Según un relevamiento del Banco de España sobre los desalojos, el año pasado hubo algo más de 39.100 procedimientos de ejecución hipotecaria en el país, de los cuales 32.490 correspondieron a desahucios en viviendas habituales.

 

Cerca de 32.500 familias en España perdieron en 2012 la casa en la que vivían por no poder pagar las hipotecas a los bancos, informó ayer el Banco de España, en medio del profundo descontento de los afectados con una ley que no les permite saldar su deuda entregando la vivienda. Se trata de la primera vez que el Banco de España publica una estadística de este tipo, que se conoce en medio de la alarma social y la preocupación que los desahucios causan en una España sumida desde hace casi cinco años en la peor crisis económica en varias décadas.

 

Los datos reflejan, además, que en 355 de estos casos tuvo que intervenir la policía. Asimismo, si también se tienen en cuenta los desalojos en los que se requirió la presencia de la fuerza pública sobre viviendas que no estaban consideradas como habituales, el número aumenta a 464.

 

Según los datos, obtenidos mediante una encuesta a los bancos que gestionan más del 85 por ciento del crédito hipotecario destinado a la compra de viviendas, el año pasado hubo algo más de 39.100 procedimientos de ejecución hipotecaria en el país, de los cuales 32.490 correspondieron a desahucios en viviendas habituales. Cerca de 3000 familias se encontraban en esas viviendas en el momento de ser desahuciadas. En proporción al número total de créditos para comprar casa, los desahucios afectaron al 0,53 por ciento de las más de 6,14 millones de hipotecas a hogares existentes al cierre de 2012, destaca el Banco de España.

 

De estas entregas, más de la mitad, unas 18.300, fueron voluntarias. En este apartado es donde, además, se incluyen las entregas en pago, que es cuando el banco acepta la entrega del inmueble hipotecado en pago de la deuda. La banca asegura que el año pasado, antes de que el Tribunal de la Unión Europea dictaminase que la ley española no protege adecuadamente a los hipotecados, se cerraron 14.110 entregas en pago.

 

La "dación de pago universal y con carácter retroactivo" es la medida principal reclamada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), pero no fue incluida en una ley para proteger a los deudores hipotecarios aprobada el miércoles por el Parlamento con el único apoyo del mayoritario y oficialista Partido Popular. El objetivo de esta dación de pago universal y retroactiva es aliviar el drama que atraviesan las familias que son desahuciadas y que, pese a perder su vivienda, tienen que seguir pagando al banco, ya que el valor de la vivienda embargada ha caído frente al préstamo que en su día concedió la entidad financiera.

Cerrado el capítulo de las entregas voluntarias, la banca tuvo que recurrir a la vía judicial en otros 14.165 casos para recuperar el inmueble. En el 83 por ciento de los casos, la vivienda estaba vacía en el momento en que los representantes del banco tomaron posesión de la casa. Por el contrario, 2405 estaban ocupadas, lo que implica que las familias afectadas se vieron forzadas a abandonar la vivienda contra su voluntad. En cuanto al tiempo transcurrido desde que se produce el impago, la estadística afirma que el 85 por ciento de las hipotecas que dieron lugar a entregas judiciales ocupadas en 2012 se originó en el año 2007 o incluso antes.

Los datos del Banco de España llegan en plena profusión de estadísticas sobre las ejecuciones hipotecarias tras años de opacidad. Ello se ha debido a la repercusión social que tienen los desahucios, que han aumentado con fuerza en los últimos meses por culpa de la persistencia de la crisis y el imparable auge del paro.

 

"Es la primera vez que el Banco de España elabora esta estadística y, por lo tanto, los resultados que de ella se obtienen han de tomarse con las debidas cautelas", alertó un portavoz del banco. Para interpretar la información, añade, también hay que tener en cuenta que los datos, aunque se han obtenido de un grupo de entidades que gestionan la mayor parte del crédito hipotecario concedido a los hogares para compra de viviendas, no reflejan la totalidad del sector bancario español. En adelante, el banco publicará regularmente esta información con una periodicidad semestral.

 

El gobierno del presidente Mariano Rajoy dijo que mejorar la situación de los deshauciados es una prioridad de su gobierno, argumento que fue rechazado por toda la oposición.

 

El Centro Nacional de Defensa de los Derechos Humanos, un organismo patrocinado por la Conferencia Episcopal de Brasil, se ha mostrado preocupado por una posible “limpieza social” de las personas sin techo, con motivo de la celebración del Mundial de Fútbol del próximo año.
 

Junto a esta asociación ha expuesto también sus temores al Gobierno, el Consejo Nacional de Procuradores Generales (CNPG). Representantes de ambos organismos se han encontrado ya con el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Gilberto Carvalho, para alertarle sobre sus temores. Se están observando especialmente las ciudades que acogerán los partidos de la Copa.
 

Las organizaciones temen que la llamada, “higienización” de los que viven en la calle por motivos diferentes, sea un eufemismo para dar mano suelta a los verdugos de las personas indefensas, invisibles para la sociedad, pero que podrían ser vistas por los millones de turistas que lleguen a Brasil el año que viene. Sin contar que el papa Francisco llega a Río dentro de tres meses y que estarán presentes en la capital carioca más de dos millones de personas con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud.
 

En los últimos 15 meses han sido asesinados 195 vagabundos, la mayoría quemados por anónimos. El último de ellos es Jorge Affonso, de 49 años, asesinado este domingo en Jacupiranga, a 280 kilómetros de São Paulo.

 
A Goiânia, capital del estado de Goiás, a 200 kilómetros de Brasilia, ha sido enviada una comisión del Ministerio de Derechos Humanos para analizar los últimos 29 asesinatos de personas sin hogar.

 
Según datos oficiales del IBGE (Instituto Brasileño de Geografía y Estadística) existen en Brasil no menos de 1,8 millones de personas viviendo en calles y plazas de las ciudades, y menos del 25% de las ciudades tienen políticas para ellas.
 

Sólo en São Paulo se calcula que unas 15.000 personas no tienen casa, 5.000 más que hace diez años. A pesar de que en 2009, el Gobierno del entonces presidente Lula da Silva lanzó el programa de Política Nacional a favor de los vagabundos, las autoridades suelen cerrar los ojos ante esa cruda realidad.
 

Y sin embargo, para el sociólogo Mauricio Botrel, del Centro Nacional de Derechos Humanos, son imprescindibles las políticas locales a favor de estas personas para evitar una “limpieza social” llevada a cabo generalmente en la oscuridad de la noche y aplaudida en silencio por las personas de bien.

 
El fiscal general del Estado de Río Grande do Sul, Eduardo Veiga, presidente del Grupo Nacional de Derechos Humanos, ha afirmado que los Ministerios Públicos de los Estados están siendo orientados a fiscalizar la implantación de comités municipales a favor de los sin techo en todo el país.

 
Que los temores de obispos y fiscales no son infundados lo revela además el precedente de Rio, cuando reporteros del diario Folha de São Paulo descubrieron en 2009 a la alcaldía de Rio recogiendo a vagabundos deprisa y corriendo en el trayecto de la comitiva de la Comisión del Comité Olímpico (COI) responsable de elaborar un informe sobre la presencia del Mundial en la capital carioca.

 
María Cristina Bore, presidenta nacional de las Políticas de la Calle, ha afirmado que una operación de limpieza social de los sin techo “está en la pauta del día”, con motivo del Mundial.

Por Juan Arias Río de Janeiro 29 ABR 2013 - 17:38 CET

El drama de los desahucios que todos los días deja a decenas de familias en la calle fue observado por el gobierno de Rafael Correa. El Estado español fue denunciado ayer ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por la Defensoría del Pueblo de Ecuador por presunta violación de derechos fundamentales y privación de justicia de un ciudadano ecuatoriano radicado en España, afectado por la crisis hipotecaria en ese país al ser desalojado de su vivienda.

 

El caso atañe a Luis Solórzano, quien desde el momento de la firma del contrato y hasta la ejecución hipotecaria no tuvo la posibilidad de defender sus derechos fundamentales, expresó ayer la Defensoría en un comunicado difundido por la agencia de noticias AVN. “Se han vulnerado sus derechos a la vivienda y otros como educación, salud, derecho a la intimidad familiar, derecho a una vida digna”, consideró el organismo, que resaltó que, como consecuencia de la crisis, muchas familias afectadas están condenadas al pago de una deuda eterna, a la exclusión social y a la pobreza.

 

El caso fue presentado ante el tribunal comunitario con sede en Estrasburgo, tras agotar todas las instancias judiciales de España y ser analizado por la Defensoría y juristas españoles. El defensor del Pueblo, Ramiro Rivadeneira, destacó que este caso podría convertirse en un precedente para la creación de un nuevo marco normativo que permita a los ciudadanos en España superar el conflicto ocasionado por la crisis hipotecaria. El ombudsman aseguró que la meta de la acción ante el tribunal europeo es buscar tutela judicial, garantía de derechos fundamentales y justicia. Desde 2011, la Defensoría y la Embajada de Ecuador en Madrid mantienen un programa de asesoría legal gratuita en favor de los compatriotas perjudicados por la crisis hipotecaria.

 

Más de 400 mil familias fueron desalojadas de sus viviendas en España debido a la imposibilidad de pago de las hipotecas, desde que comenzó la crisis económica en 2008.

 

La Coordinadora Nacional de Ecuatorianos en España reveló que unos 15 mil inmigrantes de esa nacionalidad perdieron sus empleos y son víctimas de los créditos hipotecarios, muchos de ellos concedidos de forma engañosa.

 

Al respecto, el canciller ecuatoriano, Ricardo Patiño, anunció ayer que el gobierno de Quito trabaja en planes para que regresen de España sus compatriotas afectados por la crisis en el país europeo, según reportó la agencia de noticias Andes. “Hemos podido apreciar que la situación de crisis que vive España ha provocado un mayor interés de los emigrantes por volver a Ecuador y estamos trabajando para que este retorno se haga de manera ordenada”, declaró Patiño, quien se encuentra en Barcelona en visita oficial.

 

En los próximos tres meses, unos 300 emigrantes ecuatorianos volverán gracias al Plan Tierras, mediante el que se intenta dar facilidades financieras para que puedan comprar parcelas en Ecuador, según informó el canciller. Al respecto, precisó que se darán cursos de capacitación y rebajas fiscales, principalmente para los agricultores ecuatorianos que residen en España, para falcilitar su regreso. Por otra parte, el Plan Ecuador Saludable y el Plan Retorno Productivo buscan allanar el retorno de trabajadores de la salud y de la educación, respectivamente.

La recesión es un virus que debilita la solvencia del sistema financiero en un círculo vicioso de aumento de la morosidad de empresas y particulares, requerimiento de mayores previsiones por incobrabilidad, deterioro patrimonial, exigencia de capitalización y fuga de depósitos por temor a la situación de los bancos. El ajuste de las cuentas públicas reduciendo el gasto profundiza la caída del nivel de actividad económica y, pese a ese resultado impactando en forma negativa en sus negocios, banqueros con su elenco de analistas y economistas ortodoxos aplauden esa política. Este sinsentido tiene origen en la ideología neoliberal de sus protagonistas, en el desprecio a las penurias de las mayorías y en cómo funciona el mundo de las finanzas. Mientras reciben auxilios monetarios del Estado para cubrir los inmensos baches de los balances, cada uno de los dueños de las entidades especula con ser el sobreviviente del naufragio para terminar absorbiendo a los hundidos. Ciclo de concentración del capital que termina configurando el principal instrumento de presión de la banca al poder político: “Demasiado grande (el banco) para dejarlo caer”. El temor a un descalabro económico de mayores proporciones por la quiebra de alguna de las grandes entidades financieras y el fantasma del efecto dominó deriva en la subordinación de gobiernos que se endeudan para salvarlos y aplican impopulares recortes del gasto público para liberar recursos para pagar a los acreedores. Esta situación se está desplegando con prolija violencia en Europa, siendo España la máxima expresión con tasas record de morosidad y ejecuciones hipotecarias.

 

El boom inmobiliario financiado por la banca española alimentó una de las burbujas especulativas modernas más impresionantes. Las entidades obtenían los fondos principalmente de bancos alemanes que compraban bonos con garantía de los préstamos emitidos. El frenesí de ladrillos ha permitido la extravagancia española de alcanzar una cifra total de viviendas cercana a los 27 millones con un poco más de 17 millones de familias españolas registradas. Es impactante la existencia de unas 10 millones de viviendas excedentes de las necesidades de la población, construidas sólo por la especulación alimentada por el sistema financiero. La explosión de esa burbuja provoca un efecto pobreza demoledor por la caída del precio de las propiedades: el 76 por ciento del patrimonio familiar español corresponde a inmuebles y el restante 24 está distribuido en otros activos (efectivo y depósitos, acciones, participaciones de sociedades y seguros), según un informe del banco central de España.

 

Además de la caída del valor de las propiedades, el rostro más cruel del estallido de la burbuja de ladrillos es el desalojo de miles de familias porque al perder el empleo o contabilizar una reducción de ingresos no pudieron cumplir con el pago del crédito hipotecario. La situación es más desesperante debido a que no sólo tuvieron que entregar la vivienda, sino que luego del remate, a un precio por debajo del tasado inicialmente para pactar el crédito, la familia sigue contabilizando una deuda con el banco. Un sistema de esquilma cuyos detalles resultan impactantes. En base a un ejemplo publicado por el diario El País se comprende en toda dimensión:

 

n El 10 de mayo de 2004 una familia suscribe una hipoteca por 120 mil euros para comprar una vivienda tasada en 150 mil euros. El plazo de pago del crédito es 20 años con una tasa de interés fija del 5 por ciento anual. La cuota mensual del préstamo es de 790 euros.

 

n El 10 de mayo de 2011 deja de pagar y empiezan a correr los intereses por mora, que no tienen tope, por ejemplo del 20 por ciento. Hasta ese momento, la cuenta era: intereses pagados 37 mil euros, capital pagado 30 mil euros y un saldo del crédito de 90 mil euros (el monto original era 120 mil).

 

n En julio de 2011, la familia debe dos cuotas (1580 euros) y el banco exige el pago. Por las condiciones del crédito, los bancos pueden reclamar toda la deuda ya al primer mes de mora e iniciar el trámite judicial de ejecución del crédito hipotecario.

n El juzgado otorga 10 días a la familia para regularizar su situación y, si no lo hace porque no tiene el dinero debido a que sus integrantes perdieron el empleo, comienza el proceso de ejecución hasta la subasta de la vivienda.

 

n En el ejemplo, la subasta se realiza en noviembre de 2012, con la obligación de anunciarla con 20 días de antelación. En esa instancia, la cuenta es: el deudor pagó 67 mil euros (capital más intereses) y el saldo de la deuda era 90 mil euros, pero el banco demanda 137 mil euros (deuda hipotecaria, intereses por mora y costas del proceso judicial).

 

n La vivienda se subasta al 70 por ciento del valor de tasación (105 mil euros). El valor original era 150 mil euros. Si hay un comprador, ese dinero es para el banco, pero el monto no cubre la totalidad del reclamo de 137 mil euros. El faltante de 32 mil euros es la deuda que mantiene la familia con el banco.

 

n Por la crisis no hay compradores particulares de viviendas. Entonces el banco se queda con la unidad, pero al 60 por ciento del valor de tasación (90 mil euros). De ese modo, la deuda de la familia con el banco es mayor: 47 mil euros.

 

n Comienza el proceso de desalojo (“de-sahucio”) que se ejecuta en un mes, con posibilidad de otro mes de prórroga.

 

n La deuda no prescribe y el deudor tiene que responder con todos sus bienes presentes y futuros.

 

n La familia no pudo pagar la cuota de la hipoteca porque sus miembros perdieron el trabajo y están desocupados. Se quedaron sin vivienda propia y con una deuda de 32 mil o 47 mil euros con el banco.

 

Después de este recorrido, se encuentra la respuesta de por qué aumentaron los suicidios en España entre quienes pierden la vivienda.

 

Entre 2007 y 2011 se han producido cerca de 350.000 ejecuciones hipotecarias en España. Centenares de miles de familias están siendo desahuciadas de sus casas por las mismas entidades financieras que han provocado la crisis y que han sido rescatadas con dinero público. Los bancos se defienden diciendo que muchos de los “desa-hucios” son de segundas o terceras viviendas, locales comerciales o garajes. El endeudamiento privado español alcanzó un monto equivalente al 235 por ciento del PBI. En total, la cartera crediticia del sistema financiero español suma 1,74 billones de euros, con una mora de 164.361 millones, equivalente al 9,42 por ciento en junio pasado según datos publicados por el Banco de España. El panorama es más inquietante en el rubro créditos hipotecarios, que reúne problemas en más de la mitad de la cartera. Ante este panorama, con políticas públicas que acentúan la recesión, las perspectivas de los bancos españoles son perturbadoras. La prevista recapitalización del sistema por 60 mil millones de euros aportados por la Unión Europea resulta insignificante en ese sendero hacia la insolvencia.

 

La situación española es la más dramática de Europa por las condiciones abusivas de los créditos hipotecarios y leyes que desamparan al deudor. El PP en el gobierno y el Partido Socialista en la oposición están negociando flexibilizar la legislación sobre hipotecas. Si bien sin la furia española, en otros países europeos también aumentaron los desalojos. Una investigación de El País detalla que en Portugal las ejecuciones aumentaron 17 por ciento en 2011 respecto del año anterior; en Francia, el año pasado hubo 113.669 sentencias de desalojos, 4 por ciento más que en 2010 y 40 por ciento más que hace diez años; en Italia, durante el año pasado 39.474 familias italianas fueron desalojadas de sus viviendas por no pagar la hipoteca, un 75 por ciento más que hace cuatro años; y en Gran Bretaña, el Consejo de Prestamistas de Hipotecas estima que los desalojos sumarán 35 mil en este año.

 

La política de austeridad está hundiendo a Europa, arrimando a los bancos a la insolvencia y provocando un desastre sociolaboral. Es la receta de la ortodoxia. ¿Qué piensan los economistas del establishment argentino sobre la crisis europea, en especial sobre la economía de España, ofrecida como modelo hasta hace poco? Retumba el silencio.

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Al caer la tarde, el edificio de cinco pisos ubicado en el costado occidental de la Carrera Séptima con Calle 47 en Bogotá sigue siendo el blanco de las miradas de quienes se dirigen de regreso hacia sus casas. Desde la ventana de los autobuses han visto en las últimas semanas arremolinarse frente al edificio a policías, funcionarios, periodistas, jóvenes y transeúntes, así como a quienes esporádicamente se asoman por las ventanas del tercer piso. Cuando el bus avanza, todos vuelven a sus asuntos cotidianos: qué preparar para la comida de esta noche, pedir una cita médica, etcétera.

Por la ventana del tercer piso del edificio, doña María* se asoma desde esa altura del costado occidental de la carrera séptima, para observar a quienes con curiosidad dirigen sus miradas hacia ella y al inmueble que desde la noche del domingo 30 de septiembre se tomaron junto con un grupo de familias desplazadas de diferentes zonas del país. Mientras mira los autobuses, piensa en lo que podría ‘preparar’ para la comida de esa noche (a pesar de que no cuenta con luz eléctrica) y lo mucho que necesita una cita médica para ella y sus familiares. Pero, sobre todo, se pregunta a dónde irán a parar con su familia y todos los problemas de salud, educación, vivienda y alimentación que tienen encima y que no parecen tener solución en el corto plazo.

En casa de herrero, cuchara de palo

Desde la patrulla parqueada frente al edificio, un policía habla por teléfono, al parecer con un familiar, de lo que está sucediendo. La cosa para él es muy simple: se trata de gente que se metió a la fuerza a una casa que nos es de ellos y tienen que sacarlos. Sin embargo, no pueden entrar mientras no tengan la orden de un juez. Luego se concentra en asuntos domésticos y finalmente comenta su deseo de llegar rápido a la casa para comer, porque el almuerzo al parecer se les envolató. A los pocos minutos llega Gladys, una de las familiares de los ocupantes, con algo de comida para su gente. La policía no permite que la entreguen: “A veces no dejan entrar comida porque los policías dicen que la supuesta dueña –quien no ha demostrado papeles en mano que lo es– se lo tiene prohibido; ¡Como si ella fuera la comandante del cuadrante! Imagínese, hasta a los presos les dan comida y a nosotros nos quieren impedir que comamos y la policía se presta para eso, cuando se supone que ellos velan por que se cumplan los derechos de la Constitución”, dice indispuesta Aura*, una de las ocupantes del edificio, quien se asoma por la rendija de la puerta para poder hablar.

La alusión a los “presos” la hace Aura porque quien se reclamó primero como propietaria y luego, con el pasar de los días, como apoderada del propietario, decidió sellar con soldadura las puertas del edificio para que no pudieran salir y nadie más pudiera entrar. Los ocupantes del edificio aseguran que esto sucedió en presencia de la policía: “Luego de una hora, el amigo del cerrajero que contrataron les hizo caer en la cuenta a todos que podían estar cometiendo un delito, y quitaron de nuevo la soldadura”.

El buen hijo vuelve a casa

A pocos metros del edificio, quien se reclama como apoderada pregunta: ¿Y por qué no se devuelven a dónde estaban viviendo antes? ¿Por qué no se devuelven para la casa? La pregunta es la misma que les hace el Sisben a quienes les niega la afiliación debido a que aparecen registrados en una EPS del municipio donde vivían: “La solución que ellos proponen es fácil: regresen y pidan una certificación de que ya no están afiliados, pero ¡cómo vamos a regresar si por no poder ir allá es que somos desplazados!”, dice Alexander*, quien ha salido del edificio para hablar con los funcionarios del gobierno distrital que han llegado a proponer una mesa de diálogo.

La propuesta que le lanzan al vocero es pragmática: “Desocupen la construcción y luego iniciamos la negociación”. El argumento es, básicamente, que se está reformando la atención y los programas dirigidos a la población desplazada, y adicionalmente pudieran también ingresar al programa de las 100.000 viviendas del gobierno nacional, todo esto en el mediano plazo. Luego de consultarlo con las demás personas del edificio, el vocero sale de nuevo y declina la propuesta debido a que “en realidad no hay garantías para que nuestra situación cambie en algo, y nosotros debemos velar por el bienestar inmediato de nuestras familias. En una mesa de diálogo no existirían garantías que nos permitan pensar que luego podríamos exigir el cumplimiento de lo que acordemos”. Hasta el cierre de la edición, los ocupantes de la Calle 47 con séptima siguen insistiendo en que “¡Si la vivienda no es un hecho, okupar es un derecho!”.

Lo que conviene a la casa viene

El viernes 5 de octubre se convocó por una red social a una “Jornada solidaria con l@s desplazad@s okupas de la 47” –se tienen programadas otras más– a la que asistieron jóvenes de diferentes colectivos políticos y culturales, quienes les entregaron a los ocupantes de la casa: alimentos, mantas y medicamentos, así como su apoyo a través de carteles: “Derecho al techo”, “No más especulación urbanística”, “No más viviendas en ruinas y vacías”, “El techo es un derecho”. Luego, en la carrera séptima agitaron carteles como: “Pite si apoya la lucha por la vivienda”, “¡Arriba la lucha por una vivienda y una vida digna!”, “Okupa por techo, luchar por dignidad y derecho”.

En medio de la jornada llegó una “Carta de solidaridad. Presos políticos”, en la cual apoyan la ocupación del edificio: “Ante su victimización, la ciudad los recibe con desprecio, indolencia, “código de policía”, política de “seguridad ciudadana”, Esmad y un nuevo proceso de victimización que sólo les deja la disyuntiva de someterse a la indigencia y la lumpenización, o dignificarse en la lucha con esta acción directa de Okupación […]” (Lea la carta completa en www.desdeabajo.info). Al final de la jornada, los ocupantes del edificio manifestaron su agradecimiento: “Gracias por su colaboración y apoyo a nuestra causa, busquemos un grito que estremezca al país para que se den cuenta de que existimos”.

* Los nombres han sido cambiados por su seguridad.

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Recuadro

“Algunos somos desplazados del sur de Colombia, desplazados por la violencia de los paracos y la guerrilla. Yo salí sola en el 2005, en ese momento era menor de edad, no supe dónde quedó mi mamá y hasta tres años después vinimos a encontrarnos. Mi hermana está aquí en el edificio, ella está reconocida en el registro único de víctimas. Cuando mi hermana salió de donde vivía, al niño de ella le rozó una bala y necesitó cirugía plástica. Ella es cabeza de familia, tiene un niño discapacitado, un niño de 14 años y la niña de 9. El gobierno se lava las manos diciendo que nos da las ayudas cada tres meses, pero es mentira, a veces es una sola al año, además si no es con tutela eso no le llega nunca. La gente dice: ¿Y por qué no trabajan? Yo trabajo como vendedora ambulante y la policía no hace sino corretearlo a uno y quitarle las cosas. ¿Y entonces?”

Gladys.

El déficit de vivienda en Bogotá es fruto de un proceso complejo de urbanización. Las cifras manejadas por la alcaldía señalan 258.046 hogares sin habitabilidad. Una población clasificada, según el Dane, por dos tipos de déficit: los que no tienen disponibilidad de vivienda, un déficit cuantitativo en el que se encuentran 116.529 hogares. Otros 146.517 están con déficit cualitativo, es decir, en viviendas que no cumplen los requisitos habitacionales establecidos por estructura de materiales, cohabitación de varios hogares en una misma vivienda, hacinamiento no mitigable que indica la presencia mayor de 3 a 5 personas por cuarto, la ubicación de la cocina al interior del mismo dormitorio, y el acceso a servicios públicos domiciliarios.

Para remediar esta realidad, el Distrito contempla programas como: cupos para vivienda nueva, subsidios para la adquisición de vivienda usada, para mejorar condiciones estructurales de la vivienda o cupos de arrendamiento. Todos son insuficientes para responder a la demanda. Pero a su vez, proyectos cada vez más insostenibles debido a la relación inversamente proporcional entre el crecimiento urbano y el agotamiento del suelo. Por ejemplo, se estimó en el 2009 que cada año se pueden construir 140.000 unidades de vivienda, al tiempo que se constituyen 185.000 nuevos hogares. Eliminar ese déficit habitacional implicaría construir en Bogotá 30 veces Ciudad Salitre, o 60 veces Ciudadela El Recreo, u 84 veces Ciudad Tunal. En todo caso la ciudad sigue extendiéndose como lo muestra los cuatro proyectos de Metrovivienda: Operación Nuevo Usme, Ciudadela Porvenir, Nuevo Usme y la Palestina. Proyectos de Vivienda de Interés Social (VIS) precarios: una hectárea para 100 unidades residenciales.

Hace poco, Economistas Urbanos Asociados, una empresa de investigación en mercado y opinión calculó que la cifra es mucho mayor, alrededor de 1´300.000 hogares, que en su mayoritaria pertenecen a los estratos dos y tres, una población que ascendería a cinco millones de personas, el 63,7% de ellas viven en el sur de la ciudad, entre barrios populares, donde el promedio de personas por cuarto es de 3,72 y a su vez viviendas donde habría 1,7% hogares, lo que refleja de manera clara el grado de hacinamiento que existe. La firma sostiene, además, que 629.033 familias pagan arriendo en Bogotá.

La ausencia de vivienda es aprovechada para criticar la administración Petro. La Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) señala, por boca de su subgerente Martha Moreno, el incremento del déficit en 57.000 viviendas por año, su preocupación no es por quienes carecen de una vivienda propia sino por la caída del sector de la construcción. Presión mayor se puede deducir de las declaraciones del Ministro de vivienda, ciudad y territorio, Germán Vargas Lleras, por la caída en el desarrollo de proyectos de vivienda, ciertamente molesto porque contaba con la construcción de la Ciudadela Campo Verde en Bosa. Al Ministro solo le importaba que esas 85 hectáreas sumen a la meta de cumplir las 8.000 VIP, así las familias estén en evidente peligro por el desbordamiento de los ríos Tunjuelo y Bogotá.

La dinámica urbanística en Bogotá ha sido poco planeada, potenciada además, por un acelerado crecimiento demográfico producto de constantes procesos migratorios y la misma dinámica natalicia. Un proceso urbanístico que el geógrafo francés Jacques Aprile llama “colonización de caracol”: llegar en situación de arrendatario, en inquilinato, para pasar como propietario a la periferia1.

Pasado y presente

Para 1954 Bogotá ya anexaba seis municipios cercanos, pero el crecimiento desordenado no fue tomado en cuenta por las alcaldías de entonces. Los gobernantes durante mucho tiempo hicieron oídos sordos al tipo de modelo de urbanización, llamados que ya tenían estudios académicos, por ejemplo el realizado en 1969 por el Centro de Investigaciones para el Desarrollo de la Universidad Nacional (CID) bajo la dirección de Louchin Currie, donde hacía un llamado para cambiar el modelo de crecimiento extensivo en bajas densidades a uno más compacto en el centro, pero la administración Barco no tomó las recomendaciones de los estudiosos. El proceso de desarrollo urbano capitalino se hizo afectando los municipios de departamentos cercanos, como Tolima y Cundinamarca.

Se permitió que la ciudad creciera de manera informal, a través de tomas de predios no reconocidos o en riesgo, junto al loteo y la venta de la piratería, de esa manera su periferia se extendió más allá de lo mitigable. Ahora la Administración tiene que afrontar también una política de vivienda que busca, por seguridad física la reubicación, el reconocimiento formal de predios que no tienen titulación, o brindar subsidios para mejorar la habitabilidad y estructura de vivienda. Hoy son muchas las familias que no tienen más opción que exponerse en zonas de alto riesgo. La Dirección de Prevención y Atención de Emergencias (DPAE) priorizó en el 2007 a 4.545 familias ubicadas en zonas de alto riesgo no mitigable, en lo recorrido de estos 5 años sólo se ha logrado reubicar 1.303 de ellas. Las demás tendrán que esperar la posibilidad de reubicarse o el peligro de un desastre. En la actualidad los programas atienden los reasentamientos, titulación y mejoramiento de vivienda en los Cerros Orientales, Operación Tunjuelito, Relleno Sanitario Doña Juana y Río Bogotá.

Las últimas administraciones de la capital tratan de modificar el ordenamiento territorial que traía la urbe, pero priorizando el mercado y el capital transnacional, con proyectos de renovación urbana como el Plan Centro y el Anillo de Innovación. Y esto sin resaltar el negocio especulativo inmobiliario potenciado por los desplazamientos internos, o la especulación con el suelo a través de proyecto como la Operación del aeropuerto. Y aquellos que siguen en la lógica expansiva como la operación Nuevo Usme que busca acercarse a los Llanos, o como Santa Mercedes en localidad de Suba, en la expansión del noroccidente de Bogotá.

La ciudad región Sabana

El gobierno nacional considera que para el 2020 la Sabana tendrá un déficit de 919.000 unidades de vivienda, 712.000 en Bogotá. El propósito con la urbanización en la región central Sabana es construir 649.454 VIS junto a 351.534 no VIS. Una inversión de 78,3 billones de pesos que provienen en su mayoría del crédito de ahorro hipotecario.

En estos momentos se adelantan macroproyectos, al estilo de la Ciudad Capital, como Ciudad Verde en Soacha, o Pesqueros y Ciudad Florecer en Mosquera. Una investigación analiza a Bogotá en dos experiencias que se relacionan con la Región Central2. La primera abarca los departamentos de Boyacá, Cundinamarca, Meta y Tolima, donde se evidencia un crecimiento demográfico mayor que el registrado por la capital de Boyacá, en municipios como Duitama, Sogamoso Villa de Leyva y Chiquinquirá, o hacia Lérida, en el Tolima. En esta relación también hay que tener en cuenta que existe una alta población rural en Cundinamarca y Boyacá, éste último único departamento que concentra el 69.1% de su población en zona rural. La segunda es la Mesa Regional entre Bogotá y Cundinamarca, que al tomar los trece municipios de área de influencia de Bogotá contabilizaría 900.825 habitantes, según la investigación los municipios más cercanos a la ciudad son los que presentan mayor densidad.

Dentro de la asociación de municipios cercanos a la capital hay unos que ven con recelo algunos efectos de la ciudad en su entorno, como Cota, Cajicá y Chía. Por otro lado están quienes quieren tener un tipo de asociación, los más afectados por el crecimiento de la misma ciudad, como Madrid y Soacha. Ya comenzaron a valorizarse los suelos en estos municipios: en Chía su valor se ha multiplicado cinco veces; en Cajicá su incremento también ha sido significativo.

Contrario a ciudades como Nueva York y Madrid, donde producto de su planeación un importante porcentaje de su población vive en los municipios del área metropolitana, en Bogotá sucede lo contrario. Aunque tarde, la importancia de asumir una planeación regional concertada no debe dilatarse más.

En las ciudades del actual mundo capitalista se concentra más de la mitad de la humanidad, una frase que convocó la sexta sesión del Foro Urbano Mundial en la ciudad de Nápoles. Lo más preocupante es que se espera que la cifra alcance los dos tercios de la población total en poco más de una generación. La próxima sesión del Foro en Medellín –2014– seguirá abordando temas de equidad, economía y ecología urbana.

El 60% de las ciudades han crecido sin ninguna planificación, generando grandes asentamientos humanos donde los centros de trabajo están distantes de los barrios. Las zonas urbanas reflejan una forma de organización de las ciudades con el capital expresada en la relación entre concentración y expansión geográfica de la tensión centro-periferia.3

Para América Latina y el Caribe la concentración en las áreas urbanas llega hasta el 80% de la población según ONU- Habitad, en donde una de cada cuatro personas es pobre. A nivel nacional son 2.216.863 hogares que viven en arriendo en viviendas sin habitabilidad, el 76% vive en zonas urbanas principalmente en las ciudades de Cali Medellín, Bucaramanga y Bogotá. La región sabana de la ciudad capital concentra el 43% de ese déficit de vivienda urbana. Es por eso que el problema de las ciudades no tiene una solución en los mandatarios de turno, ya que vivido es la forma como el mundo globalizado habita el planeta.


Notas

1 Aprile-Gniset, Jacques, (1992) La ciudad colombiana: siglo XIX y siglo XX. Talleres Gráficos Banco Popular, Bogotá.
2 Rincón Avellaneda, Patricia (2006). “El tema de la vivienda en Bogotá desde el territorio de la Región Central del país”, en Revista Bitácora, enero. pp.136-147.
3 Harvey, David (2007) Espacios del capital. Hacia una geografía crítica. Ediciones Akal, Madrid, p. 265.

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Recuadro 1

Esperando toda la vida una bendición

Al cruzar el portón de esa casa esquinera, asombrado recordé el primer piso que era la tienda de esquina en el barrio de mi infancia. La señora Lucrecia es la dueña de la casa, desde que la recuerdo siempre me pareció muy anciana, pero se conserva siempre igual. Después de liquidar la tienda encontró en el arriendo y los pequeños préstamos a interés, una forma de vivir.

Allí Nora Patricia, una mujer de 32 años me invita a la sala. Un espacio que comprendía mis recuerdos como la zona principal de la tienda, con un mostrador de madera en la esquina del fondo, dos mesas, cada una con tres butacas hacia la pared de la ventana que da a la calle. De frente lo que era en algún tiempo el lugar de la máquina electrónica con la que me inicié en los videojuegos y el orinal de la tienda que entre la modificación de la casa y el olvido del recuerdo todavía no sé ubicar.

Fui a entrevistarla porque mi mamá la conoce. Me comienza a relatar su historia de vida, vivir en Bogotá toda su vida sin conocer que es tener casa propia. Incluso su mamá también toda la vida ha pagado arriendo. Y ninguna de las cuatro hermanas de Nora tiene hasta el momento vivienda propia. El abuelo tenía una propiedad con los hermanos. La mamá de Nora se fue de la edificación de sus tíos –en la séptima con once sur– cuando tenía unos 23 años. Toda una vida pagando arriendo.

Alguna vez el papá de Nora pensó en tomarse algún predio dejado en el proceso de reubicación de las familias del barrio Malvinas. Un barrio informal fundado con el auspicio de la insurgencia en el año de la guerra de Argentina e Inglaterra, y colindante con el barrio Guacamayas. Ella lleva en ese piso siete años. Su primer hijo llegó a los 20 años, pero al papá del niño lo mataron. Después conoció al progenitor del segundo, un niño de de cinco años que nos acompaña en la conversación mientras cambia canciones en el celular de su mamá, pero se separó del papá de Nicolás. En la actualidad convive con una tercera persona con quien tiene un bebé.

“Yo me enteré del arriendo por mi hermana que vivía en una pieza del segundo piso. Ahora ella vive con mi mamá por los lados de aquí abajo”. Nora cancela mensualmente la suma de 270.000 pesos, que incluyen los servicios .La dificultad de pago se presenta cuando se termina el periodo académico, pues trabaja en un colegio. Cuando eso sucede se rebusca para trabajar por días.

Conseguir casa es algo que sueña. Significa para ella una bendición, pero no piensa mucho en ello. Tiene claro que con un mínimo no alcanza para sostener una cuota para VSI o VIP, ni que hablar de créditos bancarios. Mucho más escéptica pues su hermana buscó hace cuatro años un subsidio de vivienda que ofrecía la alcaldía. “Ella fue al Cade aquí en el comunal, pero nunca le salió. No sé si será suerte. Se cansó y retiró la plata que tenía ahorrada. Mi mamá dice que quizás fue porque ella dijo que vivía con marido. Allá le dijeron que lo mejor que podía hacer era meter esa plata (2.400.000 pesos) en un banco dizque para tener un… como se dice… no rentabilidad sino crédito. Mi hermana la menor junto con el marido esperan que les entreguen un apartamento allá en Soacha”.

Nora responde sin rodeos, tiene claro que con los ingresos que tiene no cumple los requisitos para acceder a alguna oferta de vivienda. Seguirá como su mamá, esperando una bendición y pagando la pena.

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Recuadro 2

El drama de cada día

El drama de la vivienda en Colombia lo sufren a diario miles de familias, las cuales tienen que hacer rendir sus escasos pesos para garantizar el pago puntual del alquiler y así garantizar que no los desalojen.

Pero la precariedad de los ingresos mensuales obliga no sólo a vivir en arriendo sino, además, a compartir vivienda con otras familias, acomodándose, como se pueda, en una pieza, compartir, además, cocina y servicios sanitarios. Es el famoso inquilinato.

En ocasiones, para fortuna, las casas que arriendan piezas están organizadas con varias cocinas y baterías sanitarias, una por familia, lo cual alivia la cotidianidad.

En no pocas ocasiones, las familias se las arreglan para resguardarse en casas de madera, paroi o latas, lo que para la mayoría de estas es transitorio, pero no faltan las excepciones: familias que a pesar del paso del tiempo, y de contar con un lote amplio, no tienen con qué construirlo: es el caso del señor Carlos Rodríguez, habitante del barrio Potosí, en Bogotá, que se tiene que acomodar con sus 12 hermanos en un área “construida” de 20 metros (“…se ha construido con prefabricado reciclado 10 metros cuadrados, y entre pedazos de madera y lata otros 10 metros”), pues no tiene con qué edificar los 112 metros del lote que posee. Carlos trabaja por días, su esposa arregla casas, pero ninguno de los dos tiene estabilidad en sus oficios, lo cual hace de sus ingresos algo irregular y totalmente insuficiente. Con paciencia acceden al baño, y con cariño cocinan “… como somos familia, en una sola olla”.

En otras ocasiones, los progenitores arriendan a sus hijos, con lo cual se aseguran sus ingresos, y aunque son la misma familia, en verdad terminan siendo varias parejas e hijos al interior de una misma casa. Es lo que le sucede a Asdrúbal Tapasco, que con su familia (esposa e hija), comparte vivienda con su madre y padre, pero también con la familia de su hermana (5 integrantes), 10 personas en total, cancelando $150.000 por la pieza de 3 x 5 que habita. Él vive tranquilo, a pesar de lo pequeño del espacio, pues al fin y al cabo comparte espacio con su familia, y reafirma, “…si estuviéramos viviendo en otro lado, el caso sería más complicado”.

Y es consciente de ello pues la casa cuenta con un solo baño, lo cual los obliga a organizar muy bien su uso. Para la cocción de los alimentos “hay dos cocinas; una que comparte mi núcleo familiar con el de mi mamá, y la otra que la utiliza solo mi hermana con su familia…”.

Pero también hay otras situaciones, como la de Karen Julieth Cabal Castaño, cuya familia –de 4 integrantes– comparte espacio con otras dos familias. La suma de las tres familias da 12 personas en una sola casa. La ventaja que ella destaca del espacio que alquila es que tienen servicio de baño y cocina independiente. Por estos lujos deben cancelar, como arriendo, $280.000 por mes.

La situación más común es la del simple alquiler de casa, así sea estrecha, como la de Aura Cardona, que habita con sus progenitores y tres hermanos en un área de 7 x 3 metros, y cuyo alquiler asciende, más o menos, a $ 250.000.

Para todos los entrevistados, con salarios que escasamente alcanzan al mínimo, en su mayoría inestables, el anhelo de casa propia los acompaña desde siempre, y la realidad del arriendo los tormenta. Esta es la realidad de un barrio en Bogotá, pero con seguridad se encuentran fotos idénticas por todo el país.

 

El caricaturista estadounidense Robert Ripley creó en 1918 la modalidad de los “aunque usted no lo crea”, en la que se divulgaban sucesos curiosamente extraños, que además de asombrar buscaban divertir. La última crisis del capital, que parece de nunca acabar, ha sido prodiga en hechos, que para las personas equilibradas parecen increíbles pero no divertidos, por lo que seguramente no hubieran tenido cabida en el periódico gráfico de Ripley.

Los irlandeses, por ejemplo, tuvieron que observar la demolición de un bloque de apartamentos, situado a 115 kilómetros de Dublín (y se espera la destrucción de muchos más), en el verano que está concluyendo, porque no tenía comprador y, además, terminaron enterándose que en su país, que apenas cuenta con 4,5 millones de habitantes se habían construido, entre 1995 y 2005, 550 mil unidades habitacionales, y 1.850 proyectos inmobiliarios habían quedado inconclusos, siendo su derribamiento el destino más apropiado que el capital les depara. Las garras del “tigre celta” (así llamaron los economistas oficiosos a Irlanda en la época de la bonanza artificial), que por lo visto eran de ladrillo, hoy son demolidas sin que nadie se escandalice por el despilfarro que la economía de mercado y el “eficiente” sector privado terminan cargando sobre las espaldas de la sociedad.

Lo peor, sin embargo, es que esos proyectos han sido asumidos por los llamados “bancos malos” (lo que sin duda parece una redundancia), que son aquellas entidades que constituyen los Estados para comprar los denominados “activos tóxicos” (invendibles), y que en realidad son bodegas de “basura” financiera, de la que se espera recuperar algo en plazos que van hasta los quince años, y que pagados con dineros públicos “rescatan” a los inversionistas fracasados.

En España, que está repitiendo la historia irlandesa, se estima que en el último año se han dado 60.000 desahucios, mientras más de 3 millones de casas permanecen vacías. Los “ocupas” de las llamadas “corralas” han acuñado el lema de “ni gente sin casa ni casas sin gente”, cuyo parafraseo ha servido de título a esta nota. Lo aberrante de la situación, es que la reciente aprobación del “banco malo” español se ha acompañado de opiniones que ven en la destrucción del “exceso de oferta” inmobiliaria, a través de la demolición de lo construido, un hecho “normal”. Y ya raya a lo obsceno que eso suceda en un mundo en el que cerca de mil millones de personas habita en tugurios.

¿Qué pasa en nuestro vecindario?

Según ONU-Habitat, América latina es la región más urbanizada del mundo, con cerca del 80 por ciento de personas viviendo en las ciudades, casi el doble de los índices de África y Asia, y también superior a los registros de los países del centro capitalista. Esa urbanización, sin embargo, no ha sido consecuencia directa de una robusta tecnificación del campo, y por tanto de una menor necesidad de fuerza de trabajo en ese sector, sino de un inveterado extractivismo (en lo esencial de tipo minero), que forzó tempranamente una tercerización de la economía (aproximadamente el 70% de la población se ocupa en la actualidad en el sector servicios) en la que las actividades comerciales se constituyeron, desde los inicios, en el eje del mercado interno.

Estas urbes sui generis, son las más inequitativas del planeta y las más peligrosas, pues la región es la que presenta la tasa de homicidios más elevada del orbe, 20 por cada 100 mil habitantes, cuando el promedio mundial es de siete, para esa misma proporción. El 39% de los habitantes de nuestras ciudades (111 millones de personas) vive en tugurios, como consecuencia de los bajos ingresos y el elevado peso de las informalidad laboral que varía en un amplio rango que va desde el 30% en Chile hasta el 60% en Colombia.

Para 2010, más de 10 millones de habitantes de América Latina carecía de agua potable y 74 millones no contaban con instalaciones mejoradas de saneamiento, y pese a que el 97,5% de personas accede a agua mejorada, el 25% lo hace a través de conexiones clandestinas o mercados informales. En Chimbote, ciudad del Perú, en marzo de este año, habitantes de la zona invadieron el cementerio para improvisar sus viviendas allí, en un inédito “desahucio” de muertos como una muestra más que el formato de Ripley es un marco muy estrecho cuando se trata de observar las consecuencias de las lógicas del capital.

¿Y qué en nuestro patio?

El gobierno colombiano promulgó este año la ley 1537, en la que por primera vez se reconoce la necesidad de suministrar vivienda totalmente subsidiada a los sectores más vulnerables de la población. Con eso no sólo se terminó aceptando el fracaso de la estrategia de los subsidios como política para proveer de vivienda a los grupos de más bajos ingresos, sino que se pretende dar impulso a una de las “locomotoras” varadas de Santos.





El anuncio de la construcción de 100 mil viviendas para ser entregadas de forma gratuita, debe servir para dimensionar un problema que como los de la gran mayoría de éste país, ha sido velado por la prensa y esterilizado por la academia que aceptan, sin más, que en vivienda se invierta tan sólo 0,51% respecto del PIB, mientras que para seguridad se destine el 5,3%. Se estima que el déficit cuantitativo de viviendas en Colombia es de 1.300.000 unidades, y que el cualitativo agrega 2.500.000 viviendas a las carencias, para un total del 36% de los hogares colombianos habitando en malas condiciones. Lo que prueba que el gesto del gobierno no puede considerarse siquiera la cuota inicial para acercarnos a la solución del problema.

Que para el proyecto de viviendas totalmente subsidiadas, Bogotá no haya podido ofrecer un terreno adecuado porque el área de Campo Verde, situada en la confluencia de los ríos Tunjuelito y Bogotá, haya resultado zona de inundación no mitigable, cuando tenía un plan parcial de desarrollo urbanístico aprobado, es tan sólo una pequeña muestra de cómo la mercantilización de un derecho humano como el techo, acaba creando situaciones aberrantes en todas partes del mundo. No sólo las condiciones arquitectónicas de la vivienda popular son violatorias de los derechos humanos, sino que su ubicación hace a sus habitantes altamente vulnerables a los accidentes naturales.

Según la CepalL, en Colombia, entre 1990 y 2007, el porcentaje de hogares que se declaraban propietarios de sus casas descendió 12,5%, revelándose un fenómeno de expropiación que puede considerarse paralelo al del campo y del que muy poco se habla. El país es el que muestra el más alto porcentaje de personas viviendo en arrendamiento en toda la región, estimándose en 38% la proporción de hogares en esa condición (en 2003 eran el 33%). Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), tan sólo el 15% de los hogares colombianos tiene capacidad para cubrir los costos de una hipoteca, y el 25% de quienes emprenden la compra de vivienda ven seriamente comprometida la satisfacción de las demás necesidades.





De los 12,3 millones de hogares colombianos, 5,3 millones (43%) no tiene posibilidad de acceder a vivienda propia. Según la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), a comienzos de 2008 la oferta de Vivienda de interés prioritario (VIP), que es aquella cuyo costo no supera los 70 salarios mínimos mensuales legales vigentes ($39’669.000 en la actualidad), representaba en promedio el 10% de la oferta total de unidades, mientras que para fines de 2011 caía a su nivel más bajo representando tan sólo el 2% de ese total. En la gráfica se puede observar que los metros cuadrados licenciados para construir vivienda de interés social han permanecido estancados, al tiempo que los dirigidos hacia los grupos con mayor capacidad adquisitiva se multiplicaban por cinco.

La caída del crédito inmobiliario y la indiscutible tendencia hacía el arrendamiento como forma de tenencia, indican claramente la obligada renuncia social de las clases marginadas a la propiedad. Esa tendencia no es reciente, si observamos que los créditos hipotecarios al principio del siglo representaban el 31% del total de créditos, mientras que en la actualidad alcanzan tan solo el 7,6%.

El despojo patrimonial de los sectores populares es, entonces, innegable y prueba que la concentración de la riqueza en pocas manos se ha acelerado a un ritmo sin antecedentes, así como que dejarle al mercado la asignación de las cosas fundamentales de la vida es un despropósito que ya se manifiesta en los hechos más absurdos.

Hemos visto ahogar o enterrar vivos miles de pollos recién nacidos, derramar millones de litros de leche, destruir miles de toneladas de alimentos procesados, y hoy asistimos al derribo de edificios que ni siquiera fueron estrenados, todo eso en nombre del “exceso de oferta” ¿Qué pensar, entonces, cuando los académicos oficiosos empiezan a hablar de exceso estructural de fuerza de trabajo? ¿Significará el regreso de la eugenesia? No olvidemos que cuando la política y el mercado necesitaron “soluciones finales”, la academia estuvo presta a alinearse para legitimarlas. Los nombres de Heidegger y Heisenberg, fueron un buen ejemplo de eso en la Alemania de la segunda guerra mundial.

Lo que está en juego es la vida de millones de personas, y lo que no podemos permitir es que la destrucción masiva de riqueza nos parezca algo “natural”, y que en nombre del “equilibrio macroeconómico”, “sinceramiento de los precios” y otras expresiones similares de una pseudo-ciencia como la economía convencional, terminemos aceptando el sacrificio de grandes grupos de la población como si se tratara de algo inevitable y conveniente.



 

Barranquilla es el cuarto centro urbano de Colombia, ubicada en el Norte del territorio nacional y está habitada por un millón y medio de personas. Es la capital del departamento del Atlántico y epicentro de un Distrito Metropolitano conformado por los municipios de Soledad, Galapa, Malambo y Puerto Colombia. Puerta de entrada a Colombia y en su territorio termina el río Magdalena.

Su gobierno está bajo el control de un potente clan político y financiero (propietario de tiendas Olímpica), el de Fuad Char, quien mueve todos los hilos del poder en las instituciones publicas y en las redes económicas, sociales, electorales, institucionales e internacionales. Char es socio de German Vargas Lleras, el Jefe de Cambio Radical en Bogota, quien es investigado por la Corte Constitucional, debido a su articulación con los grupos paramilitares del Casanare y Arauca. Barranquila y su área de influencia es espacio de los grupos neoparamilitares que manipula desde la cárcel Modelo Don Antonio, un tenebroso exoficial del Ejercito responsable de cientos de homicidios y masacreas como subalterno de "Jorge 40", hoy preso en un centro penitenciario de los gringos.

Desde el año pasado se aprobó el cobro de un impuesto general conocido como Valorización II para financiar 17 obras para la ciudad y por un valor de 200 millones de dolares, de los cuales 45 millones tienen expresamente un manejo discrecional en un extraño rubro de gastos no previstos, que desde ya es señalado como el "hueco negro" de la corrupción y el saqueo de los dineros públicos que van a dar a manos de los politiqueros que mandan en el Concejo y de sus jefes, los gamonales que ejercen el poder en toda la región. Con anterioridad, desde el año 2004, se hizo efectiva la Valorización I por cerca de 100 millones de dolares, los cuales no fueron suficientes para terminar una vias como la Avenida del Río, que le correspondia hacer al Ministerio de Obras publicas. Con dichos dineros se construyó un Megacolegio entregado en concesión a empresarios privados de la cuerda de los Char, en un negociado que causó estupor entre los barranquilleros.

Barranquilla, es una ciudad con cerca del 60% de sus residentes en condiciones de pobreza y miseria. La informalidad laboral es superior al 75% y las ventas ambulantes saturan la urbe. Las oportunidades de trabajo son nulas. Es un centro receptor de desplazados por la violencia en la Región Caribe, que llegan de los departamentos de Córdoba, Sucre, Bolivar, Magdalena y la Guajira victimas del despojo y la masacre. Dichos desplazados viven en condiciones infrahumanas y sin políticas publicas que atiendan sus urgencias pese a la demagogia oficial con la Ley de Victimas y la supuesta prosperidad social de la Tercera Vía Santista.

La ciudadanía está indignada y ha expresado su rechazo al impuesto. En condiciones en que la ciudad se encuentra a la deriva administrativa, dada la manifiesta incapacidad de su alcaldesa Elsa Noguera, una ficha clientelista de don Fuad Char. Doña Elsa Noguera ha defraudado a los ciudadanos que la eligieron y la Alcaldía esta en paralisis total. La ciudad está a la deriva. Es como un barco a la deriva, con el timon roto y el capitan ocupado tratando de mantener la tripulación tranquila, en tanto el mar se agita cada vez con mayor virulencia por la rabia de los costeños. Hay desgobierno y caos en la Arenosa, como se conoce popularmente a Barranquilla.

Ya hay demandas en el Tribunal Adminstrativo por que la Valorización II no llena los requisitos legales/constitucionales, no es una medida adecuada  en medio del maremagnum de cosas oscuras que se desprenden de la anterior Valorización I. Lo que no aceptan los ciudadanos es que mientras crecen las exoneraciones fiscales para los grandes capitalistas y multinacionales en el marco de la cacareada confianza inversionista, se incrementen los tributos de los pobres que no disponen de ingresos.

La movilización y la resistencia de la multitud crece todos los día y el próximo jueves 2 de agosto, se realizara una gran movilización en la sede Boston de Combarranquilla. Hay que participar. El rechazo de los barranquilleros a la Valorización II es parte de este pliego nacional o memorial de agravios que estructura el movimiento popular colombiano para promover un vuelco radical de la actual situación del país, que es catastrófica.

Primitivo Toconas se la pasaba anhelando curar sus dolencias. Sólo cuatro eran las visitas de las batas blancas que llegaban en el mes a estas tierras. Venían en horas de la mañana con la unidad móvil de salud desde la cabecera municipal de Jambaló (Cauca), quienes hasta el mediodía diagnostican y remiten exámenes a Santander de Quilichao o Popayán. Los resultados no son leídos hasta el próximo miércoles. Es el único día que se tiene en la semana con derecho a enfermarse por estos parajes. Estando él en su espera, fue que nos conocimos.

El hombre que arrastra tantos años encima, con quien me comunicaba, alistaba maletas para llegar a Bogotá porque deseaba hablar con el Ministro de Vivienda. De rutina, se le veía con una chaqueta americana impermeable, de verde fosforescente con morado; camina despacio, habla nasayuwe y castellano, y los repliegues de su piel delatan el tiempo que le ha pasado. Sus tierras y las de miles más son las tierras del oro, de agua y minerales donde se pasea la codicia, y hacen ostentación el poder y las botas militares. De mujeres de chumbe y hombres de chirrincho, pieles acarameladas o caobas que distinguen muy bien entre la hoja de coca y la cocaína, la amapola y el extracto de ésta. Por la misma donde se entierran sus ombligos cuando nacen. Han conocido la muerte constante, las balas, la guerra merodeando con helicópteros y aviones sobrevolando por sus cabezas, bombas camufladas entre motos, carros, chivas que explotan y vuelven estridente la existencia.

El pasado no evoluciona y los muertos son más porque las mujeres paren más. Cuando las balas merodean en Jambaló, los úteros se expanden. En las vaginas, muchas de ellas prematuras, entran los hombres de la guerra, que matan o los matan; igual, si salen vivos siempre se van. Por los pueblos y las veredas deambulan los hijos de los camuflados, pasiones y seducciones cortas que siembran cordones umbilicales, y cuando salen a luz encuentran sólo la sombra del hombre que hizo que los parieran.

Nadie más que sus gentes saben que de un momento a otro los latidos del corazón pueden ser interrumpidos, unos han vivido los velorios a temprana edad, y otros, ya viejos, viven para contarlo, porque un hostigamiento es normal, un tatuco es el más popular. Sólo a los foráneos asusta, aterroriza, les enferma la psique.

Los Nasa se acostumbraron a recomponerse cotidianamente, lo que los hace fuertes, cautelosos y sigilosos. Son los que creen en la defensa de la Tierra, saben que el suelo natural es para quien lo trabaja; consideran que su terruño es único, difícil de ser reemplazado por otro lugar, y fuera de sus fronteras territoriales mantienen la idea de que no hay quien los reciba. El único lugar para habitar es este. Ellos, quienes se resisten a abandonar la tierra donde por primera vez abrieron los ojos. La carnosidad que los ataba al vientre con su madre en la gestación es cortada y enterrada como un sellamiento espiritual que hacen sus progenitoras. Estos niños, convertidos en hombres y mujeres pactados con la Tierra son la gente de Jambaló. En parte, es también la biografía de Primitivo Toconas. Contados con los dedos de la mano son los que se van por voluntad propia.

Al norte del Cauca, el color de barro se extiende por el camino, donde se asoman niños por ventanas coloniales. En el exterior de sus paredes reposan telares y descuelgan flores que les matizan el color a sus fachadas amarillentas por las tonalidades tierra. Muchas de ellas han sido construidas comunitariamente con adobe, juncos, boñiga de vaca. Su ubicación obedece a recomendaciones del médico tradicional. Antes de habitarla se baila para calentarla; es una casa rectangular con tres mundos espirituales: el de abajo que conecta con la Tierra, el central con la naturaleza y el superior con los seres mayores de la cosmogonía Nasa: el trueno y las estrellas. Es una “casa viva” que tiene por corazón el fuego donde se cocinan sabores y se tejen historias. Los recuadros de madera que interrumpen la luz exterior cuando están cerradas son los ojos. Las columnas que sostienen y guardan el barro son las piernas, adornadas en sus exteriores con el tul donde están las semillas que germinan para fundirse en los estómagos de la familia. Así es la casa de Primitivo Toconas, y la de sus hijos e sus hijas mayores de edad.

Por los caminos montañosos del norte del Cauca, en plena Cordillera Central, a Primitivo le relucen historias por su territorio, un lugar que aparenta estar cercano a las nubes cuando pretende llover. Allí se levantan los plátanos, los aguacates; alumbran las naranjas, las piñas y los limones.

Primitivo cuenta que ha conocido otras ciudades del país, hablando de su gente o, mejor, caminando con ella: “Yo voy a las movilizaciones por la Panamericana, he llegado a Bogotá caminando y ¿qué hace uno por aquí con la misma gente? Hay que conocer otra para que esto mejore”. Me lo decía, tras aceptar la propuesta de hacer un registro fotográfico de algunas viviendas de su vereda. “Voy a mostrarle las fotos de estas casas al Ministro para que vea cómo vivimos; se nos entra el agua, cada nada hay que estar reparándolas. Que nos ayude con ladrillos, cemento y tejas, como esas poquitas casas que ha construido Acción Social. Uno se cansa de vivir en el barro”.

Toconas, el abuelo indígena nasa, mantenía en reserva la intención de su viaje con destino a la capital. Tenía previsto salir en la chiva de la semana siguiente, que recogería a los comuneros y cabildantes para iniciar el recorrido por la Vía Panamericana en octubre del 2011. Cada vez que llegábamos a una casa para fotografiarla, se convertía en el pretexto para anunciar su viaje y recibir a regañadientes sus pretensiones, no por anhelar el paso de una “casa viva” a una de cemento, porque esta es una concepción compartida entre los propietarios de las fachadas registradas. Ellos consideran que “estar así es ser pobre, no hay con más para construir. Con ladrillo se ven más bonitas las casas”. El rezongo radicaba en la quimera de Primitivo de ser atendido por el Ministro y “seguir en esas ya tan viejo […] y dizque hablando por la comunidad”.

A la tercera casa visitada y primero fotografiada desde lo lejos sin autorización, sale una de las hijas de Primitivo, diciendo:

–¡Mi papá es más iluso! Primero, quién va creer que lo va atender el Ministro, y, segundo, qué nos van a dar teja y ladrillo para construir nuestra casita.

–Mija, hay que hacer el deber de ir hasta Bogotá y hablar –responde vehemente Primitivo. De paso, aprovechó para anunciar que el próximo miércoles, en lugar de estar en el centro de salud ambulatorio de la vereda, se encaminaría rumbo a Bogotá en chiva y caminando.

En Bogotá, muchos no saben dónde queda Jambaló. Son tierras perdidas en sus mapas mentales citadinos. Al contrario, están quienes por lo menos lo ubican en la cartografía nacional; están los académicos y los pacifistas, que conceptualizan y viven cómodamente tratando de analizar el antes, el después y el futuro de los muertos de por aquí, mientras la gente se mata con practicidad y no teoriza sobre ello: sólo lo sufre. Otros se aterran momentáneamente de la tragedia de sus gentes vista en la pantalla chica y lanzan lamentaciones. También, quienes en ristre creen que es el Afganistán colombiano y fabulan con los saberes indígenas. Los citadinos le temen al Cauca y no conocen ni sienten la intensidad de la guerra porque no tienen motivos por defender: “La guerra se hace donde hay tierra”. Quienes la tienen sacian el hambre de aquellos que transitan por el asfalto y muros grisáceos, ignorándolos, decidiendo políticamente sobre sus vidas.

La esperada chiva pitó a las cinco de la mañana. Sobresalían en su interior las varas de autoridad de la guardia indígena. El miércoles de la semana siguiente, Primitivo estaba con nostalgia de nuevo en el puesto de salud. “No pude irme esta vez, pero la próxima sí lo haré”. Las fotos quedaron guardadas en un disco magnético.

El presidente Santos, después de dos días de presidir un Consejo de Seguridad en Popayán, el 29 de febrero de 2012, anunció el comienzo de las operaciones de 300 soldados profesionales que se sumarian a “la Fuerza de Tarea Apolo ‘para combatir a los terroristas’”. Los hombrecitos de casco keblar, verde oliva, fueron llevados desde la base militar de Tolemaida hasta la tierra prometida para combatir la guerra donde vive Primitivo. Llegaron en aviones Boeing 727 y Hércules C-130. Sus cuerpecitos jóvenes, torneados de masa muscular, se ganan mensualmente un 1.150.900 pesos por defender la patria que los vuelve parias.

Sin contar el número total de efectivos en todo el Cauca, por el salario de este número de hombres, si logran quedar vivos por 12 meses, el país pagará en nómina 345 millones 270 mil pesos, mientras un jornal en Jambaló, es decir, un día de trabajo en una finca, oscila entre los 10.000 y los 12.000 pesos. Don Primitivo esperará una nueva oportunidad para llegar a Bogotá y hablarle al Ministro de Vivienda con fondos subsidiados por la organización indígena; financiarse de su bolsillo le costaría hacer un ahorro minucioso durante un año para siquiera reunir mínimamente el valor de los viáticos terrestres. Ojalá que la guerra no lo mate y, como los viejos de estos paisajes, pueda seguir narrándola y soñar con salir de la pobreza.

Viviendas de paredes y techos de cartones ensamblados como un rompecabezas que deja alguna hendija al frío otoñal de Buenos Aires. Piso de tierra, como las calles que la rodean y que suelen embarrarse cada vez que llueve, lo que dificulta los accesos. Mucha caminata para llegar a la parada de autobús. Una bombona que sirve para cocinar o calentar el mate y leña para entibiar el ambiente. Conexión eléctrica clandestina. Una sala de estar y un dormitorio con una cama matrimonial donde también duermen algunos hijos. Afuera, a unos pocos metros, un baño hecho de plásticos con un pozo para hacer las necesidades básicas. Así son algunas de las viviendas precarias de las afueras de la capital argentina, un drama que afecta a toda Latinoamérica, pese a la última década de crecimiento económico y mejora de la equidad.
 

Más de un tercio de las familias latinoamericanas habita en una casa inadecuada o construida con materiales precarios o carente de servicios básicos, según una investigación publicada hoy por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Se trata de unas 59 millones de personas con un problema que también atañe a la salud, al desempeño escolar, la discriminación social (muchas veces los trabajadores que buscan empleo ocultan que viven en barrios chabolistas porque están asociados a la delincuencia), la seguridad personal, la calidad del transporte y el medio ambiente, según el informe. Hacia 2015, el crecimiento económico de la región habrá ayudado a solo el 36% de las familias que en la actualidad viven en viviendas precarias. Los programas de vivienda pública probablemente ayudarán a otro 5%. Con estas proyecciones, dentro de tres años cerca del 36% de las familias en las zonas urbanas y rurales seguirán habitando viviendas inadecuadas, frente al 37% en 2009. El banco advierte de que la proporción resulta mayor que en otras regiones del mundo con niveles de ingresos semejantes.

 
Casi dos millones de los tres millones de familias que se forman cada año en ciudades latinoamericanas se ven obligadas a instalarse en viviendas informales, como las de las zonas marginales, según el informe que el BID elaboró a partir de datos oficiales de 18 países de la región. La mayoría de la población que vive en las principales ciudades carece de suficientes medios económicos o no puede acceder a un crédito hipotecario para las viviendas más económicas ofrecidas por el sector privado. Más de la mitad de las familias de Caracas, La Paz, Buenos Aires, São Paulo, Río de Janeiro, Ciudad de México, Quito y Managua no pueden costearse más que una morada construida por su propia cuenta.

El BID considera que los planes de viviendas sociales de los Gobiernos latinoamericanos deberían septuplicarse para satisfacer la demanda. Además advierte de que estos programas muchas veces no favorecen a los hogares más pobres. “Estos planes empiezan a ayudar a las familias cuando ya se han instalado en tierras baldías, sin infraestructura básica ni planeamiento”, señala el coordinador del estudio, César Bouillon, en conversación telefónica desde Washington. La urbanización de terrenos antes de ser habitados cuesta 1.299 euros por familia, frente a los 3.438 que cuesta mejorar un asentamiento ya constituido. Según Bouillon, otros problemas radican en la falta de acceso a los títulos de propiedad y la tendencia a desarrollar viviendas sociales en la periferia en lugar de recuperar zonas céntricas. La población, a su vez, tiende a construir sus viviendas con ladrillo o cemento, pese a que ambos materiales se han encarecido en los últimos años.

 
La ausencia de crédito para la clase media baja constituye otro obstáculo, según Bouillon. Muchos trabajadores no pueden justificar sus ingresos ante el banco porque están empleados de manera informal. También ocurre que “muchos municipios tienen regulaciones de desarrollo de la tierra pensados para suburbios de clase media o alta”, según Bouillon. En Buenos Aires, la vivienda más barata cuesta 34.460 euros, o 45 meses de trabajo asalariado medio, lo que contrasta con Bogotá, donde por 9.575 se consigue una, es decir, con diez meses de nómina, según el BID. Por último, los Gobiernos latinoamericanos no promueven el alquiler económico como los países ricos. En la extensa Latinoamérica solo el 16,9% de la población alquila, mientras que en la densa eurozona lo hace el 28%.


Por Alejandro Rebossio Buenos Aires 15 MAY 2012 - 02:25 CET