En menos de una década Río de Janeiro está padeciendo tres grandes eventos que modifican su fisonomía: los Juegos Panamericanos en 2007, la Copa del Mundo en 2014 y los Juegos Olímpicos en 2016. Esa sucesión de megaeventos deportivos en tan poco tiempo es aprovechada por el capital financiero para remodelar una de las ciudades más bellas del mundo, donde obtiene enormes ganancias y provoca daños irreparables a los más pobres.


Este mes el Comité Popular de la Copa y las Olimpiadas de Río lanzó el cuarto dossier titulado Megaeventos y violaciones de los derechos humanos en Río de Janeiro (se puede bajar de comitepopulario.wordpress.com). A lo largo de 170 páginas analiza las principales consecuencias que están teniendo sobre la ciudad y su población, a la vez que pone al descubierto quiénes se benefician con las millonarias obras que imponen, entre otras, la FIFA y el Comité Olímpico Internacional.


Los megaeventos deportivos marcan el retorno de la forma más violenta de menosprecio de los derechos a la vivienda en la ciudad, puede leerse al comienzo del dossier. Se trata de una limpieza social que consiste en relocalizar a los pobres para abrir oportunidades de negocios a las grandes empresas, en zonas nobles como Barra da Tijuca, Jacarepaguá y el centro histórico, mientras los traslada a zonas lejanas donde deben remprender sus vidas desde la nada. Hasta ahora son casi 5 mil familias desplazadas de 29 comunidades, estando otras 5 mil amenazadas de desalojo.


El Comité de la Copa apoya con estudios y análisis a las comunidades desalojadas, pero sus miembros también ponen el cuerpo para resistir a las excavadoras que derriban viviendas. Las mujeres están a la cabeza de la resistencia, como Inalva Britos, en Vila Autódromo, y Alessandra en el morro da (cerro de la) Providencia. En los barrios populares las mujeres venden comida en el vecindario o hacen artesanías, estrategia de sobrevivencia que no van a poder continuar en los desolados barrios del programa Mi Casa Mi Vida. Resistir es cuestión de vida.


Río es la ciudad más afectada por la especulación inmobiliaria. El precio de las viviendas subió 65 por ciento entre 2011 y 2014, frente a un promedio de 52 por ciento en Brasil. El precio de los alquileres subió 43 por ciento, frente a 26 por ciento en São Paulo. La lista de obras es impresionante: dos estadios (el Olímpico y Maracaná), la Villa Olímpica y el Puerto Maravilla; seis líneas de trenes livianos, ampliación del metro y de las autopistas o vías rápidas urbanas: todo financiado con dineros públicos.


Sólo la remodelación en Río, de Maracaná demandó mil 50 millones de reales (470 millones de dólares). El presupuesto de obras aumentó 65 por ciento desde lo presupuestado en 2010, alcanzando la astronómica cifra de mil 500 millones de dólares sólo para las obras del Mundial y las Olimpiadas. Las principales beneficiarias son las grandes constructoras: Odebrecht, OAS, Camargo Corrêa y Andrade Gutierrez. Casualmente, las que mayores aportes hacen a los partidos políticos en las campañas electorales.


Maracaná ha sido remodelada completamente por Odebrecht, que conserva además la apetecida gestión del recinto. Comparte con Andrade Gutierrez la construcción y gestión de la Villa Olímpica, con OAS la gestión del estado Olímpico, y así hasta 20 grandes obras en Río de Janeiro, cientos en las 12 ciudades sedes del Mundial, incluyendo nuevos aeropuertos y hoteles. Sólo la nueva Terminal 3 del aeropuerto de Guarulhos (São Paulo) tuvo hasta ahora un costo de mil 500 millones de dólares.


Nada de esto se puede hacer sin represión. La ocupación por el ejército del Complexo da Maré (130 mil habitantes en 16 favelas), hasta que termine el Mundial, es apenas la acción más conocida por la población. Esta semana el gobierno del estado de Río informó de la incorporación de ocho nuevos blindados para el Batallón de Operaciones Especiales (BOPE), que serán utilizados en los operativos de "pacificación de las favelas" ( O Globo, 24/06/14).


En los cuatro meses previos al Mundial, la Secretaría de Estado de Río informó de 4 mil 250 internaciones forzosas de personas en situación de calle, quienes son trasladadas a un albergue a 70 kilómetros del centro de la ciudad, donde, según el dossier de los Comités de la Copa, son alojados en condiciones precarias y sufren prácticas de tortura.


Río de Janeiro se está convirtiendo en una ciudad cada vez más cara y desigual, señala el dossier del Comité de la Copa. Una ciudad fracturada, conflictiva, como sucedió en el reciente carnaval, cuando más de 70 por ciento de los 14 mil recolectores de basura entraron en huelga. Luego de ocho días de duro conflicto y descalificaciones, una de las categorías peor pagadas obtuvo un aumento de 37 por ciento en su salario base, que aun así es de apenas 500 dólares. Pese a las presiones, aún se mantiene el enorme campamento de 4 mil personas organizado por el MTST (Movimiento de Trabajadores Sin Techo) a tres kilómetros del estadio Itaquerão.


Cuando se lleva disputada la mitad del Mundial, las manifestaciones han descendido y la cantidad de personas movilizadas es menor que en las semanas previas. Aun así, las protestas están lejos de desaparecer. Nadie olvida el éxito de las jornadas de junio de 2013, que consiguieron frenar los aumentos del boleto de transporte urbano, pero que en realidad cuestionaban el modelo de ciudad que va imponiendo el capital con apoyo de una amplia coalición de partidos.


Un reciente comunicado del MTST, que mantiene un campamento de 400 personas frente a la cámara municipal en demanda de vivienda popular, asegura que su lucha no comenzó con el Mundial ni se terminará cuando finalice. Reafirmamos que el gran legado del Mundial fue la especulación inmobiliaria y la exclusión urbana.

Después de julio, cuando el balón deje de rodar y se apaguen los fuegos de artificio mediáticos, los brasileños volverán a su vida cotidiana, pagando precios abusivos por un transporte pésimo. La resistencia al extractivismo urbano recién comienza.

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A dos días de que empiece el Mundial de 2014 en São Paulo, el Gobierno brasileño anunció la noche de este lunes que atenderá las reivindicaciones del movimiento que ha organizado durante estos meses las mayores protestas contra los gastos de la Copa. El acuerdo alcanzado con el Movimiento de Trabajadores Sin Techo (MTST) se supone que desinflará las protestas durante la celebración del campeonato, un alivio para la presidenta Dilma Rousseff, que en los últimos días ha visto cómo las huelgas y las marchas han convertido en un caos algunas de las principales ciudades del país.


Después de este primer acuerdo aún está por ver qué pasará con la huelga de metro, que este lunes provocó en São Paulo uno de los peores días de tráfico que se recuerdan. Los funcionarios del suburbano también decidieron suspender el paro a última hora de la tarde, pero solo durante un día y con condiciones. El miércoles, víspera del comienzo del Mundial, volverán los paros si el Gobierno del Estado de São Paulo no readmite a los 42 funcionarios que despidió horas antes por su participación en piquetes para exigir mejoras salariales. Si no hay acuerdo, la huelga puede paralizar la metrópoli el día que empiece a rodar el balón.


Desde las protestas multitudinarias que comenzaron en junio del año pasado a causa del aumento de los billetes del transporte público, el Movimiento de los Sin Techo ha seguido organizando protestas en las calles contra los gastos del evento. Creen que el Gobierno debería invertir en educación, salud y vivienda de la misma forma que ha invertido en las infraestructuras del Mundial. El MTST lideró la ocupación de 2.000 familias de un terreno próximo al Arena Corinthians, que será este jueves el escenario de apertura del campeonato. Su lema es que "si se tiene dinero para la Copa de la FIFA, se tiene que tener para la Copa del pueblo".


La ocupación de los terrenos fue bautizada como la Copa del Pueblo. La construcción del Corinthians en la lejana zona de Itaquera revalorizó el lugar, que sufrió un aumento de los alquileres del 165% en los últimos seis años, según la organización, lo que ha expulsado a parte de la población. Una de las principales exigencias del MTST era la construcción de viviendas para sus habitantes. El Gobierno se ha comprometido este lunes a construir 2.000 casas para ellos.


El movimiento también ha logrado que se amplíe y mejoren las condiciones de un programa social de vivienda y el Gobierno se ha comprometido a estudiar entre varios ministerios cómo mejorar la resolución de conflictos en las calles. El objetivo del MTST es que se limite el uso de la fuerza en las actuaciones de la Policía Militar durante los desalojos de zonas ocupadas.


Rousseff ha dado su brazo a torcer para tratar de garantizar la paz durante el campeonato, ahora que el calendario ya corre en contra y después de las amenazas del líder del Movimiento, Guillerme Boulos, que días atrás prometió una "radicalización" de las protestas si el Gobierno no cedía.


El otro frente abierto, el de la huelga del suburbano, va más al límite. Este lunes, un nuevo choque entre la policía y los trabajadores de metro elevó la tensión en São Paulo. El incidente, que se originó en la estación de Ana Rosa, una de las principales de la capital paulista, terminó con la detención de 13 manifestantes. El choque se produjo antes del amanecer. Los huelguistas, que cuentan con el apoyo de otros grupos como el Movimiento de los Trabajadores Sin Techo (MTST) o el Movimiento por el Pase Libre (MPL), habían convocado una manifestación en ese lugar a las siete de la mañana. El conflicto se extendió hasta la calle Vergueiro, una concurrida vía cerca de la Avenida Paulista y por la que se accede a la estación de metro. En la calle, los manifestantes levantaron barricadas con los contenedores de basura a los que prendieron fuego. La Policía Militar utilizó gases lacrimógenos contra los manifestantes.


La protesta colapsó el tráfico de la ciudad. A las 10.30 hora local, se registraron 170 kilómetros de atascos. "He tardado dos horas para hacer un recorrido que suelo hacer en 30 minutos", aseguraba el taxista Dorivaldo Aguiar. Si el tráfico sigue igual el próximo jueves, cuando empiece el Mundial, el recorrido desde el centro hasta el estadio Itaquerão, sede del partido de inauguración entre Brasil y Croacia, será de dos horas y media de viaje y a un coste de 150 reales (67 dólares), según sus cálculos. En días normales, este mismo recorrido se puede hacer en 50 minutos y por 90 reales (40 dólares).


El secretario de Transportes del Estado de São Paulo, Jurandir Fernandes, cumplió la amenaza de despedir a los trabajadores que participaran en la huelga. Fernandes notificó el despido a 42 empleados por medio de un telegrama. Si no hay marcha atrás, conductores y revisores prometen convertir en un caos la inauguración del Mundial.

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"Si no cumplen con nuestras exigencias vamos a parar la Copa. Si no respetan nuestros derechos, el 12 de junio no habrá inauguración". La amenaza, recurrente, esta vez vino del Movimiento de los Trabajadores Sin Techo (MTST), que protagonizó este jueves el tercer día de caos en las calles de São Paulo. La marcha, organizada con la Frente de Resistencia Urbana, fue calificada por los convocantes como "la mayor manifestación del año en la ciudad". La Policía Militar afirmó que cerca de 5.000 personas asistieron, mientras los organizadores elevaron el número a 20.000.

 

"Nosotros tenemos una propuesta clara. No sacar provecho del Mundial sin que sean respetados nuestros derechos. El balón está con el pueblo. Queremos nuestra rebanada del pastel y no migajas", afirmó Guillherme Boulos, líder del MTST, antes de atacar también las constructoras que serían, según él, las principales beneficiadas por el evento. La amenaza fue clara: "Nos dijeron en Brasilia que los recursos para vivienda acabaron, mientras los de la FIFA no. O aparece el dinero o el junio de la Copa se convertirá en un junio rojo [en referencia el color que identifica los movimientos populares]".

 

Entre los activistas también se encontraban estudiantes y grupos que, hace meses, levantaban la bandera contra la organización del Mundial en Brasil. La Frente de Resistencia Urbana, que también coordina organizaciones de trabajadores sin techo, reúne muchos otros movimientos sociales. Las reivindicaciones, reiteradas en tres protestas solo en este mes, abarcan, además de vivienda, salud, transporte y educación, una pensión vitalicia para las familias de los obreros muertos e incapacitados durante las obras de la Copa. En total, nueve trabajadores han muerto durante los trabajos realizados en los estadios que serán sede del torneo, cuyos gastos superan con diferencia los efectuados en los dos últimos mundiales en Sudáfrica y Alemania.

 

La protesta arrancó bajo el grito: "Copa sin pueblo, todos a la calle de nuevo" y mantuvo cerradas varias vías importantes de la ciudad brasileña durante horas punta. A las 19.00 horas, São Paulo, una de las metrópolis con el peor tráfico del mundo, registró 248 kilómetros de lentitud, un tránsito cercano al récord del año, alcanzado en el miércoles cuando los conductores y cobradores de autobuses estacionaron sus vehículos en medio de la calle para exigir mejores condiciones de trabajado.

 

En São Paulo existen hoy cerca de 290.000 edificios deshabitados, según la Secretaria Municipal de Habitación. A pesar de ello, casi 3,2 millones de personas viven en condiciones inadecuadas, de acuerdo con un informe municipal. Esto significa que o no son propietarios de la casa donde viven por haber sido construidas irregularmente —como las favelas—, pagan un alquiler excesivo en relación con su renta o viven en áreas de riesgo. Se trata del 30% de los más de 11 millones de habitantes de la ciudad.

 

A menos de un kilómetro del estadio en que se jugará el partido inaugural de la Copa, la Arena Corinthians (Itaquerão), hay una comunidad compuesta por 300 familias que esperan viviendas populares y viven con un alcantarillado abierto y con problemas de abastecimiento eléctrico. En la zona se instaló uno de los campamentos del MTST, que reúne actualmente 5.000 familias en la denominada "Copa do Povo [Copa del Pueblo]", que reclama una casa propia del programa federal Minha Casa Minha Vida.

 

La cercanía del torneo ha empujado a los trabajadores de los más diversos gremios —profesores, policías, conductores de transporte público— a convocar a la paralización de sus actividades para hacer una demostración de fuerza justo antes de que inicie la Copa. El pasado ocho, durante la primera manifestación del Frente de Resistencia Urbana, centenares de sin techo invadieron las sedes de las tres grandes constructoras en São Paulo: la Odebrecht, la Andrade Gutierrez y la OAS, todas responsables de obras de infraestructura para el Mundial. Entonces, los líderes de la protesta se reunieron con la presidenta Dilma Rousseff, que estaba de visita en la ciudad, quien se comprometió a encaminar sus reivindicaciones y ajustarlos a los programas del Gobierno federal. La marcha de este jueves es un aviso de que no han olvidado esa promesa.

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Lejos de ser una imagen apocalíptica de un militante radical, es la lectura que hizo el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Gilberto Carvalho, al salir el martes 29 de un encuentro con movimientos sociales en Río de Janeiro, donde fue increpado y abucheado por militantes contrarios al Mundial de Futbol. El ministro aceptó que una parte de la sociedad piensa de ese modo, pero que se trata de una pequeña vanguardia. Agregó que las críticas son la olla de presión que explota ( O Estado de São Paulo, 29/4/14).


En el gobierno hay preocupación por lo que pueda suceder durante el Mundial. El nivel de rechazo al encuentro deportivo ha venido creciendo de forma sostenida. Según la empresa de opinión pública Datafolha, éste fue apoyado por 79 por ciento de los brasileños en 2008, cifra que cayó a 48 por ciento en abril (datafolha.folha.uol.com.br, 8/4/14). La mayoría de la población afirma que no volvería a postular al Brasil como sede de un Mundial.


Las razones son muchas: desde el despilfarro de dineros públicos en las obras de los estadios, que benefician a un puñado de grandes constructoras mientras escasean recursos para salud, educación y transporte, hasta la expulsión de miles de personas de sus barrios para ampliar aeropuertos, autopistas y estadios, a lo que se agrega la legislación que impone la FIFA, que impide la venta ambulante en las cercanías de los estadios, y un conjunto de disposiciones sentidas como agravios por buena parte de la población.


Pero el dato central es la rebelión que se propaga desde las favelas, sobre todo en Río y en São Paulo. En los últimos meses el activismo en las favelas crece a la par de la violencia policial, y por momentos se desborda hacia el asfalto. Podemos observar, en el último año, tres momentos en este creciente activismo.


El primero se registró un año atrás, en la coyuntura creada por las manifestaciones de junio. Pese a la dura represión (balas de goma en el asfalto y balas de plomo en la favela), las movilizaciones de los favelados comenzaron a crecer. En julio se multiplicaron por la desaparición del albañil Amarildo de Souza en la Unidad de Policía Pacificadora (UPP) de la favela Rocinha. El hecho se convirtió en símbolo de las torturas y asesinatos de la policía militar.


En diciembre y enero fueron los rolezinhos, la salida masiva de jóvenes de las favelas para divertirse, bailar funk y cantar en los grandes centros comerciales. Este fenómeno se produjo sobre todo en São Paulo, llegando a congregar hasta 6 mil adolescentes que fueron recibidos con insultos por clientes y empleados, y a golpes por la policía y los guardias privados de los shoppings. En Brasil el funk es considerado un género emparentado con el narcotráfico y suele ser perseguido.


El tercer momento se está viviendo ahora mismo. El 16 de marzo Claudia da Silva Ferreira fue herida por la policía militar en una operación en la favela Morro da Congonha, en Río. Su cuerpo fue colocado en el maletero del coche patrulla para llevarlo al hospital pero, al abrirse la puerta, cayó al pavimento y fue arrastrado 300 metros; falleció en el trayecto. Las redes difundieron la filmación, que provocó una oleada de indignación.


El 22 de abril apareció el cuerpo del bailarín de la Tv Globo Douglas Rafael da Silva en una guardería de la favela Pavao Pavaocinho, adonde había ido a visitar a su hija de cuatro años. Como los demás, fue confundido con narcotraficantes y muerto a golpes. Días después cientos de manifestantes ocuparon la avenida Nuestra Señora de Copacabana, cercana a la favela, gritando Policía asesina. En la represión, un niño de 12 años fue muerto por la policía. Como siempre, la policía mintió y fue la población la que mostró evidencias que la inculpan.

Lo nuevo es la capacidad de expresar la rabia en una de las principales avenidas de uno de los más coquetos barrios de Río de Janeiro. Tres hechos están en la base de la creciente movilización de los pobres urbanos.


Las políticas sociales están mostrando límites. En los primeros años del gobierno de Lula (2003-2011), las transferencias monetarias y los sucesivos aumentos del salario mínimo consiguieron mejorar de forma sustancial los ingresos de los más pobres. Con los años enfrentan otros problemas: baja calidad de los servicios, sobre todo salud y educación, y pocas posibilidades de acceder a mejores empleos.


En segundo lugar, las políticas de contención policial, complementarias de las sociales, han fracasado. Las UPP, instaladas en 38 de las 700 favelas de Río, no solucionan el problema del narcotráfico y empeoran la vida de la población. El sociólogo José Claudio Alves sostiene que las UPP son una fuerza de ocupación, y no una fuerza de cambio de la lógica política, económica, social y cultural de las comunidades ( IHU Online, 14/4/14).


Por un lado, impiden las manifestaciones culturales de las favelas asociadas al funk. Por otro, afectan las ganancias del negocio narco, pero no el negocio en sí. No alteran la esencia del crimen organizado, alteran sólo la forma de funcionar, dice Alves. Para desarticular a las bandas criminales se debería atacar al propio aparato estatal, como la policía, que es la que las organiza.


En tercer lugar, los favelados están perdiendo el miedo. Antes de ocupar las avenidas gritándole a la cara ¡asesinos! a los policías, han ensayado largo tiempo la rebelión en sus espacios seguros. Son siglos de agravios acumulados. Las obras del Mundial son un insulto adicional. En la favela Morro da Providencia (pegada a la bahía de Guanabara y al puerto), la única plaza fue ocupada por el enorme soporte del teleférico, para que los turistas puedan fotografiar a los pobres, desde arriba y en un lugar seguro.


Ya se sabe lo que sucede cuando los de abajo pierden el miedo. En algún momento, las multitudes van a ocupar las anchas avenidas. Es posible que aprovechen los focos del Mundial. Sólo es cuestión de tiempo.

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En el pasado reciente, Ecuador fue penosamente conocido a nivel mundial por su inestabilidad política. Sólo entre 1996 y 2007, el Palacio Presidencial de Carondelet vio desfilar a siete Jefes de Estado. A la corrupción, mediocridad y anti-patriotismo de la mayor parte de la dirigencia política, se le sumó el nefasto neoliberalismo en boga, variables todas que condujeron a una debacle económica y social -a fines del siglo pasado- sin precedente en la historia republicana del Ecuador. Las interrupciones de las presidencias de Abdalá Bucaram, Jamil Mahuad y Lucio Gutiérrez estuvieron motivadas por protestas sociales que exigían la salida de dichos gobernantes. En síntesis, el Ecuador vivía una profunda crisis de representatividad entre mandantes y mandatarios, alejados éstos de los intereses de los primeros.


Millones de compatriotas emigraron de Ecuador entre finales del siglo XX e inicios del actual. Expulsados de su Patria por la crisis bancaria de 1999, afectados por una estafa financiera de dimensiones colosales, muchos de ellos -aproximadamente medio millón-, se instalaron en España, cuando ese país se encontraba en plena fase expansiva de un ciclo económico, que se revelaría más tarde como una burbuja inmobiliaria inflada por la especulación financiera. En búsqueda de un futuro mejor en la península ibérica, y a la vez que aportando con la economía española, la mano de obra ecuatoriana no imaginó que, una década más tarde, su sueño se convertiría en una pesadilla, como la de muchos españoles más. Para nuestros compatriotas, el inescrupuloso y voraz afán de lucro del capital financiero nuevamente se salía con las suyas.


Como suele pasar a los globos cuando se pinchan, los banqueros que provocaron la crisis hipotecaria en España se esfumaron en el aire, mientras que las víctimas de su falta de escrúpulos, los estafados, los que han hipotecado sus vidas, se han quedado al límite de sus posibilidades. Recordemos además que muchos bancos no sólo concedieron préstamos superiores al valor de los inmuebles, sino que fueron los mismos bancos los que incentivaron la firma de esos contratos.


Este drama aún no termina. De hecho, se ha desarrollado con mayor fuerza producto de la crisis económica en Europa, y a causa de las mismas políticas neoliberales que condenaron a nuestros países de América Latina al aumento de la pobreza y la desigualdad en los años noventa del siglo pasado. Esa crisis europea se traduce en España en una tasa de desempleo del 26%. Es decir, son las trabajadoras y los trabajadores, de España, de Ecuador, y de tantos otros países, los más débiles de la cadena, los que pagan los excesos de otros. Y ahí, nuevamente, son miles las familias ecuatorianas que se han quedado sin ingresos; no ya para hacer frente a sus hipotecas, sino para atender incluso sus necesidades básicas. Se agrava aún más el panorama con la inhumana práctica del desahucio, la que también ha afectado a entre ocho y quince mil familias ecuatorianas en España.


Para el Gobierno de la Revolución Ciudadana, constituye un imperativo el mantenerse ligado a los intereses de las grandes mayorías de las y los ecuatorianos, tanto dentro como fuera de su país. En este sentido, el Presidente Correa ha sido muy enfático al denunciar la inmoral subordinación que todavía sufren tantos seres humanos, sus vidas y las de su entorno, respecto al capital financiero.


Pero nuestro Gobierno no sólo denuncia sino que también adopta decisiones y medidas concretas. Cierto es que no está en sus manos legislar sobre el sistema financiero español; ni mucho menos transformar las prácticas especulativas de una importante porción de la banca internacional. Sin embargo, es decisión del Estado ecuatoriano proteger los derechos de nuestros compatriotas allá donde se encuentren. Por esta razón, la primera medida que tomó el Gobierno, cuando comenzó a multiplicarse el número de afectados ecuatorianos, fue declarar que las deudas hipotecarias contraídas en España no pueden ser cobradas en el Ecuador. De este modo, nos aseguramos que nuestros compatriotas tuvieran al menos un refugio donde evitar el acoso bancario, tras haber perdido sus viviendas.


Sin embargo, esta medida solo mitigaba parte del drama humano que acompaña a esta crisis, y por ello, creímos necesario ir más allá. De esta forma, a través del trabajo conjunto con la Defensoría del Pueblo, y mediante la labor de nuestra Embajada en Madrid, y nuestros Consulados en toda España, se ha facilitado asesoría legal y acompañamiento a los afectados. Así, desde 2012 se han prestado unos 10.500 servicios de asesoría individual, y se ha acompañado en más de 650 negociaciones de compatriotas con los bancos, además de haber organizado talleres y jornadas de orientación a lo largo de todo el territorio español. En estas actividades ha sido clave el apoyo que hemos obtenido por parte de la sociedad civil española, organizada en la Plataforma de Afectados por la Hipoteca –PAH-.


Aún nos queda mucho por hacer para paliar los estragos de esta crisis. En horas de incertidumbre y desasosiego, nosotros afirmamos que es también tiempo de reivindicar y ejercer derechos. Y sobre la base de esta afirmación, hemos actuado, y seguiremos actuando.

 

 

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Para los ricos de Hong Kong, ir a casa significa ir a una mansión con vista a las montañas majestuosas. Para los pobres, ir a casa es meterse en una jaula.

 

Leung Cho-yin, de 67 años de edad, que trabajaba de carnicero, paga mil 300 dólares de Hong Kong (167 dólares estadunidenses) al mes para vivir en una de la docena de jaulas de alambre metidas en un departamento semidestruido, en una zona pobre del barrio de clase obrera de West Kowloon.


Las jaulas, apiñadas una encima de otra, miden apenas 1.5 metros cuadrados. A fin de protegerse de chinches, Leung y sus compañeros colocan colchas, sábanas o linóleo encima de las tablas de madera.


Unas 100 mil personas en esta antigua colonia británica viven en lo que se llama oficialmente viviendas inadecuadas, según la Sociedad de Organización Comunitaria. Esa categoría incluye departamentos subdivididos en pequeños cubículos, o con compartimientos del tamaño de un ataúd, o casuchas construidas sobre tejados. Estas humildes construcciones presentan un agudo contraste con la prosperidad económica de esta ciudad china.


Parte del problema son los elevados precios de las viviendas, que está agravando la situación política para el gobernador de Hong Kong, Leung Chun-ying, designado por el gobierno central de Pekín, que cuenta con escaso apoyo público y ahora debe enfrentar protestas por la crisis habitacional. Al asumir la gobernación de Hong Kong en julio pasado, Leung prometió ofrecer más viviendas accesibles. Los precios aumentaron 23 por ciento en los primeros 10 meses de 2012 y se han duplicado desde que tocaron fondo en 2008, en medio de la crisis financiera mundial. Los precios de los alquileres han seguido una tendencia similar.


La inflación significa que la vivienda decente se ha vuelto un sueño imposible para gran parte de la población, y ha causado gran descontento contra el gobierno, que controla toda la propiedad de tierras junto con un pequeño grupo de terratenientes.


En su discurso de toma de posesión en enero, el gobernador de Hong Kong reconoció que la falta de acceso a la vivienda constituye una amenaza para la estabilidad social y prometió darle prioridad a reducir la escasez habitacional.


Muchas familias se ven obligadas a mudarse a apartamentos más pequeños o incluso a fábricas viejas, declaró. Vivir en jaulas, apartamentos cubiculares o subdivididos se ha convertido en la lamentable opción para decenas de miles de residentes de Hong Kong, señaló. Leung reveló planes de aumentar la oferta de viviendas públicas a mediano plazo, más allá de las 15 mil de su nivel actual.


Unas 210 mil personas están en lista de espera para conseguir vivienda pública, el doble de lo que había en 2006. Una tercera parte de los 7.1 millones de habitantes de Hong Kong, más de 2 millones 300 mil personas, viven en departamentos públicos.


El descontento popular hacia los altos precios de las viviendas se ha vuelto uno de los temas principales de las frecuentes protestas antigubernamentales.


Leung Cho-yin vive en una jaula desde que tuvo que dejar su trabajo en un mercado tras perder parte de un dedo hace 20 años. Debido a que apenas estudió la primaria, sólo pudo encontrar empleos esporádicos. Su único ingreso son 4 mil dólares de Hong Kong (HK) (515 dólares estadunidenses) en asistencia pública. Tras pagar su alquiler se queda con 2 mil 700 dólares HK (350 dólares), lo que en promedio implica 90 HK dólares (11.60 dólares estadunidenses) diarios.


Leung y sus compañeros de habitación, todos hombres solteros y ancianos, lavan su ropa en un balde. Hay dos retretes encerrados y uno de cuclillas que está dentro de la ducha. No hay cocina sino una pequeña habitación con un lavaplatos. Las paredes han tomado un color ocre bajo la suciedad y el hollín de tantos años.


Aunque las jaulas, que comenzaron a surgir en los años 50 para hospedar a los hombres solteros que venían a trabajar desde el interior, son cada vez menos comunes, hay otros tipos de viviendas deficientes, como departamentos-cubículos que están aumentando a medida que se incrementa la pobreza. Casi 1.19 millones de personas vivían en esa condición, según la Agencia de Servicios Sociales de Hong Kong.


Muchos habitantes pobres de este territorio han solicitado viviendas públicas, pero deberán esperar años. La mayoría de unas 500 familias pobres que respondieron a una encuesta de Oxfam Hong Kong han estado en la lista por más de cuatro años sin recibir una oferta.

 

AP

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A finales de los años 60 a los estudiantes de arquitectura y de ingeniería de la Universidad Nacional, sede Medellín, nos llevaron a ver las complejas obras de mitigación que se hacían en el Hotel Intercontinental (en ese momento en construcción), para impedir que el edificio continuara desplazándose sobre el terreno ladera abajo.

 

En los años 70 las autoridades de planeación de la ciudad establecieron serias restricciones para la construcción en las áreas aledañas al hotel, ya que, según estudios y diagnósticos geológicos y geotécnicos disponibles en ese momento, esa zona de la ladera oriental presentaba serias limitaciones de estabilidad.

 

Años más tarde cuando salta la fiebre constructora en El Poblado, la misma que aún vivimos, gracias a esa curiosa facultad que poseen las tecnocracias de voltear el destino de las cosas de la ciudad, esas tierras –otrora vetadas para la construcción intensiva–, de un momento a otro resultaron colmadas de grandes edificios. Es de suponer que los progresos de la ingeniería, el mejoramiento de las capacidades técnicas de los constructores y contar con nuevos sistemas constructivos, fueron los argumentos que sirvieron en los medios institucionales para justificar el cambio tan radical en la calificación del riesgo de esos suelos.

 

Aunque no es conocido aún, si el suelo tuvo alguna responsabilidad en el colapso del edificio Space y las hipótesis se orientan principalmente a fallas en el diseño estructural, a la mala calidad de los materiales empleados o deficiencias en el proceso constructivo, habrá que esperar el resultado de los estudios que adelantan los especialistas, para saber las causas de una tragedia que no deja de sorprender dadas las características de esta edificación destinada a población de altos ingresos que, en teoría, debería contar con los más elevados estándares de calidad, en un derrumbe que, por demás, sucedió en frío, es decir, sin que mediara un evento natural que en alguna medida lo pudiera justificar.

 

Pero sea que se determine que fueron o no los suelos (un factor determinante en la explicación del colapso del edificio y sus secuelas de muerte y desalojo de residentes), es necesario decir, que el acomodo realizado de las medidas restrictivas de construcción en esa zona por parte de las autoridades de la ciudad, favoreciendo los intereses inmobiliarios que la tenían en la mira, es un ejemplo patente de lo ocurrido desde hace tiempo con el manejo de las políticas reguladoras del desarrollo urbano en Medellín y los municipios del área metropolitana. Sin duda, tales medidas están dirigidas más al favorecimiento de intereses de grandes especuladores urbanos y menos al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes y la construcción de un urbanismo equilibrado y sostenible, como reza la retórica idealista de los Planes de Ordenamiento Territorial (POT).

 

Y es la lógica de funcionamiento de los POT, donde está la semilla de buena parte de los males que padecemos los habitantes de las ciudades, de los cuales la tragedia del edificio Space no es más que la punta del iceberg.

 

Ciudad "compacta"

 

Muchos POT colombianos, entre ellos el de Medellín y Envigado, hablan de ciudad compacta como una imagen de ciudad coherente, equilibrada y sostenible que combina altas densidades con un espacio urbano confortable y bien equipado. En este modelo de ciudad, copiado de urbes europeas, no hay respeto igual que en aquellas ciudades que garantizan: extensas áreas construidas en edificios multifamiliares de máximo 5 a 6 pisos, que cuentan con un adecuado soporte urbanístico en términos de espacio público, vías vehiculares y peatonales, diferentes alternativas de movilidad, equipamientos públicos, comerciales y servicios en los primeros pisos, etcétera.

 

En Medellín, el caso más asemejante a este ideal de ciudad compacta, es la transformación sufrida en barrios como Laureles, Conquistadores y zonas aledañas. Son densificados mediante la construcción de edificios multifamiliares de mediana altura, en lotes que antes ocupaban viejas casonas y, lo más importante, aprovechando una excelente infraestructura urbanística preexistente de amplias vías y zonas verdes y un trazado urbano fluido.

 

Pero, para lamentar, esta idea de ciudad compacta tomó cuerpo como patrón de desarrollo de manera perversa, como ocurrió en la Comuna de El Poblado. Allí, a la existencia de una precaria infraestructura suburbana, a la carencia de un sistema vial adecuado para soportar altas densidades, a la precariedad de espacios públicos y de equipamientos (territorio además pródigo en aguas superficiales y subterráneas y con suelos difíciles para la construcción), le superpusieron un parque habitacional de altísima densidad, dispuesto en un inicio en casas de unidades cerradas y, luego, en torres de 20 y más pisos, haciendo de la densidad el único componente de la "ciudad compacta" que se pretendía crear. He aquí, justamente, el único aspecto que le interesaba al sector inmobiliario, que con la complicidad de diferentes administraciones, de políticos, curadores y funcionarios dolosos, logró; capar o soslayar las obligaciones urbanísticas requeridas para que exista, en realidad, una ciudad compacta que provea calidad de vida, seguridad y civilidad a sus habitantes.

 

Pero lo peor: Este modelo perverso de El Poblado fue copiado en versiones cada vez con menores condiciones, dirigidas a estratos socioeconómicos más vulnerables en otras zonas altas de Medellín como Robledo Alto, Belén, Villa Hermosa y otras, así como también áreas periféricas a los cascos urbanos desarrollados de otros municipios del área metropolitana, como Envigado y Sabaneta, en donde aparte del colapso de movilidad se produjo un serio deterioro del medio ambiente privilegiado que tenían estas zonas.

 

Estos frentes de desarrollo inmobiliario especulativo actúan lote a lote, sin visión de conjunto alguna en los aspectos urbanístico, geológico, ambiental, paisajístico, a base de construir las mismas torres repetitivas de 14, 15, 20 y más pisos, erigidas sin exigencia de idoneidad profesional a sus gestores. Son torres construidas sobre suelos con dudosa estabilidad, montadas sobre precaria infraestructura vial, de servicios y de equipamientos, evitando al máximo cumplir (con la complicidad de las administraciones municipales, las curadurías y los consejos municipales) con las obligaciones y compensaciones urbanísticas que, según las bellas intenciones retóricas de los POT, deberían garantizarse para lograr un desarrollo urbano equilibrado y, lo más grave, soslayando con frecuencia las limitaciones ambientales, arriesgando la estabilidad de suelos, así como la preservación de las aguas naturales y la supervivencia de especies de fauna y flora nativas.

 

Esta pseudo ciudad carente de urbanismo, insostenible ambientalmente, congestionada y fea, no deja muertos visibles como los que produce el colapso de un edificio, pero cabe preguntarse, ¿Quién paga por las des economías en los ingresos de las familias, por las insatisfacciones e incomodidades, por la pérdida de tiempo, por la carencia de espacios de recreación pasiva y activa, por la falta de amoblamientos adecuados, por la pérdida de patrimonios que día a día produce este tipo de urbanismo pirata institucionalizado?, de crecimiento lote a lote, que hoy se tomó nuestras ciudades y que es la fuente de enriquecimiento y, porque no decirlo, de lavado de dineros ilícitos, de la cual se beneficia una industria de la construcción tomada por el espíritu especulativo y de la ganancia a toda costa, con el consentimiento interesado de muchos funcionarios públicos, políticos de oficio y gobernantes.

 

También contribuyen al deterioro

 

Otros factores suman para la formación del iceberg de conflictos que afectan el presente y el futuro de nuestras ciudades:

 

Las curadurías, nutridas en lo económico del mayor número de licencias aprobadas, convertido así, cada vez más, en factor de discordia entre, por un lado los ciudadanos residentes que ven amenazados sus intereses o su calidad de vida, y por el otro los constructores, las oficinas de planeación y de medio ambiente y demás entes públicos competentes o con poder para la construcción de ciudad.

 

Dada su naturaleza dependiente de la aprobación de licencias, las curadurías tienden a favorecer (como se puede suponer) a los constructores, en detrimento de la responsabilidad que tienen para defender los derechos de los vecinos colindantes (únicos interlocutores comunitarios válidos para las curadurías) a quienes en la mayoría de los casos, o no se los toma en cuenta o simplemente se cumple con ellos el formalismo burocrático de pedirles una opinión que, al fin y al cabo, no tiene ningún efecto práctico en la aprobación de los proyectos.

 

Los gremios profesionales, las sociedades de arquitectos y de ingenieros, desdibujados en su totalidad de lo que en algún momento fueron: entidades pensantes comprometidas con un proyecto de país, que desempeñaron tareas pedagógicas respecto al conjunto social –en lo arquitectónico y urbanístico– cuando el país se enfrentó a la transición campo-ciudad o al reto de la modernidad. Pero de ese espíritu no queda nada. Estos gremios fueron literalmente tomados por intereses particulares, por el espíritu de la especulación inmobiliaria. Sus dirigentes son los mismos que encabezan los monopolios de la construcción. ¿Qué se puede esperar entonces de estas entidades gremiales si su única propuesta al ajuste que hoy se discute del POT en la ciudad es la de desaparecer el aeropuerto Olaya Herrera, no para el gran parque que necesita la ciudad sino para "liberar" esa gran reserva de tierra para sus negocios?

 

El POT, en cuanto a la participación ciudadana en su aprobación y gestión, es otro de los temas presentados en forma muy florida en los encabezamientos que les sirven de presentación y fundamento, la experiencia muestra que estos planes –y sus ajustes– se aprueban, en la práctica, entre la administración de turno, los concejos municipales y sus aliados gremiales.

 

Nada pueden hacer los esfuerzos de los consejos territoriales, de las comunidades organizadas, si éstos avanzan en contravía de los designios del alcalde de turno, su oficina de planeación, los gremios de la construcción y el concejo; en el mejor de los casos se muestra una lista de eventos informativos que se realizaron con las comunidades del municipio en los que se "socializaron" las propuestas. Una vez aprobado el POT, o un ajuste del mismo, no hay lugar a replica ni a ningún tipo de acción participativa de las comunidades que sientan afectados sus intereses por las decisiones tomadas. De esta manera, estos Planes están convertidos en una suerte de ley divina imposible de modificar aunque existan errores evidentes que exigen introducir cambios en la marcha.

 

Conclusión sabida y padecida

 

Es posible afirmar, de esta manera, que lo único que en realidad aplican de los POT está en el capítulo referido a los aprovechamientos posibles de sacar a un lote, pues ahí, está el motor que finalmente mueve hoy por hoy la construcción de la ciudad. Es decir, el arte de cómo sacar el mayor provecho económico de un lote cumpliendo con el mínimo de obligaciones y compensaciones urbanísticas, que son en teoría, la cara amable de los POT y sin las cuales, sencillamente, no hay ciudad. De todos los demás aspectos mostrados en el discurso normativo no se aplica nada, o se aplica muy poco.

 

Si no es así, que se explique ¿qué pasa con los planes parciales, en teoría los que permiten recuperar zonas deterioradas o desarrollar ordenadamente otras? ¿Qué pasa con los balances de espacio público disponible, con la movilidad, con el embellecimiento de la ciudad, su confort urbano, etcétera?

 

Transcurridos casi 15 años de aplicación de los POT es poco lo que pueden mostrar como logros significativos para la calidad de la ciudad. Nos podemos preguntar cuál barrio de la ciudad puede mostrar un solo avance –en su calidad urbana– imputable a la aplicación de los POT, y no ubicaremos ninguno, pero sí, muy por el contrario, lo identificable son desmejoras.

 

Así las cosas, Medellín, sus municipios cercanos y muchas otras ciudades colombianas están presas en la actualidad de las expresiones más burdas de la especulación inmobiliaria, avaladas por una compleja alianza de poderes públicos y privados que inclinan la balanza para favorecer el interés particular sobre el general. Esta es la causalidad de fondo, el cuerpo del iceberg que mostró en Medellín su cima con el edifico Space y los demás edificios desalojados, que a raíz de su crisis, fueron visibilizaron como edificaciones en alto riesgo de colapso.

 

* Arquitecto, profesor especial Escuela del Hábitat Universidad Nacional, Medellín.


 

 

Recuadro

 

Construcción y afán de ganancia

 

Por Junta Cívica Paraje El Pinar*

 

Con la tragedia del complejo habitacional Space, toda nuestra sociedad pudo ver, sin tapujos que "los constructores privados no reparan en obtener el mayor volumen de ganancia a costa de la calidad y seguridad de las obras. De ello no se escapa ni la construcción privada ni la contratación pública".

 

"Es tan vertiginosa la actividad constructora desde hace 10 años que las curadurías no tienen tiempo ni personal ni les interesa revisar bien los proyectos que le presentan febriles edificadoras como Lérida CDO, propiedad de la familia del exgobernador de Antioquia, Álvaro Villegas Moreno"**.

 

"[...] En promedio cada mes se otorgan 500 licencias de construcción (ADN, octubre 16 del 2013). A la alcaldía ni al concejo municipal le interesó nunca controlar de verdad esta actividad, pues con una actitud eminentemente alcabalera solo se preocupan por obtener desbordadas tarifas de impuesto predial e industria y comercio, injustamente decididas en detrimento de millares de contribuyentes".

 

"[...] En algunos foros sobre vivienda, en los últimos 7 años se han desatado discusiones y prevenido sobre la desaforada edificación en las laderas tan inestables que tiene Medellín empleando la famosa moda de la mampostería estructural (malla electrosoldada) en alturas superiores a 20 pisos que imperó en la planicie del centro de la ciudad en la alcaldía de Fajardo (y todavía hoy en Pajarito y en la Comuna 15 y 16). Al parecer, ni esto ni las normas de sismorresistencia aconsejables para el Valle Aburrá se han tenido en cuenta íntegramente y, por el contrario, el POT es modificado a favor de una plutocracia constructora insaciable, aupada por la SAI y otros gremios, que no deja "lote sin cabeza". Nos atrevemos a decir que un mediano temblor de tierra puede causar una tragedia mayúscula que puede afectar no ya solo a los apartamentos populares sino también los de alto costo. Cabría también preguntarse si el municipio y el concejo han hecho algo por evitar que grandes lotes de las laderas de Medellín sean monopolizados y urbanizados por altos ejecutivos con asiento en los gremios beneficiarios de la especulación de los suelos y materiales y del derecho constitucional a la vivienda digna.

 

* En 1980 solo ejerció 18 meses la gobernación de Antioquia, ya que la Procuraduría General de la Nación le pidió la renuncia por la investigación que abrió en su contra por "especulación en la compraventa de terrenos", ya que valido de su investidura su empresa Ingeniobras adquirió un lote de 201.000 mts2 en Niquía, Bello, el cual a los 50 días exactos entregó al ICT para cofinanciar las 1.948 casas bifamiliares que se hicieron de 1981 a 1984, con un incremento desmesurado del 2.000%. (Fuente: Boletines Comité Cívico de las Bifamiliares de Niquía, 1984).
** Extractos del artículo "Construcción en manos de avilantadas empresas e irresponsables curadores".

Publicado en Edición N°197
Sábado, 22 Junio 2013 17:19

Colmenas humanas para un futuro inhumano

El rechazo de los grandes constructores a las exigencias que la administración Petro les está presentando, tratando con ello de regular el crecimiento de la ciudad y favorecer la construcción de edificios para Vivienda de Interés Social (VIS), invita a una mirada histórica y global sobre estas temáticas. Lo colectivo y el derecho a vida digna de nuevo destacan como prioridades para infinidad de familias que sobrellevan su cotidianidad bajo la dictadura del mercado.

 

Los hechos específicos que desatan las grandes conflagraciones sociales se convierten, a menudo, en simples anécdotas que no en pocos casos se marginalizan rápidamente por los analistas y los mismos protagonistas. Tras esos sucesos, sin embargo, además de la fuerte carga simbólica que normalmente contienen, terminan rebelándose las verdaderas razones del estallido.

 

En el caso reciente de Turquía, la resistencia de un grupo de ambientalistas al derribo de los árboles del parque Taksim Gezi, con el que se daba inicio a la destrucción de ese espacio público para la construcción de un centro comercial, fue de inmediato convertida por el primer ministro, Recep Tayyip Erdoğan, en una simple disculpa de la oposición para lograr mediante la fuerza lo perdido en el campo electoral. Y los analistas más sesudos descubrieron rápidamente que la verdadera motivación no era otra que la reacción contra la islamización de la nación y, por tanto, la defensa de un modelo laico para el país.

 

Sin el ánimo de discutir que las razones del descontento pueden ser múltiples y que detrás de la respuesta tan rápida y masiva seguramente se encuentran motivos de ese calibre, lo que no parece conveniente olvidar es que las protestas contra los megaproyectos constructivos ya se habían presentado, y que obras como un tercer puente sobre el Bósforo (que quiere demostrar una integración total con Europa) o un aeropuerto adicional han suscitado fuerte resistencia, pues se consideran lesivos del patrimonio natural.

 

La urbanización acelerada de los países periféricos, que se ha caracterizado por consolidar ciudades duales, en las que coexisten pequeñas áreas con todo tipo de comodidades al lado de tugurios donde se carece prácticamente de todo, y la lenta pero segura polarización de las urbes del llamado primer mundo que han visto un no tan lento crecimiento de las desigualdades (en los 34 países de la OCDE el índice de Gini pasó de 0,29 en la década de los ochenta del siglo pasado a 0,316 en 2010), amenazan con crear verdaderos estallidos de violencia. La muerte por la policía de un inmigrante en Estocolmo, en mayo de éste año, dio lugar a una serie de disturbios por cuatro noches consecutivas. Hecho que ya tenía antecedentes en marzo del 2007 cuando un grupo de jóvenes se enfrentó a la policía por el cierre y desalojo de un centro juvenil no convencional.

 

Pero no sólo es en Suecia, país que siempre ha ocupado lugares de privilegio entre las sociedades con más garantías, pues en París y en otras ciudades francesas, jóvenes migrantes, en octubre de 2005, respondieron las agresiones policiales, con un saldo de más de 10 mil vehículos y algunos edificios públicos incendiados. Ese mismo año también Londres vio los embates de la furia callejera, en una muestra que los problemas latentes de las ciudades modernas no son asuntos coyunturales.

 

¿Jaulas de concreto?

 

El predominio demográfico de lo urbano es un fenómeno reciente. En la primera década del siglo XX, en los países del centro capitalista el 20% de la población era urbana y en los países de la periferia tan sólo el 5% residía en las ciudades. En 1950, el promedio mundial de la tasa de urbanización alcanzaba el 29,1%; en 1980 subía diez puntos y llegaba a 39,2%, y en 2008 la población urbana supera por primera vez a la población rural. Se prevé que para 2050 el 70% de los habitantes del planeta se concentrarán en las ciudades. El caso de China es paradigmático de como los procesos de urbanización alcanzan ritmos cada vez mayores, pues la tasa de urbanización de ese país entre 1963 y 2003 pasó de 17 a 39%, es decir que en cuarenta años, según Naciones Unidas, tuvo un cambio que demoró en Inglaterra 120 años y en USA 80.

 

Las entidades multilaterales estiman que entre 2010 y 2015 cerca de 200 mil personas se adicionaran a la población urbana cada día (alrededor de 73 millones al año) de las cuales el 91% lo hará en países de la periferia. Las preguntas que surgen, entonces, tienen que ver con las condiciones que deben afrontar los nuevos urbanistas, pues las condiciones de la contratación laboral que se imponen, impiden a las nuevas generaciones de trabajadores flexibles devengar un salario que les permita acceder como propietarios a una vivienda. En España, en 2012, cuarenta mil familias entregaron sus viviendas por incapacidad para pagarlas, inaugurando una era de desalojos que apenas comienza. El economista de ese país, Santiago Niño Becerra, pronostica que en 2050 lo predominante serán los mini-apartamentos arrendados, y que la propiedad inmobiliaria será exclusividad de las élites.

 

La reducción del espacio físico de habitación ya se vislumbra como una consecuencia de la reducción de ingresos que se impone como norma sobre las sociedades "posmodernas". El alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, y el de San Francisco, Ed Lee, han propuesto construir 'minipisos' entre 26 y 30 metros cuadrados, destinados inicialmente a personas que vivan solas (estudiantes y solteros jóvenes, principalmente) para reducir los costos de alquiler. Pero, como van las cosas, es difícil creer que los mínimos se detengan ahí, pues en Pekín el ingeniero Huang Rixin, inspirado en los "hoteles cápsulas" de Japón, construye apartamentos-cápsulas de dos metros cuadrados en los que tan sólo hay espacio para una cama pequeña y cuyo servicio de baño (localizado fuera del edificio) es colectivo para el conjunto de mini-apartamentos. ¿Cabe duda que el capital también marcha hacía la expropiación absoluta del espacio, y hacia la reclusión física de los trabajadores, literalmente hablando, en jaulas de concreto? Los 35 metros cuadrados de las llamadas Viviendas de Interés Prioritario (VIP), que en Colombia se ofrecen como soluciones al problema de la habitación no son más que un resultado de la agudización del proceso de expropiación de las condiciones de vida de los trabajadores a las que nos ha llevado el capital.

 

 

La ganancia contra la vida

 

El predominio de la lógica capitalista en la creación de lo urbano tiene fuertes implicaciones sobre la suerte de los cada vez más numerosos millones de personas que llegan a habitar en las ciudades. Al llamado problema de la "escasez del suelo", que tiene que ver, en buena medida, con el hecho que los terrenos, para ser urbanos, tienen que contar con toda una serie de equipamientos colectivos (redes de alcantarillado, de agua potable, de energía eléctrica, viales, entre otros), que normalmente provee el Estado, y hacen de éste un bien altamente costoso en el mercado, se suma el relativamente elevado volumen de las inversiones en la industria inmobiliaria, que la convierte en un sector altamente concentrado, y con todas las prerrogativas de los oligopolios en la imposición de los precios.

 

El caso de los insumos no es diferente. En la industria cementera, por ejemplo, las cinco empresas más grandes controlan más de la mitad de la capacidad de producción mundial. Lafarge (Francia), Holcim (Suiza), Cemex (México), y FL Smith son las más importantes. Estas empresas han entrado en una etapa de automatización, que ha llevado a que el empleo en esa industria caiga dramáticamente mientras aumenta considerablemente la producción. La última de las nombradas instaló en Tongling, China, un horno con capacidad de producir 12.000 toneladas de cemento por día. China es, de lejos, el primer productor mundial generando el 54% del total. De más está señalar que se trata de una de las industrias más contaminantes, y que sus efectos colaterales no son contabilizados.

 

Que se piense en mini-apartamentos no implica que los constructores vayan a obtener mini-ganancias, todo lo contrario, pues la industria de la construcción se proyecta como una de las más prometedoras en las décadas siguientes. Según el estudio de las firmas de investigación Global Construction Perspectives y Oxford Economics, cuyos datos más importantes ha reproducido la prensa del sector inmobiliario, se prevé que éste se expandirá 5,2 por ciento en promedio cada año, superando el crecimiento del PIB global. Del 11% que el sector de la construcción representa en el PIB mundial, se pronostica que en 2020 pasará al 13,2%. En sólo siete países –China, India, Estados Unidos, Indonesia, Canadá, Rusia y Australia– se concentrará el 65 por ciento del crecimiento de la construcción mundial en el 2020. Se considera que en ese año la industria de la construcción china abarcará el 20% del total.

 

Fue el geógrafo francés Henri Lefebvre, el primero en llamar la atención sobre las implicaciones de permitir que los espacios urbanos fueran organizados única y exclusivamente por los intereses del mercado. El sólo hecho que la ciudad sea una entidad en la que lo público es estructural debe obligar a la reflexión acerca de la importancia que la regulación y lo político deberían tener en las decisiones que atañen al ordenamiento territorial urbano.

 

Sin embargo, la mercantilización creciente de los espacios de socialización, ha dado un peso aún mayor al valor de cambio sobre el valor de uso, y en consecuencia se han sacrificado en grado sumo las satisfacciones colectivas en las ciudades para favorecer las ganancias. Siendo –como es la ciudad– un constructo netamente humano, es aberrante que en su estructuración sean las personas lo último que se tiene en cuenta cuando el espacio o las condiciones de su ocupación se alteran. Por eso, la eliminación de parques públicos se ha constituido, en más de una ocasión, en causa de conflicto social. El geógrafo escocés Neil Smith cita en su trabajo sobre la gentrificación el caso icónico del Tompkins Square Park de Nueva York en 1988, como un ejemplo de desplazamiento social resistido por los grupos subordinados. De ahí que no se debe minimizar la causa original de las protestas en Turquía. En Colombia, no se podría aceptar, tal como se propone, que la redensificación tenga lugar a costa, por ejemplo, de algunos terrenos de la Universidad Nacional.

 

La ciudad se parcela en porciones cada vez más pequeñas, y las llamadas fronteras invisibles se multiplican aceleradamente, haciendo del encierro el sello de la ciudad futura. Los guetos no son el caso exclusivo de las minorías raciales, sino que la discriminación social, de género y de creencias asume su parte. El espacio cada vez más estrecho al interior de las viviendas se replica en el exterior en forma de accesos reales a espacios cada vez más reducidos de la totalidad urbana.

 

Colombia, siguiendo la ruta

 

A partir de 1965, se inicia en Colombia el período de predominancia de la población urbana sobre la rural. Pero, es a partir de los años setenta cuando las ciudades comienzan su proceso de modernización. La industria inmobiliaria, propiamente dicha, aparece a mediados de los cincuenta, años en los que se da inicio, aunque aún de forma incipiente, a la construcción de vivienda en altura. En la actualidad se considera que el 74% de la población del país es urbana, muy dentro de la línea de los países latinoamericanos, cuya tasa de urbanización en promedio es la más alta del mundo, en obediencia a un sector servicios dominante, sostenido por rentas extractivas.

 

El PIB de la construcción ha aumentado su participación en el PIB total y pasó de representar 4,3% en el 2000 al 7,5% en la actualidad. Sin embargo, el déficit de vivienda supera los dos millones de unidades, y la brecha se sigue abriendo si se tiene en cuenta que los hogares nuevos en Colombia superan los 280 mil, mientras que al año se construyen a lo sumo 200 mil viviendas licenciadas. Lo que significa que anualmente, al menos 80 mil hogares refuerzan la vivienda informal o el hacinamiento.

 

El déficit habitacional en Bogotá se estima entre 250 mil y 300 mil viviendas, con una oferta cada vez menor de vivienda para los sectores de menores ingresos, pues mientras que al inicio de 2008 la oferta de vivienda de interés prioritario (VIP) representaba en promedio el 10% de la oferta total de vivienda, en diciembre de 2011 descendió a su nivel más bajo con una participación de apenas el 2% del stock disponible. En el 2012 representaron apenas el 5% del mercado, según la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol).

 

Está claro que el mercado no es solución para una necesidad vital como la de la habitación, por lo que es hora de denunciar aún de forma más fuerte que la primacía de la ganancia en la construcción es negación de la vida para los de más bajos ingresos. El sólo hecho que se haya legislado sobre la obligatoriedad de destinar el 20% de las áreas que se van a construir a la oferta de vivienda de interés social ha llevado a los constructores a una casi-huelga de hecho, y a hundir las modificaciones al Plan de Ordenamiento Territorial (POT). Modificaciones que si bien no plantean soluciones de fondo, pues la redensificación en el llamado Centro Ampliado ha sido una idea fallida desde los setenta del siglo pasado con el programa de "ciudades dentro de la ciudad", de Lauchlin Currie (que pretendía renovar, entre otras, zonas como San Façon, Las Aguas y San Bernardo), o el Plan Revivir la ciudad, propuesta del Banco Central Hipotecario en 1986 (centrado en la redensificación de Chapinero), por lo menos insiste en una regulación mayor del crecimiento de la ciudad.

 

Pero, lo importante es entender que la gestión de la vida a través del mercado nos ha conducido a los mini-empleos (conocidos en Europa como mini-jobs, porque se trata de trabajos a tiempo parcial), los mini-salarios (que se quieren seguir acortando), y ahora las mini-viviendas, en un esfuerzo de expropiación y reducción extremo que pretende adelgazar la vida del trabajador hasta el punto de hacerla invisible para sí mismo y sus congéneres.

Publicado en Edición 192
Sábado, 11 Mayo 2013 08:57

Treinta mil desalojos al año

Según un relevamiento del Banco de España sobre los desalojos, el año pasado hubo algo más de 39.100 procedimientos de ejecución hipotecaria en el país, de los cuales 32.490 correspondieron a desahucios en viviendas habituales.

 

Cerca de 32.500 familias en España perdieron en 2012 la casa en la que vivían por no poder pagar las hipotecas a los bancos, informó ayer el Banco de España, en medio del profundo descontento de los afectados con una ley que no les permite saldar su deuda entregando la vivienda. Se trata de la primera vez que el Banco de España publica una estadística de este tipo, que se conoce en medio de la alarma social y la preocupación que los desahucios causan en una España sumida desde hace casi cinco años en la peor crisis económica en varias décadas.

 

Los datos reflejan, además, que en 355 de estos casos tuvo que intervenir la policía. Asimismo, si también se tienen en cuenta los desalojos en los que se requirió la presencia de la fuerza pública sobre viviendas que no estaban consideradas como habituales, el número aumenta a 464.

 

Según los datos, obtenidos mediante una encuesta a los bancos que gestionan más del 85 por ciento del crédito hipotecario destinado a la compra de viviendas, el año pasado hubo algo más de 39.100 procedimientos de ejecución hipotecaria en el país, de los cuales 32.490 correspondieron a desahucios en viviendas habituales. Cerca de 3000 familias se encontraban en esas viviendas en el momento de ser desahuciadas. En proporción al número total de créditos para comprar casa, los desahucios afectaron al 0,53 por ciento de las más de 6,14 millones de hipotecas a hogares existentes al cierre de 2012, destaca el Banco de España.

 

De estas entregas, más de la mitad, unas 18.300, fueron voluntarias. En este apartado es donde, además, se incluyen las entregas en pago, que es cuando el banco acepta la entrega del inmueble hipotecado en pago de la deuda. La banca asegura que el año pasado, antes de que el Tribunal de la Unión Europea dictaminase que la ley española no protege adecuadamente a los hipotecados, se cerraron 14.110 entregas en pago.

 

La "dación de pago universal y con carácter retroactivo" es la medida principal reclamada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), pero no fue incluida en una ley para proteger a los deudores hipotecarios aprobada el miércoles por el Parlamento con el único apoyo del mayoritario y oficialista Partido Popular. El objetivo de esta dación de pago universal y retroactiva es aliviar el drama que atraviesan las familias que son desahuciadas y que, pese a perder su vivienda, tienen que seguir pagando al banco, ya que el valor de la vivienda embargada ha caído frente al préstamo que en su día concedió la entidad financiera.

Cerrado el capítulo de las entregas voluntarias, la banca tuvo que recurrir a la vía judicial en otros 14.165 casos para recuperar el inmueble. En el 83 por ciento de los casos, la vivienda estaba vacía en el momento en que los representantes del banco tomaron posesión de la casa. Por el contrario, 2405 estaban ocupadas, lo que implica que las familias afectadas se vieron forzadas a abandonar la vivienda contra su voluntad. En cuanto al tiempo transcurrido desde que se produce el impago, la estadística afirma que el 85 por ciento de las hipotecas que dieron lugar a entregas judiciales ocupadas en 2012 se originó en el año 2007 o incluso antes.

Los datos del Banco de España llegan en plena profusión de estadísticas sobre las ejecuciones hipotecarias tras años de opacidad. Ello se ha debido a la repercusión social que tienen los desahucios, que han aumentado con fuerza en los últimos meses por culpa de la persistencia de la crisis y el imparable auge del paro.

 

"Es la primera vez que el Banco de España elabora esta estadística y, por lo tanto, los resultados que de ella se obtienen han de tomarse con las debidas cautelas", alertó un portavoz del banco. Para interpretar la información, añade, también hay que tener en cuenta que los datos, aunque se han obtenido de un grupo de entidades que gestionan la mayor parte del crédito hipotecario concedido a los hogares para compra de viviendas, no reflejan la totalidad del sector bancario español. En adelante, el banco publicará regularmente esta información con una periodicidad semestral.

 

El gobierno del presidente Mariano Rajoy dijo que mejorar la situación de los deshauciados es una prioridad de su gobierno, argumento que fue rechazado por toda la oposición.

 

Publicado en Internacional

El Centro Nacional de Defensa de los Derechos Humanos, un organismo patrocinado por la Conferencia Episcopal de Brasil, se ha mostrado preocupado por una posible “limpieza social” de las personas sin techo, con motivo de la celebración del Mundial de Fútbol del próximo año.
 


Junto a esta asociación ha expuesto también sus temores al Gobierno, el Consejo Nacional de Procuradores Generales (CNPG). Representantes de ambos organismos se han encontrado ya con el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Gilberto Carvalho, para alertarle sobre sus temores. Se están observando especialmente las ciudades que acogerán los partidos de la Copa.
 


Las organizaciones temen que la llamada, “higienización” de los que viven en la calle por motivos diferentes, sea un eufemismo para dar mano suelta a los verdugos de las personas indefensas, invisibles para la sociedad, pero que podrían ser vistas por los millones de turistas que lleguen a Brasil el año que viene. Sin contar que el papa Francisco llega a Río dentro de tres meses y que estarán presentes en la capital carioca más de dos millones de personas con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud.
 


En los últimos 15 meses han sido asesinados 195 vagabundos, la mayoría quemados por anónimos. El último de ellos es Jorge Affonso, de 49 años, asesinado este domingo en Jacupiranga, a 280 kilómetros de São Paulo.


 
A Goiânia, capital del estado de Goiás, a 200 kilómetros de Brasilia, ha sido enviada una comisión del Ministerio de Derechos Humanos para analizar los últimos 29 asesinatos de personas sin hogar.


 
Según datos oficiales del IBGE (Instituto Brasileño de Geografía y Estadística) existen en Brasil no menos de 1,8 millones de personas viviendo en calles y plazas de las ciudades, y menos del 25% de las ciudades tienen políticas para ellas.
 


Sólo en São Paulo se calcula que unas 15.000 personas no tienen casa, 5.000 más que hace diez años. A pesar de que en 2009, el Gobierno del entonces presidente Lula da Silva lanzó el programa de Política Nacional a favor de los vagabundos, las autoridades suelen cerrar los ojos ante esa cruda realidad.
 


Y sin embargo, para el sociólogo Mauricio Botrel, del Centro Nacional de Derechos Humanos, son imprescindibles las políticas locales a favor de estas personas para evitar una “limpieza social” llevada a cabo generalmente en la oscuridad de la noche y aplaudida en silencio por las personas de bien.


 
El fiscal general del Estado de Río Grande do Sul, Eduardo Veiga, presidente del Grupo Nacional de Derechos Humanos, ha afirmado que los Ministerios Públicos de los Estados están siendo orientados a fiscalizar la implantación de comités municipales a favor de los sin techo en todo el país.


 
Que los temores de obispos y fiscales no son infundados lo revela además el precedente de Rio, cuando reporteros del diario Folha de São Paulo descubrieron en 2009 a la alcaldía de Rio recogiendo a vagabundos deprisa y corriendo en el trayecto de la comitiva de la Comisión del Comité Olímpico (COI) responsable de elaborar un informe sobre la presencia del Mundial en la capital carioca.


 
María Cristina Bore, presidenta nacional de las Políticas de la Calle, ha afirmado que una operación de limpieza social de los sin techo “está en la pauta del día”, con motivo del Mundial.


Por Juan Arias Río de Janeiro 29 ABR 2013 - 17:38 CET

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