A pesar de la lluvia y del intenso frío, decenas de miles de personas se manifestaron este sábado en Madrid bajo la convocatoria de las Marchas de la Dignidad, que reúne a unas 300 organizaciones y sindicatos que representan a los sectores más golpeados por la crisis económica. El objetivo de la movilización fue alzar nuevamente la voz contra las políticas de ajuste impuestas por los tecnócratas de la Unión Europea, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional aplicadas por el gobierno conservador del presidente Mariano Rajoy.


La manifestación de hoy, a la que se sumaron más de 40 mil personas, según los organizadores, fue el inicio de lo que se espera sea uno de los años de mayor agitación política en España de las últimas décadas, con varias elecciones cruciales, como la que renovará al Congreso de los Diputados y, por tanto, el gobierno del país.


Las Marchas de la Dignidad llegaron a Madrid luego de partir desde todos los puntos del país en una caminata en la que recorrieron pueblos y ciudades para sumar a más personas a su reivindicación.


En la manifestación se lanzaron varias iniciativas, entre ellas la de convocar a una huelga general para el próximo otoño –el 22 de octubre, a sólo unos meses de las comicios generales– y desalojar del poder a la vieja política, en sintonía con el mensaje que lanzan desde hace unos meses las fuerzas políticas emergentes que pugnan por el voto del descontento, como Podemos –desde la izquierda– y Ciudadanos –desde la derecha.


Las reivindicaciones de los manifestantes eran claras: Pan, trabajo, techo y dignidad.


Entre las peticiones más claras de los colectivos destacaron el no pago de la deuda, el derecho a la vivienda, empleo digno y servicios públicos para todas las personas. Así lo expresaron en su discurso final, que leyeron miembros del movimiento: Millones de trabajadores y trabajadoras se encuentran sin empleo. Tener unas manos para trabajar; tener una carrera terminada; disponer de tu capacidad tanto manual como intelectual y no encontrar un trabajo digno es humillante. Se está desperdiciando el talento colectivo de una sociedad, hipotecando indefinidamente su futuro. Los trabajadores y trabajadoras no se merecen este atropello a nuestra dignidad colectiva.


Y lanzaron un grito de auxilio ante las miles de familias que han perdido sus casas por deudas bancarias. "No hay nada más inhumano que desalojar a una familia de su hogar, sólo para alimentar la voracidad insaciable de unos banqueros sin escrúpulos. Banqueros a los que los estados siervos de la troika alimentan a costa de empobrecer aún más a la clase trabajadora y a las personas más indefensas".

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La ciudad estadounidense de Nueva York presenta las dos caras de una misma moneda: por un lado, la Gran Manzana es el centro del mundo financiero; y por el otro, tiene más de 60 mil indigentes que viven en las calles sin comida y sufriendo las terribles temperaturas que llegan a los -4,3 grados centígrados.


La cifra de indigentes es la más alta de la historia: la organización no gubernamental Coalición para los Indigentes afirma que la ciudad alcanzó los mayores niveles desde la Gran Depresión de los años '30 del siglo pasado.


Pero la realidad se pone aún peor si se tiene en cuenta que hay 25.640 niños indigentes (14.519 familias) que pasan sus noches en los refugios desplegados por la municipalidad de la ciudad.


En un artículo publicado por el diario The New York Times, la vicealcaldesa de servicios humanos y de salud de la ciudad, Lilliam Barrios-Paoli, dijo que "muchos de estos niños son muy, muy vulnerables, por lo que proporcionarles refugio no es suficiente", y consideró que "se necesita gente trabajando más estrechamente con ellos y entendiendo qué está pasando".
Testimonios en primera persona


Nick Bryant, corresponsal de BBC en Nueva York, salió a las calles y consiguió el relato de Maurice, un indigente afroamericano que estaba pidiendo limosna en el Park Avenue.


"Perdí mi trabajo. Es duro, es difícil. No tienes trabajo, no puedes pagar la renta", relató el hombre que manejaba un centro de llamadas, pero fue despedido y nunca más consiguió empleo.


El alto precio de los alquileres es otro factor que ayuda a que crezca la cantidad de personas sin hogar, como le ocurrió a Nardia Bosia, que vive junto a sus tres hijos en un departamento de interés social compartido con otra familia de bajos recursos.


A diferencia de Maurice, Bosia no está desempleada: trabaja en el área de servicios financieros, pero no puede pagar el precio del alquiler de una vivienda.


"Pensé que esto iba a ser temporal. Pero hay días en que me desplomo y me digo que no puedo hacer más esto, que no sé qué estoy haciendo y no sé cuándo va a terminar", describió.


(Tomado de InfoNews)

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Miércoles, 25 Febrero 2015 06:13

El Salvador: La pobreza, desde los empobrecidos

ALAI AMLATINA, 24/02/2015.- Hace más de dos décadas, el padre Ignacio Elacuría llamaba con vehemencia a que el pueblo hiciera oír su voz. Así lo proclamaba: "Que el pueblo reflexione, desde el punto de vista de la Iglesia, en sus comunidades de base; desde el punto de vista social en sus cantones (...) Que reflexionen sobre la situación del país, que exijan ser bien informados. Que hagan sentir cómo se necesita cuanto antes un desarrollo económico profundo del país, cómo se necesita que se resuelva su problema de injusticia". Mucho de esto muestra uno de los más recientes informes del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), denominado "La pobreza en El Salvador". El documento ofrece la palabra de cientos de personas con las cuales se conversó con el propósito de entender la pobreza desde su vivencia.

El estudio presenta un cambio de enfoque respecto a otras investigaciones sobre la pobreza. Parte de que para definir bien este fenómeno y dar pistas para su erradicación es indispensable tomarle la palabra a quienes lo sufren. Es decir, para hacer un diagnóstico apegado a la realidad, se requiere un cambio de informante. En lugar de darle la primacía a la estadística, es indispensable ir a la fuente humana. En consecuencia, se realizaron numerosos encuentros con comunidades, previamente identificadas como parte de las que aglutinan a los hogares con mayores niveles de privaciones. En las consultas se indagó sobre las carencias más sentidas, con lo que se identificaron ocho dimensiones: vivienda, trabajo, esparcimiento, seguridad, salud, alimentación, educación e ingresos. Así, la pobreza fue entendida y medida considerando su carácter multidimensional y desde la óptica de los empobrecidos.

¿Cómo definen los pobres la pobreza? Rigoberto, de la comunidad Santo Domingo, en Guazapa, San Salvador, afirma: "Pobreza es tener escasez, pero de todo". Xiomara, de la comunidad Santa Lucía, en San Julián, Sonsonate, declara que la "pobreza es vivir en lo más pésimo que puede haber. Es no tener los recursos para poder comprar y satisfacer las necesidades que tenemos. Por eso, pobreza es la escasez de trabajo, porque si no hay trabajo, no hay dinero. O hay trabajo, pero si no se tiene la educación, no se logra". Alcides, de Altos del Matazano, La Libertad, señala que la pobreza "es incertidumbre, es no saber si se tiene algo para mañana. ¡Ah! si tuviera maíz y arroz para un mes... ¡fuera feliz! Ya no sería pobre".

Las personas consultadas en el estudio, pues, describen la pobreza en términos de las carencias más sentidas en sus vidas. Recojamos algunas aseveraciones emblemáticas registradas en la investigación del PNUD, que apuntan hacia las distintas dimensiones de este problema desde la perspectiva de quienes lo padecen.

Pobreza es no tener los recursos económicos. Y se explica en los siguientes términos, en voz de uno de los entrevistados: "No tenemos trabajo, y sin trabajo no hay dinero para salir adelante. Nosotros vivimos en una zona marginal. ¿Qué significa eso? No tener para comprar un terreno. No podemos salir de la pobreza porque no hay moneda para echar a andar nuestros proyectos".

Ser pobre es no tener una vivienda digna. "En el polvo uno se acuesta", dice un habitante de la comunidad La Cuchilla, en Antiguo Cuscatlán. "En el polvo uno tira capas y se acuesta, pero en el suelo enlodado, ¿cómo?". ¿Cuál es la casa que desean? fue una pregunta que se hizo en las distintas comunidades consultadas. La "que tiene la capacidad de que resista un terremoto y un huracán, inundaciones también". "Una casita más o menos... que no esté rodeada de lámina picada, como que es zaranda", dicen habitantes de Altos del Matazano.

Pobreza es rebuscarse para el alimento del día. Las consultas hechas apuntaron dos características de la dieta de la pobreza: la monotonía y la escasez. En otras palabras, comer lo mismo —por lo general, tortillas y frijoles— y, en muchas ocasiones, "salteado". Los alimentos se compran para el día y, si el dinero alcanza, para todos los miembros de la familia. "Aunque no pueda yo, pero que coman los hijos" es un comentario que apareció con frecuencia en el estudio.

Salir a pasear resulta prohibitivo para quienes viven en pobreza: "Yo no salgo, no tengo dinero para ir a vagar", expresa un habitante de la comunidad Santo Domingo. "¿Cómo le digo a mi esposa 'te voy a invitar'? ¿De dónde? Si uno no trabaja, no hay dinero. Mi esposa me dice: 'Viejo, ¿cuándo vamos a ir con los niños a pasear al pueblo o a la capital?'. 'Híjole', digo yo". Por otra parte, Kimberly, de 8 años, dice: "Chivo fuera que por lo menos tuviéramos dónde jugar o algunos columpios aquí por la casa".

La pobreza llega porque no tenemos trabajo todos los días. "Para mí, el problema más importante sería lo del desempleo, porque si uno tiene una escritura, una casa, necesita tener un trabajo para sostenerla", explica un habitante de Altos del Matazano. Por su parte, Edmundo, que vive en esa misma comunidad, comenta: "Si uno observa en los parques, hay muchísima gente que tal vez viene cansada de buscar un trabajo y no lo encuentra". Y Besy, de San Luis Tepezontes, La Paz, señala: "En el campo hay más pobreza porque no hay dónde trabajar; la gente trabaja en la finca, pero gana la cuarta parte de lo que gana en la ciudad".

Pobreza es carecer de acceso a los servicios de salud. Comenta Jesús, de la comunidad El Trébol, en Santa Tecla: "A veces a uno no lo operan porque falta dinero... Entonces, uno se queda esperando que Dios lo sane, porque es el único doctor que nosotros tenemos. Pero Él ha dejado a sus doctores, para que también hagan curaciones, y si uno no tiene dinero, ¿cómo termina? Esperando la muerte". Y Ovidio, de la comunidad Tierras de Israel, en San Pedro Masahuat, dice que si uno "está alentadito, la alegría es trabajar para ganarse el pan de cada día". David, de esa misma comunidad, comenta: "Aquí todos padecemos enfermedades terribles y estamos olvidados. Yo voy a la clínica a las seis de la mañana y vengo a las cinco de la tarde. Pero una enfermedad grave aquí no la curan, lo que dicen es: 'Váyase para el hospital'".

La delincuencia profundiza la pobreza. Jairo, habitante de Santo Domingo, en Guazapa, manifiesta: "Antes, a pesar de que hubo guerra y no teníamos electricidad y había deficiencias con el servicio de agua potable, vivíamos mejor, porque si uno salía al río, salía a trabajar, dejaba su casa sola y venía a encontrar todo en orden. En cambio, ahora lo que abunda es la inseguridad". Por su parte, Josefina, de Nuevo Amanecer, en Santa Ana, dice: "A veces hay problemas y se necesita la Policía. Se les llama y vienen hasta las dos o tres horas... y a veces hasta que ya enterraron al muerto".

La pobreza limita la calidad y cantidad del estudio. Elba, de Dos Amates, en La Libertad, relata: "Yo tengo cinco hijos y nada más uno es bachiller. A los demás no pude darles estudio, por la pobreza. A mi hijo le daba dos dólares para que fuera hasta el puerto y me decía: 'Ay, mami, yo no como porque con dos dólares no me alcanza'. 'Pero, mijo', le decía, '¿qué puedo hacer?' Yo vendía pan, vendía gaseosa, cualquier cosita para que él estudiara. Los demás me dijeron: 'No, mami, no voy a estudiar, usted mucho se sacrifica para que estudie'. Imagínese, con lo necesaria que es ahora la educación para conseguir un buen trabajo y solo uno de mis cinco hijos pudo graduarse".

La pobreza, desde esta óptica, está asociada a sufrir grandes dificultades para alimentarse, no tener una vivienda digna ni un trabajo fijo, carecer de acceso a servicios de salud y a una educación de calidad, así como a los niveles requeridos para poder conseguir un trabajo bueno y estable. Una de las grandes virtudes del estudio es no dar por supuesto que ya se sabe qué es la pobreza con independencia de lo que viven y piensan los pobres. De ahí la importancia de escucharlos con responsabilidad y seriedad. Por este camino se puede llagar a que duela de verdad la realidad de las mayorías empobrecidas. En este sentido, se habrá cumplido uno de los objetivos trazados en el documento del PNUD: romper con la impasibilidad, indiferencia y apatía ante el sufrimiento ajeno; romper con la falta de indignación ante la injusticia y la exclusión social.

Por Carlos Ayala Ramírez, director de radio YSUCA, El Salvador.

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En menos de una década Río de Janeiro está padeciendo tres grandes eventos que modifican su fisonomía: los Juegos Panamericanos en 2007, la Copa del Mundo en 2014 y los Juegos Olímpicos en 2016. Esa sucesión de megaeventos deportivos en tan poco tiempo es aprovechada por el capital financiero para remodelar una de las ciudades más bellas del mundo, donde obtiene enormes ganancias y provoca daños irreparables a los más pobres.


Este mes el Comité Popular de la Copa y las Olimpiadas de Río lanzó el cuarto dossier titulado Megaeventos y violaciones de los derechos humanos en Río de Janeiro (se puede bajar de comitepopulario.wordpress.com). A lo largo de 170 páginas analiza las principales consecuencias que están teniendo sobre la ciudad y su población, a la vez que pone al descubierto quiénes se benefician con las millonarias obras que imponen, entre otras, la FIFA y el Comité Olímpico Internacional.


Los megaeventos deportivos marcan el retorno de la forma más violenta de menosprecio de los derechos a la vivienda en la ciudad, puede leerse al comienzo del dossier. Se trata de una limpieza social que consiste en relocalizar a los pobres para abrir oportunidades de negocios a las grandes empresas, en zonas nobles como Barra da Tijuca, Jacarepaguá y el centro histórico, mientras los traslada a zonas lejanas donde deben remprender sus vidas desde la nada. Hasta ahora son casi 5 mil familias desplazadas de 29 comunidades, estando otras 5 mil amenazadas de desalojo.


El Comité de la Copa apoya con estudios y análisis a las comunidades desalojadas, pero sus miembros también ponen el cuerpo para resistir a las excavadoras que derriban viviendas. Las mujeres están a la cabeza de la resistencia, como Inalva Britos, en Vila Autódromo, y Alessandra en el morro da (cerro de la) Providencia. En los barrios populares las mujeres venden comida en el vecindario o hacen artesanías, estrategia de sobrevivencia que no van a poder continuar en los desolados barrios del programa Mi Casa Mi Vida. Resistir es cuestión de vida.


Río es la ciudad más afectada por la especulación inmobiliaria. El precio de las viviendas subió 65 por ciento entre 2011 y 2014, frente a un promedio de 52 por ciento en Brasil. El precio de los alquileres subió 43 por ciento, frente a 26 por ciento en São Paulo. La lista de obras es impresionante: dos estadios (el Olímpico y Maracaná), la Villa Olímpica y el Puerto Maravilla; seis líneas de trenes livianos, ampliación del metro y de las autopistas o vías rápidas urbanas: todo financiado con dineros públicos.


Sólo la remodelación en Río, de Maracaná demandó mil 50 millones de reales (470 millones de dólares). El presupuesto de obras aumentó 65 por ciento desde lo presupuestado en 2010, alcanzando la astronómica cifra de mil 500 millones de dólares sólo para las obras del Mundial y las Olimpiadas. Las principales beneficiarias son las grandes constructoras: Odebrecht, OAS, Camargo Corrêa y Andrade Gutierrez. Casualmente, las que mayores aportes hacen a los partidos políticos en las campañas electorales.


Maracaná ha sido remodelada completamente por Odebrecht, que conserva además la apetecida gestión del recinto. Comparte con Andrade Gutierrez la construcción y gestión de la Villa Olímpica, con OAS la gestión del estado Olímpico, y así hasta 20 grandes obras en Río de Janeiro, cientos en las 12 ciudades sedes del Mundial, incluyendo nuevos aeropuertos y hoteles. Sólo la nueva Terminal 3 del aeropuerto de Guarulhos (São Paulo) tuvo hasta ahora un costo de mil 500 millones de dólares.


Nada de esto se puede hacer sin represión. La ocupación por el ejército del Complexo da Maré (130 mil habitantes en 16 favelas), hasta que termine el Mundial, es apenas la acción más conocida por la población. Esta semana el gobierno del estado de Río informó de la incorporación de ocho nuevos blindados para el Batallón de Operaciones Especiales (BOPE), que serán utilizados en los operativos de "pacificación de las favelas" ( O Globo, 24/06/14).


En los cuatro meses previos al Mundial, la Secretaría de Estado de Río informó de 4 mil 250 internaciones forzosas de personas en situación de calle, quienes son trasladadas a un albergue a 70 kilómetros del centro de la ciudad, donde, según el dossier de los Comités de la Copa, son alojados en condiciones precarias y sufren prácticas de tortura.


Río de Janeiro se está convirtiendo en una ciudad cada vez más cara y desigual, señala el dossier del Comité de la Copa. Una ciudad fracturada, conflictiva, como sucedió en el reciente carnaval, cuando más de 70 por ciento de los 14 mil recolectores de basura entraron en huelga. Luego de ocho días de duro conflicto y descalificaciones, una de las categorías peor pagadas obtuvo un aumento de 37 por ciento en su salario base, que aun así es de apenas 500 dólares. Pese a las presiones, aún se mantiene el enorme campamento de 4 mil personas organizado por el MTST (Movimiento de Trabajadores Sin Techo) a tres kilómetros del estadio Itaquerão.


Cuando se lleva disputada la mitad del Mundial, las manifestaciones han descendido y la cantidad de personas movilizadas es menor que en las semanas previas. Aun así, las protestas están lejos de desaparecer. Nadie olvida el éxito de las jornadas de junio de 2013, que consiguieron frenar los aumentos del boleto de transporte urbano, pero que en realidad cuestionaban el modelo de ciudad que va imponiendo el capital con apoyo de una amplia coalición de partidos.


Un reciente comunicado del MTST, que mantiene un campamento de 400 personas frente a la cámara municipal en demanda de vivienda popular, asegura que su lucha no comenzó con el Mundial ni se terminará cuando finalice. Reafirmamos que el gran legado del Mundial fue la especulación inmobiliaria y la exclusión urbana.

Después de julio, cuando el balón deje de rodar y se apaguen los fuegos de artificio mediáticos, los brasileños volverán a su vida cotidiana, pagando precios abusivos por un transporte pésimo. La resistencia al extractivismo urbano recién comienza.

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A dos días de que empiece el Mundial de 2014 en São Paulo, el Gobierno brasileño anunció la noche de este lunes que atenderá las reivindicaciones del movimiento que ha organizado durante estos meses las mayores protestas contra los gastos de la Copa. El acuerdo alcanzado con el Movimiento de Trabajadores Sin Techo (MTST) se supone que desinflará las protestas durante la celebración del campeonato, un alivio para la presidenta Dilma Rousseff, que en los últimos días ha visto cómo las huelgas y las marchas han convertido en un caos algunas de las principales ciudades del país.


Después de este primer acuerdo aún está por ver qué pasará con la huelga de metro, que este lunes provocó en São Paulo uno de los peores días de tráfico que se recuerdan. Los funcionarios del suburbano también decidieron suspender el paro a última hora de la tarde, pero solo durante un día y con condiciones. El miércoles, víspera del comienzo del Mundial, volverán los paros si el Gobierno del Estado de São Paulo no readmite a los 42 funcionarios que despidió horas antes por su participación en piquetes para exigir mejoras salariales. Si no hay acuerdo, la huelga puede paralizar la metrópoli el día que empiece a rodar el balón.


Desde las protestas multitudinarias que comenzaron en junio del año pasado a causa del aumento de los billetes del transporte público, el Movimiento de los Sin Techo ha seguido organizando protestas en las calles contra los gastos del evento. Creen que el Gobierno debería invertir en educación, salud y vivienda de la misma forma que ha invertido en las infraestructuras del Mundial. El MTST lideró la ocupación de 2.000 familias de un terreno próximo al Arena Corinthians, que será este jueves el escenario de apertura del campeonato. Su lema es que "si se tiene dinero para la Copa de la FIFA, se tiene que tener para la Copa del pueblo".


La ocupación de los terrenos fue bautizada como la Copa del Pueblo. La construcción del Corinthians en la lejana zona de Itaquera revalorizó el lugar, que sufrió un aumento de los alquileres del 165% en los últimos seis años, según la organización, lo que ha expulsado a parte de la población. Una de las principales exigencias del MTST era la construcción de viviendas para sus habitantes. El Gobierno se ha comprometido este lunes a construir 2.000 casas para ellos.


El movimiento también ha logrado que se amplíe y mejoren las condiciones de un programa social de vivienda y el Gobierno se ha comprometido a estudiar entre varios ministerios cómo mejorar la resolución de conflictos en las calles. El objetivo del MTST es que se limite el uso de la fuerza en las actuaciones de la Policía Militar durante los desalojos de zonas ocupadas.


Rousseff ha dado su brazo a torcer para tratar de garantizar la paz durante el campeonato, ahora que el calendario ya corre en contra y después de las amenazas del líder del Movimiento, Guillerme Boulos, que días atrás prometió una "radicalización" de las protestas si el Gobierno no cedía.


El otro frente abierto, el de la huelga del suburbano, va más al límite. Este lunes, un nuevo choque entre la policía y los trabajadores de metro elevó la tensión en São Paulo. El incidente, que se originó en la estación de Ana Rosa, una de las principales de la capital paulista, terminó con la detención de 13 manifestantes. El choque se produjo antes del amanecer. Los huelguistas, que cuentan con el apoyo de otros grupos como el Movimiento de los Trabajadores Sin Techo (MTST) o el Movimiento por el Pase Libre (MPL), habían convocado una manifestación en ese lugar a las siete de la mañana. El conflicto se extendió hasta la calle Vergueiro, una concurrida vía cerca de la Avenida Paulista y por la que se accede a la estación de metro. En la calle, los manifestantes levantaron barricadas con los contenedores de basura a los que prendieron fuego. La Policía Militar utilizó gases lacrimógenos contra los manifestantes.


La protesta colapsó el tráfico de la ciudad. A las 10.30 hora local, se registraron 170 kilómetros de atascos. "He tardado dos horas para hacer un recorrido que suelo hacer en 30 minutos", aseguraba el taxista Dorivaldo Aguiar. Si el tráfico sigue igual el próximo jueves, cuando empiece el Mundial, el recorrido desde el centro hasta el estadio Itaquerão, sede del partido de inauguración entre Brasil y Croacia, será de dos horas y media de viaje y a un coste de 150 reales (67 dólares), según sus cálculos. En días normales, este mismo recorrido se puede hacer en 50 minutos y por 90 reales (40 dólares).


El secretario de Transportes del Estado de São Paulo, Jurandir Fernandes, cumplió la amenaza de despedir a los trabajadores que participaran en la huelga. Fernandes notificó el despido a 42 empleados por medio de un telegrama. Si no hay marcha atrás, conductores y revisores prometen convertir en un caos la inauguración del Mundial.

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"Si no cumplen con nuestras exigencias vamos a parar la Copa. Si no respetan nuestros derechos, el 12 de junio no habrá inauguración". La amenaza, recurrente, esta vez vino del Movimiento de los Trabajadores Sin Techo (MTST), que protagonizó este jueves el tercer día de caos en las calles de São Paulo. La marcha, organizada con la Frente de Resistencia Urbana, fue calificada por los convocantes como "la mayor manifestación del año en la ciudad". La Policía Militar afirmó que cerca de 5.000 personas asistieron, mientras los organizadores elevaron el número a 20.000.

 

"Nosotros tenemos una propuesta clara. No sacar provecho del Mundial sin que sean respetados nuestros derechos. El balón está con el pueblo. Queremos nuestra rebanada del pastel y no migajas", afirmó Guillherme Boulos, líder del MTST, antes de atacar también las constructoras que serían, según él, las principales beneficiadas por el evento. La amenaza fue clara: "Nos dijeron en Brasilia que los recursos para vivienda acabaron, mientras los de la FIFA no. O aparece el dinero o el junio de la Copa se convertirá en un junio rojo [en referencia el color que identifica los movimientos populares]".

 

Entre los activistas también se encontraban estudiantes y grupos que, hace meses, levantaban la bandera contra la organización del Mundial en Brasil. La Frente de Resistencia Urbana, que también coordina organizaciones de trabajadores sin techo, reúne muchos otros movimientos sociales. Las reivindicaciones, reiteradas en tres protestas solo en este mes, abarcan, además de vivienda, salud, transporte y educación, una pensión vitalicia para las familias de los obreros muertos e incapacitados durante las obras de la Copa. En total, nueve trabajadores han muerto durante los trabajos realizados en los estadios que serán sede del torneo, cuyos gastos superan con diferencia los efectuados en los dos últimos mundiales en Sudáfrica y Alemania.

 

La protesta arrancó bajo el grito: "Copa sin pueblo, todos a la calle de nuevo" y mantuvo cerradas varias vías importantes de la ciudad brasileña durante horas punta. A las 19.00 horas, São Paulo, una de las metrópolis con el peor tráfico del mundo, registró 248 kilómetros de lentitud, un tránsito cercano al récord del año, alcanzado en el miércoles cuando los conductores y cobradores de autobuses estacionaron sus vehículos en medio de la calle para exigir mejores condiciones de trabajado.

 

En São Paulo existen hoy cerca de 290.000 edificios deshabitados, según la Secretaria Municipal de Habitación. A pesar de ello, casi 3,2 millones de personas viven en condiciones inadecuadas, de acuerdo con un informe municipal. Esto significa que o no son propietarios de la casa donde viven por haber sido construidas irregularmente —como las favelas—, pagan un alquiler excesivo en relación con su renta o viven en áreas de riesgo. Se trata del 30% de los más de 11 millones de habitantes de la ciudad.

 

A menos de un kilómetro del estadio en que se jugará el partido inaugural de la Copa, la Arena Corinthians (Itaquerão), hay una comunidad compuesta por 300 familias que esperan viviendas populares y viven con un alcantarillado abierto y con problemas de abastecimiento eléctrico. En la zona se instaló uno de los campamentos del MTST, que reúne actualmente 5.000 familias en la denominada "Copa do Povo [Copa del Pueblo]", que reclama una casa propia del programa federal Minha Casa Minha Vida.

 

La cercanía del torneo ha empujado a los trabajadores de los más diversos gremios —profesores, policías, conductores de transporte público— a convocar a la paralización de sus actividades para hacer una demostración de fuerza justo antes de que inicie la Copa. El pasado ocho, durante la primera manifestación del Frente de Resistencia Urbana, centenares de sin techo invadieron las sedes de las tres grandes constructoras en São Paulo: la Odebrecht, la Andrade Gutierrez y la OAS, todas responsables de obras de infraestructura para el Mundial. Entonces, los líderes de la protesta se reunieron con la presidenta Dilma Rousseff, que estaba de visita en la ciudad, quien se comprometió a encaminar sus reivindicaciones y ajustarlos a los programas del Gobierno federal. La marcha de este jueves es un aviso de que no han olvidado esa promesa.

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Lejos de ser una imagen apocalíptica de un militante radical, es la lectura que hizo el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Gilberto Carvalho, al salir el martes 29 de un encuentro con movimientos sociales en Río de Janeiro, donde fue increpado y abucheado por militantes contrarios al Mundial de Futbol. El ministro aceptó que una parte de la sociedad piensa de ese modo, pero que se trata de una pequeña vanguardia. Agregó que las críticas son la olla de presión que explota ( O Estado de São Paulo, 29/4/14).


En el gobierno hay preocupación por lo que pueda suceder durante el Mundial. El nivel de rechazo al encuentro deportivo ha venido creciendo de forma sostenida. Según la empresa de opinión pública Datafolha, éste fue apoyado por 79 por ciento de los brasileños en 2008, cifra que cayó a 48 por ciento en abril (datafolha.folha.uol.com.br, 8/4/14). La mayoría de la población afirma que no volvería a postular al Brasil como sede de un Mundial.


Las razones son muchas: desde el despilfarro de dineros públicos en las obras de los estadios, que benefician a un puñado de grandes constructoras mientras escasean recursos para salud, educación y transporte, hasta la expulsión de miles de personas de sus barrios para ampliar aeropuertos, autopistas y estadios, a lo que se agrega la legislación que impone la FIFA, que impide la venta ambulante en las cercanías de los estadios, y un conjunto de disposiciones sentidas como agravios por buena parte de la población.


Pero el dato central es la rebelión que se propaga desde las favelas, sobre todo en Río y en São Paulo. En los últimos meses el activismo en las favelas crece a la par de la violencia policial, y por momentos se desborda hacia el asfalto. Podemos observar, en el último año, tres momentos en este creciente activismo.


El primero se registró un año atrás, en la coyuntura creada por las manifestaciones de junio. Pese a la dura represión (balas de goma en el asfalto y balas de plomo en la favela), las movilizaciones de los favelados comenzaron a crecer. En julio se multiplicaron por la desaparición del albañil Amarildo de Souza en la Unidad de Policía Pacificadora (UPP) de la favela Rocinha. El hecho se convirtió en símbolo de las torturas y asesinatos de la policía militar.


En diciembre y enero fueron los rolezinhos, la salida masiva de jóvenes de las favelas para divertirse, bailar funk y cantar en los grandes centros comerciales. Este fenómeno se produjo sobre todo en São Paulo, llegando a congregar hasta 6 mil adolescentes que fueron recibidos con insultos por clientes y empleados, y a golpes por la policía y los guardias privados de los shoppings. En Brasil el funk es considerado un género emparentado con el narcotráfico y suele ser perseguido.


El tercer momento se está viviendo ahora mismo. El 16 de marzo Claudia da Silva Ferreira fue herida por la policía militar en una operación en la favela Morro da Congonha, en Río. Su cuerpo fue colocado en el maletero del coche patrulla para llevarlo al hospital pero, al abrirse la puerta, cayó al pavimento y fue arrastrado 300 metros; falleció en el trayecto. Las redes difundieron la filmación, que provocó una oleada de indignación.


El 22 de abril apareció el cuerpo del bailarín de la Tv Globo Douglas Rafael da Silva en una guardería de la favela Pavao Pavaocinho, adonde había ido a visitar a su hija de cuatro años. Como los demás, fue confundido con narcotraficantes y muerto a golpes. Días después cientos de manifestantes ocuparon la avenida Nuestra Señora de Copacabana, cercana a la favela, gritando Policía asesina. En la represión, un niño de 12 años fue muerto por la policía. Como siempre, la policía mintió y fue la población la que mostró evidencias que la inculpan.

Lo nuevo es la capacidad de expresar la rabia en una de las principales avenidas de uno de los más coquetos barrios de Río de Janeiro. Tres hechos están en la base de la creciente movilización de los pobres urbanos.


Las políticas sociales están mostrando límites. En los primeros años del gobierno de Lula (2003-2011), las transferencias monetarias y los sucesivos aumentos del salario mínimo consiguieron mejorar de forma sustancial los ingresos de los más pobres. Con los años enfrentan otros problemas: baja calidad de los servicios, sobre todo salud y educación, y pocas posibilidades de acceder a mejores empleos.


En segundo lugar, las políticas de contención policial, complementarias de las sociales, han fracasado. Las UPP, instaladas en 38 de las 700 favelas de Río, no solucionan el problema del narcotráfico y empeoran la vida de la población. El sociólogo José Claudio Alves sostiene que las UPP son una fuerza de ocupación, y no una fuerza de cambio de la lógica política, económica, social y cultural de las comunidades ( IHU Online, 14/4/14).


Por un lado, impiden las manifestaciones culturales de las favelas asociadas al funk. Por otro, afectan las ganancias del negocio narco, pero no el negocio en sí. No alteran la esencia del crimen organizado, alteran sólo la forma de funcionar, dice Alves. Para desarticular a las bandas criminales se debería atacar al propio aparato estatal, como la policía, que es la que las organiza.


En tercer lugar, los favelados están perdiendo el miedo. Antes de ocupar las avenidas gritándole a la cara ¡asesinos! a los policías, han ensayado largo tiempo la rebelión en sus espacios seguros. Son siglos de agravios acumulados. Las obras del Mundial son un insulto adicional. En la favela Morro da Providencia (pegada a la bahía de Guanabara y al puerto), la única plaza fue ocupada por el enorme soporte del teleférico, para que los turistas puedan fotografiar a los pobres, desde arriba y en un lugar seguro.


Ya se sabe lo que sucede cuando los de abajo pierden el miedo. En algún momento, las multitudes van a ocupar las anchas avenidas. Es posible que aprovechen los focos del Mundial. Sólo es cuestión de tiempo.

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En el pasado reciente, Ecuador fue penosamente conocido a nivel mundial por su inestabilidad política. Sólo entre 1996 y 2007, el Palacio Presidencial de Carondelet vio desfilar a siete Jefes de Estado. A la corrupción, mediocridad y anti-patriotismo de la mayor parte de la dirigencia política, se le sumó el nefasto neoliberalismo en boga, variables todas que condujeron a una debacle económica y social -a fines del siglo pasado- sin precedente en la historia republicana del Ecuador. Las interrupciones de las presidencias de Abdalá Bucaram, Jamil Mahuad y Lucio Gutiérrez estuvieron motivadas por protestas sociales que exigían la salida de dichos gobernantes. En síntesis, el Ecuador vivía una profunda crisis de representatividad entre mandantes y mandatarios, alejados éstos de los intereses de los primeros.


Millones de compatriotas emigraron de Ecuador entre finales del siglo XX e inicios del actual. Expulsados de su Patria por la crisis bancaria de 1999, afectados por una estafa financiera de dimensiones colosales, muchos de ellos -aproximadamente medio millón-, se instalaron en España, cuando ese país se encontraba en plena fase expansiva de un ciclo económico, que se revelaría más tarde como una burbuja inmobiliaria inflada por la especulación financiera. En búsqueda de un futuro mejor en la península ibérica, y a la vez que aportando con la economía española, la mano de obra ecuatoriana no imaginó que, una década más tarde, su sueño se convertiría en una pesadilla, como la de muchos españoles más. Para nuestros compatriotas, el inescrupuloso y voraz afán de lucro del capital financiero nuevamente se salía con las suyas.


Como suele pasar a los globos cuando se pinchan, los banqueros que provocaron la crisis hipotecaria en España se esfumaron en el aire, mientras que las víctimas de su falta de escrúpulos, los estafados, los que han hipotecado sus vidas, se han quedado al límite de sus posibilidades. Recordemos además que muchos bancos no sólo concedieron préstamos superiores al valor de los inmuebles, sino que fueron los mismos bancos los que incentivaron la firma de esos contratos.


Este drama aún no termina. De hecho, se ha desarrollado con mayor fuerza producto de la crisis económica en Europa, y a causa de las mismas políticas neoliberales que condenaron a nuestros países de América Latina al aumento de la pobreza y la desigualdad en los años noventa del siglo pasado. Esa crisis europea se traduce en España en una tasa de desempleo del 26%. Es decir, son las trabajadoras y los trabajadores, de España, de Ecuador, y de tantos otros países, los más débiles de la cadena, los que pagan los excesos de otros. Y ahí, nuevamente, son miles las familias ecuatorianas que se han quedado sin ingresos; no ya para hacer frente a sus hipotecas, sino para atender incluso sus necesidades básicas. Se agrava aún más el panorama con la inhumana práctica del desahucio, la que también ha afectado a entre ocho y quince mil familias ecuatorianas en España.


Para el Gobierno de la Revolución Ciudadana, constituye un imperativo el mantenerse ligado a los intereses de las grandes mayorías de las y los ecuatorianos, tanto dentro como fuera de su país. En este sentido, el Presidente Correa ha sido muy enfático al denunciar la inmoral subordinación que todavía sufren tantos seres humanos, sus vidas y las de su entorno, respecto al capital financiero.


Pero nuestro Gobierno no sólo denuncia sino que también adopta decisiones y medidas concretas. Cierto es que no está en sus manos legislar sobre el sistema financiero español; ni mucho menos transformar las prácticas especulativas de una importante porción de la banca internacional. Sin embargo, es decisión del Estado ecuatoriano proteger los derechos de nuestros compatriotas allá donde se encuentren. Por esta razón, la primera medida que tomó el Gobierno, cuando comenzó a multiplicarse el número de afectados ecuatorianos, fue declarar que las deudas hipotecarias contraídas en España no pueden ser cobradas en el Ecuador. De este modo, nos aseguramos que nuestros compatriotas tuvieran al menos un refugio donde evitar el acoso bancario, tras haber perdido sus viviendas.


Sin embargo, esta medida solo mitigaba parte del drama humano que acompaña a esta crisis, y por ello, creímos necesario ir más allá. De esta forma, a través del trabajo conjunto con la Defensoría del Pueblo, y mediante la labor de nuestra Embajada en Madrid, y nuestros Consulados en toda España, se ha facilitado asesoría legal y acompañamiento a los afectados. Así, desde 2012 se han prestado unos 10.500 servicios de asesoría individual, y se ha acompañado en más de 650 negociaciones de compatriotas con los bancos, además de haber organizado talleres y jornadas de orientación a lo largo de todo el territorio español. En estas actividades ha sido clave el apoyo que hemos obtenido por parte de la sociedad civil española, organizada en la Plataforma de Afectados por la Hipoteca –PAH-.


Aún nos queda mucho por hacer para paliar los estragos de esta crisis. En horas de incertidumbre y desasosiego, nosotros afirmamos que es también tiempo de reivindicar y ejercer derechos. Y sobre la base de esta afirmación, hemos actuado, y seguiremos actuando.

 

 

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Para los ricos de Hong Kong, ir a casa significa ir a una mansión con vista a las montañas majestuosas. Para los pobres, ir a casa es meterse en una jaula.

 

Leung Cho-yin, de 67 años de edad, que trabajaba de carnicero, paga mil 300 dólares de Hong Kong (167 dólares estadunidenses) al mes para vivir en una de la docena de jaulas de alambre metidas en un departamento semidestruido, en una zona pobre del barrio de clase obrera de West Kowloon.


Las jaulas, apiñadas una encima de otra, miden apenas 1.5 metros cuadrados. A fin de protegerse de chinches, Leung y sus compañeros colocan colchas, sábanas o linóleo encima de las tablas de madera.


Unas 100 mil personas en esta antigua colonia británica viven en lo que se llama oficialmente viviendas inadecuadas, según la Sociedad de Organización Comunitaria. Esa categoría incluye departamentos subdivididos en pequeños cubículos, o con compartimientos del tamaño de un ataúd, o casuchas construidas sobre tejados. Estas humildes construcciones presentan un agudo contraste con la prosperidad económica de esta ciudad china.


Parte del problema son los elevados precios de las viviendas, que está agravando la situación política para el gobernador de Hong Kong, Leung Chun-ying, designado por el gobierno central de Pekín, que cuenta con escaso apoyo público y ahora debe enfrentar protestas por la crisis habitacional. Al asumir la gobernación de Hong Kong en julio pasado, Leung prometió ofrecer más viviendas accesibles. Los precios aumentaron 23 por ciento en los primeros 10 meses de 2012 y se han duplicado desde que tocaron fondo en 2008, en medio de la crisis financiera mundial. Los precios de los alquileres han seguido una tendencia similar.


La inflación significa que la vivienda decente se ha vuelto un sueño imposible para gran parte de la población, y ha causado gran descontento contra el gobierno, que controla toda la propiedad de tierras junto con un pequeño grupo de terratenientes.


En su discurso de toma de posesión en enero, el gobernador de Hong Kong reconoció que la falta de acceso a la vivienda constituye una amenaza para la estabilidad social y prometió darle prioridad a reducir la escasez habitacional.


Muchas familias se ven obligadas a mudarse a apartamentos más pequeños o incluso a fábricas viejas, declaró. Vivir en jaulas, apartamentos cubiculares o subdivididos se ha convertido en la lamentable opción para decenas de miles de residentes de Hong Kong, señaló. Leung reveló planes de aumentar la oferta de viviendas públicas a mediano plazo, más allá de las 15 mil de su nivel actual.


Unas 210 mil personas están en lista de espera para conseguir vivienda pública, el doble de lo que había en 2006. Una tercera parte de los 7.1 millones de habitantes de Hong Kong, más de 2 millones 300 mil personas, viven en departamentos públicos.


El descontento popular hacia los altos precios de las viviendas se ha vuelto uno de los temas principales de las frecuentes protestas antigubernamentales.


Leung Cho-yin vive en una jaula desde que tuvo que dejar su trabajo en un mercado tras perder parte de un dedo hace 20 años. Debido a que apenas estudió la primaria, sólo pudo encontrar empleos esporádicos. Su único ingreso son 4 mil dólares de Hong Kong (HK) (515 dólares estadunidenses) en asistencia pública. Tras pagar su alquiler se queda con 2 mil 700 dólares HK (350 dólares), lo que en promedio implica 90 HK dólares (11.60 dólares estadunidenses) diarios.


Leung y sus compañeros de habitación, todos hombres solteros y ancianos, lavan su ropa en un balde. Hay dos retretes encerrados y uno de cuclillas que está dentro de la ducha. No hay cocina sino una pequeña habitación con un lavaplatos. Las paredes han tomado un color ocre bajo la suciedad y el hollín de tantos años.


Aunque las jaulas, que comenzaron a surgir en los años 50 para hospedar a los hombres solteros que venían a trabajar desde el interior, son cada vez menos comunes, hay otros tipos de viviendas deficientes, como departamentos-cubículos que están aumentando a medida que se incrementa la pobreza. Casi 1.19 millones de personas vivían en esa condición, según la Agencia de Servicios Sociales de Hong Kong.


Muchos habitantes pobres de este territorio han solicitado viviendas públicas, pero deberán esperar años. La mayoría de unas 500 familias pobres que respondieron a una encuesta de Oxfam Hong Kong han estado en la lista por más de cuatro años sin recibir una oferta.

 

AP

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A finales de los años 60 a los estudiantes de arquitectura y de ingeniería de la Universidad Nacional, sede Medellín, nos llevaron a ver las complejas obras de mitigación que se hacían en el Hotel Intercontinental (en ese momento en construcción), para impedir que el edificio continuara desplazándose sobre el terreno ladera abajo.

 

En los años 70 las autoridades de planeación de la ciudad establecieron serias restricciones para la construcción en las áreas aledañas al hotel, ya que, según estudios y diagnósticos geológicos y geotécnicos disponibles en ese momento, esa zona de la ladera oriental presentaba serias limitaciones de estabilidad.

 

Años más tarde cuando salta la fiebre constructora en El Poblado, la misma que aún vivimos, gracias a esa curiosa facultad que poseen las tecnocracias de voltear el destino de las cosas de la ciudad, esas tierras –otrora vetadas para la construcción intensiva–, de un momento a otro resultaron colmadas de grandes edificios. Es de suponer que los progresos de la ingeniería, el mejoramiento de las capacidades técnicas de los constructores y contar con nuevos sistemas constructivos, fueron los argumentos que sirvieron en los medios institucionales para justificar el cambio tan radical en la calificación del riesgo de esos suelos.

 

Aunque no es conocido aún, si el suelo tuvo alguna responsabilidad en el colapso del edificio Space y las hipótesis se orientan principalmente a fallas en el diseño estructural, a la mala calidad de los materiales empleados o deficiencias en el proceso constructivo, habrá que esperar el resultado de los estudios que adelantan los especialistas, para saber las causas de una tragedia que no deja de sorprender dadas las características de esta edificación destinada a población de altos ingresos que, en teoría, debería contar con los más elevados estándares de calidad, en un derrumbe que, por demás, sucedió en frío, es decir, sin que mediara un evento natural que en alguna medida lo pudiera justificar.

 

Pero sea que se determine que fueron o no los suelos (un factor determinante en la explicación del colapso del edificio y sus secuelas de muerte y desalojo de residentes), es necesario decir, que el acomodo realizado de las medidas restrictivas de construcción en esa zona por parte de las autoridades de la ciudad, favoreciendo los intereses inmobiliarios que la tenían en la mira, es un ejemplo patente de lo ocurrido desde hace tiempo con el manejo de las políticas reguladoras del desarrollo urbano en Medellín y los municipios del área metropolitana. Sin duda, tales medidas están dirigidas más al favorecimiento de intereses de grandes especuladores urbanos y menos al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes y la construcción de un urbanismo equilibrado y sostenible, como reza la retórica idealista de los Planes de Ordenamiento Territorial (POT).

 

Y es la lógica de funcionamiento de los POT, donde está la semilla de buena parte de los males que padecemos los habitantes de las ciudades, de los cuales la tragedia del edificio Space no es más que la punta del iceberg.

 

Ciudad "compacta"

 

Muchos POT colombianos, entre ellos el de Medellín y Envigado, hablan de ciudad compacta como una imagen de ciudad coherente, equilibrada y sostenible que combina altas densidades con un espacio urbano confortable y bien equipado. En este modelo de ciudad, copiado de urbes europeas, no hay respeto igual que en aquellas ciudades que garantizan: extensas áreas construidas en edificios multifamiliares de máximo 5 a 6 pisos, que cuentan con un adecuado soporte urbanístico en términos de espacio público, vías vehiculares y peatonales, diferentes alternativas de movilidad, equipamientos públicos, comerciales y servicios en los primeros pisos, etcétera.

 

En Medellín, el caso más asemejante a este ideal de ciudad compacta, es la transformación sufrida en barrios como Laureles, Conquistadores y zonas aledañas. Son densificados mediante la construcción de edificios multifamiliares de mediana altura, en lotes que antes ocupaban viejas casonas y, lo más importante, aprovechando una excelente infraestructura urbanística preexistente de amplias vías y zonas verdes y un trazado urbano fluido.

 

Pero, para lamentar, esta idea de ciudad compacta tomó cuerpo como patrón de desarrollo de manera perversa, como ocurrió en la Comuna de El Poblado. Allí, a la existencia de una precaria infraestructura suburbana, a la carencia de un sistema vial adecuado para soportar altas densidades, a la precariedad de espacios públicos y de equipamientos (territorio además pródigo en aguas superficiales y subterráneas y con suelos difíciles para la construcción), le superpusieron un parque habitacional de altísima densidad, dispuesto en un inicio en casas de unidades cerradas y, luego, en torres de 20 y más pisos, haciendo de la densidad el único componente de la "ciudad compacta" que se pretendía crear. He aquí, justamente, el único aspecto que le interesaba al sector inmobiliario, que con la complicidad de diferentes administraciones, de políticos, curadores y funcionarios dolosos, logró; capar o soslayar las obligaciones urbanísticas requeridas para que exista, en realidad, una ciudad compacta que provea calidad de vida, seguridad y civilidad a sus habitantes.

 

Pero lo peor: Este modelo perverso de El Poblado fue copiado en versiones cada vez con menores condiciones, dirigidas a estratos socioeconómicos más vulnerables en otras zonas altas de Medellín como Robledo Alto, Belén, Villa Hermosa y otras, así como también áreas periféricas a los cascos urbanos desarrollados de otros municipios del área metropolitana, como Envigado y Sabaneta, en donde aparte del colapso de movilidad se produjo un serio deterioro del medio ambiente privilegiado que tenían estas zonas.

 

Estos frentes de desarrollo inmobiliario especulativo actúan lote a lote, sin visión de conjunto alguna en los aspectos urbanístico, geológico, ambiental, paisajístico, a base de construir las mismas torres repetitivas de 14, 15, 20 y más pisos, erigidas sin exigencia de idoneidad profesional a sus gestores. Son torres construidas sobre suelos con dudosa estabilidad, montadas sobre precaria infraestructura vial, de servicios y de equipamientos, evitando al máximo cumplir (con la complicidad de las administraciones municipales, las curadurías y los consejos municipales) con las obligaciones y compensaciones urbanísticas que, según las bellas intenciones retóricas de los POT, deberían garantizarse para lograr un desarrollo urbano equilibrado y, lo más grave, soslayando con frecuencia las limitaciones ambientales, arriesgando la estabilidad de suelos, así como la preservación de las aguas naturales y la supervivencia de especies de fauna y flora nativas.

 

Esta pseudo ciudad carente de urbanismo, insostenible ambientalmente, congestionada y fea, no deja muertos visibles como los que produce el colapso de un edificio, pero cabe preguntarse, ¿Quién paga por las des economías en los ingresos de las familias, por las insatisfacciones e incomodidades, por la pérdida de tiempo, por la carencia de espacios de recreación pasiva y activa, por la falta de amoblamientos adecuados, por la pérdida de patrimonios que día a día produce este tipo de urbanismo pirata institucionalizado?, de crecimiento lote a lote, que hoy se tomó nuestras ciudades y que es la fuente de enriquecimiento y, porque no decirlo, de lavado de dineros ilícitos, de la cual se beneficia una industria de la construcción tomada por el espíritu especulativo y de la ganancia a toda costa, con el consentimiento interesado de muchos funcionarios públicos, políticos de oficio y gobernantes.

 

También contribuyen al deterioro

 

Otros factores suman para la formación del iceberg de conflictos que afectan el presente y el futuro de nuestras ciudades:

 

Las curadurías, nutridas en lo económico del mayor número de licencias aprobadas, convertido así, cada vez más, en factor de discordia entre, por un lado los ciudadanos residentes que ven amenazados sus intereses o su calidad de vida, y por el otro los constructores, las oficinas de planeación y de medio ambiente y demás entes públicos competentes o con poder para la construcción de ciudad.

 

Dada su naturaleza dependiente de la aprobación de licencias, las curadurías tienden a favorecer (como se puede suponer) a los constructores, en detrimento de la responsabilidad que tienen para defender los derechos de los vecinos colindantes (únicos interlocutores comunitarios válidos para las curadurías) a quienes en la mayoría de los casos, o no se los toma en cuenta o simplemente se cumple con ellos el formalismo burocrático de pedirles una opinión que, al fin y al cabo, no tiene ningún efecto práctico en la aprobación de los proyectos.

 

Los gremios profesionales, las sociedades de arquitectos y de ingenieros, desdibujados en su totalidad de lo que en algún momento fueron: entidades pensantes comprometidas con un proyecto de país, que desempeñaron tareas pedagógicas respecto al conjunto social –en lo arquitectónico y urbanístico– cuando el país se enfrentó a la transición campo-ciudad o al reto de la modernidad. Pero de ese espíritu no queda nada. Estos gremios fueron literalmente tomados por intereses particulares, por el espíritu de la especulación inmobiliaria. Sus dirigentes son los mismos que encabezan los monopolios de la construcción. ¿Qué se puede esperar entonces de estas entidades gremiales si su única propuesta al ajuste que hoy se discute del POT en la ciudad es la de desaparecer el aeropuerto Olaya Herrera, no para el gran parque que necesita la ciudad sino para "liberar" esa gran reserva de tierra para sus negocios?

 

El POT, en cuanto a la participación ciudadana en su aprobación y gestión, es otro de los temas presentados en forma muy florida en los encabezamientos que les sirven de presentación y fundamento, la experiencia muestra que estos planes –y sus ajustes– se aprueban, en la práctica, entre la administración de turno, los concejos municipales y sus aliados gremiales.

 

Nada pueden hacer los esfuerzos de los consejos territoriales, de las comunidades organizadas, si éstos avanzan en contravía de los designios del alcalde de turno, su oficina de planeación, los gremios de la construcción y el concejo; en el mejor de los casos se muestra una lista de eventos informativos que se realizaron con las comunidades del municipio en los que se "socializaron" las propuestas. Una vez aprobado el POT, o un ajuste del mismo, no hay lugar a replica ni a ningún tipo de acción participativa de las comunidades que sientan afectados sus intereses por las decisiones tomadas. De esta manera, estos Planes están convertidos en una suerte de ley divina imposible de modificar aunque existan errores evidentes que exigen introducir cambios en la marcha.

 

Conclusión sabida y padecida

 

Es posible afirmar, de esta manera, que lo único que en realidad aplican de los POT está en el capítulo referido a los aprovechamientos posibles de sacar a un lote, pues ahí, está el motor que finalmente mueve hoy por hoy la construcción de la ciudad. Es decir, el arte de cómo sacar el mayor provecho económico de un lote cumpliendo con el mínimo de obligaciones y compensaciones urbanísticas, que son en teoría, la cara amable de los POT y sin las cuales, sencillamente, no hay ciudad. De todos los demás aspectos mostrados en el discurso normativo no se aplica nada, o se aplica muy poco.

 

Si no es así, que se explique ¿qué pasa con los planes parciales, en teoría los que permiten recuperar zonas deterioradas o desarrollar ordenadamente otras? ¿Qué pasa con los balances de espacio público disponible, con la movilidad, con el embellecimiento de la ciudad, su confort urbano, etcétera?

 

Transcurridos casi 15 años de aplicación de los POT es poco lo que pueden mostrar como logros significativos para la calidad de la ciudad. Nos podemos preguntar cuál barrio de la ciudad puede mostrar un solo avance –en su calidad urbana– imputable a la aplicación de los POT, y no ubicaremos ninguno, pero sí, muy por el contrario, lo identificable son desmejoras.

 

Así las cosas, Medellín, sus municipios cercanos y muchas otras ciudades colombianas están presas en la actualidad de las expresiones más burdas de la especulación inmobiliaria, avaladas por una compleja alianza de poderes públicos y privados que inclinan la balanza para favorecer el interés particular sobre el general. Esta es la causalidad de fondo, el cuerpo del iceberg que mostró en Medellín su cima con el edifico Space y los demás edificios desalojados, que a raíz de su crisis, fueron visibilizaron como edificaciones en alto riesgo de colapso.

 

* Arquitecto, profesor especial Escuela del Hábitat Universidad Nacional, Medellín.


 

 

Recuadro

 

Construcción y afán de ganancia

 

Por Junta Cívica Paraje El Pinar*

 

Con la tragedia del complejo habitacional Space, toda nuestra sociedad pudo ver, sin tapujos que "los constructores privados no reparan en obtener el mayor volumen de ganancia a costa de la calidad y seguridad de las obras. De ello no se escapa ni la construcción privada ni la contratación pública".

 

"Es tan vertiginosa la actividad constructora desde hace 10 años que las curadurías no tienen tiempo ni personal ni les interesa revisar bien los proyectos que le presentan febriles edificadoras como Lérida CDO, propiedad de la familia del exgobernador de Antioquia, Álvaro Villegas Moreno"**.

 

"[...] En promedio cada mes se otorgan 500 licencias de construcción (ADN, octubre 16 del 2013). A la alcaldía ni al concejo municipal le interesó nunca controlar de verdad esta actividad, pues con una actitud eminentemente alcabalera solo se preocupan por obtener desbordadas tarifas de impuesto predial e industria y comercio, injustamente decididas en detrimento de millares de contribuyentes".

 

"[...] En algunos foros sobre vivienda, en los últimos 7 años se han desatado discusiones y prevenido sobre la desaforada edificación en las laderas tan inestables que tiene Medellín empleando la famosa moda de la mampostería estructural (malla electrosoldada) en alturas superiores a 20 pisos que imperó en la planicie del centro de la ciudad en la alcaldía de Fajardo (y todavía hoy en Pajarito y en la Comuna 15 y 16). Al parecer, ni esto ni las normas de sismorresistencia aconsejables para el Valle Aburrá se han tenido en cuenta íntegramente y, por el contrario, el POT es modificado a favor de una plutocracia constructora insaciable, aupada por la SAI y otros gremios, que no deja "lote sin cabeza". Nos atrevemos a decir que un mediano temblor de tierra puede causar una tragedia mayúscula que puede afectar no ya solo a los apartamentos populares sino también los de alto costo. Cabría también preguntarse si el municipio y el concejo han hecho algo por evitar que grandes lotes de las laderas de Medellín sean monopolizados y urbanizados por altos ejecutivos con asiento en los gremios beneficiarios de la especulación de los suelos y materiales y del derecho constitucional a la vivienda digna.

 

* En 1980 solo ejerció 18 meses la gobernación de Antioquia, ya que la Procuraduría General de la Nación le pidió la renuncia por la investigación que abrió en su contra por "especulación en la compraventa de terrenos", ya que valido de su investidura su empresa Ingeniobras adquirió un lote de 201.000 mts2 en Niquía, Bello, el cual a los 50 días exactos entregó al ICT para cofinanciar las 1.948 casas bifamiliares que se hicieron de 1981 a 1984, con un incremento desmesurado del 2.000%. (Fuente: Boletines Comité Cívico de las Bifamiliares de Niquía, 1984).
** Extractos del artículo "Construcción en manos de avilantadas empresas e irresponsables curadores".

Publicado en Edición N°197
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