dirigente obrero metalúrgico que llegó a la presidencia de Brasil respaldado por una variada coalición de partidos de izquierda, sindicatos y movimientos populares, se encamina hacia el fin de su segundo mandato, según lo permite la Constitución, y hasta ahora ha dicho que no pretende un tercero. La propuesta de que se presente de nuevo a las elecciones, la ha calificado como insensatez pura”, aunque hay entre sus allegados quienes insisten en convocar en septiembre a un plebiscito, que le abriría las puertas de la continuidad. Es sólo su voluntad la que pesaría en esta decisión, porque el plebiscito seguramente lo ganaría, si tiene una cota actual de 80 por ciento de popularidad.

Hay que confiar en que los cantos de sirena, pues las sirenas que medran en los palacios presidenciales multiplican sus halagos a la hora de las relecciones, no lo apartarán de la “sensatez pura”. Cuando una vez le preguntaron qué pensaba de la relección indefinida propuesta por Chávez respondió: “yo sólo puedo hablar por Brasil y pienso que Brasil no puede jugar con una cosa llamada democracia… mucha gente sufrió para consolidarla”. Son opiniones de un estadista que se ha hecho a puro pulso porque no salió de ninguna universidad.

Con esto no hacía sino recordar que Brasil había padecido una dictadura militar de 20 años, entre 1964 y 1985, y antes la dictadura de un líder populista: Getulio Vargas. Lo cual no es una referencia gratuita para un continente que ha soportado en el pasado las tiranías como una maldición de la historia; y no pocas de ellas comenzaron con gobernantes al principio populares, electos de buena fe por los votantes que se sintieron favorecidos, o seguros, bajo su mando.

Y es aquí, en la voluntad de quedarse en el poder, eso que siempre hemos llamado continuismo, donde la frontera entre izquierda y derecha se borra. El presidente Álvaro Uribe de Colombia, tiene 70 por ciento de respaldado popular, y aunque insiste en que su relección para un tercer periodo “no sería conveniente”, ya el Congreso que él controla abrió las puertas para llamar a un referendo donde es seguro que la población diría que sí a que siga en el poder. Su rechazo parece nada más un trámite escénico, rehusar la corona para terminar poniéndosela de todos modos.

De uno y otro lado, entonces, se cuecen las habas del diablo, en los calderos de la izquierda, y en los calderos de la derecha. El presidente Chávez perdió el referendo por el que buscaba quedarse para siempre, pero luego ganó otro que le permite quedarse todo el tiempo que quiera. Nadie puede decir que ni en Colombia ni en Venezuela no se trate de acciones legítimas, porque los mecanismos legales son cumplidos y se llama a los votantes a decidir. Pero no siempre lo legítimo viene a ser lo sensato, o como dice José Saramago: “la primera precaución consistirá en no confundir nunca la ley con la justicia”. O con la sensatez. Porque eso de querer quedarse un gobernante, porque se cree imprescindible, es una historia que las más de las veces termina en tragedia, y para esto sólo basta repasar nuestra historia.

Muchos quieren quedarse, y todos alegan buenos motivos, el primero de ellos la obra inacabada, el proyecto político personal que requiere de más años de los que tiene un simple periodo presidencial. El peligro de que otro eche a perder lo logrado. Viejas razones, viejos pretextos. Es una especie de fiebre mesiánica que parece estar de vuelta, como un péndulo que no cesa de ir y venir en la historia. Evo Morales, el presidente de Bolivia, Rafael Correa, el presidente de Ecuador, y hasta Manuel Zelaya, el empresario ganadero presidente de Honduras, quiere quedarse también, alentado por el ejemplo de Chávez, quien parece ser el arquetipo de la nueva era de continuismo que se cierne sobre nuestras cabezas.

Y para eso tampoco se necesita ser popular, ni ganar un referendo con amplio margen. En el caso del presidente Daniel Ortega, 66.4 por ciento de los nicaragüenses rechaza su relección, y sólo 17 por ciento aprueba su gestión en el gobierno, según una última encuesta. Y ya tenemos la muestra del fraude electoral en las elecciones municipales del año pasado, especie de ensayo que demuestra su voluntad para relegirse a cualquier costo, no importa lo que la mayoría piense.

¿Será ésta la nueva regla política latinoamericana, la del líder único y perpetuo, debidamente electo, o, si es preciso, electo fraudulentamente? Algunas veces escucho decir que la relección sin fin es un asunto común a la democracia europea, y que los primeros ministros y presidentes de gobierno permanecen en el poder mientras los votantes sigan eligiéndolos, y no por eso la democracia sufre mengua. ¿Por qué no, entonces, también entre nosotros?

Lo que deliberadamente se olvida, al usar este argumento, es que se trata de regímenes parlamentarios, donde los pesos y contrapesos institucionales se hallan debidamente establecidos, los tribunales de justicia funcionan de manera independiente a la voluntad arbitraria del poder político, y hay controles estrictos para impedir los actos de corrupción que en América Latina vienen a ser peor que plaga de langostas. A nadie se le ocurre tampoco usar artimañas para reprimir partidos políticos, acallar a la sociedad civil, apañar el nepotismo, o comprar al remate la voluntad de los diputados en los parlamentos para lograr reformas constitucionales.

Y también se olvida que si nuestras constituciones tanto se empeñan en prohibir la relección, por lo que lo primero es correr a reformarlas y quitarles los candados que tienen puestos contra el continuismo, es porque las experiencias de nuestra historia así lo han mandado, y nos enseñan que las relecciones han desembocado siempre en tiranías.

Hay que buscar cómo apagar entonces los fuegos donde se cuecen las habas del infierno, en unos y otros calderos.

Por, Sergio Ramírez

http://www.sergioramirez.com
 

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