Referirse al movimiento feminista y en general al tema de la diversidad sexual, de las políticas de reconocimiento e igualdad es un asunto complejo, sobre todo porque asistimos a una época de reconfiguraciones, de reconceptualizaciones, de reorientación de muchas teorías, especialmente desde Latinoamérica. Se trata de un continente plural —aunque este rasgo no es nuevo—, donde los actores principales son los elementos constitutivos de la sociedad en conjunto.

La restitución en estos momentos de los cinco tipos de sociedad, tal como están siendo planteadas, no es más que el símbolo de la “apertura de ojos” que se está dando en el continente. Dicha apertura en América Latina y el Caribe, principalmente, acumula ya una trayectoria: la situación actual refiere a un proceso histórico de hace al menos cinco siglos, en la mayoría de nuestras sociedades y de nuestros colectivos.

Reconocer lo que sucedió en el siglo XX resulta crucial para entender lo que en temas de género y diversidad en sentido general se está debatiendo en estos momentos. Hacia finales del siglo XX, el mundo asistió a uno de los más significativos cambios en materia de comprensión de las relaciones humanas y sociales: la conceptualización de las relaciones de género, y el ulterior desarrollo de políticas, instrumentos legales, y mecanismos nacionales e internacionales orientados a reducir las disparidades. Ligado a esto se despejó también la existencia de relaciones de poder en la sexualidad, su naturaleza política, su repercusión social, y su trascendencia de lo individual.

En ese proceso, además de las mujeres, se nombraron e identificaron grupos sociales enteros que, por su disociación de la heterosexualidad obligatoria, enfrentaban varias formas de segregación. Los colectivos gays y lésbicos, por ejemplo, que por primera vez se visualizaron como grupo social y no como individualidades asiladas.

El reconocimiento de las dimensiones sociopolíticas del cuerpo y las sexualidades, pasó desde entonces a ser parte de aquellos avances que la humanidad ha ido afirmando progresivamente, teniendo en mira justamente la humanización de la vida y de las distintas formas de expresión inherentes a ella. Es en ese marco que las feministas acuñaron el concepto de derechos sexuales, que refiere principalmente a la autonomía personal y la libre toma de decisiones sobre la vida sexual, pero que también coloca a la sexualidad en el ámbito de los derechos, poniendo en evidencia su lugar en las relaciones sociales, políticas, económicas y de géneros.

Los movimientos sociales que postularon estos cambios —principalmente el feminista y luego el LGBT— imprimieron de esta perspectiva múltiples escenarios: el político y social, el académico, el institucional local e internacional. Pero si la agenda de cambios en las relaciones entre los géneros consiguió plasmarse en la formulación de legislación y políticas internacionales: principalmente en la ONU y otros mecanismos regionales, aquella sobre orientación sexual, registró avances mucho más focalizados pero también importantes. Los más trascendentes en el Sur: la inclusión de la no discriminación por orientación sexual en la Constitución Sudafricana (1996) y en aquella del Ecuador (1998). En este último caso, se reconoció también el derecho de las personas a tomar decisiones libres sobre su cuerpo y sexualidad; los derechos sexuales; y otros.

Los cambios que sucedieron en este período fueron múltiples, y abrieron las puertas para que el siglo XXI naciera con varias propuestas de reconceptualizaciones: la relativa a la pluralidad de las relaciones intergéneros en las distintas sociedades, contextos y culturas —y hasta la existencia de distintas categorías intragenéricas, en Asia central por ejemplo—; las referentes a las nuevas categorías sociológicas que resultan de las intersecciones entre distintas formas de discriminación; y también las inherentes a la pluralidad de las identidades de género —expuestas principalmente por el transgenerismo.

Por otro lado, las nuevas expresiones de la imbricación entre el patriarcado y el capitalismo, transparentadas por las regresiones operadas en el período neoliberal, que agudizó las desigualdades estructurales a tal punto que en algunos casos neutralizó los derechos obtenidos a finales del siglo XX, se revirtió en el surgimiento de un nuevo discurso feminista, que desborda lo considerado específico, para incursionar en lo considerado como general —La Carta Mundial de las Mujeres para la Humanidad, producida por la Marcha Mundial de las Mujeres, es un ejemplo—, como lo es en el campo LGBT aquel del Diálogo Sur/Sur LGBT, que se plantea como un espacio de resistencia a la globalización capitalista.

Es decir, el siglo XX abrió posibilidades de ascenso en la relación entre los géneros y las dinámicas de poder, un buen posicionamiento de las mujeres en las sociedades capitalistas y, claro, transformaciones de carácter diferente en la sociedad cubana, que desde su historia de 50 años de socialismo ha ido construyendo una propuesta y una política de las más consistentes en esta materia.

En este contexto, también se evidenció que vinculado a estas relaciones de poder estaban las articuladas, en aquel momento, a la llamada "sexualidad". La sexualidad y los discursos sobre sexo y relaciones abiertas relativas al cuerpo, tomaron otra dimensión en esos momentos: adquirieron una naturaleza política que no tenían, se evidenció la repercusión social de ellas e, incluso, además de colocar la mira en el terreno de lo individual, se llegó a sobrepasar ese nivel. Es decir, tuvo una trascendencia: ya no era algo estrictamente personal o que ocultar en algunos casos, sino que tenía connotaciones políticas y sociales medulares.

Así, para decirlo rápidamente, nos encontró el siglo XXI, es decir, con dimensiones de cambio a nivel cultural, socioeconómico y político, también inherentes al tema de las mujeres y la diversidad sexual.

El siglo XXI nos encontró con el reconocimiento de las dimensiones sociopolíticas del cuerpo y de la sexualidad. La humanidad ha pasado a reconocerlos como parte de sus avances colectivos, y ahí hablamos de "humanidad", independientemente del modelo de cada sociedad.

Empezamos el siglo XXI con demandas de humanización de estos temas, con demandas de derechos y otros conceptos visionarios, y obviamente, con transformaciones. En menos de medio siglo, hemos dado un giro de 180 grados con estos cambios, aunque aún falta mucho.

¿Qué sucedió en América Latina con todo esto?: pues sucedió todo esto y mucho más. Surgieron muchas experiencias feministas, el EGBT, de articulación contra las distintas formas de discriminación y segregación discursiva, espacios para realizar iniciativas, sueños, propuestas en torno a estas cosas. Tanto así que hoy somos la única región en el mundo en la que varios países han logrado trascender políticamente y propositivamente, y consignar esto en políticas, en institucionalidad, en propuestas de transformación orientadas no solo a las realidades locales sino, en muchos casos, a transformaciones mundiales.

Como ya decía, Cuba ha sido uno de los países que ha mantenido una línea consistente en eso y de hecho inicia el siglo XXI con una propuesta en la Asamblea Nacional sobre el reconocimiento de la identidad de género por opciones. Digamos que en el discurso relacionado con estas diversidades, es el primer país que llega a su asamblea con un debate de esta magnitud.

El siglo XXI nació con nuevos movimientos sociales, con nuevas visiones y nuevos cuestionamientos al orden sexual capitalista; al heterosexismo patriarcal; a los límites sociopolíticos que resultan del enfoque binario del concepto género, visibilizando la existencia del plural para este último. Según la filósofa Beatriz Preciado: “No hay diferencia sexual, sino una multitud de diferencias, una transversalidad de las relaciones de poder, una diversidad de las potencias de vida”, lo que interpela a enfocar la existencia de una multiplicidad de relaciones de dominación, de sujetos de la discriminación, y de las numerosas interrelaciones entre distintas formas de discriminación por varios motivos.

En América Latina y el Caribe, el proceso reivindicativo y la movilización política relativos a las sexualidades, centrados principalmente en torno a la afirmación de derechos y ciudadanía, y la formulación de políticas para la erradicación del sexismo, la discriminación por orientación sexual y la identidad de género, ha obtenido resultados institucionales concluyentes en casi todos los países. En el caso de América del Sur, donde casi todos los países están inmersos en procesos de cambio de modelo o por lo menos de ruptura con el neoliberalismo, las propuestas de creación de alternativas al modelo, que están en el orden del día incluyen estos tópicos.

Todas las nuevas Constituciones latinoamericanas del siglo XXI, registran novedosos enfoques de género, algunas lo colocan como eje transversal, y todas sitúan la igualdad como prioridad. Esta última es mencionada también en las propuestas de integración regional, pieza clave para el afianzamiento de los mencionados cambios.

Un importante aspecto de los recientes desarrollos del movimiento de alternativas a la globalización es la pluralidad, la interacción entre los mundos político, académico, militante y popular, en el proceso creativo de imaginar otro mundo posible. Uno de los resultados de esto es la visualización de un universo diverso, con prácticas y pensamientos múltiples, que procura desarrollar tanto convergencias discursivas, como acciones concretas. En otras palabras, los cambios en la política sexual y de género en el siglo XXI están relacionados con las propuestas de cambio de modelo, con medidas concretas para viabilizar la igualdad, y sustentar la autodeterminación social, política, económica de los cuerpos, de las identidades, etcétera.

Sin embargo, los debates en torno a este tema no excluyen los desafíos: La mercantilización del cuerpo, especialmente el de las mujeres; el negocio del sexo, que constituye una de las más rentables empresas de la globalización; la comercialización y banalización de la diversidad, conceptuándola como un catálogo comercial; y otras manifestaciones del capitalismo patriarcal, constituyen la antítesis de las propuestas de subversión de las relaciones de poder en la sexualidad, levantadas por los movimientos que actúan en este campo, y que convocan más bien a reivindicar las sexualidades desde la autonomía, la diversidad y la creatividad humana.

Latinoamérica, en este momento de transformaciones, está ante un reto y también lo estamos desde el discurso feminista y desde las propuestas de diversidades. El contexto ha cambiado, estamos frente a una nueva situación y ante nuevas posibilidades. Si en el siglo XX tuvimos la posibilidad de conquistar desde lo reivindicativo lo que antes resumí, ahora estamos frente a la posibilidad y el desafío de colocar estas propuestas en el centro de los cambios de la sociedad, y de articular desde ahí no solamente discursos, sino institucionalidad, prácticas, y sobre todo desde nuestra posición, de generar nuevas relaciones sociales.

Hablamos de estos cambios de sentido y redefiniciones en las que está inmerso Latinoamérica y es muy importante; pero esa buena parte de redefiniciones se dan en las relaciones sociales, es decir, son nuevas realidades que se tejen en la sociedad. Cierto es que tenemos aportes nuevos gracias a las nuevas constituciones, sobre todo en los países que estamos en revolución —como la Revolución Boliviana, la Revolución Bolivariana, la Revolución Ciudadana en Ecuador—. En este contexto en el que ya no estamos en la condición de víctimas del siglo XIX, sino que estamos frente a la posibilidad de ser actores políticos, tenemos el reto de colocar estas posibilidades y estas propuestas en el diseño no solo de un nuevo modelo sino en una nueva visión de la sociedad.

Claro, podemos quedarnos en acciones tan válidas como pueden ser una pancarta en el balcón de mi casa, que está muy bien, manifestaciones en las calles, espacios de debate… que siguen siendo válidos; sin embargo, el momento ofrece posibilidades mayores: el de participar, el de apropiarnos de ejes como es este de los Paradigmas Emancipatorios y de estar presentes en la construcción de nuestro futuro.

Nuestro reto es el de construir sociedades diversas, generando propuestas antisistémicas, alternativas al capitalismo y al patriarcado, a la mercantilización del cuerpo, la banalización del concepto de diversidad como trampa del mercado. Estas propuestas de los movimientos sociales están llevando estos temas a un nivel de participación y de comprensión de conceptos que van más allá de las demandas del feminismo, como puede ser la soberanía alimentaria, por ejemplo. Con todo esto, estamos en un momento en el cual los movimientos sociales, no solo los feministas, debemos lograr la interacción de nuestras propuestas como lo están nuestras realidades y nuestras geografías.

Por Irene León, vicepresidenta del Consejo Directivo de la Agencia Latinoamericana de Información –ALAI-
La Jiribilla

http://www.lajiribilla.cu/2009/n436_09/436_02.html

 

Según el artículo 2 de la Ley 294 de 1996 (por la cual se desarrolla el artículo 42 de la Constitución Política), “la familia se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla. Para los efectos de la presente ley, integran la familia: los cónyuges o compañeros permanentes; el padre y la madre de familia aunque no convivan en un mismo hogar; los ascendientes o descendientes de los anteriores, y los hijos adoptivos. Todas las demás personas que de manera permanente se hallaren integradas a la unidad doméstica”.



Aunque el concepto de familia recogido en este artículo no debiera descartar la existencia y la regulación de familias formadas por parejas del mismo sexo, lo cierto es que la aparición del matrimonio heterosexual –como una de las posibles maneras de formar una familia– da lugar a muchas interpretaciones. Entre ellas, las que aseguran que parejas del mismo sexo no pueden formar una familia. No habiendo voluntad política (como es el caso de Colombia) y, al contrario de lo ocurrido en otros países donde sí ha existido esa voluntad de regular ‘otras’ formas de familia, las interpretaciones en contra de los núcleos familiares no heterosexuales han llevado a que Colombia Diversa y DeJusticia, junto con profesionales del Derecho, presenten una demanda exigiendo que las parejas no heterosexuales aparezcan expresamente en la ley con el fin de garantizar sus derechos.

Lo cierto es que, comparada esta ley con la realidad colombiana, la misma no se sostiene, pues mantener el concepto de familia bajo los únicos parámetros del matrimonio entre un hombre y una mujer supone quitar de un tajo los derechos del 42 por ciento de niños del país, que, según la Encuesta de Demografía y Salud de Colombia (ENDS 2010), no vivirían con ambas figuras. Muchas y muchos, con ninguna de las dos. Asimismo, y de acuerdo con Colombia Diversa, entre el 8 y el 10 por ciento de la población colombiana no tendría una orientación sexual normativa (no se considera heterosexual), y al menos 300.000 colombianos y colombianas viven con una pareja del mismo sexo.



En estos momentos, la Corte Constitucional tiene en sus manos la resolución de dos sentencias concretas en las que se debate la posibilidad o la imposibilidad de que parejas del mismo sexo puedan (en conjunto) adoptar y contraer matrimonio en igualdad de derechos con las heterosexuales. El caso de la adopción, aunque en apariencia sea lo más problemático, lo cierto es que también es lo que ‘debiera’ presentar menos dificultades, ya que la sentencia, en caso de ser positiva, estará abogando por salvaguardar los derechos de una menor.

No se trata aquí únicamente de que parejas del mismo sexo puedan adoptar niños no biológicos. Se trata de garantizar derechos de las familias que ya están formadas y que conviven con descendencia biológica (o no). En definitiva, que no sea únicamente una de las parejas quien pueda responder ante la misma (hay que recordar aquí que las personas no heterosexuales sí pueden adoptar de forma individual) sino que también sea su compañera o compañero quien lo haga, garantizándoles a los niños de estas familias el 50 por ciento de los derechos, que en estos momentos se les niegan. Es éste precisamente el caso presentado ante la Corte Constitucional: desde el 28 de febrero del 2008, día en que el Instituto de Bienestar Familiar (ICBF) se negó a tramitar la adopción de una de sus hijas, María y Sofía (una pareja de lesbianas) están luchando para garantizar sus derechos. Ambas decidieron el proyecto de ser madres en conjunto y la niña es hija biológica de una de ellas (quien tiene la patria potestad en estos momentos), a pesar de que hace años ambas formalizaron su unión en Alemania.

La Corte decidirá si la pareja de la madre biológica (madre por decisión propia) también puede velar por la misma en forma regulada. Para Mauricio Noguera, abogado de Colombia Diversa, los derechos tienen que garantizarse esta vez, y es por ello que esperan una sentencia favorable en ambos casos: “En el caso de la adopción, lo más importante es que finalmente se garanticen los derechos de esta niña que ya lleva mucho tiempo conviviendo con sus dos madres. Si no se reconocen, no va a tener todas las garantías, pero igualmente seguirá conviviendo con ambas madres. Entonces, si la preocupación es que conviva con la pareja, a la larga se genera una situación ridícula”.

En el caso del matrimonio, las expectativas también son positivas para Noguera. Se espera que el fallo se dé a conocer en octubre o noviembre próximos, un año después que la Corte se abstuviera de decidir al considerar que no tenía suficientes argumentos jurídicos. En esta ocasión, el abogado afirma que se han subsanado todas estas cuestiones y la demanda presentada está “muy bien formulada”: “Se dieron todos los argumentos que solicitaba la Corte Constitucional. Creemos que no hay posibilidad de que se declarare inhibida, como ocurrió la anterior vez. Pero sí creemos que una de las posibilidades es decir que el Congreso se pronuncie. Esperamos que eso no ocurra porque el Congreso ya en seis oportunidades les ha negado derechos a las parejas del mismo sexo y no resulta contraproducente que volviera a ocurrir”.



En el caso del matrimonio, el principal artículo que se pudiera modificar es el número 113 del Código Civil, que define el matrimonio como “un contrato por el cual un hombre y una mujer se unen con el fin de vivir juntos, procrear y auxiliarse”. Este artículo no sólo no recoge los derechos de las parejas no heterosexuales (al contemplar únicamente la unión entre un hombre y una mujer) sino que además vulnera muchas de las decisiones de las heterosexuales al contemplar como requisito del matrimonio la procreación. Sobre todo para las mujeres que siguen siendo quienes llevan la máxima carga de la misma. Porque desde el momento en que Colombia ratificó la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) se comprometió a “todas las medidas adecuadas para eliminar la discriminación contra la mujer en todos los asuntos relacionados con el matrimonio y las relaciones familiares”.

En este sentido, se incluyó la libertad de decidir el número de hijos que quieran tener, en caso, siempre, de querer tenerlos. Según Mauricio Noguera, “la primera petición realizada a la Corte ha sido que retire la expresión “procrear” y no sólo por las parejas del mismo sexo que sí pueden hacerlo así sea por separado. El problema es que aquí se vulneran muchos derechos de la mujer en la medida en que, en este país, la procreación está principalmente ligada a las mujeres. Asimismo, la procreación en este artículo determina que yo debo tener mínimo un hijo pero, en caso de no querer tener ninguno, también debiera tener el derecho de casarme. También las personas que son “infértiles” son conscientes de ellos y, aun así, deciden casarse. No hay argumentos para decirles que no. Por ello, se solicitó que se declarara inconstitucional la expresión “procrear”.

En este sentido, innegablemente el matrimonio como procreación sigue reflejando las aspiraciones de una moral judeo-cristiana que no mantienen todos los colombianos y que, sin embargo, tienen que ver con las formas como se les gobierna. Es esto lo que marca también la diferencia del proceso entre Colombia y países como Argentina y España, donde la aprobación de estos dos aspectos ha sido iniciativa de sus propios diligentes. Para Noguera, que ambos derechos tengan que ser conseguidos por sentencias concretas nos hace ver cuál es el clima político ante tales temas.

Esta falta de voluntad hace que los derechos ya conseguidos, como las uniones maritales de hecho para parejas del mismo sexo, ya contempladas en la legislación, en la práctica sigan sin garantizarse, según el abogado, por una mala difusión y una mala implementación por parte de la sociedad civil. Así, “con parejas del mismo sexo se generan diferencias en comparación con las realizadas por parejas heterosexuales porque se supone que es la misma figura, pero en la implementación hemos visto que se generan diferencias”. Porque el desconocimiento de la ley lleva a que jueces y notarios nieguen muchas veces estos derechos plenamente, no contemplando la unión marital en muchos casos y brindando únicamente los derechos patrimoniales.

Lejos de las interpretaciones, la Corte Constitucional tendrá que dejar de “pasar la pelota” si realmente busca demostrar que los derechos no son un beneficio de sólo algunas familias colombianas ni de una única moral. Resulta ilógico no garantizarlos en un país donde las uniones maritales de hecho entre parejas del mismo sexo ya están reconocidas. La negación sólo pudiera llevarles a una afirmación: que en Colombia hay ciudadanas y ciudadanos de primera y de segunda según el modelo familiar del que provengan. Mientras la “norma heterosexual” se impone en la Constitución del país, el matrimonio ha descendido del 32 al 19 por ciento en tan solo 20 años*. Quizás, aunque no queramos, Colombia hoy sea menos tradicional y más laica. Ahora sólo falta esperar que la Constitución también lo sea.

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Recuadro

Una experiencia personal


El día en que nos anunció el Juzgado en el que llevábamos el proceso en España que podía contraer matrimonio con mi compañera, tuve dos sensaciones tan opuestas pero tan reales… Por un lado, una alegría inmensa por lograrlo después de un largo proceso (más por mi condición de extranjera que por mi orientación sexual) de pasar por filtros donde demostrábamos que éramos pareja, que nos amábamos y que deseábamos constituir matrimonio como parte de nuestro proyecto de vida. Y, por el otro, una tristeza inmensa de ver cómo se estaban garantizando mis derechos en un país lejano al mío. Tristeza porque, como colombiana, estoy convencida de que este mi país tendrá que darme las garantías legítimas para ejercer plenamente mis derechos y no seguir tratándome como una ciudadana de segunda clase. Por ahora sé que he contraído matrimonio en el extranjero y es reconocido como tal en ese país, y sigo esperando que no sea muy lejano el día en que mi pareja y yo podamos dejar de ser sólo una pareja de hecho y pueda adquirir nuestra relación el estatus de matrimonio civil que nos permita, en el presente o en el futuro, defender nuestros derechos como pareja si es que hay alguna situación que pueda vulnerarnos.

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Libro de familia

El caso español

El primer documento que recibe una pareja del mismo sexo que decide contraer matrimonio civil en España es el Libro de Familia. Al igual que las parejas heterosexuales, su vida familiar comienza aquí y tienen la posibilidad de mantenerla en esta forma o incluso de aumentarla. La Ley 13 de 2005 se encargó de la modificación del Código Civil el 30 de junio de 2005. En lo que respecta a la ley, se añadió a lo anterior (“El hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio conforme a las disposiciones de este Código”) un nuevo párrafo, que dice: “El matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos cuando ambos contrayentes sean del mismo o de diferente sexo”. El resto de modificaciones iba dirigido a sustituir las expresiones “marido y mujer” por “cónyuges”, y “padre y madre” por “progenitores” por lo cual –deducimos bien– los efectos del matrimonio eran exactamente los mismos, incluido el derecho a la adopción.

En el caso español, los propios partidos presentaron la ley al Parlamento. Esta es la principal diferencia con Colombia, donde el clima político hace que tenga que ser a través de sentencias y denuncias de casos concretos como los que hemos reflejado. Miguel Ángel Sánchez, presidente nacional de la Fundación Triángulo en España, explica que el Partido Socialista Español (PSOE), Izquierda Unida y algunos otros “incluyen en sus programas electorales tanto la Ley de Parejas como el matrimonio”. Finalmente, el PSOE se hace con las elecciones de 2004, completando su mayoría con Izquierda Unida y Ezquerra Republicana de Catalunya (los tres partidos favorables al matrimonio). Hubiera sido muy distinto si los comicios los hubieran ganado partidos de derecha, pero la fuerte presencia de partidos muy consolidados de izquierdas hizo posible el cambio.

El actual presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, afirmaba en su discurso de investidura: “Ha llegado también el momento de poner fin, de una vez, a las intolerables discriminaciones que aún padecen muchos españoles por razón exclusiva de su preferencia sexual. Lo diré con claridad: homosexuales y transexuales merecen la misma consideración pública que los heterosexuales y tienen el derecho a vivir libremente la vida que ellos mismos hayan elegido. Modificaremos, en consecuencia, el Código Civil para reconocerles, en pie de igualdad, su derecho al matrimonio con los efectos consiguientes en materia de sucesiones, derechos laborales y protección por la Seguridad Social”.

Para Miguel Ángel Sánchez, también fueron fundamentales la Ley de Parejas de Dinamarca (1989) y la resolución del Parlamento Europeo (8 de febrero de 1994) que recomendaba “poner fin a la prohibición de contraer matrimonio o de acceder a regímenes jurídicos equivalentes a las parejas de lesbianas o de homosexuales; la recomendación debiera garantizar los plenos derechos y beneficios del matrimonio, permitiendo la inscripción de la convivencia”. Asimismo, el Parlamento recomendaba la finalización “a toda restricción de los derechos de las lesbianas y de los homosexuales a ser padres, a adoptar o a criar niños”. Sánchez explica que “aquí apareció un aliado que nos sorprendió, con una iniciativa que no le habíamos pedido: D. José Ángel Cuerda, alcalde de la ciudad de Vitoria, capital del País Vasco”. Perteneciente al Partido Nacionalista Vasco (que se define como demócrata cristiano) decide (en 1994) abrir un registro de parejas no casadas en el que podían apuntarse tanto parejas heterosexuales como del mismo sexo, obteniendo así un certificado de pareja: “esto tenía muy pocos efectos prácticos pero era una revolución conceptual… El movimiento LGBT tomó rápidamente el guante que nos lanzaba el alcalde de Vitoria y, fotocopiando su resolución de creación del Registro de Parejas, lo enviamos a cientos de ciudades y pueblos españoles, pidiéndoles que allí también abrieran registros. Los partidos de la izquierda tomaron en cuenta esta petición y pronto empezaron a abrirse registros en casi todos los municipios gobernados por la izquierda”.

Tras ello, Cataluña aprueba (a pesar de estar gobernada por el Centro Derecha nacionalista) la primera Ley de Parejas autonómica, esta vez sí, con muchos efectos prácticos (garantizando bienes, pensión, etcétera). Sánchez narra que “Jordi Pujol, presidente en aquel momento de Cataluña y católico declarado, recibió una tremenda protesta por parte nada menos que del Papa Juan Pablo II, contrario a otorgar ningún derecho a las parejas homosexuales. Preguntado por los periodistas ante esto, Pujol contestó que él era católico pero gobernaba para todos los ciudadanos de Cataluña, no sólo para los que seguían a la iglesia católica”.

Estos son algunos de los antecedentes de unos de los países que hoy reconocen el derecho tanto a la adopción como al matrimonio de parejas del mismo sexo. El primer país que abre estos derechos es Holanda (en 2001) y, tras este, le seguirá una lista de países que acaban con el más reciente: Brasil, que el pasado 5 de mayo se unía a Argentina y Ciudad México en la admisión de los mismos derechos legales para parejas del mismo sexo.

En unos meses, sabremos si Colombia también se une a esta lista.

*    Datos extraídos de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud de Colombia (ENDS 2010).

Según el artículo 2 de la Ley 294 de 1996 (por la cual se desarrolla el artículo 42 de la Constitución Política), “la familia se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla. Para los efectos de la presente ley, integran la familia: los cónyuges o compañeros permanentes; el padre y la madre de familia aunque no convivan en un mismo hogar; los ascendientes o descendientes de los anteriores, y los hijos adoptivos. Todas las demás personas que de manera permanente se hallaren integradas a la unidad doméstica”.



Aunque el concepto de familia recogido en este artículo no debiera descartar la existencia y la regulación de familias formadas por parejas del mismo sexo, lo cierto es que la aparición del matrimonio heterosexual –como una de las posibles maneras de formar una familia– da lugar a muchas interpretaciones. Entre ellas, las que aseguran que parejas del mismo sexo no pueden formar una familia. No habiendo voluntad política (como es el caso de Colombia) y, al contrario de lo ocurrido en otros países donde sí ha existido esa voluntad de regular ‘otras’ formas de familia, las interpretaciones en contra de los núcleos familiares no heterosexuales han llevado a que Colombia Diversa y DeJusticia, junto con profesionales del Derecho, presenten una demanda exigiendo que las parejas no heterosexuales aparezcan expresamente en la ley con el fin de garantizar sus derechos.

Lo cierto es que, comparada esta ley con la realidad colombiana, la misma no se sostiene, pues mantener el concepto de familia bajo los únicos parámetros del matrimonio entre un hombre y una mujer supone quitar de un tajo los derechos del 42 por ciento de niños del país, que, según la Encuesta de Demografía y Salud de Colombia (ENDS 2010), no vivirían con ambas figuras. Muchas y muchos, con ninguna de las dos. Asimismo, y de acuerdo con Colombia Diversa, entre el 8 y el 10 por ciento de la población colombiana no tendría una orientación sexual normativa (no se considera heterosexual), y al menos 300.000 colombianos y colombianas viven con una pareja del mismo sexo.



En estos momentos, la Corte Constitucional tiene en sus manos la resolución de dos sentencias concretas en las que se debate la posibilidad o la imposibilidad de que parejas del mismo sexo puedan (en conjunto) adoptar y contraer matrimonio en igualdad de derechos con las heterosexuales. El caso de la adopción, aunque en apariencia sea lo más problemático, lo cierto es que también es lo que ‘debiera’ presentar menos dificultades, ya que la sentencia, en caso de ser positiva, estará abogando por salvaguardar los derechos de una menor.

No se trata aquí únicamente de que parejas del mismo sexo puedan adoptar niños no biológicos. Se trata de garantizar derechos de las familias que ya están formadas y que conviven con descendencia biológica (o no). En definitiva, que no sea únicamente una de las parejas quien pueda responder ante la misma (hay que recordar aquí que las personas no heterosexuales sí pueden adoptar de forma individual) sino que también sea su compañera o compañero quien lo haga, garantizándoles a los niños de estas familias el 50 por ciento de los derechos, que en estos momentos se les niegan. Es éste precisamente el caso presentado ante la Corte Constitucional: desde el 28 de febrero del 2008, día en que el Instituto de Bienestar Familiar (ICBF) se negó a tramitar la adopción de una de sus hijas, María y Sofía (una pareja de lesbianas) están luchando para garantizar sus derechos. Ambas decidieron el proyecto de ser madres en conjunto y la niña es hija biológica de una de ellas (quien tiene la patria potestad en estos momentos), a pesar de que hace años ambas formalizaron su unión en Alemania.

La Corte decidirá si la pareja de la madre biológica (madre por decisión propia) también puede velar por la misma en forma regulada. Para Mauricio Noguera, abogado de Colombia Diversa, los derechos tienen que garantizarse esta vez, y es por ello que esperan una sentencia favorable en ambos casos: “En el caso de la adopción, lo más importante es que finalmente se garanticen los derechos de esta niña que ya lleva mucho tiempo conviviendo con sus dos madres. Si no se reconocen, no va a tener todas las garantías, pero igualmente seguirá conviviendo con ambas madres. Entonces, si la preocupación es que conviva con la pareja, a la larga se genera una situación ridícula”.

En el caso del matrimonio, las expectativas también son positivas para Noguera. Se espera que el fallo se dé a conocer en octubre o noviembre próximos, un año después que la Corte se abstuviera de decidir al considerar que no tenía suficientes argumentos jurídicos. En esta ocasión, el abogado afirma que se han subsanado todas estas cuestiones y la demanda presentada está “muy bien formulada”: “Se dieron todos los argumentos que solicitaba la Corte Constitucional. Creemos que no hay posibilidad de que se declarare inhibida, como ocurrió la anterior vez. Pero sí creemos que una de las posibilidades es decir que el Congreso se pronuncie. Esperamos que eso no ocurra porque el Congreso ya en seis oportunidades les ha negado derechos a las parejas del mismo sexo y no resulta contraproducente que volviera a ocurrir”.



En el caso del matrimonio, el principal artículo que se pudiera modificar es el número 113 del Código Civil, que define el matrimonio como “un contrato por el cual un hombre y una mujer se unen con el fin de vivir juntos, procrear y auxiliarse”. Este artículo no sólo no recoge los derechos de las parejas no heterosexuales (al contemplar únicamente la unión entre un hombre y una mujer) sino que además vulnera muchas de las decisiones de las heterosexuales al contemplar como requisito del matrimonio la procreación. Sobre todo para las mujeres que siguen siendo quienes llevan la máxima carga de la misma. Porque desde el momento en que Colombia ratificó la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) se comprometió a “todas las medidas adecuadas para eliminar la discriminación contra la mujer en todos los asuntos relacionados con el matrimonio y las relaciones familiares”.

En este sentido, se incluyó la libertad de decidir el número de hijos que quieran tener, en caso, siempre, de querer tenerlos. Según Mauricio Noguera, “la primera petición realizada a la Corte ha sido que retire la expresión “procrear” y no sólo por las parejas del mismo sexo que sí pueden hacerlo así sea por separado. El problema es que aquí se vulneran muchos derechos de la mujer en la medida en que, en este país, la procreación está principalmente ligada a las mujeres. Asimismo, la procreación en este artículo determina que yo debo tener mínimo un hijo pero, en caso de no querer tener ninguno, también debiera tener el derecho de casarme. También las personas que son “infértiles” son conscientes de ellos y, aun así, deciden casarse. No hay argumentos para decirles que no. Por ello, se solicitó que se declarara inconstitucional la expresión “procrear”.

En este sentido, innegablemente el matrimonio como procreación sigue reflejando las aspiraciones de una moral judeo-cristiana que no mantienen todos los colombianos y que, sin embargo, tienen que ver con las formas como se les gobierna. Es esto lo que marca también la diferencia del proceso entre Colombia y países como Argentina y España, donde la aprobación de estos dos aspectos ha sido iniciativa de sus propios diligentes. Para Noguera, que ambos derechos tengan que ser conseguidos por sentencias concretas nos hace ver cuál es el clima político ante tales temas.

Esta falta de voluntad hace que los derechos ya conseguidos, como las uniones maritales de hecho para parejas del mismo sexo, ya contempladas en la legislación, en la práctica sigan sin garantizarse, según el abogado, por una mala difusión y una mala implementación por parte de la sociedad civil. Así, “con parejas del mismo sexo se generan diferencias en comparación con las realizadas por parejas heterosexuales porque se supone que es la misma figura, pero en la implementación hemos visto que se generan diferencias”. Porque el desconocimiento de la ley lleva a que jueces y notarios nieguen muchas veces estos derechos plenamente, no contemplando la unión marital en muchos casos y brindando únicamente los derechos patrimoniales.

Lejos de las interpretaciones, la Corte Constitucional tendrá que dejar de “pasar la pelota” si realmente busca demostrar que los derechos no son un beneficio de sólo algunas familias colombianas ni de una única moral. Resulta ilógico no garantizarlos en un país donde las uniones maritales de hecho entre parejas del mismo sexo ya están reconocidas. La negación sólo pudiera llevarles a una afirmación: que en Colombia hay ciudadanas y ciudadanos de primera y de segunda según el modelo familiar del que provengan. Mientras la “norma heterosexual” se impone en la Constitución del país, el matrimonio ha descendido del 32 al 19 por ciento en tan solo 20 años*. Quizás, aunque no queramos, Colombia hoy sea menos tradicional y más laica. Ahora sólo falta esperar que la Constitución también lo sea.

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Recuadro

Una experiencia personal


El día en que nos anunció el Juzgado en el que llevábamos el proceso en España que podía contraer matrimonio con mi compañera, tuve dos sensaciones tan opuestas pero tan reales… Por un lado, una alegría inmensa por lograrlo después de un largo proceso (más por mi condición de extranjera que por mi orientación sexual) de pasar por filtros donde demostrábamos que éramos pareja, que nos amábamos y que deseábamos constituir matrimonio como parte de nuestro proyecto de vida. Y, por el otro, una tristeza inmensa de ver cómo se estaban garantizando mis derechos en un país lejano al mío. Tristeza porque, como colombiana, estoy convencida de que este mi país tendrá que darme las garantías legítimas para ejercer plenamente mis derechos y no seguir tratándome como una ciudadana de segunda clase. Por ahora sé que he contraído matrimonio en el extranjero y es reconocido como tal en ese país, y sigo esperando que no sea muy lejano el día en que mi pareja y yo podamos dejar de ser sólo una pareja de hecho y pueda adquirir nuestra relación el estatus de matrimonio civil que nos permita, en el presente o en el futuro, defender nuestros derechos como pareja si es que hay alguna situación que pueda vulnerarnos.

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Libro de familia

El caso español

El primer documento que recibe una pareja del mismo sexo que decide contraer matrimonio civil en España es el Libro de Familia. Al igual que las parejas heterosexuales, su vida familiar comienza aquí y tienen la posibilidad de mantenerla en esta forma o incluso de aumentarla. La Ley 13 de 2005 se encargó de la modificación del Código Civil el 30 de junio de 2005. En lo que respecta a la ley, se añadió a lo anterior (“El hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio conforme a las disposiciones de este Código”) un nuevo párrafo, que dice: “El matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos cuando ambos contrayentes sean del mismo o de diferente sexo”. El resto de modificaciones iba dirigido a sustituir las expresiones “marido y mujer” por “cónyuges”, y “padre y madre” por “progenitores” por lo cual –deducimos bien– los efectos del matrimonio eran exactamente los mismos, incluido el derecho a la adopción.

En el caso español, los propios partidos presentaron la ley al Parlamento. Esta es la principal diferencia con Colombia, donde el clima político hace que tenga que ser a través de sentencias y denuncias de casos concretos como los que hemos reflejado. Miguel Ángel Sánchez, presidente nacional de la Fundación Triángulo en España, explica que el Partido Socialista Español (PSOE), Izquierda Unida y algunos otros “incluyen en sus programas electorales tanto la Ley de Parejas como el matrimonio”. Finalmente, el PSOE se hace con las elecciones de 2004, completando su mayoría con Izquierda Unida y Ezquerra Republicana de Catalunya (los tres partidos favorables al matrimonio). Hubiera sido muy distinto si los comicios los hubieran ganado partidos de derecha, pero la fuerte presencia de partidos muy consolidados de izquierdas hizo posible el cambio.

El actual presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, afirmaba en su discurso de investidura: “Ha llegado también el momento de poner fin, de una vez, a las intolerables discriminaciones que aún padecen muchos españoles por razón exclusiva de su preferencia sexual. Lo diré con claridad: homosexuales y transexuales merecen la misma consideración pública que los heterosexuales y tienen el derecho a vivir libremente la vida que ellos mismos hayan elegido. Modificaremos, en consecuencia, el Código Civil para reconocerles, en pie de igualdad, su derecho al matrimonio con los efectos consiguientes en materia de sucesiones, derechos laborales y protección por la Seguridad Social”.

Para Miguel Ángel Sánchez, también fueron fundamentales la Ley de Parejas de Dinamarca (1989) y la resolución del Parlamento Europeo (8 de febrero de 1994) que recomendaba “poner fin a la prohibición de contraer matrimonio o de acceder a regímenes jurídicos equivalentes a las parejas de lesbianas o de homosexuales; la recomendación debiera garantizar los plenos derechos y beneficios del matrimonio, permitiendo la inscripción de la convivencia”. Asimismo, el Parlamento recomendaba la finalización “a toda restricción de los derechos de las lesbianas y de los homosexuales a ser padres, a adoptar o a criar niños”. Sánchez explica que “aquí apareció un aliado que nos sorprendió, con una iniciativa que no le habíamos pedido: D. José Ángel Cuerda, alcalde de la ciudad de Vitoria, capital del País Vasco”. Perteneciente al Partido Nacionalista Vasco (que se define como demócrata cristiano) decide (en 1994) abrir un registro de parejas no casadas en el que podían apuntarse tanto parejas heterosexuales como del mismo sexo, obteniendo así un certificado de pareja: “esto tenía muy pocos efectos prácticos pero era una revolución conceptual… El movimiento LGBT tomó rápidamente el guante que nos lanzaba el alcalde de Vitoria y, fotocopiando su resolución de creación del Registro de Parejas, lo enviamos a cientos de ciudades y pueblos españoles, pidiéndoles que allí también abrieran registros. Los partidos de la izquierda tomaron en cuenta esta petición y pronto empezaron a abrirse registros en casi todos los municipios gobernados por la izquierda”.

Tras ello, Cataluña aprueba (a pesar de estar gobernada por el Centro Derecha nacionalista) la primera Ley de Parejas autonómica, esta vez sí, con muchos efectos prácticos (garantizando bienes, pensión, etcétera). Sánchez narra que “Jordi Pujol, presidente en aquel momento de Cataluña y católico declarado, recibió una tremenda protesta por parte nada menos que del Papa Juan Pablo II, contrario a otorgar ningún derecho a las parejas homosexuales. Preguntado por los periodistas ante esto, Pujol contestó que él era católico pero gobernaba para todos los ciudadanos de Cataluña, no sólo para los que seguían a la iglesia católica”.

Estos son algunos de los antecedentes de unos de los países que hoy reconocen el derecho tanto a la adopción como al matrimonio de parejas del mismo sexo. El primer país que abre estos derechos es Holanda (en 2001) y, tras este, le seguirá una lista de países que acaban con el más reciente: Brasil, que el pasado 5 de mayo se unía a Argentina y Ciudad México en la admisión de los mismos derechos legales para parejas del mismo sexo.

En unos meses, sabremos si Colombia también se une a esta lista.

*    Datos extraídos de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud de Colombia (ENDS 2010).

Según el artículo 2 de la Ley 294 de 1996 (por la cual se desarrolla el artículo 42 de la Constitución Política), “la familia se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla. Para los efectos de la presente ley, integran la familia: los cónyuges o compañeros permanentes; el padre y la madre de familia aunque no convivan en un mismo hogar; los ascendientes o descendientes de los anteriores, y los hijos adoptivos. Todas las demás personas que de manera permanente se hallaren integradas a la unidad doméstica”.



Aunque el concepto de familia recogido en este artículo no debiera descartar la existencia y la regulación de familias formadas por parejas del mismo sexo, lo cierto es que la aparición del matrimonio heterosexual –como una de las posibles maneras de formar una familia– da lugar a muchas interpretaciones. Entre ellas, las que aseguran que parejas del mismo sexo no pueden formar una familia. No habiendo voluntad política (como es el caso de Colombia) y, al contrario de lo ocurrido en otros países donde sí ha existido esa voluntad de regular ‘otras’ formas de familia, las interpretaciones en contra de los núcleos familiares no heterosexuales han llevado a que Colombia Diversa y DeJusticia, junto con profesionales del Derecho, presenten una demanda exigiendo que las parejas no heterosexuales aparezcan expresamente en la ley con el fin de garantizar sus derechos.

Lo cierto es que, comparada esta ley con la realidad colombiana, la misma no se sostiene, pues mantener el concepto de familia bajo los únicos parámetros del matrimonio entre un hombre y una mujer supone quitar de un tajo los derechos del 42 por ciento de niños del país, que, según la Encuesta de Demografía y Salud de Colombia (ENDS 2010), no vivirían con ambas figuras. Muchas y muchos, con ninguna de las dos. Asimismo, y de acuerdo con Colombia Diversa, entre el 8 y el 10 por ciento de la población colombiana no tendría una orientación sexual normativa (no se considera heterosexual), y al menos 300.000 colombianos y colombianas viven con una pareja del mismo sexo.



En estos momentos, la Corte Constitucional tiene en sus manos la resolución de dos sentencias concretas en las que se debate la posibilidad o la imposibilidad de que parejas del mismo sexo puedan (en conjunto) adoptar y contraer matrimonio en igualdad de derechos con las heterosexuales. El caso de la adopción, aunque en apariencia sea lo más problemático, lo cierto es que también es lo que ‘debiera’ presentar menos dificultades, ya que la sentencia, en caso de ser positiva, estará abogando por salvaguardar los derechos de una menor.

No se trata aquí únicamente de que parejas del mismo sexo puedan adoptar niños no biológicos. Se trata de garantizar derechos de las familias que ya están formadas y que conviven con descendencia biológica (o no). En definitiva, que no sea únicamente una de las parejas quien pueda responder ante la misma (hay que recordar aquí que las personas no heterosexuales sí pueden adoptar de forma individual) sino que también sea su compañera o compañero quien lo haga, garantizándoles a los niños de estas familias el 50 por ciento de los derechos, que en estos momentos se les niegan. Es éste precisamente el caso presentado ante la Corte Constitucional: desde el 28 de febrero del 2008, día en que el Instituto de Bienestar Familiar (ICBF) se negó a tramitar la adopción de una de sus hijas, María y Sofía (una pareja de lesbianas) están luchando para garantizar sus derechos. Ambas decidieron el proyecto de ser madres en conjunto y la niña es hija biológica de una de ellas (quien tiene la patria potestad en estos momentos), a pesar de que hace años ambas formalizaron su unión en Alemania.

La Corte decidirá si la pareja de la madre biológica (madre por decisión propia) también puede velar por la misma en forma regulada. Para Mauricio Noguera, abogado de Colombia Diversa, los derechos tienen que garantizarse esta vez, y es por ello que esperan una sentencia favorable en ambos casos: “En el caso de la adopción, lo más importante es que finalmente se garanticen los derechos de esta niña que ya lleva mucho tiempo conviviendo con sus dos madres. Si no se reconocen, no va a tener todas las garantías, pero igualmente seguirá conviviendo con ambas madres. Entonces, si la preocupación es que conviva con la pareja, a la larga se genera una situación ridícula”.

En el caso del matrimonio, las expectativas también son positivas para Noguera. Se espera que el fallo se dé a conocer en octubre o noviembre próximos, un año después que la Corte se abstuviera de decidir al considerar que no tenía suficientes argumentos jurídicos. En esta ocasión, el abogado afirma que se han subsanado todas estas cuestiones y la demanda presentada está “muy bien formulada”: “Se dieron todos los argumentos que solicitaba la Corte Constitucional. Creemos que no hay posibilidad de que se declarare inhibida, como ocurrió la anterior vez. Pero sí creemos que una de las posibilidades es decir que el Congreso se pronuncie. Esperamos que eso no ocurra porque el Congreso ya en seis oportunidades les ha negado derechos a las parejas del mismo sexo y no resulta contraproducente que volviera a ocurrir”.



En el caso del matrimonio, el principal artículo que se pudiera modificar es el número 113 del Código Civil, que define el matrimonio como “un contrato por el cual un hombre y una mujer se unen con el fin de vivir juntos, procrear y auxiliarse”. Este artículo no sólo no recoge los derechos de las parejas no heterosexuales (al contemplar únicamente la unión entre un hombre y una mujer) sino que además vulnera muchas de las decisiones de las heterosexuales al contemplar como requisito del matrimonio la procreación. Sobre todo para las mujeres que siguen siendo quienes llevan la máxima carga de la misma. Porque desde el momento en que Colombia ratificó la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) se comprometió a “todas las medidas adecuadas para eliminar la discriminación contra la mujer en todos los asuntos relacionados con el matrimonio y las relaciones familiares”.

En este sentido, se incluyó la libertad de decidir el número de hijos que quieran tener, en caso, siempre, de querer tenerlos. Según Mauricio Noguera, “la primera petición realizada a la Corte ha sido que retire la expresión “procrear” y no sólo por las parejas del mismo sexo que sí pueden hacerlo así sea por separado. El problema es que aquí se vulneran muchos derechos de la mujer en la medida en que, en este país, la procreación está principalmente ligada a las mujeres. Asimismo, la procreación en este artículo determina que yo debo tener mínimo un hijo pero, en caso de no querer tener ninguno, también debiera tener el derecho de casarme. También las personas que son “infértiles” son conscientes de ellos y, aun así, deciden casarse. No hay argumentos para decirles que no. Por ello, se solicitó que se declarara inconstitucional la expresión “procrear”.

En este sentido, innegablemente el matrimonio como procreación sigue reflejando las aspiraciones de una moral judeo-cristiana que no mantienen todos los colombianos y que, sin embargo, tienen que ver con las formas como se les gobierna. Es esto lo que marca también la diferencia del proceso entre Colombia y países como Argentina y España, donde la aprobación de estos dos aspectos ha sido iniciativa de sus propios diligentes. Para Noguera, que ambos derechos tengan que ser conseguidos por sentencias concretas nos hace ver cuál es el clima político ante tales temas.

Esta falta de voluntad hace que los derechos ya conseguidos, como las uniones maritales de hecho para parejas del mismo sexo, ya contempladas en la legislación, en la práctica sigan sin garantizarse, según el abogado, por una mala difusión y una mala implementación por parte de la sociedad civil. Así, “con parejas del mismo sexo se generan diferencias en comparación con las realizadas por parejas heterosexuales porque se supone que es la misma figura, pero en la implementación hemos visto que se generan diferencias”. Porque el desconocimiento de la ley lleva a que jueces y notarios nieguen muchas veces estos derechos plenamente, no contemplando la unión marital en muchos casos y brindando únicamente los derechos patrimoniales.

Lejos de las interpretaciones, la Corte Constitucional tendrá que dejar de “pasar la pelota” si realmente busca demostrar que los derechos no son un beneficio de sólo algunas familias colombianas ni de una única moral. Resulta ilógico no garantizarlos en un país donde las uniones maritales de hecho entre parejas del mismo sexo ya están reconocidas. La negación sólo pudiera llevarles a una afirmación: que en Colombia hay ciudadanas y ciudadanos de primera y de segunda según el modelo familiar del que provengan. Mientras la “norma heterosexual” se impone en la Constitución del país, el matrimonio ha descendido del 32 al 19 por ciento en tan solo 20 años*. Quizás, aunque no queramos, Colombia hoy sea menos tradicional y más laica. Ahora sólo falta esperar que la Constitución también lo sea.

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Recuadro

Una experiencia personal


El día en que nos anunció el Juzgado en el que llevábamos el proceso en España que podía contraer matrimonio con mi compañera, tuve dos sensaciones tan opuestas pero tan reales… Por un lado, una alegría inmensa por lograrlo después de un largo proceso (más por mi condición de extranjera que por mi orientación sexual) de pasar por filtros donde demostrábamos que éramos pareja, que nos amábamos y que deseábamos constituir matrimonio como parte de nuestro proyecto de vida. Y, por el otro, una tristeza inmensa de ver cómo se estaban garantizando mis derechos en un país lejano al mío. Tristeza porque, como colombiana, estoy convencida de que este mi país tendrá que darme las garantías legítimas para ejercer plenamente mis derechos y no seguir tratándome como una ciudadana de segunda clase. Por ahora sé que he contraído matrimonio en el extranjero y es reconocido como tal en ese país, y sigo esperando que no sea muy lejano el día en que mi pareja y yo podamos dejar de ser sólo una pareja de hecho y pueda adquirir nuestra relación el estatus de matrimonio civil que nos permita, en el presente o en el futuro, defender nuestros derechos como pareja si es que hay alguna situación que pueda vulnerarnos.

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Libro de familia

El caso español

El primer documento que recibe una pareja del mismo sexo que decide contraer matrimonio civil en España es el Libro de Familia. Al igual que las parejas heterosexuales, su vida familiar comienza aquí y tienen la posibilidad de mantenerla en esta forma o incluso de aumentarla. La Ley 13 de 2005 se encargó de la modificación del Código Civil el 30 de junio de 2005. En lo que respecta a la ley, se añadió a lo anterior (“El hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio conforme a las disposiciones de este Código”) un nuevo párrafo, que dice: “El matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos cuando ambos contrayentes sean del mismo o de diferente sexo”. El resto de modificaciones iba dirigido a sustituir las expresiones “marido y mujer” por “cónyuges”, y “padre y madre” por “progenitores” por lo cual –deducimos bien– los efectos del matrimonio eran exactamente los mismos, incluido el derecho a la adopción.

En el caso español, los propios partidos presentaron la ley al Parlamento. Esta es la principal diferencia con Colombia, donde el clima político hace que tenga que ser a través de sentencias y denuncias de casos concretos como los que hemos reflejado. Miguel Ángel Sánchez, presidente nacional de la Fundación Triángulo en España, explica que el Partido Socialista Español (PSOE), Izquierda Unida y algunos otros “incluyen en sus programas electorales tanto la Ley de Parejas como el matrimonio”. Finalmente, el PSOE se hace con las elecciones de 2004, completando su mayoría con Izquierda Unida y Ezquerra Republicana de Catalunya (los tres partidos favorables al matrimonio). Hubiera sido muy distinto si los comicios los hubieran ganado partidos de derecha, pero la fuerte presencia de partidos muy consolidados de izquierdas hizo posible el cambio.

El actual presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, afirmaba en su discurso de investidura: “Ha llegado también el momento de poner fin, de una vez, a las intolerables discriminaciones que aún padecen muchos españoles por razón exclusiva de su preferencia sexual. Lo diré con claridad: homosexuales y transexuales merecen la misma consideración pública que los heterosexuales y tienen el derecho a vivir libremente la vida que ellos mismos hayan elegido. Modificaremos, en consecuencia, el Código Civil para reconocerles, en pie de igualdad, su derecho al matrimonio con los efectos consiguientes en materia de sucesiones, derechos laborales y protección por la Seguridad Social”.

Para Miguel Ángel Sánchez, también fueron fundamentales la Ley de Parejas de Dinamarca (1989) y la resolución del Parlamento Europeo (8 de febrero de 1994) que recomendaba “poner fin a la prohibición de contraer matrimonio o de acceder a regímenes jurídicos equivalentes a las parejas de lesbianas o de homosexuales; la recomendación debiera garantizar los plenos derechos y beneficios del matrimonio, permitiendo la inscripción de la convivencia”. Asimismo, el Parlamento recomendaba la finalización “a toda restricción de los derechos de las lesbianas y de los homosexuales a ser padres, a adoptar o a criar niños”. Sánchez explica que “aquí apareció un aliado que nos sorprendió, con una iniciativa que no le habíamos pedido: D. José Ángel Cuerda, alcalde de la ciudad de Vitoria, capital del País Vasco”. Perteneciente al Partido Nacionalista Vasco (que se define como demócrata cristiano) decide (en 1994) abrir un registro de parejas no casadas en el que podían apuntarse tanto parejas heterosexuales como del mismo sexo, obteniendo así un certificado de pareja: “esto tenía muy pocos efectos prácticos pero era una revolución conceptual… El movimiento LGBT tomó rápidamente el guante que nos lanzaba el alcalde de Vitoria y, fotocopiando su resolución de creación del Registro de Parejas, lo enviamos a cientos de ciudades y pueblos españoles, pidiéndoles que allí también abrieran registros. Los partidos de la izquierda tomaron en cuenta esta petición y pronto empezaron a abrirse registros en casi todos los municipios gobernados por la izquierda”.

Tras ello, Cataluña aprueba (a pesar de estar gobernada por el Centro Derecha nacionalista) la primera Ley de Parejas autonómica, esta vez sí, con muchos efectos prácticos (garantizando bienes, pensión, etcétera). Sánchez narra que “Jordi Pujol, presidente en aquel momento de Cataluña y católico declarado, recibió una tremenda protesta por parte nada menos que del Papa Juan Pablo II, contrario a otorgar ningún derecho a las parejas homosexuales. Preguntado por los periodistas ante esto, Pujol contestó que él era católico pero gobernaba para todos los ciudadanos de Cataluña, no sólo para los que seguían a la iglesia católica”.

Estos son algunos de los antecedentes de unos de los países que hoy reconocen el derecho tanto a la adopción como al matrimonio de parejas del mismo sexo. El primer país que abre estos derechos es Holanda (en 2001) y, tras este, le seguirá una lista de países que acaban con el más reciente: Brasil, que el pasado 5 de mayo se unía a Argentina y Ciudad México en la admisión de los mismos derechos legales para parejas del mismo sexo.

En unos meses, sabremos si Colombia también se une a esta lista.

*    Datos extraídos de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud de Colombia (ENDS 2010).

Según el artículo 2 de la Ley 294 de 1996 (por la cual se desarrolla el artículo 42 de la Constitución Política), “la familia se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla. Para los efectos de la presente ley, integran la familia: los cónyuges o compañeros permanentes; el padre y la madre de familia aunque no convivan en un mismo hogar; los ascendientes o descendientes de los anteriores, y los hijos adoptivos. Todas las demás personas que de manera permanente se hallaren integradas a la unidad doméstica”.



Aunque el concepto de familia recogido en este artículo no debiera descartar la existencia y la regulación de familias formadas por parejas del mismo sexo, lo cierto es que la aparición del matrimonio heterosexual –como una de las posibles maneras de formar una familia– da lugar a muchas interpretaciones. Entre ellas, las que aseguran que parejas del mismo sexo no pueden formar una familia. No habiendo voluntad política (como es el caso de Colombia) y, al contrario de lo ocurrido en otros países donde sí ha existido esa voluntad de regular ‘otras’ formas de familia, las interpretaciones en contra de los núcleos familiares no heterosexuales han llevado a que Colombia Diversa y DeJusticia, junto con profesionales del Derecho, presenten una demanda exigiendo que las parejas no heterosexuales aparezcan expresamente en la ley con el fin de garantizar sus derechos.

Lo cierto es que, comparada esta ley con la realidad colombiana, la misma no se sostiene, pues mantener el concepto de familia bajo los únicos parámetros del matrimonio entre un hombre y una mujer supone quitar de un tajo los derechos del 42 por ciento de niños del país, que, según la Encuesta de Demografía y Salud de Colombia (ENDS 2010), no vivirían con ambas figuras. Muchas y muchos, con ninguna de las dos. Asimismo, y de acuerdo con Colombia Diversa, entre el 8 y el 10 por ciento de la población colombiana no tendría una orientación sexual normativa (no se considera heterosexual), y al menos 300.000 colombianos y colombianas viven con una pareja del mismo sexo.



En estos momentos, la Corte Constitucional tiene en sus manos la resolución de dos sentencias concretas en las que se debate la posibilidad o la imposibilidad de que parejas del mismo sexo puedan (en conjunto) adoptar y contraer matrimonio en igualdad de derechos con las heterosexuales. El caso de la adopción, aunque en apariencia sea lo más problemático, lo cierto es que también es lo que ‘debiera’ presentar menos dificultades, ya que la sentencia, en caso de ser positiva, estará abogando por salvaguardar los derechos de una menor.

No se trata aquí únicamente de que parejas del mismo sexo puedan adoptar niños no biológicos. Se trata de garantizar derechos de las familias que ya están formadas y que conviven con descendencia biológica (o no). En definitiva, que no sea únicamente una de las parejas quien pueda responder ante la misma (hay que recordar aquí que las personas no heterosexuales sí pueden adoptar de forma individual) sino que también sea su compañera o compañero quien lo haga, garantizándoles a los niños de estas familias el 50 por ciento de los derechos, que en estos momentos se les niegan. Es éste precisamente el caso presentado ante la Corte Constitucional: desde el 28 de febrero del 2008, día en que el Instituto de Bienestar Familiar (ICBF) se negó a tramitar la adopción de una de sus hijas, María y Sofía (una pareja de lesbianas) están luchando para garantizar sus derechos. Ambas decidieron el proyecto de ser madres en conjunto y la niña es hija biológica de una de ellas (quien tiene la patria potestad en estos momentos), a pesar de que hace años ambas formalizaron su unión en Alemania.

La Corte decidirá si la pareja de la madre biológica (madre por decisión propia) también puede velar por la misma en forma regulada. Para Mauricio Noguera, abogado de Colombia Diversa, los derechos tienen que garantizarse esta vez, y es por ello que esperan una sentencia favorable en ambos casos: “En el caso de la adopción, lo más importante es que finalmente se garanticen los derechos de esta niña que ya lleva mucho tiempo conviviendo con sus dos madres. Si no se reconocen, no va a tener todas las garantías, pero igualmente seguirá conviviendo con ambas madres. Entonces, si la preocupación es que conviva con la pareja, a la larga se genera una situación ridícula”.

En el caso del matrimonio, las expectativas también son positivas para Noguera. Se espera que el fallo se dé a conocer en octubre o noviembre próximos, un año después que la Corte se abstuviera de decidir al considerar que no tenía suficientes argumentos jurídicos. En esta ocasión, el abogado afirma que se han subsanado todas estas cuestiones y la demanda presentada está “muy bien formulada”: “Se dieron todos los argumentos que solicitaba la Corte Constitucional. Creemos que no hay posibilidad de que se declarare inhibida, como ocurrió la anterior vez. Pero sí creemos que una de las posibilidades es decir que el Congreso se pronuncie. Esperamos que eso no ocurra porque el Congreso ya en seis oportunidades les ha negado derechos a las parejas del mismo sexo y no resulta contraproducente que volviera a ocurrir”.



En el caso del matrimonio, el principal artículo que se pudiera modificar es el número 113 del Código Civil, que define el matrimonio como “un contrato por el cual un hombre y una mujer se unen con el fin de vivir juntos, procrear y auxiliarse”. Este artículo no sólo no recoge los derechos de las parejas no heterosexuales (al contemplar únicamente la unión entre un hombre y una mujer) sino que además vulnera muchas de las decisiones de las heterosexuales al contemplar como requisito del matrimonio la procreación. Sobre todo para las mujeres que siguen siendo quienes llevan la máxima carga de la misma. Porque desde el momento en que Colombia ratificó la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) se comprometió a “todas las medidas adecuadas para eliminar la discriminación contra la mujer en todos los asuntos relacionados con el matrimonio y las relaciones familiares”.

En este sentido, se incluyó la libertad de decidir el número de hijos que quieran tener, en caso, siempre, de querer tenerlos. Según Mauricio Noguera, “la primera petición realizada a la Corte ha sido que retire la expresión “procrear” y no sólo por las parejas del mismo sexo que sí pueden hacerlo así sea por separado. El problema es que aquí se vulneran muchos derechos de la mujer en la medida en que, en este país, la procreación está principalmente ligada a las mujeres. Asimismo, la procreación en este artículo determina que yo debo tener mínimo un hijo pero, en caso de no querer tener ninguno, también debiera tener el derecho de casarme. También las personas que son “infértiles” son conscientes de ellos y, aun así, deciden casarse. No hay argumentos para decirles que no. Por ello, se solicitó que se declarara inconstitucional la expresión “procrear”.

En este sentido, innegablemente el matrimonio como procreación sigue reflejando las aspiraciones de una moral judeo-cristiana que no mantienen todos los colombianos y que, sin embargo, tienen que ver con las formas como se les gobierna. Es esto lo que marca también la diferencia del proceso entre Colombia y países como Argentina y España, donde la aprobación de estos dos aspectos ha sido iniciativa de sus propios diligentes. Para Noguera, que ambos derechos tengan que ser conseguidos por sentencias concretas nos hace ver cuál es el clima político ante tales temas.

Esta falta de voluntad hace que los derechos ya conseguidos, como las uniones maritales de hecho para parejas del mismo sexo, ya contempladas en la legislación, en la práctica sigan sin garantizarse, según el abogado, por una mala difusión y una mala implementación por parte de la sociedad civil. Así, “con parejas del mismo sexo se generan diferencias en comparación con las realizadas por parejas heterosexuales porque se supone que es la misma figura, pero en la implementación hemos visto que se generan diferencias”. Porque el desconocimiento de la ley lleva a que jueces y notarios nieguen muchas veces estos derechos plenamente, no contemplando la unión marital en muchos casos y brindando únicamente los derechos patrimoniales.

Lejos de las interpretaciones, la Corte Constitucional tendrá que dejar de “pasar la pelota” si realmente busca demostrar que los derechos no son un beneficio de sólo algunas familias colombianas ni de una única moral. Resulta ilógico no garantizarlos en un país donde las uniones maritales de hecho entre parejas del mismo sexo ya están reconocidas. La negación sólo pudiera llevarles a una afirmación: que en Colombia hay ciudadanas y ciudadanos de primera y de segunda según el modelo familiar del que provengan. Mientras la “norma heterosexual” se impone en la Constitución del país, el matrimonio ha descendido del 32 al 19 por ciento en tan solo 20 años*. Quizás, aunque no queramos, Colombia hoy sea menos tradicional y más laica. Ahora sólo falta esperar que la Constitución también lo sea.

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Recuadro

Una experiencia personal


El día en que nos anunció el Juzgado en el que llevábamos el proceso en España que podía contraer matrimonio con mi compañera, tuve dos sensaciones tan opuestas pero tan reales… Por un lado, una alegría inmensa por lograrlo después de un largo proceso (más por mi condición de extranjera que por mi orientación sexual) de pasar por filtros donde demostrábamos que éramos pareja, que nos amábamos y que deseábamos constituir matrimonio como parte de nuestro proyecto de vida. Y, por el otro, una tristeza inmensa de ver cómo se estaban garantizando mis derechos en un país lejano al mío. Tristeza porque, como colombiana, estoy convencida de que este mi país tendrá que darme las garantías legítimas para ejercer plenamente mis derechos y no seguir tratándome como una ciudadana de segunda clase. Por ahora sé que he contraído matrimonio en el extranjero y es reconocido como tal en ese país, y sigo esperando que no sea muy lejano el día en que mi pareja y yo podamos dejar de ser sólo una pareja de hecho y pueda adquirir nuestra relación el estatus de matrimonio civil que nos permita, en el presente o en el futuro, defender nuestros derechos como pareja si es que hay alguna situación que pueda vulnerarnos.

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Libro de familia

El caso español

El primer documento que recibe una pareja del mismo sexo que decide contraer matrimonio civil en España es el Libro de Familia. Al igual que las parejas heterosexuales, su vida familiar comienza aquí y tienen la posibilidad de mantenerla en esta forma o incluso de aumentarla. La Ley 13 de 2005 se encargó de la modificación del Código Civil el 30 de junio de 2005. En lo que respecta a la ley, se añadió a lo anterior (“El hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio conforme a las disposiciones de este Código”) un nuevo párrafo, que dice: “El matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos cuando ambos contrayentes sean del mismo o de diferente sexo”. El resto de modificaciones iba dirigido a sustituir las expresiones “marido y mujer” por “cónyuges”, y “padre y madre” por “progenitores” por lo cual –deducimos bien– los efectos del matrimonio eran exactamente los mismos, incluido el derecho a la adopción.

En el caso español, los propios partidos presentaron la ley al Parlamento. Esta es la principal diferencia con Colombia, donde el clima político hace que tenga que ser a través de sentencias y denuncias de casos concretos como los que hemos reflejado. Miguel Ángel Sánchez, presidente nacional de la Fundación Triángulo en España, explica que el Partido Socialista Español (PSOE), Izquierda Unida y algunos otros “incluyen en sus programas electorales tanto la Ley de Parejas como el matrimonio”. Finalmente, el PSOE se hace con las elecciones de 2004, completando su mayoría con Izquierda Unida y Ezquerra Republicana de Catalunya (los tres partidos favorables al matrimonio). Hubiera sido muy distinto si los comicios los hubieran ganado partidos de derecha, pero la fuerte presencia de partidos muy consolidados de izquierdas hizo posible el cambio.

El actual presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, afirmaba en su discurso de investidura: “Ha llegado también el momento de poner fin, de una vez, a las intolerables discriminaciones que aún padecen muchos españoles por razón exclusiva de su preferencia sexual. Lo diré con claridad: homosexuales y transexuales merecen la misma consideración pública que los heterosexuales y tienen el derecho a vivir libremente la vida que ellos mismos hayan elegido. Modificaremos, en consecuencia, el Código Civil para reconocerles, en pie de igualdad, su derecho al matrimonio con los efectos consiguientes en materia de sucesiones, derechos laborales y protección por la Seguridad Social”.

Para Miguel Ángel Sánchez, también fueron fundamentales la Ley de Parejas de Dinamarca (1989) y la resolución del Parlamento Europeo (8 de febrero de 1994) que recomendaba “poner fin a la prohibición de contraer matrimonio o de acceder a regímenes jurídicos equivalentes a las parejas de lesbianas o de homosexuales; la recomendación debiera garantizar los plenos derechos y beneficios del matrimonio, permitiendo la inscripción de la convivencia”. Asimismo, el Parlamento recomendaba la finalización “a toda restricción de los derechos de las lesbianas y de los homosexuales a ser padres, a adoptar o a criar niños”. Sánchez explica que “aquí apareció un aliado que nos sorprendió, con una iniciativa que no le habíamos pedido: D. José Ángel Cuerda, alcalde de la ciudad de Vitoria, capital del País Vasco”. Perteneciente al Partido Nacionalista Vasco (que se define como demócrata cristiano) decide (en 1994) abrir un registro de parejas no casadas en el que podían apuntarse tanto parejas heterosexuales como del mismo sexo, obteniendo así un certificado de pareja: “esto tenía muy pocos efectos prácticos pero era una revolución conceptual… El movimiento LGBT tomó rápidamente el guante que nos lanzaba el alcalde de Vitoria y, fotocopiando su resolución de creación del Registro de Parejas, lo enviamos a cientos de ciudades y pueblos españoles, pidiéndoles que allí también abrieran registros. Los partidos de la izquierda tomaron en cuenta esta petición y pronto empezaron a abrirse registros en casi todos los municipios gobernados por la izquierda”.

Tras ello, Cataluña aprueba (a pesar de estar gobernada por el Centro Derecha nacionalista) la primera Ley de Parejas autonómica, esta vez sí, con muchos efectos prácticos (garantizando bienes, pensión, etcétera). Sánchez narra que “Jordi Pujol, presidente en aquel momento de Cataluña y católico declarado, recibió una tremenda protesta por parte nada menos que del Papa Juan Pablo II, contrario a otorgar ningún derecho a las parejas homosexuales. Preguntado por los periodistas ante esto, Pujol contestó que él era católico pero gobernaba para todos los ciudadanos de Cataluña, no sólo para los que seguían a la iglesia católica”.

Estos son algunos de los antecedentes de unos de los países que hoy reconocen el derecho tanto a la adopción como al matrimonio de parejas del mismo sexo. El primer país que abre estos derechos es Holanda (en 2001) y, tras este, le seguirá una lista de países que acaban con el más reciente: Brasil, que el pasado 5 de mayo se unía a Argentina y Ciudad México en la admisión de los mismos derechos legales para parejas del mismo sexo.

En unos meses, sabremos si Colombia también se une a esta lista.

*    Datos extraídos de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud de Colombia (ENDS 2010).

Según el artículo 2 de la Ley 294 de 1996 (por la cual se desarrolla el artículo 42 de la Constitución Política), “la familia se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla. Para los efectos de la presente ley, integran la familia: los cónyuges o compañeros permanentes; el padre y la madre de familia aunque no convivan en un mismo hogar; los ascendientes o descendientes de los anteriores, y los hijos adoptivos. Todas las demás personas que de manera permanente se hallaren integradas a la unidad doméstica”.



Aunque el concepto de familia recogido en este artículo no debiera descartar la existencia y la regulación de familias formadas por parejas del mismo sexo, lo cierto es que la aparición del matrimonio heterosexual –como una de las posibles maneras de formar una familia– da lugar a muchas interpretaciones. Entre ellas, las que aseguran que parejas del mismo sexo no pueden formar una familia. No habiendo voluntad política (como es el caso de Colombia) y, al contrario de lo ocurrido en otros países donde sí ha existido esa voluntad de regular ‘otras’ formas de familia, las interpretaciones en contra de los núcleos familiares no heterosexuales han llevado a que Colombia Diversa y DeJusticia, junto con profesionales del Derecho, presenten una demanda exigiendo que las parejas no heterosexuales aparezcan expresamente en la ley con el fin de garantizar sus derechos.

Lo cierto es que, comparada esta ley con la realidad colombiana, la misma no se sostiene, pues mantener el concepto de familia bajo los únicos parámetros del matrimonio entre un hombre y una mujer supone quitar de un tajo los derechos del 42 por ciento de niños del país, que, según la Encuesta de Demografía y Salud de Colombia (ENDS 2010), no vivirían con ambas figuras. Muchas y muchos, con ninguna de las dos. Asimismo, y de acuerdo con Colombia Diversa, entre el 8 y el 10 por ciento de la población colombiana no tendría una orientación sexual normativa (no se considera heterosexual), y al menos 300.000 colombianos y colombianas viven con una pareja del mismo sexo.



En estos momentos, la Corte Constitucional tiene en sus manos la resolución de dos sentencias concretas en las que se debate la posibilidad o la imposibilidad de que parejas del mismo sexo puedan (en conjunto) adoptar y contraer matrimonio en igualdad de derechos con las heterosexuales. El caso de la adopción, aunque en apariencia sea lo más problemático, lo cierto es que también es lo que ‘debiera’ presentar menos dificultades, ya que la sentencia, en caso de ser positiva, estará abogando por salvaguardar los derechos de una menor.

No se trata aquí únicamente de que parejas del mismo sexo puedan adoptar niños no biológicos. Se trata de garantizar derechos de las familias que ya están formadas y que conviven con descendencia biológica (o no). En definitiva, que no sea únicamente una de las parejas quien pueda responder ante la misma (hay que recordar aquí que las personas no heterosexuales sí pueden adoptar de forma individual) sino que también sea su compañera o compañero quien lo haga, garantizándoles a los niños de estas familias el 50 por ciento de los derechos, que en estos momentos se les niegan. Es éste precisamente el caso presentado ante la Corte Constitucional: desde el 28 de febrero del 2008, día en que el Instituto de Bienestar Familiar (ICBF) se negó a tramitar la adopción de una de sus hijas, María y Sofía (una pareja de lesbianas) están luchando para garantizar sus derechos. Ambas decidieron el proyecto de ser madres en conjunto y la niña es hija biológica de una de ellas (quien tiene la patria potestad en estos momentos), a pesar de que hace años ambas formalizaron su unión en Alemania.

La Corte decidirá si la pareja de la madre biológica (madre por decisión propia) también puede velar por la misma en forma regulada. Para Mauricio Noguera, abogado de Colombia Diversa, los derechos tienen que garantizarse esta vez, y es por ello que esperan una sentencia favorable en ambos casos: “En el caso de la adopción, lo más importante es que finalmente se garanticen los derechos de esta niña que ya lleva mucho tiempo conviviendo con sus dos madres. Si no se reconocen, no va a tener todas las garantías, pero igualmente seguirá conviviendo con ambas madres. Entonces, si la preocupación es que conviva con la pareja, a la larga se genera una situación ridícula”.

En el caso del matrimonio, las expectativas también son positivas para Noguera. Se espera que el fallo se dé a conocer en octubre o noviembre próximos, un año después que la Corte se abstuviera de decidir al considerar que no tenía suficientes argumentos jurídicos. En esta ocasión, el abogado afirma que se han subsanado todas estas cuestiones y la demanda presentada está “muy bien formulada”: “Se dieron todos los argumentos que solicitaba la Corte Constitucional. Creemos que no hay posibilidad de que se declarare inhibida, como ocurrió la anterior vez. Pero sí creemos que una de las posibilidades es decir que el Congreso se pronuncie. Esperamos que eso no ocurra porque el Congreso ya en seis oportunidades les ha negado derechos a las parejas del mismo sexo y no resulta contraproducente que volviera a ocurrir”.



En el caso del matrimonio, el principal artículo que se pudiera modificar es el número 113 del Código Civil, que define el matrimonio como “un contrato por el cual un hombre y una mujer se unen con el fin de vivir juntos, procrear y auxiliarse”. Este artículo no sólo no recoge los derechos de las parejas no heterosexuales (al contemplar únicamente la unión entre un hombre y una mujer) sino que además vulnera muchas de las decisiones de las heterosexuales al contemplar como requisito del matrimonio la procreación. Sobre todo para las mujeres que siguen siendo quienes llevan la máxima carga de la misma. Porque desde el momento en que Colombia ratificó la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) se comprometió a “todas las medidas adecuadas para eliminar la discriminación contra la mujer en todos los asuntos relacionados con el matrimonio y las relaciones familiares”.

En este sentido, se incluyó la libertad de decidir el número de hijos que quieran tener, en caso, siempre, de querer tenerlos. Según Mauricio Noguera, “la primera petición realizada a la Corte ha sido que retire la expresión “procrear” y no sólo por las parejas del mismo sexo que sí pueden hacerlo así sea por separado. El problema es que aquí se vulneran muchos derechos de la mujer en la medida en que, en este país, la procreación está principalmente ligada a las mujeres. Asimismo, la procreación en este artículo determina que yo debo tener mínimo un hijo pero, en caso de no querer tener ninguno, también debiera tener el derecho de casarme. También las personas que son “infértiles” son conscientes de ellos y, aun así, deciden casarse. No hay argumentos para decirles que no. Por ello, se solicitó que se declarara inconstitucional la expresión “procrear”.

En este sentido, innegablemente el matrimonio como procreación sigue reflejando las aspiraciones de una moral judeo-cristiana que no mantienen todos los colombianos y que, sin embargo, tienen que ver con las formas como se les gobierna. Es esto lo que marca también la diferencia del proceso entre Colombia y países como Argentina y España, donde la aprobación de estos dos aspectos ha sido iniciativa de sus propios diligentes. Para Noguera, que ambos derechos tengan que ser conseguidos por sentencias concretas nos hace ver cuál es el clima político ante tales temas.

Esta falta de voluntad hace que los derechos ya conseguidos, como las uniones maritales de hecho para parejas del mismo sexo, ya contempladas en la legislación, en la práctica sigan sin garantizarse, según el abogado, por una mala difusión y una mala implementación por parte de la sociedad civil. Así, “con parejas del mismo sexo se generan diferencias en comparación con las realizadas por parejas heterosexuales porque se supone que es la misma figura, pero en la implementación hemos visto que se generan diferencias”. Porque el desconocimiento de la ley lleva a que jueces y notarios nieguen muchas veces estos derechos plenamente, no contemplando la unión marital en muchos casos y brindando únicamente los derechos patrimoniales.

Lejos de las interpretaciones, la Corte Constitucional tendrá que dejar de “pasar la pelota” si realmente busca demostrar que los derechos no son un beneficio de sólo algunas familias colombianas ni de una única moral. Resulta ilógico no garantizarlos en un país donde las uniones maritales de hecho entre parejas del mismo sexo ya están reconocidas. La negación sólo pudiera llevarles a una afirmación: que en Colombia hay ciudadanas y ciudadanos de primera y de segunda según el modelo familiar del que provengan. Mientras la “norma heterosexual” se impone en la Constitución del país, el matrimonio ha descendido del 32 al 19 por ciento en tan solo 20 años*. Quizás, aunque no queramos, Colombia hoy sea menos tradicional y más laica. Ahora sólo falta esperar que la Constitución también lo sea.

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Recuadro

Una experiencia personal


El día en que nos anunció el Juzgado en el que llevábamos el proceso en España que podía contraer matrimonio con mi compañera, tuve dos sensaciones tan opuestas pero tan reales… Por un lado, una alegría inmensa por lograrlo después de un largo proceso (más por mi condición de extranjera que por mi orientación sexual) de pasar por filtros donde demostrábamos que éramos pareja, que nos amábamos y que deseábamos constituir matrimonio como parte de nuestro proyecto de vida. Y, por el otro, una tristeza inmensa de ver cómo se estaban garantizando mis derechos en un país lejano al mío. Tristeza porque, como colombiana, estoy convencida de que este mi país tendrá que darme las garantías legítimas para ejercer plenamente mis derechos y no seguir tratándome como una ciudadana de segunda clase. Por ahora sé que he contraído matrimonio en el extranjero y es reconocido como tal en ese país, y sigo esperando que no sea muy lejano el día en que mi pareja y yo podamos dejar de ser sólo una pareja de hecho y pueda adquirir nuestra relación el estatus de matrimonio civil que nos permita, en el presente o en el futuro, defender nuestros derechos como pareja si es que hay alguna situación que pueda vulnerarnos.

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Libro de familia

El caso español

El primer documento que recibe una pareja del mismo sexo que decide contraer matrimonio civil en España es el Libro de Familia. Al igual que las parejas heterosexuales, su vida familiar comienza aquí y tienen la posibilidad de mantenerla en esta forma o incluso de aumentarla. La Ley 13 de 2005 se encargó de la modificación del Código Civil el 30 de junio de 2005. En lo que respecta a la ley, se añadió a lo anterior (“El hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio conforme a las disposiciones de este Código”) un nuevo párrafo, que dice: “El matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos cuando ambos contrayentes sean del mismo o de diferente sexo”. El resto de modificaciones iba dirigido a sustituir las expresiones “marido y mujer” por “cónyuges”, y “padre y madre” por “progenitores” por lo cual –deducimos bien– los efectos del matrimonio eran exactamente los mismos, incluido el derecho a la adopción.

En el caso español, los propios partidos presentaron la ley al Parlamento. Esta es la principal diferencia con Colombia, donde el clima político hace que tenga que ser a través de sentencias y denuncias de casos concretos como los que hemos reflejado. Miguel Ángel Sánchez, presidente nacional de la Fundación Triángulo en España, explica que el Partido Socialista Español (PSOE), Izquierda Unida y algunos otros “incluyen en sus programas electorales tanto la Ley de Parejas como el matrimonio”. Finalmente, el PSOE se hace con las elecciones de 2004, completando su mayoría con Izquierda Unida y Ezquerra Republicana de Catalunya (los tres partidos favorables al matrimonio). Hubiera sido muy distinto si los comicios los hubieran ganado partidos de derecha, pero la fuerte presencia de partidos muy consolidados de izquierdas hizo posible el cambio.

El actual presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, afirmaba en su discurso de investidura: “Ha llegado también el momento de poner fin, de una vez, a las intolerables discriminaciones que aún padecen muchos españoles por razón exclusiva de su preferencia sexual. Lo diré con claridad: homosexuales y transexuales merecen la misma consideración pública que los heterosexuales y tienen el derecho a vivir libremente la vida que ellos mismos hayan elegido. Modificaremos, en consecuencia, el Código Civil para reconocerles, en pie de igualdad, su derecho al matrimonio con los efectos consiguientes en materia de sucesiones, derechos laborales y protección por la Seguridad Social”.

Para Miguel Ángel Sánchez, también fueron fundamentales la Ley de Parejas de Dinamarca (1989) y la resolución del Parlamento Europeo (8 de febrero de 1994) que recomendaba “poner fin a la prohibición de contraer matrimonio o de acceder a regímenes jurídicos equivalentes a las parejas de lesbianas o de homosexuales; la recomendación debiera garantizar los plenos derechos y beneficios del matrimonio, permitiendo la inscripción de la convivencia”. Asimismo, el Parlamento recomendaba la finalización “a toda restricción de los derechos de las lesbianas y de los homosexuales a ser padres, a adoptar o a criar niños”. Sánchez explica que “aquí apareció un aliado que nos sorprendió, con una iniciativa que no le habíamos pedido: D. José Ángel Cuerda, alcalde de la ciudad de Vitoria, capital del País Vasco”. Perteneciente al Partido Nacionalista Vasco (que se define como demócrata cristiano) decide (en 1994) abrir un registro de parejas no casadas en el que podían apuntarse tanto parejas heterosexuales como del mismo sexo, obteniendo así un certificado de pareja: “esto tenía muy pocos efectos prácticos pero era una revolución conceptual… El movimiento LGBT tomó rápidamente el guante que nos lanzaba el alcalde de Vitoria y, fotocopiando su resolución de creación del Registro de Parejas, lo enviamos a cientos de ciudades y pueblos españoles, pidiéndoles que allí también abrieran registros. Los partidos de la izquierda tomaron en cuenta esta petición y pronto empezaron a abrirse registros en casi todos los municipios gobernados por la izquierda”.

Tras ello, Cataluña aprueba (a pesar de estar gobernada por el Centro Derecha nacionalista) la primera Ley de Parejas autonómica, esta vez sí, con muchos efectos prácticos (garantizando bienes, pensión, etcétera). Sánchez narra que “Jordi Pujol, presidente en aquel momento de Cataluña y católico declarado, recibió una tremenda protesta por parte nada menos que del Papa Juan Pablo II, contrario a otorgar ningún derecho a las parejas homosexuales. Preguntado por los periodistas ante esto, Pujol contestó que él era católico pero gobernaba para todos los ciudadanos de Cataluña, no sólo para los que seguían a la iglesia católica”.

Estos son algunos de los antecedentes de unos de los países que hoy reconocen el derecho tanto a la adopción como al matrimonio de parejas del mismo sexo. El primer país que abre estos derechos es Holanda (en 2001) y, tras este, le seguirá una lista de países que acaban con el más reciente: Brasil, que el pasado 5 de mayo se unía a Argentina y Ciudad México en la admisión de los mismos derechos legales para parejas del mismo sexo.

En unos meses, sabremos si Colombia también se une a esta lista.

*    Datos extraídos de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud de Colombia (ENDS 2010).

Hablar de feminismos, géneros, identidades, diversidades… es asunto difícil. Entenderlo y abordarlo nos lleva a mirar en lo más profundo de nuestra construcción como personas y, si queremos acabar con las desigualdades, nos conduce a cuestionarnos y también a veces a transformarnos. Pero, difícil o no, lo cierto es que las cuestiones que trata el género –aunque construcciones sociales– no son temas ficticios. En Colombia y a largo y ancho del mundo, personas reales sufren la violencia también real de ser ‘diferentes’, simplemente porque “lo que no lo es” se ha naturalizado: mujeres a quienes silenciamos por nuestra socialización machista, lesbianas a quienes insultamos por no encarnar esa cultura patriarcal que precisamente no logra silenciarlas, y mujeres trans, a quienes asesinan con especial virulencia y ‘dedicación’, simplemente por ir más allá de lo permitido. Esto pasa cada día en las calles de Bogotá, en las de Colombia, en las avenidas del mundo; y yo ahora tengo la opción de hablarlo con ustedes, debatirlo y analizarlo.

Y lo hago inaugurando esta sección sobre cuestiones de género en un espacio que me ha brindado la posibilidad de hacerlo, bajo el propósito de que este sea un proyecto de pensamientos y debates, y con la ilusión de que genere precisamente eso: pensamientos y debates que vayan más allá de lo institucional y acojan la opinión de todas aquellas personas en Colombia que hayan entendido o no que todas y todos formamos parte de nuestras construcciones de género, y que, por tanto, todas y todos –en alguna forma– nos hemos construido también desde “lo diferente”.

Les espero, entonces, en el pensamiento y en el debate. Sean bienvenid@s.

Todas las mujeres lesbianas fueron expulsadas de la National Organization for Women en 1970 tras una manifestación de la escritora y activista Rita Mae Brown en la que se declaraba como tal. Esto no le sentó muy bien en Estados Unidos al movimiento de mujeres y tampoco le sentaron bien a Mae los intentos de la ONM de distanciarse de las organizaciones de lesbianas.

Varias décadas después, el asunto sigue siendo complejo, y, aunque desde las diferentes teorías de género (sobre todo posestructuralistas) conseguir la equidad pasa por cuestionar la heterosexualidad obligatoria, siguen sin existir tales articulaciones desde las políticas públicas dirigidas a mujeres. Tampoco en el caso de Bogotá. Porque, aunque es una misma Subsecretaría (Mujer, Géneros y Diversidad Sexual) la que acoge ambas direcciones (Dirección de Diversidad de Sexual y Dirección de Derechos, Desarrollo e Igualdad de Oportunidades para la Equidad de Géneros), la separación entre las mismas es notable y fácilmente palpable. A pesar de que el género no es sólo una cuestión de hombres y mujeres, y a pesar de que una política de género completa debiera pasar –según diferentes teorías y activismos– por el cuestionamiento del heterocentrismo, diversidad de género y género –aquí– son cosas distintas.

Tal es así que las dos direcciones ni siquiera comparten el mismo espacio virtual que ofrece la Secretaría Distrital de Planeación, a la cual pertenece la Subsecretaría. La Dirección de Derechos, Desarrollo e Igualdad de Oportunidades (es decir, la que desarrolla políticas para lograr, según su nombre, igualdad para las mujeres) ha optado por definirse y anunciarse en un espacio propio, separado de “las diversidades sexuales”. Todo ello a pesar de que el decreto que regula el funcionamiento de esta Dirección (Nº 256 de 25 de junio 2007) la obliga a “dirigir las acciones necesarias que posibiliten la coordinación interinstitucional requerida para articular sus planes y proyectos con las políticas públicas de mujeres, géneros y diversidad sexual”.

No parece que la opción de separarse de este espacio (Planeación), al que se encuentra organizacionalmente ligada esta dirección y en el que quedaría también unida a la de Diversidad Sexual (formando ambas la Subsecretaría), ayude a que se propicie esta articulación referida en el decreto, ni siquiera visualmente hablando. ¿Por qué, a pesar de lo que éste dice, la Dirección ha preferido presentarse en forma autónoma? ¿Qué ocurre cuando una política que procura garantizar la igualdad para todas las mujeres evita la articulación con mujeres lesbianas, bisexuales y mujeres trans? ¿Qué ocurre cuando una política de géneros no se refiere a los géneros desde más de un punto de vista ni acude a la violencia que el heterocentrismo genera en todas las mujeres?

Para abordarlo, dos expertas en cuestiones de género nos trasladan sus puntos de vista al respecto de esta política pública, desarrollada en el Distrito desde la experiencia política, la académica y la activista. ¿Por qué elegimos a Bogotá para este análisis? Pues porque, a pesar de que los derechos de las personas LGBT hayan sido tratados desde ciudades como Medellín, Cali y Pasto, fue Bogotá la primera ciudad y la primera capital latinoamericana en abrir una dirección específica sobre diversidad sexual. Y por ser también la ciudad que, en su día, hizo una apuesta fuerte por las ‘diversidades’ desde el Distrito.

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Patriarcado y heterocentrismo: los dos ejes del mal

Recordarán a Liza García por ser la primera directora de Diversidad Sexual en Bogotá. Fue la persona que movilizó la primera política de este tipo en Latinoamérica (Política pública para la garantía plena de derechos de lesbianas, gays, bisexuales y trans) y quien impulsó el desarrollo de la política pública para la garantía de derechos de lesbianas, gays, bisexuales y trans en la ciudad. Hace poco más de un año que no está en ese cargo por decisión propia. La causa: un Máster en Género, Identidad y Ciudadanía que decidió emprender en España.

P. En su trayectoria vital, tiene en su haber el conocimiento de las teorías de género y, por la otra, el conocimiento político, estratégico, que le dio su cargo como directora de la Dirección de Diversidad Sexual durante 2008-2009. ¿Es difícil articular esos dos campos?
R. Yo creo que sí porque las teorías de género plantean rupturas fundamentales de estructuras sociales que se encuentran muy arraigadas entre las personas, sobre todo en ciertas culturas. En ese sentido, el desarrollo de esa articulación de lo estratégico y lo político con las teorías es utópico en cierta medida, y desarrollarlas con congruencia constituye una dificultad grandísima.

Las construcciones de género hegemónicas que las teorías quieren romper son precisamente el primer obstáculo con el que se encuentran las políticas públicas. Sobre todo porque quienes las desarrollan son personas que crecieron en un contexto específico, bajo una determinada construcción de género, y eso hace que tal construcción delimite el desarrollo de las políticas que buscan la equidad de género para mujeres y hombres, y el reconocimiento de los derechos de personas, en este caso, de sectores LGBT.

P. ¿Considera que género y diversidad sexual hablan de lo mismo?
R. Creo que no hablan de lo mismo pero sí que se interrelacionan. Cuando hablamos de construcciones de género, estamos hablando de las formas en que nos construimos como personas (como hombres, como mujeres o como personas que no quieren encasillarse en ninguna de esas dos categorías), y eso implica hablar precisamente de las orientaciones sexuales que asumimos, de por qué las asumimos. El género implica hablar también de la construcción de la orientación sexual o de la identidad de género.

En el momento en el cual desarrollaba la Dirección, lo afirmaba y sigo afirmándolo como activista y como interesada académicamente en estas cuestiones: creo que las luchas por la ruptura del sistema patriarcal y por el reconocimiento de los derechos de personas que no tienen una orientación heterosexual y que no tienen una identidad de género como la espera todo el mundo son complementarias. No se puede subvertir el orden social para que las mujeres tengan equidad en relación con los hombres sin trabajar en la deconstrucción de las orientaciones sexuales y las identidades de género. Yo decía a manera de broma que son los dos ejes del mal: el patriarcado y el heterocentrismo.

P. ¿Considera que desde la Subsecretaría de Mujer, Géneros y Diversidad Sexual de Bogotá, género y diversidad se relacionan y se complementan de la manera que dice?
R. No puedo hablar del papel en este momento de la Subsecretaría, ya que llevo un año fuera de lo que implicó el trabajo de la Dirección, pero al menos en el tiempo en que yo estuve, en la misma encontré muchas dificultades para articular el trabajo de las mujeres con mujeres lesbianas, bisexuales y trans. Creo que hace falta un real trabajo articulado entre ambas Direcciones y que no existe tal trabajo.

En ocasiones, la política pública, por ejemplo, en mujeres, no reconoce el desarrollo de las mujeres trans ni lo apropia como parte de una de sus banderas. Tampoco frente a las mujeres lesbianas y bisexuales, y creo que eso hace falta. Pienso que se ha dejado de lado este tema en la política de mujeres, sólo porque existe una Dirección de diversidad sexual. Yo me pregunto si esto mismo pudiera pasar si se creara una dirección para las personas afro o si se crea una dirección para las personas en condiciones de discapacidad. Pienso que la política en esos supuestos sería menos excluyente.

P. ¿Considera que la Subsecretaría desarrolla políticas para todas las mujeres de Bogotá?
R. No, definitivamente no. Y, además, me hago otra pregunta: ¿Considera que la política de derechos para las personas LGBT hace política LGBT para todas las personas? No. Esta dirección no ha hecho hasta el momento, por ejemplo, una acción afirmativa del tema de VIH en lesbianas, gays, bisexuales y trans.

Por tanto, creo que ninguna de las dos políticas es completa; y creo que la política pública de derechos de personas de los sectores LGBT reconoce claramente el tema de género. Reconoce el género como una construcción fundamental para trabajar las orientaciones sexuales no hegemónicas y las identidades de género. Lo que yo no tengo claro es que el Plan de igualdad de oportunidades para la equidad de género en el Distrito Capital 2004-2016 reconozca –además de estar en el papel– a las mujeres lesbianas, bisexuales y trans. Eso creo que no está allí.

P. ¿Cuál es, desde su entender, la opción de funcionamiento idónea para articular estas dos políticas?
R. Inicialmente, no creer que quien tenga más plata es quien va necesariamente a tener mayor impacto. No sé si sea el momento para que trabajen en un solo proyecto porque reconozco la necesidad de hacer acciones específicas. Mi propuesta alternativa fuera seguir trabajando por direcciones diferenciadas pero sin que haya una pelea tan ardua por la lucha de los recursos. Creo que, por lo menos, se debieran reconocer las perspectivas de género en general, no sólo desde la orientación sexual o la identidad de género, y no sólo desde otras aristas que no sean la orientación sexual o la identidad de género.

Además, debe haber una revaluación al respecto para convertir estas políticas en políticas de primer grado, tan importantes como, por ejemplo, las políticas públicas de transporte. Deben ser, además, políticas transversales que afecten a todas las Direcciones. El tema de género es tan importante o incluso más que eso, y aquí parece un añadido. Resultan ser incluso políticas muy incómodas para la administración.

P. ¿Y en lo que respecta a los movimientos sociales?
R. Las políticas públicas han arrasado con la agenda propia de los movimientos. Ya no hay ni 28 de junio ni 25 de noviembre sin que el Distrito esté liderándolo. No hay 28 de junio sin que las organizaciones tengan que ir al Distrito para que les apoyen la marcha. Asimismo, necesitamos un movimiento social autónomo que pueda generar su propia transformación desde sus haceres, y eso no existe ahora en Bogotá.

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La política pública no resuelve la desigualdad

Ochi Curiel está unida al activismo y también a la teoría desde la Academia. Es coordinadora curricular de los posgrados de la Escuela de Estudios de Género de la Universidad Nacional de Colombia, Magíster en Antropología Social y experta igualmente en el pensamiento y la teoría feminista latinoamericana y caribeña. Asimismo, es activista y teórica lésbico-feminista del movimiento afro.

P. ¿Cuál es su opinión sobre una investigación teórica o un trabajo sobre género que no tenga en cuenta la cuestión de la sexualidad, de las orientaciones sexuales y del heterocentrismo?
R. No es en ese caso un trabajo feminista. Creo que el género es una categoría analítica que te permite visualizar efectos diferenciadores entre hombres y mujeres y, en ese sentido, fue una categoría muy importante para el movimiento feminista y para la Academia también, porque permitió evidenciar esos efectos diferenciales del sexismo. Sin embargo, es una categoría muy heterocentrada y binaria, ya que parte del hecho de que hay grupos de hombres y grupos de mujeres. En tal sentido, el nivel de institucionalización de la categoría (no sólo por la Academia sino también por la cooperación internacional, las ONG, etcétera) despolitizó este término que en algún momento pudo ser interesante. Ahora, cualquier cosa es género, como, por ejemplo, incluir a las mujeres o los hombres; y es cierto que todo eso es género, pero a la hora de hacer referencia a un feminismo que no se limite siempre a evidenciar las diferencias que existen entre hombres y mujeres, es una categoría que no sirve mucho.

Creo que una visión feminista mucho más crítica e integrada debe abordar el tema de la sexualidad. Creo que nos conviene más hablar del régimen de la heterosexualidad, ya que, cuando hablamos de sexualidad, estamos hablando de cuál es esa lógica que ha impuesto la sociedad patriarcal-masculinista sobre qué es lo que prioritariamente es la sexualidad. Sobre todo, las lesbianas feministas creemos que la heterosexualidad es el régimen; es la sexualidad.

P. Hablando del régimen de la heterosexualidad, ¿considera que las políticas públicas de género en Bogotá tienen también en cuenta este lineamiento?
R. No lo tiene, y además es normal que no la tenga. Para mí, la política pública es la evidencia de la paradoja de la modernidad. Ya sabemos que el paradigma de la modernidad es el del hombre, blanco, heterosexual... Y todo lo demás se convierte en otro y tiene que parecerse a ese uno, a ese hombre blanco.

En ese sentido, cuando en las sociedades modernas no se satisface una serie de derechos –necesidades de esos otros–, obviamente hay que hacer política pública. Por tanto, la política pública existe porque hay desigualdad. Es su razón de ser. A esa modernidad y a esa política pública le interesa que la gente se quede en la diferencia.

P. Entonces, desde su punto de vista, las políticas y las luchas que se pudieran plantear desde esta teoría tendrán que estar fuera de la política pública…
R. Totalmente. Creo que son dos niveles muy distintos de actuación y que es una cosa que aquí en Bogotá es impresionante. A partir del multiculturalismo en América Latina, diferentes sujetos sociales se volvieron mucho más reconocidos que antes (los negros, la segunda ola del movimiento de mujeres, los indígenas…) pero siempre eran reconocidos desde “lo otro”. Pienso entonces que lo de la política pública no resuelve el tema de la desigualdad, que lo resuelven las contradicciones, las tensiones y las crisis que se dan entre un movimiento social autónomo y ese Estado.

P. ¿Cómo se llega a eso?
R. Obviamente, eso pasa por adquirir una autonomía de muchos tipos. Al mismo tiempo, la vida cotidiana te pone en una situación en la que, por ejemplo, tienes que pagar impuestos o puedes verte en una situación complicada si eres extranjera. Todas esas cosas hacen que tengas que demandar cosas al Estado, porque precisamente están, entre otras, pagando impuestos. Esa es la gran paradoja de la modernidad: que es muy difícil salir.

Bogotá es un ejemplo de eso: hasta la marcha del orgullo LGBT la organiza la Alcaldía, una cosa totalmente contradictoria. La gente se pelea por que la Alcaldía haga eso, y por ello es muy difícil conseguir tal autonomía.

P. La Subsecretaría que lleva esta política en Bogotá recibe el nombre de Mujer, Géneros y Diversidad Sexual. ¿Qué opinión le merece ese nombre?
R. Creo que la práctica política pública parte de la lógica de que existe un sexo natural (algo que la teoría posestructuralista rechaza) y que lo otro hay que reconocerlo en la diferencia, pero desde la lógica de la tolerancia y de los derechos humanos. La teoría debe tener una correspondencia con la práctica o, por lo menos, guardar un mínimo de coherencia; pero esa coherencia estará determinada por el proyecto político que tiene en mente la gente. Si a la gente le interesa que haya mujeres y hombres, pues tendrá una teoría política que exprese eso. Otras, que tenemos una posición más crítica, diremos que la cosa es mucho más compleja.

P. Pero muchas instituciones políticas de otros países empiezan a rechazar el concepto de “mujer” (en singular), por considerar que serlo no es un hecho natural y porque éste no incluye a mujeres lesbianas, bisexuales y trans. Empiezan a hablar de “mujeres” con el fin de ser menos excluyentes.
R. Porque se trata de una postura determinada, teórica y política. La cuestión es: ¿Qué teoría se reconoce? Dependiendo de ésta, se legitima o no el hecho de ser mujer. Creo que todas las teóricas feministas coincidimos en que la mujer no nace sino que se hace (como dijo en su día Simone de Beauvoir), pero hay diferencias en delimitar cómo se hace ese ser mujer. Creo que la lógica de la mayoría de las políticas públicas es pensar que hay una cosa natural al final, lo que de algún modo permite delimitar lo que es diferente.

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Entrevista Andrea García Becerra

Antropología y feminismo para la trans-formación

Cuando Andrea García habla de la antropología (su profesión) y del feminismo –al que acude reiteradamente desde el reconocimiento–, la entrevistadora que está frente a ella sabe que estos dos campos teóricos son pilares fundamentales en su vida profesional y personal. Dos campos de trabajo en los que ella es experta tras haber realizando una extensa carrera investigadora y un Magíster en Estudios de Género y Teoría Feminista. Pero también la entrevistadora se encuentra con una inteligencia a la vez inquieta y serena. Y es precisamente esa forma particular de ver el mundo lo que le lleva a hablar una vez de “Tacones, siliconas, hormonas, teoría feminista y experiencias trans en Bogotá” (nombre que recibió su tesis de magíster calificada de Meritoria), y otras de su fascinación por el campo y los sistemas de producción.

En la actualidad, Andrea García forma parte del equipo docente de la Pontificia Universidad Javeriana. Allí desarrolla sus conocimientos en genealogías de la cultura, estudios de género y teorías antropológicas contemporáneas. Es, además, una de las muy pocas mujeres trans que ejercen su labor docente en una universidad colombiana. Por todo lo anterior, su pensamiento es una apuesta que pasa por la deconstrucción de lo establecido; un devenir intelectual que le lleva a unir el feminismo y la antropología como mezcla perfecta para alcanzar los objetivos de la lucha trans.

P. En estos momentos, eres una de las pocas mujeres trans docentes en una universidad de Colombia, La Javeriana, el mismo centro académico donde otra mujer trans, Brigitte Baptiste, actual directora del Instituto Alexander von Humboldt, trabaja como docente desde hace ya unos años. ¿Cómo entras a formar parte de este equipo?
R. Empecé como profesora de una cátedra de la asignatura Estudios de Género para el Departamento de Antropología. Luego desarrollé una propuesta de curso a las directivas del mismo departamento, evaluada y aprobada en 2009. En ese momento empiezo a formar parte del equipo, pero no fue hasta el año pasado que –tras un proceso de selección– entré de lleno en la institución universitaria.

P. ¿Cómo recibiste la reciente noticia del cargo directivo alcanzado por Baptiste?
R. He visto a Brigitte y creo que es una persona muy reconocida tanto en el contexto académico como en el de la movilización de las diversidades de género. Me parece genial que una mujer trans ocupe un puesto en las altas esferas científicas y de producción de conocimiento. Creo que es un aporte muy importante a la hora de romper estigmas y visibilizarlas de otra manera, y en otros espacios distintos de los que tradicionalmente se les asignan. Esta posición también tiene un impacto político.

P. Resulta interesante que la Universidad Javeriana (Compañía de Jesús) tenga precisamente una política tan incluyente en las cuestiones de género.
R. Yo creo que dentro del campo religioso, la Compañía tiene unas perspectivas bastante críticas: ha estado cerca de la actividad académica y ha contado con intelectuales prominentes. Cuando empecé a trabajar en la Javeriana entendía que una a veces ve las cosas de manera muy homogeneizante, como, por ejemplo, ocurre cuando se ve la categoría trans desde afuera. Sin embargo, cuando te acercas un poco a ciertos lugares del campo religioso, te das cuenta de que también hay luchas y personas con mentalidades más avanzadas.

P. Tienes conciencia de que tu trayectoria profesional es una excepción y así lo afirmas. ¿Es esto una responsabilidad añadida para ti?
R. Me considero una antropóloga con iguales cargas, responsabilidades y retos que el resto. En ese sentido, me veo como una profesional que está, en alguna forma, compitiendo en ese campo. Pero, de otro lado, pienso que, cuando hay una experiencia no normativa en la identidad, muchas veces el cuerpo mismo se torna casi como espacio político. Es como llevar el manifiesto encarnado. De eso no puedo desligarme y en ocasiones no quiero desligarme.

P. Trabajas sobre todo con gente joven. ¿Hay considerables diferencias generacionales desde que tú misma eras una estudiante de universidad?
R. Creo que sí hay cambios y que especialmente las personas que se interesan por disciplinas como la antropología tienen miradas más abiertas respecto al mundo. Obviamente, no puedo generalizar, pero siento que hay una especial apertura en los chicos y las chicas que ingresan a programas como los de antropología. Eso hace que se relacionen mejor con las identidades no hegemónicas.

P. Como investigadora, has realizado numerosos trabajos. ¿Cuáles de ellos consideras que te han dejado huella?
R. Me gustó mucho un proceso de investigación que hice en San Basilio de Palenque con la comunidad afrodescendiente de la costa norte colombiana. Me pareció muy interesante porque, a partir de él, me acerqué a un capítulo desconocido de la historia de América y de Colombia, que tiene que ver con el proceso de trata esclavista, la resistencia negra, y la confrontación con la corona y la República.

También realicé un trabajo con la Universidad de Antioquia sobre el tema de salud y cultura en el Urabá Antioqueño, lugar de colonización tardía, con una marcada presencia de grupos indígenas, campesinos y negros. Investigamos el tema de asistencia y cuidado a la atención parto y posparto en mujeres indígenas, negras, urbanas y campesinas. Y te hablo de estos proyectos porque son procesos de investigación que se salen del tema de las diversidades de género y de lo LGBT (lesbianas, gays, bisexuales y transgeneristas), ya que recientemente me he dedicado íntegramente al debate sobre género, teoría Queer, y movimiento LGBT.

Por otra parte, el campo y los sistemas de producción agrícola son temas que me apasionan y que quiero retomar.

P. ¿Qué otras investigaciones consideras fundamentales y que, por tanto, deben realizarse en la actualidad en Colombia?
R. Pienso que unas investigaciones que reconozcan los procesos de luchas, de transformación, de construcción de instituciones de impacto cultural, de los movimientos sociales, de los procesos y las políticas de construcción identitaria, de los movimientos de personas marginadas… Es necesaria una investigación que historice y narre esos procesos.

P. En el caso de la cuestión trans, si tuvieras que elegir un punto por el que necesariamente la estrategia tuviera que pasar para hacer que se alcancen los objetivos propuestos, ¿cuál sería?
R. Creo que es necesaria una apuesta por la transformación cultural, de las mentalidades y de las lógicas de funcionamiento del Estado y de las instituciones, con el fin de superar las categorías naturalizadas. Hay que cuestionar el binarismo de género* como estructura y fundamento de la visión y de la división del mundo, tanto de las personas como de las instituciones, ya que ese binarismo es una matriz violenta que permite agredir al otro.

P. ¿Qué teoría o teorías encarnan, desde tu modo de ver, esa misma estrategia?
R. Creo que indudablemente la antropología aporta elementos fundamentales para ese proceso. También, indudablemente, la teoría feminista. Esta es una producción teórica fundamental para estos procesos de reconfiguración, mucho más que la teoría Queer, incluso mucho más que los Gay and Lesbian Studies. Fue el feminismo el movimiento social y la teoría, la postura epistémica que ha permitido esta transformación. Por tanto, antropología y feminismo son una buena mezcla para conseguir propósitos en la lucha trans.

P. Según la Línea de base de política pública para la garantía plena de derechos de las personas LGBT en Bogotá, en el caso de las personas transgeneristas, su presencia en educación media es de un 39,35 por ciento y en básica secundaria de 26,7. El porcentaje de universitarios y universitarias es del 11,9 por ciento y de posgrado de apenas el 1,94. ¿Cuál es tu opinión al respecto?
R. La escuela funciona a partir de una lógica que excluye esas diversidades, y me parece que es muy difícil para una persona trans asumir la identidad en el colegio o en la universidad. El simple hecho de que te llamen por la lista con un nombre que no corresponde a tu identidad de género, todos los días y durante seis años, creo que es una barrera indiscutible.

P. ¿Qué se puede hacer desde la docencia?
R. Cada vez más docentes, de colegios, sobre todo, están acercándose al tema. Pero creo que la labor depende más de otras instancias políticas y educativas, y de las prácticas de los estudiantes y las estudiantes. Puede que un docente proteja tu identidad de género, pero lo que pasa en el patio es otra cosa.
 
P. Tanto las teorías de género como las antropológicas han dejado muchas frases convertidas en lemas, que en numerosas ocasiones han abanderado muchas luchas. Frases como “lo personal es político”, de Kate Millet. ¿Qué lema o lemas representarían tu postura vital y como investigadora?
R. “El otro se construye. Yo soy el otro”, o algo así como “No existe una sola vía”. Una frase que tenga relación con la diferencia y la diversidad.

* El binarismo de género se plantea como la postura que únicamente reconoce la existencia de dos identidades: mujer y hombre; Aquí, un sexo determinado (por ejemplo, el de mujer) se tiene que corresponder con un género y una construcción determinada (heterosexual, pasiva, femenina…).

Hablar de feminismos, géneros, identidades, diversidades… es asunto difícil. Entenderlo y abordarlo nos lleva a mirar en lo más profundo de nuestra construcción como personas y, si queremos acabar con las desigualdades, nos conduce a cuestionarnos y también a veces a transformarnos. Pero, difícil o no, lo cierto es que las cuestiones que trata el género –aunque construcciones sociales– no son temas ficticios. En Colombia y a largo y ancho del mundo, personas reales sufren la violencia también real de ser ‘diferentes’, simplemente porque “lo que no lo es” se ha naturalizado: mujeres a quienes silenciamos por nuestra socialización machista, lesbianas a quienes insultamos por no encarnar esa cultura patriarcal que precisamente no logra silenciarlas, y mujeres trans, a quienes asesinan con especial virulencia y ‘dedicación’, simplemente por ir más allá de lo permitido. Esto pasa cada día en las calles de Bogotá, en las de Colombia, en las avenidas del mundo; y yo ahora tengo la opción de hablarlo con ustedes, debatirlo y analizarlo.

Y lo hago inaugurando esta sección sobre cuestiones de género en un espacio que me ha brindado la posibilidad de hacerlo, bajo el propósito de que este sea un proyecto de pensamientos y debates, y con la ilusión de que genere precisamente eso: pensamientos y debates que vayan más allá de lo institucional y acojan la opinión de todas aquellas personas en Colombia que hayan entendido o no que todas y todos formamos parte de nuestras construcciones de género, y que, por tanto, todas y todos –en alguna forma– nos hemos construido también desde “lo diferente”.

Les espero, entonces, en el pensamiento y en el debate. Sean bienvenid@s.

Todas las mujeres lesbianas fueron expulsadas de la National Organization for Women en 1970 tras una manifestación de la escritora y activista Rita Mae Brown en la que se declaraba como tal. Esto no le sentó muy bien en Estados Unidos al movimiento de mujeres y tampoco le sentaron bien a Mae los intentos de la ONM de distanciarse de las organizaciones de lesbianas.

Varias décadas después, el asunto sigue siendo complejo, y, aunque desde las diferentes teorías de género (sobre todo posestructuralistas) conseguir la equidad pasa por cuestionar la heterosexualidad obligatoria, siguen sin existir tales articulaciones desde las políticas públicas dirigidas a mujeres. Tampoco en el caso de Bogotá. Porque, aunque es una misma Subsecretaría (Mujer, Géneros y Diversidad Sexual) la que acoge ambas direcciones (Dirección de Diversidad de Sexual y Dirección de Derechos, Desarrollo e Igualdad de Oportunidades para la Equidad de Géneros), la separación entre las mismas es notable y fácilmente palpable. A pesar de que el género no es sólo una cuestión de hombres y mujeres, y a pesar de que una política de género completa debiera pasar –según diferentes teorías y activismos– por el cuestionamiento del heterocentrismo, diversidad de género y género –aquí– son cosas distintas.

Tal es así que las dos direcciones ni siquiera comparten el mismo espacio virtual que ofrece la Secretaría Distrital de Planeación, a la cual pertenece la Subsecretaría. La Dirección de Derechos, Desarrollo e Igualdad de Oportunidades (es decir, la que desarrolla políticas para lograr, según su nombre, igualdad para las mujeres) ha optado por definirse y anunciarse en un espacio propio, separado de “las diversidades sexuales”. Todo ello a pesar de que el decreto que regula el funcionamiento de esta Dirección (Nº 256 de 25 de junio 2007) la obliga a “dirigir las acciones necesarias que posibiliten la coordinación interinstitucional requerida para articular sus planes y proyectos con las políticas públicas de mujeres, géneros y diversidad sexual”.

No parece que la opción de separarse de este espacio (Planeación), al que se encuentra organizacionalmente ligada esta dirección y en el que quedaría también unida a la de Diversidad Sexual (formando ambas la Subsecretaría), ayude a que se propicie esta articulación referida en el decreto, ni siquiera visualmente hablando. ¿Por qué, a pesar de lo que éste dice, la Dirección ha preferido presentarse en forma autónoma? ¿Qué ocurre cuando una política que procura garantizar la igualdad para todas las mujeres evita la articulación con mujeres lesbianas, bisexuales y mujeres trans? ¿Qué ocurre cuando una política de géneros no se refiere a los géneros desde más de un punto de vista ni acude a la violencia que el heterocentrismo genera en todas las mujeres?

Para abordarlo, dos expertas en cuestiones de género nos trasladan sus puntos de vista al respecto de esta política pública, desarrollada en el Distrito desde la experiencia política, la académica y la activista. ¿Por qué elegimos a Bogotá para este análisis? Pues porque, a pesar de que los derechos de las personas LGBT hayan sido tratados desde ciudades como Medellín, Cali y Pasto, fue Bogotá la primera ciudad y la primera capital latinoamericana en abrir una dirección específica sobre diversidad sexual. Y por ser también la ciudad que, en su día, hizo una apuesta fuerte por las ‘diversidades’ desde el Distrito.

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Patriarcado y heterocentrismo: los dos ejes del mal

Recordarán a Liza García por ser la primera directora de Diversidad Sexual en Bogotá. Fue la persona que movilizó la primera política de este tipo en Latinoamérica (Política pública para la garantía plena de derechos de lesbianas, gays, bisexuales y trans) y quien impulsó el desarrollo de la política pública para la garantía de derechos de lesbianas, gays, bisexuales y trans en la ciudad. Hace poco más de un año que no está en ese cargo por decisión propia. La causa: un Máster en Género, Identidad y Ciudadanía que decidió emprender en España.

P. En su trayectoria vital, tiene en su haber el conocimiento de las teorías de género y, por la otra, el conocimiento político, estratégico, que le dio su cargo como directora de la Dirección de Diversidad Sexual durante 2008-2009. ¿Es difícil articular esos dos campos?
R. Yo creo que sí porque las teorías de género plantean rupturas fundamentales de estructuras sociales que se encuentran muy arraigadas entre las personas, sobre todo en ciertas culturas. En ese sentido, el desarrollo de esa articulación de lo estratégico y lo político con las teorías es utópico en cierta medida, y desarrollarlas con congruencia constituye una dificultad grandísima.

Las construcciones de género hegemónicas que las teorías quieren romper son precisamente el primer obstáculo con el que se encuentran las políticas públicas. Sobre todo porque quienes las desarrollan son personas que crecieron en un contexto específico, bajo una determinada construcción de género, y eso hace que tal construcción delimite el desarrollo de las políticas que buscan la equidad de género para mujeres y hombres, y el reconocimiento de los derechos de personas, en este caso, de sectores LGBT.

P. ¿Considera que género y diversidad sexual hablan de lo mismo?
R. Creo que no hablan de lo mismo pero sí que se interrelacionan. Cuando hablamos de construcciones de género, estamos hablando de las formas en que nos construimos como personas (como hombres, como mujeres o como personas que no quieren encasillarse en ninguna de esas dos categorías), y eso implica hablar precisamente de las orientaciones sexuales que asumimos, de por qué las asumimos. El género implica hablar también de la construcción de la orientación sexual o de la identidad de género.

En el momento en el cual desarrollaba la Dirección, lo afirmaba y sigo afirmándolo como activista y como interesada académicamente en estas cuestiones: creo que las luchas por la ruptura del sistema patriarcal y por el reconocimiento de los derechos de personas que no tienen una orientación heterosexual y que no tienen una identidad de género como la espera todo el mundo son complementarias. No se puede subvertir el orden social para que las mujeres tengan equidad en relación con los hombres sin trabajar en la deconstrucción de las orientaciones sexuales y las identidades de género. Yo decía a manera de broma que son los dos ejes del mal: el patriarcado y el heterocentrismo.

P. ¿Considera que desde la Subsecretaría de Mujer, Géneros y Diversidad Sexual de Bogotá, género y diversidad se relacionan y se complementan de la manera que dice?
R. No puedo hablar del papel en este momento de la Subsecretaría, ya que llevo un año fuera de lo que implicó el trabajo de la Dirección, pero al menos en el tiempo en que yo estuve, en la misma encontré muchas dificultades para articular el trabajo de las mujeres con mujeres lesbianas, bisexuales y trans. Creo que hace falta un real trabajo articulado entre ambas Direcciones y que no existe tal trabajo.

En ocasiones, la política pública, por ejemplo, en mujeres, no reconoce el desarrollo de las mujeres trans ni lo apropia como parte de una de sus banderas. Tampoco frente a las mujeres lesbianas y bisexuales, y creo que eso hace falta. Pienso que se ha dejado de lado este tema en la política de mujeres, sólo porque existe una Dirección de diversidad sexual. Yo me pregunto si esto mismo pudiera pasar si se creara una dirección para las personas afro o si se crea una dirección para las personas en condiciones de discapacidad. Pienso que la política en esos supuestos sería menos excluyente.

P. ¿Considera que la Subsecretaría desarrolla políticas para todas las mujeres de Bogotá?
R. No, definitivamente no. Y, además, me hago otra pregunta: ¿Considera que la política de derechos para las personas LGBT hace política LGBT para todas las personas? No. Esta dirección no ha hecho hasta el momento, por ejemplo, una acción afirmativa del tema de VIH en lesbianas, gays, bisexuales y trans.

Por tanto, creo que ninguna de las dos políticas es completa; y creo que la política pública de derechos de personas de los sectores LGBT reconoce claramente el tema de género. Reconoce el género como una construcción fundamental para trabajar las orientaciones sexuales no hegemónicas y las identidades de género. Lo que yo no tengo claro es que el Plan de igualdad de oportunidades para la equidad de género en el Distrito Capital 2004-2016 reconozca –además de estar en el papel– a las mujeres lesbianas, bisexuales y trans. Eso creo que no está allí.

P. ¿Cuál es, desde su entender, la opción de funcionamiento idónea para articular estas dos políticas?
R. Inicialmente, no creer que quien tenga más plata es quien va necesariamente a tener mayor impacto. No sé si sea el momento para que trabajen en un solo proyecto porque reconozco la necesidad de hacer acciones específicas. Mi propuesta alternativa fuera seguir trabajando por direcciones diferenciadas pero sin que haya una pelea tan ardua por la lucha de los recursos. Creo que, por lo menos, se debieran reconocer las perspectivas de género en general, no sólo desde la orientación sexual o la identidad de género, y no sólo desde otras aristas que no sean la orientación sexual o la identidad de género.

Además, debe haber una revaluación al respecto para convertir estas políticas en políticas de primer grado, tan importantes como, por ejemplo, las políticas públicas de transporte. Deben ser, además, políticas transversales que afecten a todas las Direcciones. El tema de género es tan importante o incluso más que eso, y aquí parece un añadido. Resultan ser incluso políticas muy incómodas para la administración.

P. ¿Y en lo que respecta a los movimientos sociales?
R. Las políticas públicas han arrasado con la agenda propia de los movimientos. Ya no hay ni 28 de junio ni 25 de noviembre sin que el Distrito esté liderándolo. No hay 28 de junio sin que las organizaciones tengan que ir al Distrito para que les apoyen la marcha. Asimismo, necesitamos un movimiento social autónomo que pueda generar su propia transformación desde sus haceres, y eso no existe ahora en Bogotá.

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La política pública no resuelve la desigualdad

Ochi Curiel está unida al activismo y también a la teoría desde la Academia. Es coordinadora curricular de los posgrados de la Escuela de Estudios de Género de la Universidad Nacional de Colombia, Magíster en Antropología Social y experta igualmente en el pensamiento y la teoría feminista latinoamericana y caribeña. Asimismo, es activista y teórica lésbico-feminista del movimiento afro.

P. ¿Cuál es su opinión sobre una investigación teórica o un trabajo sobre género que no tenga en cuenta la cuestión de la sexualidad, de las orientaciones sexuales y del heterocentrismo?
R. No es en ese caso un trabajo feminista. Creo que el género es una categoría analítica que te permite visualizar efectos diferenciadores entre hombres y mujeres y, en ese sentido, fue una categoría muy importante para el movimiento feminista y para la Academia también, porque permitió evidenciar esos efectos diferenciales del sexismo. Sin embargo, es una categoría muy heterocentrada y binaria, ya que parte del hecho de que hay grupos de hombres y grupos de mujeres. En tal sentido, el nivel de institucionalización de la categoría (no sólo por la Academia sino también por la cooperación internacional, las ONG, etcétera) despolitizó este término que en algún momento pudo ser interesante. Ahora, cualquier cosa es género, como, por ejemplo, incluir a las mujeres o los hombres; y es cierto que todo eso es género, pero a la hora de hacer referencia a un feminismo que no se limite siempre a evidenciar las diferencias que existen entre hombres y mujeres, es una categoría que no sirve mucho.

Creo que una visión feminista mucho más crítica e integrada debe abordar el tema de la sexualidad. Creo que nos conviene más hablar del régimen de la heterosexualidad, ya que, cuando hablamos de sexualidad, estamos hablando de cuál es esa lógica que ha impuesto la sociedad patriarcal-masculinista sobre qué es lo que prioritariamente es la sexualidad. Sobre todo, las lesbianas feministas creemos que la heterosexualidad es el régimen; es la sexualidad.

P. Hablando del régimen de la heterosexualidad, ¿considera que las políticas públicas de género en Bogotá tienen también en cuenta este lineamiento?
R. No lo tiene, y además es normal que no la tenga. Para mí, la política pública es la evidencia de la paradoja de la modernidad. Ya sabemos que el paradigma de la modernidad es el del hombre, blanco, heterosexual... Y todo lo demás se convierte en otro y tiene que parecerse a ese uno, a ese hombre blanco.

En ese sentido, cuando en las sociedades modernas no se satisface una serie de derechos –necesidades de esos otros–, obviamente hay que hacer política pública. Por tanto, la política pública existe porque hay desigualdad. Es su razón de ser. A esa modernidad y a esa política pública le interesa que la gente se quede en la diferencia.

P. Entonces, desde su punto de vista, las políticas y las luchas que se pudieran plantear desde esta teoría tendrán que estar fuera de la política pública…
R. Totalmente. Creo que son dos niveles muy distintos de actuación y que es una cosa que aquí en Bogotá es impresionante. A partir del multiculturalismo en América Latina, diferentes sujetos sociales se volvieron mucho más reconocidos que antes (los negros, la segunda ola del movimiento de mujeres, los indígenas…) pero siempre eran reconocidos desde “lo otro”. Pienso entonces que lo de la política pública no resuelve el tema de la desigualdad, que lo resuelven las contradicciones, las tensiones y las crisis que se dan entre un movimiento social autónomo y ese Estado.

P. ¿Cómo se llega a eso?
R. Obviamente, eso pasa por adquirir una autonomía de muchos tipos. Al mismo tiempo, la vida cotidiana te pone en una situación en la que, por ejemplo, tienes que pagar impuestos o puedes verte en una situación complicada si eres extranjera. Todas esas cosas hacen que tengas que demandar cosas al Estado, porque precisamente están, entre otras, pagando impuestos. Esa es la gran paradoja de la modernidad: que es muy difícil salir.

Bogotá es un ejemplo de eso: hasta la marcha del orgullo LGBT la organiza la Alcaldía, una cosa totalmente contradictoria. La gente se pelea por que la Alcaldía haga eso, y por ello es muy difícil conseguir tal autonomía.

P. La Subsecretaría que lleva esta política en Bogotá recibe el nombre de Mujer, Géneros y Diversidad Sexual. ¿Qué opinión le merece ese nombre?
R. Creo que la práctica política pública parte de la lógica de que existe un sexo natural (algo que la teoría posestructuralista rechaza) y que lo otro hay que reconocerlo en la diferencia, pero desde la lógica de la tolerancia y de los derechos humanos. La teoría debe tener una correspondencia con la práctica o, por lo menos, guardar un mínimo de coherencia; pero esa coherencia estará determinada por el proyecto político que tiene en mente la gente. Si a la gente le interesa que haya mujeres y hombres, pues tendrá una teoría política que exprese eso. Otras, que tenemos una posición más crítica, diremos que la cosa es mucho más compleja.

P. Pero muchas instituciones políticas de otros países empiezan a rechazar el concepto de “mujer” (en singular), por considerar que serlo no es un hecho natural y porque éste no incluye a mujeres lesbianas, bisexuales y trans. Empiezan a hablar de “mujeres” con el fin de ser menos excluyentes.
R. Porque se trata de una postura determinada, teórica y política. La cuestión es: ¿Qué teoría se reconoce? Dependiendo de ésta, se legitima o no el hecho de ser mujer. Creo que todas las teóricas feministas coincidimos en que la mujer no nace sino que se hace (como dijo en su día Simone de Beauvoir), pero hay diferencias en delimitar cómo se hace ese ser mujer. Creo que la lógica de la mayoría de las políticas públicas es pensar que hay una cosa natural al final, lo que de algún modo permite delimitar lo que es diferente.

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Entrevista Andrea García Becerra

Antropología y feminismo para la trans-formación

Cuando Andrea García habla de la antropología (su profesión) y del feminismo –al que acude reiteradamente desde el reconocimiento–, la entrevistadora que está frente a ella sabe que estos dos campos teóricos son pilares fundamentales en su vida profesional y personal. Dos campos de trabajo en los que ella es experta tras haber realizando una extensa carrera investigadora y un Magíster en Estudios de Género y Teoría Feminista. Pero también la entrevistadora se encuentra con una inteligencia a la vez inquieta y serena. Y es precisamente esa forma particular de ver el mundo lo que le lleva a hablar una vez de “Tacones, siliconas, hormonas, teoría feminista y experiencias trans en Bogotá” (nombre que recibió su tesis de magíster calificada de Meritoria), y otras de su fascinación por el campo y los sistemas de producción.

En la actualidad, Andrea García forma parte del equipo docente de la Pontificia Universidad Javeriana. Allí desarrolla sus conocimientos en genealogías de la cultura, estudios de género y teorías antropológicas contemporáneas. Es, además, una de las muy pocas mujeres trans que ejercen su labor docente en una universidad colombiana. Por todo lo anterior, su pensamiento es una apuesta que pasa por la deconstrucción de lo establecido; un devenir intelectual que le lleva a unir el feminismo y la antropología como mezcla perfecta para alcanzar los objetivos de la lucha trans.

P. En estos momentos, eres una de las pocas mujeres trans docentes en una universidad de Colombia, La Javeriana, el mismo centro académico donde otra mujer trans, Brigitte Baptiste, actual directora del Instituto Alexander von Humboldt, trabaja como docente desde hace ya unos años. ¿Cómo entras a formar parte de este equipo?
R. Empecé como profesora de una cátedra de la asignatura Estudios de Género para el Departamento de Antropología. Luego desarrollé una propuesta de curso a las directivas del mismo departamento, evaluada y aprobada en 2009. En ese momento empiezo a formar parte del equipo, pero no fue hasta el año pasado que –tras un proceso de selección– entré de lleno en la institución universitaria.

P. ¿Cómo recibiste la reciente noticia del cargo directivo alcanzado por Baptiste?
R. He visto a Brigitte y creo que es una persona muy reconocida tanto en el contexto académico como en el de la movilización de las diversidades de género. Me parece genial que una mujer trans ocupe un puesto en las altas esferas científicas y de producción de conocimiento. Creo que es un aporte muy importante a la hora de romper estigmas y visibilizarlas de otra manera, y en otros espacios distintos de los que tradicionalmente se les asignan. Esta posición también tiene un impacto político.

P. Resulta interesante que la Universidad Javeriana (Compañía de Jesús) tenga precisamente una política tan incluyente en las cuestiones de género.
R. Yo creo que dentro del campo religioso, la Compañía tiene unas perspectivas bastante críticas: ha estado cerca de la actividad académica y ha contado con intelectuales prominentes. Cuando empecé a trabajar en la Javeriana entendía que una a veces ve las cosas de manera muy homogeneizante, como, por ejemplo, ocurre cuando se ve la categoría trans desde afuera. Sin embargo, cuando te acercas un poco a ciertos lugares del campo religioso, te das cuenta de que también hay luchas y personas con mentalidades más avanzadas.

P. Tienes conciencia de que tu trayectoria profesional es una excepción y así lo afirmas. ¿Es esto una responsabilidad añadida para ti?
R. Me considero una antropóloga con iguales cargas, responsabilidades y retos que el resto. En ese sentido, me veo como una profesional que está, en alguna forma, compitiendo en ese campo. Pero, de otro lado, pienso que, cuando hay una experiencia no normativa en la identidad, muchas veces el cuerpo mismo se torna casi como espacio político. Es como llevar el manifiesto encarnado. De eso no puedo desligarme y en ocasiones no quiero desligarme.

P. Trabajas sobre todo con gente joven. ¿Hay considerables diferencias generacionales desde que tú misma eras una estudiante de universidad?
R. Creo que sí hay cambios y que especialmente las personas que se interesan por disciplinas como la antropología tienen miradas más abiertas respecto al mundo. Obviamente, no puedo generalizar, pero siento que hay una especial apertura en los chicos y las chicas que ingresan a programas como los de antropología. Eso hace que se relacionen mejor con las identidades no hegemónicas.

P. Como investigadora, has realizado numerosos trabajos. ¿Cuáles de ellos consideras que te han dejado huella?
R. Me gustó mucho un proceso de investigación que hice en San Basilio de Palenque con la comunidad afrodescendiente de la costa norte colombiana. Me pareció muy interesante porque, a partir de él, me acerqué a un capítulo desconocido de la historia de América y de Colombia, que tiene que ver con el proceso de trata esclavista, la resistencia negra, y la confrontación con la corona y la República.

También realicé un trabajo con la Universidad de Antioquia sobre el tema de salud y cultura en el Urabá Antioqueño, lugar de colonización tardía, con una marcada presencia de grupos indígenas, campesinos y negros. Investigamos el tema de asistencia y cuidado a la atención parto y posparto en mujeres indígenas, negras, urbanas y campesinas. Y te hablo de estos proyectos porque son procesos de investigación que se salen del tema de las diversidades de género y de lo LGBT (lesbianas, gays, bisexuales y transgeneristas), ya que recientemente me he dedicado íntegramente al debate sobre género, teoría Queer, y movimiento LGBT.

Por otra parte, el campo y los sistemas de producción agrícola son temas que me apasionan y que quiero retomar.

P. ¿Qué otras investigaciones consideras fundamentales y que, por tanto, deben realizarse en la actualidad en Colombia?
R. Pienso que unas investigaciones que reconozcan los procesos de luchas, de transformación, de construcción de instituciones de impacto cultural, de los movimientos sociales, de los procesos y las políticas de construcción identitaria, de los movimientos de personas marginadas… Es necesaria una investigación que historice y narre esos procesos.

P. En el caso de la cuestión trans, si tuvieras que elegir un punto por el que necesariamente la estrategia tuviera que pasar para hacer que se alcancen los objetivos propuestos, ¿cuál sería?
R. Creo que es necesaria una apuesta por la transformación cultural, de las mentalidades y de las lógicas de funcionamiento del Estado y de las instituciones, con el fin de superar las categorías naturalizadas. Hay que cuestionar el binarismo de género* como estructura y fundamento de la visión y de la división del mundo, tanto de las personas como de las instituciones, ya que ese binarismo es una matriz violenta que permite agredir al otro.

P. ¿Qué teoría o teorías encarnan, desde tu modo de ver, esa misma estrategia?
R. Creo que indudablemente la antropología aporta elementos fundamentales para ese proceso. También, indudablemente, la teoría feminista. Esta es una producción teórica fundamental para estos procesos de reconfiguración, mucho más que la teoría Queer, incluso mucho más que los Gay and Lesbian Studies. Fue el feminismo el movimiento social y la teoría, la postura epistémica que ha permitido esta transformación. Por tanto, antropología y feminismo son una buena mezcla para conseguir propósitos en la lucha trans.

P. Según la Línea de base de política pública para la garantía plena de derechos de las personas LGBT en Bogotá, en el caso de las personas transgeneristas, su presencia en educación media es de un 39,35 por ciento y en básica secundaria de 26,7. El porcentaje de universitarios y universitarias es del 11,9 por ciento y de posgrado de apenas el 1,94. ¿Cuál es tu opinión al respecto?
R. La escuela funciona a partir de una lógica que excluye esas diversidades, y me parece que es muy difícil para una persona trans asumir la identidad en el colegio o en la universidad. El simple hecho de que te llamen por la lista con un nombre que no corresponde a tu identidad de género, todos los días y durante seis años, creo que es una barrera indiscutible.

P. ¿Qué se puede hacer desde la docencia?
R. Cada vez más docentes, de colegios, sobre todo, están acercándose al tema. Pero creo que la labor depende más de otras instancias políticas y educativas, y de las prácticas de los estudiantes y las estudiantes. Puede que un docente proteja tu identidad de género, pero lo que pasa en el patio es otra cosa.
 
P. Tanto las teorías de género como las antropológicas han dejado muchas frases convertidas en lemas, que en numerosas ocasiones han abanderado muchas luchas. Frases como “lo personal es político”, de Kate Millet. ¿Qué lema o lemas representarían tu postura vital y como investigadora?
R. “El otro se construye. Yo soy el otro”, o algo así como “No existe una sola vía”. Una frase que tenga relación con la diferencia y la diversidad.

* El binarismo de género se plantea como la postura que únicamente reconoce la existencia de dos identidades: mujer y hombre; Aquí, un sexo determinado (por ejemplo, el de mujer) se tiene que corresponder con un género y una construcción determinada (heterosexual, pasiva, femenina…).

Hablar de feminismos, géneros, identidades, diversidades… es asunto difícil. Entenderlo y abordarlo nos lleva a mirar en lo más profundo de nuestra construcción como personas y, si queremos acabar con las desigualdades, nos conduce a cuestionarnos y también a veces a transformarnos. Pero, difícil o no, lo cierto es que las cuestiones que trata el género –aunque construcciones sociales– no son temas ficticios. En Colombia y a largo y ancho del mundo, personas reales sufren la violencia también real de ser ‘diferentes’, simplemente porque “lo que no lo es” se ha naturalizado: mujeres a quienes silenciamos por nuestra socialización machista, lesbianas a quienes insultamos por no encarnar esa cultura patriarcal que precisamente no logra silenciarlas, y mujeres trans, a quienes asesinan con especial virulencia y ‘dedicación’, simplemente por ir más allá de lo permitido. Esto pasa cada día en las calles de Bogotá, en las de Colombia, en las avenidas del mundo; y yo ahora tengo la opción de hablarlo con ustedes, debatirlo y analizarlo.

Y lo hago inaugurando esta sección sobre cuestiones de género en un espacio que me ha brindado la posibilidad de hacerlo, bajo el propósito de que este sea un proyecto de pensamientos y debates, y con la ilusión de que genere precisamente eso: pensamientos y debates que vayan más allá de lo institucional y acojan la opinión de todas aquellas personas en Colombia que hayan entendido o no que todas y todos formamos parte de nuestras construcciones de género, y que, por tanto, todas y todos –en alguna forma– nos hemos construido también desde “lo diferente”.

Les espero, entonces, en el pensamiento y en el debate. Sean bienvenid@s.

Todas las mujeres lesbianas fueron expulsadas de la National Organization for Women en 1970 tras una manifestación de la escritora y activista Rita Mae Brown en la que se declaraba como tal. Esto no le sentó muy bien en Estados Unidos al movimiento de mujeres y tampoco le sentaron bien a Mae los intentos de la ONM de distanciarse de las organizaciones de lesbianas.

Varias décadas después, el asunto sigue siendo complejo, y, aunque desde las diferentes teorías de género (sobre todo posestructuralistas) conseguir la equidad pasa por cuestionar la heterosexualidad obligatoria, siguen sin existir tales articulaciones desde las políticas públicas dirigidas a mujeres. Tampoco en el caso de Bogotá. Porque, aunque es una misma Subsecretaría (Mujer, Géneros y Diversidad Sexual) la que acoge ambas direcciones (Dirección de Diversidad de Sexual y Dirección de Derechos, Desarrollo e Igualdad de Oportunidades para la Equidad de Géneros), la separación entre las mismas es notable y fácilmente palpable. A pesar de que el género no es sólo una cuestión de hombres y mujeres, y a pesar de que una política de género completa debiera pasar –según diferentes teorías y activismos– por el cuestionamiento del heterocentrismo, diversidad de género y género –aquí– son cosas distintas.

Tal es así que las dos direcciones ni siquiera comparten el mismo espacio virtual que ofrece la Secretaría Distrital de Planeación, a la cual pertenece la Subsecretaría. La Dirección de Derechos, Desarrollo e Igualdad de Oportunidades (es decir, la que desarrolla políticas para lograr, según su nombre, igualdad para las mujeres) ha optado por definirse y anunciarse en un espacio propio, separado de “las diversidades sexuales”. Todo ello a pesar de que el decreto que regula el funcionamiento de esta Dirección (Nº 256 de 25 de junio 2007) la obliga a “dirigir las acciones necesarias que posibiliten la coordinación interinstitucional requerida para articular sus planes y proyectos con las políticas públicas de mujeres, géneros y diversidad sexual”.

No parece que la opción de separarse de este espacio (Planeación), al que se encuentra organizacionalmente ligada esta dirección y en el que quedaría también unida a la de Diversidad Sexual (formando ambas la Subsecretaría), ayude a que se propicie esta articulación referida en el decreto, ni siquiera visualmente hablando. ¿Por qué, a pesar de lo que éste dice, la Dirección ha preferido presentarse en forma autónoma? ¿Qué ocurre cuando una política que procura garantizar la igualdad para todas las mujeres evita la articulación con mujeres lesbianas, bisexuales y mujeres trans? ¿Qué ocurre cuando una política de géneros no se refiere a los géneros desde más de un punto de vista ni acude a la violencia que el heterocentrismo genera en todas las mujeres?

Para abordarlo, dos expertas en cuestiones de género nos trasladan sus puntos de vista al respecto de esta política pública, desarrollada en el Distrito desde la experiencia política, la académica y la activista. ¿Por qué elegimos a Bogotá para este análisis? Pues porque, a pesar de que los derechos de las personas LGBT hayan sido tratados desde ciudades como Medellín, Cali y Pasto, fue Bogotá la primera ciudad y la primera capital latinoamericana en abrir una dirección específica sobre diversidad sexual. Y por ser también la ciudad que, en su día, hizo una apuesta fuerte por las ‘diversidades’ desde el Distrito.

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Patriarcado y heterocentrismo: los dos ejes del mal

Recordarán a Liza García por ser la primera directora de Diversidad Sexual en Bogotá. Fue la persona que movilizó la primera política de este tipo en Latinoamérica (Política pública para la garantía plena de derechos de lesbianas, gays, bisexuales y trans) y quien impulsó el desarrollo de la política pública para la garantía de derechos de lesbianas, gays, bisexuales y trans en la ciudad. Hace poco más de un año que no está en ese cargo por decisión propia. La causa: un Máster en Género, Identidad y Ciudadanía que decidió emprender en España.

P. En su trayectoria vital, tiene en su haber el conocimiento de las teorías de género y, por la otra, el conocimiento político, estratégico, que le dio su cargo como directora de la Dirección de Diversidad Sexual durante 2008-2009. ¿Es difícil articular esos dos campos?
R. Yo creo que sí porque las teorías de género plantean rupturas fundamentales de estructuras sociales que se encuentran muy arraigadas entre las personas, sobre todo en ciertas culturas. En ese sentido, el desarrollo de esa articulación de lo estratégico y lo político con las teorías es utópico en cierta medida, y desarrollarlas con congruencia constituye una dificultad grandísima.

Las construcciones de género hegemónicas que las teorías quieren romper son precisamente el primer obstáculo con el que se encuentran las políticas públicas. Sobre todo porque quienes las desarrollan son personas que crecieron en un contexto específico, bajo una determinada construcción de género, y eso hace que tal construcción delimite el desarrollo de las políticas que buscan la equidad de género para mujeres y hombres, y el reconocimiento de los derechos de personas, en este caso, de sectores LGBT.

P. ¿Considera que género y diversidad sexual hablan de lo mismo?
R. Creo que no hablan de lo mismo pero sí que se interrelacionan. Cuando hablamos de construcciones de género, estamos hablando de las formas en que nos construimos como personas (como hombres, como mujeres o como personas que no quieren encasillarse en ninguna de esas dos categorías), y eso implica hablar precisamente de las orientaciones sexuales que asumimos, de por qué las asumimos. El género implica hablar también de la construcción de la orientación sexual o de la identidad de género.

En el momento en el cual desarrollaba la Dirección, lo afirmaba y sigo afirmándolo como activista y como interesada académicamente en estas cuestiones: creo que las luchas por la ruptura del sistema patriarcal y por el reconocimiento de los derechos de personas que no tienen una orientación heterosexual y que no tienen una identidad de género como la espera todo el mundo son complementarias. No se puede subvertir el orden social para que las mujeres tengan equidad en relación con los hombres sin trabajar en la deconstrucción de las orientaciones sexuales y las identidades de género. Yo decía a manera de broma que son los dos ejes del mal: el patriarcado y el heterocentrismo.

P. ¿Considera que desde la Subsecretaría de Mujer, Géneros y Diversidad Sexual de Bogotá, género y diversidad se relacionan y se complementan de la manera que dice?
R. No puedo hablar del papel en este momento de la Subsecretaría, ya que llevo un año fuera de lo que implicó el trabajo de la Dirección, pero al menos en el tiempo en que yo estuve, en la misma encontré muchas dificultades para articular el trabajo de las mujeres con mujeres lesbianas, bisexuales y trans. Creo que hace falta un real trabajo articulado entre ambas Direcciones y que no existe tal trabajo.

En ocasiones, la política pública, por ejemplo, en mujeres, no reconoce el desarrollo de las mujeres trans ni lo apropia como parte de una de sus banderas. Tampoco frente a las mujeres lesbianas y bisexuales, y creo que eso hace falta. Pienso que se ha dejado de lado este tema en la política de mujeres, sólo porque existe una Dirección de diversidad sexual. Yo me pregunto si esto mismo pudiera pasar si se creara una dirección para las personas afro o si se crea una dirección para las personas en condiciones de discapacidad. Pienso que la política en esos supuestos sería menos excluyente.

P. ¿Considera que la Subsecretaría desarrolla políticas para todas las mujeres de Bogotá?
R. No, definitivamente no. Y, además, me hago otra pregunta: ¿Considera que la política de derechos para las personas LGBT hace política LGBT para todas las personas? No. Esta dirección no ha hecho hasta el momento, por ejemplo, una acción afirmativa del tema de VIH en lesbianas, gays, bisexuales y trans.

Por tanto, creo que ninguna de las dos políticas es completa; y creo que la política pública de derechos de personas de los sectores LGBT reconoce claramente el tema de género. Reconoce el género como una construcción fundamental para trabajar las orientaciones sexuales no hegemónicas y las identidades de género. Lo que yo no tengo claro es que el Plan de igualdad de oportunidades para la equidad de género en el Distrito Capital 2004-2016 reconozca –además de estar en el papel– a las mujeres lesbianas, bisexuales y trans. Eso creo que no está allí.

P. ¿Cuál es, desde su entender, la opción de funcionamiento idónea para articular estas dos políticas?
R. Inicialmente, no creer que quien tenga más plata es quien va necesariamente a tener mayor impacto. No sé si sea el momento para que trabajen en un solo proyecto porque reconozco la necesidad de hacer acciones específicas. Mi propuesta alternativa fuera seguir trabajando por direcciones diferenciadas pero sin que haya una pelea tan ardua por la lucha de los recursos. Creo que, por lo menos, se debieran reconocer las perspectivas de género en general, no sólo desde la orientación sexual o la identidad de género, y no sólo desde otras aristas que no sean la orientación sexual o la identidad de género.

Además, debe haber una revaluación al respecto para convertir estas políticas en políticas de primer grado, tan importantes como, por ejemplo, las políticas públicas de transporte. Deben ser, además, políticas transversales que afecten a todas las Direcciones. El tema de género es tan importante o incluso más que eso, y aquí parece un añadido. Resultan ser incluso políticas muy incómodas para la administración.

P. ¿Y en lo que respecta a los movimientos sociales?
R. Las políticas públicas han arrasado con la agenda propia de los movimientos. Ya no hay ni 28 de junio ni 25 de noviembre sin que el Distrito esté liderándolo. No hay 28 de junio sin que las organizaciones tengan que ir al Distrito para que les apoyen la marcha. Asimismo, necesitamos un movimiento social autónomo que pueda generar su propia transformación desde sus haceres, y eso no existe ahora en Bogotá.

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La política pública no resuelve la desigualdad

Ochi Curiel está unida al activismo y también a la teoría desde la Academia. Es coordinadora curricular de los posgrados de la Escuela de Estudios de Género de la Universidad Nacional de Colombia, Magíster en Antropología Social y experta igualmente en el pensamiento y la teoría feminista latinoamericana y caribeña. Asimismo, es activista y teórica lésbico-feminista del movimiento afro.

P. ¿Cuál es su opinión sobre una investigación teórica o un trabajo sobre género que no tenga en cuenta la cuestión de la sexualidad, de las orientaciones sexuales y del heterocentrismo?
R. No es en ese caso un trabajo feminista. Creo que el género es una categoría analítica que te permite visualizar efectos diferenciadores entre hombres y mujeres y, en ese sentido, fue una categoría muy importante para el movimiento feminista y para la Academia también, porque permitió evidenciar esos efectos diferenciales del sexismo. Sin embargo, es una categoría muy heterocentrada y binaria, ya que parte del hecho de que hay grupos de hombres y grupos de mujeres. En tal sentido, el nivel de institucionalización de la categoría (no sólo por la Academia sino también por la cooperación internacional, las ONG, etcétera) despolitizó este término que en algún momento pudo ser interesante. Ahora, cualquier cosa es género, como, por ejemplo, incluir a las mujeres o los hombres; y es cierto que todo eso es género, pero a la hora de hacer referencia a un feminismo que no se limite siempre a evidenciar las diferencias que existen entre hombres y mujeres, es una categoría que no sirve mucho.

Creo que una visión feminista mucho más crítica e integrada debe abordar el tema de la sexualidad. Creo que nos conviene más hablar del régimen de la heterosexualidad, ya que, cuando hablamos de sexualidad, estamos hablando de cuál es esa lógica que ha impuesto la sociedad patriarcal-masculinista sobre qué es lo que prioritariamente es la sexualidad. Sobre todo, las lesbianas feministas creemos que la heterosexualidad es el régimen; es la sexualidad.

P. Hablando del régimen de la heterosexualidad, ¿considera que las políticas públicas de género en Bogotá tienen también en cuenta este lineamiento?
R. No lo tiene, y además es normal que no la tenga. Para mí, la política pública es la evidencia de la paradoja de la modernidad. Ya sabemos que el paradigma de la modernidad es el del hombre, blanco, heterosexual... Y todo lo demás se convierte en otro y tiene que parecerse a ese uno, a ese hombre blanco.

En ese sentido, cuando en las sociedades modernas no se satisface una serie de derechos –necesidades de esos otros–, obviamente hay que hacer política pública. Por tanto, la política pública existe porque hay desigualdad. Es su razón de ser. A esa modernidad y a esa política pública le interesa que la gente se quede en la diferencia.

P. Entonces, desde su punto de vista, las políticas y las luchas que se pudieran plantear desde esta teoría tendrán que estar fuera de la política pública…
R. Totalmente. Creo que son dos niveles muy distintos de actuación y que es una cosa que aquí en Bogotá es impresionante. A partir del multiculturalismo en América Latina, diferentes sujetos sociales se volvieron mucho más reconocidos que antes (los negros, la segunda ola del movimiento de mujeres, los indígenas…) pero siempre eran reconocidos desde “lo otro”. Pienso entonces que lo de la política pública no resuelve el tema de la desigualdad, que lo resuelven las contradicciones, las tensiones y las crisis que se dan entre un movimiento social autónomo y ese Estado.

P. ¿Cómo se llega a eso?
R. Obviamente, eso pasa por adquirir una autonomía de muchos tipos. Al mismo tiempo, la vida cotidiana te pone en una situación en la que, por ejemplo, tienes que pagar impuestos o puedes verte en una situación complicada si eres extranjera. Todas esas cosas hacen que tengas que demandar cosas al Estado, porque precisamente están, entre otras, pagando impuestos. Esa es la gran paradoja de la modernidad: que es muy difícil salir.

Bogotá es un ejemplo de eso: hasta la marcha del orgullo LGBT la organiza la Alcaldía, una cosa totalmente contradictoria. La gente se pelea por que la Alcaldía haga eso, y por ello es muy difícil conseguir tal autonomía.

P. La Subsecretaría que lleva esta política en Bogotá recibe el nombre de Mujer, Géneros y Diversidad Sexual. ¿Qué opinión le merece ese nombre?
R. Creo que la práctica política pública parte de la lógica de que existe un sexo natural (algo que la teoría posestructuralista rechaza) y que lo otro hay que reconocerlo en la diferencia, pero desde la lógica de la tolerancia y de los derechos humanos. La teoría debe tener una correspondencia con la práctica o, por lo menos, guardar un mínimo de coherencia; pero esa coherencia estará determinada por el proyecto político que tiene en mente la gente. Si a la gente le interesa que haya mujeres y hombres, pues tendrá una teoría política que exprese eso. Otras, que tenemos una posición más crítica, diremos que la cosa es mucho más compleja.

P. Pero muchas instituciones políticas de otros países empiezan a rechazar el concepto de “mujer” (en singular), por considerar que serlo no es un hecho natural y porque éste no incluye a mujeres lesbianas, bisexuales y trans. Empiezan a hablar de “mujeres” con el fin de ser menos excluyentes.
R. Porque se trata de una postura determinada, teórica y política. La cuestión es: ¿Qué teoría se reconoce? Dependiendo de ésta, se legitima o no el hecho de ser mujer. Creo que todas las teóricas feministas coincidimos en que la mujer no nace sino que se hace (como dijo en su día Simone de Beauvoir), pero hay diferencias en delimitar cómo se hace ese ser mujer. Creo que la lógica de la mayoría de las políticas públicas es pensar que hay una cosa natural al final, lo que de algún modo permite delimitar lo que es diferente.

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Entrevista Andrea García Becerra

Antropología y feminismo para la trans-formación

Cuando Andrea García habla de la antropología (su profesión) y del feminismo –al que acude reiteradamente desde el reconocimiento–, la entrevistadora que está frente a ella sabe que estos dos campos teóricos son pilares fundamentales en su vida profesional y personal. Dos campos de trabajo en los que ella es experta tras haber realizando una extensa carrera investigadora y un Magíster en Estudios de Género y Teoría Feminista. Pero también la entrevistadora se encuentra con una inteligencia a la vez inquieta y serena. Y es precisamente esa forma particular de ver el mundo lo que le lleva a hablar una vez de “Tacones, siliconas, hormonas, teoría feminista y experiencias trans en Bogotá” (nombre que recibió su tesis de magíster calificada de Meritoria), y otras de su fascinación por el campo y los sistemas de producción.

En la actualidad, Andrea García forma parte del equipo docente de la Pontificia Universidad Javeriana. Allí desarrolla sus conocimientos en genealogías de la cultura, estudios de género y teorías antropológicas contemporáneas. Es, además, una de las muy pocas mujeres trans que ejercen su labor docente en una universidad colombiana. Por todo lo anterior, su pensamiento es una apuesta que pasa por la deconstrucción de lo establecido; un devenir intelectual que le lleva a unir el feminismo y la antropología como mezcla perfecta para alcanzar los objetivos de la lucha trans.

P. En estos momentos, eres una de las pocas mujeres trans docentes en una universidad de Colombia, La Javeriana, el mismo centro académico donde otra mujer trans, Brigitte Baptiste, actual directora del Instituto Alexander von Humboldt, trabaja como docente desde hace ya unos años. ¿Cómo entras a formar parte de este equipo?
R. Empecé como profesora de una cátedra de la asignatura Estudios de Género para el Departamento de Antropología. Luego desarrollé una propuesta de curso a las directivas del mismo departamento, evaluada y aprobada en 2009. En ese momento empiezo a formar parte del equipo, pero no fue hasta el año pasado que –tras un proceso de selección– entré de lleno en la institución universitaria.

P. ¿Cómo recibiste la reciente noticia del cargo directivo alcanzado por Baptiste?
R. He visto a Brigitte y creo que es una persona muy reconocida tanto en el contexto académico como en el de la movilización de las diversidades de género. Me parece genial que una mujer trans ocupe un puesto en las altas esferas científicas y de producción de conocimiento. Creo que es un aporte muy importante a la hora de romper estigmas y visibilizarlas de otra manera, y en otros espacios distintos de los que tradicionalmente se les asignan. Esta posición también tiene un impacto político.

P. Resulta interesante que la Universidad Javeriana (Compañía de Jesús) tenga precisamente una política tan incluyente en las cuestiones de género.
R. Yo creo que dentro del campo religioso, la Compañía tiene unas perspectivas bastante críticas: ha estado cerca de la actividad académica y ha contado con intelectuales prominentes. Cuando empecé a trabajar en la Javeriana entendía que una a veces ve las cosas de manera muy homogeneizante, como, por ejemplo, ocurre cuando se ve la categoría trans desde afuera. Sin embargo, cuando te acercas un poco a ciertos lugares del campo religioso, te das cuenta de que también hay luchas y personas con mentalidades más avanzadas.

P. Tienes conciencia de que tu trayectoria profesional es una excepción y así lo afirmas. ¿Es esto una responsabilidad añadida para ti?
R. Me considero una antropóloga con iguales cargas, responsabilidades y retos que el resto. En ese sentido, me veo como una profesional que está, en alguna forma, compitiendo en ese campo. Pero, de otro lado, pienso que, cuando hay una experiencia no normativa en la identidad, muchas veces el cuerpo mismo se torna casi como espacio político. Es como llevar el manifiesto encarnado. De eso no puedo desligarme y en ocasiones no quiero desligarme.

P. Trabajas sobre todo con gente joven. ¿Hay considerables diferencias generacionales desde que tú misma eras una estudiante de universidad?
R. Creo que sí hay cambios y que especialmente las personas que se interesan por disciplinas como la antropología tienen miradas más abiertas respecto al mundo. Obviamente, no puedo generalizar, pero siento que hay una especial apertura en los chicos y las chicas que ingresan a programas como los de antropología. Eso hace que se relacionen mejor con las identidades no hegemónicas.

P. Como investigadora, has realizado numerosos trabajos. ¿Cuáles de ellos consideras que te han dejado huella?
R. Me gustó mucho un proceso de investigación que hice en San Basilio de Palenque con la comunidad afrodescendiente de la costa norte colombiana. Me pareció muy interesante porque, a partir de él, me acerqué a un capítulo desconocido de la historia de América y de Colombia, que tiene que ver con el proceso de trata esclavista, la resistencia negra, y la confrontación con la corona y la República.

También realicé un trabajo con la Universidad de Antioquia sobre el tema de salud y cultura en el Urabá Antioqueño, lugar de colonización tardía, con una marcada presencia de grupos indígenas, campesinos y negros. Investigamos el tema de asistencia y cuidado a la atención parto y posparto en mujeres indígenas, negras, urbanas y campesinas. Y te hablo de estos proyectos porque son procesos de investigación que se salen del tema de las diversidades de género y de lo LGBT (lesbianas, gays, bisexuales y transgeneristas), ya que recientemente me he dedicado íntegramente al debate sobre género, teoría Queer, y movimiento LGBT.

Por otra parte, el campo y los sistemas de producción agrícola son temas que me apasionan y que quiero retomar.

P. ¿Qué otras investigaciones consideras fundamentales y que, por tanto, deben realizarse en la actualidad en Colombia?
R. Pienso que unas investigaciones que reconozcan los procesos de luchas, de transformación, de construcción de instituciones de impacto cultural, de los movimientos sociales, de los procesos y las políticas de construcción identitaria, de los movimientos de personas marginadas… Es necesaria una investigación que historice y narre esos procesos.

P. En el caso de la cuestión trans, si tuvieras que elegir un punto por el que necesariamente la estrategia tuviera que pasar para hacer que se alcancen los objetivos propuestos, ¿cuál sería?
R. Creo que es necesaria una apuesta por la transformación cultural, de las mentalidades y de las lógicas de funcionamiento del Estado y de las instituciones, con el fin de superar las categorías naturalizadas. Hay que cuestionar el binarismo de género* como estructura y fundamento de la visión y de la división del mundo, tanto de las personas como de las instituciones, ya que ese binarismo es una matriz violenta que permite agredir al otro.

P. ¿Qué teoría o teorías encarnan, desde tu modo de ver, esa misma estrategia?
R. Creo que indudablemente la antropología aporta elementos fundamentales para ese proceso. También, indudablemente, la teoría feminista. Esta es una producción teórica fundamental para estos procesos de reconfiguración, mucho más que la teoría Queer, incluso mucho más que los Gay and Lesbian Studies. Fue el feminismo el movimiento social y la teoría, la postura epistémica que ha permitido esta transformación. Por tanto, antropología y feminismo son una buena mezcla para conseguir propósitos en la lucha trans.

P. Según la Línea de base de política pública para la garantía plena de derechos de las personas LGBT en Bogotá, en el caso de las personas transgeneristas, su presencia en educación media es de un 39,35 por ciento y en básica secundaria de 26,7. El porcentaje de universitarios y universitarias es del 11,9 por ciento y de posgrado de apenas el 1,94. ¿Cuál es tu opinión al respecto?
R. La escuela funciona a partir de una lógica que excluye esas diversidades, y me parece que es muy difícil para una persona trans asumir la identidad en el colegio o en la universidad. El simple hecho de que te llamen por la lista con un nombre que no corresponde a tu identidad de género, todos los días y durante seis años, creo que es una barrera indiscutible.

P. ¿Qué se puede hacer desde la docencia?
R. Cada vez más docentes, de colegios, sobre todo, están acercándose al tema. Pero creo que la labor depende más de otras instancias políticas y educativas, y de las prácticas de los estudiantes y las estudiantes. Puede que un docente proteja tu identidad de género, pero lo que pasa en el patio es otra cosa.
 
P. Tanto las teorías de género como las antropológicas han dejado muchas frases convertidas en lemas, que en numerosas ocasiones han abanderado muchas luchas. Frases como “lo personal es político”, de Kate Millet. ¿Qué lema o lemas representarían tu postura vital y como investigadora?
R. “El otro se construye. Yo soy el otro”, o algo así como “No existe una sola vía”. Una frase que tenga relación con la diferencia y la diversidad.

* El binarismo de género se plantea como la postura que únicamente reconoce la existencia de dos identidades: mujer y hombre; Aquí, un sexo determinado (por ejemplo, el de mujer) se tiene que corresponder con un género y una construcción determinada (heterosexual, pasiva, femenina…).