Martes, 02 Septiembre 2014 08:42

Dilma recuperó el centro del ring

La mandataria brasileña recordó, mirando a su adversaria ecologista, que en su gobierno y el de Lula la prioridad fue luchar contra la pobreza y dudó de que esto se pueda hacer restaurando las políticas neoliberales.

 

 

Desde Brasilia


A poco más de un mes de las elecciones, Dilma Rousseff recuperó el centro del ring. Disfónica, la presidenta y candidata a la reelección tomó la iniciativa durante un debate televisado ayer, cuando insistió en la defensa de Petrobras y cuestionó el programa de su principal adversaria, Marina Silva, la ambientalista que en las últimas encuestas se proyecta como favorita en un eventual ballotage a disputarse el 26 de octubre. "Candidata Marina, en su programa de gobierno de 242 paginas usted dedicó una línea al petróleo de pre sal (aguas ultraprofundas)", cuestionó Dilma, de traje rojo, fijando los ojos en su adversaria, con un vestido blanco y el cabello invariablemente recogido. "Marina, ¿por qué tiene ese desprecio ante esa riqueza tan importante... y tan envidiada en todo el mundo? El petróleo de pre sal tiene que ser explotado para financiar la educación, la salud, son recursos de 1 billón de reales (casi 500 mil millones dólares), no podemos dejarlos de lado."


Las reservas, de unos 50.000 millones de barriles de crudo alojadas en los yacimientos del área conocida como pre sal, fueron descubiertas a partir de 2007, durante el segundo mandato del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que en el primer gobierno había alcanzado el autoabastecimiento petrolero. Posteriormente, durante la gestión de Rousseff fue aprobada una ley complementaria que destina a la educación y la salud los royalties cobrados por la explotación petrolera. La mandataria recordó, mirando a su adversaria, que en su gobierno y el de Lula la prioridad fue luchar contra la pobreza y dudó de que esto se pueda hacer restaurando las políticas neoliberales.


Dilma y el Partido de los Trabajadores (PT) escogieron la defensa de las políticas sociales y en particular la energética, que supuso la renacionalización de Petrobras, como uno de los argumentos para refutar a la ascendente Marina Silva y a su reciente aliado, el mercado.


Banqueros y operadores de la Bolsa de Valores de San Pablo expresan, sin medias palabras, su oposición a Dilma, a quien cuestionan su política económica, y especialmente el haber restituido potestades a Petrobras a partir de la reforma de la legislación energética de 2010, último año de la gestión lulista.


Esta semana, al igual que la anterior, subieron las acciones de Petrobras y otras empresas estatales, en línea con el crecimiento de Marina en los sondeos. En el último de éstos, publicado el sábado por la consultora Datafolha, la representante del Partido Socialista Brasileño aparece con el 34 por ciento de intención de voto hacia el primer turno electoral del 5 de octubre, igualando la aprobación de Dilma. En el ballotage del 26 de octubre, dado como posible por varias encuestadoras, Marina, cuyo nombre fue lanzado sólo el 20 de agosto, sería elegida presidenta con el 50 por ciento, frente al 40 de la actual jefa de Estado.
Ex ministra de Medio Ambiente y afiliada al PT durante 29 años, Marina Silva ingresó en la carrera presidencial una semana después de la muerte, en un accidente aéreo, del entonces candidato del PSB Eduardo Campos.


El 13 de agosto, día de la tragedia, Campos sumaba el 9 por ciento de las intenciones de voto, Dilma estaba en la banda del 38 por ciento y Aecio Neves, del Partido de la Socialdemocracia Brasileña, contaba con el 22 por ciento. La irrupción del huracán Marina, también bendecida por las empresas periodísticas macizamente antidilmistas, enterró las esperanzas del referente más orgánico de las derechas, Aecio Neves, heredero del ex gobernante Fernando Henrique Cardos, quien retrocedió al 15 por ciento –Cardoso finge que aún apoya a Neves, pero todos saben que abandonó a su muchacho para operar a favor de Marina–.


Paralelamente, el efecto Marina acabó con el favoritismo de Dilma, que ha mostrado una tendencia a la baja en todos los sondeos, aunque poco pronunciada, pero necesita revertir la sangría si pretende mantener su competitividad.


Por eso la nueva estrategia de la presidenta, puesta en evidencia ayer en los estudios del Canal SBT de San Pablo, fue asumir la iniciativa en el duelo contra Marina, quien no perdió su serenidad zen, pero fue evasiva en las respuestas sobre cómo conciliar menos producción petrolera con promesas de recursos para escuelas y hospitales.


Insistió en la promesa de inaugurar la era de "una nueva política", más allá de los partidos, a los que considera en parte agotados, al igual que las ideologías: "La izquierda es a veces tan dogmática como la derecha".


Habrá que aguardar las nuevas consultas de opinión pública para saber quién salió victoriosa en el combate de ayer.


Los asesores de imagen consideran que, al cuestionar de frente a Marina, Dilma empleó una táctica arriesgada, pues su adversaria podría victimizarse y ganar más simpatía del gran público. Desde el PT responden que la única forma de frenar el alza de Marina es demostrando que su retórica eco-religiosa no pasa de una gelatina que se deforma hacia la derecha.


Algo de esto se verificó a lo largo de más de 90 minutos de debate en los que sus respuestas fueron genéricas, salvo cuando argumentó con claridad a favor de las premisas económicas del gobierno de Cardoso y asumió el compromiso de sancionar una ley de independencia del Banco Central.

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Miércoles, 28 Mayo 2014 06:50

Evo Morales: arrasar es la consigna

El próximo 12 de octubre se celebrarán elecciones presidenciales y legislativas en Bolivia y el jefe del Estado, Evo Morales, que gobierna desde 2006 y busca su tercer mandato, no se conforma con ganar, quiere superar los dos tercios de votos y escaños: arrasar es la consigna.
¿Pero a qué viene esa necesidad? En una reciente entrevista en Vanity Fair, publicación poco afecta a lo precolombino, aseguraba el presidente que "no más", que había que dar paso a otras generaciones. Pero son bastantes los que en Bolivia creen que la magnitud de su victoria puede ser indicador o pretexto para cambiar de opinión. Pedro Rivero, director del diario de Santa Cruz El Deber, da por sentado que "Evo ganará sin despeinarse", mientras la oposición "sigue deshojando la margarita en torno a una candidatura única que sea capaz de plantarle cara al caudillo, hasta ahora imbatible".


El presidente, convertido en oráculo de la Bolivia indígena, ha desplegado en los últimos meses una gran actividad para amueblar de lujo su victoria. El politólogo Horst Grebe subraya cómo "ha puesto en campaña a todo el aparato público, sellado alianzas con la cúpula sindical, cooperativas mineras, campesinos y productores de coca, con regalos y beneficios como un aumento salarial bastante por encima de la inflación". Eso hacia dentro, pero hacia fuera la actividad no ha sido menor: "A su estrategia electoral ha incorporado la demanda contra Chile de restitución de un acceso soberano al Pacífico, presentada - el 13 de abril de 2013- ante la Corte Internacional de La Haya", que reivindica los 400 kilómetros de costa que La Paz perdió en la guerra de 1879, 83. Con gran habilidad el mandatario ha logrado atraer a una voz crítica como la del expresidente Carlos Mesa a un comité de reivindicación de la salida al mar, lo que no ha impedido al veterano periodista y politólogo tachar la candidatura reeleccionista de Morales de anticonstitucional. Y aun se podría añadir a la lista de operaciones de prestigio el lanzamiento en China del satélite de comunicaciones boliviano Túpac Katarí, el 20 de diciembre del año pasado, y muy señaladamente la cumbre del 14 y 15 de junio en Santa Cruz del Grupo 77 + China, una especie de acampada fraternal del mundo en vías de desarrollo, que agrupa a 133 Estados, bajo la presidencia de Bolivia en todo 2014.


La reunión se presenta como apoteosis del plurinacionalismo, santo y seña de la revolución que Morales quiere extender, según sus propias palabras, no solo a toda América Latina sino al resto de la Humanidad. Y, como afirma el periodista de radio y televisión José Pomacusi, la reunión se celebra en Santa Cruz, la ciudad de la Media Luna que ha sido el bastión tradicional de lo poscolombino, que "hoy lo tiene, sin embargo, como favorito electoral, compartiendo sonrisas con los empresarios cruceños, que con su Gobierno ganan más dinero que nunca". En su obra de autogratificación, cuenta con palmeros excepcionales como el expresidente brasileño Inàcio Lula da Silva, que en mayo de visita en La Paz aseguraba que "Bolivia nunca ha estado tan bien como ahora".


En ese panorama triunfal no han dejado de aparecer, sin embargo, brotes de sarpullido que podrían infectarse. A fin de abril estalló una insurrección masiva de suboficiales que protestaban por la situación material en que vivían, de los que 715 fueron inicialmente pasados a retiro. Como dice la directora del semanario Uno, Maggy Talavera, "muchos creyeron ver entonces el anuncio de una ruptura entre el Gobierno y uno de sus aliados privilegiados". Militares y policía, como describe Juan Carlos Rivero (El Deber), "absorben cerca del 50% del Presupuesto y la gratitud de la cúpula castrense se ha dejado sentir expresando su adhesión al proceso de cambio, así como en la sustitución del grito de guerra "subordinación y constancia" por el de "Patria o muerte, venceremos", donde el eco del castro-chavismo suena como tintineo de dólares.


Ocurre que, como subraya el periodista cruceño, "las condiciones en que se forman y viven suboficiales y sargentos son deplorables. Tanto que muchos deben comprarse su propio uniforme. Y su acceso al seguro médico y la educación superior son muy limitados, por lo que exigen la descolonización de las Fuerzas Armadas". El término "descolonización" es altamente sensible para un presidente cuya justificación ante la historia es que está deshaciendo la colonización impuesta por una minoría de blancos, mayormente españoles, que ha perdurado desde la conquista. Y la "descolonización" de las Fuerzas Armadas ha sido hasta ahora puro maquillaje, como incluir motivos indígenas en banderas y estandartes, lo que se ha calificado de un cierto gatopardismo, que cambia la parte para que todo siga igual.


Talavera ve, sin embargo, en el movimiento una intencionalidad que desborda la simple protesta alimenticia: "El trasfondo es otro; lo que se disputa es el mando de tropas bajo un modelo similar al de las milicias venezolanas, que es el que parece que se considera en una próxima reforma legal. La presión está muy bien calculada en estos meses preelectorales, porque es el mejor momento para lograr atención cuando el poder está en campaña para ser reelegido". Y, aunque se desactivó la protesta contentándose los suboficiales "con no cambiar de destino y ser reintegrados en la institución militar, el problema de la colonización de las Fuerzas Armadas no está en modo alguno resuelto", asegura José Pomacusi. Juan Carlos Rivero apunta que "no se descarta que puedan surgir conflictos similares, especialmente en las filas policiales, que reciben todavía peor trato que los militares".


La cuestión de fondo puede consistir, como sugiere Talavera, en que las Fuerzas Armadas que, como pretende la autoridad, son no deliberantes, obedecen y callan, "sí que deliberan, hacen política y se adscriben de manera militante al Gobierno de turno. Se puede decir que lo hacen con premeditación y alevosía, según una ruta que muchos afirman que ha sido diseñada por el ministro de la presidencia y exmilitar Juan Ramón Quintana, junto con el vicepresidente Alvaro García Linera, ambos consejeros áulicos del presidente. El director de El Deber remata que, de la crisis, "quedaron efectos y consecuencias, debidas a la desinstitucionalización de la entidad tutelar de la patria".


Los 715 sancionados - de los que casi 400 pertenecían al Ejército de Tierra, 300 a la Fuerza Aérea, y 21 a la exigua armada lacustre del Titicaca - fueron progresivamente reincorporados al servicio (187 el 30 de abril) y los restantes por etapas. Pero lo hicieron sin reintegrar a filas al que se califica de líder de la protesta, el sargento Lorgio Cartagena, sancionado en un primer grupo de 13 suboficiales el 21 de abril, y retirado definitivamente el 22 de mayo. Los casos que aún están bajo examen se supone que concluirán con la readmisión de la mayoría.


¿Le ha hecho daño al presidente la revuelta de subalternos? Encuestas recientes reflejan un apoyo popular de un 34%, muy lejos del Himalaya habitual por encima del 60% en el que ha vivido muellemente el jefe del Estado. La escritora Susana Seleme, que se declara "demócrata opositora al régimen de Evo Morales", sostiene que "hay un desgaste del poder por rechazo al continuismo y a la megacorrupción que la propaganda oficial no puede tapar". Según la politóloga, el lema inicial de Morales "indígena-pueblo originario-campesino, así como la restauración del mundo precolombino y la defensa de la Madre Tierra, quedaron en el olvido". Para ella, ha acabdo imponiéndose, en cambio, "la creencia en una única institución: Estado-Gobierno-partido único-pueblo" y quienes "se rebelan son descalificados como neoliberales, delincuentes, traidores a la patria, amén de un largo y absurdo etcétera".


Ante las elecciones de octubre, una oposición cuyas figuras más representativas son Juan del Granado. candidato del MSM (Movimiento Sin Miedo); Rubén Costas, gobernador de Santa Cruz, por el MDS (Movimiento Democrático Social); y el industrial Samuel Doria Medina, al frente del Frente Amplio, tiene poco que hacer ante el líder indígena, digan lo que digan encuestas coyunturales.


El presidente es un viejo zorro aunque solo tenga 54 años y, como subraya Pedro Rivero, todo parece jugar a su favor: "La fiebre mundialista –el Mundial de fútbol en Brasil a fin de junio- cobra temperatura y hasta el presidente se pondrá en onda para debutar en la depauperada Liga Nacional. Así, con circo de por medio, el deporte concentrará la atención del público antes de que los ajetreos preelectorales ganen de nuevo impulso". El mandatario es un futbolista frustrado y, si el gremio cocalero del que procede hubiera tenido selección, seguramente habría destacado en ella.


El publicista Raúl Peñaranda hace un dramático colofón: "Evo Morales lo tiene todo a su favor: maneja a su antojo los recursos del Estado, sujeta con mano de hierro un bloque de medios de comunicación, controla la Justicia y manipula movimientos sociales y sindicatos. Aun así, no está claro el margen de victoria; que si fuera corto, en el caso de que la oposición lograra unirse, constituiría una buena noticia para la maltrecha democracia boliviana. Pero, al contrario, una victoria amplia implicaría fortísimos desafíos para la libertad de expresión, los derechos humanos y, en general, toda la sociedad"

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¿Quiere Evo Morales arrasar electoralmente, para perpetuarse en el poder como el primer bolivariano, Hugo Chávez, hizo hasta su muerte en Venezuela, y podría hacer otro tanto en Ecuador Rafael Correa? La respuesta, en 2018

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Miércoles, 23 Abril 2014 09:56

Todo por la reelección

Si para lograr sus propósitos por parte del actual Gobierno en la elecciones del pasado 9 de marzo fueron necesarios 2,4 billones de contratación pública y el nombramiento de amigos en 1.975 puestos ¿qué está dispuesto a hacer y a repartir Santos para lograr los cuatro años necesarios "para completar su misión"?

 

Las recientes elecciones legislativas estuvieron pasadas por la mermelada –entrega de contratación a través de puntos indicativos– de la Casa de Nariño. Así permite afirmarlo el cruce de los Computadores de la Secretaria General de la Presidencia –o computadores de la Casa de Nariño denunciados por el Uribismo– pero también el resultado de los comicios.

 

El dulce hace marear hasta al más goloso: 114 de los 166 congresistas vinculados a la mermelada, y a la entrega de puestos en entidades estatales, tendrán continuidad o consolidan a sus herederos en el Congreso que tomará posesión el 20 de julio.

 

Se instala así un tenebroso panorama con mayorías relativas en el Senado y mayorías absolutas en la Cámara de Representantes, poder que la Unidad Nacional está dispuesta a defender a toda costa para asegurarse, tanto la reelección presidencial como las maquinarias en el resto de las ramas del poder público. Y esta dinámica no toca solamente a políticos con fuerte influencia regional y nacional.

 

Asegurar la reelección a toda costa

 

El panorama político, como señalamos en nuestra edición número 200 (marzo 20-abril 20), quedó abierto con una serie de dilemas que removieron la seguridad de la reelección presidencial. Es así como el país retornó a un escenario donde la disputa electoral está a flor de piel. No es para menos. Por primera vez el candidato presidente no tiene plenamente asegurada su continuidad en el atril de Bolívar, por más que se auto elogie por los supuestos logros en su gestión gubernamental, los que le permiten alardear con frases como: "la economía está bien" o "en estos años hemos creado más puestos de trabajo que ningún otro país".

 

Si para lograr sus propósitos por parte del actual Gobierno en las elecciones del pasado 9 de marzo fueron necesarios 2,4 billones de contratación pública y el nombramiento de amigos en 1.975 puestos ¿qué está dispuesto a hacer y a repartir Santos para lograr los cuatro años necesarios "para completar su misión"?

 

La estrategia electoral ha incluido una serie de modalidades que rozan con lo delictivo, incluyen variables de marketing y denotan negociaciones, todas de un Juan Manuel Santos aún fuerte pero con inocultables heridas en el cuerpo de su control político y gubernamental. Detengámonos para otear el panorama que lo circunda.

 

El plan de campaña

 

No hay tiempo para perder ni recurso por desechar. En primera medida, tensionó todos los resortes de propaganda de los 16 ministerios con que cuenta el país, para mostrar país la obra ya cumplida, que es, según ellos, la primera cuota de una presidencia que en el próximo cuatrienio culminaría con la plena realización de los objetivos de la prosperidad democrática. Igual anunció su antecesor en la anterior campaña presidencial. Todo parece indicar que nunca son suficientes cuatro años, pero tampoco lo serán 8 ni 12.

 

La tensión de estos resortes le cuestan al país 200 mil millones de pesos, e incluyen las polémicas propagandas con las cuales pretenden demostrar lo irreal: como el cumplimiento de lo pactado con los diferentes sectores que participaron en el Paro Nacional Agrario.

 

Si a esta opulencia ministerial se le suma la que con toda seguridad derrochan las Agencias de la Presidencia de la República, con su intervención directa sobre medios de comunicación regionales, podrá confirmarse que la mayoría del aparato comunicativo nacional está enfilado hacia los intereses de la casa Santos.

 

La propaganda no para. Durante las últimas semanas, cada día, se entregan viviendas a través de ministros como Juan Carlos Henao, o ponen en función concesiones que, en palabras de la ministra de transporte Cecilia Álvarez, los anteriores "gobiernos retrasaron por su pésima planeación", como la carretera Bogotá–Girardot y próximamente Bogotá–Tunja.

 

Segundo. El poder para el gobernante de turno. El uso de la contratación pública para alinear alcaldes y gobernadores. La famosa ley de garantías, supuesto mecanismo de salvaguarda de los dineros públicos, establecida desde 2005, quedó convertida en un mecanismo de coacción directa por parte del Ejecutivo, para asegurarse la influencia sobre la mayoría de los municipios del país.

 

De pública a particular. La estructura del poder estatal en Colombia convirtió el erario público en botín que moviliza a gamonales, políticos y círculos económicos regionales. No es extraño, por tanto, que para satisfacer intereses de todo tipo, por ejemplo, un día antes de la entrada en vigencia de la ley de garantías, 24 de enero del presente año, muchos funcionarios del ministerio del Interior tuvieran que trabajar a toda máquina, hasta las 12 de la noche, en la firma de 243 convenios con entidades territoriales, faltando por repartir 30 mil millones de pesos según dijo el propio ministro Iragorri.

 

Tercero. Varón electoral. El incomodo acuerdo con Germán Vargas Lleras, y lo representado por éste, es una concesión necesaria por parte de Juan Manuel Santos para ser apalancado en procura de su reelección. Pasa así el país de Uribe respaldado por Santos en 2010 a Vargas Lleras como barón electoral en 2014.

 

Esta alianza incomoda, que puede asegurar su continuidad, aminora su poder omnímodo, establecido meticulosamente por Santos durante su gobierno, obligándolo a una renegociación –en caso de reelección– del próximo gabinete presidencial. Queda también el sin sabor en el aire de las denuncias sanadas por Germán Vargas sobre sus vínculos con la parapolítica, "sanadas" con mano de cirujano: de un momento a otro narcotraficante como Néstor Ramón Caro, y 7 testigos más, rectificaron sus acusaciones contra el político bogotano1.

 

Cuarto. Gobierno de gremios. Relacionar su reelección con los intereses empresariales. Es claro que los otorgamientos de concesiones, las mentadas alianzas público privadas, los títulos mineros y la proposición de planes agro industriales y minero energéticos durante el gobierno Santos han quedado reducidas, en su benefactores, a una casta muy específica del empresariado criollo e internacional.

 

Este modelo de relación con pocos pero poderosos grupos económicos y financieros, ha impreso la imagen de respaldo de la mayoría de los gremios y poderes económicos del país al Gobierno, con excepción de la Sociedad de Agricultores de Colombia y Fedegan. Sin embargo, Juan Manuel Santos se ha visto en dificultades para conseguir el respaldo unificado de esta casta empresarial. Su reto es tan grande que día a día, en sus declaraciones, intenta destacar a su gobierno como la única posibilidad para que los empresarios satisfagan sus intereses a plenitud.

 

Quinto. Desatar una campaña sucia para conseguir la reelección. No es coincidencia que tras recibir concejos de publicidad, como los de Ángel Becacino, Juan Manuel Santos –a través del partido de la U– allá optado nuevamente por traer la asesoría del gurú internacional de las campañas negras J.J. Rendón.

 

Este venezolano le introduce un ritmo específico al manejo de la confrontación con Uribe, y permea las formas de hacer política a nivel regional. La presencia de Rendón fue admitida por el partido de la U para las pasadas elecciones legislativas, pero no las presidenciales, sin embargo según fuentes consultadas el controvertido comunicador ha logrado continuidad en la campaña reeleccionista.

 

Sexto. Reelección y paz o el mal menor y las farc amarradas. Santos ha posicionado su reelección como la única posibilidad que tiene el país para continuar con el proceso de paz. El discurso imperante en el país durante los últimos meses ha moldeado la concepción fabricada de que el único con el que puede firmarse la paz, en negociación en La Habana, es con el actual presidente. Esta bandera política lo coloca bajo el manto de ser el mal menor que garantiza la necesidad de la paz, factor que en algún sentido es respaldado tácitamente con su silencio por parte de las farc, tanto en la capital cubana como en las montañas de Colombia.

 

Séptimo. Geopolítica y poder. Santos circunscribe el respaldo internacional al país a un apoyo personal a su reelección. La reimpulsada agenda internacional de este gobierno ha proyectado un protagonismo determinante del país en asuntos regionales, posicionándolo como el filo de la balanza: Unasur y ahora Venezuela resaltan en este escenario. Pero el protagonismo regional y más allá, como país abierto y garantista va mucho más allá: Alianza del Pacífico, Ocde, ONU, y otro más, apareciendo en todas partes como el único que puede materializar las transformaciones políticas –paz– y económicas, imprescindibles para los poderes globales.

 

Octavo. Control total de las Fuerzas Armadas y de Policía. Tras la salida del General Jaino León Riaño de la Policía Nacional, de los generales Mauricio Zúñiga, jefe de Inteligencia del ejercito y Jorge Zuluaga, director de la Central de investigación técnica del Ejercito, y de la llamada a calificar servicios del director del Inpec –general de policía Adolfo Ricaurte–, el mensaje quedó claro para el conjunto de estas fuerzas: el Presiente es capaz de depurar la cúpula de este factor de poder para tener su total control, con el fin de garantizar su agenda reeleccionista, que incluye la paz, e implica destruir la influencia uribista sobre los cuerpos militares.

 

Manejo y moldeamiento de la oposición

 

La pretensión reeleccionista lo obliga a mucho más. Santos trata por todos los medios de moldear la oposición política. Parte de sus jugadas pretenden copar los círculos contrarios al señor de los ocho años, generando una suerte de frente antiuribista que incluye a figuras mediáticas como Daniel Coronell, el cuerpo editorial de revistas como Semana –dirigida por Alejandro Santos, sobrino del Presidente–, e informativos como Noticias Uno.

 

De manera adicional, en la orientación de su campaña electoral, maneja una línea dura de no negociar sino hasta pasada la primera vuelta presidencial las concesiones que le pudiera dar al centro democrático para garantizar su continuismo.

 

No hay casualidad. En estos manejos resalta el uso de estos medios de comunicación como centros de producción de la denuncia política en el país para la depuración del Ejército –operación Andrómeda–, de la Policía –contratación interna– y del control permanente sobre figuras de la palestra nacional que temen ser protagonistas de los escándalos difundidos por la portada de la revista Semana.

 

Su pretensión va más allá. Durante la reunión sostenida el 26 de marzo con la Marcha Patriótica, el Presidente aclaró que busca la mayor cantidad de apoyos para asegurar la reelección en primera vuelta, haciéndoles entrever que necesita de su respaldo para consumar el proceso de paz. A esto le suma sus declaraciones que posponen el proceso de paz con el eln, y que zanjan aguas inmediatas con la posibilidad de una Asamblea Nacional Constituyente –ANC–. En esta labor resaltan frases como "recuerden que una ANC es soberana y puede invalidar en el primer día lo que hemos negociado en La Habana".

 

A esto hay que agregar su interés por desarmar el paro nacional agrario proyectado por los paperos para el 28 de abril, valiéndose para ello del pacto agrario que otorgó a una centena de municipios más de 300 mil millones de pesos como dadivas asistenciales; así como el respaldo a la denuncia penal interpuesta por el ministro de Agricultura Lizarralde en contra del líder Cesar Pachón. También se prenden altavoces, difundiendo propaganda oficial a través de los medios de comunicación, intentando con ella que las reivindicaciones de los paperos, arroceros y cafeteros sean vistas como simples caprichos con intereses políticos.

 

1 http://www.eltiempo.com/justicia/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-12830831.html

 


 

 

Los operadores políticos y mediáticos

 

Para realizar la misión reeleccionista, Juan Manuel Santos destacó en funciones no solo a las cabezas visibles de los partidos de la Unidad Nacional, y de la Fundación Buen Gobierno, sino que conformó una capa silenciosa de operadores políticos que van desde periodistas hasta abogados y consultores de ministerios, encargados todos ellos de mediar apoyos, menoscabar enemigos políticos y articular a sectores empresariales a la campaña electoral santista. Entre ellos destacan Sergio Michelsen, Felipe de Viveros Arciniegas y Daniel Coronell.

 

Sergio Michelsen1: Abogado Uniandino, con maestría en derecho comercial en la parisina Sorbonne; poco conocido en los medios de comunicación. Pieza clave en mediar las negociaciones de otorgamiento de la concesión de espacios sin licitación, como obliga la ley, del Canal Uno a CMI y la unión temporal compuesta por RTI, Jorge Barón, Julio Sánchez Cristo, Yamid Amat y Daniel Coronell, convirtiendo esta plataforma informativa casi en un tercer canal de facto, donde se le dan juego a los pequeños del negocio de la comunicación.

 

Además, como señalan algunas fuentes, Michelsen está convertido en interlocutor de algunos grupos empresariales nacionales, internacionales y mixtos, como Bavaria S.A (Sab Miller) y el grupo tras almacenes Éxito, Casino y Sindicato Antioqueño. Es socio de la firma de abogados Brigard y Urrutia, vinculada al escándalo de otorgamiento de baldíos en la altillanura colombiana. Lo mencionan como uno de los dueños –a través de Brigard y Urrutia– de las dos plantas donde funciona la Agencia nacional de defensa jurídica del Estado.

 

Felipe de Viveros2: Abogado de la universidad de los Andes, director de la maestría en derecho público en la misma alma mater. Asesor de la Agencia Nacional de Televisión –ANTV– y del Ministerio de Tecnologías de la Información –MINTIC–, encargado de la elaboración jurídica de conceptos para otorgar las concesiones del gigante negocio de la red de internet de alta velocidad, donde además está relacionado con la empresa mexicana TV Azteca, convertida, junto con los negocios de internet 4G y el tercer canal de televisión, en las grandes transacciones que en el terreno de las telecomunicaciones el presidente Santos, a través de su ministro Diego Molano, está dispuesto a mediar en vocación de su carrera reeleccionista.

 

Daniel Coronell3: uno de los principales moldeadores de la opinión pública nacional a través de la denuncia periodística. Reconocido comunicador social, exdirector de Noticias Uno, vicepresidente de noticias de la cadena internacional Univisión, y columnista de la revista Semana. Fungió durante el gobierno Uribe, y aún hoy, como uno de los principales contradictores del expresidente.

 

Hoy por hoy es uno de los principales defensores del gobierno Santos. Ha destapado múltiples escándalos que, de una u otra manera, sirven para fortalecer el control de los poderes públicos y de las Fuerzas Armadas por parte del inquilino de la Casa de Nariño. Recientemente resultó beneficiado por el alargamiento de la concesión de espacios televisivos en el Canal Uno, obviando la licitación que requiere este tipo de procedimientos de operación de espacios comunicativos en televisión abierta.

 

1 http://bu.com.co/es/abogados/sergio-michelsen-jaramillo
2 http://derecho.uniandes.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=1810:-felipe-de-vivero-arciniegas&catid=57&Itemid=318&lang=en
3http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=wihzpkaqnWNrRM&tbnid=6HbT2MWOnY9irM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fjimenazuluaga.com%2Fdaniel-coronell-el-duro-de-las-noticias-en-la-intimidad%2F&ei=M5FGU6XgBae0sATrz4DQCA&bvm=bv.64507335,d.dmQ&psig=AFQjCNGW2b_KanBZYkGmBIkAYAIwV0Ys-g&ust=1397220009863745

Publicado en Edición Nº201
Domingo, 02 Marzo 2014 09:11

Correa apuesta por la re-re

El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, se mostró ayer dispuesto a reformar la Constitución para levantar la restricción para su reelección en 2017. Además, aseguró que revisará su decisión anterior de no presentarse, ante el avance de la oposición en las últimas elecciones locales y para garantizar la continuidad de la llamada Revolución Ciudadana, el proceso político que comenzó con su llegada al poder. "Creo que sobre la base de esta elección (del domingo pasado en que la oposición ganó la alcaldía de Quito), el país debe empezar a debatir seriamente las restricciones que pusimos a la reelección en la Constitución", expresó el mandatario durante su tradicional informe sabatino de labores. "El triunfo de la derecha en la capital podría ser utilizado como trampolín para intentar desestabilizar al gobierno", alertó.

 

"No les estoy diciendo que me voy a lanzar a la reelección, pero sí creo que hay que levantar esas restricciones, sí creo que hay que pensarlo seriamente, sí creo que hay que dejar la puerta abierta en caso de que esos nubarrones se hagan más grandes", indicó. Correa expresó que no busca nada personalmente en el ejercicio de la presidencia y que su cargo está a disposición del pueblo ecuatoriano, pero dijo estar listo para salir a defender la Revolución Ciudadana.


"Si fuera cierto que la gente votó contra el gobierno, el oficialismo debería haber perdido en todo", agregó Correa al rechazar los análisis que advertían una derrota del oficialismo en todo el país. Según Correa, el oficialismo alcanzó el 39,5 por ciento del total de votos acumulados en las votaciones del domingo y dijo que por ello sigue siendo la primera fuerza política del país, mientras que la votación ponderada de la oposición no llega al 25 por ciento. También observó que, de acuerdo con los datos que dispone, AP y sus aliados habrían captado más del 50 por ciento de los votos para prefecturas (gobernaciones), seguido del derechista CREO (Creando Oportunidades) con el 12 por ciento.


Pero pidió a los integrantes de su fuerza política "estar en las trincheras para defender lo alcanzado". Retó también a sus opositores a propiciar su propia reelección: "Si, como dicen, el gran derrotado (en las elecciones del domingo) fue Correa, van a ser los más entusiastas en apoyar la reelección presidencial, porque seguramente perderemos en 2017". Tras apuntar que su responsabilidad es garantizar la continuidad de su proyecto político, el jefe de Estado destacó que el triunfo del domingo pasado podría hacer que la oposición, a quien Correa engloba en "la derecha", intente desestabilizar a su gobierno. "No es una derecha silvestre, sin mayor perspectiva, la que ganó en Quito, sino una derecha organizada, con apoyo internacional, con una estrategia de poder, y que entra en el marco de la nueva ofensiva imperial contra los gobiernos progresistas de América latina", manifestó Correa.


"O nos renovamos o perecemos", alertó Correa al evaluar los problemas de AP, aunque repitió que la tendencia de izquierda era la gran triunfadora de los comicios del domingo pasado. "Las fuerzas de izquierda somos más del 50 por ciento del país y la derecha no llega al 38 por ciento", remarcó, y no descartó convocar a una alianza de todas las fuerzas progresistas para detener los avances de la derecha.


Aclaró que no aludía directamente al alcalde electo, Mauricio Rodas, quien se autoproclama como centroprogresista, pero aseguró que la gente que rodea al nuevo jefe de Gobierno de Quito prepara un modelo "antinacional" y "antipatriótico". Por ello, reiteró que su gobierno aún tiene metas por cumplir. "Mucho por hacer para que este proceso sea irreversible y poder dejar a nuestros hijos un país sin tanta manipulación y corrupción, un país bañado en verdad, un país sin los poderes de siempre acechando para volver a dominarnos", dijo.


La Constitución aprobada en 2008 impide la reelección presidencial más allá de un segundo período, pero la gobernante AP ostenta una amplia mayoría para eliminar ese obstáculo, y así lo anunció la presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira. "Nosotros hemos planteado, no ahora sino desde siempre, la posibilidad de que el presidente Rafael Correa pueda ir de nuevo a las urnas", declaró Rivadeneira, quien es militante de AP.


De acuerdo con la líder parlamentaria, la bancada del partido gobernante se reunirá en los próximos días para debatir una eventual enmienda constitucional al artículo que impide la reelección presidencial indefinida. El movimiento oficialista Alianza País, que cuenta con 100 votos de los 137 escaños en la Asamblea Nacional, planteó el viernes la discusión sobre este tema a fin de permitir que su líder compita en las próximas elecciones.


El miércoles próximo, los asambleístas de gobierno tendrán una primera reunión para optar por la enmienda constitucional que tiene ya el espaldarazo y la aceptación de Correa.

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 Quito, 13 de febrero. Los medios de comunicación comerciales de Ecuador, abiertamente anticorreistas, y todas las casas encuestradoras autorizadas para hacer los sondeos de las elecciones de este domingo alinearon desde la semana pasada sus pronósticos en una sola dirección: el presidente Rafael Correa superará 50 por ciento más un voto para ser declarado electo en primera vuelta. Y superará a su contrincante más cercano, el banquero Guillermo Lasso, por más de 20 puntos. Además, tiene buenas posibilidades de obtener la mayoría de los 137 escaños en la Asamblea Nacional, con lo que rompería el candado de una legislatura adversa que hasta ahora obstaculizó algunas de las iniciativas que el oficialismo considera estratégicas.

 

Al reconocer que el candidato del partido Alianza Patria Altiva y Soberana (PAIS) arrasará en su segunda contienda presidencial, a diferencia de su primera victoria en 2006, cuando fue a segunda vuelta –con un proceso de ratificación intermedio en 2009, después de una asamblea constituyente que reformó todas las instituciones políticas– las televisoras, radios y diarios de fuertes grupos dieron un drástico viraje en los pronósticos que sostenían apenas una semana antes, de que Correa, desgastado, sería derrotado por Lasso o, en opinión de algunos, incluso por el coronel Lucio Gutiérrez. Este ex coronel fue derrocado por el movimiento indígena, la llamada "revolución forrajida", en 2008. Hoy representa un núcleo duro de populismo de derecha en la región serrana del país.

 

El síndrome mexicano

 

"Se están curando en salud para evitar el síndrome mexicano, donde las encuestas exageraron tanto el margen de maniobra del candidato ganador Enrique Peña Neto que al final tuvieron que reconocer sus errores, con la consiguiente pérdida de credibilidad", asegura Alexis Ponce, analista de Alianza PAIS, activista de los derechos humanos.

 

Con este panorama concluye este jueves la intensa campaña en la que contendieron un partido oficialista de centro izquierda que lleva seis años de construcción de lo que llama la revolución ciudadana, dos partidos de izquierda con fuerzas que se desprendieron del correismo y cinco partidos ligados a los grupos oligárquicos.

 

La cierta victoria de Correa —economista de 50 años que ostenta dos maestrías y un doctorado, que habla kichwa además de inglés y francés y que tiene arraigo en las tres regiones con frecuencia antagónicas de Ecuador: la Costa, donde se ubica Guayaquil, centro financiero; la Sierra con la capital política de Quito y la Amazonía, con un tesoro de riquezas minerales en su subsuelo– es en opinión del periodista Osvaldo Pérez, director del diario público El Telégrafo, "lógica". Añade: "al delantero del equipo que está metiendo los goles no lo sacas a la mitad del partido".

 

Cabe este deportivo comentario en una tarde de furor futbolero, en donde los quiteños salen a los cafés al aire libre, a pesar del frío, a mirar en las pantallas públicas el juego de la Copa Libertadores donde un equipo nacional se enfrenta al Barcelona. Pero los "goles" de los que habla tienen más que ver con la economía y la forma como ha cambiado el panorama social de millones de ecuatorianos. Gallup da cuenta de un índice de popularidad muy poco común para un presidente que repite periodo: entre 78 y 80 por ciento de aprobación. La Comisión Económica para América Latina y El Caribe registra a Ecuador en el sexto lugar de países que mejoraron el comportamiento de su economía (mientras que México figura en el lugar 12).

 

"Goles" visibles en la impresionante obra pública y privada que se observa en las ciudades y las carreteras y que detonó muchos sectores productivos, abatiendo como hacía décadas no sucedía, el desempleo.

 

La deuda externa de un país golpeado por la dolarización que se impuso en los 90 por el famoso "feriado bancario" y la posterior quiebra de los bancos privados fue reducida por Correa de 16 mil millones de dólares en 2006 a 5 mil millones por un método simple y heterodoxo: declaró ilegítimo el endeudamiento con la banca extranjera y la anuló en 2007.

 

Más goles

 

Otros "goles" del presidente se reflejan directamente en los bolsillos de los sectores más pobres. Una reforma tributaria liberó del pago de impuestos a los asalariados que ganan menos de 25 mil dólares al año y trasladó la carga fiscal a los sectores con ingresos mayores.

 

Otro dato refiere que en los últimos seis años un millón de ecuatorianos salieron del nivel de pobreza. Un recorrido por los barrios del sur de Quito, a espaldas de la famosa virgen del Panecillo que domina desde sus 3 mil 500 metros de altura todos los altos y cañadas de la capital, traduce graficamente la cifra.

 

Chillogallo, en las goteras de la ciudad, fue hasta hace no mucho una ciudad perdida habitada por centenares de miles de campesinos, principalmente kichwas, que emigraron de las zonas rurales, invadiendo las laderas de la cordillera. Hoy sus callejuelas que suben y bajan están limpias, las casas humildes no son de cartón, sus niños caminan con zapatos bien abrigados, son pocos los callejones que quedan sin pavimentar. La pobreza de las villas miseria latinoamericanas ya no se ve en este antiguo asentamieno donde aún queda la iglesia donde en 1822 el mariscal José Antonio Sucre se acuarteló antes de lanzar su ofensiva final sobre el Pichincha, para obtener la independencia.

 

Aquí, cuna de un núcleo duro correista, lucen por centenares las banderas verde-flex, como le dicen al color fosforescente que simboliza a Alianza PAIS. De aquí salrá la concentración caravana con la que Correa cierra campaña, culminándola frente a la sede del partido, en la elegante avenida Amazonas, ya en el norte de la ciudad, situada en lo que fue el corazón bancario quiteño y hoy alberga a la mayor parte de los ministerios y dependencias del Ejecutivo.

 

La misma impresión causan otros barrios humildes de las afueras; Chilibulo, Mena Dos, Barrio Nuevo, San Juan: limpieza, dignidad en la pobreza, reducidos niveles de inseguridad, niños escolarizados, centros de salud equipados, si bien aun insuficientes. Y un detalle notable: la "descarcachización" de la vía pública. Gracias al acceso a créditos y facilidades para dar como enganche un auto mayor de 20 años, muchos quiteños han comprado vehículos baratos, nuevos.

 

Muchos hablan con entusiasmo de otros logros, que en los sectores de la oposición de derecha llaman populismo. Por ejemplo, el "bono de desarrollo", especie de Procampo u Oportunidades, que dota de 50 dólares mensuales a personas vulnerables: madres solteras, desempleados, discapacitados, adultos mayores, viudos. Este bono que viene de tiempos del presidente neoliberal ortodoxo Jamil Mahuad se ha triplicado y es más eficiente porque el padrón de beneficiarios se ha depurado y porque se condiciona a los jefes de familia a que inscriban a sus hijos a la escuela y los lleven a dos chequeos de salud al año. Este programa es financiado con una carga que obliga a la banca privada a destinar cada año 40 por ciento de sus utilidades a los bonos.

 

Otras reformas de la política social se discuten ampliamente en las calles, los mercados y los autobuses y tranvías, aún deficitarios en esta ciudad con una complicada red vial.

 

Durante los gobiernos neoliberales anteriores, la educación pública sufrió un embate de privatizaciones enorme. Sin controles de calidad proliferaron las universidades "patito", aquí llamadas popularmente "de garage". Un decreto presidencial les impuso una evaluación y las peor evaluadas fueron clausuradas. Desaparecieron al menos 40, a otras se les impuso un plazo para demostrar mejorías en sus planes docentes y contenidos. Para la gran demanda de estudiantes que no alcancen cupo en las universidades públicas aún escasas –la Central de Ecuador, las Estatales de Guayaquil y Cuenca y algunas politécnicas– las privadas tienen obligación de darles cabida y becarlos.

 

"Ecuador vuelvo a ti"

 

Existe además el programa "Ecuador vuelvo a ti" que ofreció 53 millones de dólares en becas para estudiantes ecuatorianos emigrados. Y la controvertida y ambiciosa "Escuela del Milenio", que opera sólo con maestros que han pasado una estricta evaluación en zonas rurales, en escuelitas pequeñas pero dotadas de tecnología de punta para el aprendizaje. Sus críticos señalan que se ha priorizado la tecnología por encima de los contenidos, pero es apenas un plan en ciernes, con 20 escuelas piloto.

 

En salud pública hay otros programas, el que ofreció plazas bien pagadas en hospitales públicos a médicos especialistas que habían emigrado con la constante fuga de cerebros del pasado. También se aplicó el modelo de clausurar hospitales privados de mala calidad. Y ante la insuficiencia de hospitales públicos para dar cobertura total, una ley obliga a los privados a atender, incluso operar y tratar casos complejos, a pacientes que son remitidos del sector público. El gobierno paga.

 

¿Con qué? Con el resultado de otro decreto polémico de Correa, que determinó que 90 por ciento de la renta petrolera y de la minería debía permanecer en el país y las utilidades de las corporaciones extractivas se reduciría a un 10 por ciento. Con esto invirtió la proporción de 90 a 10 que se iba a las cuentas de las empresas.

 

Estos son algunos de los goles anotados por el delantero en los comicios que se definen dentro de cuatro días y que permite que Felipe Burbano, sociólogo de la oposición, académico de FLACSO y duro crítico de la Revolución Ciudadana pronosticara en una entevista que publica el diario conservador Hoy, el pasado lunes: "La elección será un ritual que va a consagrar en el poder a Rafael Correa como una suerte de jefe supremo". Y advierte: "El riesgo es que esa fuerza ampliamente mayoritaria se vuelva autoritaria ante los perdedores". Pero ese es un debate mucho más amplio y complejo.

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Para las elecciones del próximo 17 de febrero en Ecuador se presentan ocho organizaciones políticas, con bases muy diferentes. La primera es el Movimiento Alianza País, (Patria Altiva y Soberana), actualmente en el poder. Producto de un acuerdo de varios movimientos y fuerzas políticas –constituido en 2006–, relativo a un programa de transformación social y económica.

 

Sin embargo, con el tiempo ese acuerdo perdió una parte de sus componentes; es el caso de Ruptura de los 25 y de sus apoyos, como la Conaie (Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador), de los ecologistas ,y además el de personajes como Alberto Acosta, Diego Borja, Gustavo Darquea, Betty Amores y Gustavo Larrea, entre otros. Rafael Correa es el candidato a la presidencia, y Jorge Glas, ex ministro de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, renunció al ministerio coordinador de los sectores estratégicos para postularse a la vicepresidencia. Su nombramiento suscitó reacciones negativas dentro del movimiento. Rafael Correa pidió una suspensión del ejercicio de la presidencia para dedicarse a la campaña electoral.

 

El vicepresidente, Lenin Moreno, realizó programas muy exitosos en favor de los discapacitados, siendo él mismo uno de ellos. Su labor es apreciada por toda la sociedad ecuatoriana y él ha tenido reconocimiento internacional. No se presentó en el binomio de Alianza País para la contienda de este año, pero trabajará a escala latinoamericana.

 

El Partido Sociedad Patriótica 21 de Enero lleva de candidato a Lucio Gutiérrez, militar y ex presidente; "oficialmente" de orientación centroizquierda, pero que traicionó y decepcionó al movimiento indígena y a los movimientos sociales que lo habían apoyado; en la praxis del poder devino en fiel aliado de Estados Unidos. Gutiérrez no pudo terminar su mandato, fue destituido en abril de 2005, luego de dos años de gobierno, por la irrupción de la lucha de "los forajidos".

 

El Partido Renovador Institucional Acción Nacional (Prian) lleva a Álvaro Noboa como abanderado a la presidencia. Representante de la oligarquía bananera, Noboa ha competido cinco veces por el cargo. En 2006, cuando triunfó Rafael Correa, obtuvo 23 por ciento de los votos. En esa oportunidad, y por segunda ocasión, fue junto con su esposa, Anabella Azin, como abanderada a la vicepresidencia.

 

El Movimiento Creando Oportunidades (Creo) representa la nueva derecha, moderna y neoliberal, bastante similar a la orientación de Capriles en Venezuela. Su candidato es Guillermo Lasso, banquero y ex presidente del Banco de Guayaquil. Para competir por la vicepresidencia había escogido a Auki Tituaña, actor político indígena, quien ante tal situación inmediatamente fue expulsado de la Conaie. Luego renunció y fue reemplazado por Juan Carlos Solines, proveniente de la agrupación Concertación Política, de Cesar Montúfar.

 

Unidad Plurinacional de Izquierdas es el fruto de una alianza de izquierda entre el Movimiento Popular Democrático (MPD), el Movimiento Pachakutik y varias agrupaciones opuestas a las políticas de Correa. Entre ellos se encuentran el Movimiento Montecristi Vive (nombre escogido por ser el lugar donde se elaboró la nueva constitución), cuyo líder principal es Alberto Acosta; Red Ética y Democrática (RED); Poder Popular, Participación, y Socialismo Revolucionario.

 

Pachakutik fue constituido en 1996 por dirigentes indígenas y varias fuerzas políticas. El MPD mantuvo durante décadas una importante influencia en las universidades, en la Unión Nacional de Educadores (UNE) y en el movimiento estudiantil, que opta a veces por acciones violentas y en otras por alianzas oportunistas. Actualmente el MPD ha perdido protagonismo tanto en las universidades como en la UNE.

 

Esta formación política se presenta como la "nueva izquierda" y cuenta con el apoyo del movimiento indígena, de los ecologistas y de algunos intelectuales decepcionados por la política vigente. Su candidato presidencial es Alberto Acosta, economista, que estudió en Alemania, ex presidente de la Asamblea Constituyente y ex ministro de Minas en el gobierno de Correa. Su ruptura con este último se produjo al término de la preparación del texto constitucional, cuando Acosta pidió más tiempo para debatir la nueva carta política, y que el presidente rechazó; sin embargo, las principales divergencias se manifiestan a propósito del modelo de desarrollo. Acosta es un reconocido intelectual, profesor en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso). La candidata a vicepresidenta es Marcia Caicedo, abogada afrodescendiente y ex miembro del Consejo Nacional Electoral.

 

El Movimiento Sociedad Unida Más Acción (SUMA), de orientación ecologista, lleva de candidatos a la presidencia a Mauricio Rodas y a Inés Manzano a la vicepresidencia.

 

El Movimiento Ruptura de los 25 fue miembro de Alianza País cuando aún era un grupo. Fundado por jóvenes de clase media, rompió con Alianza País con motivo del referendo implicando algunos cambios constitucionales. Presenta a Norman Wray como aspirante a la presidencia y a Ángela Mendoza para vicepresidenta.

 

El Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE), en referencia al presidente Roldós, fallecido en un supuesto accidente aéreo, el cual se cree que fue provocado por la CIA, por ser un nacionalista de centroizquierda, presentó en un primer momento como abanderado al ex presidente Abdalá Bucaram, destitui- do luego de seis meses en el poder y actualmente exiliado en Panamá, acusado de corrupción. Como su candidatura fue rechazada por la Comisión Electoral, presentó un nuevo binomio con Nelson Zavala –pastor protestante– como aspirante presidencial.

 

En un sondeo realizado en octubre pasado –antes de la apertura oficial de la campaña electoral–, la mitad de los entrevistados se declararon indecisos. Sobre los que tenían una opción, 44 por ciento se pronunció en favor de Correa y 18 por ciento por Lasso. En tanto, 7 por ciento apoyaron a Acosta y Gutiérrez. Noboa recibió 2 por ciento. El resto de candidatos prácticamente no obtuvo apoyo. En Ecuador hay segunda vuelta de elecciones, si en la primera ningún aspirante supera 50 por ciento de sufragios. Sin embargo, es muy probable que Rafael Correa gane desde la primera, porque tiene apoyo mayoritario en un país con una situación económica favorable en los últimos años y donde las políticas sociales han favorecido a gran número de ciudadanos.

 

La trayectoria política del presidente actual

 

Nacido en Guayaquil, en 1963, Rafael Correa formó parte de un grupo de estudiantes de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil interesados en la doctrina social de la Iglesia. Después de su graduación en economía pasó un año –junto a misioneros salesianos– en Zumbahua, comunidad indígena kichwa situada en una región montañosa de la Sierra Centro. Cursó su maestría en economía en la Universidad Católica de Lovaina, donde fue presidente del Círculo de Estudiantes Extranjeros. Se casó con la belga Anne Malherbe. Se doctoró en economía en la Universidad de Illinois en Madison, Estados Unidos. Fue catedrático en la Universidad San Francisco de Quito, institución privada muy elitista.

 

Cuando fue destituido Lucio Gutiérrez, su sucesor, Alfredo Palacios, quien era vicepresidente, llamó a Rafael Correa para ocupar el cargo de ministro de Finanzas. En tres meses de labor, Correa empezó reformas importantes, opuestas a las orientaciones del Banco Mundial y del FMI, y en 2006 se presentó a las elecciones presidenciales. No tenía un pasado político, pero después de casi una década de inestabilidad en el país parecía ser una persona capaz de corregir esa situación. En la segunda vuelta le ganó al oligarca Álvaro Noboa. Luego, en los comicios de 2007 para la Asamblea Constituyente, Alianza País obtuvo 80 de los 130 escaños. En 2008, en el plebiscito para aprobar la nueva Constitución, recibió la aprobación con 63 por ciento de votos. En 2009 fue relecto presidente con 51.99 por ciento de sufragios.

 

En septiembre de 2010, una rebelión en la policía –con rasgos de golpe de Estado– casi le costó la vida. En 2011, una consulta popular sobre 10 puntos, que proponía desde el seguro social obligatorio y cambios radicales en el Poder Judicial, hasta la eliminación de las corridas de toros, dio distintos resultados –dependiendo de las regiones– y, al final, una muy justa mayoría.

 

Correa afirma que la inspiración de la revolución ciudadana proviene de Eloy Alfaro, gestor de una revolución liberal a principios del siglo XX, quien fue asesinado por las fuerzas reaccionarias. Su visión política considera que después del periodo neoliberal se debe reconstruir el Estado y "rehacer" la ciudadanía. Posee un discurso fuerte y permanente, apoyado por una comunicación intensiva en la prensa y en la televisión. Cada sábado da cuenta de su trabajo de la semana. Para llevar a cabo su proyecto político tuvo que hacer una serie de reformas, como en el corrupto sector justicia, que requería cambios profundos. Para evaluar ese proceso solicitó la colaboración del juez Baltasar Garzón. Sus críticos lo acusan de utilizar la reforma para controlar el sistema judicial.

 

En tanto, la educación en los niveles de primaria y secundaria ha obtenido un importante desarrollo cuantitativo, aun si desde un punto de vista cualitativo existen muchas deficiencias, en parte debidas a las reformas mismas. En la enseñanza superior se requería también un cambio. El número de estudiantes –más de 200 mil– había aumentado mucho, además de que había 49 facultades de derecho y 60 mil abogados, y la corrupción tampoco estaba ausente en esa área. La reforma educativa se inspiró en parte en las medidas de Bolonia, es decir, con una perspectiva tecnócrata y reglas de eficacia de tipo empresarial, por lo que es criticada en los medios universitarios. La concepción centralizadora del Estado condujo también a reintegrar la Dirección Nacional de Educación Bilingüe (kichwa y español) en el ministerio nacional, cuando había tenido, desde su creación en 1988, un estatuto autónomo.

 

La reforma tributaria se destinó a hacer pagar a los más ricos, que, como en el resto del continente, no cubren impuestos o, en el mejor de los casos, pagaban muy poco. Dada esta nueva política fiscal, se duplicaron los ingresos del Estado. Esta medida provocó reacciones moderadas en los sectores más ricos, debido a la buena coyuntura económica del país y del continente en general, gracias al aumento de los precios de las materias primas y los productos agrícolas de exportación. El alza de precios internacionales produjo un aumento considerable de las ganancias del sector exportador tradicional (plátano, cacao, café), de los bancos y los grandes comerciantes, y benefició indirectamente la industria local, todavía en proceso de desarrollo.

 

El cambio en las disposiciones sobre los medios suscitó grandes controversias. Como en el resto de América Latina (y más en otros lugares), la prensa y la televisión están en manos del capital financiero o comercial, sin embargo, se denomina prensa libre e independiente. En Ecuador, las nuevas disposiciones prevén que ningún poder económico, financiero ni productivo puede ser propietario de medios de comunicación. Se trata realmente de restablecer la libertad de prensa. No obstante, la manera en que actuó Correa contra la llamada "prensa corrupta" ha tenido un efecto no esperado. Durante el juicio, él pidió una compensación de 80 millones dólares al diario El Universo por acusaciones falsas en su contra, y un millón a cada uno de los dos periodistas que publicaron un libro (El gran hermano) atacando los negocios de su hermano con el sector público. La justicia condenó al periódico, pero redujo la suma a 40 millones, y confirmó la multa de los dos periodistas. Las reacciones internacionales fueron fuertes, y una medida en sí correcta se transformó en un problema mediático. Incluso intervinieron algunos ex jefes de Estado (Clinton, Cardoso). El presidente Correa perdonó. Tal vez si él hubiera pedido un dólar como compensación moral, la cosa habría sido diferente.

 

El principal desafío social del país es la pobreza, sostiene Correa con razón. Por eso, tomó muchas medidas. El aumento de los impuestos permite al Estado ofrecer mejor acceso a la salud y a la educación. Se aumentó el salario mínimo y se disminuyó la retribución del capital (de 24/25 a 8/9 por ciento). Se conceden Bonos de Desarrollo Humano por 35 dólares mensuales a más de un millón 200 mil personas pobres. Este programa, mínimo frente a lo que significa la pobreza real, pero importante en los casos extremos, corresponde de hecho a una lógica asistencial (necesaria en situaciones de emergencia) que, sin embargo, no produce actores sociales, sino más clientes del Estado.

 

Cuando el candidato Guillermo Lasso afirmó que de ser electo presidente incrementaría el bono a 50 dólares, utilizando el dinero gastado por el gobierno actual en publicidad y propaganda, Correa contestó que a partir del primero de enero de 2013 el bono se incrementaría a 50 dólares. Para financiarlo envió a la Asamblea –con carácter urgente– un proyecto de ley mediante el cual se trata de equiparar el impuesto a la renta al mismo nivel nacional (23 por ciento). Actualmente los bancos pagan únicamente 15 por ciento. La ley fue aprobada en diciembre 2012. La pobreza disminuyó durante la presidencia de Correa, pero poco dentro de la población indígena. Gracias a la coyuntura internacional y a ciertas políticas del gobierno, la previsión de crecimiento del PIB para 2013 es de 5.4 por ciento y el desempleo no sobrepasa 5 por ciento.

 

Una parte importante de los ingresos del Estado proviene de los recursos naturales, en especial del petróleo. Pero esta fuente de recursos, que ha sido alta en los últimos años, no va a perdurar. En Ecuador, el petróleo está en su nivel máximo de explotación y dentro de 20 años estará agotado. De ahí la preocupación de Correa de encontrar un sustituto en la minería. Se trata de explotación a cielo abierto, forma necesaria actualmente para extraer las reservas de minerales siempre más reducidas, pero que conlleva perjuicios ecológicos y sociales, observados en todo el mundo. La Asamblea aprobó una ley en la materia que permite la entrada de las multinacionales, imponiendo condiciones de explotación. El gobierno envió al ejército para destruir las minas artesanales, que trabajaban en pésimas condiciones ecológicas y sociales.

 

Frente a las resistencias contra las concesiones a corporaciones extranjeras, la mayoría, canadienses y chinas, se creó la legislación antiterrorista; varios líderes indígenas fueron arrestados y encarcelados. Correa sostiene que Ecuador no puede quedarse sentado como un mendigo sobre una bolsa de oro. "Estos recursos son necesarios para luchar contra la pobreza. La tecnología actual permite una explotación más limpia: si explotamos cuidadosamente los recursos naturales eso puede también beneficiar el entorno natural", señala.

 

Según él, hay muchas otras causas de destrucción de la naturaleza, como la falta de energía, que obliga a cortar árboles, y las aguas negras de Quito, que contaminan el río Machángara. En cambio –señala–, los recursos de las minas permitirían dar solución a estos problemas. "Es una locura decir no a la explotación de los recursos naturales, lo que propone una parte de la izquierda... Eso es una izquierda infantil, que solamente puede legitimar la derecha", dice.

 

Sin embargo, los campesinos, en particular los indígenas que habitan las regiones mineras, temen las consecuencias: falta de agua, contaminación, enorme cantidad de desechos, expulsión de comunidades. En varios casos ya se han opuesto a los proyectos cerrando carreteras. Por su parte, la ley prevé compensaciones para las comunidades y una participación en las regalías. Por eso ciertos líderes indígenas no se oponen y las comunidades se dividen. Se vislumbran conflictos, como en todo el continente, desde México hasta la Patagonia, en los meses que vienen. La experiencia de otros países y otros continentes (Filipinas, Congo, etcétera) evidencia el no respeto de las empresas mineras a las reglas de protección y el uso de su enorme poder técnico, económico y político para burlar las leyes locales.

 

Al mismo tiempo, Correa defiende la no utilización del petróleo del parque nacional del Yasuní. Una reserva muy importante se encuentra en esta región de alta biodiversidad, habitada por pueblos indígenas. Cuando era ministro de Minas, Alberto Acosta defendió esta idea que a cambio pide una intervención financiera de la comunidad internacional, por la mitad de la ganancia que habría obtenido la explotación del crudo. Es evidentemente una batalla dura y no ganada. Sin embargo, ya existe un plan B de explotación.

 

La referencia al Sumak Kawsay (Buen Vivir) es constante. La Constitución introdujo este concepto como eje transversal. Es tomado en cuenta en el Plan Nacional de Desarrollo (2007-2013). El mismo presidente se refiere regularmente al "Buen Vivir". Sin embargo, las aplicaciones muchas veces parecen contradecir el contenido, porque se utiliza para cualquier cosa: por ejemplo, cada nueva carretera significa "Buen Vivir".

 

Por eso, es necesario conocer más de cerca la concepción de desarrollo que tiene Correa para la modernización del país. Se trata de varios elementos, como la construcción de una nueva red de carreteras, lo que de verdad es impresionante en un Ecuador de tantas montañas; el paso de la minería artesanal a la industrial aumentará las riquezas del país; la agroenergía en monocultivos y la construcción de importantes represas, que permitirán el remplazo del petróleo y el uso de transgénicos posibilitará el incremento de la productividad agrícola (el presidente sugiere una modificación en la Constitución, porque lo prohíbe). Yachay (sabiduría en kichwa), una nueva universidad concebida como ciudad del conocimiento y de la tecnología, permitirá la formación de especialistas en saberes de punta. En suma, se trata de una visión bastante tecnócrata del desarrollo y que no toma muy en cuenta las "externalidades"; es decir, los costos de este modelo, tanto ecológicos como culturales. La agricultura campesina, por ejemplo, no entra en esta perspectiva. La preocupación cultural se manifiesta principalmente en una política de defensa del patrimonio, eficaz y muy útil para construir la memoria de la nación, pero que constituye una parte solamente de la cultura.

 

En el discurso de Correa, el socialismo del siglo XXI es la definición del modelo que propone, es decir, la modernización del país, junto con una preocupación por la justicia social. Esto se realizará por etapas y, según él, recién se ha comenzado. Sin embargo, todavía no se ha salido del capitalismo. "El modelo de acumulación no se ha cambiado", afirma el presidente. Para seguir adelante, pide un nuevo mandato. Sin embargo, la cuestión teórica es saber si este modelo realmente significa a largo plazo la búsqueda de un nuevo paradigma poscapitalista o si implica solamente la adaptación del sistema existente a nuevas demandas.

 

Por esta razón se produjeron varios conflictos, no solamente con una derecha que no quiere perder sus privilegios, sino también con el movimiento indígena, los ambientalistas y algunos intelectuales, calificados de infantiles por el presidente. Desde el principio, Correa ha considerado a los indígenas únicamente como ciudadanos, como campesinos, como pobres, pero no como pueblos, a pesar de que la Constitución reconoce que el Estado es plurinacional. Esto es la base de un profundo conflicto, que terminó en una ruptura con la Conaie. Los indígenas, que constituyen aproximadamente 30 por ciento de la población, están divididos políticamente, al par de otros grupos de la sociedad ecuatoriana. Como el poder político utiliza estas divisiones, el movimiento indígena ha perdido parte de su fuerza original. Por otra parte, algunos elementos radicales no facilitan la tarea de la Conaie. El partido Pachakutik ha manifestado cierta ingenuidad o imprudencia política, especialmente en el tiempo de la presidencia de Lucio Gutiérrez. La interculturalidad promovida oficialmente parece ser más una integración de todos en una modernidad clásica no criticada, que un diálogo entre culturas de igual derecho.

 

La defensa del entorno natural, con la introducción en la Constitución de la noción de derechos de la naturaleza, también es fuente de conflicto, especialmente alrededor de las minas y de la ley del agua. Si la protección de la "Madre Tierra" es un elemento primordial, reconocida oficialmente (basta referirse al discurso de Correa en la Conferencia de Naciones Unidas Río + 20), se debe admitir que las prácticas no son coherentes. La argumentación de los defensores de la naturaleza no siempre convence (como definir "los derechos de la naturaleza", noción inscrita en la Constitución) y en ocasiones no escapa a lo que algunos llaman de manera peyorativa "el pachamamismo". Sin embargo, la cuestión es demasiado importante para ser ignorada, aun dentro de una política que se define de modernización y exige la definición de otro paradigma.

 

Al lado de estos conflictos de fondo, existen otros secundarios; por ejemplo con los componentes disidentes de Alianza País, lo que podía impedir la obtención de la mayoría en la próxima Asamblea. El estilo de Correa, hombre dinámico, muy dedicado y que interviene en todos los detalles de la vida política, también es objeto de críticas, en especial cuando insulta a sus adversarios o a quienes lo contradicen.

 

En el plano internacional, su actuación obtiene mayor aprobación. Se mostró firme con Estados Unidos, no renovando el acuerdo para mantener la base aérea de Manta, retirando a todos los militares de la nueva versión de la Escuela de las Américas y expulsando a su embajadora después de las revelaciones de Wikileaks. Asimismo, criticó fuertemente las políticas del Banco Mundial y del FMI, y condenó la exclusión de Cuba en la Organización de Estados Americanos. También renegoció la deuda externa, con lo que ahorró al país millones de dólares. Hasta ahora se opuso a la arrogancia europea en las discusiones sobre los intercambios comerciales. Fue uno de los mejores artesanos de la nueva integración latinoamericana, con la propuesta del sucre como moneda de intercambio, con el Unasur, que tiene su sede en Quito, con el Alba y la Celac. Él dio asilo a Assange. En la cumbre iberoamericana de Cádiz expresó claramente su rechazo a las políticas procíclicas europeas para salir de la crisis y condenó los ataques de Israel a Gaza.

 

Perspectivas de futuro político

 

No se puede hablar de futuro en la sociedad ecuatoriana sin reflexionar más allá y de manera dialéctica sobre el contexto económico y social del proyecto político. Una primera constatación es que la estructura de clases y las distancias sociales no cambiaron de manera significativa. Por una parte es normal, porque un cambio tal es cuestión de medio o largo plazos. Por otra parte, el proceso mismo provocó varias consecuencias: se ha desarrollado una burguesía moderna, aprovechando la coyuntura favorable a escala mundial, y una parte de la oligarquía tradicional se inscribió también en esta línea. Sin embargo, aun si esta clase tuvo serias ventajas durante los últimos años, le tiene miedo al futuro, pues no sabe si el "socialismo del siglo XXI" será una realidad o solamente un concepto socialdemócrata, que ellos podrían aceptar.

 

Un resultado palpable, tanto de la coyuntura global (el boom petrolero) como de la política de Alianza País, es el aumento de la clase media. Según un informe del Banco Mundial, representa 34 por ciento de la población ecuatoriana, contra 30 por ciento a escala continental. Evidentemente, este concepto es socialmente ambiguo, porque se basa más sobre la posibilidad de consumo que sobre la pertenencia de clase. En parte, el fenómeno se atribuye al mejoramiento de la cobertura en la seguridad social. Esta clase, variada en su constitución, se desarrolla particularmente en el sector de los servicios. Tiene un nivel de consumo con nuevas aspiraciones, que se satisfacen en gran parte por la importación de bienes extranjeros.

 

Políticamente, esta clase media está dividida. En parte, pertenece a los antiguos partidos tradicionales, pero es minoría. Otra parte apoya al gobierno de Correa, especialmente el sector que en los últimos años ha podido acceder a ella desde abajo, y, finalmente, otra parte, sobre todo los trabajadores a cuenta propia, teme al futuro, debido a la política fiscal del gobierno. Los sindicatos de empleados públicos (gobierno, maestros) de larga tradición se oponen generalmente al proyecto de Alianza País, porque sus análisis son más elaborados, pero por ahora son minoritarios en el campo político. El gobierno favoreció la creación de un sindicato progubernamental. En conclusión, se puede pensar que la mayoría de la clase media votará por Rafael Correa este año.

 

Las clases subalternas: proletariado urbano (minoritario) y rural, pequeños campesinos, miembros de comunidades indígenas, que reciben el Bono que les ha permitido mitigar la pobreza más aguda, tienen la esperanza de que el proyecto político de Alianza País continuará mejorando sus destinos. Una parte de los indígenas se encuentran en esta posición, a pesar de las orientaciones opositoras del movimiento nativo, debido al escaso respeto hacia su identidad y a sus derechos colectivos. Esto explica, en parte, el relativo decrecimiento del movimiento de este sector. La participación de algunos indígenas en la burguesía moderna, la integración urbana de otros en la clase media son también elementos explicativos. El voto de este sector estará divido. En conclusión, se puede decir que Correa ganará el sufragio del pueblo no-organizado, no del organizado. Como éste se ha reducido y el gobierno está utilizando varios métodos de cooptación y de marginalización de las organizaciones, como de concentración del poder, su peso electoral no será considerable.

 

A pesar de un discurso a menudo diferente, el proyecto de Alianza País no sale del modelo modernizador clásico que caracterizó al capitalismo y al "socialismo real" (que ha tenido que aprender a caminar con las piernas del capitalismo, como decía el antropólogo francés Maurice Godelier), lo que provoca las reacciones de los ambientalistas, de los indígenas más política y socialmente conscientes y de una parte de la intelligentsia. Sin embargo, como estas categorías son minoritarias, su impacto político queda limitado.

 

La coalición política de la "nueva izquierda" es bastante heterogénea. Es difícil saber si podrá presentar una solución alternativa. De todas maneras, no tiene posibilidad de ganar la presidencia.

 

Se puede pensar que, a menos que se presenten circunstancias excepcionales, Correa ganará en la primera vuelta, porque dispone de una base social importante y del aparato del Estado. Si hay segunda vuelta, el 7 de abril la confrontación será con la derecha moderna, no con la nueva izquierda.

 

François Houtart

*Profesor emérito de la Universidad Católica de Lovaina (Bélgica). Texto elaborado sobre la base de un trabajo preparado para la revista Lateinamerika Anders, de Viena

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Como sucede en el teatro, los segundos actos en política son más difíciles de escribir. Además de haber devuelto EE UU a la senda del crecimiento económico tras el mayor desastre financiero en ocho décadas, el presidente Barack Obama, ha cerrado la primera mitad de su mandato con la aprobación de más leyes que durante todo el fructífero periodo de la Gran Sociedad, en la década de los sesenta, cuando gobernaba Lyndon Johnson. Estímulos a la economía, reformas de la sanidad y del sistema financiero, garantías de una paga justa para las mujeres, extensión de los incentivos fiscales de Bush... la lista es larga y variada. Además, Obama ha logrado en apenas dos meses recomponerse del varapalo sufrido en las elecciones legislativas de noviembre a manos de la oposición. El paro, que sigue cercano al 10%, es la gran mancha en el historial de estos dos años y quizás el mayor obstáculo en el camino a la reelección del primer presidente negro en la historia del país.

Pero ¿qué pasará en 2011 y 2012? Obama pronunciará esta semana su discurso del Estado de la Unión con un nuevo equilibrio de poder en Washington: los republicanos controlarán la Cámara de Representantes y podrán ejercer la minoría de bloqueo en el Senado. Para el demócrata, la clave de los próximos 22 meses estará en si el electorado será capaz de sentir que la economía mejora, y eso le obliga a redirigir su estrategia hacia el centro. Técnicamente, la Gran Recesión acabó en el verano de 2009, pero la recuperación está siendo tan lenta que el ciudadano de a pie apenas la nota.

No van a ser, por lo tanto, dos años fáciles, y estas primeras semanas marcarán el tono de la segunda mitad del mandato. El gasto público dominará claramente la agenda legislativa hasta las elecciones de 2012. Ahí es donde Obama se verá las caras con la oposición, con la que comenzará pronto a negociar el presupuesto que entrará en vigor en septiembre.

Demócratas y republicanos deberán también abordar juntos otro punto oscuro en el horizonte económico y político de EE UU: la degradación de las finanzas del país durante la Gran Recesión. La deuda bruta estadounidense está ya en los 14 billones de dólares, equivalente a más del 90% del PIB, y se espera que a partir de abril supere el techo de gasto de 14,3 billones fijado por el Congreso. Es decir, el Gobierno se quedará sin dinero si no se amplía antes ese margen. Ben Bernanke, presidente de la Reserva Federal, lleva un año pidiendo un plan para que el déficit deje de seguir engordando esa cuenta. El curso actual, dice Bernanke, es "insostenible".

Antes de salir hacia Hawai de vacaciones de Navidad, el presidente Obama dijo que es "vital" invertir en "cosas que creen una economía innovadora" y "cortar programas que no funcionan". Volvemos a la pugna entre los dos partidos: los republicanos ya han mostrado su musculatura aprobando una moción en la Cámara de Representantes para desmantelar la reforma sanitaria adoptada por los demócratas. El voto, que se retrasó a causa de la tragedia en Tucson (Arizona), fue simbólico, porque la maniobra no puede prosperar en el Senado, y si superara ese trámite, el presidente la vetaría.

Los republicanos buscan, grosso modo, recortar el gasto a niveles de 2008, unos 100.000 millones, con reducciones del 20% en educación y transporte. Pero no acaba ahí el problema. La Casa Blanca necesita además lanzar propuestas para cambiar la estructura impositiva, para elevar los ingresos y hacer la recaudación más eficiente combatiendo el fraude y los abusos. Washington, por naturaleza, es sinónimo de división. Y aunque el objetivo final puede ser el mismo, demócratas y republicanos difieren en la manera de lograrlo. Eso se hace aún más evidente en materia de impuestos.

A Barack Obama le tocará, por tanto, navegar en un clima políticamente hostil, como hicieron Ronald Reagan y Bill Clinton, y deberá meter en la agenda elementos que superen la frontera bipartidista, como reducir la presión fiscal a las empresas. Obama, sin embargo, afronta una situación económica más delicada. Por eso, desde el banco Wells Fargo creen que se dejará cualquier decisión relevante hasta pasadas las presidenciales de 2012.

Société Générale sostiene que los problemas llegarán a partir de entonces porque la decisión de extender los estímulos tributarios no va acompañada de medidas para reducir el déficit. Al contrario, solo sirve para aumentarlo. Y eso, dice, eleva la incertidumbre. Las recomendaciones de la comisión bipartidista para hacer frente a la deuda, apunta, son un punto de partida para futuras decisiones.

Obama, como Reagan, es conocido por su ambición y por ser un ideólogo. Pero también es un político pragmático, lo que le ayuda a adaptarse a las circunstancias. Eso explica la profunda remodelación que está llevado a cabo en su equipo de asesores, con veteranos de la Administración Clinton y un perfil más favorable a los intereses de las empresas. Son Gene Sperling, Jacob Lew, Austan Goolsbee y Jason Furman, además del centrista William Daley como jefe de Gabinete. Esta misma semana se les ha unido el presidente de General Electric (GE), Jeffrey Immelt, que será responsable del nuevo Consejo para el Empleo y la Competividad, un organismo gubernamental que reemplazará al Consejo para la Recuperación Económica, dirigido por el ex presidente de la Reserva Federal (Fed), Paul Volcker.

El empleo, la vivienda y el déficit, van a marcar el ritmo de la Reserva Federal durante los próximos dos años. En principio, se espera que el banco central mantenga activo hasta junio el mecanismo de recompra de deuda pública. Pero conforme los datos económicos mejoren, la presión será mayor para que reduzca los estímulos. Respecto a los tipos de interés, la inflación le da margen de maniobra para mantenerlos cerca del 0% hasta 2012.

El precio del dinero también puede encarecerse de forma abrupta si los inversores pierden la confianza en la capacidad de EE UU de poner sus cuentas en regla, y si demócratas y republicanos optan durante los próximos dos años por echarse los trastos a la cabeza en vez de llegar a compromisos. "Y eso puede ser potencialmente dañino", avisan desde el Council on Foreign Relations.

En este punto, Bernanke fue claro hace dos semanas en el Senado. El coste de esta situación, dijo, será "severo en la economía y los mercados financieros si no se corrige". O dicho al revés, "la pronta adopción de un programa para reducir futuros déficits reforzará el crecimiento y la estabilidad a largo plazo y permitirá dejar los tipos bajos durante un largo periodo".

Tanto en Wall Street como en Washington tienen la esperanza de que este año la economía mostrará que es capaz de sostenerse por sí sola, sin las ayudas públicas aprobadas tras el terremoto desatado por la caída de Lehman Brothers en 2008. Hay señales de que, por fin, el crecimiento cobra fuerza en EE UU. El consumo privado, del que dependen dos tercios de su Producto Interior Bruto (PIB), avanzaba a final de 2010 a un ritmo del 4%.

También han repuntado los pedidos en la industria y la actividad manufacturera. Para Goldman Sachs, ambos datos sugieren que "la demanda interna avanza a paso firme". Nueve de los diez indicadores adelantados que elabora el Conference Board, que ayudan a predecir la evolución de la economía, están en positivo desde hace meses. El único que sigue en rojo es correspondiente al sector inmobiliario.

La crisis ha obligado a los estadounidenses a revisar la manera en que gastan, ha reducido su deuda y elevado su ahorro. El nivel de endeudamiento personal respecto a los ingresos disponibles está en torno al 11,9%, según la Reserva Federal, el nivel más bajo desde 1999 e inferior al 14% justo anterior a la recesión. "Una mejora significativa", indica el Economic Outlook Group, aunque el agujero sigue siendo profundo.

Hay optimismo entre los directivos de las pequeñas y medianas empresas y entre los ejecutivos de las grandes corporaciones, que se sitúa a niveles cercanos a los previos a la recesión. "Paso a paso", dicen desde el conglomerado General Electric. También los consumidores parecen menos agobiados que el pasado verano, a juzgar por las encuestas de la Universidad de Michigan y la cadena ABC.

"Las patas de la economía son más sólidas", dicen los expertos de PNC Financial, convencidos de que la actividad está camino "hacia una recuperación más duradera". La prórroga por dos años de los estímulos fiscales de George W. Bush tendrá un efecto positivo este año y el próximo. La previsión de Goldman, atendiendo a estos datos, es que el crecimiento suba al 3% en el cuarto trimestre de 2010, frente al 2,6% del tercero, y mantenga ese ritmo en 2011.

Société Générale lo eleva al 3,3%. La pregunta es si el crecimiento se traduce en prosperidad para lo que los estadounidenses llaman Main street, es decir, para la gente de la calle. La respuesta es que la situación mejora, pero que aún se está lejos de salir del agujero. Los datos del Conference Board muestran que, aunque los hogares tienen un balance más saneado y que están dispuestos a gastar más, la cautela domina. De hecho, su índice de confianza está en los 52,5 puntos, lejos de los 90 que indican que la economía es saludable y que no se alcanzan desde 2007.

Los economistas de Wells Fargo creen que este año se dará "la vuelta a la esquina", que la gente notará que las cosas van mejor que en 2010. Pero eso, apuntan, no significa que vaya a haber una vuelta a la normalidad. "Habrá progresos, sí, pero no hasta el punto en el que tus amigos, familiares y compañeros de trabajo se sientan satisfechos con las perspectivas de trabajo y su futuro".

El ciudadano de Los Ángeles, Chicago o Albuquerque no necesita que un político en Washington o un analista en Nueva York le diga cómo van las cosas, y tiene razones suficientes para pensar que las cosas no irán mejor a corto plazo. Tampoco le vale que el Dow Jones cerrara 2010 con un alza del 11% y se marcara su segundo año consecutivo en verde.

Y es que hace justo un año por estas fechas se respiraba en EE UU el mismo sentimiento de optimismo. Lo hacía Wall Street, la Reserva Federal, la Casa Blanca y los organismos internacionales. Hasta que todo se vino abajo de forma abrupta con el estallido de la crisis de la deuda soberana europea y se temió una recaída. Los analistas de IHS Global Insight dicen que este año será diferente. Para apoyar su argumento se fijan en cuatro cosas: crece la inversión empresarial en equipamiento, material informático y comunicaciones; los empleados trabajan más horas; hay más dinero en circulación por el sistema y los valores del S&P 500 -el índice bursátil de las mayores empresas- está a niveles previos a la caída de Lehman. Será, en el mejor de los escenarios, "un repunte suave".

El Conference Board apunta que sigue habiendo nubarrones a medio plazo, y que eso provocará que el ciudadano medio siga viendo las cosas de manera distinta. "Es la doble realidad" que, según el Economic Policy Institute, "seguirá dominando en 2011". Todos los analistas coinciden en que el problema mayor, el nubarrón, es la persistente alta tasa de paro, que está en el 9,4%. Son unos 14,5 millones de estadounidenses, el 44,3% de ellos de larga duración.

La propia Reserva Federal lo admite en el acta de su última reunión. La fortaleza de los últimos indicadores económicos "no es suficiente" para justificar un cambio en su estrategia de estímulos a la economía. En otras palabras, sigue habiendo riesgos que empujan en la dirección opuesta al crecimiento y, en boca de Ben Bernanke, pasarán cinco años hasta que se normalicen las cosas. El débil crecimiento, explica, impide que la contratación supere los 100.000 nuevos empleos al mes, lo que hace que la gran preocupación por el futuro a medio plazo sea el mercado laboral. La tasa de paro, auguran en IHS, continuará por encima del 9%.

Si para las elecciones de 2012 no baja del 8%, será difícil que el inquilino en la Casa Blanca sea reelegido. Hay, sin embargo, buenas noticias. El sector privado sumó 297.000 empleos netos en diciembre, el mayor en los registros, quizá movidos por un clima fiscal más favorable. CareerBuilder anticipa que más empresas están en condiciones de firmar más contratos fijos a jornada completa en 2011 (24%) que en 2010 (20%) y 2009 (14%).

También están quienes piensan seguir reduciendo plantilla (7%), pero son menos que el año pasado (9%) y el anterior (11%). El resto no espera cambios (58%) o no está seguro (11%). Manpower cree que los planes de contratación de las empresas son "los más prometedores" en dos años. "El impulso en la contratación es inminente", añade Barclays.

En Mesirow opinan que se dan las mejores perspectivas desde 1983. Es decir, si se cumplen las expectativas, la economía podría generar unos 200.000 empleos mensuales en 2011. "Si las ventas van mejor, no hay motivo para que el empleo no siga la misma tendencia", añaden en Credit Suisse. ¿Y qué pasa con los sueldos? El incremento ahí se espera modesto, en torno al 3%. Hacer encajar todas las piezas del puzle no va a ser fácil tras el desbarajuste vivido durante los últimos tres años. La vivienda será el otro de los puntos de atención en este segundo acto. Tras los signos de recuperación en primavera, el precio vuelve a caer. Hay cerca de 10 millones de viviendas "bajo el agua" (con una hipoteca mayor de lo que valen hoy) y 1,2 millones en riesgo de desahucio.

Aunque las ventas de inmuebles crecieron un 5,5% en noviembre, la actividad sigue deprimida, a niveles que no se veían desde 1981. El fin de las ayudas fiscales a la compra de vivienda metió al sector al borde de una segunda recesión, como señalan desde S&P Case Shiller. Todo esto explica, según IHS, que los precios caigan un 10% más por el exceso de oferta. Y si el valor de la vivienda cae, la gente se siente más pobre.

La evolución del empleo, no solo por la insostenible tasa de paro, sino también por la percepción de seguridad en el puesto de trabajo y de los sueldos, será clave para que el sector inmobiliario salga de esta espiral a la que no se le ve salida, como pronto, hasta la próxima primavera. Y los economistas tienen claro que mientras sigan estancados no habrá una recuperación real.

Entre tanto, la inflación subyacente (que excluye elementos volátiles como la energía y los alimentos) está en el 0,8%, su nivel más bajo en medio siglo. Y con el nivel de paro actual, los precios podrían subir aún menos, el 0,5%, en 2011, y quedarse a ese nivel en 2012. Eso, en principio, da margen de maniobra al banco central para mantener los tipos cerca del 0%, apunta Goldman.

Pero algunos precios están subiendo, como los de los alimentos, la ropa y el transporte, y eso se nota en las facturas de finales de mes y obliga a las familias a prestar más atención a lo que meten en la cesta de la compra. Y a la foto se suma ahora el repunte en el precio del petróleo, que amenaza con convertirse en un "impuesto adicional" para el consumidor.

Este año es también relevante por ser el primero en el que se notará el impacto de la ola de jubilaciones entre la generación del baby boom. El sistema de pensiones es literalmente insolvente en su estructura actual. Su reforma, por tanto, es urgente. Pero también ahí la división ideológica a la hora de afrontar el debate sobre cómo actualizar un sistema diseñado para proteger a los más mayores es abismal.

Y será clave además para llevar del papel a la realidad la regulación financiera, destinada a resolver los problemas que llevaron a la Gran Recesión. Hasta ahora ha habido más palabras que hechos. Uno de los cambios reales se verá cuando comience a funcionar la nueva agencia de protección del consumidor, que será dirigida en la sombra por Elizabeth Warren.

Con la incertidumbre y la volatilidad de 2010 ya en el espejo retrovisor, Obama dice que es momento de mirar hacia delante. El reto será convencer a los políticos de ambos partidos para que apuntalen juntos la recuperación. "Ya habrá tiempo en 2012 para hacer campaña", dijo. El primer acto acabó. Ahora necesita consolidar lo hecho si quiere asegurarse la reelección. -

Por SANDRO POZZI 23/01/2011
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Cuando José Miguel Insulza fue electo como secretario general de la OEA en mayo de 2005 se destacó que era la primera vez que alguien accedía a ese cargo sin la venia de los Estados Unidos. Esta percepción debería relativizarse, puesto que Washington deseaba aparecer más alejado de ese organismo. La elección de un hombre como Insulza representaba una buena oportunidad para reformar a la OEA en sus aspectos políticos y administrativos y a la vez demostrar que Estados Unidos no gobernaba a América Latina.
 
Luego de un tormentoso proceso de elección, que incluyó múltiples tensiones y vueltas cruzadas en la votación, Insulza asumió en 25 de mayo de 2005 como secretario general de la OEA con el compromiso de "fortalecer la relevancia de la Organización e incrementar su capacidad de acción". Tras estas palabras se reflejaba la verdadera promesa que asumió Insulza ante los norteamericanos y que facilitó que el canciller mexicano Luís Ernesto Derbez finalmente retirara su candidatura. Recordemos que ese hecho aconteció en abril de 2005 en Santiago de Chile, en el marco de  la III Conferencia Ministerial de la “Comunidad de Democracias”[1], y tras una intervención directa de Condoleezza Rice. Derbez e Insulza, habían empatado a 17 votos, lo que condenaba a la OEA a una parálisis política sin visos de solución. La movida chilena consistió en ofrecer a Rice un compromiso fundamental para sus intereses: impulsar una modificación a la Carta Democrática firmada en Lima el 11 de septiembre del 2001. Esta reforma contemplaría tres aspectos:
 
1. Dotar al secretario general de la OEA de facultades para elaborar un “Informe anual sobre el estado de la democracia” en la región. Se trataría de un reporte que se redactaría desde “diversas fuentes”, no sólo de la opinión de los gobiernos y buscaría “prevenir alteraciones al orden democrático”.
 
2. Se dotaría a la OEA de mecanismos para intervenir en un país frente a “amenazas a la democracia originadas en los propios gobiernos”. De acuerdo al análisis de los Estados Unidos la actual Carta Democrática establece sanciones cuando los ataques a la institucionalidad democrática provienen desde fuera de los gobiernos, como ocurre, con los golpes militares contra los poderes civiles. Sin embrago no lo hace en casos en que los gobiernos mismos supriman la libertad de prensa, ataquen a los partidos opositores, no respeten la independencia de los demás poderes públicos o violen la Constitución que juraron respetar al asumir el poder. Hoy la OEA no puede intervenir en un país si el gobierno legítimo no le autoriza. Con esta reforma esta intervención sería posible.  
 
3. En tercer lugar, una vez que la OEA haya documentado una vulneración interna al orden democrático por acción directa del propio gobierno se podría declarar que un gobernante legítimo en su origen ha devenido en ilegítimo en su ejercicio del poder. De acuerdo con esta sentencia la Asamblea general de la OEA estaría facultada para expulsarle o suspenderle de la organización, con el voto afirmativo de los dos tercios de los estados miembros.
 
Esta reforma no aparece desde la nada. Es un instrumento de ataque directo a los gobiernos progresistas y de izquierda a los que se ha acusado justamente de estos cargos: 

-          Limitar la libertad de prensa por establecer normas de responsabilidad social a los medios de comunicación corporativos, y en determinadas ocasiones aplicar sanciones a concesionarios de frecuencias televisivas que han vulnerado sus compromisos.
-          Atacar a los partidos opositores cuando han debido aplicar la ley ante intentos golpistas o sediciosos.
-          Violar la independencia de los demás poderes públicos cuando han logrado superar deliberados intentos de obstruccionismo judicial y parlamentario a decisiones legítimas de sus administraciones.
-          Y finalmente violar las constituciones por haber iniciado procesos constituyentes que han culminado en nuevas cartas fundamentales, mucho más democráticas y en la perspectiva de garantizar un Estado Social de Derecho en sus países.
 
La amenaza contenida en esta reforma no sólo recaería en los gobiernos del ALBA. En realidad es una intimidación a todos los países que traten de iniciar procesos de reforma constitucional o elaboración de nuevas constituciones, que se consideren amenazantes para de derecha del continente. Por ejemplo, el intento de reforma constitucional que encabezó Zelaya antes de ser derrocado podría haber sido objeto de sanciones bajo esta nueva formulación de la carta democrática de la OEA.
 
Se trata de un mecanismo que operaría desde el derecho internacional que buscaría fijar un modelo minimalista de democracia, bajo criterios exclusivamente representativos y que resguarde la hegemonía del derecho a propiedad por sobre los derechos sociales económicos y culturales de la ciudadanía.
 
Durante su gestión Insulza no ha contado con el apoyo político de los países de la región para cumplir esta promesa. Y la verdad es que tampoco ha hecho de este punto un elemento central en sus discursos. De allí la furia con que le ha atacado esta semana el Washington Post, medio que expresa la postura del partido republicano. El Post no ha ahorrado calificativos contra la gestión de Insulza, calificándola de disfuncional: "Insulza ha servido descaradamente a los líderes de izquierda de la región, lo que con frecuencia significó ignorar la Carta Democrática" de la OEA por lo cual llamó a los congresistas norteamericanos a congelar los pagos y subsidios a la OEA si la institución mantenía el rumbo que le había asignado Insulza.
 
La derecha tampoco le puede perdonar fácilmente que en San Pedro Sula, el 3 de junio de 2009 la entonces canciller de Honduras Patricia Rodas pudiera declarar a nombre de la asamblea de la OEA: "Se resuelve que la resolución VI adoptada el 31 de enero de 1962 en la Octava Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la cual se excluyó al Gobierno de Cuba de su participación en el Sistema Interamericano, queda sin efecto en la Organización de los Estados Americanos".
 
Para el Secretario General de la OEA tras estos ataques se ubican "los mismos que estaban detrás de la campaña fuerte que se realizó a favor de Roberto Micheletti en Honduras". A su juicio, su gestión se habría ubicado a una justa distancia de los extremos políticos y que por ello ninguno de los polos logra aceptarle. La verdad es que la OEA no logró restaurar la democracia en Honduras luego del golpe de estado y ha corrido rauda a recibir al nuevo gobierno de Porfirio Lobo, por lo que tampoco será fácil para Insulza defender su gestión ante los gobiernos democráticos y progresistas del continente.
 
Por su parte, el presidente electo Sebastián Piñera le ha expresado personalmente su apoyo luego de ciertas declaraciones ambiguas deslizadas en las últimas semanas: "Quiero informar que he tomado la decisión de que el futuro gobierno que asume nuestro país el 11 de marzo va apoyar con mucha decisión la reelección de José Miguel Insulza como secretario general de la OEA''. No se podía esperar otra cosa ya que una derrota de Insulza también sería una derrota de la diplomacia chilena. Sin apoyo de su propio país la candidatura de Insulza caería, lo que sería criticado a Piñera como un gesto de pequeñez política contra su oposición. Por este motivo el nuevo gobierno estaba obligado a apoyarle públicamente. Lo que no está claro es hasta que punto Piñera estará dispuesto a llegar en respaldo, ya que en 2005 Insulza necesitó que Ricardo Lagos saliera personalmente a buscar los votos que le faltaban. Eso no ocurrirá en esta ocasión. Lo que resultará clave en el nivel de apoyo que brinde Piñera es el grado de compromiso que manifieste Insulza con la reforma a la carta democrática, ya que ese es uno de los pocos puntos referentes a Relaciones Exteriores que aparecen explícitos en el programa de Piñera.
 
Mientras tanto, la administración Obama observa sin pronunciarse. Es probable que esperen al surgimiento de otras candidaturas para expresar su opinión. Las voces de la derecha más radical de continente ya han lanzado sus propias campañas para impulsar candidatos alternativas desde Centroamérica o el Caribe. El cubano-americano Luís Alberto Montaner, una de las voces más tradicionales de la ultraderecha de Miami se pregunta en una columna reciente: “¿Quién pudiera reemplazar a José Miguel Insulza al frente de la OEA? Tal vez es el momento de pensar en un excanciller o expresidente centroamericano, o en una figura prominente del Caribe, pero quien sea debe tener la entereza de responder a los principios consignados en los documentos fundacionales del organismo y en la Carta Democrática, aunque ello signifique el enfrentamiento con Chávez y con sus satélites”.
 
Está claro, el punto central que se disputará este año en la OEA radica en esta reforma. Si se llega a aprobar, los Estados Unidos contarán con un nuevo tipo de arma, esta vez de carácter jurídico-político, para intervenir en la región. Esta es la pieza que les falta, ya que sabemos que las bases militares y navales están colocadas en perfecta ubicación.
 
Por Álvaro Ramis, presidente de la Asociación Chilena de Organismos No Gubernamentales ACCIÓN A.G.

[1] La llamada “Comunidad de democracias” es en la actualidad una de las coaliciones internacionales más cuestionadas por los criterios que utiliza a la hora de cursar las invitaciones a sus conferencias. Por ejemplo, desde la conferencia de Bamako en 2007, Venezuela ha sido excluida y Rusia rebajada a observadora, mientras Irak y Afganistán, a pesar de ser naciones ocupadas por Estados Unidos, han sido incorporadas con plenos derechos. La mayoría de los países de la Unión Europea cuestionan la falta de transparencia y los criterios excesivamente politizados de esta organización.


http://alainet.org/active/36144
 
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Uruguay es uno de los pocos países del continente en cuya Carta Magna no se contempla la reelección inmediata de un presidente. El vicepresidente buscará reinstalar el debate en la próxima legislatura, en la que el FA mantiene la mayoría.

Falta la reelección presidencial y sobra el ballottage. Esos son los ejes centrales de una reforma electoral que impulsa el vicepresidente de Uruguay y senador electo, Rodolfo Nin Novoa, para la próxima legislatura. Pero con reparos: la reelección se podría implementar para el 2019, es decir, que no le permitiría esa posibilidad al presidente electo José “Pepe” Mujica, que asume el 1º de marzo.

Uruguay es uno de los pocos países del continente que en su Carta Magna no contempla la reelección. “No me parece para nada malo que exista una reelección presidencial. Funcionaría muy bien por una sola vez, como ocurre en Brasil o Argentina”, señaló Nin Novoa. El impulsor de la iniciativa explicó que en el caso de concretarse debería regir no para las próximas elecciones sino para las siguientes, “de manera tal que nadie sospeche que se propicia para perpetuar en el poder a alguien con nombre y apellido o a determinado partido político”. El Frente Amplio (FA) mantendrá la mayoría parlamentaria.

Hace algo más de un año, dirigentes del oficialismo y grupos de figuras independientes comenzaron solapadamente el camino de convencer al presidente Tabaré Vázquez de que aceptara permanecer un segundo e inmediato período de gobierno. La Constitución establece que todas las reformas deben ser ratificadas por plebiscito, y si no se obtienen los dos tercios en el Parlamento, la consulta debe hacerse en simultáneo con los comicios presidenciales. La reforma no prosperó en cierta forma porque debía plebiscitarse junto a las elecciones generales, en parte porque existían discrepancias al interior de la coalición de centroizquierda.

Nin Novoa pertenece a Alianza Progresista, que integra el bloque Frente Liber Seregni dentro del FA. El senador reelecto Carlos Baráibar, de Asamblea Uruguay (Líber Seregni), manifestó sus dudas a Página/12 sobre la concreción de este eje de la propuesta. “El Frente Amplio no tiene una posición tomada sobre la reelección y yo personalmente estoy en contra, porque el presidente no tiene que gobernar y hacer campaña, eso va en contra de las mejores tradiciones uruguayas.”

Un dato a favor que publicó ayer el diario La República es que muchos de los dirigentes que impulsaron la reelección de Vázquez estarán en el gobierno de José Mujica.

A nivel de la oposición, algunos de los hoy electos legisladores, como el ex intendente Carmelo Vidalín o el senador Francisco Gallinal, ambos del Partido Nacional (o Blanco), se habían manifestado proclives a la reelección presidencial. Siempre con ese agregado de “despersonalizar” el mandato, tanto de nombre y apellido como de bandera partidaria.

Para llevar a cabo la reforma existen, por lo menos, cinco caminos constitucionales para enmendar la Constitución y facultar la reelección presidencial. Para Nin Novoa la vía más expedita “sería con el pronunciamiento de los dos tercios de los integrantes de la Asamblea General Legislativa”. Con ese instrumento, la reforma se aprobaría en una fecha que la misma máxima instancia parlamentaria determine y se evitaría que el trámite coincida con las elecciones generales.

El otro eje de la reforma política apunta a la eliminación del ballottage en caso de que se obtenga la mayoría parlamentaria. El actual sistema electoral uruguayo prevé una segunda vuelta de los comicios presidenciales cuando ninguno de los candidatos supera el 50 por ciento de los sufragios emitidos en primera vuelta. “Tenemos que ahorrarnos la segunda vuelta por la sencilla razón de que quien no obtenga la mayoría parlamentaria y eventualmente gane en el ballottage es imposible que pueda gobernar. No podría, o se volvería muy traumático, que un presidente sin mayorías legislativas designe a directores de entes autónomos”, dijo Nin Novoa. El vicepresidente destacó que con el mismo objetivo “o espíritu que tuvieron los que propiciaron la reforma que implantó el actual sistema electoral, nosotros entendemos que se debería garantizar el funcionamiento de un gobierno; eso ocurre siempre y cuando se tenga mayoría en el Parlamento”.

Para Baráibar, hay consenso. “El Frente Amplio ha tenido una posición histórica contraria a la segunda vuelta; ésta quedó instaurada con la reforma constitucional del 1996, que apoyaron colorados y blancos.”


Por Mercedes López San Miguel

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En La Paz, Morales ganó con el 77 por ciento, en Chuquisaca con el 54 por ciento y en Cochabamba con el 66 por ciento. Pese a los esfuerzos del gobernante, no pudo ganar en Santa Cruz, Beni ni Pando, tres departamentos autonomistas.


Desde La Paz


En la plaza Murillo estaban cientos de miles de personas, banderas, globos, hasta un muñeco gigante del reelegido. “Evo de nuevo”, gritaban hasta que apareció el aludido, tranquilo, como si lo hubiera esperado de hace tiempo. Por unos minutos se quedaron quietos para cantar el himno, todos con el puño izquierdo alzado. “Querida Bolivia con dignidad”, los saludó Morales. “Gracias a la conciencia del pueblo es posible cambiar Bolivia en base al voto del pueblo, trabajar por la dignidad y la igualdad de todo el pueblo boliviano.” Morales consiguió el 63 por ciento de los votos, por lo que “ahora tenemos la enorme responsabilidad con Bolivia, con la vida y la humanidad de profundizar este proceso. Más de dos tercios del Congreso me obliga a acelerar este proceso revolucionario”.

“Hermanas y hermanos: mi máximo reconocimiento a los que apostaron por el proceso de transformaciones”, dijo Morales desde el palco del presidencial Palacio Quemado. Y llamó a la conciliación a sus rivales. “Somos un gobierno de la cultura del diálogo.” Con el 90 por ciento de los votos escrutados, Manfred Reyes Villa, candidato por Plan Progreso Bolivia-Convergencia Nacional (PPB-CN) quedó segundo con el 28 por ciento de los votos. Samuel Doria Medina, de Unidad Nacional, quedó tercero con el seis por ciento. Cuarto salió René Joaquino, de Asamblea Social (AS) con el tres por ciento.

La composición de la Asamblea Legislativa Plurinacional será masista en dos tercios. De los 166 legisladores, 110 serán del MAS, 50 de PPBCN, tres de UN y tres de AS. De 36 senadores electos, 25 son del oficialismo y 11 de PPBCN. Por cada departamento corresponden cuatro senadores. El MAS se quedó con los cuatro senadores de La Paz, donde Morales obtuvo el 77 por ciento de los votos. También consiguió los cuatro de Oruro, Potosí y Cochabamba. En Chuquisaca fueron elegidos tres senadores del oficialismo y uno de PPBCN. En Santa Cruz, consiguió dos senadores Morales y dos Reyes Villa. El primero y el segundo también se repartieron dos senadores cada uno en Pando y Beni.

De los 130 diputados electos, 85 pertencen al MAS. En Santa Cruz, el partido de Morales tuvo 11 diputados; PPBCN, 13 y UN sólo uno. En Pando, dos son del MAS y tres de PPBCN. En Beni, tres del MAS y seis de PPBCN. En Tarija consiguió cuatro el MAS, lo mismo que la agrupación de Reyes Villa. Uno fue para AS. En Chuquisaca, siete diputados son masistas y cuatro manfredistas. En Cochabamba, 14 son del MAS y cinco de quien fuera prefecto de ese departamento hasta que lo revocaron por referéndum el año pasado. En La Paz, 24 diputados son del MAS, tres de Reyes Villa y dos de Doria Medina. En Oruro, quedaron ocho para el MAS y uno para PPBCN. En Potosí, el MAS ganó 12 asientos y AS dos.

Pese a los esfuerzos de Morales, no pudo ganar en Santa Cruz, Beni ni Pando, tres departamentos de la Media Luna, así llamada por su forma en el mapa boliviano. En Santa Cruz, el MAS recogió el 42 por ciento de los votos. Reyes Villa, el 50 por ciento. Y UN, el cinco por ciento. Ayer el presidente reelecto lo reconoció. “Todavía no pudimos ganar en todos los departamentos”, dijo ante sus seguidores.

El gobierno de Morales hizo un trabajo electoral largo en Pando, pero no alcanzó. El 48 por ciento eligió a Reyes Villa, mientras el 45 por ciento votó a Morales. Leopoldo Fernández, candidato a la vicepresidencia por PPBCN, era prefecto de este departamento hasta septiembre del año pasado, luego de la matanza de al menos 13 personas en el municipio de El Porvenir. Ayer, tras las rejas en la cárcel de San Pedro, el candidato asumió la derrota antes de que se supieran los resultados a boca de urna.

En Beni, Reyes Villa obtuvo el 55 por ciento de los votos; Morales, el 35 por ciento y UN el nuevo por ciento.

En Tarija, el 49 por ciento votó al actual presidente, el 40 por ciento a Reyes Villa y el ocho por ciento a UN. En Chuquisaca, el 54 por ciento votó a Morales, el 33 por ciento al ex capitán y siete por ciento a Doria Medina. En Cochabamba, el 66 por ciento votó a Morales, el 27 por ciento a Reyes Villa y el cuatro por ciento a UN. En La Paz, Morales ganó con el 77 por ciento. Lo siguieron PPBCN con el 10 por ciento y UN con el nueve. En Oruro, el 78 por ciento eligió al MAS; el 10 por ciento a Reyes Villa y el siete por ciento a UN. En Potosí, el MAS consiguió el 76 por ciento; AS el 14 por ciento y PPBCN el cinco por ciento.

Los cinco departamentos que votaron por la autonomía dieron el Sí. En La Paz, un 72 por ciento la aprobó, mientras el 28 por ciento la rechazó. En Cochabamba, 69 por ciento votó positivo y el 31 por ciento dijo No. En Oruro, el 63 por ciento adhirió al régimen autonómico, mientras el 37 por ciento se negó. En Potosí, el 64 las apoyó y el 36 por ciento votó negativo. En Chuquisaca, el 78 por ciento dijo Sí y el 22 por ciento la reprobó. En la región del Chaco, ubicada en Tarija, el 79,8 por ciento dijo Sí y el 20,2 por ciento optó por el No.

Además, 12 municipios votaron si adoptarán la autonomía indígena. Ayer no había aún resultados sobre esta votación, ya que la mayoría de los territorios son difíciles de llegar.

En los departamentos de la Media Luna (Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija) no se votó por autonomías, porque lo hicieron –ilegalmente según el gobierno– durante 2008. Página/12 consultó al ministro de Gobierno, Alfredo Rada, sobre el destino de los estatutos autonómicos aprobados en estos departamentos. “Esos estatutos deben ajustarse a la nueva Constitución, deben compatibilizarse. En esos términos será un avance de lo que van a ser las autonomías”, dijo. Una de las primeras tareas de la Asamblea será la aprobación de la ley marco de Autonomías, establecidas en la Carta Magna refrendada en enero de este año.

“A partir de mañana Bolivia pasa a ser un país autónomo, sin que eso ponga en riesgo la unidad nacional. Hasta ahora, la oposición había intentado usar la autonomía para fragmentar territorialmente a Bolivia, como ocurrió en los Balcanes con la ex Yugoslavia. La derecha extrema trató de usar la autonomía para dividir al país. Creo que esa es una de las claves para entender la derrota de la derecha y la ultraderecha en Boliva: no supo entender que la autonomía es una demanda democrática, no una demanda secesionista”, dijo el ministro.

Por Sebastián Ochoa
Publicado en Internacional
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