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Para los ricos de Hong Kong, ir a casa significa ir a una mansión con vista a las montañas majestuosas. Para los pobres, ir a casa es meterse en una jaula.

 

Leung Cho-yin, de 67 años de edad, que trabajaba de carnicero, paga mil 300 dólares de Hong Kong (167 dólares estadunidenses) al mes para vivir en una de la docena de jaulas de alambre metidas en un departamento semidestruido, en una zona pobre del barrio de clase obrera de West Kowloon.


Las jaulas, apiñadas una encima de otra, miden apenas 1.5 metros cuadrados. A fin de protegerse de chinches, Leung y sus compañeros colocan colchas, sábanas o linóleo encima de las tablas de madera.


Unas 100 mil personas en esta antigua colonia británica viven en lo que se llama oficialmente viviendas inadecuadas, según la Sociedad de Organización Comunitaria. Esa categoría incluye departamentos subdivididos en pequeños cubículos, o con compartimientos del tamaño de un ataúd, o casuchas construidas sobre tejados. Estas humildes construcciones presentan un agudo contraste con la prosperidad económica de esta ciudad china.


Parte del problema son los elevados precios de las viviendas, que está agravando la situación política para el gobernador de Hong Kong, Leung Chun-ying, designado por el gobierno central de Pekín, que cuenta con escaso apoyo público y ahora debe enfrentar protestas por la crisis habitacional. Al asumir la gobernación de Hong Kong en julio pasado, Leung prometió ofrecer más viviendas accesibles. Los precios aumentaron 23 por ciento en los primeros 10 meses de 2012 y se han duplicado desde que tocaron fondo en 2008, en medio de la crisis financiera mundial. Los precios de los alquileres han seguido una tendencia similar.


La inflación significa que la vivienda decente se ha vuelto un sueño imposible para gran parte de la población, y ha causado gran descontento contra el gobierno, que controla toda la propiedad de tierras junto con un pequeño grupo de terratenientes.


En su discurso de toma de posesión en enero, el gobernador de Hong Kong reconoció que la falta de acceso a la vivienda constituye una amenaza para la estabilidad social y prometió darle prioridad a reducir la escasez habitacional.


Muchas familias se ven obligadas a mudarse a apartamentos más pequeños o incluso a fábricas viejas, declaró. Vivir en jaulas, apartamentos cubiculares o subdivididos se ha convertido en la lamentable opción para decenas de miles de residentes de Hong Kong, señaló. Leung reveló planes de aumentar la oferta de viviendas públicas a mediano plazo, más allá de las 15 mil de su nivel actual.


Unas 210 mil personas están en lista de espera para conseguir vivienda pública, el doble de lo que había en 2006. Una tercera parte de los 7.1 millones de habitantes de Hong Kong, más de 2 millones 300 mil personas, viven en departamentos públicos.


El descontento popular hacia los altos precios de las viviendas se ha vuelto uno de los temas principales de las frecuentes protestas antigubernamentales.


Leung Cho-yin vive en una jaula desde que tuvo que dejar su trabajo en un mercado tras perder parte de un dedo hace 20 años. Debido a que apenas estudió la primaria, sólo pudo encontrar empleos esporádicos. Su único ingreso son 4 mil dólares de Hong Kong (HK) (515 dólares estadunidenses) en asistencia pública. Tras pagar su alquiler se queda con 2 mil 700 dólares HK (350 dólares), lo que en promedio implica 90 HK dólares (11.60 dólares estadunidenses) diarios.


Leung y sus compañeros de habitación, todos hombres solteros y ancianos, lavan su ropa en un balde. Hay dos retretes encerrados y uno de cuclillas que está dentro de la ducha. No hay cocina sino una pequeña habitación con un lavaplatos. Las paredes han tomado un color ocre bajo la suciedad y el hollín de tantos años.


Aunque las jaulas, que comenzaron a surgir en los años 50 para hospedar a los hombres solteros que venían a trabajar desde el interior, son cada vez menos comunes, hay otros tipos de viviendas deficientes, como departamentos-cubículos que están aumentando a medida que se incrementa la pobreza. Casi 1.19 millones de personas vivían en esa condición, según la Agencia de Servicios Sociales de Hong Kong.


Muchos habitantes pobres de este territorio han solicitado viviendas públicas, pero deberán esperar años. La mayoría de unas 500 familias pobres que respondieron a una encuesta de Oxfam Hong Kong han estado en la lista por más de cuatro años sin recibir una oferta.

 

AP

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A finales de los años 60 a los estudiantes de arquitectura y de ingeniería de la Universidad Nacional, sede Medellín, nos llevaron a ver las complejas obras de mitigación que se hacían en el Hotel Intercontinental (en ese momento en construcción), para impedir que el edificio continuara desplazándose sobre el terreno ladera abajo.

 

En los años 70 las autoridades de planeación de la ciudad establecieron serias restricciones para la construcción en las áreas aledañas al hotel, ya que, según estudios y diagnósticos geológicos y geotécnicos disponibles en ese momento, esa zona de la ladera oriental presentaba serias limitaciones de estabilidad.

 

Años más tarde cuando salta la fiebre constructora en El Poblado, la misma que aún vivimos, gracias a esa curiosa facultad que poseen las tecnocracias de voltear el destino de las cosas de la ciudad, esas tierras –otrora vetadas para la construcción intensiva–, de un momento a otro resultaron colmadas de grandes edificios. Es de suponer que los progresos de la ingeniería, el mejoramiento de las capacidades técnicas de los constructores y contar con nuevos sistemas constructivos, fueron los argumentos que sirvieron en los medios institucionales para justificar el cambio tan radical en la calificación del riesgo de esos suelos.

 

Aunque no es conocido aún, si el suelo tuvo alguna responsabilidad en el colapso del edificio Space y las hipótesis se orientan principalmente a fallas en el diseño estructural, a la mala calidad de los materiales empleados o deficiencias en el proceso constructivo, habrá que esperar el resultado de los estudios que adelantan los especialistas, para saber las causas de una tragedia que no deja de sorprender dadas las características de esta edificación destinada a población de altos ingresos que, en teoría, debería contar con los más elevados estándares de calidad, en un derrumbe que, por demás, sucedió en frío, es decir, sin que mediara un evento natural que en alguna medida lo pudiera justificar.

 

Pero sea que se determine que fueron o no los suelos (un factor determinante en la explicación del colapso del edificio y sus secuelas de muerte y desalojo de residentes), es necesario decir, que el acomodo realizado de las medidas restrictivas de construcción en esa zona por parte de las autoridades de la ciudad, favoreciendo los intereses inmobiliarios que la tenían en la mira, es un ejemplo patente de lo ocurrido desde hace tiempo con el manejo de las políticas reguladoras del desarrollo urbano en Medellín y los municipios del área metropolitana. Sin duda, tales medidas están dirigidas más al favorecimiento de intereses de grandes especuladores urbanos y menos al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes y la construcción de un urbanismo equilibrado y sostenible, como reza la retórica idealista de los Planes de Ordenamiento Territorial (POT).

 

Y es la lógica de funcionamiento de los POT, donde está la semilla de buena parte de los males que padecemos los habitantes de las ciudades, de los cuales la tragedia del edificio Space no es más que la punta del iceberg.

 

Ciudad "compacta"

 

Muchos POT colombianos, entre ellos el de Medellín y Envigado, hablan de ciudad compacta como una imagen de ciudad coherente, equilibrada y sostenible que combina altas densidades con un espacio urbano confortable y bien equipado. En este modelo de ciudad, copiado de urbes europeas, no hay respeto igual que en aquellas ciudades que garantizan: extensas áreas construidas en edificios multifamiliares de máximo 5 a 6 pisos, que cuentan con un adecuado soporte urbanístico en términos de espacio público, vías vehiculares y peatonales, diferentes alternativas de movilidad, equipamientos públicos, comerciales y servicios en los primeros pisos, etcétera.

 

En Medellín, el caso más asemejante a este ideal de ciudad compacta, es la transformación sufrida en barrios como Laureles, Conquistadores y zonas aledañas. Son densificados mediante la construcción de edificios multifamiliares de mediana altura, en lotes que antes ocupaban viejas casonas y, lo más importante, aprovechando una excelente infraestructura urbanística preexistente de amplias vías y zonas verdes y un trazado urbano fluido.

 

Pero, para lamentar, esta idea de ciudad compacta tomó cuerpo como patrón de desarrollo de manera perversa, como ocurrió en la Comuna de El Poblado. Allí, a la existencia de una precaria infraestructura suburbana, a la carencia de un sistema vial adecuado para soportar altas densidades, a la precariedad de espacios públicos y de equipamientos (territorio además pródigo en aguas superficiales y subterráneas y con suelos difíciles para la construcción), le superpusieron un parque habitacional de altísima densidad, dispuesto en un inicio en casas de unidades cerradas y, luego, en torres de 20 y más pisos, haciendo de la densidad el único componente de la "ciudad compacta" que se pretendía crear. He aquí, justamente, el único aspecto que le interesaba al sector inmobiliario, que con la complicidad de diferentes administraciones, de políticos, curadores y funcionarios dolosos, logró; capar o soslayar las obligaciones urbanísticas requeridas para que exista, en realidad, una ciudad compacta que provea calidad de vida, seguridad y civilidad a sus habitantes.

 

Pero lo peor: Este modelo perverso de El Poblado fue copiado en versiones cada vez con menores condiciones, dirigidas a estratos socioeconómicos más vulnerables en otras zonas altas de Medellín como Robledo Alto, Belén, Villa Hermosa y otras, así como también áreas periféricas a los cascos urbanos desarrollados de otros municipios del área metropolitana, como Envigado y Sabaneta, en donde aparte del colapso de movilidad se produjo un serio deterioro del medio ambiente privilegiado que tenían estas zonas.

 

Estos frentes de desarrollo inmobiliario especulativo actúan lote a lote, sin visión de conjunto alguna en los aspectos urbanístico, geológico, ambiental, paisajístico, a base de construir las mismas torres repetitivas de 14, 15, 20 y más pisos, erigidas sin exigencia de idoneidad profesional a sus gestores. Son torres construidas sobre suelos con dudosa estabilidad, montadas sobre precaria infraestructura vial, de servicios y de equipamientos, evitando al máximo cumplir (con la complicidad de las administraciones municipales, las curadurías y los consejos municipales) con las obligaciones y compensaciones urbanísticas que, según las bellas intenciones retóricas de los POT, deberían garantizarse para lograr un desarrollo urbano equilibrado y, lo más grave, soslayando con frecuencia las limitaciones ambientales, arriesgando la estabilidad de suelos, así como la preservación de las aguas naturales y la supervivencia de especies de fauna y flora nativas.

 

Esta pseudo ciudad carente de urbanismo, insostenible ambientalmente, congestionada y fea, no deja muertos visibles como los que produce el colapso de un edificio, pero cabe preguntarse, ¿Quién paga por las des economías en los ingresos de las familias, por las insatisfacciones e incomodidades, por la pérdida de tiempo, por la carencia de espacios de recreación pasiva y activa, por la falta de amoblamientos adecuados, por la pérdida de patrimonios que día a día produce este tipo de urbanismo pirata institucionalizado?, de crecimiento lote a lote, que hoy se tomó nuestras ciudades y que es la fuente de enriquecimiento y, porque no decirlo, de lavado de dineros ilícitos, de la cual se beneficia una industria de la construcción tomada por el espíritu especulativo y de la ganancia a toda costa, con el consentimiento interesado de muchos funcionarios públicos, políticos de oficio y gobernantes.

 

También contribuyen al deterioro

 

Otros factores suman para la formación del iceberg de conflictos que afectan el presente y el futuro de nuestras ciudades:

 

Las curadurías, nutridas en lo económico del mayor número de licencias aprobadas, convertido así, cada vez más, en factor de discordia entre, por un lado los ciudadanos residentes que ven amenazados sus intereses o su calidad de vida, y por el otro los constructores, las oficinas de planeación y de medio ambiente y demás entes públicos competentes o con poder para la construcción de ciudad.

 

Dada su naturaleza dependiente de la aprobación de licencias, las curadurías tienden a favorecer (como se puede suponer) a los constructores, en detrimento de la responsabilidad que tienen para defender los derechos de los vecinos colindantes (únicos interlocutores comunitarios válidos para las curadurías) a quienes en la mayoría de los casos, o no se los toma en cuenta o simplemente se cumple con ellos el formalismo burocrático de pedirles una opinión que, al fin y al cabo, no tiene ningún efecto práctico en la aprobación de los proyectos.

 

Los gremios profesionales, las sociedades de arquitectos y de ingenieros, desdibujados en su totalidad de lo que en algún momento fueron: entidades pensantes comprometidas con un proyecto de país, que desempeñaron tareas pedagógicas respecto al conjunto social –en lo arquitectónico y urbanístico– cuando el país se enfrentó a la transición campo-ciudad o al reto de la modernidad. Pero de ese espíritu no queda nada. Estos gremios fueron literalmente tomados por intereses particulares, por el espíritu de la especulación inmobiliaria. Sus dirigentes son los mismos que encabezan los monopolios de la construcción. ¿Qué se puede esperar entonces de estas entidades gremiales si su única propuesta al ajuste que hoy se discute del POT en la ciudad es la de desaparecer el aeropuerto Olaya Herrera, no para el gran parque que necesita la ciudad sino para "liberar" esa gran reserva de tierra para sus negocios?

 

El POT, en cuanto a la participación ciudadana en su aprobación y gestión, es otro de los temas presentados en forma muy florida en los encabezamientos que les sirven de presentación y fundamento, la experiencia muestra que estos planes –y sus ajustes– se aprueban, en la práctica, entre la administración de turno, los concejos municipales y sus aliados gremiales.

 

Nada pueden hacer los esfuerzos de los consejos territoriales, de las comunidades organizadas, si éstos avanzan en contravía de los designios del alcalde de turno, su oficina de planeación, los gremios de la construcción y el concejo; en el mejor de los casos se muestra una lista de eventos informativos que se realizaron con las comunidades del municipio en los que se "socializaron" las propuestas. Una vez aprobado el POT, o un ajuste del mismo, no hay lugar a replica ni a ningún tipo de acción participativa de las comunidades que sientan afectados sus intereses por las decisiones tomadas. De esta manera, estos Planes están convertidos en una suerte de ley divina imposible de modificar aunque existan errores evidentes que exigen introducir cambios en la marcha.

 

Conclusión sabida y padecida

 

Es posible afirmar, de esta manera, que lo único que en realidad aplican de los POT está en el capítulo referido a los aprovechamientos posibles de sacar a un lote, pues ahí, está el motor que finalmente mueve hoy por hoy la construcción de la ciudad. Es decir, el arte de cómo sacar el mayor provecho económico de un lote cumpliendo con el mínimo de obligaciones y compensaciones urbanísticas, que son en teoría, la cara amable de los POT y sin las cuales, sencillamente, no hay ciudad. De todos los demás aspectos mostrados en el discurso normativo no se aplica nada, o se aplica muy poco.

 

Si no es así, que se explique ¿qué pasa con los planes parciales, en teoría los que permiten recuperar zonas deterioradas o desarrollar ordenadamente otras? ¿Qué pasa con los balances de espacio público disponible, con la movilidad, con el embellecimiento de la ciudad, su confort urbano, etcétera?

 

Transcurridos casi 15 años de aplicación de los POT es poco lo que pueden mostrar como logros significativos para la calidad de la ciudad. Nos podemos preguntar cuál barrio de la ciudad puede mostrar un solo avance –en su calidad urbana– imputable a la aplicación de los POT, y no ubicaremos ninguno, pero sí, muy por el contrario, lo identificable son desmejoras.

 

Así las cosas, Medellín, sus municipios cercanos y muchas otras ciudades colombianas están presas en la actualidad de las expresiones más burdas de la especulación inmobiliaria, avaladas por una compleja alianza de poderes públicos y privados que inclinan la balanza para favorecer el interés particular sobre el general. Esta es la causalidad de fondo, el cuerpo del iceberg que mostró en Medellín su cima con el edifico Space y los demás edificios desalojados, que a raíz de su crisis, fueron visibilizaron como edificaciones en alto riesgo de colapso.

 

* Arquitecto, profesor especial Escuela del Hábitat Universidad Nacional, Medellín.


 

 

Recuadro

 

Construcción y afán de ganancia

 

Por Junta Cívica Paraje El Pinar*

 

Con la tragedia del complejo habitacional Space, toda nuestra sociedad pudo ver, sin tapujos que "los constructores privados no reparan en obtener el mayor volumen de ganancia a costa de la calidad y seguridad de las obras. De ello no se escapa ni la construcción privada ni la contratación pública".

 

"Es tan vertiginosa la actividad constructora desde hace 10 años que las curadurías no tienen tiempo ni personal ni les interesa revisar bien los proyectos que le presentan febriles edificadoras como Lérida CDO, propiedad de la familia del exgobernador de Antioquia, Álvaro Villegas Moreno"**.

 

"[...] En promedio cada mes se otorgan 500 licencias de construcción (ADN, octubre 16 del 2013). A la alcaldía ni al concejo municipal le interesó nunca controlar de verdad esta actividad, pues con una actitud eminentemente alcabalera solo se preocupan por obtener desbordadas tarifas de impuesto predial e industria y comercio, injustamente decididas en detrimento de millares de contribuyentes".

 

"[...] En algunos foros sobre vivienda, en los últimos 7 años se han desatado discusiones y prevenido sobre la desaforada edificación en las laderas tan inestables que tiene Medellín empleando la famosa moda de la mampostería estructural (malla electrosoldada) en alturas superiores a 20 pisos que imperó en la planicie del centro de la ciudad en la alcaldía de Fajardo (y todavía hoy en Pajarito y en la Comuna 15 y 16). Al parecer, ni esto ni las normas de sismorresistencia aconsejables para el Valle Aburrá se han tenido en cuenta íntegramente y, por el contrario, el POT es modificado a favor de una plutocracia constructora insaciable, aupada por la SAI y otros gremios, que no deja "lote sin cabeza". Nos atrevemos a decir que un mediano temblor de tierra puede causar una tragedia mayúscula que puede afectar no ya solo a los apartamentos populares sino también los de alto costo. Cabría también preguntarse si el municipio y el concejo han hecho algo por evitar que grandes lotes de las laderas de Medellín sean monopolizados y urbanizados por altos ejecutivos con asiento en los gremios beneficiarios de la especulación de los suelos y materiales y del derecho constitucional a la vivienda digna.

 

* En 1980 solo ejerció 18 meses la gobernación de Antioquia, ya que la Procuraduría General de la Nación le pidió la renuncia por la investigación que abrió en su contra por "especulación en la compraventa de terrenos", ya que valido de su investidura su empresa Ingeniobras adquirió un lote de 201.000 mts2 en Niquía, Bello, el cual a los 50 días exactos entregó al ICT para cofinanciar las 1.948 casas bifamiliares que se hicieron de 1981 a 1984, con un incremento desmesurado del 2.000%. (Fuente: Boletines Comité Cívico de las Bifamiliares de Niquía, 1984).
** Extractos del artículo "Construcción en manos de avilantadas empresas e irresponsables curadores".

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  • Autor Gilberto Arango Escobar
  • Edición 197
  • Sección Vivienda
  • Fecha Nov 20 - Dic 20 / 2013
  • Bajante
Publicado en Edición N°197
Sábado, 22 de Junio de 2013 17:19

Colmenas humanas para un futuro inhumano

El rechazo de los grandes constructores a las exigencias que la administración Petro les está presentando, tratando con ello de regular el crecimiento de la ciudad y favorecer la construcción de edificios para Vivienda de Interés Social (VIS), invita a una mirada histórica y global sobre estas temáticas. Lo colectivo y el derecho a vida digna de nuevo destacan como prioridades para infinidad de familias que sobrellevan su cotidianidad bajo la dictadura del mercado.

 

Los hechos específicos que desatan las grandes conflagraciones sociales se convierten, a menudo, en simples anécdotas que no en pocos casos se marginalizan rápidamente por los analistas y los mismos protagonistas. Tras esos sucesos, sin embargo, además de la fuerte carga simbólica que normalmente contienen, terminan rebelándose las verdaderas razones del estallido.

 

En el caso reciente de Turquía, la resistencia de un grupo de ambientalistas al derribo de los árboles del parque Taksim Gezi, con el que se daba inicio a la destrucción de ese espacio público para la construcción de un centro comercial, fue de inmediato convertida por el primer ministro, Recep Tayyip Erdoğan, en una simple disculpa de la oposición para lograr mediante la fuerza lo perdido en el campo electoral. Y los analistas más sesudos descubrieron rápidamente que la verdadera motivación no era otra que la reacción contra la islamización de la nación y, por tanto, la defensa de un modelo laico para el país.

 

Sin el ánimo de discutir que las razones del descontento pueden ser múltiples y que detrás de la respuesta tan rápida y masiva seguramente se encuentran motivos de ese calibre, lo que no parece conveniente olvidar es que las protestas contra los megaproyectos constructivos ya se habían presentado, y que obras como un tercer puente sobre el Bósforo (que quiere demostrar una integración total con Europa) o un aeropuerto adicional han suscitado fuerte resistencia, pues se consideran lesivos del patrimonio natural.

 

La urbanización acelerada de los países periféricos, que se ha caracterizado por consolidar ciudades duales, en las que coexisten pequeñas áreas con todo tipo de comodidades al lado de tugurios donde se carece prácticamente de todo, y la lenta pero segura polarización de las urbes del llamado primer mundo que han visto un no tan lento crecimiento de las desigualdades (en los 34 países de la OCDE el índice de Gini pasó de 0,29 en la década de los ochenta del siglo pasado a 0,316 en 2010), amenazan con crear verdaderos estallidos de violencia. La muerte por la policía de un inmigrante en Estocolmo, en mayo de éste año, dio lugar a una serie de disturbios por cuatro noches consecutivas. Hecho que ya tenía antecedentes en marzo del 2007 cuando un grupo de jóvenes se enfrentó a la policía por el cierre y desalojo de un centro juvenil no convencional.

 

Pero no sólo es en Suecia, país que siempre ha ocupado lugares de privilegio entre las sociedades con más garantías, pues en París y en otras ciudades francesas, jóvenes migrantes, en octubre de 2005, respondieron las agresiones policiales, con un saldo de más de 10 mil vehículos y algunos edificios públicos incendiados. Ese mismo año también Londres vio los embates de la furia callejera, en una muestra que los problemas latentes de las ciudades modernas no son asuntos coyunturales.

 

¿Jaulas de concreto?

 

El predominio demográfico de lo urbano es un fenómeno reciente. En la primera década del siglo XX, en los países del centro capitalista el 20% de la población era urbana y en los países de la periferia tan sólo el 5% residía en las ciudades. En 1950, el promedio mundial de la tasa de urbanización alcanzaba el 29,1%; en 1980 subía diez puntos y llegaba a 39,2%, y en 2008 la población urbana supera por primera vez a la población rural. Se prevé que para 2050 el 70% de los habitantes del planeta se concentrarán en las ciudades. El caso de China es paradigmático de como los procesos de urbanización alcanzan ritmos cada vez mayores, pues la tasa de urbanización de ese país entre 1963 y 2003 pasó de 17 a 39%, es decir que en cuarenta años, según Naciones Unidas, tuvo un cambio que demoró en Inglaterra 120 años y en USA 80.

 

Las entidades multilaterales estiman que entre 2010 y 2015 cerca de 200 mil personas se adicionaran a la población urbana cada día (alrededor de 73 millones al año) de las cuales el 91% lo hará en países de la periferia. Las preguntas que surgen, entonces, tienen que ver con las condiciones que deben afrontar los nuevos urbanistas, pues las condiciones de la contratación laboral que se imponen, impiden a las nuevas generaciones de trabajadores flexibles devengar un salario que les permita acceder como propietarios a una vivienda. En España, en 2012, cuarenta mil familias entregaron sus viviendas por incapacidad para pagarlas, inaugurando una era de desalojos que apenas comienza. El economista de ese país, Santiago Niño Becerra, pronostica que en 2050 lo predominante serán los mini-apartamentos arrendados, y que la propiedad inmobiliaria será exclusividad de las élites.

 

La reducción del espacio físico de habitación ya se vislumbra como una consecuencia de la reducción de ingresos que se impone como norma sobre las sociedades "posmodernas". El alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, y el de San Francisco, Ed Lee, han propuesto construir 'minipisos' entre 26 y 30 metros cuadrados, destinados inicialmente a personas que vivan solas (estudiantes y solteros jóvenes, principalmente) para reducir los costos de alquiler. Pero, como van las cosas, es difícil creer que los mínimos se detengan ahí, pues en Pekín el ingeniero Huang Rixin, inspirado en los "hoteles cápsulas" de Japón, construye apartamentos-cápsulas de dos metros cuadrados en los que tan sólo hay espacio para una cama pequeña y cuyo servicio de baño (localizado fuera del edificio) es colectivo para el conjunto de mini-apartamentos. ¿Cabe duda que el capital también marcha hacía la expropiación absoluta del espacio, y hacia la reclusión física de los trabajadores, literalmente hablando, en jaulas de concreto? Los 35 metros cuadrados de las llamadas Viviendas de Interés Prioritario (VIP), que en Colombia se ofrecen como soluciones al problema de la habitación no son más que un resultado de la agudización del proceso de expropiación de las condiciones de vida de los trabajadores a las que nos ha llevado el capital.

 

 

La ganancia contra la vida

 

El predominio de la lógica capitalista en la creación de lo urbano tiene fuertes implicaciones sobre la suerte de los cada vez más numerosos millones de personas que llegan a habitar en las ciudades. Al llamado problema de la "escasez del suelo", que tiene que ver, en buena medida, con el hecho que los terrenos, para ser urbanos, tienen que contar con toda una serie de equipamientos colectivos (redes de alcantarillado, de agua potable, de energía eléctrica, viales, entre otros), que normalmente provee el Estado, y hacen de éste un bien altamente costoso en el mercado, se suma el relativamente elevado volumen de las inversiones en la industria inmobiliaria, que la convierte en un sector altamente concentrado, y con todas las prerrogativas de los oligopolios en la imposición de los precios.

 

El caso de los insumos no es diferente. En la industria cementera, por ejemplo, las cinco empresas más grandes controlan más de la mitad de la capacidad de producción mundial. Lafarge (Francia), Holcim (Suiza), Cemex (México), y FL Smith son las más importantes. Estas empresas han entrado en una etapa de automatización, que ha llevado a que el empleo en esa industria caiga dramáticamente mientras aumenta considerablemente la producción. La última de las nombradas instaló en Tongling, China, un horno con capacidad de producir 12.000 toneladas de cemento por día. China es, de lejos, el primer productor mundial generando el 54% del total. De más está señalar que se trata de una de las industrias más contaminantes, y que sus efectos colaterales no son contabilizados.

 

Que se piense en mini-apartamentos no implica que los constructores vayan a obtener mini-ganancias, todo lo contrario, pues la industria de la construcción se proyecta como una de las más prometedoras en las décadas siguientes. Según el estudio de las firmas de investigación Global Construction Perspectives y Oxford Economics, cuyos datos más importantes ha reproducido la prensa del sector inmobiliario, se prevé que éste se expandirá 5,2 por ciento en promedio cada año, superando el crecimiento del PIB global. Del 11% que el sector de la construcción representa en el PIB mundial, se pronostica que en 2020 pasará al 13,2%. En sólo siete países –China, India, Estados Unidos, Indonesia, Canadá, Rusia y Australia– se concentrará el 65 por ciento del crecimiento de la construcción mundial en el 2020. Se considera que en ese año la industria de la construcción china abarcará el 20% del total.

 

Fue el geógrafo francés Henri Lefebvre, el primero en llamar la atención sobre las implicaciones de permitir que los espacios urbanos fueran organizados única y exclusivamente por los intereses del mercado. El sólo hecho que la ciudad sea una entidad en la que lo público es estructural debe obligar a la reflexión acerca de la importancia que la regulación y lo político deberían tener en las decisiones que atañen al ordenamiento territorial urbano.

 

Sin embargo, la mercantilización creciente de los espacios de socialización, ha dado un peso aún mayor al valor de cambio sobre el valor de uso, y en consecuencia se han sacrificado en grado sumo las satisfacciones colectivas en las ciudades para favorecer las ganancias. Siendo –como es la ciudad– un constructo netamente humano, es aberrante que en su estructuración sean las personas lo último que se tiene en cuenta cuando el espacio o las condiciones de su ocupación se alteran. Por eso, la eliminación de parques públicos se ha constituido, en más de una ocasión, en causa de conflicto social. El geógrafo escocés Neil Smith cita en su trabajo sobre la gentrificación el caso icónico del Tompkins Square Park de Nueva York en 1988, como un ejemplo de desplazamiento social resistido por los grupos subordinados. De ahí que no se debe minimizar la causa original de las protestas en Turquía. En Colombia, no se podría aceptar, tal como se propone, que la redensificación tenga lugar a costa, por ejemplo, de algunos terrenos de la Universidad Nacional.

 

La ciudad se parcela en porciones cada vez más pequeñas, y las llamadas fronteras invisibles se multiplican aceleradamente, haciendo del encierro el sello de la ciudad futura. Los guetos no son el caso exclusivo de las minorías raciales, sino que la discriminación social, de género y de creencias asume su parte. El espacio cada vez más estrecho al interior de las viviendas se replica en el exterior en forma de accesos reales a espacios cada vez más reducidos de la totalidad urbana.

 

Colombia, siguiendo la ruta

 

A partir de 1965, se inicia en Colombia el período de predominancia de la población urbana sobre la rural. Pero, es a partir de los años setenta cuando las ciudades comienzan su proceso de modernización. La industria inmobiliaria, propiamente dicha, aparece a mediados de los cincuenta, años en los que se da inicio, aunque aún de forma incipiente, a la construcción de vivienda en altura. En la actualidad se considera que el 74% de la población del país es urbana, muy dentro de la línea de los países latinoamericanos, cuya tasa de urbanización en promedio es la más alta del mundo, en obediencia a un sector servicios dominante, sostenido por rentas extractivas.

 

El PIB de la construcción ha aumentado su participación en el PIB total y pasó de representar 4,3% en el 2000 al 7,5% en la actualidad. Sin embargo, el déficit de vivienda supera los dos millones de unidades, y la brecha se sigue abriendo si se tiene en cuenta que los hogares nuevos en Colombia superan los 280 mil, mientras que al año se construyen a lo sumo 200 mil viviendas licenciadas. Lo que significa que anualmente, al menos 80 mil hogares refuerzan la vivienda informal o el hacinamiento.

 

El déficit habitacional en Bogotá se estima entre 250 mil y 300 mil viviendas, con una oferta cada vez menor de vivienda para los sectores de menores ingresos, pues mientras que al inicio de 2008 la oferta de vivienda de interés prioritario (VIP) representaba en promedio el 10% de la oferta total de vivienda, en diciembre de 2011 descendió a su nivel más bajo con una participación de apenas el 2% del stock disponible. En el 2012 representaron apenas el 5% del mercado, según la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol).

 

Está claro que el mercado no es solución para una necesidad vital como la de la habitación, por lo que es hora de denunciar aún de forma más fuerte que la primacía de la ganancia en la construcción es negación de la vida para los de más bajos ingresos. El sólo hecho que se haya legislado sobre la obligatoriedad de destinar el 20% de las áreas que se van a construir a la oferta de vivienda de interés social ha llevado a los constructores a una casi-huelga de hecho, y a hundir las modificaciones al Plan de Ordenamiento Territorial (POT). Modificaciones que si bien no plantean soluciones de fondo, pues la redensificación en el llamado Centro Ampliado ha sido una idea fallida desde los setenta del siglo pasado con el programa de "ciudades dentro de la ciudad", de Lauchlin Currie (que pretendía renovar, entre otras, zonas como San Façon, Las Aguas y San Bernardo), o el Plan Revivir la ciudad, propuesta del Banco Central Hipotecario en 1986 (centrado en la redensificación de Chapinero), por lo menos insiste en una regulación mayor del crecimiento de la ciudad.

 

Pero, lo importante es entender que la gestión de la vida a través del mercado nos ha conducido a los mini-empleos (conocidos en Europa como mini-jobs, porque se trata de trabajos a tiempo parcial), los mini-salarios (que se quieren seguir acortando), y ahora las mini-viviendas, en un esfuerzo de expropiación y reducción extremo que pretende adelgazar la vida del trabajador hasta el punto de hacerla invisible para sí mismo y sus congéneres.

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  • Autor Álvaro Sanabria Duque
  • Edición 192
  • Sección Urbanismo
  • Fecha Junio 20 - julio 20 de 2013
  • Bajante
Publicado en Edición 192
Sábado, 11 de Mayo de 2013 08:57

Treinta mil desalojos al año

Según un relevamiento del Banco de España sobre los desalojos, el año pasado hubo algo más de 39.100 procedimientos de ejecución hipotecaria en el país, de los cuales 32.490 correspondieron a desahucios en viviendas habituales.

 

Cerca de 32.500 familias en España perdieron en 2012 la casa en la que vivían por no poder pagar las hipotecas a los bancos, informó ayer el Banco de España, en medio del profundo descontento de los afectados con una ley que no les permite saldar su deuda entregando la vivienda. Se trata de la primera vez que el Banco de España publica una estadística de este tipo, que se conoce en medio de la alarma social y la preocupación que los desahucios causan en una España sumida desde hace casi cinco años en la peor crisis económica en varias décadas.

 

Los datos reflejan, además, que en 355 de estos casos tuvo que intervenir la policía. Asimismo, si también se tienen en cuenta los desalojos en los que se requirió la presencia de la fuerza pública sobre viviendas que no estaban consideradas como habituales, el número aumenta a 464.

 

Según los datos, obtenidos mediante una encuesta a los bancos que gestionan más del 85 por ciento del crédito hipotecario destinado a la compra de viviendas, el año pasado hubo algo más de 39.100 procedimientos de ejecución hipotecaria en el país, de los cuales 32.490 correspondieron a desahucios en viviendas habituales. Cerca de 3000 familias se encontraban en esas viviendas en el momento de ser desahuciadas. En proporción al número total de créditos para comprar casa, los desahucios afectaron al 0,53 por ciento de las más de 6,14 millones de hipotecas a hogares existentes al cierre de 2012, destaca el Banco de España.

 

De estas entregas, más de la mitad, unas 18.300, fueron voluntarias. En este apartado es donde, además, se incluyen las entregas en pago, que es cuando el banco acepta la entrega del inmueble hipotecado en pago de la deuda. La banca asegura que el año pasado, antes de que el Tribunal de la Unión Europea dictaminase que la ley española no protege adecuadamente a los hipotecados, se cerraron 14.110 entregas en pago.

 

La "dación de pago universal y con carácter retroactivo" es la medida principal reclamada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), pero no fue incluida en una ley para proteger a los deudores hipotecarios aprobada el miércoles por el Parlamento con el único apoyo del mayoritario y oficialista Partido Popular. El objetivo de esta dación de pago universal y retroactiva es aliviar el drama que atraviesan las familias que son desahuciadas y que, pese a perder su vivienda, tienen que seguir pagando al banco, ya que el valor de la vivienda embargada ha caído frente al préstamo que en su día concedió la entidad financiera.

Cerrado el capítulo de las entregas voluntarias, la banca tuvo que recurrir a la vía judicial en otros 14.165 casos para recuperar el inmueble. En el 83 por ciento de los casos, la vivienda estaba vacía en el momento en que los representantes del banco tomaron posesión de la casa. Por el contrario, 2405 estaban ocupadas, lo que implica que las familias afectadas se vieron forzadas a abandonar la vivienda contra su voluntad. En cuanto al tiempo transcurrido desde que se produce el impago, la estadística afirma que el 85 por ciento de las hipotecas que dieron lugar a entregas judiciales ocupadas en 2012 se originó en el año 2007 o incluso antes.

Los datos del Banco de España llegan en plena profusión de estadísticas sobre las ejecuciones hipotecarias tras años de opacidad. Ello se ha debido a la repercusión social que tienen los desahucios, que han aumentado con fuerza en los últimos meses por culpa de la persistencia de la crisis y el imparable auge del paro.

 

"Es la primera vez que el Banco de España elabora esta estadística y, por lo tanto, los resultados que de ella se obtienen han de tomarse con las debidas cautelas", alertó un portavoz del banco. Para interpretar la información, añade, también hay que tener en cuenta que los datos, aunque se han obtenido de un grupo de entidades que gestionan la mayor parte del crédito hipotecario concedido a los hogares para compra de viviendas, no reflejan la totalidad del sector bancario español. En adelante, el banco publicará regularmente esta información con una periodicidad semestral.

 

El gobierno del presidente Mariano Rajoy dijo que mejorar la situación de los deshauciados es una prioridad de su gobierno, argumento que fue rechazado por toda la oposición.

 

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El Centro Nacional de Defensa de los Derechos Humanos, un organismo patrocinado por la Conferencia Episcopal de Brasil, se ha mostrado preocupado por una posible “limpieza social” de las personas sin techo, con motivo de la celebración del Mundial de Fútbol del próximo año.
 


Junto a esta asociación ha expuesto también sus temores al Gobierno, el Consejo Nacional de Procuradores Generales (CNPG). Representantes de ambos organismos se han encontrado ya con el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Gilberto Carvalho, para alertarle sobre sus temores. Se están observando especialmente las ciudades que acogerán los partidos de la Copa.
 


Las organizaciones temen que la llamada, “higienización” de los que viven en la calle por motivos diferentes, sea un eufemismo para dar mano suelta a los verdugos de las personas indefensas, invisibles para la sociedad, pero que podrían ser vistas por los millones de turistas que lleguen a Brasil el año que viene. Sin contar que el papa Francisco llega a Río dentro de tres meses y que estarán presentes en la capital carioca más de dos millones de personas con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud.
 


En los últimos 15 meses han sido asesinados 195 vagabundos, la mayoría quemados por anónimos. El último de ellos es Jorge Affonso, de 49 años, asesinado este domingo en Jacupiranga, a 280 kilómetros de São Paulo.


 
A Goiânia, capital del estado de Goiás, a 200 kilómetros de Brasilia, ha sido enviada una comisión del Ministerio de Derechos Humanos para analizar los últimos 29 asesinatos de personas sin hogar.


 
Según datos oficiales del IBGE (Instituto Brasileño de Geografía y Estadística) existen en Brasil no menos de 1,8 millones de personas viviendo en calles y plazas de las ciudades, y menos del 25% de las ciudades tienen políticas para ellas.
 


Sólo en São Paulo se calcula que unas 15.000 personas no tienen casa, 5.000 más que hace diez años. A pesar de que en 2009, el Gobierno del entonces presidente Lula da Silva lanzó el programa de Política Nacional a favor de los vagabundos, las autoridades suelen cerrar los ojos ante esa cruda realidad.
 


Y sin embargo, para el sociólogo Mauricio Botrel, del Centro Nacional de Derechos Humanos, son imprescindibles las políticas locales a favor de estas personas para evitar una “limpieza social” llevada a cabo generalmente en la oscuridad de la noche y aplaudida en silencio por las personas de bien.


 
El fiscal general del Estado de Río Grande do Sul, Eduardo Veiga, presidente del Grupo Nacional de Derechos Humanos, ha afirmado que los Ministerios Públicos de los Estados están siendo orientados a fiscalizar la implantación de comités municipales a favor de los sin techo en todo el país.


 
Que los temores de obispos y fiscales no son infundados lo revela además el precedente de Rio, cuando reporteros del diario Folha de São Paulo descubrieron en 2009 a la alcaldía de Rio recogiendo a vagabundos deprisa y corriendo en el trayecto de la comitiva de la Comisión del Comité Olímpico (COI) responsable de elaborar un informe sobre la presencia del Mundial en la capital carioca.


 
María Cristina Bore, presidenta nacional de las Políticas de la Calle, ha afirmado que una operación de limpieza social de los sin techo “está en la pauta del día”, con motivo del Mundial.


Por Juan Arias Río de Janeiro 29 ABR 2013 - 17:38 CET

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Miércoles, 23 de Enero de 2013 05:45

Una demanda por los desalojos

El drama de los desahucios que todos los días deja a decenas de familias en la calle fue observado por el gobierno de Rafael Correa. El Estado español fue denunciado ayer ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por la Defensoría del Pueblo de Ecuador por presunta violación de derechos fundamentales y privación de justicia de un ciudadano ecuatoriano radicado en España, afectado por la crisis hipotecaria en ese país al ser desalojado de su vivienda.

 

El caso atañe a Luis Solórzano, quien desde el momento de la firma del contrato y hasta la ejecución hipotecaria no tuvo la posibilidad de defender sus derechos fundamentales, expresó ayer la Defensoría en un comunicado difundido por la agencia de noticias AVN. “Se han vulnerado sus derechos a la vivienda y otros como educación, salud, derecho a la intimidad familiar, derecho a una vida digna”, consideró el organismo, que resaltó que, como consecuencia de la crisis, muchas familias afectadas están condenadas al pago de una deuda eterna, a la exclusión social y a la pobreza.

 

El caso fue presentado ante el tribunal comunitario con sede en Estrasburgo, tras agotar todas las instancias judiciales de España y ser analizado por la Defensoría y juristas españoles. El defensor del Pueblo, Ramiro Rivadeneira, destacó que este caso podría convertirse en un precedente para la creación de un nuevo marco normativo que permita a los ciudadanos en España superar el conflicto ocasionado por la crisis hipotecaria. El ombudsman aseguró que la meta de la acción ante el tribunal europeo es buscar tutela judicial, garantía de derechos fundamentales y justicia. Desde 2011, la Defensoría y la Embajada de Ecuador en Madrid mantienen un programa de asesoría legal gratuita en favor de los compatriotas perjudicados por la crisis hipotecaria.

 

Más de 400 mil familias fueron desalojadas de sus viviendas en España debido a la imposibilidad de pago de las hipotecas, desde que comenzó la crisis económica en 2008.

 

La Coordinadora Nacional de Ecuatorianos en España reveló que unos 15 mil inmigrantes de esa nacionalidad perdieron sus empleos y son víctimas de los créditos hipotecarios, muchos de ellos concedidos de forma engañosa.

 

Al respecto, el canciller ecuatoriano, Ricardo Patiño, anunció ayer que el gobierno de Quito trabaja en planes para que regresen de España sus compatriotas afectados por la crisis en el país europeo, según reportó la agencia de noticias Andes. “Hemos podido apreciar que la situación de crisis que vive España ha provocado un mayor interés de los emigrantes por volver a Ecuador y estamos trabajando para que este retorno se haga de manera ordenada”, declaró Patiño, quien se encuentra en Barcelona en visita oficial.

 

En los próximos tres meses, unos 300 emigrantes ecuatorianos volverán gracias al Plan Tierras, mediante el que se intenta dar facilidades financieras para que puedan comprar parcelas en Ecuador, según informó el canciller. Al respecto, precisó que se darán cursos de capacitación y rebajas fiscales, principalmente para los agricultores ecuatorianos que residen en España, para falcilitar su regreso. Por otra parte, el Plan Ecuador Saludable y el Plan Retorno Productivo buscan allanar el retorno de trabajadores de la salud y de la educación, respectivamente.

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  • Antetítulo ECUADOR DENUNCIO A ESPAñA ANTE EL TRIBUNAL DE ESTRASBURGO POR LA LEY HIPOTECARIA
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Sábado, 17 de Noviembre de 2012 06:43

Desahuciados

La recesión es un virus que debilita la solvencia del sistema financiero en un círculo vicioso de aumento de la morosidad de empresas y particulares, requerimiento de mayores previsiones por incobrabilidad, deterioro patrimonial, exigencia de capitalización y fuga de depósitos por temor a la situación de los bancos. El ajuste de las cuentas públicas reduciendo el gasto profundiza la caída del nivel de actividad económica y, pese a ese resultado impactando en forma negativa en sus negocios, banqueros con su elenco de analistas y economistas ortodoxos aplauden esa política. Este sinsentido tiene origen en la ideología neoliberal de sus protagonistas, en el desprecio a las penurias de las mayorías y en cómo funciona el mundo de las finanzas. Mientras reciben auxilios monetarios del Estado para cubrir los inmensos baches de los balances, cada uno de los dueños de las entidades especula con ser el sobreviviente del naufragio para terminar absorbiendo a los hundidos. Ciclo de concentración del capital que termina configurando el principal instrumento de presión de la banca al poder político: “Demasiado grande (el banco) para dejarlo caer”. El temor a un descalabro económico de mayores proporciones por la quiebra de alguna de las grandes entidades financieras y el fantasma del efecto dominó deriva en la subordinación de gobiernos que se endeudan para salvarlos y aplican impopulares recortes del gasto público para liberar recursos para pagar a los acreedores. Esta situación se está desplegando con prolija violencia en Europa, siendo España la máxima expresión con tasas record de morosidad y ejecuciones hipotecarias.

 

El boom inmobiliario financiado por la banca española alimentó una de las burbujas especulativas modernas más impresionantes. Las entidades obtenían los fondos principalmente de bancos alemanes que compraban bonos con garantía de los préstamos emitidos. El frenesí de ladrillos ha permitido la extravagancia española de alcanzar una cifra total de viviendas cercana a los 27 millones con un poco más de 17 millones de familias españolas registradas. Es impactante la existencia de unas 10 millones de viviendas excedentes de las necesidades de la población, construidas sólo por la especulación alimentada por el sistema financiero. La explosión de esa burbuja provoca un efecto pobreza demoledor por la caída del precio de las propiedades: el 76 por ciento del patrimonio familiar español corresponde a inmuebles y el restante 24 está distribuido en otros activos (efectivo y depósitos, acciones, participaciones de sociedades y seguros), según un informe del banco central de España.

 

Además de la caída del valor de las propiedades, el rostro más cruel del estallido de la burbuja de ladrillos es el desalojo de miles de familias porque al perder el empleo o contabilizar una reducción de ingresos no pudieron cumplir con el pago del crédito hipotecario. La situación es más desesperante debido a que no sólo tuvieron que entregar la vivienda, sino que luego del remate, a un precio por debajo del tasado inicialmente para pactar el crédito, la familia sigue contabilizando una deuda con el banco. Un sistema de esquilma cuyos detalles resultan impactantes. En base a un ejemplo publicado por el diario El País se comprende en toda dimensión:

 

n El 10 de mayo de 2004 una familia suscribe una hipoteca por 120 mil euros para comprar una vivienda tasada en 150 mil euros. El plazo de pago del crédito es 20 años con una tasa de interés fija del 5 por ciento anual. La cuota mensual del préstamo es de 790 euros.

 

n El 10 de mayo de 2011 deja de pagar y empiezan a correr los intereses por mora, que no tienen tope, por ejemplo del 20 por ciento. Hasta ese momento, la cuenta era: intereses pagados 37 mil euros, capital pagado 30 mil euros y un saldo del crédito de 90 mil euros (el monto original era 120 mil).

 

n En julio de 2011, la familia debe dos cuotas (1580 euros) y el banco exige el pago. Por las condiciones del crédito, los bancos pueden reclamar toda la deuda ya al primer mes de mora e iniciar el trámite judicial de ejecución del crédito hipotecario.

n El juzgado otorga 10 días a la familia para regularizar su situación y, si no lo hace porque no tiene el dinero debido a que sus integrantes perdieron el empleo, comienza el proceso de ejecución hasta la subasta de la vivienda.

 

n En el ejemplo, la subasta se realiza en noviembre de 2012, con la obligación de anunciarla con 20 días de antelación. En esa instancia, la cuenta es: el deudor pagó 67 mil euros (capital más intereses) y el saldo de la deuda era 90 mil euros, pero el banco demanda 137 mil euros (deuda hipotecaria, intereses por mora y costas del proceso judicial).

 

n La vivienda se subasta al 70 por ciento del valor de tasación (105 mil euros). El valor original era 150 mil euros. Si hay un comprador, ese dinero es para el banco, pero el monto no cubre la totalidad del reclamo de 137 mil euros. El faltante de 32 mil euros es la deuda que mantiene la familia con el banco.

 

n Por la crisis no hay compradores particulares de viviendas. Entonces el banco se queda con la unidad, pero al 60 por ciento del valor de tasación (90 mil euros). De ese modo, la deuda de la familia con el banco es mayor: 47 mil euros.

 

n Comienza el proceso de desalojo (“de-sahucio”) que se ejecuta en un mes, con posibilidad de otro mes de prórroga.

 

n La deuda no prescribe y el deudor tiene que responder con todos sus bienes presentes y futuros.

 

n La familia no pudo pagar la cuota de la hipoteca porque sus miembros perdieron el trabajo y están desocupados. Se quedaron sin vivienda propia y con una deuda de 32 mil o 47 mil euros con el banco.

 

Después de este recorrido, se encuentra la respuesta de por qué aumentaron los suicidios en España entre quienes pierden la vivienda.

 

Entre 2007 y 2011 se han producido cerca de 350.000 ejecuciones hipotecarias en España. Centenares de miles de familias están siendo desahuciadas de sus casas por las mismas entidades financieras que han provocado la crisis y que han sido rescatadas con dinero público. Los bancos se defienden diciendo que muchos de los “desa-hucios” son de segundas o terceras viviendas, locales comerciales o garajes. El endeudamiento privado español alcanzó un monto equivalente al 235 por ciento del PBI. En total, la cartera crediticia del sistema financiero español suma 1,74 billones de euros, con una mora de 164.361 millones, equivalente al 9,42 por ciento en junio pasado según datos publicados por el Banco de España. El panorama es más inquietante en el rubro créditos hipotecarios, que reúne problemas en más de la mitad de la cartera. Ante este panorama, con políticas públicas que acentúan la recesión, las perspectivas de los bancos españoles son perturbadoras. La prevista recapitalización del sistema por 60 mil millones de euros aportados por la Unión Europea resulta insignificante en ese sendero hacia la insolvencia.

 

La situación española es la más dramática de Europa por las condiciones abusivas de los créditos hipotecarios y leyes que desamparan al deudor. El PP en el gobierno y el Partido Socialista en la oposición están negociando flexibilizar la legislación sobre hipotecas. Si bien sin la furia española, en otros países europeos también aumentaron los desalojos. Una investigación de El País detalla que en Portugal las ejecuciones aumentaron 17 por ciento en 2011 respecto del año anterior; en Francia, el año pasado hubo 113.669 sentencias de desalojos, 4 por ciento más que en 2010 y 40 por ciento más que hace diez años; en Italia, durante el año pasado 39.474 familias italianas fueron desalojadas de sus viviendas por no pagar la hipoteca, un 75 por ciento más que hace cuatro años; y en Gran Bretaña, el Consejo de Prestamistas de Hipotecas estima que los desalojos sumarán 35 mil en este año.

 

La política de austeridad está hundiendo a Europa, arrimando a los bancos a la insolvencia y provocando un desastre sociolaboral. Es la receta de la ortodoxia. ¿Qué piensan los economistas del establishment argentino sobre la crisis europea, en especial sobre la economía de España, ofrecida como modelo hasta hace poco? Retumba el silencio.


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  • Autor Alfredo Zaiat
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Martes, 23 de Octubre de 2012 19:58

Cada casa es una historia

Al caer la tarde, el edificio de cinco pisos ubicado en el costado occidental de la Carrera Séptima con Calle 47 en Bogotá sigue siendo el blanco de las miradas de quienes se dirigen de regreso hacia sus casas. Desde la ventana de los autobuses han visto en las últimas semanas arremolinarse frente al edificio a policías, funcionarios, periodistas, jóvenes y transeúntes, así como a quienes esporádicamente se asoman por las ventanas del tercer piso. Cuando el bus avanza, todos vuelven a sus asuntos cotidianos: qué preparar para la comida de esta noche, pedir una cita médica, etcétera.

Por la ventana del tercer piso del edificio, doña María* se asoma desde esa altura del costado occidental de la carrera séptima, para observar a quienes con curiosidad dirigen sus miradas hacia ella y al inmueble que desde la noche del domingo 30 de septiembre se tomaron junto con un grupo de familias desplazadas de diferentes zonas del país. Mientras mira los autobuses, piensa en lo que podría ‘preparar’ para la comida de esa noche (a pesar de que no cuenta con luz eléctrica) y lo mucho que necesita una cita médica para ella y sus familiares. Pero, sobre todo, se pregunta a dónde irán a parar con su familia y todos los problemas de salud, educación, vivienda y alimentación que tienen encima y que no parecen tener solución en el corto plazo.

En casa de herrero, cuchara de palo


Desde la patrulla parqueada frente al edificio, un policía habla por teléfono, al parecer con un familiar, de lo que está sucediendo. La cosa para él es muy simple: se trata de gente que se metió a la fuerza a una casa que nos es de ellos y tienen que sacarlos. Sin embargo, no pueden entrar mientras no tengan la orden de un juez. Luego se concentra en asuntos domésticos y finalmente comenta su deseo de llegar rápido a la casa para comer, porque el almuerzo al parecer se les envolató. A los pocos minutos llega Gladys, una de las familiares de los ocupantes, con algo de comida para su gente. La policía no permite que la entreguen: “A veces no dejan entrar comida porque los policías dicen que la supuesta dueña –quien no ha demostrado papeles en mano que lo es– se lo tiene prohibido; ¡Como si ella fuera la comandante del cuadrante! Imagínese, hasta a los presos les dan comida y a nosotros nos quieren impedir que comamos y la policía se presta para eso, cuando se supone que ellos velan por que se cumplan los derechos de la Constitución”, dice indispuesta Aura*, una de las ocupantes del edificio, quien se asoma por la rendija de la puerta para poder hablar.

La alusión a los “presos” la hace Aura porque quien se reclamó primero como propietaria y luego, con el pasar de los días, como apoderada del propietario, decidió sellar con soldadura las puertas del edificio para que no pudieran salir y nadie más pudiera entrar. Los ocupantes del edificio aseguran que esto sucedió en presencia de la policía: “Luego de una hora, el amigo del cerrajero que contrataron les hizo caer en la cuenta a todos que podían estar cometiendo un delito, y quitaron de nuevo la soldadura”.

El buen hijo vuelve a casa


A pocos metros del edificio, quien se reclama como apoderada pregunta: ¿Y por qué no se devuelven a dónde estaban viviendo antes? ¿Por qué no se devuelven para la casa? La pregunta es la misma que les hace el Sisben a quienes les niega la afiliación debido a que aparecen registrados en una EPS del municipio donde vivían: “La solución que ellos proponen es fácil: regresen y pidan una certificación de que ya no están afiliados, pero ¡cómo vamos a regresar si por no poder ir allá es que somos desplazados!”, dice Alexander*, quien ha salido del edificio para hablar con los funcionarios del gobierno distrital que han llegado a proponer una mesa de diálogo.

La propuesta que le lanzan al vocero es pragmática: “Desocupen la construcción y luego iniciamos la negociación”. El argumento es, básicamente, que se está reformando la atención y los programas dirigidos a la población desplazada, y adicionalmente pudieran también ingresar al programa de las 100.000 viviendas del gobierno nacional, todo esto en el mediano plazo. Luego de consultarlo con las demás personas del edificio, el vocero sale de nuevo y declina la propuesta debido a que “en realidad no hay garantías para que nuestra situación cambie en algo, y nosotros debemos velar por el bienestar inmediato de nuestras familias. En una mesa de diálogo no existirían garantías que nos permitan pensar que luego podríamos exigir el cumplimiento de lo que acordemos”. Hasta el cierre de la edición, los ocupantes de la Calle 47 con séptima siguen insistiendo en que “¡Si la vivienda no es un hecho, okupar es un derecho!”.

Lo que conviene a la casa viene


El viernes 5 de octubre se convocó por una red social a una “Jornada solidaria con l@s desplazad@s okupas de la 47” –se tienen programadas otras más– a la que asistieron jóvenes de diferentes colectivos políticos y culturales, quienes les entregaron a los ocupantes de la casa: alimentos, mantas y medicamentos, así como su apoyo a través de carteles: “Derecho al techo”, “No más especulación urbanística”, “No más viviendas en ruinas y vacías”, “El techo es un derecho”. Luego, en la carrera séptima agitaron carteles como: “Pite si apoya la lucha por la vivienda”, “¡Arriba la lucha por una vivienda y una vida digna!”, “Okupa por techo, luchar por dignidad y derecho”.

En medio de la jornada llegó una “Carta de solidaridad. Presos políticos”, en la cual apoyan la ocupación del edificio: “Ante su victimización, la ciudad los recibe con desprecio, indolencia, “código de policía”, política de “seguridad ciudadana”, Esmad y un nuevo proceso de victimización que sólo les deja la disyuntiva de someterse a la indigencia y la lumpenización, o dignificarse en la lucha con esta acción directa de Okupación […]” (Lea la carta completa en www.desdeabajo.info). Al final de la jornada, los ocupantes del edificio manifestaron su agradecimiento: “Gracias por su colaboración y apoyo a nuestra causa, busquemos un grito que estremezca al país para que se den cuenta de que existimos”.

* Los nombres han sido cambiados por su seguridad.

Recuadro


“Algunos somos desplazados del sur de Colombia, desplazados por la violencia de los paracos y la guerrilla. Yo salí sola en el 2005, en ese momento era menor de edad, no supe dónde quedó mi mamá y hasta tres años después vinimos a encontrarnos. Mi hermana está aquí en el edificio, ella está reconocida en el registro único de víctimas. Cuando mi hermana salió de donde vivía, al niño de ella le rozó una bala y necesitó cirugía plástica. Ella es cabeza de familia, tiene un niño discapacitado, un niño de 14 años y la niña de 9. El gobierno se lava las manos diciendo que nos da las ayudas cada tres meses, pero es mentira, a veces es una sola al año, además si no es con tutela eso no le llega nunca. La gente dice: ¿Y por qué no trabajan? Yo trabajo como vendedora ambulante y la policía no hace sino corretearlo a uno y quitarle las cosas. ¿Y entonces?”

Gladys.


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  • Antetítulo Lucha por un derecho fundamental
  • Autor Giovanny Araque
  • Edición 185
  • Sección Resistencia
  • Fecha Octubre 20 - noviembre 20 de 2012
  • Bajante
Publicado en Edición 185
Sábado, 22 de Septiembre de 2012 19:29

La búsqueda de vivienda en la inmensa ciudad

Para muchas familias conseguir vivienda es un sueño frustrado. Se dice que Bogotá tiene un déficit de 300.000 nuevas unidades residenciales, una altísima cifra para una ciudad que dice no disponer suelo para la construcción de nuevos proyectos urbanísticos. Y la población sigue en crecimiento acelerado. Después de tantas advertencias frente al modelo poco planificado que se explayó por la Sabana, los amoblamientos de la urbe ahora presionan mucho más hacia los municipios cercanos. Bienvenidos a la ciudad-región que esconde, como expresión física del asentamiento humano, la realidad económica del Sistema Mundo Capitalista.


El déficit de vivienda en Bogotá es fruto de un proceso complejo de urbanización. Las cifras manejadas por la alcaldía señalan 258.046 hogares sin habitabilidad. Una población clasificada, según el Dane, por dos tipos de déficit: los que no tienen disponibilidad de vivienda, un déficit cuantitativo en el que se encuentran 116.529 hogares. Otros 146.517 están con déficit cualitativo, es decir, en viviendas que no cumplen los requisitos habitacionales establecidos por estructura de materiales, cohabitación de varios hogares en una misma vivienda, hacinamiento no mitigable que indica la presencia mayor de 3 a 5 personas por cuarto, la ubicación de la cocina al interior del mismo dormitorio, y el acceso a servicios públicos domiciliarios.

Para remediar esta realidad, el Distrito contempla programas como: cupos para vivienda nueva, subsidios para la adquisición de vivienda usada, para mejorar condiciones estructurales de la vivienda o cupos de arrendamiento. Todos son insuficientes para responder a la demanda. Pero a su vez, proyectos cada vez más insostenibles debido a la relación inversamente proporcional entre el crecimiento urbano y el agotamiento del suelo. Por ejemplo, se estimó en el 2009 que cada año se pueden construir 140.000 unidades de vivienda, al tiempo que se constituyen 185.000 nuevos hogares. Eliminar ese déficit habitacional implicaría construir en Bogotá 30 veces Ciudad Salitre, o 60 veces Ciudadela El Recreo, u 84 veces Ciudad Tunal. En todo caso la ciudad sigue extendiéndose como lo muestra los cuatro proyectos de Metrovivienda: Operación Nuevo Usme, Ciudadela Porvenir, Nuevo Usme y la Palestina. Proyectos de Vivienda de Interés Social (VIS) precarios: una hectárea para 100 unidades residenciales.

Hace poco, Economistas Urbanos Asociados, una empresa de investigación en mercado y opinión calculó que la cifra es mucho mayor, alrededor de 1´300.000 hogares, que en su mayoritaria pertenecen a los estratos dos y tres, una población que ascendería a cinco millones de personas, el 63,7% de ellas viven en el sur de la ciudad, entre barrios populares, donde el promedio de personas por cuarto es de 3,72 y a su vez viviendas donde habría 1,7% hogares, lo que refleja de manera clara el grado de hacinamiento que existe. La firma sostiene, además, que 629.033 familias pagan arriendo en Bogotá.

La ausencia de vivienda es aprovechada para criticar la administración Petro. La Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) señala, por boca de su subgerente Martha Moreno, el incremento del déficit en 57.000 viviendas por año, su preocupación no es por quienes carecen de una vivienda propia sino por la caída del sector de la construcción. Presión mayor se puede deducir de las declaraciones del Ministro de vivienda, ciudad y territorio, Germán Vargas Lleras, por la caída en el desarrollo de proyectos de vivienda, ciertamente molesto porque contaba con la construcción de la Ciudadela Campo Verde en Bosa. Al Ministro solo le importaba que esas 85 hectáreas sumen a la meta de cumplir las 8.000 VIP, así las familias estén en evidente peligro por el desbordamiento de los ríos Tunjuelo y Bogotá.

La dinámica urbanística en Bogotá ha sido poco planeada, potenciada además, por un acelerado crecimiento demográfico producto de constantes procesos migratorios y la misma dinámica natalicia. Un proceso urbanístico que el geógrafo francés Jacques Aprile llama “colonización de caracol”: llegar en situación de arrendatario, en inquilinato, para pasar como propietario a la periferia1.

Pasado y presente

Para 1954 Bogotá ya anexaba seis municipios cercanos, pero el crecimiento desordenado no fue tomado en cuenta por las alcaldías de entonces. Los gobernantes durante mucho tiempo hicieron oídos sordos al tipo de modelo de urbanización, llamados que ya tenían estudios académicos, por ejemplo el realizado en 1969 por el Centro de Investigaciones para el Desarrollo de la Universidad Nacional (CID) bajo la dirección de Louchin Currie, donde hacía un llamado para cambiar el modelo de crecimiento extensivo en bajas densidades a uno más compacto en el centro, pero la administración Barco no tomó las recomendaciones de los estudiosos. El proceso de desarrollo urbano capitalino se hizo afectando los municipios de departamentos cercanos, como Tolima y Cundinamarca.

Se permitió que la ciudad creciera de manera informal, a través de tomas de predios no reconocidos o en riesgo, junto al loteo y la venta de la piratería, de esa manera su periferia se extendió más allá de lo mitigable. Ahora la Administración tiene que afrontar también una política de vivienda que busca, por seguridad física la reubicación, el reconocimiento formal de predios que no tienen titulación, o brindar subsidios para mejorar la habitabilidad y estructura de vivienda. Hoy son muchas las familias que no tienen más opción que exponerse en zonas de alto riesgo. La Dirección de Prevención y Atención de Emergencias (DPAE) priorizó en el 2007 a 4.545 familias ubicadas en zonas de alto riesgo no mitigable, en lo recorrido de estos 5 años sólo se ha logrado reubicar 1.303 de ellas. Las demás tendrán que esperar la posibilidad de reubicarse o el peligro de un desastre. En la actualidad los programas atienden los reasentamientos, titulación y mejoramiento de vivienda en los Cerros Orientales, Operación Tunjuelito, Relleno Sanitario Doña Juana y Río Bogotá.

Las últimas administraciones de la capital tratan de modificar el ordenamiento territorial que traía la urbe, pero priorizando el mercado y el capital transnacional, con proyectos de renovación urbana como el Plan Centro y el Anillo de Innovación. Y esto sin resaltar el negocio especulativo inmobiliario potenciado por los desplazamientos internos, o la especulación con el suelo a través de proyecto como la Operación del aeropuerto. Y aquellos que siguen en la lógica expansiva como la operación Nuevo Usme que busca acercarse a los Llanos, o como Santa Mercedes en localidad de Suba, en la expansión del noroccidente de Bogotá.

La ciudad región Sabana

El gobierno nacional considera que para el 2020 la Sabana tendrá un déficit de 919.000 unidades de vivienda, 712.000 en Bogotá. El propósito con la urbanización en la región central Sabana es construir 649.454 VIS junto a 351.534 no VIS. Una inversión de 78,3 billones de pesos que provienen en su mayoría del crédito de ahorro hipotecario.

En estos momentos se adelantan macroproyectos, al estilo de la Ciudad Capital, como Ciudad Verde en Soacha, o Pesqueros y Ciudad Florecer en Mosquera. Una investigación analiza a Bogotá en dos experiencias que se relacionan con la Región Central2. La primera abarca los departamentos de Boyacá, Cundinamarca, Meta y Tolima, donde se evidencia un crecimiento demográfico mayor que el registrado por la capital de Boyacá, en municipios como Duitama, Sogamoso Villa de Leyva y Chiquinquirá, o hacia Lérida, en el Tolima. En esta relación también hay que tener en cuenta que existe una alta población rural en Cundinamarca y Boyacá, éste último único departamento que concentra el 69.1% de su población en zona rural. La segunda es la Mesa Regional entre Bogotá y Cundinamarca, que al tomar los trece municipios de área de influencia de Bogotá contabilizaría 900.825 habitantes, según la investigación los municipios más cercanos a la ciudad son los que presentan mayor densidad.

Dentro de la asociación de municipios cercanos a la capital hay unos que ven con recelo algunos efectos de la ciudad en su entorno, como Cota, Cajicá y Chía. Por otro lado están quienes quieren tener un tipo de asociación, los más afectados por el crecimiento de la misma ciudad, como Madrid y Soacha. Ya comenzaron a valorizarse los suelos en estos municipios: en Chía su valor se ha multiplicado cinco veces; en Cajicá su incremento también ha sido significativo.

Contrario a ciudades como Nueva York y Madrid, donde producto de su planeación un importante porcentaje de su población vive en los municipios del área metropolitana, en Bogotá sucede lo contrario. Aunque tarde, la importancia de asumir una planeación regional concertada no debe dilatarse más.

En las ciudades del actual mundo capitalista se concentra más de la mitad de la humanidad, una frase que convocó la sexta sesión del Foro Urbano Mundial en la ciudad de Nápoles. Lo más preocupante es que se espera que la cifra alcance los dos tercios de la población total en poco más de una generación. La próxima sesión del Foro en Medellín –2014– seguirá abordando temas de equidad, economía y ecología urbana.

El 60% de las ciudades han crecido sin ninguna planificación, generando grandes asentamientos humanos donde los centros de trabajo están distantes de los barrios. Las zonas urbanas reflejan una forma de organización de las ciudades con el capital expresada en la relación entre concentración y expansión geográfica de la tensión centro-periferia.3

Para América Latina y el Caribe la concentración en las áreas urbanas llega hasta el 80% de la población según ONU- Habitad, en donde una de cada cuatro personas es pobre. A nivel nacional son 2.216.863 hogares que viven en arriendo en viviendas sin habitabilidad, el 76% vive en zonas urbanas principalmente en las ciudades de Cali Medellín, Bucaramanga y Bogotá. La región sabana de la ciudad capital concentra el 43% de ese déficit de vivienda urbana. Es por eso que el problema de las ciudades no tiene una solución en los mandatarios de turno, ya que vivido es la forma como el mundo globalizado habita el planeta.


Notas

1 Aprile-Gniset, Jacques, (1992) La ciudad colombiana: siglo XIX y siglo XX. Talleres Gráficos Banco Popular, Bogotá.
2 Rincón Avellaneda, Patricia (2006). “El tema de la vivienda en Bogotá desde el territorio de la Región Central del país”, en Revista Bitácora, enero. pp.136-147.
3 Harvey, David (2007) Espacios del capital. Hacia una geografía crítica. Ediciones Akal, Madrid, p. 265.

Recuadro 1

Esperando toda la vida una bendición


Al cruzar el portón de esa casa esquinera, asombrado recordé el primer piso que era la tienda de esquina en el barrio de mi infancia. La señora Lucrecia es la dueña de la casa, desde que la recuerdo siempre me pareció muy anciana, pero se conserva siempre igual. Después de liquidar la tienda encontró en el arriendo y los pequeños préstamos a interés, una forma de vivir.

Allí Nora Patricia, una mujer de 32 años me invita a la sala. Un espacio que comprendía mis recuerdos como la zona principal de la tienda, con un mostrador de madera en la esquina del fondo, dos mesas, cada una con tres butacas hacia la pared de la ventana que da a la calle. De frente lo que era en algún tiempo el lugar de la máquina electrónica con la que me inicié en los videojuegos y el orinal de la tienda que entre la modificación de la casa y el olvido del recuerdo todavía no sé ubicar.

Fui a entrevistarla porque mi mamá la conoce. Me comienza a relatar su historia de vida, vivir en Bogotá toda su vida sin conocer que es tener casa propia. Incluso su mamá también toda la vida ha pagado arriendo. Y ninguna de las cuatro hermanas de Nora tiene hasta el momento vivienda propia. El abuelo tenía una propiedad con los hermanos. La mamá de Nora se fue de la edificación de sus tíos –en la séptima con once sur– cuando tenía unos 23 años. Toda una vida pagando arriendo.

Alguna vez el papá de Nora pensó en tomarse algún predio dejado en el proceso de reubicación de las familias del barrio Malvinas. Un barrio informal fundado con el auspicio de la insurgencia en el año de la guerra de Argentina e Inglaterra, y colindante con el barrio Guacamayas. Ella lleva en ese piso siete años. Su primer hijo llegó a los 20 años, pero al papá del niño lo mataron. Después conoció al progenitor del segundo, un niño de de cinco años que nos acompaña en la conversación mientras cambia canciones en el celular de su mamá, pero se separó del papá de Nicolás. En la actualidad convive con una tercera persona con quien tiene un bebé.

“Yo me enteré del arriendo por mi hermana que vivía en una pieza del segundo piso. Ahora ella vive con mi mamá por los lados de aquí abajo”. Nora cancela mensualmente la suma de 270.000 pesos, que incluyen los servicios .La dificultad de pago se presenta cuando se termina el periodo académico, pues trabaja en un colegio. Cuando eso sucede se rebusca para trabajar por días.

Conseguir casa es algo que sueña. Significa para ella una bendición, pero no piensa mucho en ello. Tiene claro que con un mínimo no alcanza para sostener una cuota para VSI o VIP, ni que hablar de créditos bancarios. Mucho más escéptica pues su hermana buscó hace cuatro años un subsidio de vivienda que ofrecía la alcaldía. “Ella fue al Cade aquí en el comunal, pero nunca le salió. No sé si será suerte. Se cansó y retiró la plata que tenía ahorrada. Mi mamá dice que quizás fue porque ella dijo que vivía con marido. Allá le dijeron que lo mejor que podía hacer era meter esa plata (2.400.000 pesos) en un banco dizque para tener un… como se dice… no rentabilidad sino crédito. Mi hermana la menor junto con el marido esperan que les entreguen un apartamento allá en Soacha”.

Nora responde sin rodeos, tiene claro que con los ingresos que tiene no cumple los requisitos para acceder a alguna oferta de vivienda. Seguirá como su mamá, esperando una bendición y pagando la pena.


Recuadro 2

El drama de cada día

El drama de la vivienda en Colombia lo sufren a diario miles de familias, las cuales tienen que hacer rendir sus escasos pesos para garantizar el pago puntual del alquiler y así garantizar que no los desalojen.

Pero la precariedad de los ingresos mensuales obliga no sólo a vivir en arriendo sino, además, a compartir vivienda con otras familias, acomodándose, como se pueda, en una pieza, compartir, además, cocina y servicios sanitarios. Es el famoso inquilinato.

En ocasiones, para fortuna, las casas que arriendan piezas están organizadas con varias cocinas y baterías sanitarias, una por familia, lo cual alivia la cotidianidad.

En no pocas ocasiones, las familias se las arreglan para resguardarse en casas de madera, paroi o latas, lo que para la mayoría de estas es transitorio, pero no faltan las excepciones: familias que a pesar del paso del tiempo, y de contar con un lote amplio, no tienen con qué construirlo: es el caso del señor Carlos Rodríguez, habitante del barrio Potosí, en Bogotá, que se tiene que acomodar con sus 12 hermanos en un área “construida” de 20 metros (“…se ha construido con prefabricado reciclado 10 metros cuadrados, y entre pedazos de madera y lata otros 10 metros”), pues no tiene con qué edificar los 112 metros del lote que posee. Carlos trabaja por días, su esposa arregla casas, pero ninguno de los dos tiene estabilidad en sus oficios, lo cual hace de sus ingresos algo irregular y totalmente insuficiente. Con paciencia acceden al baño, y con cariño cocinan “… como somos familia, en una sola olla”.

En otras ocasiones, los progenitores arriendan a sus hijos, con lo cual se aseguran sus ingresos, y aunque son la misma familia, en verdad terminan siendo varias parejas e hijos al interior de una misma casa. Es lo que le sucede a Asdrúbal Tapasco, que con su familia (esposa e hija), comparte vivienda con su madre y padre, pero también con la familia de su hermana (5 integrantes), 10 personas en total, cancelando $150.000 por la pieza de 3 x 5 que habita. Él vive tranquilo, a pesar de lo pequeño del espacio, pues al fin y al cabo comparte espacio con su familia, y reafirma, “…si estuviéramos viviendo en otro lado, el caso sería más complicado”.

Y es consciente de ello pues la casa cuenta con un solo baño, lo cual los obliga a organizar muy bien su uso. Para la cocción de los alimentos “hay dos cocinas; una que comparte mi núcleo familiar con el de mi mamá, y la otra que la utiliza solo mi hermana con su familia…”.

Pero también hay otras situaciones, como la de Karen Julieth Cabal Castaño, cuya familia –de 4 integrantes– comparte espacio con otras dos familias. La suma de las tres familias da 12 personas en una sola casa. La ventaja que ella destaca del espacio que alquila es que tienen servicio de baño y cocina independiente. Por estos lujos deben cancelar, como arriendo, $280.000 por mes.

La situación más común es la del simple alquiler de casa, así sea estrecha, como la de Aura Cardona, que habita con sus progenitores y tres hermanos en un área de 7 x 3 metros, y cuyo alquiler asciende, más o menos, a $ 250.000.

Para todos los entrevistados, con salarios que escasamente alcanzan al mínimo, en su mayoría inestables, el anhelo de casa propia los acompaña desde siempre, y la realidad del arriendo los tormenta. Esta es la realidad de un barrio en Bogotá, pero con seguridad se encuentran fotos idénticas por todo el país.

 

Informacion adicional

  • Antetítulo Déficit de vivienda urbana en la región de la Sabana
  • Autor Edwin Guzmán
  • Edición 184
  • Sección Análisis
  • Fecha Septiembre 20 - octubre 20 de 2011
  • Bajante
Publicado en Edición 184
Sábado, 22 de Septiembre de 2012 19:09

Mucha gente sin casa y… muchas casas sin gente

El caricaturista estadounidense Robert Ripley creó en 1918 la modalidad de los “aunque usted no lo crea”, en la que se divulgaban sucesos curiosamente extraños, que además de asombrar buscaban divertir. La última crisis del capital, que parece de nunca acabar, ha sido prodiga en hechos, que para las personas equilibradas parecen increíbles pero no divertidos, por lo que seguramente no hubieran tenido cabida en el periódico gráfico de Ripley.

Los irlandeses, por ejemplo, tuvieron que observar la demolición de un bloque de apartamentos, situado a 115 kilómetros de Dublín (y se espera la destrucción de muchos más), en el verano que está concluyendo, porque no tenía comprador y, además, terminaron enterándose que en su país, que apenas cuenta con 4,5 millones de habitantes se habían construido, entre 1995 y 2005, 550 mil unidades habitacionales, y 1.850 proyectos inmobiliarios habían quedado inconclusos, siendo su derribamiento el destino más apropiado que el capital les depara. Las garras del “tigre celta” (así llamaron los economistas oficiosos a Irlanda en la época de la bonanza artificial), que por lo visto eran de ladrillo, hoy son demolidas sin que nadie se escandalice por el despilfarro que la economía de mercado y el “eficiente” sector privado terminan cargando sobre las espaldas de la sociedad.

Lo peor, sin embargo, es que esos proyectos han sido asumidos por los llamados “bancos malos” (lo que sin duda parece una redundancia), que son aquellas entidades que constituyen los Estados para comprar los denominados “activos tóxicos” (invendibles), y que en realidad son bodegas de “basura” financiera, de la que se espera recuperar algo en plazos que van hasta los quince años, y que pagados con dineros públicos “rescatan” a los inversionistas fracasados.

En España, que está repitiendo la historia irlandesa, se estima que en el último año se han dado 60.000 desahucios, mientras más de 3 millones de casas permanecen vacías. Los “ocupas” de las llamadas “corralas” han acuñado el lema de “ni gente sin casa ni casas sin gente”, cuyo parafraseo ha servido de título a esta nota. Lo aberrante de la situación, es que la reciente aprobación del “banco malo” español se ha acompañado de opiniones que ven en la destrucción del “exceso de oferta” inmobiliaria, a través de la demolición de lo construido, un hecho “normal”. Y ya raya a lo obsceno que eso suceda en un mundo en el que cerca de mil millones de personas habita en tugurios.

¿Qué pasa en nuestro vecindario?

Según ONU-Habitat, América latina es la región más urbanizada del mundo, con cerca del 80 por ciento de personas viviendo en las ciudades, casi el doble de los índices de África y Asia, y también superior a los registros de los países del centro capitalista. Esa urbanización, sin embargo, no ha sido consecuencia directa de una robusta tecnificación del campo, y por tanto de una menor necesidad de fuerza de trabajo en ese sector, sino de un inveterado extractivismo (en lo esencial de tipo minero), que forzó tempranamente una tercerización de la economía (aproximadamente el 70% de la población se ocupa en la actualidad en el sector servicios) en la que las actividades comerciales se constituyeron, desde los inicios, en el eje del mercado interno.

Estas urbes sui generis, son las más inequitativas del planeta y las más peligrosas, pues la región es la que presenta la tasa de homicidios más elevada del orbe, 20 por cada 100 mil habitantes, cuando el promedio mundial es de siete, para esa misma proporción. El 39% de los habitantes de nuestras ciudades (111 millones de personas) vive en tugurios, como consecuencia de los bajos ingresos y el elevado peso de las informalidad laboral que varía en un amplio rango que va desde el 30% en Chile hasta el 60% en Colombia.

Para 2010, más de 10 millones de habitantes de América Latina carecía de agua potable y 74 millones no contaban con instalaciones mejoradas de saneamiento, y pese a que el 97,5% de personas accede a agua mejorada, el 25% lo hace a través de conexiones clandestinas o mercados informales. En Chimbote, ciudad del Perú, en marzo de este año, habitantes de la zona invadieron el cementerio para improvisar sus viviendas allí, en un inédito “desahucio” de muertos como una muestra más que el formato de Ripley es un marco muy estrecho cuando se trata de observar las consecuencias de las lógicas del capital.

¿Y qué en nuestro patio?

El gobierno colombiano promulgó este año la ley 1537, en la que por primera vez se reconoce la necesidad de suministrar vivienda totalmente subsidiada a los sectores más vulnerables de la población. Con eso no sólo se terminó aceptando el fracaso de la estrategia de los subsidios como política para proveer de vivienda a los grupos de más bajos ingresos, sino que se pretende dar impulso a una de las “locomotoras” varadas de Santos.





El anuncio de la construcción de 100 mil viviendas para ser entregadas de forma gratuita, debe servir para dimensionar un problema que como los de la gran mayoría de éste país, ha sido velado por la prensa y esterilizado por la academia que aceptan, sin más, que en vivienda se invierta tan sólo 0,51% respecto del PIB, mientras que para seguridad se destine el 5,3%. Se estima que el déficit cuantitativo de viviendas en Colombia es de 1.300.000 unidades, y que el cualitativo agrega 2.500.000 viviendas a las carencias, para un total del 36% de los hogares colombianos habitando en malas condiciones. Lo que prueba que el gesto del gobierno no puede considerarse siquiera la cuota inicial para acercarnos a la solución del problema.

Que para el proyecto de viviendas totalmente subsidiadas, Bogotá no haya podido ofrecer un terreno adecuado porque el área de Campo Verde, situada en la confluencia de los ríos Tunjuelito y Bogotá, haya resultado zona de inundación no mitigable, cuando tenía un plan parcial de desarrollo urbanístico aprobado, es tan sólo una pequeña muestra de cómo la mercantilización de un derecho humano como el techo, acaba creando situaciones aberrantes en todas partes del mundo. No sólo las condiciones arquitectónicas de la vivienda popular son violatorias de los derechos humanos, sino que su ubicación hace a sus habitantes altamente vulnerables a los accidentes naturales.

Según la CepalL, en Colombia, entre 1990 y 2007, el porcentaje de hogares que se declaraban propietarios de sus casas descendió 12,5%, revelándose un fenómeno de expropiación que puede considerarse paralelo al del campo y del que muy poco se habla. El país es el que muestra el más alto porcentaje de personas viviendo en arrendamiento en toda la región, estimándose en 38% la proporción de hogares en esa condición (en 2003 eran el 33%). Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), tan sólo el 15% de los hogares colombianos tiene capacidad para cubrir los costos de una hipoteca, y el 25% de quienes emprenden la compra de vivienda ven seriamente comprometida la satisfacción de las demás necesidades.





De los 12,3 millones de hogares colombianos, 5,3 millones (43%) no tiene posibilidad de acceder a vivienda propia. Según la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), a comienzos de 2008 la oferta de Vivienda de interés prioritario (VIP), que es aquella cuyo costo no supera los 70 salarios mínimos mensuales legales vigentes ($39’669.000 en la actualidad), representaba en promedio el 10% de la oferta total de unidades, mientras que para fines de 2011 caía a su nivel más bajo representando tan sólo el 2% de ese total. En la gráfica se puede observar que los metros cuadrados licenciados para construir vivienda de interés social han permanecido estancados, al tiempo que los dirigidos hacia los grupos con mayor capacidad adquisitiva se multiplicaban por cinco.

La caída del crédito inmobiliario y la indiscutible tendencia hacía el arrendamiento como forma de tenencia, indican claramente la obligada renuncia social de las clases marginadas a la propiedad. Esa tendencia no es reciente, si observamos que los créditos hipotecarios al principio del siglo representaban el 31% del total de créditos, mientras que en la actualidad alcanzan tan solo el 7,6%.

El despojo patrimonial de los sectores populares es, entonces, innegable y prueba que la concentración de la riqueza en pocas manos se ha acelerado a un ritmo sin antecedentes, así como que dejarle al mercado la asignación de las cosas fundamentales de la vida es un despropósito que ya se manifiesta en los hechos más absurdos.

Hemos visto ahogar o enterrar vivos miles de pollos recién nacidos, derramar millones de litros de leche, destruir miles de toneladas de alimentos procesados, y hoy asistimos al derribo de edificios que ni siquiera fueron estrenados, todo eso en nombre del “exceso de oferta” ¿Qué pensar, entonces, cuando los académicos oficiosos empiezan a hablar de exceso estructural de fuerza de trabajo? ¿Significará el regreso de la eugenesia? No olvidemos que cuando la política y el mercado necesitaron “soluciones finales”, la academia estuvo presta a alinearse para legitimarlas. Los nombres de Heidegger y Heisenberg, fueron un buen ejemplo de eso en la Alemania de la segunda guerra mundial.

Lo que está en juego es la vida de millones de personas, y lo que no podemos permitir es que la destrucción masiva de riqueza nos parezca algo “natural”, y que en nombre del “equilibrio macroeconómico”, “sinceramiento de los precios” y otras expresiones similares de una pseudo-ciencia como la economía convencional, terminemos aceptando el sacrificio de grandes grupos de la población como si se tratara de algo inevitable y conveniente.



 

Informacion adicional

  • Antetítulo
  • Autor Álvaro Sanabria Duque
  • Edición 184
  • Sección Análisis
  • Fecha septiembre 20 - octubre 20 de 2011
  • Bajante
Publicado en Edición 184
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