Viernes, 27 Marzo 2015 06:45

En el país de la libertad

Jacqueline es apenas una de las "2.500 personas que Estados Unidos ha decidido que deben morir en prisión por delitos cometidos cuando eran menores de edad". El país que se proclama campeón de los derechos humanos, defiende condenas que violan los derechos de niños y niñas.


"En 1993, Jacqueline Montanez fue declarada culpable de dos asesinatos cometidos en mayo de 1992, poco antes de su 16 cumpleaños. En el momento del delito era una adolescente que había pasado una infancia de abusos", señala el informe de Amnistía Internacional Aquí es donde voy a estar cuando muera. Estados Unidos: Menores condenados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad, publicado en 2011.


Jacqueline es apenas una de las "2.500 personas que Estados Unidos ha decidido que deben morir en prisión por delitos cometidos cuando eran menores de edad". El país que se proclama campeón de los derechos humanos, defiende condenas que violan los derechos de niños y niñas.


Casi dos tercios de los miles de menores condenados a cadena perpetua son de color, algunos de los cuales llevan más de media vida encerrados. Hay 79 presos con menos de 14 años cumpliendo cadena perpetua, pese a que la Corte Suprema declaró en mayo de 2012 que la cadena perpetua a menores es inconstitucional.


Cuando tenía dos años, Cristian Fernández fue encontrado desnudo y sucio caminando de madrugada por las calles de Miami. Nació fruto de la violación de su madre por un vecino, que acabó condenado a diez años de prisión. La violencia y los abusos sexuales fueron una constante en la vida de Cristian, que a los 13 años se convirtió en el preso más joven del país. Está acusado de haber asesinado a golpes a su hermanastro de sólo dos años mientras lo cuidaba y de abuso sexual sobre otro hermanastro, de sólo 5 años.


La pareja de su madre se suicidó delante de los hijos después de dar una brutal paliza a Cristian. Apenas seis meses después, fue detenido como responsable de la muerte de su hermanastro cuando tenía 12 años.


Miles de firmas se recogieron pidiendo que Cristian sea juzgado como un menor y no como un adulto. En 29 estados la justicia no hace diferencia entre adultos y niños. Pero la fiscalía sostuvo que debe "proteger a la sociedad de este individuo". Ahora, ¿quién protege a esos niños de la sociedad?


Amnistía Internacional finaliza su informe señalando: "Es hora de que Estados Unidos se una al resto del mundo ratificando la Convención sobre los Derechos del Niño e implementando plenamente su prohibición de imponer cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional a menores, incluidos los casos de personas ya condenadas". Una convención que no ha sido firmada sólo por Somalia y el país de la libertad.

Publicado en Sociedad

La explosión de otra crisis (los antecedentes están referidos al hundimiento de una reforma al sistema judicial en el año 2012 y a los escándalos permanentes en el Consejo de la Judicatura) en el aparato judicial colombiano con el caso del paramagistrado uribista Pretel envuelto con su mujer en una cadena de situaciones de corrupción y despojo de tierras a campesinos de Uraba, no es más que el reflejo de la crisis generalizada del sistema de dominación política de la camarilla oligárquica que controla el Estado colombiano.

La crisis y el colapso de la justicia es similar a la de la salud sitiada por los bandidos, a la de la educación universitaria convertida en el mas ruin de los negocios como lo hemos visto en el caso de la U de San Martin, a la de los militares con los "falsos positivos", a la de la economía con la caída de los precios del petróleo, a la de la corrupción en municipios y departamentos donde hay una cascada de saqueos a los dineros públicos, a la de los partidos políticos, a la del sistema electoral penetrado por la criminalidad, a la de las ciudades arruinadas por el neoliberalismo, a la del campo sitiado por la violencia, a la de los medios de comunicación dominantes plagados de mentiras y promotores de la arremetida propagandística e ideológica, a la de Transmilenio y la movilidad en Bogotá, en fin a la crisis del poder de unas elites contrarias a los intereses de las mayorías nacionales afectadas por la pobreza, la miseria y la negación estructural de los derechos humanos.

Con ese panorama no queda más alternativa que acudir a la caja de herramientas de Gramsci para aclarar con el pensamiento crítico qué es esto, hacia dónde marcha el campo político de la sociedad y cuáles son las salidas apropiadas para formular alternativas democráticas y revolucionarias, en la perspectiva del socialismo y el poder popular.
Antonio Gramsci definió, para situaciones como la que hoy vivimos, el concepto de "crisis orgánica". Se trata de esos momentos históricos en que a las fuerzas dominantes se le fracturan las relaciones entre la sociedad y el Estado, entre la economía y la política, y no pueden ejercer su dirección del modo habitual.

Pero lejos de simplicidades, planteamos profundizar un poco más en el significado de "la crisis" y para ello conviene que examinemos aquellos textos en los que más directa y explícitamente Gramsci analiza tal situación crítica y problemática y que nos entregan luces para interpretar la coyuntura colombiana.

Gramsci fija en sus reflexiones algunos elementos fundamentales de una teoría de la "crisis orgánica".

Primer elemento. Con el concepto de "crisis" Gramsci identifica una fase histórica compleja, de larga duración y de carácter mundial, y no uno o más acontecimientos que sean las manifestaciones particulares de ella. El concepto de crisis define, en efecto, aquello que habitualmente se denomina "período de transición", es decir un proceso crucial en el cual se manifiestan las contradicciones entre la racionalidad histórico-política dominante y el surgimiento de nuevos sujetos históricos portadores de inéditos comportamientos colectivos, que en nuestro caso son los potentes movimientos sociales, uno de los cuales es la resistencia campesina revolucionaria contra la violencia terrateniente, encarnada en las Farc.

Se trata de un proceso -escribe Gramsci- que tiene muchas manifestaciones y en el cual las causas y los efectos se complican y se superponen. Se puede decir que la crisis como tal no tiene una fecha de comienzo sino sólo de algunas manifestaciones más clamorosas que suelen identificarse con la crisis, errónea y tendenciosamente. Toda la postguerra es crisis, con intentos de obviarla que algunas veces tienen éxito en este u otro país, nada más. Para algunos, y tal vez no erróneamente, la guerra misma es una manifestación de la crisis, incluso la primera manifestación de la crisis.

En primer término debe notarse que la "gran guerra", o sea la primera guerra mundial, dadas sus dimensiones, manifiesta el carácter mundial de la crisis misma. El carácter mundial de la crisis es destacado por Gramsci en aquél paso en que se puede escapar de ella; ilusión que deriva del hecho que no se comprende que el mundo es una unidad, se quiera o no se quiera, y que todos los países permaneciendo en ciertas condiciones estructurales pasarán por alguna "crisis".

El segundo elemento consiste en la identificación de ella como proceso que involucra al conjunto de la vida social, razón por la cual no puede ser reducida a sus aspectos particulares: crisis financiera, crisis de autoridad, crisis comercial, crisis productiva, crisis judicial, etc. Es difícil en los hechos separar la crisis económica de las crisis políticas, ideológicas etc.

Es con el concepto de crisis orgánica que Gramsci define una crisis histórica global. Él contrapone el concepto de crisis orgánica al concepto de crisis coyuntural (como la judicial).

Una crisis coyuntural no es de amplia dimensión histórica, y se presenta como ocasional, inmediata, casi accidental, dice y está determinada por factores "variables y en desarrollo". Una crisis de carácter orgánico, en cambio, afecta a los grandes agrupamientos más allá de las personas inmediatamente responsables y más allá del personal dirigente; en este caso "se verifica una crisis, que a menudo se prolonga por décadas. Esta duración excepcional significa que en la estructura se han revelado (han madurado) contradicciones insanables, aunque las fuerzas políticas que actúan en orden a la conservación y defensa de la misma estructura se esfuerzan por sanar en ciertos límites y superar, con reformas intrascendentes y retoques cosméticos, como los 5 que ahora plantea Santos para la crisis de la justicia.

Las crisis (coyunturales u orgánicas) se manifiestan en el terreno del mercado determinado; Gramsci entiende por mercado determinado, determinada relación de fuerzas sociales en una determinada estructura del aparato de producción, relación garantizada o sea hecha permanente, por una determinada superestructura política, moral jurídica.

Pero, ¿qué es el mercado determinado y por qué cosa está determinado? Está determinado por la estructura fundamental de la sociedad en referencia, y entonces será preciso analizar esta estructura e identificar en ella aquellos elementos (relativamente) constantes que determinan el mercado, etc., y aquellos otros "variables y en desarrollo" que determinan las crisis coyunturales, hasta que también los elementos (relativamente) constantes sean modificados produciéndose la crisis orgánica.

Escribiendo específicamente sobre la "gran crisis", Gramsci señala que cada vez más la vida económica se ha venido concentrando en torno a una serie de grandes producciones masivas, y éstas son las que están en crisis: controlar esta crisis es imposible precisamente por su amplitud y profundidad, que han llegado a tener tales dimensiones que la cantidad se convierte en cualidad, o sea hay crisis orgánica y no sólo coyuntural.

Cuando Gramsci subraya el carácter orgánico de la crisis, toma distancia respecto a la asociación que se hace comúnmente entre el concepto de crisis histórica global y las situaciones de estancación o depresión económica.

Otra cuestión vinculada con la anterior -escribe- es la de ver si las crisis históricas fundamentales estén determinadas inmediatamente por las crisis económicas. Se puede excluir que, por sí mismas, las crisis económicas inmediatas produzcan acontecimientos fundamentales, que es la tentación de algunos con la crisis económica en curso a raíz de la caída de los precios del petróleo y sus efectos fiscales.

A estas consideraciones hace seguir el ejemplo de la gran crisis de 1789 en Francia: ella se desarrollaba en un período en el que la situación económica era más bien buena inmediatamente, por lo cual no puede decirse que la catástrofe del Estado absoluto se haya debido a una crisis de empobrecimiento. La ruptura del equilibrio de fuerzas no sucede por causas mecánicas inmediatas de empobrecimiento del grupo social que tenía interés en romper el equilibrio y que de hecho lo rompe (la clase burguesa), sino que sucede en el contexto de conflictos superiores al mundo económico inmediato, conectados al "prestigio" de clase (intereses económicos futuros), a una exasperación del sentimiento de independencia, de autonomía y de poder. La cuestión particular del malestar o del bienestar económico como causa de nuevas realidades históricas es un aspecto parcial de la cuestión de las relaciones de fuerzas en sus diferentes grados, nos enfatiza Gramsci.

La crisis orgánica no es, pues, ni una crisis puramente económica ni una crisis específicamente política: ella consiste precisamente en la contradicción entre las relaciones económicas existentes y las relaciones políticas emergentes, entre economía y política, entre "condiciones" e "iniciativas", entre estructura y superestructura.

En estrecha relación con este segundo elemento, se presenta el elemento de la teoría de la crisis orgánica:
"Una de las contradicciones fundamentales es ésta: que mientras la vida económica tiene como premisa necesaria el internacionalismo, o mejor, el cosmopolitismo, la vida estatal se ha desarrollado siempre más en el sentido del "nacionalismo", "de la autosuficiencia", etc. Uno de los rasgos más vistosos de la "actual crisis" es nada más que la exasperación del elemento nacionalista (estatal nacionalista) en la economía: racionamientos, restricciones al comercio de divisas, comercio balanceado entre dos países, etc.

La crisis se presenta en el período en que el capitalismo había formado un mercado de dimensiones mundiales, y por tanto se había creado la posibilidad de que los grupos económicos dominantes en las naciones particulares, obtuvieran ganancias sustrayéndolas a otras naciones capitalistas; en estas condiciones el mercado económico internacional se constituye como el lugar de competencia entre grupos económicos dominantes nacionales. Siendo el mercado una determinada relación de fuerzas sociales en una determinada estructura del aparato de producción, la conformación del mercado mundial significa: a) que las fuerzas sociales comienzan a actuar a escala mundial, en una estructura del aparato de producción que presenta una interdependencia creciente entre las particulares estructuras productivas nacionales; b) que las fuerzas sociales que enfrentándose entre sí constituyen las relaciones de fuerza se torna mucho más complicado por la sustancial multiplicación de los contenedores.

En estas condiciones, los grupos económicos dominantes, respectivamente unificados en los diferentes Estados nacionales, se defienden unos de los otros a través de políticas económicas nacionalistas, proteccionistas.
Me parece -escribe Gramsci- que haciendo un análisis de la crisis se debería comenzar enumerando los impedimentos puestos por las políticas nacionales (o nacionalistas) a la circulación: 1) de las mercancías; 2) de los capitales; 3) de los hombres (trabajadores y fundadores de nuevas industrias y nuevas empresas comerciales). La premisa mayor en esta caso es el nacionalismo, que no consiste tanto en la intención de producir en el propio territorio todo lo que se consume (que significaría que todas las fuerzas son orientadas previéndose un estado de guerra), y que se expresa en el proteccionismo tradicional, sino en el tentativo de establecer las principales corrientes comerciales con determinados países, o porque son aliados (y por tanto se los quiere sostener y formar de una manera más apta para una situación de guerra) o porque se los quiere destruir ya desde antes de la guerra militar (y este nuevo tipo de política económica es el de los "racionamientos", que parte del absurdo de que entre dos países deba haber un balance de intercambios pareja, y no que cada país pueda balancear en paridad sólo comerciando con todos los países indistintamente).

Este nacionalismo de la vida estatal era, pues, resultado directo del internacionalismo de la vida económica (internacionalismo contradictorio y parcial, en cuanto expresión de la ampliación del radio de acción de los grupos económicos que se unifican solamente a nivel nacional). He aquí porqué la primera guerra mundial fue la "primera respuesta de los responsables" de la crisis. Y la segunda guerra mundial mostrará después la insuficiencia de esas respuestas a esta crisis.

La contradicción entre el cosmopolitismo de la vida económica y el nacionalismo de la vida estatal está, pues, en el origen de la guerra, en cuanto las relaciones de fuerza a nivel internacional (entre las clases dominantes unificadas en los Estados nacionales particulares) no encontraban un lugar de confrontación política, es decir un lugar de mediación y de recomposición, como pudiera haber sido una institución estatal supranacional. A falta de una dialéctica política de las relaciones de fuerza internacionales, es el momento militar (de las relaciones de fuerza) el que se impone. En este sentido la guerra constituyó un sustituto de un Estado multinacional, o sea un complejo de actividades prácticas y teóricas militares (que definen la guerra, el Estado como guerra) en lugar de aquel conjunto de actividades prácticas y teóricas políticas que faltan a nivel internacional, que definen el Estado. En este sentido debe entenderse la concepción de la guerra como continuación de la política con otros medios.

Por eso debe reexaminarse la explicación leninista de la guerra, según la cual la guerra es la lucha interimperislista por el dominio de los mercados coloniales, para la subdivisión y nueva repartición de las colonias.

El cuarto elemento de la teoría de la crisis orgánica está implícito en los tres elementos ya expuestos, y consiste en la identificación del origen de la crisis en un cambio global de las relaciones de fuerza entre las clases y entre los Estados.

"La crisis" tiene su origen en relaciones técnicas, o sea en las posiciones de clases correspondientes, o en otros hechos" ¿Legislaciones, subversiones, etc.? Cierto, parece demostrable que la crisis tiene orígenes "técnicos", o sea en las respectivas relaciones de clases, pero en sus inicios, las primeras manifestaciones o previsiones dieron lugar a conflictos de diferentes tipos y a intervenciones legislativas que pusieron en evidencia la crisis misma pero no la determinaron, o sólo le incrementaron algunos factores.

Esta no es la simple reafirmación del criterio teórico-metodológico general según el cual todos los procesos históricos son producidos por y pueden ser explicados como- conflictos entre las clases; ella más bien resumen un análisis histórico específico de la "gran crisis" y de sus manifestaciones particulares. En particular, Gramsci proporciona una explicación original de los fenómenos de la inflación y deflación, de la"perturbación" del equilibrio dinámico entre la cuota consumida y la cuota ahorrada del ingreso nacional y el ritmo de la producción como expresión de cambios en las relaciones de fuerza entre las clases y entre los Estados.

Sobre los fenómenos "monetarios de la crisis": cuando en un Estado la moneda cambia (inflación o deflación) se produce una nueva estratificación de clases en el mismo país; pero cuando cambia una moneda internacional (ejemplo la esterlina y, menos, el dólar, etc.) ocurre una nueva jerarquía entre los Estados, lo que es más complejo y lleva a reducciones en el comercio, y a menudo a guerras, es decir, hay un paso "gratuito" de mercaderías y servicios de un país a otro, y no solamente de una clase a otra de la población. La estabilidad de las monedas es una reivindicación, en lo interno, de algunas clases, y en lo externo (para las monedas internacionales en las que se han tomado compromisos) de todos los comerciantes; pero ¿por qué ellas varían? Las razones son muchas, ciertamente: 1. porque el Estado gasta demasiado, o sea no quiere hacer pagar sus gastos a ciertas clases directamente, sino indirectamente a otras y, si le es posible, a países extranjeros; 2. porque no se quiere disminuir un costo "directamente (ejemplo el salario) sino sólo indirectamente y en un tiempo prolongado, evitando conflictos peligrosos, etc. En todo caso, también los efectos monetarios son debidos a la oposición entre los grupos sociales, que es preciso entender no siempre al interior del mismo país en que sucede sino en relación con un país antagonista.

Sobre el problema del desequilibrio entre el consumo, el ahorro y la producción en la "gran crisis", Gramsci comprende además que, en sus raíces, más que de un desequilibrio en las relaciones entre salarios y ganancias se trata del hecho que ha ocurrido en la distribución del ingreso nacional a través del comercio y de la bolsa especialmente, que se ha introducido en la postguerra (o ha aumentado en comparación con el período precedente) una categoría de exactores/depredadores que no representa ninguna función productiva necesaria e indispensable, mientras absorbe una cuota imponente del ingreso.

Se trata, pues, de la formación (o de la ampliación más allá de ciertos límites) de un grupo social "parasitario", que implica la estructuración de una composición demográfica irracional. Surge una crisis cuando crecen las fuerzas del consumo en comparación con las de la producción; pero no se trata solamente de una cuestión cuantitativa.

La crisis existe cuando una función intrínsecamente parasitaria (de la clase política, burocrática y militar) se demuestra necesaria dadas las condiciones existentes: ello hace que tal parasitismo sea aún más grave. Precisamente cuando un parasitismo es "necesario" el sistema que crea tal necesidad está condenado en sí mismo.

En nuestro caso bien podemos estar hablando del parasitismo de la clase política/judicial/militar que despoja a su antojo todo el excedente controlado por el Estado y su gobierno, con Santos a la cabeza.

Estos procesos no dependen naturalmente del desenvolvimiento de los mecanismos económicos, sino que son el resultado de proyectos políticos que tienen en su base el problema de las relaciones de fuerza entre las clases.

Aún más:

Que no se quiera (o no se pueda) cambiar las relaciones internas (y tampoco rectificarlas racionalmente) aparece en la política de la deuda pública, que aumenta continuamente el peso de la pasividad demográfica, precisamente cuando la parte activa nacional, aumentan los parásitos, el ahorro se restringe y es desinvertido del proceso productivo y desviado hacia el ingreso público, o sea, convertido en la causa de un nuevo parasitismo absoluto y relativo.

El quinto elemento de la teoría de la crisis orgánica consiste en la identificación de la ruptura de los automatismos dados y en el surgimiento de nuevos comportamientos colectivos, los cuales sin embargo no alcanzan a expandirse hasta el punto de sustituir a los precedentes. Esta es una situación de contraste entre "representantes y representados", cuyo contenido es la crisis de hegemonía de la clase dirigente, que sucede o porque la clase dirigente ha fallado en alguna gran empresa suya para la cual haya exigido o impuesto por la fuerza el consenso de las grandes masas (como la guerra), o porque vastas masas (especialmente de campesinos y de pequeño burgueses intelectuales) han pasado de golpe de la pasividad política a una cierta actividad y plantean reivindicaciones que en su conjunto inorgánico constituyen una revolución. Se habla de "crisis de autoridad" y ella es precisamente una crisis de hegemonía o una crisis del Estado en su conjunto.

Es una crisis del Estado en su conjunto, en el que la clase dirigente ve puesta en tela de juicio su "autoridad" sea por un fracaso propio en una empresa política de envergadura, sea por la movilización activa y consciente de amplias capas sociales antes inactivas.

Estas crisis de hegemonía son una lucha entre "dos conformismos". Los viejos dirigentes intelectuales y morales de la sociedad sienten que se les hunde el terreno bajo los pies, se dan cuenta de que sus "prédicas" se han convertido precisamente en "prédicas", es decir, en algo ajeno a la realidad, en pura forma sin contenido, en larva sin espíritu; de aquí su desesperación y sus tendencias reaccionarias y conservadoras: la forma particular de civilización, de cultura, de moralidad que ellos han representado, se descompone y por esto proclaman la muerte de toda civilización, de toda cultura, de toda moralidad y piden al Estado que adopte medidas represivas, y se constituyen en un grupo de resistencia apartado del proceso histórico real, aumentando de este modo la duración de la crisis, porque el ocaso de un modo de vivir y de pensar no puede producirse sin crisis.

Este es el elemento decisivo de la teoría gramsciana de la crisis orgánica. El que permite identificar el rol de la crisis económica al interior de la crisis orgánica: Se puede excluir que, por sí mismas, las crisis económicas inmediatas produzcan acontecimientos fundamentales; solamente pueden crear un terreno más favorable para la difusión de ciertos modos de pensar, de plantear y de resolver las cuestiones que implican todo el desarrollo posterior de la vida estatal.

Una crisis económica consiste en efecto, en un desequilibrio en las relaciones de fuerzas del mercado determinado tal que debilita los automatismos dominantes en los comportamientos colectivos, es decir, tal que hace surgir comportamientos deteriorados, anómalos (especulaciones, acaparamientos, atesoramientos, etc.). Estos comportamientos son de naturaleza regresiva; sin embargo, el debilitamiento de los "automatismos dados" es aquello que hace posible que nuevos comportamientos colectivos se elaboren y difundan, es decir, que frente a los nuevos problemas maduren nuevas respuestas teóricas y prácticas al interior de ciertos grupos y organicen su actividad.

Más en concreto, se trata de procesos de movilización y de activación política de determinadas clases, las cuales pasan de la pasividad a la actividad, del consenso pasivo a la autonomía política, de la fase económico-corporativa a la organización en partidos, y que en fin, se ponen el objetivo de la "conquista" del Estado con el fin de que los nuevos comportamientos de los que son portadores se generalicen en toda la sociedad.

En suma.

La crisis orgánica está, pues, en el hecho de que determinadas clases no se reconocen más en la vida estatal, se separan de los grupos dirigentes dados, pero al mismo tiempo todavía no logran imponerse como nuevas clases hegemónicas. Es el sacudimiento del "bloque histórico" completo, la crisis que abarca tanto la pérdida de hegemonía como de la posibilidad de los dominantes de hacer avanzar la economía, afectando a la estructura y a la hegemonía creada.
En palabras de Gramsci, si la clase dominante ha perdido el consenso, entonces no es más "dirigente", sino únicamente dominante, detentadora de la pura fuerza coercitiva, lo que significa que las clases dominadas se han separado de las ideologías tradicionales, no creen más en lo que creían antes. La crisis consiste justamente en que lo viejo muere y lo nuevo no puede nacer, y en este terreno se verifican los fenómenos morbosos más diversos.

Se trata, en la crisis orgánica de la dominación oligárquica, de una disgregación del bloque histórico, en el sentido de que los intelectuales que están encargados de hacer funcionar el nexo estructura-superestructura, se separan de la clase a la que estaban orgánicamente unidos y no permiten que ejerza ya su función hegemónica sobre el conjunto de la sociedad. «La clase dominante ha perdido el consenso.» Es decir, que ya no es dirigente sino únicamente dominante, detentadora de una fuerza coercitiva pura.

La crisis orgánica de una clase o grupo social sobreviene en la medida que ésta ha desarrollado todas las formas de vida implícitas en sus relaciones sociales, pero, gracias a la sociedad política y a sus formas de coerción, la clase dominante mantiene artificialmente su dominación e impide que la remplace el nuevo grupo de tendencia dominante.

Una tal crisis orgánica bien puede estar provocada por las grandes masas de la población que, pasan súbitamente, de la inactividad política a una cierta actividad y plantean reivindicaciones que en su propio complejo inorgánico constituyen una revolución. La crisis orgánica que se manifiesta como desaparición del consenso que las clases subalternas acuerdan a la ideología dominante, no pueden culminar con la aparición de un nuevo bloque histórico, sino en la medida que la clase dominada fundamentalmente, sepa construir, por la mediación orgánica de sus intelectuales, un nuevo sistema hegemónico dominante capaz de oponerse al anterior y eficaz para extenderse por todo el ámbito social. Es decir, capaz de conquistar la sociedad civil como preludio a la conquista de la sociedad política.

Hoy lo que tenemos en Colombia es la fuerte sensación social de caducidad de las viejas instituciones en que se asienta el control político, representadas particularmente en el anacrónico y anquilosado poder judicial, el desprestigiado poder legislativo, el corrupto poder ejecutivo y el degenerado poder militar sin que se salven otros estamentos como la policía, los políticos tradicionales y las burocracias sindicales. Por supuesto no sólo son objeto de la protesta popular los sectores de la superestructura política: lo son también entre otros, y esto es nuevo, los bancos, las empresas privadas, el FMI y sus recetas neoliberales, la OCDE, lo que da a la revuelta popular un claro sabor anticapitalista.

Las viejas y acartonadas instituciones de la representación política funcionales al dominio oligárquico, al menos tal cual están concebidas hasta ahora, no resisten la prueba de los hechos y son sobrepasadas por un pueblo y una opinión que ya no quiere delegar y que proyecta organizarse con fuertes dosis de autonomía y de rechazo a los poderes constituidos.


Son circunstancias en que el bloque ideológico dominante tiende a disgregarse y a perder su capacidad de impulsar el sistema hacia adelante, pero cuenta aún con fuerzas que pueden moderar la crisis e impedir un desenlace revolucionario.

Por eso es necesario definir con claridad la correlación de fuerzas y entender que el sistema de dominación no se constituye desde la fachada de la Casa de Nariño hacia adentro, sino que se conforma como un entramado de fuerzas que están detrás del poder y que se reagrupan cuando el "gobierno democráticamente electo" pierde el consenso y se resquebraja y las masas comienzan a ganar el campo político.

Es entonces cuando aparecen las concertaciones, esos reagrupamientos que se verifican con las cumbres de poderes en Palacio integrando el gabinete, la Iglesia, los sindicalistas, construyendo un mentiroso "diálogo de unidad nacional" del que participan secretamente el FMI, el Banco Mundial, la UE, la OCDE y la Embajada de los EE.UU. Y cuando las fuerzas políticas del sistema abandonan sus diferencias secundarias y se organizan a la vista de todos como "partido único del sistema" en el que se revuelcan la U, los liberales, conservadores y sindicalistas amarillos.

Un nuevo sujeto popular.

Pero también es imprescindible anotar con letras mayúsculas, porque es el fenómeno más trascendente, que el rasgo principal de la situación es que el sujeto popular masivo que gana las calles y el espacio público, deja de aceptar la dirección de los maquinarias politiqueras que hasta ayer no más lo representaban.

Una de las características de la crisis orgánica es que la burocracia dirigente ha terminado por separarse de la masa, los partidos tradicionales, con la forma de organización que presentan como empresa electoral, con aquellos determinados hombres que los constituyen, representan y dirigen, ya no son reconocidos como expresión propia de su clase ni de una fracción de ella, dice Gramsci, concluyendo que el partido termina por convertirse en anacrónico y en los momentos de crisis aguda desaparece su contenido social y queda como en las nubes.

En la crisis orgánica, el sistema refuerza la presencia de los factores del Estado que no se especializan precisamente en las arquitecturas del consenso o en el ejercicio cuidadoso de la hegemonía cultural, sino en los instrumentos de ejercicio de la coerción y corrupción, para lo cual tiende a territorializar las fuerzas militares, a militarizar las policías y fuerzas de seguridad y a combinar sus acciones con las fuerzas represivas del poder global, como las que giran ahora alrededor de las bases yanquis en nuestro territorio y otras iniciativas militaristas.

La crisis no es, y la realidad colombiana así lo confirma, algo surgido de la noche a la mañana. Se abona de un racimo de elementos de deterioro de la dominación oligárquica en el tiempo y en un reguero de luchas populares que adquieren diversas formas y responden a diferentes segmentos del sujeto popular, pero que se van complementando entre sí.
Hay una fuerte recuperación de elementos de conciencia colectiva que se encontraban deteriorados por años de ofensiva neoliberal.

En las actuales circunstancias, la función histórica de las izquierdas, más que autoproclamarse vanguardias, es propender a fortalecer los elementos de autonomía y de ciudadanía de las masas y la constitución de factores de poder popular asentados en el protagonismo del nuevo sujeto popular.

Hay que considerar que en las crisis orgánicas los sectores dominantes no se paralizan, sino que buscan aprovechar la revuelta inorgánica para producir movimientos reaccionarios de derecha buscando el aplastamiento de las movilizaciones y el retorno a la pasividad política.

Por ello se torna decisivo proponer en las asambleas y movilizaciones populares y en cada circunstancia, ahora que el momento es propicio, la construcción de una contra hegemonía, de un contrapoder, de un nuevo sistema de instituciones que consoliden la direccionalidad de las fuerzas antagónicas a las de la dominación.

Si bien es necesario actuar con rapidez y responder uno a uno a los acontecimientos, debe preverse también que la crisis, que está abierta, tenga una duración prolongada como producto de los esfuerzos del bloque dominante por sostener el régimen.

Por lo tanto será crucial el aspecto de la organización popular y su capacidad para que la diversidad prevaleciente pueda manifestarse de manera unificada en las luchas por un período extenso para dar un cauce positivo a la espontaneidad y acumular fuerzas. Junto, pues, a los esfuerzos apuntados a la constitución del sujeto en un nuevo sistema hegemónico serán decisivas las tareas de reforzamiento de las fuerzas definidamente revolucionarias.

El elemento decisivo de toda situación -y volvemos a Gramsci- es la fuerza permanentemente organizada y predispuesta desde largo tiempo que se puede hacer avanzar cuando se juzga que una situación es favorable ( y es favorable sólo en la medida que una fuerza tal existe y está impregnada de ardor combativo).

En ese sentido, la iniciativa planteada desde La Habana por la delegación de las Farc de convocar una Asamblea Constituyente soberana por la paz es un elemento que puede unificar todos los sectores populares en la idea de un cambio radical del Estado y el régimen social y político en la perspectiva de una democracia ampliada y con justicia social.

Publicado en Colombia

Ya durante los primeros momentos de estancia en el país, se muestra toda la magnitud de la crisis venezolana: quien no quiere cambiar dinero ilegalmente con los taxistas y acude a una oficina de cambio estatal, se enfrenta a una situación a lo Monty Python. Tres personas empleadas están sentadas tras un cristal blindado y esperan a que termine su turno. Se trata sólo de 20 dólares, pero desde que el Gobierno bolivariano está intentando luchar contra la especulación financiera y la fuga de capitales mediante restricciones en el cambio de divisas, los negocios cambiarios en Venezuela están fuertemente regulados. El cambio sólo se puede realizar previa presentación de un documento de identidad.


Es patente que la empleada más joven, que recibe el pasaporte, no ha realizado este trabajo a menudo. Puede que incluso pretenda darle a uno la posibilidad de pensárselo mejor. 15 minutos de reloj tarda en introducir el nombre y el número de pasaporte en el sistema. Entonces expende por fin la divisa estatal: unos 12 bolívares, tras la deducción de la comisión y las tasas –lo justo para tomarse dos minúsculos cafés con leche en vaso de plástico–.


En esta instantánea se condensan los problemas de Venezuela. La cotización oficial del dólar está en 6,3 bolívares, sin embargo en el mercado negro se pagan 175, y además hay dos cotizaciones de cambio oficiales: una de 1:12, la otra de 1:50. Como los precios de los bienes de consumo se orientan por la cotización en el mercado negro, el sueldo mensual de un asalariado medio se ha hundido hasta los 50-60 dólares. Es cierto que el Estado ha proporcionado a millones de venezolanas y venezolanos pan y sueldo, pero se ha vuelto todavía más ineficaz. La Administración pública funciona, en general, aún peor que la oficina de cambio. La causa de ello es también que la mayoría de la población venezolana no vive de su trabajo, sino de negocios paralelos: el comercio de divisas, la especulación o la venta de artículos que están sometidos a la regulación de precios y por ello son escasos –entre ellos, muchos productos de uso cotidiano como el agua potable, el papel higiénico o el jabón–. Sin olvidar que los alquileres también se han disparado. Los sectores de clase media que poseen viviendas mantienen su poder adquisitivo al elevar los precios de los alquileres. La crisis venezolana es omnipresente.


Sin embargo, es falso en Venezuela no haya cambiado nada para mejor. En Caracas se ven con claridad las diferencias con otras grandes ciudades latinoamericanas, así como con las metrópolis de Estados industrializados. No hay apenas mendicidad callejera, al contrario que en Bogotá, Berlín o Nueva York. Los barrios del centro han sido saneados sin que se haya desplazado a la población.


Precisamente los caraqueños más empobrecidos son los que usan los nuevos cines estatales y de las instituciones culturales en el centro. La zona peatonal está llena de trabajadoras y trabajadores haciendo compras, y el transporte público de corta distancia se ha ampliado mucho. Nuevas líneas de autobús y tren unen Caracas con los suburbios, los barrios pobres situados en las laderas han sido conectados mediante funiculares a la red de transportes. Cierto es que el metro está crónicamente atestado durante todo el día, sin embargo, es prácticamente gratuito.


Pagar soborno

En los grandes medios rara vez se habla de ello, pero de hecho la política social de Venezuela es modélica en muchos aspectos. En una sociedad donde en los 90 tres tercios de la población trabajaba y vivía en unas condiciones de extrema precariedad, el Estado garantiza hoy en día el suministro básico. Los productos de alimentación se venden a precios extremadamente bajos en los supermercados o a través de los camiones de los programas de alimentación estatales. Se han construido y proporcionado 600.000 viviendas sociales. E incluso, aunque la prestación de servicios sanitarios en los hospitales públicos esté marcada por la escasez, la prestación básica en los barrios pobres funciona de forma impecable. El problema de Venezuela es otro: aunque en el plano de la política social se haya hecho mucho, la estructura económica sigue siendo en gran parte la antigua.


"Sencillamente, no se produce". Alberto Torres, nacido en España, pero nacionalizado ya desde los 90, es un revolucionario de la vieja guardia. Desde hace 15 años trabaja en el Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras, donde dirige el desarrollo de los sindicatos y desde el que ha intentado estimular la producción local de alimentos. Tras más de una década de política de izquierdas, su balance es decepcionante.


"Llevamos 12 meses intentando construir una huerta de hortalizas fuera de Caracas. Hemos importado los invernaderos, el Ministerio ha contratado a 50 trabajadores". Torres, de 55 años, no puede evitar reírse cuando cuenta la historia. "Las instalaciones se han quedado paradas un año en la aduana. Hemos pagado a los trabajadores por no hacer nada. Ellos por lo demás tampoco tenían ninguna gana de trabajar... La aduana no ha soltado las instalaciones, ¡y eso que era un proyecto estatal! Si hubiéramos sido una empresa privada, habríamos recibido los invernaderos de inmediato. Sencillamente habríamos pagado un soborno. Pero así no hubo nada que hacer".El Gobierno venezolano argumenta que tales incidentes se deben al sabotaje y las conspiraciones.


Pero Torres no da crédito a esa explicación: "Por supuesto que hay algo así como una guerra económica y EE UU quiere derrocar al Gobierno por todos los medios. Pero las razones principales de la crisis son otras. Que tantos productos básicos, los que están sometidos al control de precios, no estén disponibles en los supermercados, tiene una razón muy simple: con ellos se puede hacer mucho dinero en el mercado negro. La relación con el contrabando es, según él, aún más clara. "En las regiones fronterizas con Colombia están todos metidos: los de derechas, los chavistas, los guerrilleros colombianos, los cárteles de droga, campesinos normales: todos. Por la sencilla razón de que los márgenes de ganancia son inimaginablemente altos. Un litro de gasolina cuesta en Colombia 200 veces más que en Venezuela".


Sin embargo, Torres no responsabiliza de la situación principalmente a Maduro, cuyo índice de popularidad en las encuestas se ha hundido hasta un dramático 22%. El problema tiene que ver con la estructura económica del Estado petrolero, según Torres. "100 años de petrodólares han habituado a los venezolanos y las venezolanas a que se vive mejor trepando a un puesto en el Estado o importando productos de consumo que trabajando de forma productiva... Que la aduana no haya devuelto las instalaciones para los invernaderos es muestra de ello. A la gente simplemente le da igual".


Problemas agravados


Ciertamente los problemas estructurales de la economía venezolana se han agudizado aún más bajo el chavismo. 15 años de revolución han democratizado el 'rentismo', es decir, la economía de materias primas, improductiva y orientada al consumo. Y aunque también durante la última década se han producido manejos corruptos que han proporcionado sumas de miles de millones a empresas privadas, es cierto que en general los ingresos se han repartido mejor. Eso fue posible no sólo gracias a la creación de puestos de trabajo, sino también al establecimiento de bancos estatales, más generosos que los bancos privados en la concesión de créditos y límites de descubierto.


La inflación elevada, que hoy en día asciende a entre un 40 y un 70%, no es en este contexto simplemente el resultado de una política económica fallida, sino también de una mejor distribución de la riqueza. Los precios ascienden meteóricamente porque hay más gente que quiere participar del consumo. El problema es, sin embargo, que este modelo no sobrevivirá al 2015. El precio del petróleo ha caído de 140 dólares por barril en 2008 a menos de 50 dólares por el fracking, pero también debido a las operaciones militares de EE UU en Iraq y Libia, que han destruido la OPEP como cártel de precios.


El Gobierno de Maduro debe emprender un cambio radical de rumbo y abandonar el 'rentismo'. No obstante, el problema es que para ello debería aplicar políticas como la eliminación de las subvenciones al combustible o la devaluación del bolívar, que en el país son vistas como la quintaesencia de la política neoliberal.


Y no obstante Elías Jaua, el ministro para el Poder Popular de la Comunas y los Movimientos Sociales y el hombre más importante en la dirección del Estado junto con Maduro y el general Diosdado Cabello, mencionó claramente el reto en un escrito a mediados de enero: "El rentismo conlleva no sólo una dependencia del petróleo según su precio en el mercado mundial, sino también una cultura en la cual se lucha incesantemente en torno a la renta petrolífera. Y eso lleva a su vez a una cultura de la especulación que se está extendiendo como veneno en el sistema capitalista de Venezuela".


Jaua y seguramente también el mismo presidente Maduro se imaginan claramente en qué dirección habría que ir. Con apoyo del Ministerio de las Comunas dirigido por Jaua también han surgido en los últimos años impresionantes proyectos de autoayuda. Los habitantes de barrios pobres han realizado cientos de proyectos autogestionados de construcción de viviendas por todo el país. Parte de los nuevos asentamientos están situados en las mejores zonas residenciales de Caracas: en descampados ocupados ilegalmente, los movimientos barriales han construido nuevos bloques de viviendas para hasta 1.000 habitantes. Lo más llamativo de ello es que las y los habitantes han planificado y construido sus proyectos de forma autónoma. El papel del Estado se ha limitado a proporcionar dinero para los materiales de construcción. De este modo, se ha construido a precios claramente más económicos de lo habitual en las viviendas estatales y, sobre todo, han surgido auténticas estructuras comunitarias: ese "poder popular" del que tanto se habla en el país.


A tales formas de autorresponsabilidad democrática y solidaria debería llegar Venezuela si quisiera escapar del círculo vicioso de riqueza petrolífera, corrupción, ineficiencia y dependencia del mercado mundial. "Si no queremos caer de nuevo en la pesadilla neoliberal de la que despertamos en 1998, tenemos que corregir nuestro rumbo", escribe el ministro Elías Jaua, "pero no sólo el Gobierno bolivariano, sino la sociedad entera". Sin embargo, está por ver si ese cambio político aún es posible.
El aparato chavista está completamente desacreditado a ojos de la población y la oposición derechista, que ya a principios de 2014 demostró que no le espantan las confrontaciones similares a una guerra civil, ya está en la parrilla de salida. El dirigente opositor Capriles ha convocado protestas, y los ultraderechistas de Colombia y EE UU siguen apostando por un derrocamiento violento del chavismo. Una situación prácticamente sin salida para el primer proyecto antineoliberal del segundo milenio.

Bonos basura


La situación económica de Venezuela se ha agudizado dramáticamente en los últimos meses. Diversas agencias de calificación financiera han rebajado los bonos de deuda estatal venezolanos a la categoría de bonos basura y grandes fondos de inversión están especulando sobre la insolvencia del país sudamericano.


En el mercado negro se ha duplicado el valor del dólar en 6 semanas, el déficit presupuestario es extremadamente alto, con una estimación de un 15-18%. Venezuela intenta salvarse, y no como última opción, mediante una alianza más fuerte con China. Como Argentina, que pudo superar su insolvencia el pasado verano con relativa facilidad suministrando capital fresco a China, el Gobierno de Maduro intenta también escapar a la presión de los mercados financieros y del FMI a través de una mayor orientación hacia Asia oriental. Por ello firmó el Gobierno a principios de enero en Caracas nuevos contratos de cooperación por valor de 20.000 millones de dólares estadounidenses.


Sin embargo estos acuerdos, con los que China se asegura a largo plazo el acceso al petróleo venezolano, no bastarán para superar la crisis. Desde hace meses los economistas chavistas apremian al Gobierno para que suprima la adjudicación estatal de divisas, que sobre todo fomenta la especulación y la corrupción, así como las populares pero absurdas subvenciones al combustible. El presidente Maduro, sin embargo, retrasa una y otra vez estas medidas por miedo a las protestas sociales y a la oposición de las élites del aparato estatal.

Publicado en Internacional
Martes, 24 Marzo 2015 19:46

Paz y división de las Fuerzas Armadas.

Resulta necio desconocer la enorme incidencia de las conversaciones de paz adelantadas entre el gobierno de Santos y las Farc en La Habana sobre el funcionamiento del Estado y la sociedad colombiana. Amplios sectores de la nación dan su apoyo creciente a los diálogos como lo confirman recientes encuestas, y grupos retardatarios de naturaleza fascista, hacen hasta lo imposible para sabotear la Mesa de concertación cuyo objetivo es la superación de la cruenta guerra civil colombiana.

Sobre esa fractura matriz se proyectan otras divisiones en diversos ámbitos del país.

Las Fuerzas Armadas no son ajenas a dicha circunstancia y las tensiones y antagonismos a su interior son un hecho notorio.

Hay militares guerreristas de ultraderecha, seguidores de las fantasías ultramontanas y asesinas de Uribe Vélez, enemigos radicales de la paz y adictos a la violencia que promueven los clanes oligárquicos del bloque de poder.

Hay otros, más civilizados, respetuosos de la constitución y de la legalidad, proclives al diálogo y la solución política del conflicto nacional (Herrera Berbel, Padilla, Samudio, Bonet, García Flores et.al).

Se trata de un hecho saludable, positivo y estimulante, pues es en los aparatos armados del gobierno donde elementos tan inescrupulosos y corruptos como el señor Uribe pescan en río revuelto con las más estrambóticas especulaciones, diatribas y discursos promovidos para inducir la conspiración, el golpismo y el bloqueo a los procesos de democratización del Estado. Desde que está funcionando La Mesa de conversaciones de La Habana, instalada en octubre del 2012, se han conocido distintos episodios orquestados por generales y oficiales para entrabar y dañar su normal funcionamiento. Chuzadas, seguimientos, provocaciones, filtración de coordenadas, violación de la tregua de las Farc, asalto a campamentos guerrilleros, asesinatos de jefes de las Farc, mentiras y demagogia barata de Pinzón el Min defensa y vinculación descarada con las campañas de la ultraderecha, han sido conductas y acciones permanentes y abundantes para bloquear la estrategia de diálogos y consensos alrededor de la agenda pactada entre las partes.

Lo cierto es que en las Fuerzas Armadas colombiana, dada la enorme influencia que en ellas tienen las teorías anticomunistas y fascistas de la Seguridad Nacional, la paz de La Habana no es de buen recibo. Muchos generales y otros oficiales viven de la guerra, hacen fortunas y acumulan privilegios con planes bélicos de violencia y exterminio de los campesinos, indígenas, grupos populares y militantes de la Izquierda. Son muchos los militares involucrados en los "falsos positivos", en masacres, en desapariciones y violaciones de los derechos humanos. Nada de eso tiene que ver con la defensa de una fementida democracia, nada de eso tiene que ver con el bienestar de la sociedad, nada de eso tiene que ver con el progreso y la protección de la ciudadanía, nada de eso tiene que ver con la defensa de la soberanía nacional como falsamente lo proclama el caballista paramilitar del Ubérrimo y sus mediocres senadores, parlamentarios y parlamentarias.

Siendo que en los cuarteles, en las brigadas, en los comandos policiales, en los aparatos de inteligencia, en la cúpula militar, bulle un ambiente contrario a la paz para aniquilarla, no me parece nada malo que se de la división en las Fuerzas Armadas. Es conveniente para el país que salgan a la luz pública esas divisiones. Para los revolucionarios y marxistas esa debe ser una consecuencia normal de la lucha por cambiar la sociedad en un sentido democrático y socialista. Pues desde siempre, en el capitalismo hay una rémora militarista, reaccionaria y corrupta que envuelve miles de miembros del ejército, que existen y actúan en función de los grupos oligárquicos minoritarios que controlan el régimen político y sus instituciones. Son sus testaferros, son los guardianes de sus riquezas y poderes.

Por supuesto que a estas alturas del proceso de paz ya hay un núcleo de altos oficiales civilistas, respetuosos de la Constitución y del gobierno que no le jalan a la manipulación y a la grotesca deriva uribista. Son militares profesionales, con un sentido adecuado de la política, que han entendido que Colombia debe salir del campo oscuro de la guerra y la destrucción violenta de la sociedad. Son patriotas con otra visión del mundo, tolerantes y pluralistas, partidarios de las reformas sociales, partidarios de una democracia ampliada y diversa como la que se pacto, sin olvidar las salvedades, en el documento consensuado sobre la participación política y las garantías a los integrantes de las Farc y la resistencia campesina revolucionaria que se proponen ingresar a la vida política normal.

Bien que Colombia entera identifique estos enemigos de la paz en los institutos armados y agazapados como dice Otto Morales.

Bien que todos sepamos que hay soldados demócratas jugados con la paz y la superación de la guerra y el conflicto social armado.

Ojala que al abordar el tema del fin del conflicto la depuración de las Fuerzas Armadas permita limpiar las instituciones militares de estas fuerzas retrogradas asociadas con la violencia y la vulneración permanente de los derechos humanos de millones de colombianos.

Nota. La podredumbre de la Justicia Pretel es la misma de todo el Estado liberal oligárquico. Con esa cloaca pestilente que respira corrupción por todos los poros es imposible la paz. Ojala al abordar los ajustes institucionales y las reformas del Estado en el punto del fin del conflicto que se ha previsto en los diálogos de La Habana, se coloquen las bases de cambios profundos que refrende una Asamblea Constituyente soberana y popular cuya convocatoria y reunión es cada día más urgente. Es que el colapso del Estado neoliberal profundiza la crisis orgánica de todo el sistema político de las elites que encarna el señor Santos y su contradictor de ocasión, el jefe de la parapolítica.

Publicado en Colombia

La propuesta del nuevo Plan Nacional de Desarrollo presentado por el segundo gobierno de Santos al Congreso está soportado en 200 artículos cargados de veneno. El tiempo apremia y ya no es oportuno dar una discusión detenida sobre el contenido del mismo, ahora hay que centrar el análisis en un articulado que está lleno de bombas y que en menos de un mes puede introducir cambios insospechados para el presente y el futuro inmediato de las mayorías habitantes de nuestro país.

Se supone que el Plan Nacional de Desarrollo es el documento en el cual un gobierno fija sus prioridades, formula sus políticas, y expresa en proyectos y programas concretos la materialización de lo propuesto. Teóricamente ese era el sentido del documento entregado en noviembre del año pasado, titulado "Todos por un nuevo país", y mostrado a la "sociedad civil" para su discusión. Dentro de este contexto el Consejo Nacional de Planeación, y los Consejos Territoriales, emitieron un concepto a comienzos del presente año, que el Gobierno debía incorporar para una segunda versión del Plan.

Pero, como por arte de magia, ese documento desapareció y llegó otro, que no tiene nada que ver con las Bases del Plan, donde incorporaron 200 artículos cargados de veneno, que modificarían la legislación existente en sinnúmero de campos cruciales. Se trata de un paquetazo que incorpora todas las reformas que no habían podido ejecutar en temas tales como tierras, minería, salud, educación, y privatizaciones, entre otras. Con el Plan las pretenden despachar de un plumazo porque los tiempos para su discusión son reducidos.

Las doscientas normas

La planeación en Colombia fue introducida con el Plan Decenal del gobierno de Alberto Lleras Camargo (1958-1962), que partía del principio que el Estado dirigía la economía, y el Plan le informaba a la sociedad cuáles eran las prioridades, expresadas en programas y proyectos, que posteriormente tenían su expresión en las asignaciones del Presupuesto Nacional. Era un proceso transparente, independientemente de los juicios que en ese entonces, o ahora, pudieran hacerse sobre el modelo de desarrollo implícito.

El Plan actual tiene un discurso, que puede ser objeto de la discusión, pero en la práctica son las 200 normas del proyecto de ley las que materializan el Plan, y que no hacen referencia a ese discurso. Estas normas son las que no habían logrado aprobar y que favorecen los intereses de los poderes financiero, terrateniente, minero, y del capital transnacional. Pero en el marco del Plan deben ser aprobadas en paquete en un período muy corto.

Al tomar como referencia el documento del año pasado, que supuestamente son las "Bases del Plan", encontramos tres ejes: paz, equidad y educación.

La educación aparece como el camino hacia la equidad al promover la movilidad social, porque a través de ella las personas lograrían la inserción en el mercado laboral lo que les permitiría la generación de ingresos. Por esta razón, quienes aspiran a tener una formación universitaria deben endeudarse asumiendo una inversión que se redituará con ingresos futuros. Desde esta visión no importa la diferencia entre la educación universitaria y técnica, ahora todo englobado en educación terciaria, porque en el fondo todo es formación para el trabajo. Cada uno está aumentando su dotación de capital humano, y con ella va a competir con otros capitalistas (de capital humano) en el mercado de trabajo. Es el individuo al servicio de la economía, no ésta al servicio del ser humano. La educación es vista como una mercancía que valoran en el mercado, no como un derecho social, como bien lo denuncia la Mane.

En el Plan, la movilidad social depende de la educación, (como lo reclama James Robinson, quien escribió el libro "¿Por qué fracasan las naciones?"), y no del despojo de los campesinos por un poder terrateniente armado, ni de la concentración de la riqueza en los grupos económicos que controlan los medios de comunicación, ni de las condicionalidades del capital financiero. La educación permitiría el ascenso de los pobres hacia las clases medias, pero el mismo Plan atenta contra dichas clases cuando en el articulado presentado ante el Congreso, por una parte, defiende los contratos laborales basura de prestación de servicios, los obliga a pagar el 100 por ciento de la seguridad social (incluida la cuota patronal) y les arrebata el sesenta por ciento de sus prestaciones sociales (art. 127), y por la otra, reitera que son los trabajadores quienes asumen el riesgo financiero de la especulación que con sus ahorros pensionales hacen los grupos económicos. Los grupos no asumen ningún riesgo (arts. 129 al 131). Seguramente esto lo consultaron con los grupos y no con los trabajadores. El cuento de la clase media en el Plan más allá de un mal chiste, es un fraude.

En cuanto a la política social no hay nada nuevo. Señala que todavía el mercado laboral es rígido (pág. 55) (los trabajadores tienen todavía muchos privilegios, aunque ellos lo llamen derechos) de forma que es necesario flexibilizarlo más. Pero como los procesos de flexibilización no han permitido disminuir el desempleo en el largo plazo, entonces hay que generarlo a través del emprendimiento y el microcrédito. Pero ese emprendimiento desconoce los territorios, prácticas y saberes de la economía popular, la que debe ser erradicada al ser considerada ilegal y de baja productividad (pág. 111).
Sin embargo, ya no hay tiempo para dar una discusión sobre el contenido de las Bases del Plan. Ahora hay que centrar el análisis en un articulado que está lleno de bombas y que en menos de un mes puede introducir cambios insospechados para el presente y el futuro inmediato de quienes habitan el país. Los abogados, los expertos, y los diferentes interesados, deben mirar con lupa ese articulado antes que se introduzcan cambios legales que alteren las reglas de juego. Lo único que puede hacerse por ahora es presentar una lista de mercado de lo que se ve por encima y formular algunas preguntas:

- En Salud, Saúl Franco denunció en Unperiódico* que se profundiza la mercantilización del servicio y se fortalece la intermediación financiera a través de las EPSs (arts. 61 al 72).
- El artículo 49 desconoce el derecho fundamental a la restitución de tierras a las víctimas del conflicto armado, tal como lo denuncia la Comisión Colombiana de Juristas.
- ¿Por qué es importante acelerar el mecanismo de liquidación de las empresas del Estado? (art. 71).
- ¿Por qué se autoriza inversión extranjera en los medios de comunicación? (art. 13) ¿Qué empresas están detrás del negocio?
- El artículo 30 acaba con la posibilidad de subsidiar el transporte público, cuando esta modalidad es subsidiada en el resto del mundo
- ¿Por qué se promueve la titularización de la cartera hipotecaria? (art. 46). ¿Acaso se les olvidó que este fue el mecanismo que llevó a la crisis del subprime en Estados Unidos en el 2008?
- ¿Por qué se cambia el concepto de educación superior por el de terciaria? (art. 54). ¿Acaso se sigue insistiendo que la educación universitaria y la formación para el trabajo son la misma cosa?
- Se amplía el mecanismo de crédito educativo como eje de financiación de la educación superior (art. 57). Esto no sólo abre la pregunta de qué pasa con el financiamiento de las universidades públicas, sino que a las nuevas generaciones les crean "una deuda cierta con un trabajo incierto" (expresión de la Mane). En Estados Unidos la deuda estudiantil es la segunda después de la deuda hipotecaria, y hay quienes afirman que se está dirigiendo hacia una crisis similar a la del 2008.
- En cuanto a los Fondos de Pensiones, propiedad de los principales grupos económicos, ¿por qué se crea un mecanismo para que el gobierno asuma el desfase de la renta vitalicia? (art. 130)
- Las estadísticas públicas ahora estarán más controladas por el poder público (art. 150). ¿Será que en adelante estarán pensando con el deseo y los datos serán menos objetivos?
- ¿Dónde queda la autonomía de los gobiernos locales si van a estar amarrados al gobierno nacional con los famosos Contratos Plan? (arts. 171 y 172).
- Se pide carta blanca para reformar la institucionalidad del sector rural (art. 102). Dada la sensibilidad del tema de cara al posconflicto, sería bueno al menos tener una explicación.
- Hay un importante paquete de reformas para el sector minero-energético (arts. 18 al 29) ¿Que hay detrás?
- Finalmente, el artículo 200 deroga 85 normas ¿cuáles son las consecuencias de ello?

Con seguridad, al realizar un análisis detallado del proyecto de ley se encontrarán otras muchas perlas. Entonces, volvemos a la pregunta inicial, ¿Qué es el Plan de Desarrollo? Por lo visto, un asalto a la democracia.

* Edición de 8 de marzo del 2015 que circuló con el periódico El Tiempo.

Publicado en Edición 211

"Si hay sentencias rectas, la ciudad y el pueblo florecen; la paz anda; en la tierra nunca habrá dolorosa guerra. Nunca a los hombres de rectas sentencias el hambre acompaña. La tierra tiene sustento abundante: hay bellotas en el monte, lana en los rebaños, miel en los panales y las mujeres paren hijos semejantes a sus padres. Mas si son torcidas las sentencias, a un tiempo el hambre y la peste llegan, perecen los hombres, la mujeres dejan de parir, las casas se caen y la ciudad se hunde".

La reflexión es de Hesíodo (siglo VIII antes de nuestra era). Este hombre, del Valle de Beosia, entre Atenas y Delfos, con un adelanto de 2800 años, parece que estuviera haciendo un diagnóstico de la sociedad colombiana, de los tres primeros lustros del siglo XXI, pero al mismo tiempo parece que estuviera brindándonos la solución: justicia y paz. Todo está ahí, en muy pocas palabras. Para qué explicar o interpretar lo que está tan inmensamente diáfano.

Como las palabras de Hesíodo son demasiado claras, lo mejor es que los colombianos hagamos el esfuerzo de responder los interrogantes que encabezan esta nota. Habría que hacer votos porque sea un hecho aislado. Sí, será aislado, entre los nueve magistrados de la Corte Constitucional. Pero si los nueve representan 50 millones de habitantes ¿a cuántos representa un bandido?

Aunque nos hagamos la ilusión de que se trata de un hecho aislado, los antecedentes cercanos nos indican que se trata solo de la llaga de un cáncer generalizado. No solo en la rama judicial, sino en toda la estructura del Estado y en toda la sociedad. Basta recordar unos pocos casos para sacar conclusiones: la fallida reforma que promovió y hundió el presidente Santos en su primer mandato. El Gobierno tuvo que abortar el proyecto, por la perversidad en la que cayeron los legisladores y los altos jueces. El Consejo Superior de la Judicatura, a ciencia y paciencia de que la Constitución no le dio la función de juez, hace y deshace con las tutelas, que es una tarea exclusiva de los jueces. De ahí que todos los colombianos, excepto sus propios miembros, piden que se suprima. Pero recordemos que el propio presidente Santos ha denunciado el cortejo, que esos magistrados hacen a los legisladores, para mantener ese organismo. El presidente de la Corte Suprema de Justicia le entrega el carro oficial a su hijo, éste lo utiliza como motel en plena vía pública, y cuando los agentes de policía lo requieren, los ultraja y los amenaza, porque los pobres "no saben quién soy yo". Y, si seguimos anotando casos, no alcanzan las páginas de este periódico para relacionarlos todos.

Pero volvamos al caso Pretelt. Nadie de nosotros, común de los mortales, lo podemos condenar antes de ser juzgado y vencido en juicio por sus jueces naturales. Pero lo que sí podemos es hacernos mil y una preguntas. ¿Es supuesto el soborno o es real? Si es real, ¿es la primera vez que exige o lo ha exigido en otros casos, desde cuando se posesionó como magistrado? Un hombre que declara tener 3.077 millones de pesos y que gana 27 millones mensuales, ¿para qué necesita 500 millones más? ¿Acaso no le alcanzan esos recursos para el sostenimiento suyo y de su familia? ¿Será que un hombre es capaz de comerse en su vida, 3.077 millones de pesos? ¿Cómo hará para consumir ese dinero? ¿Qué pensará de estas cifras un excluido, un desplazado, un desheredado de la fortuna, un hombre de la calle, un vendedor informal, un asalariado de barrio, un labriego?

Todas las preguntas que aquí formulamos, las trasladamos a su juez natural. Y, ¿quién es juez natural? La Comisión de Acusaciones, cuyo presidente, el representante Julián Bedoya, asume, mutuo propio, la conducción del proceso. Y, ¿quién es Julián Bedoya? Un señor que no es abogado, que fue expulsado de la Escuela de Policía General Santander, porque se vio envuelto en el extravío de un arma oficial. En la praxis del juzgamiento de las personas protegidas con fuero especial, suele seguirse el principio de que se adelante por "un par profesional". Entonces, ¿cómo es que un hombre, que solo tiene el título de bachiller, puede juzgar a un abogado, que ostenta la más alta magistratura de la nación? Todo esto ocurre, porque en la alta dirección del Estado (presidente de la República, ministros, legisladores, altos magistrados, jefes de organismos de control), no han efectuado el ejercicio de pensar por quince minutos, ¿cuáles son las funciones esenciales del Estado y cómo deben repartirse esas funciones? Y, digo que no se han detenido a pensar, así sea por quince minutos, porque lo que están proponiendo como gran reforma es un cambio para que todo siga igual, o peor, aún.

Entonces, ¿qué hacer?, preguntarán muchos. El caso es de fondo, y no puede resolverse en mil cuartillas. Se trata de la voracidad del poder y la riqueza, que es insaciable. Donde quiera que hay un centro de poder, hay un bandido, o para ser más exactos, un gran bandido, que lo aprovecha todo en su propio beneficio. El ser humano es uno sin poder y otro con poder. La cultura de la corrupción, como la cultura de la guerra, se halla enquistada en el alma colectiva de nuestra sociedad. Y, para volver a Hesíodo, debemos comenzar a construir una cultura de la ética y de la paz. Lo que hemos tenido, durante los últimos doscientos años, ha sido una cultura de guerra, violencia y antivalores.

Publicado en Edición 211
Martes, 24 Marzo 2015 14:41

Sacar la fe de las iglesias

Hubo un método de comunidades cristianas en sectores empobrecidos que hizo pelechar esperanzas por toda América Latina. Esperanzas y acciones. Acciones y procesos. Procesos y revoluciones. La revolución sandinista, por ejemplo, la que derrocó en Nicaragua una dictadura de varias décadas, tuvo ese método como acicate y motor. Llegó de Francia y en nuestras comunidades encontró suelo fértil. Era el final de los años 60 del siglo veinte, efervescentes y revolucionarios. El método juntaba celebración, vida, historia y tarea política, denominada revisión de vida y tenía tres elementos claves: ver, juzgar y actuar. Las iglesias se entendían como grandes comunidades de pequeñas comunidades.

El sujeto del método revisión de vida era una pequeña comunidad estrechamente ligada por circunstancias de vida: pobres, vecinos, se apreciaban, tenían problemas comunes, muchas de las preguntas que planteaban ante la vida les eran enteramente familiares. Se reunían cuando empezaba la noche, arrastrando el cansancio de la jornada, cantaban un poco o conversaban informalmente; sucedía en la vereda o en el barrio, en una piecita de la casa pobre o en un salón de la escuela; se alumbraban con una vela o con un bombillo de poca luz; el grupo era acompañado por un sacerdote, una religiosa, un pastor, un seminarista, una mujer o un hombre de la comunidad con formación para ese servicio. El encuentro tenía lugar, habitualmente, una vez por semana.

El momento del VER. Cada uno contaba, sin detalle, como quien enumera cosas de la vida, un hecho que le había marcado la semana o el tiempo transcurrido desde el último encuentro. Sin juicios, sin opinión, sólo se planteaban, sin demasiado detalle, hechos que habían marcado la semana: una situación con un vecino, un problema con un juez, un acuerdo de convivencia, el atropello de un policía, un maltrato de un empleador, el embarazo de la niña de 13 años, la fiesta del fin de semana, un desalojo, la minga para arreglar la toma del agua o el camino vecinal, la huelga recién iniciada, cómo un compañero o compañera resolvió una situación de injusticia.

El momento del JUZGAR. La persona que animaba el encuentro movía al grupo a seleccionar uno solo de los hechos relatados. No se trataba del hecho más grandioso o espectacular, o del más bien contado, o del relatado por la persona que tenía más influencia o del que más opinión movía. Se escogía el hecho que más importancia tenía para comprender la vida que estaban viviendo y para descubrir la tarea que tenían que asumir, juntando fuerzas, en el momento presente. Una vez seleccionado el hecho sobre el que iban a profundizar, se pedía al compañero o compañera que lo había dado a conocer que lo presentara con mayor detalle: por qué se dio, quiénes lo protagonizaron, en qué circunstancias ocurrió, cómo se resolvió, cómo lo reflexionaron, qué fuerzas se juntaron para afrontarlo, qué consecuencias estaba produciendo. Para juzgar el hecho –y aquí es muy importante la formación del animador o animadora del grupo– se buscaban algunos textos que pudieran dar nueva luz sobre el asunto con preguntas como ¿qué hubiera dicho y cómo hubiera actuado Jesús?, ¿conocemos algún texto del evangelio que nos pueda iluminar para dar un juicio sobre lo sucedido?, ¿qué dicen los teóricos al respecto: los científicos sociales, políticos, defensores de derechos?, ¿alguien puede leer algún otro texto, un cuento, una noticia, un poema, etcétera, que nos dé luces para un buen juicio?. Así equipado, el grupo podía empezar a juzgar con preguntas como, ¿qué conexión tiene lo vivido con la realidad social, política y económica del resto del país?, ¿cómo se conecta ese hecho con lo que sucede en América Latina y en el mundo?, ¿se hubiera podido actuar de otra manera?, ¿conocemos algún movimiento u organización política o social que nos pueda acompañar en el abordaje de hechos similares?, ¿esto les sucede a los más ricos o solamente nos pasa a los empobrecidos?, ¿esto podría ser de otra manera?

El momento del ACTUAR. La pequeña comunidad se declaraba suficientemente iluminada y fuerte espiritual e interiormente para asumir compromisos concretos en relación con los juicios dados al hecho revisado. Era el momento de plantear preguntas por la acción: ¿Cómo vamos a hacer frente a hechos similares en lo sucesivo?, ¿cómo vamos a fortalecer la unidad de vecinos para resolver hechos parecidos?, ¿podemos hacerles frente con eficacia si nos quedamos solos?, ¿qué aliados vamos a buscar?, ¿esos aliados están en las esferas del poder establecido o en las organizaciones populares?, ¿cómo nos podemos articular con otras experiencias de organización del pueblo? Después de estas preguntas, se tomaban unas decisiones concretas que seguirían siendo coordinadas y evaluadas por la propia comunidad.

Pues te cuento, querida lectora, querido lector, que eso sí era una fe viva. La gente solía comentar "¡con razón decía Jesús que llegará un día en el que la verdadera oración no se hará en los templos sino en las calles, en las casas y donde la gente se reúne y lucha!". Lo habitual era terminar la reunión tomando juntos algo sencillo pero acogedor, una aguapanela caliente y un pedazo de pan, comiendo y cantando juntos y evocaban la presencia de Jesús: "Cuando hagan eso, acuérdense que yo estoy en medio de ustedes". Se abrazaban y volvían a sus casas y sentían que algo nuevo había empezado a crecer en sus corazones.

* Animador de Comunión sin fronteras.
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Publicado en Edición 211
Martes, 24 Marzo 2015 14:30

Lo que vendrá para el San Juan de Dios

El pasado 11 de febrero fue reabierto simbólicamente el Hospital San Juan de Dios (Hsjd), lo que generó esperanzas en la mayoría de los bogotanos y preocupaciones a todos aquellos que han seguido de cerca la historia del complejo hospitalario.

El 11 de febrero será recordado por los bogotanos como el día en el que simbólicamente el San Juan de Dios reabrió sus puertas, luego de 14 años de abandono.

Muchos vieron ese miércoles como el día en que se marcó un hito en la historia de la capital colombiana. Otros, por el contrario, no cantan victoria y siguen viendo con lupa lo que para ellos no es una reapertura sino la simple compra de un predio por parte del Distrito que aún no garantiza que el San Juan pueda ser de "todos", como lo llaman los trabajadores de la entidad para enfatizar la inclinación pública del Hospital caracterizado desde siempre por la atención gratuita brindada a las personas de más bajos recursos del país.

Carácter público perdido luego de la implementación de la Ley 100 de 1993, que exigía la inversión tanto de la nación como los copagos de los pacientes, provocando un hueco fiscal que causó su cierre, dejando líos jurídicos y laborales sin solucionar, y a sus trabajadores a la deriva.

Ahora, cuando la administración distrital anuncia con bombos y platillos la reapertura del complejo, de la mano con el gobierno nacional, muchos se preguntan ¿Qué administración tendrá el hospital? ¿Cómo logrará la sostenibilidad de sus servicios? Y, lo más importante: ¿a quiénes les prestarán el servicio?

El pasado martes tres de marzo el concejo de Bogotá decidió responder las preguntas, lo que los llevó a concluir que la reapertura del Hsjd traería graves riesgos jurídicos y financieros. Según la Comisión de Hacienda del Concejo, "La ciudad deberá asumir el pago de pasivos pensionales por valor de 150.000 millones de pesos, que corresponden a 200 trabajadores que hoy reclaman esta deuda. Igualmente, al déficit cercano a unos cinco billones de pesos de 3.500 exfuncionarios de la Fundación San Juan de Dios".

Teniendo en cuenta esto, ¿es posible que el Distrito busque una alianza con entidades privadas para lograr la financiación? ¿Perdería su rumbo el San Juan de "Todos" con esta alianza?

Jorge Arango, médico cirujano integrante del comité prodefensa del Hospital "San Juan de Todos", ha seguido paso a paso el proceso del Hospital desde su cierre en el 2004, y recalca el rumbo que desde sus inicios ha tenido el complejo al estar regido por la ley 735 del 2002.

"El Hsjd era el único que estaba regido por la ley 735 del 2002 que reglamenta que el hospital debe subsidiar la oferta, lo que quiere decir que el paciente es lo que importa. Y no que subsidie la demanda, priorizando el lucro sobre el paciente", recuerda Arango. Sin embargo la esencia de hospital público se perdió. Y ahora, muchos colombianos guardan la esperanza de que la Ley Estatutaria, firmada recientemente por el presidente Juan Manuel Santos, pueda regresar ese carácter público, no solo al San Juan de Dios, sino a la salud en el país".

En ello concuerda el defensor del pueblo, Jorge Armando Otálora, luego de la visita realizada a principios de marzo al municipio de Riosucio, Chocó, zona que cuenta con un sistema de salud deficiente, como en muchas otras partes del país, y en el que la aplicación de esta Ley surge como la única solución para superar un déficit violatorio de los derechos humanos de sus pobladores.

"Hoy hay un instrumento, la Ley Estatutaria, que fue recientemente sancionada por el presidente. Ahora el gran reto es que las instituciones hagan realidad este instrumento jurídico, que el paseo de la muerte se erradique con esta herramienta; que el requisito permanente del suministro médico se acabe", expresó Otálora en rueda de prensa.

Ley Estatutaria

Remontémonos por segunda vez a ese 11 de febrero. Aquel día caluroso en el que celebraban la apertura del San Juan de Dios, el alcalde Gustavo Petro se dispuso a realizar su discurso. Para no dejar pasar la oportunidad de comprometer al Presidente delante de trabajadores y otros funcionarios estatales, aprovechó para recordarle la firma de la famosa Ley Estatutaria, "[...] la Ley que permitirá que la salud pública sea considerada como un pilar fundamental", afirmó de forma esperanzada delante de la multitud allí congregada.

Nuevamente los escépticos miraron con recelo la afirmación de Petro, entre ellos Mario Hernández, médico y profesor asociado del departamento de Salud Pública de la Universidad Nacional, quien dice que aunque la ley sea aprobada lo que realmente determina su enfoque es la práctica: "No basta con que el Presidente diga que el negocio se acabó. Siempre habrá una puja por el derecho, no basta con una ley para que se acabe, se materializa en el día a día", comentó.

Mario Hernández ha trabajado por varios años en el Centro de Historia de la Medicina de la Universidad Nacional y no duda en afirmar que aunque aprueben la Ley Estatutaria, esta tratará de retomar el sentido de la Ley Ordinaria a través de decretos propuestos en el Plan Nacional de Desarrollo, la misma ley que fue presentada en el 2013 para concretar ajustes financieros al sector y luego fue descartada debido a la movilización social de médicos, estudiantes y profesionales.

"Van a tratar de adaptar la Ley a la luz de la perspectiva restringida, ¿cuál es la forma de hacerlo? Los decretos que salgan de exclusiones van a ser absolutamente taxativos y van a empezar a cobrar copagos, por ahora, por el no post, después por lo excluido, y así van a iniciar a cobrar poco a poco", explica Hernández.

La otra preocupación derivada de la reapertura de este complejo hospitalario, es que éste solo es la punta del iceberg del ambicioso proyecto Ciudad Salud, propuesto para la capital del país desde la administración de Luis Eduardo Garzón en 2006 pero que nunca fue concretado, y ahora, con la apertura del Hsjd, parece volver a tomar nuevo aire.

¿Ciudad Salud para todos?

Desde los primeros estudios de Ciudad Salud, realizados por la Secretaría de Planeación, quedó establecido que el proyecto estaría compuesto por tres componentes: el complejo hospitalario, el proyecto de renovación urbana y usos conexos.

En el primer componente, se fijó que del mismo harían parte, además del San Juan de Dios, el Hospital Infantil de la Misericordia, el Hospital Santa Clara, El Instituto Nacional de Cancerología, el Hospital Universitario de la Samaritana, el Instituto Dermatológico Federico Lleras Acosta y el Instituto Materno Infantil.

La idea es que estos complejos hospitalarios estén junto a un centro de convenciones con auditorios, donde se reunirán académicos, científicos y empresarios; un centro comercial especializado en salud; y un complejo de vivienda, según los estudios base realizados por Planeación en 2006. Lo que promete, además de cambiarle la cara al centro ampliado de la ciudad, una inversión de capital tanto público como privado para hacer del proyecto un clúster de servicios de salud con reconocimiento no solo nacional sino también internacional.
En su conjunto, el proyecto deberá estar listo en el curso de 20 años, con una inversión total de alrededor de 2,2 billones de pesos, según el informe ejecutivo del 2007 de la Empresa de Renovación Urbana (ver tabla).

Según el informe, más del 50 por ciento correspondería a la construcción del área residencial y alrededor del 9 por ciento a la construcción de los elementos hospitalarios. "La inversión para la creación del componente hospitalario correrá por cuenta de los hospitales del área en asocio con las facultades de medicina y de otros posibles inversores privados que se vinculen, especialmente en la construcción del Centro de Excelencia (o la readecuación del Hospital San Juan de Dios como sede del Centro de Excelencia)", explica el doctor en Administración y Políticas de Salud de la Universidad de Hull, Inglaterra, Román Vega en su artículo Ciudad Salud o el doble negocio para profundizar la comercialización de la salud.

Ante estos diseños expuestos por la entidad hace nueve años, Vega explicó lo que para él sería la agudización de la comercialización de la salud, "Si el proyecto se realiza como está contemplado en los documentos de la Consultoría se profundizará la comercialización de los servicios médicos de salud en Colombia, aumentará la brecha de desigualdad de ingresos entre los trabajadores de la salud y el capital financiero, agravará la crisis del sector público de la salud en Colombia, hará más difícil la democratización del sistema de salud, y será un golpe a la materialización del derecho a la salud, a la educación y a la vivienda de los grupos sociales en desventaja", opinó.

Por otro lado, Román Vega recuerda que el plan de renovación urbana da por hecho el traslado (léase desplazamiento o desalojo) de los habitantes del sector: las familias históricas, los trabajadores independientes y los pequeños comerciantes. "Podrían ser desplazados del área con la consiguiente pérdida de sus trabajos o venta a bajos precios de sus propiedades actuales", explica Vega, quien ha realizado una serie de informes sobre el plan Ciudad Salud.

Estas apreciaciones congelan la fiesta de quienes pensaban que realmente el acto del 11 de febrero en la entrada del antiguo pabellón de administración del Manicomio de Cundinamarca podría revivir al San Juan de "Todos", sin embargo, el Hospital primero tendrá que librar los obstáculos legales y financieros que enfrenta para llegar a ser, lo que alguna vez fue, como ente público al servicio de los más necesitados de los pobladores del país.

Breve historia del Hospital San Juan de Dios (Hsjd)

-  1564. Apertura del “Hospital San Pedro”, Donado por Fray Juan de los Barrios y Toledo.

-  1739. Traslado del Hospital para las calles 11 y 12 de las carreras 9ª y 10ª

-  1828. El Hospital se convierte en una Institución de Beneficencia.

-  1835. La Cámara de Bogotá le da orientación asistencial y docente por medio de la Escuela de Medicina.

-  1869. El Hospital queda bajo la dirección del Estado Soberano de Cundinamarca.

-  1925. Establecimiento del HSJD en los predios de La Hortúa.

-  1979. Pasa a ser administrado por la entidad de carácter privado “Fundación San Juan de Dios” en asocio con la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional.

-  1993. Aparición de la ley 100 de Seguridad Social.

-  2001. Clausura del Hospital por considerarse inviable financieramente.

-  2002. El Hospital es declarado, junto con el Instituto Materno Infantil, como Patrimonio Histórico y Cultural de la Nación.

-  2012. El alcalde de Bogotá Gustavo Petro inicia el plan de reapertura.

-  2014. El HSJD es adjudicado al Distrito de Bogotá.

Publicado en Edición 211
Martes, 24 Marzo 2015 14:23

Salario mínimo diferencial por regiones

Diferenciar el salario no es una propuesta nueva, pues así rigió la remuneración mínima durante los años 40 del siglo XX, cuando fue implementado en Colombia. Sin embargo, los tiempos no son los mismos y a los derechos no puede renunciarse. La reconsideración por parte del Gobierno de aplicarla a raíz de un estudio reciente de Fedesarrollo amerita una evaluación de sus implicaciones para el país.

Desde 1945, cuando se constituyó oficialmente el salario mínimo legal (SML) en Colombia, su cantidad ya se encontraba ligada a la región y actividad económica del sitio donde se aplicara. La diversidad de salarios era mucha, pues dependía de la zona del país, el tamaño de la empresa, su sector económico y la edad de sus trabajadores. Con el ánimo de llegar a una posible estandarización, hacia 1964 fue realizada una reforma que condicionó su cantidad a partir de dos factores: la actividad económica (comercio, manufacturera, servicios, transporte, construcción, etcétera) y el sector en que se aplicara (urbano, rural)1.

Es importante retomar este periodo pues fue el tiempo en que Colombia hizo oficial, por primera vez, una diferencia de salario entre las urbes y las zonas rurales, es decir, le dio existencia a un salario mínimo rural, bajo el entendido de que en las ciudades la manutención y vivienda tiene un costo mayor, en cambio, para sostenerse en las zonas rurales no se justifica un SML muy alto.

Una última reforma data del año 1983, cuando se consiguió la unificación del salario mínimo para la totalidad de los trabajadores colombianos. Según Álvaro Zerda, Doctor en Economía y profesor de la Universidad Nacional de Colombia, la reforma se dio porque "En su momento se consideró que no había que hacer esa diferenciación; legalmente los trabajadores tenían los mismos derechos y por tanto el salario debía ser igual; por otro lado, también, el salario hace parte de la demanda agregada y lo que estimula la economía es la demanda, por lo tanto, garantizar un mismo salario en todas las regiones implica que, en contraste con un salario diferencial, la demanda está nivelada en todo el territorio nacional y de esa forma se estimula la economía, generando más empleo".

Sin embargo, en la última década varias organizaciones, entre ellas la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) y Fedesarrollo, han propuesto nuevamente una diferenciación del salario mínimo, cuya base para asignarlo sería, esta vez, el nivel de productividad, los ingresos regionales y las condiciones de vida según el lugar de aplicación.

El principal argumento para tomar nuevamente en consideración la propuesta es que existen diferencias muy grandes entre regiones en lo que respecta a niveles de productividad, y por consiguiente una brecha entre las condiciones de vida, cuyo origen radica en que el salario mínimo en los sitios donde la productividad es menor cohíbe a los empresarios para contratar trabajadores, ocasionando así un mayor nivel de desempleo e informalidad laboral.

César Augusto Pabón, economista investigador en Fedesarrollo y uno de los autores del informe en que la entidad soporta nuevamente su propuesta2, afirma que "Las consecuencias positivas son muy plausibles; mayores niveles de productividad en las regiones, mejores ingresos, y una formalización del mercado laboral, pues hay muchas personas que no se pueden contratar; se estima que el nivel de informalidad en las zonas rurales es de aproximadamente el 70 por ciento, entonces, en caso de ser aprobada, en estos sitios se permitirá mayor contratación, y tal vez llegar al nivel de informalidad que se maneja en las ciudades, aproximadamente de 40 o 30 por ciento".

Bemoles. A pesar de que la propuesta tenga la pretensión de diferenciar el SML por regiones, hay una realidad que no puede negarse: esta diferenciación ya existe y es latente en todo el país; de acuerdo a cálculos del Dane, mientras en las zonas rurales el rango de pobreza mínimo está alrededor de cuatrocientos cincuenta mil pesos, en las zonas urbanas éste llega a ser de ochocientos a ochocientos cincuenta mil pesos, aunque la cifra es cuestionable pues se presume que este rango es muy optimista con respecto a la situación real de Colombia.

Así las cosas, la principal razón para la implementación de la medida por parte de sus impulsores no es reducir la inequidad social, sino restar cifras al índice de informalidad que existe lo cual "[...] es una falacia completa, así como también lo es que reduciría el desempleo, nada se reduce, sino que se mantiene en las mismas condiciones. Tampoco estimularía la creación de empleo, pues su estimulante es que haya más demanda para que las empresas puedan responder a una mayor demanda en el mercado, así como el aparato productivo en general, y que la población tenga una mayor capacidad adquisitiva".

De tal manera, la posible aplicación de la medida no estaría en pro de mejorar las condiciones laborales de los trabajadores sino que, por el contrario, implicaría una regresión al salario mínimo rural y un empobrecimiento de las condiciones laborales para los de overol.

Para Luis Pedraza, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (Cut), "Esa es una propuesta de exclusión social. Es un asunto absolutamente neoliberal, absolutamente desconsiderado con el país y es el clásico planteamiento de Fedesarrollo. Es como decir que en Bogotá debe haber un salario mínimo para los trabajadores que están en el norte o en el centro, y uno diferente para Ciudad Bolívar o para las zonas rurales de la capital. Tanto un campesino como un indígena tienen los mismos derechos derivados de la Constitución Política, como un trabajador de las capitales de los departamentos o de las ciudades más desarrolladas. Se trata es de construir equidad social y no de profundizar la desigualdad".

Pensando con el bolsillo. La perspectiva que plantea Fedesarrollo y las demás entidades que han apoyado y promovido la propuesta se limita a una visión del mercado, sin tener en cuenta las implicaciones sociales que conlleva, como la desigualdad que podría generarse entre departamentos, la profundización de la brecha social, la improductividad laboral ante un menor salario, y la posible migración masiva que podría presentarse de los lugares con menor salario a aquellos en que la paga es mayor.

Ante el posible riesgo, Pabón asegura que "El impacto negativo que ve Fedesarrollo a corto/mediano plazo es precisamente ese, sin embargo, por leyes del mercado, el equilibrio tenderá a que esa posibilidad no sea tan fuerte como se espera. Claramente el Gobierno tendrá que tener eso en cuenta e implementar medidas para que no se genere tal migración entre zonas rurales y urbanas".

En esa medida, la propuesta no tiene cubiertos factores e implicaciones vitales en el caso de aplicarse a Colombia, y su fin último sería acabar con el salario mínimo, formalizando y profundizando la inequidad social. "Los empresarios y los teóricos" –agrega Zerda–, "entidades como Fedesarrollo y demás, conciben el salario como un costo de producción. Si sube el salario, sube el costo de producción de las mercancías y los empresarios tienen menos ganancias, lo que conlleva un menor estimulo y disposición a invertir; entre menos se invierte, menos empleo se genera".

De esa manera –continúa Zerda–, "[...] los costos de los productores disminuyen y con ese margen que queda, contratarán más trabajadores. La idea es absurda, no contratarán más trabajadores. Todas las reformas laborales hechas desde el 93 para acá, las han realizado con el argumento de generar más empleo. Falso. Las tasas de desempleo desde los 80 y 90 han disminuido, pero más por fenómenos externos, como la bonanza de los recursos primarios, y también por procesos de informalidad, que porque se haya generado empleo digno [...]".

De las entidades proponentes a lo largo de los años de este tipo de medidas, la Ocde es una de las que ha enfatizado esta y otras propuestas, como la de elevar la edad de jubilación de la mujer a 62 años. Las reacciones en el Gobierno han sido variadas pues, en 2013, ante la reiteración de implementar un salario mínimo regional, la entonces Alta consejera para la gestión pública y privada, Catalina Crane, consideró que en la práctica "[...] es totalmente imposible implementar salarios diferenciales por regiones, pues ellos lo proponen en su contexto, sin entender la dificultad de aplicar eso en Colombia". Por su parte el ministro de Trabajo, Luis Eduardo Garzón, la calificó en enero de este año como "Una propuesta con más pros que contras, pues cabe la posibilidad de establecer un salario mínimo específico para cada región que esté acorde con sus necesidades".

Según informes, el Gobierno iniciaría una gira por todos los departamentos para estudiar y valorar la propuesta. Si tal posibilidad es cierta, es importante tener en cuenta todas las implicaciones, tanto políticas, económicas y sociales que tendría su aplicación, pues, como afirma Pedraza, "Es por la vía de las reformas estructurales que la situación del país se puede trascender y no por la vía de socializar la pobreza como sucedería con ese tipo de medidas".

 

1 Portafolio, La historia detrás del Salario Mínimo - Liliana Rojas, 09/01/2009 http://www.portafolio.co/opinion/blogs/viva-vision-de-valores-sa/la-historia-detras-del-salario-minimo
2 Fedesarrollo, Informe Mensual del Mercado Laboral, Algunas Consideraciones sobre el Mercado Laboral Regional en Colombia, http://www.fedesarrollo.org.co/wp-content/uploads/IML-Noviembre-2014.pdf

Publicado en Edición 211
Martes, 24 Marzo 2015 10:00

Una experiencia de comunicación popular

En la localidad de Ciudad Bolívar se desarrolló durante el 2014 una experiencia de comunicación popular con el fin de realizar jornadas de difusión del parque Altos de La Estancia.

La experiencia consistió en conjugar elementos de la comunicación popular, como por ejemplo murales de difusión y perifoneo de cuñas radiales convocando a participar de los eventos y actividades en el parque, con el lenguaje multimedia que permite la internet: creación de blogs y convocatorias por correos electrónicos y redes sociales para la difusión de la información en este sector del suroccidente de Bogotá.

El objetivo fue la creación de una base social juvenil, por medio de la capacitación, que apoye la estrategia de comunicación en el área de influencia del parque Altos de La Estancia por medio de la capacitación en comunicación, con énfasis en radio, graffiti, fotografía y video.

Es de resaltar que ninguno de los jóvenes quiso tomar los talleres de prensa, lo cual demuestra que este lenguaje pierde relevancia entre las nuevas generaciones, constituyendose, sin duda, en una falencia para la construcción de escuela crítica con los jóvenes que poco les interesaba la lectura y la escritura.

Dentro de las actividades de la red de comunicación fueron pintados diez murales de difusión del Parque. Además se realizó una minga de muralismo en la Semana de Altos de La Estancia (octubre de 2014) pintando con el apoyo de artistas de la ciudad el muro de contención del barrio Espino I, con un área de 2.500 metros cuadrados.

En cuanto al trabajo adelantado en producción audiovisual, el colectivo Los Estancinos Alternativos (del colegio La Estancia) realizaron el documental "La historia bajo la tierra" que relata, por medio de testimonios de los habitantes, el proceso de poblamiento y los posteriores riesgos de remoción en masa presentados en el territorio. Además de lo anterior, fue realizado un video clip de la red.

Con el grupo de fotografía, se realizó una exposición durante la Semana de Altos de la Estancia: "Recordando el pasado, viviendo el presente", que recoge la mirada de Lizeth Orozco, una joven del barrio Casa Grande, y José Lermo Valencia, vigía ambiental del barrio Casa Loma, que pertenecen a la Mesa de Técnica de Trabajo Altos de La Estancia. Su exposición fue una invitación para ver el territorio que habitan, un viaje sobre terrenos fracturados, de recuerdos y vestigios de barrios vecinos que desaparecieron a causa de los deslizamientos de tierra entre 1997 y el 2003.

De igual manera, los equipos de producción radiofónica que se conformaron (en Santo Domingo, con el apoyo de la Asociación Cristiana a de Jóvenes – ACJ, y en el colegio La Estancia, con el apoyo de la Red de Emisoras Escolares Alternativas del Territorio Sur –Reats) realizaron cuñas radiales para su perifoneo por los barrios del área de influencia del Parque.

En especial los mensajes transmitidos estimulaban a la comunidad para cuidar el Parque, no arrojar basuras y vincularse a las huertas agroecológicas que están en construcción; como también la difusión de las actividades realizadas dentro del Parque, como el Festival del Viento en agosto, la clausura del diplomado en agroecología para la mitigación del riesgo, la primera semana distrital del parque Altos de La Estancia y el Encuentro de comunicación popular.

En otras palabras, el apoyo de la red de comunicación Altos de La Estancia fue una gran experiencia en materia de comunicación popular, que permitió acercar a las comunidades entorno a un objetivo en común. En este caso la construcción y recuperación del Parque para beneficio de todos los habitantes de Ciudad Bolívar.

Sin embargo, este trabajo se queda corto en la medida que los jóvenes requieren de un proceso de acompañamiento y capacitación, articulado con otros colectivos de comunicación de la localidad. Lo que demuestra esta experiencia son las posibilidades que brinda la articulación de diferentes grupos: desde el arte, la cultura y la comunicación, para formar nuevas maneras de difusión en los barrios; que sobrepasen los individualismos de cada grupo. Esto es lo que podría incidir en la formación ciudadana y hacer contrapeso al monopolio de la comunicación que vivimos a diario.

* Politólogo y comunicador popular. Facebook: Red Comunicación Altos de la Estancia. Correo: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. - www.redestancia.blogspot.com

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