¿En qué va la Mane? Se presenta acá un panorama general del proceso de construcción por parte del estudiantado de la Propuesta de Ley Alternativa Universitaria, así como los principales desafíos para los cuales deberá estar preparada en el debate que sobre la educación espera el país.

La Mesa Amplia Nacional Estudiantil (Mane) cuenta con poco más de un año de existencia. A pesar de sus escasos meses de vida, hoy, después de ganar reconocimiento y legitimidad –y de tener en su haber una victoria parcial con el retiro del Proyecto de Ley 112 mediante el Paro Nacional Universitario, el debate político y académico, y la movilización callejera–, la Mane se propone una meta clara: construir una propuesta de ley que responda a las necesidades del pueblo colombiano, que materialice su consigna “Por una Nueva Educación para un País con Soberanía, Democracia y Paz”.

Las definiciones acerca de los espacios, los mecanismos y las instancias a través de las cuales se construirá el proyecto de ley están tomadas desde principios de marzo. En palabras de una de sus voceras, la Mane espera darle una lección de democracia al gobierno nacional, y también que la propuesta no esté escrita solamente por el puño y la letra de estudiantes, sino que múltiples sectores sociales y populares la escriban de la mano de profesores y trabajadores, construyendo así un modelo que se oponga radicalmente y de manera integral a la propuesta que buscan implementar los defensores del mercado a ultranza.

Así va la construcción de la propuesta

El estudiantado colombiano elaboró una metodología de construcción para su propuesta, que contempla la participación de la comunidad educativa en su conjunto, así como de los sectores sociales, políticos y populares. Lejos de lo que pudiera pensarse en un país que ha sido construido por las clases dominantes como políticamente centralizado, los espacios locales (cada una de las instituciones de educación superior) y los escenarios regionales (ciudades y departamentos) tienen el papel fundamental en este proceso de desarrollo y profundización del Programa Mínimo. El resultado será un documento de Exposición de Motivos para el 9 de junio y una propuesta de Ley Alternativa que se lanzará el 12 de octubre del presente año. Lo importante es que la metodología ya empezó a implementarse por medio del despliegue de escenarios de discusión programática a cargo de las Comisiones Académicas (CA) en distintos niveles: CA local, CA regional, CA Nacional.

La metodología definida dispone de herramientas de sistematización y construcción de propuesta, todas para darles sincronía nacional a las elaboraciones y desarrollos de los estudiantes, sin ahogar la iniciativa local. El Equipo Dinamizador, otra de las instancias más importantes para este proceso, elaboró una Cartilla Metodológica para la Construcción de Propuesta, disponible en internet. En ella está consignada cada una de las herramientas de sistematización, así como se determinan las formas de participación, los momentos de construcción, las fechas de los escenarios locales, regionales y nacionales; en fin, todo lo que hay que saber para sumarse y seguir aportándole al objetivo que se propuso el pueblo colombiano.

La Comisión Académica y de Sistematización Nacional de la Mane ha considerado necesaria la creación de una Comisión de Asesoramiento que apoye el proceso de sistematización y elaboración de la Exposición de Motivos, que esté compuesta por numerosos intelectuales que reconozcan la validez del Programa Mínimo. Ésta será instalada en los próximos días y se invitará a la misma a unos 35 profesores. Adicionalmente, y desde el Comité Operativo que funcionó el 10 y el 11 de marzo, se creó el Equipo Dinamizador para que sirva de puente entre los espacios locales y el proceso nacional de construcción de propuesta. Este equipo se reúne semanalmente para atender los requerimientos metodológicos que incluyen la preparación de los Debates Públicos con el Gobierno, y tiene a su cargo la preparación de las reuniones de la Comisión Académica Nacional.

Los Debates Públicos tienen como propósito evidenciar las apuestas que el gobierno nacional tiene para la educación, y contrastarlas con las aspiraciones de los sectores sociales que le apuestan a una Nueva Educación. Estos están acompañados de acciones nacionales de movilización. Ya se han realizado los dos primeros, uno cuyo tema fue la Relación Universidad-Sociedad, y el segundo, que abordó el tema de la Autonomía Universitaria. El 16 de mayo se realizará en Bogotá el debate sobre Excelencia Académica, y el 31 de mayo, en Pereira, el de Financiación y Gratuidad. Son una dinámica y un esfuerzo crecientes. Es así como en abril se observó el incremento de la dinámica de construcción al interior de cada una de las instituciones educativas del país.

Empezar con la ejecución de la metodología y los espacios académicos de construcción y debate fue un gran reto debido a la presión académica ejercida por las instituciones después del Paro Nacional Universitario, lo mismo que al retraso de los calendarios académicos de las universidades más importantes del país. Hoy, además de los estudiantes, la población afro, sectores LGBTI, comunidades étnicas, y procesos de reagrupación popular como el Congreso de los Pueblos y la Marcha Patriótica, al igual que varios sindicatos de trabajadores y docentes, han mostrado su interés por contribuir con todo su potencial a este proceso. Por las dificultades para iniciar la construcción de propuesta en las fechas establecidas y lo importante que resulta la participación más amplia posible de la comunidad de las instituciones educativas, fue necesario extender la fecha límite de recepción de documentos de las localidades del 6 al 16 de mayo, y también convocar a una reunión virtual de la Comisión Académica Nacional el 9 de mayo, ante la imposibilidad de realizar la reunión el 28 de abril.

Se espera obtener el primer borrador de la Exposición de Motivos el 28 de mayo, para que sea revisado y complementado por las localidades, antes del escenario nacional aprobatorio durante los días 7, 8 y 9 de junio –fecha que coincide con la conmemoración del día del estudiante caído y revolucionario–, y cuyo cierre se espera rubricar con una gran jornada de movilización nacional y la presentación pública del documento.

Sobre la protesta, la propuesta y su importancia para el movimiento popular colombiano

El semestre pasado, el país entero fue actor directo de lo que significó la movilización emprendida por el estudiantado, para rechazar la política que se pretendía imponer en el campo educativo.

El gobierno nacional no demoró en pronunciarse a través de distintas formas de propaganda, tratando de restarle fuerza a la movilización, y presentando la protesta y la propuesta como dos acciones excluyentes y contradictorias, como si quien protesta no supiera por qué lo hace, y quien tiene argumentos no tuviera que protestar. La contundencia de las movilizaciones y los debates demuestran que los estudiantes somos conscientes de la necesidad de construir una educación no restringida por la vigente Ley 30 de 1992, ni que responda al modelo de país dependiente que se ha construido históricamente.

Ello implica elaborar una propuesta alternativa que recoja a los distintos sectores sociales y populares excluidos del sistema educativo, ante la imposibilidad de ingresar en las instituciones educativas. De otra parte, es importante destacar el rechazo explícito del estudiantado al neoliberalismo, así como el cuestionamiento al modelo de desarrollo que se le ha impuesto al país, buscando y logrando visibilidad política.

La pugna es y continuará siendo intensa. En su esfuerzo por elaborar una propuesta de Ley Alternativa, acorde al país que soñamos, el estudiantado deberá cumplir al menos con tres compromisos históricos: primero, oponerse a la financiarización de la educación y cerrar el canal de acumulación mediante el conocimiento al capital imperialista; segundo, construir una Propuesta de Ley Antineoliberal que contribuya al logro de mayores niveles de unidad al interior del movimiento popular colombiano, en contra de las lógicas impuestas de explotación y saqueo, manteniendo su independencia de la Unidad Nacional y conservando su dinámica de protesta; el tercero consiste en traducir los acumulados, producto del paro nacional universitario, en fortalecimiento de la organización y la cohesión estudiantil.

¿Y el gobierno nacional?

La formulación de un proyecto de ley que liberalice y ponga a tono las dinámicas de la educación con las formas actuales de acumulación es una necesidad objetiva, porque el gobierno nacional no dará su brazo a torcer tan fácilmente.

Santos y su opción de tercera vía cuentan con la cooptación como una de sus mayores armas para llevar a cabo las medidas de ajuste económico, cubriéndolas de un falso velo de legitimidad. En ese sentido, pudiera jugársela en dos formas: la primera, dividiendo a los actores involucrados en el proceso de reforma mediante el establecimiento de diálogos directos con los rectores y las directivas de las instituciones, mientras desconoce a la Mane; en esta misma vía, puede apuntarle a la división interna del Movimiento Estudiantil, teniendo en cuenta para la elaboración del proyecto de ley al sector que considere más afín a su política. La segunda tiene que ver con la intimidación y la estigmatización de los estudiantes por medio de la militarización de los campus universitarios y de otros centros de educación superior y la violación de derechos humanos, así como empleando campañas mediáticas de desprestigio, como ya se han llevado a cabo a raíz de la muerte de varios estudiantes en Tunja y Bogotá.

Para neutralizar estas posibles maniobras, la clave está en lograr que la propuesta de ley sea construida y defendida por los diversos sectores sociales, populares e intelectuales de la sociedad colombiana. El reto es para toda la comunidad educativa y el tiempo para afrontarlo es ahora.

La segunda semana de mayo tuvo la fortuna de iniciarse con las mujeres como protagonistas. No se trató de un reinado u otra especulación con sus cuerpos sino de cientos de Madres Comunitarias que entre el lunes 7 y el martes 8 se hicieron sentir en pueblos y ciudades del país para protestar por la política gubernamental de la primera infancia, llamada “De cero a siempre”.

El no reconocimiento de las Madres Comunitarias como trabajadoras cuyo patrón es el Estado, y lo que esto implica en derechos, es el eje histórico de las luchas afrontadas por ellas. En el paro de los días 7 y 8 de mayo, estas reivindicaciones no quedaron por fuera. Pero también se levantaron otras, motivadas por la puesta en práctica de la estrategia oficial conocida como “De cero a siempre”.

Un gran negocio

La atención integral de la primera infancia (cuidado, alimentación, salud, recreación, educación) deberá ser siempre una prioridad. Para que así sea, se deben destinar recursos y construir edificaciones adecuadas, y preparar del mejor modo la población que responda por ello. Esta es una verdad innegable. Pero al diseñar políticas y destinar dineros que lo posibiliten, no se puede soslayar la realidad del sector, organizado por años a través de los hogares comunitarios y sus responsables, las Madres Comunitarias.

Es decir, el diseño de cualquier política para el sector debe tomar en cuenta e integrar como bastión del mismo a quienes, a riesgo de su salud, han garantizado –a muy bajo costo– su funcionamiento. Por ningún motivo pueden ser arrojadas a la calle. Pero otra cosa se proyecta en la estrategia puesta en marcha por el actual gobierno.

“De cero a siempre” es una Estrategia Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia, creada por la administración Santos y cuya vocería está en cabeza de doña María Clemencia Rodríguez de Santos. Sin tal nombre, esta política la proyectó el anterior gobierno desde 2002. Por eso, las Madres Comunitarias realizaron en 2009 un paro ante el riesgo de que las acabaran. “De cero a siempre” es un nuevo modelo de atención. El actual depende del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y tiene varias modalidades de atención, una de ellas las Madres Comunitarias, aunque en términos generales se conoce a la mayoría de modalidades con esa denominación porque cumplen la misma función social en los barrios populares.

El nuevo modelo es una política que viene del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y se sustenta en una alianza público (ICBF-Fonade)-privado (operador nacional o internacional. Con la llegada del TLC, se busca que los parafiscales que financian la política del ICBF desaparezcan, como se le quiere incluir en la reforma tributaria, de modo que sean los municipios, las regalías y los préstamos, entre otros, los que provean los aportes entregados hasta ahora por el Estado central.

Con esta nueva política, privatizadora de la atención y la educación de la primera infancia de los barrios populares, se le dan muchos millones de pesos a la empresa privada, ahora sí ‘interesada’ por un sector al que nunca determina. Para que así se haga, el Estado firmará acuerdos con lo que ahora se conoce como operadores: Fundación Éxito, Fundación Mario Santo Domingo, Fundación Corona, Fundación Carulla, Fundación Carvajal, Cartón de Colombia, Comfenalco, y ONG de políticos regionales.

El Gobierno está comprometido para que este año empiece en forma esta política. Por eso, respecto a 2011, aumentó en un billón de pesos el presupuesto para 2012. Del sector público, la inversión para los cuatro años de gobierno es de 5,6 billones, cifra superior –casi tres veces– a los casi dos billones de pesos que se invirtieron en el anterior gobierno. Hoy, con lo que el Gobierno destina para los hogares de bienestar, la atención de un niño al año cuesta 700.000 pesos, sin contar todo lo que aportan las Madres, mientras a los operadores les van a dar 2.680.000-niño por igual período de tiempo, incluyendo la construcción o adaptación de locaciones. ¿Será que los recursos se invertirán en una buena atención a los niños o será el negocio lo prioritario?

Humillación para las Madres Comunitarias

Esta situación indigna a las Madres, pues durante 25 años el Estado les dio una pequeña bonificación por el servicio, con el argumento de que un sueldo generaría una crisis en las finanzas públicas. Pero, además, la alimentación de la población atendida se medía con lupa. Qué decir de la dotación. Como se sabe, para cumplir con su labor, las Madres ponían sus casas, fuera de sacar de sus pequeños ingresos para contratar madres auxiliares, dotar el hogar, pintar cada año sus instalaciones y cumplir con el creciente volumen de requerimientos de las delegaciones del Ministerio de Salud y otros entes.

De pronto, todo cambia. Cuando el Estado decide inyectarle más dinero al sector, el Gobierno dice que ellas no están preparadas para atender los niños, pues no son profesionales ni tienen capacidad para administrar recursos. ‘Olvida’ la institucionalidad que las Madres tienen una experiencia acumulada de 25 años, en las cuales diseñaron con su práctica las líneas fundamentales de lo que debe ser la atención a la primera infancia, dejando de ser cuidadora de esta población y asumiendo en los hechos como educadoras de sus primeros valores y conceptos fundamentales.

Para que ande el proyecto, se crearán Centros de Atención Infantil donde se puedan atender muchos niños. Cada Centro contará con algunas/os profesionales para atender y administrar, además de las Madres con edad entre 18 y 45 años que sean vinculadas como auxiliares o en servicios generales. Como es un proyecto naciente, pese a los dineros destinados, las construcciones proyectadas para la atención de esta población tomarán su tiempo, por lo cual algunos de los hogares comunitarios que han operado por más de una o dos décadas serán involucrados al programa, claro, bajo tutela de la empresa privada que se embolsicará los dineros por supervisarlas.

Finalmente, se busca concentrar un negocio con muchos niños y poco personal, y apropiarse de la experiencia y el acumulado social que representan las Madres, además de quitarles a los usuarios y sus niños: verdadero desplazamiento de estas Madres.

Mentiras para un negocio

El 17 de abril, en debate de control político, Alexander López, senador del Polo Democrático, le insistió al director del ICBF sobre por qué se busca implementar la política “De cero a siempre” sobre niños que atienden las Madres, cuando el artículo 136 del plan de desarrollo dice que el objeto central es darles atención a niños que no lo tengan del Gobierno: población vulnerable. Este desplazamiento es quitarles los niños y por lo tanto acabarlas.

El Gobierno dice que no busca acabar las Madres Comunitarias, pero al director del ICBF se le fue la lengua y dijo: “De aquí a 2019 no debe haber un hogar comunitario funcionando en las casas”. Esta situación se suma a la presión que algunos funcionarios del Instituto han ejercido sobre las Madres para que se acojan a la estrategia “De cero a siempre”, como señala Elvira González, de Urabá: “En Turbo, muchas mujeres fueron obligadas por los funcionarios a pasarse a la estrategia; también me he enterado aquí de que en La Guajira las engañaron para que renunciaran a la personería jurídica, mientras en Boyacá la Caja de Compensación sacó a las Madres, y en otro caso se puso a los niños a aguantar hambre: Tuvieron que venirse al ICBF a denunciar la situación”. Muchas denuncias así expusieron las Madres en el paro. Así se explica que en la página web del ICBF se diga que 1.200 Madres ya han pasado a la referida estrategia.

La tramposa ilusión

De 79.000 Madres que hoy tienen responden por la atención de los niños de los barrios populares, sólo vincularán a unas temporalmente en el nuevo programa; las demás quedarán por fuera, pues ‘no reúnen’ los requisitos. En medio de la desinformación y la incertidumbre, el Gobierno se encarga de mostrar que no hay más opción y que las Madres deben pasarse a la estrategia, pues allí recibirán 800.00 pesos de sueldo y un contrato, pero se sabe que esto es temporal y para pocas, aunque al principio necesitan muchas Madres para la transición y mientras montan el negocio. En muchos sitios quizá les salga más rentable dejar Madres trabajando para que pongan las instalaciones donde ahora laboran. Lo importante es que estén bajo la administración del operador.

Como entre las Madres hay variadas modalidades, circunstancias y realidades, no todas se afectan en el mismo grado. También hay las que sólo esperan que su pensión para irse, mientras otras están en plena edad laboral. Finalmente, todas se afectan porque la nueva estrategia se instaura desbaratando el actual programa y robándole todo su capital social y humano, y parte de su infraestructura. Las Madres siempre estarán de paso por la estrategia. Los únicos que estarán en ella son los operadores. Las Madres siempre serán ellas mientras estén fuera de la estrategia, pero para resistir y mantenerse por fuera se requiere un nivel organizativo, de movilización y propuesta en lo nacional, para tener capacidad colectiva de decisión y negociación. Entre tanto, la estrategia se impone y muchas Madres no ven opciones. La lucha permite despertar.

Acuerdos, como hoja de ruta

Los acuerdos logrados en las actas del lunes 7 y martes 8 son un primer paso, como lo dejó ver Rocío Alvarado, vocera de la ADDHIP: “Logramos ponernos de acuerdo sobre los puntos gruesos por trabajar. No podíamos detenernos en las minucias de cada cosa porque nunca hubiéramos salido de la negociación; ahora necesitamos que todas ustedes se reúnan en sus hogares y regiones, y nos manifiesten todas las inquietudes, para prepararnos para la discusión del 8 de junio. No hay que bajar la guardia. Debemos presionar para que en el momento de discutir y negociar el Gobierno nos cumpla”.

De aquí al 8 de junio, fecha de la próxima cita con el Gobierno, las Madres tienen la gran tarea de discutir los acuerdos y sus minucias. Sólo con movilización se puede garantizar que un acuerdo se cumpla. Es posible que con las discusiones se replanteen aspectos de la primera etapa porque únicamente se identificaron algunos puntos generales, pero falta ver la coherencia entre unos y otros a la hora de desarrollarlos, si se toma en cuenta que la situación de las Madres no es homogénea, y para la mayoría su futuro inmediato es incierto y son insuficientes los acuerdos desarrollados parcialmente.

En la negociación, fueron representantes de las Madres: Olinda García (Sintracihobi), Rocío Alvarado (Addhip), Stella Hoyos (Amcolombia), María Eugenia Ramírez (Ilsa) y Ligia Inés Alzate (CUT), y un grupo acompañante. El Gobierno estuvo encabezado el primer día por Diego Molano, director del ICBF. Estos fueron los principales aspectos:

1. La vinculación de las Madres a la estrategia “De cero a siempre” es opcional. El paso de las Madres y los niños es gradual, y ellas se acogerían a las nuevas condiciones laborales y los perfiles ofrecidos. La estrategia está soportada por los agentes educativos en general y las Madres Comunitarias en particular.
2. Para los hogares comunitarios que no transiten a los Centros de Desarrollo Infantil, se les propondrá a las instancias pertinentes una política pública que abarque para las Madres la defensa de sus derechos en lo laboral, pensional y profesional, siempre en el marco de la política pública de atención a la primera infancia. Para ello, se establecerá una mesa que propenda por la cualificación de estas modalidades, la definición de acciones a tres años y la revisión de una propuesta de equidad salarial y de pensiones.

En el segundo día no estuvo el director del ICBF, y la representatividad gubernamental estuvo conformada por Mauricio Olivero, viceministro de Trabajo; Andrés Restrepo, director de pensiones del Ministerio de Hacienda, y Germán Quiroga González, de la Subdirección de Primera Infancia del ICBF. Estos son los principales aspectos:

1. Para un ingreso digno a la vejez, se tendrán en cuenta tres tipos de casos para resolver el problema de la pensión. En la reunión de junio 8 se revisará la información sobre la situación pensional de las Madres.
2. Las Madres y el ICBF deberán calcular el ingreso que reciben con todos los beneficios, para buscar mecanismos que permitan el eventual pago de un salario. Adicionalmente, presentarán y harán entrega de los estudios que se han adelantado para lograr el reconocimiento de un salario mínimo.
3. Se acuerda desarrollar una reunión mensual para hacerles seguimiento a los acuerdos.
4. Las Madres se reservan el derecho de convocar asambleas para verificar lo acordado.

¿Qué caminos coger?

Hay que resaltar que con los acuerdos se abrió camino para el logro histórico del reconocimiento de las Madres como trabajadoras y su derecho a la pensión, pero hay que tener en cuenta que con la estrategia “De cero a siempre” no es claro el futuro para ellas. Hasta ahora, la estrategia intimida, invade, coopta, desplaza y les roba su espacio. Por ahora, en el acuerdo se dejó como opcional que se transite a la nueva estrategia, situación entendible por la realidad que viven las Madres. Pero no por eso, en este momento –cuando se empieza a dar el debate– se debe dejar de cuestionar esa política, porque dejar como opcional es ausencia de propuestas y entregar fácilmente el lugar histórico de las Madres. Esto es una responsabilidad de todas ellas y de la sociedad.

Una oferta para que las Madres reconocidas como trabajadoras se mantengan en su autonomía y su sentido comunitario sólo es viable con la organización nacional. Es fundamental que las Madres se conserven como sector de trabajadoras. Hay que pelear para que en el Instituto permanezca como programa de modalidad específica. Así como el Gobierno tiene políticas para sectores femeninos, también debe tener una política para las Madres Comunitarias. Que esta política haga parte de las políticas de la niñez.

Como con “De cero a siempre” las Madres siempre estarán afuera, se requiere que, además de las discusiones de negociación, se aproveche el momento para desarrollar un eje de discusión sobre su futuro organizativo, tema urgente porque, si las Madres se quedan fuera, deben luchar por su modalidad y sus derechos en medio de “De cero a siempre”; pero si se van a la estrategia, también deben luchar por sus derechos.

Luz Dary Ayala, de Asodenfa, comentó respecto al momento que viven las Madres: “Lo que dice el Gobierno aún no está muy claro. Vamos a empezar a visitar a otras madres de Ciudad Bolívar para socializar la problemática, y estamos invitando a un foro sobre el tema el 3 de junio”.

¿Y dónde están los niños?

El Gobierno quiere hacer ver que criticar su política va contra los niños, manipulando a la opinión en contra de las Madres. Importa es el negocio. Si el Gobierno tuviera interés en los niños, hubiera hecho lo que dijo en el plan de desarrollo: mejorar el programa de las Madres Comunitarias para que ellas siguieran atendiéndolos, y hubiera dejado “De cero a siempre” para los niños vulnerables, que carecen de atención. De los tres millones de niños pobres, las Madres atienden 1.400.000. El Gobierno debiera atender el resto, pero desplazará a las Madres para montar un gran negocio con los recursos públicos y sus amigos de clase, atender los que ya están atendidos y echarse flores, mientras 1.600.000 niños, gran parte del futuro de Colombia, se degradan en la miseria.

Según María Victoria Forero, del sindicato del ICBF, la nueva política discrimina y les entregará los niños de Colombia a unos negociantes: “Mal que bien, en el Instituto tenemos un proyecto pedagógico, que ya no se aplica como en los buenos tiempos del Instituto, pero, mientras los nuevos operadores, que nada saben de niñez, sólo van a tener unas directrices generales. Pedagógicamente pueden aplicar lo que quieran. Entonces, si un operador es evangélico, ¿qué va a aplicar? En los estratos altos, a los niños les trabajan prelectura y preescritura desde los tres años, mientras a nuestros niños sólo van a ponerlos a jugar. Pero como los niños no dan votos y no tienen Mane para que los defienda, entonces nos toca defenderlos”.

CorrespSantiago, 16 de mayo. Decenas de miles de estudiantes chilenos se manifestaron hoy en el centro de Santiago para exigir una reforma completa del sistema educativo y rechazar las propuestas tributarias del presidente derechista Sebastián Piñera, en la segunda gran marcha nacional de este año que se extendió a otras ciudades como Valparaíso, Concepción y Copiapó.
 

En esta protesta en demanda de una educación gratuita y de calidad, los estudiantes de secundaria y universitarios arrancaron la marcha en la capital desde la emblemática Plaza Italia y avanzaron por La Alameda en completa tranquilidad, convocados por la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), y con autorización de la Intendencia Metropolitana.
 

Según la Confech, esta jornada nacional reunió a unas 100 mil personas. A la marcha se sumaron profesores y padres de familia. Portando grandes carteles, los manifestantes pasaron la céntrica avenida Alameda para luego enfilar por Cardenal Caro y concluir con un acto artístico frente al centro cultural Estación Mapocho.
 

Como lo hicieron a lo largo del año pasado con numerosas manifestaciones, esta vez los estudiantes volvieron a exigir una profunda reforma del sistema educativo chileno, uno de los más caros y desiguales del mundo, ya que incluso las universidades públicas cobran miles de dólares en un sistema heredado de la dictadura militar de Augusto Pinochet (1973-1990).


“Vamos a seguir siendo rebeldes porque el movimiento estudiantil no se va a conformar con que se hayan corregido algunos excesos”, afirmó el líder de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, Gabriel Boric. “Estamos acá para pelear por un nuevo tipo de democracia. Esta lucha no se va a acabar este año”, advirtió.
 

Boric llamó a que el presidente Piñera, durante su informe del 21 de mayo ante el Congreso Nacional, se “comprometa a asumir cambios de fondo en el sector educativo del país”, porque el modelo de un sistema para ricos y otro para pobres se agotó. Insistió en que “la educación es un derecho social universal que debe ser garantizado por el Estado”.
 

La dirigente estudiantil Camila Vallejo declaró: “esperamos reinstalar la agenda educativa desde el mundo social, ya que no estamos dispuestos a aceptar medidas o ajustes que tiendan a profundizar modelos de segregación socioeducativa o que atenten contra el avance en la búsqueda de mayor igualdad en Chile”.
 

La marcha en Santiago se realizó de manera pacífica y sólo se vio empañada al final por algunos enfrentamientos protagonizados por grupos de encapuchados que se enfrentaron a la policía y que fueron dispersados con chorros de agua y gas lacrimógeno. El saldo fue de 70 detenidos.
 

Madrid, 10 de mayo. Bajo el lema “no al desmantelamiento de la escuela pública, no al suicidio social”, miles de estudiantes de toda España se manifestaron en las calles para repudiar, una vez más, la política de recortes impuesta por el gobierno de Mariano Rajoy, movilización que es el preámbulo a la jornada de huelga general en la educación pública del 22 de mayo, algo que nunca había ocurrido en España y en la que se pedirá la dimisión del ministro de Educación, José Ignacio Wert.
 

Rajoy llegó al poder en una de las peores crisis económicas en la historia del país. En la campaña electoral se comprometió a no recortar los servicios sociales básicos, sobre todo en Sanidad y Educación, y no subir los impuestos.
 

Asumido el cargo, con holgada mayoría absoluta, el mandatario ha hecho justo lo contrario: una de sus primeras medidas fue la subida de impuestos general a través del IRPF, aprobó una reforma laboral en la que abarató el despido y anunció recortes en Sanidad y Educación de al menos 10 mil millones de euros.
 

La última medida que ha vuelto a indignar a buena parte de la población es nacionalizar uno de los cinco bancos más grandes del país, Bankia, por su situación de quiebra financiera por una serie de manejos turbios de sus cuentas. El monto del rescate, que se aclarará este viernes en el Consejo de Ministros, será de al menos 10 mil millones de euros, pero podría llegar hasta lo 25 mil.
 

Los estudiantes de la escuela pública, los padres y los profesores, mantienen desde hace más de un año una ola de protestas para defender la escuela oficial, que en Madrid, donde gobierna desde hace más de dos décadas la derecha española, se ha ido desmantelando poco a poco, favoreciendo a las escuelas privadas y concertadas, muchas de ellas religiosas.
 

Por eso salieron a las calles de más de 30 ciudades españolas miles de jóvenes, profesores y padres, con su habitual camiseta verde y con las consignas clásicas del movimiento: “En defensa de la educación pública: los recortes para los banqueros”; “Basta ya de privatizar la enseñanza pública. Trabajo digno al acabar los estudios”; o “educan esclavos”.


La protesta en Madrid se inició la noche anterior, con una acampada y “toma simbólica” de las facultades de Ciencias Políticas, Filosofía, Bellas Artes y Educación de la Universidad Complutense. En el país salieron a la calle miles de estudiantes, como ocurrió en Sevilla, Oviedo, Valencia, Barcelona o Zaragoza, entre otras.
 

La protesta cuenta con el apoyo de los principales sindicatos y de la Conferencia Estatal de Defensores Universitarios, que expresó su preocupación por las reformas, particularmente por el aumento de tasas de matrícula, el régimen de dedicación del profesorado y lo relacionado con la creación, modificación y supresión de centros y titulaciones.
 

“Esta inquietud y malestar está motivada tanto por la forma seguida en la elaboración de la norma, sin ningún contacto formal previo con las partes interesadas, como por el fondo, ya que los cambios legales afectan sustancialmente al modelo de universidad pública”, aseguran.
 

Los defensores de la escuela pública cifran en 7 mil 200 millones de euros el tijeretazo en educación: 3 mil millones por las comunidades, 800 millones por el Ministerio de Educación y 3 mil 400 millones que ya se han perdido en estos años recientes.
 

Sobre la protestas, el ministro Wert –el político peor valorado del gabinete– calificó los argumentos estudiantiles de “prejuicios” y no “juicios”, y añadió que todas las medidas que han asumido “vienen impuestas por las exigencias de consolidación fiscal”.
 

Santiago, 25 de abril. Más de 50 mil estudiantes de colegios y universidades marcharon hoy por las calles céntricas de esta capital, en la primera gran manifestación del año del movimiento estudiantil chileno en reclamo de una educación pública gratuita y de calidad, efectuada en forma pacífica y que se extendió con marchas similares en otras ciudades del país.
 

Los propios líderes estudiantiles se declararon sorprendidos por “el nivel de convocatoria” que lograron, señaló Camila Vallejo, vicepresidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, quien estimó una asistencia de al menos 80 mil manifestantes.
 

“En las calles se demuestra que seguimos luchando y que somos muchos”, afirmó la dirigente, que encabezó siete meses de protestas durante el año pasado.
 

Los estudiantes cumplieron con todas las restricciones impuestas por las autoridades, en tanto que la policía admitió de mala gana que se reunieron en Santiago unas 48 mil personas. “Estamos trabajando para construir una educación de calidad. La marcha no se justifica”, declaró por su parte el ministro de Educación, Harald Beyer.
 

Los miles de estudiantes de secundaria y universidades desfilaron en completa tranquilidad, tras salir de la Plaza Italia, avanzar por la Alameda Bernardo O’Higgins y se dirigieron hasta el centro cultural Estación Mapocho, donde terminó la manifestación con un acto artístico y cultural.
 

Otras marchas tuvieron lugar en ciudades como Valparaíso, Concepción, Temuco y La Serena.
 

En Santiago, como suele suceder en estas movilizaciones, no faltaron disturbios protagonizados por “grupúsculos”. Sospechosamente al terminar todo, unos 100 provocadores encapuchados y otros activistas intentaron crear desórdenes sin mayor éxito: quemaron una caseta de seguridad ciudadana y lanzaron piedras, dando pie a la acción de los efectivos antimotines.
 

Incluso con rapidez inusitada intentaron trasladarse a la Alameda, a 10 cuadras de distancia, a provocar problemas al tránsito.
 

Por la mañana, muy temprano, nueve alumnos fueron detenidos este miércoles al cabo de una breve toma que afectó al Liceo Polivalente Arturo Alessandri Palma, de la comuna de Providencia.
 

Al ingresar al recinto el personal policial constató “que en su interior se encontraban nueve alumnos de este establecimiento educacional, de entre 15 y 17 años de edad, que fueron conducidos a la decimonovena comisaría”, añadió un comunicado oficial.


Minutos después de las 11 horas se inició la primera marcha del año en Santiago. Camila Vallejo, dijo que las marchas son una de las principales herramientas de los jóvenes para poder hacer públicas sus demandas a las autoridades.
 

“Nosotros sabemos que los estudiantes, los apoderados y las familias están del lado de la defensa de la educación pública, de terminar con el lucro. Con esto, vamos a reinstalar el debate y avanzar en esa dirección”, aseveró la dirigente, quien puso sus esperanzas en un aumento del impacto de las movilizaciones para este año.
 

Gabriel Boric, otro de los líderes del movimiento estudiantil, reiteró en su discurso al final de la marcha, que uno de los principales objetivo de las manifestaciones es que se ponga en discusión el tema de los fondos para la reforma estructural del sistema educativo. “No está en la propuesta del gobierno y nosotros queremos volver a ponerla sobre la mesa”, aseguró.
 

El gobierno ofrece créditos, los estudiantes piden becas. En cuanto a los secundarios, ellos insisten en el término de la municipalización y que sea el gobierno federal el que se haga cargo de la educación.
 

La manifestación de este día tuvo lugar a dos días de que el gobierno derechista del presidenrte Sebastián Piñera presentara una propuesta que acoge una de las principales demandas del movimiento estudiantil en relación con el llamado Crédito con Aval del Estado, instaurado en 2007, en el que solamente saca a los bancos privados del sistema y en su remplazo crea un ente público.
 

Según esto, el ente público administrará los créditos con un interés de 2 por ciento y comenzarán a ser pagados por los estudiantes cuando inicien su actividad laboral, con un pago máximo de 10 por ciento del salario. Este nuevo sistema, que sigue cobrando la educación en las universidades estatales, como ocurre en las privadas, aún debe ser ratificado por el Congreso.
 

Pero el movimiento estudiantil calificó esa propuesta de “insuficiente porque sigue existiendo el lucro, sigue existiendo autoritarismo, sigue existiendo segregación”, según el dirigente Gabriel Boric.
ación pública gratuita

Con la marcha de estudiantes de mañana pisándole los talones, al gobierno chileno no se le ocurrió mejor idea que proponer que la banca privada deje de financiar la educación superior privada y pública. Lo que se pretende con esta medida, que en apariencia surge como herramienta para descomprimir el conflicto por la gratuidad en la educación, es que el Estado se encargue de otorgar créditos a los estudiantes universitarios a menores tasas que las vigentes. El proyecto fue presentado ayer por el ministro de Educación, Harald Beyer, ante el presidente Sebastián Piñera, y será remitido próximamente al Parlamento con carácter de urgente. Los créditos que otorgará el Estado tendrán una tasa de interés única anual de un 2 por ciento y beneficiarán al 90 por ciento de los estudiantes, en tanto que el 10 por ciento que quede afuera del nuevo sistema serán jóvenes de altos recursos, explicó el ministro.
 

El proyecto de ley apunta a que el Estado, a través de una agencia especializada, se haga cargo del diseño, administración y provisión de los fondos del nuevo sistema integrado de financiamiento de la educación superior. La modalidad propuesta contempla cambios en la forma de pago de los créditos, ya que los alumnos comenzarán a cancelarlos una vez que comiencen a trabajar y la cuota no podrá superar el 10 por ciento del salario que perciban. Además se estipulará un máximo de 180 cuotas mensuales, de modo tal que quienes no hayan cancelado el total de su deuda en ese lapso se beneficiarán con la condonación del saldo. Con respecto a la brecha entre el arancel real (lo que cobra cada universidad) y el de referencia (lo que considera el Ministerio de Educación para otorgar los créditos), Beyer aseguró que serán las instituciones de educación superior las que financiarán la diferencia total de los estudiantes más vulnerables y de forma parcial, para los estudiantes con más recursos.
 

Paralelamente se impulsará una nueva política de fijación de los aranceles de referencia, a partir de un cálculo que considerará la calidad de la carrera que ofrece determinada institución, incluyendo variables como los ingresos esperados, el nivel socioeconómico de los estudiantes, duración y deserción. En el caso de las becas, el proyecto propone una disminución en los puntajes de la Prueba de Selección Universitaria para acceder a ellas, dependiendo del nivel socioeconómico del estudiante.
 

“Creemos que estos aranceles de referencia van a ser mucho más justos, mucho más pertinentes y acordes a la calidad de cada institución”, destacó Beyer, quien consideró que “es tremendamente importante que las instituciones se hagan cargo no solamente de los costos inmediatos de la carrera sino de la deserción que generan y también de las expectativas laborales de sus egresados”. Luego del anuncio, el presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH), Gabriel Boric, consideró la propuesta del gobierno como una reacción positiva a los reclamos del movimiento estudiantil, que el año pasado realizó decenas de movilizaciones y tomas de instituciones. “Me parece que eso (las manifestaciones) hay que reconocerlo. Pero esto no puede ser independiente del contenido”, dijo.
 

“Que se saque a la banca privada me parece deseable, pero no es lo fundamental. Lo importante para nosotros es cómo se financia a todos los estudiantes, pero nos siguen hablando de créditos”, afirmó. El dirigente indicó que las asociaciones estudiantiles evaluarán con cautela las medidas para considerar cuáles son positivas, cuáles no o cuáles apuntan a una decisión correcta. “El proyecto hay que estudiarlo con detalle, porque estamos acostumbrados a la letra chica del gobierno”, señaló. Asimismo, los líderes estudiantiles insistieron en su convocatoria a la primera marcha nacional por la educación. La vicepresidenta de la FECH, Camila Vallejo, escribió en su cuenta de Twitter: “Porque los cambios que necesita Chile son profundos, no claudicaremos en la lucha por la reforma educacional. ¡Movilízate!”, pidió la líder estudiantil.
 

El ex presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica Giorgio Jackson valoró el anuncio del gobierno y llamó a reconocer logros y avances, pero animó a sus compañeros a “seguir luchando para recuperar la educación pública de nuestro país”.
 

De acuerdo con una investigación del Centro de Información Periodística (Ciper-Chile), entre 2006 y 2011, los siete bancos que participan del sistema de Crédito con Aval del Estado embolsaron más de 312 millones de dólares durante ese período, cifra que representa un tercio de los 1800 millones de dólares anuales que la Confederación de Estudiantes de Chile estima necesarios para crear un sistema de educación superior gratuita en el país trasandino.
 

La propuesta se hace a dos días de la reanudación de las movilizaciones estudiantiles, que demandan una educación estatal, gratuita y de calidad, y que el año pasado volcaron a un millón de personas a las calles, poniendo en jaque al gobierno y derribando el capital simbólico de Sebastián Piñera hasta alcanzar el 26 por ciento de popularidad.
 

El pasado 28 de marzo fue nombrado el nuevo rector de la Universidad Nacional de Colombia para el período 2012-2015, quien remplazó al profesor Moisés Wasserman. Se trata de Ignacio Mantilla, quien se desempeñó hasta ahora como decano de la Facultad de Ciencias. Esta selección se llevó a cabo luego de una consulta formal entre siete aspirantes a la rectoría, realizada con la comunidad universitaria el día 22 de marzo, en la cual se descartaron los dos aspirantes menos votados; de los cinco restantes, el Consejo Superior Universitario –sin reparar en la decisión colectiva– escogió al profesor Mantilla.

El descontento por tal proceder no se hizo esperar. El día 28 y 29 de marzo los estudiantes hicieron marchas y expresaron su inconformidad por considerar que el Consejo Superior Universitario nunca tiene en cuenta al candidato que más ha obtenido votos por parte de la comunidad universitaria, que para este caso se trató del profesor Leopoldo Múnera Ruiz, de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. A pesar de que en la Universidad los estudiantes no acuden masivamente a votar, el profesor Múnera obtuvo la mayor votación entre los estudiantes, los profesores y los egresados.

Un rector impopular

La inconformidad de los estudiantes es porque cada tres años la consulta termina siendo una especie de burla, ya que finalmente el rector es escogido por un Consejo Superior Universitario orientado por el Gobierno. Esto explica que el nuevo rector tenga una hoja de vida académico-administrativa comprometida con una concepción elitista de la Universidad; que sea un continuador de las políticas neoliberales y que no sea muy querido entre los estudiantes por ser el promotor de un estatuto estudiantil que no considera las condiciones socio-económicas de los educandos, hecho que incide en su deserción. Entre otras cosas, es popular en la Universidad Nacional el comentario de que el profesor Mantilla, cuando era decano, trajo de Alemania para su oficina una silla que le costó 15 millones de pesos. ¿Qué traerá ahora para su nueva oficina?

Un debate que apenas empieza

Para la comunidad universitaria no fue una sorpresa la escogencia de un candidato del Gobierno porque son las reglas que éste mismo ha impuesto, sino que participar en la consulta es en cierto sentido una forma de protesta para evidenciar que no hay autonomía, mientras que, de otra parte, es una coyuntura favorable para airear el debate académico y político. En esta oportunidad, la confrontación de ideas tiene una connotación distinta porque se enmarca en el gran debate que por el derecho efectivo a la educación pública ha liderado el movimiento estudiantil, el mismo que muy seguramente en el segundo semestre del año en curso movilizará a todo el país. En este contexto, la llegada de un rector que defiende una idea de universidad y educación que hace parte de la crisis global de los estudiantes y los jóvenes –como también ocurrió en la Universidad de Antioquia– indica con nitidez que el gobierno está colocando sus piezas en cada uno de los centros de estudio, para imponer su proyecto educativo a como de lugar. En estas condiciones, las rectorías elegidas serán motivo de discordia en los centros de estudio, y de manipulación informativa hacia la opinión pública. Sin duda, las cartas están marcadas.

Sobre éstas y otras ideas, conversamos con Leopoldo Múnera, candidato a la Rectoría de la Universidad Nacional:

“El nombramiento de las directivas universitarias debe ser absolutamente reglado y transparente”

Carlos Valbuena: ¿Qué nos puede decir del recorrido del profesor Mantilla en la Universidad Nacional?
Leopoldo Múnera: Por el profesor Mantilla, como por la mayoría de mis colegas, siento un profundo respeto. Además, el profesor Mantilla ha tenido una experiencia que viene desde la dirección de carrera hasta la Decanatura de Ciencias. El problema no es personal. Sencillamente, no comparto el proyecto de Universidad que él propone.

CV: ¿Cuáles son los principales rasgos de la propuesta del profesor Mantilla?
LM: Es un proyecto que considera que la autonomía académica no debe estar en cabeza de las comunidades académicas sino en cabeza de unas directivas que no son nombradas con la participación decisoria de la comunidad. En este sentido, es un proyecto que se basa en la supuesta autoridad de quien resulta escogido por un Consejo Superior para gobernar la Universidad. Este es el primer elemento que no comparto.
El segundo punto que no comparto tiene que ver con su concepción no integral de la academia. Considero que la academia debe estar ligada a las condiciones de vida de los estudiantes, que lo primero para la academia debe ser garantizarles unas condiciones de vida digna, para que puedan desarrollarse plenamente dentro de la Universidad. Él tiene una visión más elitista de la academia, en que el estudiante tiene que desarrollarse independientemente de esas condiciones de vida.

El tercer punto tiene que ver con la manera como pensamos. Considero que al Estado hay que exigirle, y legitimar ante la sociedad, los recursos que necesita la Universidad Nacional para ser una institución de excelencia. Él considera que eso se puede hacer mediante un lobby permanente con el Estado. Es algo que no comparto y que no ha dado resultados para la Universidad Nacional. Aparte de esto, yo hago énfasis en las líneas estratégicas de investigación y extensión para responder a los problemas de la sociedad colombiana. Estos son algunos puntos que diferencian las dos propuestas de Universidad.

CV: ¿Cómo es la estructura del Consejo Superior Universitario, la elección de sus representantes y el proceso de consulta para elección de rector?
LM: El Consejo Superior Universitario está compuesto por la Ministra de Educación o su delegado, que normalmente es el viceministro, quienes presiden el Consejo. Hay un delegado del Presidente que es egresado de la Universidad Nacional; otro delegado de la Universidad, que no es egresado de ella, es decir, tres de ocho miembros tienen vinculación directa con el gobierno nacional. Después hay un representante del CESU (Consejo de Educación Superior); hay otro que es representante de los ex rectores, un representante del Consejo Académico –que tiene que ser un decano–, que en este caso viene de la anterior administración y que es más representante del ex rector que de las comunidades académicas, y luego está un representante de los estudiantes y otro de los profesores, estos dos elegidos democráticamente.

En términos del nombramiento del rector, lo que se hace en la Universidad Nacional es convocar a una consulta de la cual salen cinco nombres que pasan al Consejo Superior, uno de los cuales es escogido discrecionalmente, sin que los criterios para esta elección sean claros o transparentes para la comunidad. En mi caso, obtuve la mayor votación entre los estudiantes, los profesores y los egresados, con una amplia ventaja entre los estudiantes, y entre profesores y egresados prácticamente doblé al segundo.

CV: ¿En el ámbito universitario hay modelos o experiencias que traten de ser más democráticos con respecto a sus procesos de elección?
LM: Yo diría que, más que de elección, sería de participación decisoria de la comunidad académica. En América Latina tenemos tres ejemplos de universidades que son mucho más participativas y más fuertes que la Universidad Nacional. La más participativa es la Universidad de Buenos Aires (Argentina); la Unam (México), participativa en la adopción de las decisiones, no tanto en el nombramiento, pero de todas maneras la junta que nombra es autónoma del gobierno. Otra que es participativa es la Universidad de Chile. Si queremos mirar más allá de América Latina, podemos ver una universidad mixta público-privado. Una de las universidades más importantes del mundo es la Católica de Lovaina, en donde se elige directamente al rector.

CV: ¿Cuál es su propuesta para un tipo de elección más democrática en la Universidad?
LM: Teniendo en cuenta la cultura política colombiana, propongo que el nombramiento de las directivas sea absolutamente reglado y transparente. ¿Qué quiere decir esto? Que se le asigne un porcentaje a la consulta, por ejemplo, 55 por ciento, o entre 45 y 55 por ciento. Que la consulta tenga ese valor en la decisión final. Que se asigne otro porcentaje a la hoja de vida académica, otro porcentaje a la experiencia administrativa, y finalmente un último porcentaje al programa y la viabilidad del programa. Sin embargo, que la hoja académica, la experiencia administrativa y el programa sean evaluados previamente a la consulta, con unos resultados de conocimiento público. Este pudiera ser un mecanismo en términos de nombramiento de rector, decanos y directores de instituto.

Con respecto a la campaña y la manera como son manejados los procesos de participación en nuestro país, quiero decir por último que resulta paradójico que, durante toda la campaña para la rectoría de la Universidad Nacional, CM& se haya dedicado a estigmatizarme sin haber hablado conmigo. Sin embargo, una vez elegido el rector, sí me llaman para entrevistarme. Esta es una de esas ironías que tienen algunos medios de comunicación en Colombia. A diferencia de CM& y Semana, que fueron bastante tendenciosos, puedo decir, por el contrario, en términos generales, que El Espectador y El Tiempo trataron de ser más imparciales, lo mismo que varios de los periódicos regionales, ejemplo, La Patria de Manizales.

---

Una universidad posible*

Durante los meses que duró la campaña por la dirección de la Universidad Nacional, el debate entre los candidatos permitió la ventilación de distintas propuestas. El más votado entre los candidatos, profesor Leopoldo Múnera, presentó iniciativas de hondo calado y larga proyección que ganaron gran simpatía entre la comunidad universitaria. A pesar de no quedar a la cabeza del centro de estudios, su ideas están vivas, y la presión de esa misma comunidad debe propiciar que se hagan realidad. Extendemos a continuación algunas de ellas para que las conozca y valore el público en general:

1. La Universidad ha venido concentrándose en términos de unas formas de decisión o de toma de decisiones que están muy alejadas de la comunidad universitaria y académica. Hay que reconocer a estas comunidades como sujetos activos para que asuman plenamente frente al conjunto de la sociedad colombiana, en relación con la cual se constituyen y adquieren sentido sus funciones esenciales, la responsabilidad pública que implica la función social de garantizar la independencia del saber académico, la pertinencia del mismo con respecto a la sociedad colombiana y el buen funcionamiento de las instituciones públicas.

2. En cuanto a la manera como la Universidad responde a los problemas nacionales, cada vez está más sometida a los criterios de mercado para definir sus líneas de extensión e investigación, pero además no se construyen estas líneas con los diferentes actores sociales. Hay que volver a construir estas líneas, esa pertinencia de la investigación, de la docencia y de la extensión en diálogo con la sociedad colombiana.

3. El 42 por ciento de los estudiantes de la Universidad es de estratos económicos 1 y 2. Son estudiantes que carecen de condiciones mínimas para estudiar en la Universidad Nacional, factor que concentra la mayor deserción, alrededor de un 30 por ciento. La Universidad necesita un sistema de bienestar claro, con políticas nutricionales, de vivienda y subsidio, y acabar ese fantasma del pasado, cuando se decía que el bienestar no se podía tratar o que el bienestar era asistencialista. Las investigaciones en la Universidad Nacional demuestran que los estudiantes, cuando tienen acceso a un bienestar básico, pueden rendir mucho más y la deserción se disminuye.

4. Que se haga efectivo el 3 por ciento que fue aprobado en la ley de presupuesto; que se vincule el crecimiento de las universidades al crecimiento del gasto público general; que se constituya un fondo de renta básica para la educación; en este sentido, según un estudio realizado, con el 1,1 por ciento del PIB anual durante 14 años tendríamos un fondo autosostenible de cobertura universal. Planteamos igualmente incrementos de los aportes de la nación y creación de fondos anónimos de solidaridad con los egresados. Hay propuestas económicas pero no voluntad política del Gobierno para financiar la educación pública.

5. El problema de los docentes. Su trabajo es crecientemente más precario, con docentes ocasionales y docentes de cátedra. Profesores que no pueden preparar clases porque tienen una sobrecarga de trabajo, o al mismo tiempo tienen que conseguir recursos para una investigación o un proyecto. Hay que recuperar una docencia que permita reflexionar sobre el país, la sociedad y el conocimiento mismo, y para esto hay que darle tiempo a docentes y estudiantes, de modo que hagan una reflexión colectiva de conocimiento. Esto hace necesario fortalecer no sólo los espacios curriculares sino asimismo los extracurriculares de los estudiantes, que en la Universidad se conocen como grupos de trabajo, donde ellos establecen una relación con la sociedad y crean procesos de aprendizaje.

6. Una innovación no reducida a procesos tecnológicos ni de las ciencias duras, y mucho menos a procesos productivos que sólo alimentan las formas de producción dominante. La innovación, en el sentido social y de construcción colectiva, para formular propuestas alternativas, para una sociedad determinada; la potenciación de nuevas formas de socialización; innovación para que las universidades puedan pensar autónomamente las formas del buen vivir de los ciudadanos.

7. Construir un Sistema de Educación Nacional que permita desarrollar interrelaciones entre este sistema y pensar el sistema educativo como una unidad, no seguir pensando la educación desde el centro hacia las regiones, sino desde procesos educativos para la formulación de políticas educativas; la construcción de nodos regionales complementarios y articulados, donde se puedan desarrollar las funciones de la Universidad (docencia, extensión e investigación), y no seguir trabajando en instituciones fragmentadas. La Universidad Nacional debe asumir plenamente su misión histórica como núcleo del Sistema Educativo Nacional y ejercer liderazgo en los órganos que definen las reformas, los planes y las políticas públicas para el sector, y proponer un plan de integración sistémica, tanto para la educación superior como para el conjunto de la educación pública.

8. Una Universidad no construida desde un proyecto estatal o un proyecto de afirmación de nación sino construida desde un diálogo con la sociedad que sea referente de construcción social y que permita el diálogo de saberes académicos y sociales, y el reconocimiento de otras formas de producción, transformación y transmisión del saber, como es el caso de universidades indígenas o de otras universidades que vienen de lo social. La construcción de un modelo de educación para la Universidad tiene que hacer parte de la construcción de un modelo pedagógico y por tanto ésta necesita entrar en diálogo con los movimientos de la educación y con el resto de la sociedad.

9. Evaluar las reformas que se han implementado en los últimos años en la Universidad, los efectos sobre la calidad académica de la ampliación de la cobertura con una planta docente congelada, la renovación del profesorado en aproximadamente una tercera parte, las nuevas modalidades de regulación laboral y las modificaciones en la planta administrativa.

10. En el caso de los posgrados, los egresados de la Universidad son quienes tienen menores posibilidades de ingresar por motivos económicos; en consecuencia, se debe garantizar que un 30 por ciento de los cupos de especializaciones, maestrías y doctorados se reserven para los estudiantes en opción de grado debidamente admitidos, de tal manera que puedan cursar la totalidad del posgrado, incluida la graduación, pagando la matrícula que les corresponde en el pregrado.

11. La puesta en operación del hospital universitario y la consolidación de una red hospitalario-universitaria, la estructuración de una política de bienestar para todos los estamentos, el desarrollo de las sedes de frontera, la inserción institucional en redes académicas

* Ver entrevista completa: www.desdeabajo.info 

La designación de un nuevo Rector para la Universidad Nacional de Colombia (UN) ha producido malestar en la comunidad universitaria, pues la mayoría del Consejo Superior Universitario –CSU– (con la excepción de los representantes profesoral y estudiantil), optó por nombrar a un profesor que no cuenta con el respaldo mayoritario de los estamentos.

El mecanismo establecido por el Estatuto vigente se limita a una consulta a la comunidad académica (profesores y estudiantes) para conformar una terna (que ahora es un quinteto) de nombres, entre los cuales el CSU es el que define. La consulta es una mera encuesta de opinión, no una elección directa de la máxima autoridad de la universidad. El CSU es presidido por la ministra de Educación, el rector en ejercicio no tiene voto y la mayoría de sus integrantes no pertenece a la comunidad universitaria activa.

Este mecanismo, aplicado desde hace varias administraciones con resultados similares, ha provocado un gran escepticismo entre la comunidad que tiende a marginarse del mismo. En la consulta reciente más un 80% de los estudiantes y un 40% de los profesores se abstuvo de participar. Los empleados administrativos no son consultados.

Globo de ensayo

El masivo movimiento estudiantil universitario del año pasado puso en evidencia la grave crisis que afecta a toda la educación superior pública. Uno de los problemas más protuberantes ha sido el desconocimiento por parte del gobierno de la autonomía universitaria. Las administraciones de las universidades se convirtieron en muchos casos en botín politiquero, y en otros (como el sonado de la Universidad de Córdoba) cayó directamente en manos de los paramilitares, con nefastas consecuencias para la vida académica.
La Corte Constitucional ha señalado en varias providencias los alcances de la autonomía universitaria. Es el derecho reconocido por el estado a las instituciones de educación superior de autogobernarse, definir sus propios estatutos y planes de desarrollo, así como administrar discrecionalmente su presupuesto. Esta autonomía parte del hecho de que la producción y difusión del conocimiento científico no puede estar al servicio de los propósitos coyunturales de un gobierno, sino que son un bien social cuya protección se delega en los propios universitarios.

Mecanismos como el aplicado en la Universidad Nacional desconocen de hecho esa capacidad de autogobierno de los universitarios.

La decisión de la mayoría del CSU, aunque legal, carece de legitimidad ante los ojos de la comunidad, y es un globo de ensayo que lanza el gobierno para medir fuerzas con el movimiento estudiantil.

Movilizarse en defensa de la autonomía

De consolidarse la decisión del CSU y no atender el llamado que hizo una masiva asamblea estudiantil –donde se rechazó el nombramiento del rector y se conminó al CSU a modificar su decisión, respetando la opinión mayoritaria de quienes participaron en la consulta– es probable un nuevo período de anormalidad académica en la institución.

Otras universidades públicas, pero también la UN, están amenazadas por diversos problemas (presupuestos insuficientes, plantas docentes inestables, carencia de garantías de permanencia para los estudiantes) y sobre todos ellos gravita el problema de la autonomía.

Esta es una gran oportunidad de conquistar la democracia para los universitarios. El ejemplo de la Universidad del Tolima, donde el año pasado se reivindicó el derecho a una Constituyente que definiera democráticamente el futuro de la institución, puede generalizarse a muchas universidades. Pero estos ejercicios de deliberación no tendrán mayores consecuencias si no son respaldados por un vigoroso movimiento de protesta.

Si el movimiento universitario nacional toma como propia la bandera de la democratización de la Universidad Nacional de Colombia, buque insignia de toda la educación superior colombiana, –empezando por exigir la elección directa de sus autoridades y la conformación órganos de gobierno compuestos por profesores, estudiantes y administrativos– se habrá dado un paso en firme para la conquista de la verdadera autonomía universitaria, uno de los ejes del Programa Mínimo de los Estudiantes Colombianos, defendido por la Mesa Amplia Nacional Estudiantil (MANE). Ese movimiento debería ser respaldado con decisión por las organizaciones profesorales como ASPU y Fenalprou, haciéndolo extensivo al Frente por la Defensa de la Educación Pública, en el que coincidimos con Fecode, Sindesena y otras organizaciones sindicales del sector.

El año pasado el movimiento estudiantil hizo una demostración de fuerza que dejó atrás los estériles enfrentamientos de pequeños grupos de encapuchados con las fuerzas represivas del Estado. Este año, en cambio, se inició con la muerte de varios estudiantes, víctimas de explosivos artesanales, que el gobierno ha utilizado para tratar de deslegitimar la protesta y estigmatizar a los jóvenes.

Es necesario retomar la agenda de movilización masiva y democrática, recuperar la iniciativa frente a la ofensiva mediática del gobierno, y volver a las calles a ganar el respaldo de la población por la conquista de una universidad pública gratuita, de libre acceso, con alta calidad y verdadero bienestar estudiantil.

La libra no deja a salvo de la austeridad a los británicos. A pesar de que no tienen el chaleco de fuerza del euro, los universitarios están condenados a un futuro de deudas astronómicas y remuneraciones congeladas en un mercado laboral anémico. Según Totaljobs.com, una página web laboral, hay entre 20 y 50 solicitantes por cada plaza en una economía famélica. Mientras tanto, el ajuste aplicado por la Coalición Conservadora-Liberal demócrata para salir del déficit fiscal es benigno con los más ricos. El Tesoro británico reconoció ayer que alrededor de un 30 por ciento de los millonarios no paga el 40 por ciento de impuestos a los ingresos y un 6 por ciento, que gana más de 10 millones de libras anuales de ingresos, tributa menos de un 10 por ciento.

Los universitarios están en una galaxia diferente. La matrícula de ingreso en septiembre costará 9 mil libras (unos 15 mil dólares), tres veces más que el año pasado. La cuenta final que enfrentan al terminar los tres años que suele llevar una licenciatura para la mayoría de las carreras se elevará a un equivalente de entre 60 y 90 mil dólares, financiados con un préstamo del gobierno que deberán pagar a medida que sus ingresos superen las 20 mil libras anuales.

Con la crisis actual el problema es doble. El desempleo nacional es del 8,7 por ciento: un millón de desocupados tienen entre 16 y 24 años. Para los afortunados que consiguen un trabajo, la licenciatura no es garantía de un salto cualitativo en los ingresos. Según el Income Data Service, que mide los ingresos a nivel nacional, el salario promedio de un egresado es de 25 mil libras anuales antes de pagar impuestos, el más bajo desde 2003. Con el pago de la deuda, sumado al valor de las propiedades (en Londres es casi imposible pagar menos de 200 mil libras por un departamento de dos ambientes) pocos podrán cumplir en su juventud con los requisitos cada vez más estrictos de los bancos para otorgar préstamos hipotecarios. Según el Higher Education Funding Council, el impacto ya se siente en las universidades. El número de solicitudes de ingreso descenderá este año en un 10 por ciento: en muchas carreras, como las de humanidades y artes, el descenso será más pronunciado.

Si Londres es de lejos el lugar más caro, es también el que ofrece mejores oportunidades laborales. En Gales las vacantes laborales han caído en un 17 por ciento con la crisis; en Escocia, un 18 por ciento; en el Noreste de Inglaterra la competencia por el mismo puesto se parece a una carnicería: el promedio es de 23 solicitudes por vacante. “Esto desmiente el discurso oficial de que hay muchos trabajos. En el noreste del país el problema son los despidos masivos del sector público”, señala el secretario general de la TUC, la central obrera inglesa, Brendan Barber. La cosa va a empeorar. El plan de austeridad del gobierno, anunciado en 2010, está cobrando ímpetu ahora: se calcula que más de medio millón de empleos se perderán en el sector estatal en los próximos tres años.

No a todos les va mal. La última encuesta de la Confederación de la Industria Británica muestra que reina el optimismo en el sector financiero gracias a un crecimiento sostenido en los últimos siete meses. Entre los millonarios se respira un ambiente de laxa felicidad. En el presupuesto de fines de marzo el gobierno les bajó su carga impositiva de un 50 a un 45 por ciento. Según los últimos datos del Tesoro Británico muchos no pagan ni una cuarta parte de ese monto. El intento oficial de cerrar el atajo de las deducciones impositivas filantrópicas está por quedar en la nada ante la presión y protesta de los dos miembros de la coalición, los conservadores y los liberal demócratas. Y de combatir los métodos serios de evadir impuestos, como los paraísos fiscales, ni se habla.

Por Marcelo Justo
Desde Londres

La educación pública está siendo atacada en todo el mundo. En respuesta, recientemente ha habido protestas estudiantiles en Gran Bretaña, Canadá, Chile, Taiwán y otras partes.
 

California también es campo de batalla. Los Angeles Times informa otro capítulo de la campaña para destruir al que había sido el sistema de enseñanza pública superior más grande del mundo: “Las autoridades de la universidad del estado de California anunciaron planes para congelar las inscripciones la próxima primavera en la mayoría de los campus y poner en lista de espera a todos los aspirantes el siguiente otoño, con miras al resultado de las votaciones de noviembre sobre una iniciativa fiscal”.
 

Desfinanciamiento similar está aconteciendo en todo el país. “En la mayoría de los estados”, informa The New York Times, “los pagos de colegiaturas, no las asignaciones estatales, son lo que cubre gran parte del presupuesto”, de tal forma que “podría haberse acabado la era de universidades públicas accesibles de cuatro años, fuertemente subsidiadas por el Estado”.
 

Cada vez es más común que los colegios comunitarios enfrenten perspectivas similares –y los déficits se extienden a grados K-12.
 

“Ha habido un cambio de la creencia de que como nación nos beneficiamos de la educación superior a la creencia de que la gente que recibe educación es la más beneficiada y que, por tanto, debería pagar el costo”, concluye Ronald G. Ehrenberg, administrador del sistema de universidades estatales de Nueva York y director del Instituto Cornell de Investigación de Educación Superior.
 

Una descripción más precisa, pienso, es “Fracaso por diseño”, título de un estudio reciente del Instituto de Política Económica (EPI, por sus siglas en inglés), que desde hace mucho ha sido fuente importante de información y análisis confiable sobre el estado de la economía.
 

El estudio del EPI analiza las consecuencias de la transformación de la economía de hace una generación, de producción nacional a la “financialización” y tercerización. Por diseño, siempre ha habido alternativas.
 

Una de las principales justificaciones para el diseño es lo que el galardonado premio Nobel Joseph Stiglitz llamó la “religión” de que “los mercados llevan a resultados eficientes”, que recientemente recibió aún otro golpe devastador con el colapso de la burbuja inmobiliaria, que fue ignorada bajo argumentos doctrinales, desencadenando la actual crisis financiera.
 

También se hacen afirmaciones sobre los supuestos beneficios de la radical expansión de las instituciones financieras desde la década de 1970. Una descripción más convincente la aportó Martin Wolf, corresponsal sénior de economía de The Financial Times: “Un sector financiero descontrolado se está comiendo desde adentro la economía de mercado moderna, de la misma forma en que la larva de una marabunta se come al organismo donde fue depositada”.
 

El estudio del EPI observa que el “Fracaso por diseño” se basa en clases. Para los diseñadores ha sido un éxito impactante, tal como lo revela la sorprendente concentración de riqueza en el uno por ciento de hasta arriba, de hecho en el 0.1 por ciento superior, mientras la mayoría se ha reducido a un virtual estancamiento o caída.
 

En pocas palabras, cada vez que pueden “los maestros de la humanidad” siguen su “vil máxima... de todo para nosotros y nada para los demás”, tal como lo explicó Adam Smith hace mucho tiempo.
 

La educación pública masiva es uno de los grandes logros de la sociedad estadunidense. Ha tenido muchas dimensiones. Uno de los propósitos fue preparar a los agricultores independientes para la vida como trabajadores asalariados, que toleraran lo que consideraban virtual esclavitud.
 

El elemento coercitivo no pasó desapercibido. Ralph Waldo Emerson observó que los líderes políticos apelan por la educación popular porque temen que “este país se esté llenando de miles y millones de votantes, y se debe educarlos para que no nos salten al cuello”. Pero correctamente educados: limitar sus perspectivas y entendimiento, desalentar el pensamiento libre e independiente, y enseñarles obediencia.


La “vil máxima” y su aplicación regularmente han generado resistencia, lo que a su vez evoca los mismos temores entre la élite. Hace 40 años había una gran preocupación de que la población se estuviera liberando de la apatía y la obediencia.
 

En el extremo liberal internacionalista, la Comisión Trilateral –el grupo de política no gubernamental en que se basó gran parte de la administración Carter– emitió duras advertencias en 1975 de que hay demasiada democracia, debido en parte al fracaso de las instituciones responsables del “adoctrinamiento de los jóvenes”. En la derecha, un importante memorándum de 1971 de Lewis Powell, dirigido a la Cámara de Comercio de Estados Unidos, principal organismo empresarial, lamentaba que los radicales estuvieran apoderándose de todo –universidades, medios, gobierno, etcétera– y exhortó a la comunidad empresarial a que usara su poder económico para revertir el ataque contra nuestra preciada forma de vida –bien conocida por él. Como cabildero de la industria del tabaco estaba bastante familiarizado con el funcionamiento del Estado paternalista para los ricos, al que llamó “libre mercado”.
 

Desde entonces, muchas medidas se han tomado para restaurar la disciplina. Una es la cruzada por la privatización –poner el control en manos confiables.
 

Otra son los drásticos aumentos a las colegiaturas, hasta 600 por ciento desde 1980. Éstas producen un sistema de educación superior con “mucho más estratificación económica que en cualquier otro país”, según Jane Wellman, ex directora del proyecto Delta Cost, que monitorea esos asuntos. Los aumentos a la colegiatura atrapan a los estudiantes en deuda de largo plazo y, consecuentemente, en la subordinación al poder privado.
 

Los justificativos se presentan con argumentos económicos, pero son singularmente faltos de poder de convencimiento. En países ricos y pobres, incluyendo a México aquí al lado, la colegiatura sigue siendo gratuita o nominal. Eso también era así en Estados Unidos cuando era un país mucho más pobre, luego de la II Guerra Mundial, y gran cantidad de estudiantes pudieron ingresar a las universidades bajo la iniciativa GI – actor para crecimiento económico singularmente elevado, incluso dejando a un lado la importancia en la mejoría de las vidas.
 

Otro instrumento es la corporatización de las universidades. Ello ha llevado a un drástico incremento en las capas de administración, a menudo profesional en lugar de sacarla del profesorado como antes, y a la imposición de una cultura empresarial de “eficiencia” –noción ideológica, no sólo económica.
 

Un ejemplo es la decisión de los colegios estatales de eliminar programas de enfermería, ingeniería y ciencias computacionales, porque son costosos –y resulta que son las profesiones donde hay escasez de mano de obra, tal como lo informa The New York Times. La decisión afecta a la sociedad, pero se atiene a una ideología empresarial de ganancia de corto plazo sin importar las consecuencias humanas, de acuerdo con la vil máxima.
 

Algunos de los efectos más insidiosos son sobre la enseñanza y el monitoreo. El ideal de la educación de la Ilustración fue capturado en la imagen de la enseñanza que pende de un hilo que los estudiantes siguen a su manera, desarrollando su creatividad e independencia de pensamiento.
 

La alternativa, de ser rechazada, es la imagen de vaciar agua en un jarrón –con bastantes fugas, como todo lo sabemos por experiencia propia. Este último enfoque incluye enseñar para exámenes y otros mecanismos que destruyen el interés de los estudiantes y buscan hacerlos a un molde fácilmente controlado. Algo muy familiar en la actualidad.
 

El nuevo libro de Noam Chomsky, Making the future: occupations, interventions, empire and resistance, es una colección de sus columnas para The New York Times Syndicate.
 

Por Chomsky, profesor emérito de lingüística y filosofía del Instituto Tecnológico de Massachusetts, en Cambridge.