Uno de los puntos más importantes de la Agenda acordada entre el Gobierno y las FARC para sus diálogos sobre la Paz en La Habana, es el problema de la PARTICIPACIÓN. Se está entendiendo como la apertura de posibilidades para que algunos ex combatientes se inserten en la manera tradicional de hacer política en Colombia. Sin embargo, los mismos sub temas de la Agenda dan pie para entender el tema de manera mucho más amplia y analizar los verdaderos obstáculos del pueblo raso de Colombia para participar libre y conscientemente en decisiones que le conciernen. Aquí se analizan CUATRO MURALLAS que cierran las posibilidades de participación y se sugiere a los dialogantes buscar la manera de derribarlas.

Dr. Humberto de la Calle Lombana -Delegados del Gobierno Nacional a los Diálogos de Paz.

Sr. Iván Márquez y delegados de las FARC a los mismos Diálogos.

De toda consideración.

Estando cerca el estudio del segundo punto de la agenda para los diálogos que ustedes adelantan en La Habana, punto referido a la participación política como tema general y que contempla, como sub-temas:

"los derechos y garantías para el ejercicio de la oposición política en general, y en particular para los nuevos movimientos que surjan luego de la firma del Acuerdo Final. Acceso a medios de comunicación. Mecanismos democráticos de participación ciudadana, incluyendo los de participación directa en los diversos niveles y diversos temas. Medidas efectivas para promover mayor participación en la política nacional, regional y local de todos los sectores, incluyendo la población más vulnerable, en igualdad de condiciones y con garantías de seguridad", he querido poner a la consideración de ustedes algunos análisis y reflexiones que desde hace mucho tiempo me inquietan y que tienen que ver justamente con este aspecto de nuestra problemática nacional.

En primer lugar, quisiera invitarlos a tener una mirada amplia en la misma comprensión de la Paz. La violencia y el conflicto que afectan a la sociedad colombiana no se reducen a la lucha armada, aunque ésta sea una expresión, la más dramática, de ese conflicto. La violencia y el conflicto tienen raíces muy hondas en Colombia, tanto económicas como políticas, históricas y sociales, y la paz jamás se lograría sin afectar esas raíces. Por ello, los puntos de la agenda acordada para estos diálogos, como son los problemas de la tierra, la participación política, las garantías de derechos, la situación de las víctimas y el problema de la droga, nos afectan a todos y debiera escucharse y promoverse la participación de todos los sectores sociales del país en la búsqueda de soluciones.

Más específicamente, en el aspecto de la participación política, los diálogos no deberían centrarse en encontrar fórmulas para garantizar la inclusión de los excombatientes o de nuevos grupos o movimientos políticos en los procesos electorales, con el fin de lubricar nuevamente los mecanismos tradicionales de la actividad política. Esto sólo podría desembocar, en las actuales circunstancias, o bien en nuevos genocidios de los movimientos que pretendan convocar a grandes cambios, o bien en nuevas formas de cooptación y corrupción, mediante la asimilación de las costumbres políticas por parte de un puñado de nuevos integrantes del establecimiento político, que por su exigua minoría no tendrán incidencia alguna.

Antes de pensar y encontrar caminos para que nuevos sectores se integren a las estructuras llamadas "democráticas", les suplico que analicen con sinceridad si esas estructuras vigentes son realmente democráticas.

¿Es realmente democrático el acceso de la población en general a los medios de información y comunicación? ¿Existe en la realidad un derecho a la información y a la verdad? ¿De qué tipo de "verdades" se alimenta la inmensa mayoría de la población colombiana? ¿Qué tipo de elementos de lectura de su propia realidad le son suministrados al pueblo raso? ¿Puede el pueblo sufriente comunicarse, en realidad, con el resto de pueblo sufriente?

¿Quién puede, en realidad, participar en unas elecciones en Colombia? ¿Acaso, quien decide participar en cargos de elección popular, no necesita tener muchos miles de millones de pesos? ¿Quién suministra ese dinero? ¿Cuál es el papel de los partidos? ¿No se revela aquí, acaso, un filtro económico ineludible, mediante el cual los poderes económicos más concentrados, cooptan, condicionan, seleccionan y someten a quienes van a ejercer el poder público?

¿Cómo funciona el aparato electoral? ¿No es acaso una verdad sabida y de público dominio, que este aparato está plenamente controlado por el narcotráfico fusionado con el paramilitarismo? ¿Acaso la arraigada "parapolítica", en la medida en que fue fugazmente escrutada por altas Cortes, no reveló el más desvergonzado dominio y control del narco-paramilitarismo sobre el aparato electoral? ¿Acaso los mismos magistrados que incursionaron en esas pocilgas morales no se sintieron impotentes y temerosos de continuar explorando y se dieron por vencidos? ¿Acaso el país no recibe frecuentemente noticias que se filtran, sobre parlamentarios y políticos supuestamente privados de su libertad pero que mantienen sus poderes electorales intactos a través de renovadas estructuras? ¿No tiene acaso, el funcionamiento del aparato electoral, todas las características de una estructura "mafiosa"?

¿No es acaso evidente la persistencia del paramilitarismo a lo largo y ancho del país?¿Será posible ocultar por más tiempo el origen y las características del paramilitarismo, tal como fue diseñado por la misión militar estadounidense en febrero de 1962, comandada por el General William Pelham Yarborough, con su carácter de estrategia de Estado para el involucramiento de civiles, como brazos clandestinos de las fuerzas oficiales, destinados a combatir maneras de pensar no afectas a la ideología imperial, en un momento en que no existía oposición armada en Colombia? ¿Será posible ignorar todos los manuales impulsores del paramilitarismo que han tenido un carácter oficial clandestino durante estas cinco décadas y las estrategias semi-públicas de promoción del paramilitarismo, como las "Convivir", las "Redes de Informantes y Cooperantes" etc.? ¿Será posible ignorar por más tiempo las numerosas y multifacéticas cooperaciones entre fuerza pública y estructuras paramilitares, así se llamen estas "Bacrim" o tomen otros variados nombres? ¿No constituye, acaso, una ignorancia afectada el no percibir el carácter que tiene el paramilitarismo en sus más variadas versiones, de brazo aniquilador o desarticulador de la oposición política y de los sectores críticos al poder dominante?

Todo esto no puede sino converger en una imagen que nos descubre CUATRO MURALLAS hoy infranqueables, que no sólo bloquean una participación política de unos ex combatientes, sino que ocluyen efectivamente la participación política más elemental del conjunto de la población colombiana, exceptuando estrechas franjas de ciudadanos que usufructúan las estructuras discriminatorias o se las arreglan para abrirle pequeños boquetes a esas murallas, como el que le abren algunos usuarios del internet (franja de cierto nivel económico y cultural que habita sobre todo en las ciudades) o la que le abren movimientos alternativos que consiguen con exagerados esfuerzos pequeños recursos económicos para promocionar un candidato que no tendrá poder alguno de incidencia al enfrentarse a los océanos de corrupción y clientelismo que todo lo condicionan, dominan y controlan.

Nada significa, entonces, dialogar sobre condiciones para participar políticamente en una estructura que no es participativa sino excluyente, discriminatoria, monopolizada por la corrupción y sumergida en dinámicas tales de cooptación por el soborno o la amenaza, que no revela rutas posibles o eficaces de corrección.

Por ello propongo que, antes de sumergirse en un diálogo sobre posibilidades de participación política de ex combatientes, sus delegaciones aborden el problema de las CUATRO MURALLAS.

¿No constituye, acaso, una ficción imperdonable, ofrecer a quienes han ejercido una oposición armada al sistema, una participación en un sistema no-participativo, como salida a su condición de rebeldes? ¿No es acaso el pueblo raso de Colombia, en su casi totalidad, el que necesita encontrar vías de participación, al menos abriéndole grandísimos boquetes a las cuatro murallas?

Pero en mi sentir, las cuatro murallas tienen un orden calculado:

• • Primero, la MURALLA CULTURAL-MEDIÁTICA se encarga de acondicionar los niveles más íntimos de las personas [su conciencia] para convertirlas en usuarios adaptados y sumisos al sistema político imperante. Dicha muralla proyecta toda su sombra sobre la conciencia de las gentes y la va modelando, desde niveles inconscientes, como verdaderos robots, haciendo asimilar los anti-valores, la lectura sesgada y manipulada de la realidad, las aficiones y modas inducidas, los odios y fanatismos, las preferencias políticas y hasta las opciones profesionales y éticas, ajustadas mediante técnicas subliminales a los intereses de élites dominantes.
• • La MURALLA ECONÓMICA es el segundo filtro para bloquear una participación consciente y libre de esa población ya robotizada. La reverberación mediática ha acondicionado ya su conciencia para aceptar que todo, en la sociedad, debe ser susceptible de compra y venta por mandato de la misma naturaleza, y que por lo que más se desea o se necesita hay que pagar precios más altos. Sobre esa base del ajuste psíquico mediático a la mercantilización universalizada, se acepta, como algo natural, competir económicamente por el poder, silenciando en las trastiendas de lo inconsciente la descomunal desigualdad de los competidores. Así, el dogma "democrático" de la competencia, lleva a aceptar el veredicto fáctico ineludible de que los pobres jamás podrán tener poder ni incidencia política, aunque constituyan la inmensa mayoría de la nación.
• • Pero enseguida la MURALLA POLÍTICA, léase el aparato o maquinaria electoral, como un tercer filtro, entroniza los poderes mafiosos en el control real del clientelismo, sirviéndose a su vez del enorme poder encubridor y des-informador de la Muralla Mediática y del poder intimidante de las armas ligadas al dinero(narco-paramilitarismo) con capacidad de controlar incluso el anémico y corrupto aparato de justicia. Aferrados a esta muralla, los partidos llegaron a convertirse en unidades administrativas para la compra de votos y para pagarlos con puestos, abandonando toda identidad ideológica.
• • Finalmente la MURALLA PARAMILITAR cierra el círculo de oclusión a la participación política. Si hay grupos que logran traspasar las tres murallas anteriores y conserven aún impulsos reformadores o de alguna incidencia –como ocurrió en el caso de la U.P.-el imperio del terror, vía genocidio u otras formas de exterminio, da cuenta rápidamente de su persistencia. La impresentabilidad de esta muralla ha llevado reiterativamente a disfrazarla y ocultarla tras ropajes andrajosos de delincuencia común que nunca han podido ocultar su vergüenza deslegitimante del Estado.
• Revertir esta situación no es nada fácil. Me preocupan profundamente las noticias que llegan en relación con presiones para que la paz se firme rápidamente y se someta a calendarios que obedecen más bien a la ritualidad rutinaria de consolidación de prácticas corruptas de participación ficticia, como son los procesos electorales.
• Soy consciente de que una paz auténtica debería contemplar transformaciones radicales de muchas de nuestras instituciones, ligadas de una u otra forma a la injusticia estructural y a la generación de múltiples violencias como, por ejemplo:
• • Las formas de elección de los congresistas; la carencia de formas de control por sus electores; los criterios de su remuneración; el papel de los partidos; sus prácticas corruptas de creación de leyes y reformas constitucionales; las estructuras arraigadas de clientelismo; su no independencia de otros poderes; sus prácticas corruptas tan arraigadas y consolidadas que han llevado a porcentajes tan altos de miembros del Congreso Nacional a prisión.
• • La corrupción tan honda del poder judicial; la carencia de mecanismos de control de calidad de sus fallos; la venalidad de la justicia; su ineficiencia e impunidad proverbiales; la manipulación sistemática de las normas procesales para absolver a los culpables y condenar a los inocentes; la consolidación de una justicia del sólo testimonio a la par con la mercantilización y envilecimiento máximo del testimonio.
• • La adulteración histórica de la función de la fuerza pública y su conversión en ideología armada al servicio de intereses elitistas y foráneos; el arraigo en su tradición de doctrinas antidemocráticas y criminales; la generación en su seno del paramilitarismo, ejecutor de los crímenes más horrendos y masivos; sus prácticas genocidas e inhumanas protegidas por fueros antijurídicos.
• • El imperio legalizado de la economía de mercado centrada en el lucro desmesurado, sometiendo a la máxima rentabilidad las necesidades básicas de los ciudadanos y generando así desigualdades, pobreza y miseria escandalosas, absolutamente repudiables. El privilegio de que gozan los más grandes capitales transnacionales, su incontrolada destrucción del medio ambiente y su saqueo perverso de los recursos naturales no renovables.

Es imposible ciertamente que problemas tan descomunales se analicen y corrijan en círculos y tiempos tan estrechos, como los actuales diálogos de La Habana, donde la gran ausente es la nación colombiana en su diversidad de etnias, razas, credos, ideologías, profesiones y capas económico sociales, y donde sólo un exiguo dígito porcentual tiene acceso a informaciones verídicas y a mecanismos de comunicación no manipulados con sus semejantes.

Las actuales conversaciones de paz tienen ciertamente limitaciones ineludibles para poder abordar y afectar los factores profundos generadores y constitutivos del conflicto social-armado que nos afecta.

Sin embargo, estoy convencido de que un proceso como estos al menos puede ABRIR PUERTAS para una solución a más largo plazo de esos factores. En mi sentir, los temas de la Agenda acordada tocan puntos neurálgicos, y entre ellos, el fundamental de la PARTICIPACIÓN. Si se llegara a un acuerdo que le abra boquetes definitivos a las CUATRO MURALLAS que ocluyen la participación, estos diálogos contribuirían a poner en marcha un proceso que podría llevar a construir un país que vaya entrando en una ruta hacia la paz.

Mi propuesta apunta a que se elabore, como prioridad de prioridades, un nuevo marco legal para la información y la comunicación y que se ponga en ejecución junto con otras tres medidas claves que afecten las otras tres murallas obstructoras de la participación, fijando un período básico para que esas bases democráticas sean evaluadas y se pueda iniciar una segunda etapa de proceso de paz, esa sí con un margen de participación muy amplio de la nación colombiana.

Derribar la MURALLA CULTURAL-MEDIÁTICA debería constituir la prioridad de prioridades para abrir caminos a la PARTICIPACIÓN. En efecto, la condición elemental y básica de toda participación es el acceso a la verdad, a la información no manipulada, a la comunicación libre y no amordazada.

Cuando uno examina el actual sistema de "información" masiva que tenemos, hay que concluir que aquí no existe ni de lejos el derecho a la verdad ni el derecho a la información; esta no se rige por criterio alguno de servicio público sino por las leyes inexorables de las mercancías. Todos los medios masivos de "información" son propiedad privada de grandes conglomerados económicos, varios de ellos como capitales y empresas transnacionales. El principio que los rige, a todas luces, es el principio del lucro y de la máxima rentabilidad. Esto quiere decir que la "verdad" es una mercancía, lo que introduce la contradicción más radical en su misma noción. Una "VERDAD-MERCANCÍA" jamás podrá considerarse verdad y sin embargo esa es la única "verdad" que tenemos de consumo masivo.

En nuestras universidades y facultades de comunicación imperan los criterios del "mercadeo informativo" o las "técnicas de publicidad", disciplinas que han convertido en ciencia refinada el engaño y la mentira, la manipulación de las conciencias y lo que las más oprobiosas tiranías llamaron "lavado de cerebros". Dichas técnicas mercantiles han descubierto mecanismos efectivos y masivos para neutralizar toda resistencia ética al engaño, al combinarse profundamente con estudios de psicología, aprovechando de manera perversa todas las debilidades del psiquismo humano. La imposición mediática de la ideología competitiva ha encontrado en el fútbol y en otros deportes un canal de consolidación permanente, lo que explica el altísimo porcentaje de tiempo que este deporte ocupa en la programación cotidiana de los medios masivos. La información mediática es selectiva, calculada e interesada, incluyendo entre sus mecanismos técnicas de ocultamiento de sus intereses, como las encuestas o programas de opinión, cuya malicia sólo es percibida por pequeñas franjas poblacionales de conciencia crítica. Dicha ideología mediática estigmatiza y promociona, la mayoría de las veces mediante mensajes que operan en niveles inconscientes o con mensajes subliminales, de acuerdo a intereses económicos, políticos e ideológicos de los poderes que representan, que son sin lugar a dudas los más poderosos de la nación. Crean "ángeles" y "demonios" a la medida de sus intereses y a través de sus voceros dicen representar al país entero.

Los medios masivos utilizan abierta u sutilmente la calumnia para neutralizar posiciones incómodas a los poderes que de facto representan. Han entronizado en profundidad una ética donde la frontera entre lo bueno y lo malo está definida por la sumisión o el rechazo a los ejes estructurales del sistema imperante y a sus figuras representativas. A esta "ética" implícita corresponde el mecanismo de identificar forzosamente toda opinión crítica o alternativa, sobre todo cuando intenta expresiones orgánicas, con la oposición armada, echando mano de la única manera de colocar en los márgenes de lo legal a quienes consideran obstáculo a sus intereses.

No puede alegarse que la calumnia es legalmente reprimida; lo es sólo en teoría. El suscrito arrastra desde hace muchos años la destrucción de su reputación por medios masivos como El Tiempo, RCN, Caracol, El Siglo, varias cadenas radiales y otros medios masivos, sin que las acciones de Tutela hayan logrado rectificación alguna. Al mismo tiempo he visto destruir el buen nombre de todo un pueblo, como es la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, por estrategias mediáticas de enorme perversidad agenciadas por El Colombiano, El Mundo y varias cadenas radiales, sin que sus directores aceptaran –y menos corrigieran o rectificaran-la perversidad de sus ardides, no obstante ponerles de frente las consecuencias fatales y criminales de losmismos.

Toda esa anti ética se cobija con el principio falsificado de la "libertad de prensa" o "libertad de expresión". Pero, ¿puede acaso llamarse libertad de prensa a la libertad de publicar lo que se quiera – incluyendo mentiras y calumnias de grandes proporciones, de alcance sistemático y de efectos letales-por parte de quienes tienen descomunales cantidades de dinero, cuando incluso el que es calumniado y no tiene dinero necesita empeñar varios salarios de hambre para que le publiquen una defensa de su opinión? La inconsistencia y el absurdo saltan a la vista.

Es, pues, necesario y urgente, cambiar el marco legal de la información y la comunicación. Es necesario comenzar a construir desde mucho más atrás de un punto cero, el derecho a la verdad y el derecho a la información. En efecto, habrá que enfrentar las reacciones de poder de quienes han usufructuado casi por siglos el derecho al engaño, a la mentira, a la manipulación mediática y al lavado de cerebros.

Un primer elemento de dicho nuevo marco legal es sustraer la información masiva al control y arbitrio de las empresas mediáticas y sus órganos decisorios. Para definir el concepto de información masiva sugiero reunir a grupos de expertos que puedan señalar los niveles de tiraje y de rating, según el caso, que empiezan a constituir una información masiva. Si bien hay diarios impresos que bordean o sobrepasan el millón de ejemplares con una distribución nacional, hay otros de mayor distribución regional que fluctúan entre los cien y doscientos mil pero que tienen un poderoso influjo regional. En los medios radiales y visuales hay que atender los horarios y sus ratings de audiencias. Lo clasificado como información masiva debe dedicar, al menos un 70% de su contenido, a darle expresión a los sectores sociales del país, mediante mecanismos de elección y control democráticos permanentes. Un amplio consejo de elección popular debe garantizar el derecho a la información proveniente de los sectores más desprotegidos, así como a sus opiniones, y elaborar reglamentos que permitan la expresión igualitaria de todos los sectores y organizaciones sociales.

Una transformación legal de esas proporciones no va a garantizar el derecho a la verdad y a la información de un día para otro, pero dicha transformación va abriéndole paso progresivamente, y seguramente en medio de numerosos conflictos de ajuste, a las verdades por siglos amordazadas y reprimidas y, lentamente, el derecho a la información verídica se irá abriendo paso.

Es necesario aclimatar durante períodos prudenciales, esta base fundamental de la participación. En efecto, participar en procesos políticos, en medio de océanos de engaños, de verdades amordazadas y manipuladas, no tiene ningún sentido y sólo constituye un engaño más.

Para completar las bases de una participación auténtica y no ficticia, es necesario idear otras medidas urgentes que neutralicen las otras tres murallas:

• • Unas elecciones que requieran de enormes cantidades de dinero para participar, ya por el costo abierto de vallas, cuñas publicitarias y demás técnicas propagandísticas, ya por la inveterada y masiva compra de votos y de jurados, es más que evidente que excluyen a los sectores pobres del poder de decisión o participación, por no hablar de la podredumbre moral de sus mecanismos. Una drástica ley electoral debe sustraer las elecciones a la exclusiva participación de quienes tienen mucho dinero y tomar medidas para ilegalizar lo que demande dinero y consagre desigualdades evidentes en las candidaturas.
• • Si bien la medida anterior puede limitar un poco el control mafioso del aparato electoral, no es suficiente. El narcoparamilitarismo ha demostrado enorme sagacidad y poderío para infiltrar y neutralizar todo los controles que van apareciendo y en ello han sido de gran ayuda sus redes de relaciones con la mayoría de las instituciones del Estado. Es necesario recurrir a todos los mecanismos y técnicas utilizadas en países democráticos, que permitan preservar el voto de la manipulación y antes hay que depurar a fondo las instituciones que intervienen en el proceso electoral.
• • Respecto al paramilitarismo, última muralla que elimina mediante la barbarie a los partidos y movimientos que muestran niveles críticos, es evidente que el factor nuclear de su gran poder es la multifacética colaboración, por acción o por omisión, que le brinda la fuerza pública. Por ello, está en manos del Presidente de la República, como Comandante en Jefe de la fuerza pública y garante de los derechos, con atribuciones constitucionales suficientes para remover a funcionarios que estorban el cumplimiento de la Constitución, el destituir sin contemplaciones a los comandantes de unidades en cuyas jurisdicciones operen estructuras paramilitares. Esa medida reemplazaría la evidente condescendencia y apoyo del que hasta ahora ha gozado el paramilitarismo y con toda seguridad se revertiría. Es de absoluta evidencia que el factor que mantiene vivo y actuante el paramilitarismo es el apoyo oficial por acción u omisión; quebrado éste, desaparecerá, y ello gravita sobre la voluntad política del Jefe del Estado.

Al dejar en sus manos estas inquietudes, quiero insistir en que no se pase por alto la realidad oclusiva de estas CUATRO MURALLAS, no sea que eventuales acuerdos sobre participación política se conviertan en una ficción más que deje intactas las estructuras excluyentes que nos han dominado.

Atentamente,

Javier Giraldo Moreno, S. J.

19 de mayo de 2013 

El presidente francés, François Hollande, acaba de iniciar el segundo año de su mandato con una impopularidad de más de 75 por ciento, es decir, de las más altas que haya alcanzado un mandatario, acompañada de un descontento generalizado que llega a las filas de su Partido Socialista (PS).

Cierra su primer año con desempleo de 3 millones 224 personas, que sigue al alza a pesar de la promesa de revertirlo a finales de 2013, con una nueva e impopular reforma de las jubilaciones en marcha, con el aumento de los impuestos, con el ejército francés en una guerra en Mali y con sólo dos leyes importantes aprobadas en un año.

La ley del matrimonio se esperaba, pero su promulgacion y aplicacion no resolverán nada en cuanto a la crisis política y economica del país. La ley sobre seguridad del empleo, diseñada para satisfacer a los empresarios y votada globalmente –sin el tradicional debate artículo por artículo– en el Senado en estos días, que considera el trabajo, no como la riqueza producida por los trabajadores, sino como costo, el cual ha de reducirse como sea, agravará la precaridad del empleo hasta en los sectores educativo y de salud, favorecerá el trabajo parcial y provocará baja de salario.

La segunda conferencia de prensa del presidente, el pasado jueves, ocurrió en el momento en que se confirmaba que Francia había entrado en recesión con dos trimestres seguidos de retroceso del PIB y con el poder adquisitivo de los franceses en baja histórica de casi uno por ciento en 2012. Pese a esos indicadores catastróficos, Hollande ha confirmado su voluntad de seguir aplicando las políticas neoliberales de austeridad impuestas por la Comisión Europea y Alemania.

Para él, Francia es y será el motor del cambio europeo cuando la zona euro, y obviamente Francia, está completamente paralizada por políticas de austeridad dictadas por la obsesión liberal de reducir el déficit presupuestal publico, medida reclamada por los mercados financieros. Cuando Hollande propone, para solucionar la crisis (que, al mismo tiempo, afirma que ésta ya quedó atrás), crear “un gobierno économico europeo” con poderes, sólo olvida mencionar que la idea no es nueva y la lanzó Angela Merkel en 2011.

Cabe recordar que, pese a lo que afirmó al principio de su mandato, no consiguió modificar una sola palabra del tratado europeo firmado por Sarkozy y Merkel. Intentó presentar todo lo que le impone Alemania y la Comisión Europea (que acaba de otorgar a Francia dos años más para reducir su déficit presupuestal a 3 por ciento; es decir, para terminar las privatizaciones y reformas estructurales, acabar con el código del trabajo y agravar las condiciones para las jublilaciones) como iniciativas propias y decisiones de su gobierno. El Medef, que reagrupa a empresarios, ha manifestado satisfacción considerando que las declaraciones de Hollande “corresponden a su visión”.

Frente al ejercicio de malabarismo gubernamental, cuyo objetivo era intentar convencer a los franceses que todo va a cambiar sin cambiar de política, el escepticismo va creciendo y la mayor preocupación de la población sigue siendo el empleo. Según el ministro del Trabajo, Michel Sapin, todo está listo para revertir la curva del desempleo este año y las medidas serán presentadas en la conferencia social del 20 y el 21 de junio con los sindicatos. La medida estrella del gobierno Hollande son los “empleos para el futuro”, dirigidos a los jóvenes sin calificaciones de los suburbios obreros o del campo. Pero, a mediados del año, los cien mil empleos prometidos apenas llegan a 10 mil.

El gobierno acaba de ampliar la medida al sector privado y al turismo. Tampoco los 500 mil empleos que deben generarse, en cinco años, con los “contratos de generación” –se contrata a un joven y se mantiene a un senior a cambio de exoneración de cargos sociales– ha encontrado éxito en las filas del sector privado. Todas esas medidas técnicas tendrán, quizá en un tiempo, efecto positivo en las cifras del desempleo pero no son la solución. Bien se sabe que, para solucionar la cuestión de los fondos de jubilaciones y mantener la jubilación por reparto a su nivel actual, habría que crear masivamente empleos y subir el salario minimo a mil 700 euros brutos para reactivar el consumo.

Hollande tiene pocas alternativas. En junio, la conferencia social le va a reclamar una nueva orientación de la politica económica y social, lo que descarta totalmente. En entrevista a una revista francesa hace unas semanas, había repetido que este año su equipo de trabajo debe tener resultados en desempleo, vivienda, educación, consumo y la presencia de Francia en el mundo. Pero de ninguna manera se espera que escuche la voz de los que votaron por él hace un año y le dieron cuatro millones de votos. El presidente ha dicho que no considera a “la izquierda de la izquierda” parte de su mayoría y su rechazo personal a la ley de amnistía social para trabajadores despedidos y que, en su desesperanza, destruyeron material en oficinas es preocupante. La violencia de los despidos de hombres y mujeres que trabajaron años en una empresa no se puede comparar a ninguna otra.

La ley de amnistía permite reconocer esa intolerable violencia social hacia familias enteras. Preocupante también la manera en que Hollande se vanagloria de hacer lo que no hizo Nicolas Sarkozy: reforma del sector laboral, reducción del gasto público, reforma de las jubilaciones (incluso repitió la frase –que en su tiempo criticó– de Sarkozy “ya que vivimos más tiempo, tenemos que trabajar mas tiempo”.

La “izquierda de la izquierda” dio sus votos sin ilusiones pero el rechazo de Hollande a “hacer otra política” como se lo pidieron el 5 de mayo pasado decenas de miles de manifestantes que gritaban ‘resistencia’ en las calles de París, no deja de ser grave. La actitud del presidente, que está traicionando incluso los textos votados por su partido, ha venido a confirmar que el cambio no es ahora como lo pretendía la propanganda socialista.

El próximo año, hay comicios municipales y europeos y la extrema derecha se prepara a recoger los frutos podridos de la abstención electoral, consecuencia de una esperanza perdida.

“Quiero que la política de paz se reelegida”. Esta fue una de las frases con las que el presidente colombiano Juan Manuel Santos hizo públicas las movidas que prepara para empezar lo que será la campaña para la reelección de sus políticas.

 
El cuasi lanzamiento de Santos sorprendió, ya que el primer mandatario tiene de plazo para anunciar su candidatura, por ley, hasta seis meses antes de las elecciones que se celebrarán en junio de 2014. Aun así aclaró que el anuncio formal sobre su futuro político lo dará a conocer el próximo noviembre. Al parecer, la lentitud en las conversaciones de paz con la guerrilla de las FARC y la polarización que vive el país en torno al mismo hicieron que Santos empezara a mover sus fichas para la campaña política que se avecina.
 

En la alocución, el mandatario anunció la renuncia de dos de sus más cercanos colaboradores, la del ministro de Vivienda, Germán Vargas Lleras, y la su secretario privado, Juan Mesa, quienes se harán cargo de revivir la Fundación Buen Gobierno, creada por el presidente en 1994 pero que fue cerrada cuando asumió el poder en 2010. En el equipo de la fundación, plataforma política de Santos, también participará el exdirector de la Policía, actual negociador de paz con la guerrilla de las FARC y asesor de Enrique Peña Nieto en México, el exgeneral Óscar Naranjo. El exmilitar reconoció a medios locales que su participación en la fundación confirma su llegada a la política.

 
Por su parte, Vargas Lleras ha sido el ministro encargado de sacar adelante uno de los más exitosos programas del Gobierno, que consiste en la construcción y entrega gratuita de cien mil viviendas a familias pobres y afectadas por la violencia. En ese sentido, Santos reconoció la lealtad y la eficiencia del exministro, de quien dijo ser un “hombre de resultados”, y a renglón seguido le pidió que con su ayuda “la política de vivienda que diseñamos sea reelegida”.

 
La salida de Vargas Lleras del gobierno ha tenido varias interpretaciones. Una de ellas es que este político, creador del partido Cambio Radical y aliado del Gobierno, será el encargado de hacerle frente a la oposición que ha arreciado desde las filas del uribismo. Además de asumir la vocería política del gobierno, Vargas Lleras también es percibido como una de las posibles fórmulas de Santos a la vicepresidencia.

 
Sin embargo, en el uribismo algunas voces, como la del exvicepresidente Francisco Santos, han advertido que Vargas Lleras puede pasar de ser uno de los ministros más leales del actual presidente a un potencial competidor.

 
Santos también agregó en su discurso que este equipo de cercanos colaboradores se encargará de defender las políticas de su Gobierno. “Quiero que nuestras políticas, que han reducido el desempleo todos los 33 meses que llevamos de gobierno y que han permitido la generación de cerca de dos millones de nuevos empleos, sean reelegidas”, agregó.

 
También habló de sus políticas sociales, las de atención a víctimas y de restitución de tierras y de las internacionales. De todas dijo que quería que fueran reelegidas para que no se quedaran en la mitad del camino. “Quiero que las políticas sociales que han logrado sacar a 1,7 millones compatriotas de la pobreza, y a otros 700.000 de la pobreza extrema, y que por primera vez desde que se llevan las cifras rompimos la tendencia que aumentaba la desigualdad en el país, sean reelegidas”, agregó.

 
Los opositores uribistas no tardaron en reaccionar al anuncio de Santos. El exvicepresidente Francisco Santos, precandidato a la presidencia, pidió en su cuenta de Twitter transparencia en la campaña que se avecina. “Qué bueno que el presidente salga al ruedo, ojalá haya igualdad de condiciones, sin pauta multimillonaria en medios. Exigimos transparencia”, escribió. Otro precandidato uribista que reaccionó fue Oscar Iván Zuluaga. “Nos equivocamos con Juan Manuel Santos, lo elegimos con unas ideas y está gobernando con otras”, dijo y agregó que Santos le entregó las llaves de la paz al “Gobierno ilegítimo y totalitario de Venezuela”. Por su parte, la Unidad Nacional, que reúne a partidos de la coalición de Gobierno, respaldó a Santos.

Elizabeth Reyes L. Bogotá 18 MAY 2013 - 01:00 CET

La Organización de Estados Americanos recomienda despenalizar el consumo de drogas en el continente como base de cualquier estrategia de salud pública en su Informe sobre el Problema de las Drogas en la región, que este viernes ha sido entregado al presidente de Colombia, José Manuel Santos, por el secretario general de la entidad, José Miguel Insulza. Además de hacer un balance sobre las consecuencias de las actuales políticas antidrogas aplicadas en la región, el estudio plantea varios escenarios que reflejan la potencial evolución de este problema en el caso de que se optara por la legalización de determinadas sustancias, se pusiera el énfasis en la prevención, se mantuviera la preeminencia de la seguridad, pero incluyendo un refuerzo de las instituciones judiciales, o cada Estado optara por aplicar de manera individual la estrategia más conveniente a sus particularidades nacionales.

"Tal vez el problema es que definimos de manera distinta el problema de las drogas y por lo tanto queremos actuar de manera diversa, y esto es un intento de busca de síntesis y sinergia para poder avanzar", ha explicado Insulza. Hasta ahora, en América, el problema de las drogas había sido tratado principalmente desde el ángulo de la seguridad antes que como un problema de salud pública. El informe de la OEA aboga por abordar el problema del consumo desde esta última perspectiva, en lugar de poner el énfasis en la penalización y el la represión del adicto. “El cambio fundamental en esta materia radica en la consideración del usuario como una víctima, un adicto crónico, y no como un delincuente o un cómplice del narcotráfico”, se indica en el estudio. “La despenalización del consumo de drogas debe ser considerada en la base de cualquier estrategia de salud pública”. Las políticas que defiende la OEA al respecto, que pasan por una reducción de las penas por consumo, la preferencia de la rehabilitación y tribunales específicos para este tipo de delitos van en sintonía con la estrategia antidroga que la Administración Obama viene impulsando desde 2010.

 
Además del problema de la adicción, el estudio de la OEA también presenta distintos escenarios para atajar la violencia y la inseguridad asociadas al consumo de la droga. “El informe no impone soluciones, presenta pronósticos ajenos a cualquier tipo de prejuicios, basados en informes analíticos. Son alternativas que nos ayudarán a resolver un problema común a toda América”, ha indicado Santos. El presidente colombiano ha sido el principal promotor del informe de la OEA. En la Cumbre de las Américas de Cartagena de Indias (Colombia), el mandatario encargó a la Organización la elaboración del estudio “sin sesgos políticos” para abordar, a partir de él, el problema de la droga y otras opciones más allá de la fallida guerra contra el narcotráfico. El documento de la OEA constituye la base de la agenda política que se debatirá a principios de junio en la Asamblea General de la OEA, cuyo tema central de discusión será política integral de la lucha contra las drogas en las Américas.

 
Los cuatro escenarios

 
En ningún otro lugar como en el continente americano el cultivo, la producción, el tráfico, la venta y el consumo de drogas se desarrollan de una manera tan integral. El narcotráfico en la región, y delincuencia y corrupción que lleva aparejadas, es, junto con la desigualdad social, una de las principales amenazas a la estabilidad democrática de muchos de los Estados.

La OEA baraja cuatro contextos. En uno de ellos se aborda el escenario de la regulación de la venta de determinadas sustancias, “iniciando con el cannabis”. Entre los problemas que plantea esta alternativa, la OEA recoge “las tensiones intergubernamentales, como resultado de las diferencias de regímenes entre jurisdicciones” y “los riesgos de la experimentación”, que se derivarían.

 
En los últimos meses, varios países de la región, con Colombia, Guatemala y Uruguay a la cabeza, han abierto el debate de la legalización. En EE UU, los Estados de Washington y Colorado han aprobado la regularización del consumo, producción y venta de determinadas cantidades de marihuana. Su presidente, Barack Obama, se opone a la legalización y muchos otros Estados de la región lo secundan.

 
Otro de las alternativas que plantea la OEA pone el énfasis en la prevención y en la integración de los esfuerzos del Gobierno, los empresarios y la sociedad civil para “fortalecer las comunidades” y “mejorar la seguridad y la salud pública”. En los últimos años, varios países en América Latina están impulsando un cambio en la aproximación de las políticas antidroga, centrando su estrategia en políticas integrales que primen la prevención y rehabilitación frente a las de seguridad. Guatemala, Colombia, EE UU, Canadá y México -tras el cambio de estrategia en la lucha contra el narcotráfico impulsada por su anterior presidente, Felipe Calderón, que provocó 60.000 muertos durante su mandato- han optado por esta aproximación

Un tercer escenario pasa por mantener, como hasta ahora, la prevalencia de las políticas de seguridad pero fortaleciendo las instituciones judiciales y policiales para “lograr una mejor seguridad ciudadana y una mayor credibilidad” en las autoridades. El problema de este supuesto, para la OEA es el inconveniente de una “cooperación internacional dispersa y vacilante”. El embajador de El Salvador en EE UU, Rubén Zamora, indica que uno de los principales problemas de esa coordinación transnacional “son las dificultades en el intercambio de información entre las diferentes agencias antidroga estatales”.

 
El cuarto escenario, y el que se percibe como el más pesimista, es que cada uno de los Estados de la región implemente de manera individual sus propias políticas para hacer frente a los problemas específicos que provocan la droga -no son iguales en los países productores, los de tránsito o lo de consumo- sin coordinar su estrategia a nivel hemisférico.

 
"Aquí no se defiende ninguna postura, ni la legalización, ni la guerra a cualquier precio", ha advertido Santos. Lo que pretende el informe de la OEA es impulsar el diálogo para trazar una estrategia común en todo el continente que enfrente este problema. La presentación oficial del informe tendrá lugar el lunes que viene en la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas de la OEA (CICAD). Allí los países ofrecerán sus primeras opiniones sobre el estudio, cuyo tratamiento general se abordará en la Asamblea General entre el 4 y el 6 de junio.

Eva Saiz Washington 17 MAY 2013 - 21:34 CET

Al reunirse con el presidente Barack Obama y la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, durante la pasada Cumbre de las Américas en Cartagena, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, hizo una importante declaración sobre el futuro de las políticas sobre las drogas en nuestro hemisferio: “Tenemos la obligación de ver si estamos haciendo lo mejor que podemos o si existen otras alternativas que puedan ser mucho más eficaces. Una solución podría ser: ‘todos los consumidores irán a la cárcel’. En el otro extremo está la legalización. En un punto medio, podemos encontrar políticas más prácticas”.

No podríamos estar más de acuerdo con el presidente Santos. Hoy sabemos mucho más que hace una década sobre la complejidad de nuestro problema común de las drogas. Las distinciones entre países “productores” y “consumidores” están desapareciendo: el consumo de cocaína ha disminuido considerablemente en Estados Unidos, mientras la demanda por esta droga se está incrementando en muchas naciones de América Latina.

Los innovadores avances en el campo de la neurociencia han contribuido significativamente a un mejor conocimiento sobre el tema de la drogadicción, que es el motor de gran parte de la violencia, inestabilidad y criminalidad en nuestro hemisferio, en el sentido de que se trata de una enfermedad crónica del cerebro que se puede prevenir y tratar con resultados positivos. Aunque el indiscutible éxito del Plan Colombia demuestra que la aplicación efectiva de la ley y los esfuerzos en materia de interdicción juegan un papel crucial en la lucha contra el crimen organizado y en la protección de la seguridad pública, también sabemos que no podemos solucionar el problema de la droga a punta de arrestos.

Existe un punto medio.

El presidente Obama ha dejado muy en claro que cualquier decisión que afecte la salud pública y la seguridad ciudadana debe basarse en ciencia y evidencia, y no obedecer a ideologías ni dogmas. Por esta razón, el mes pasado el gobierno de Estados Unidos anunció una nueva estrategia, que aborda el desafío común de las drogas como un tema de salud pública y no sólo como una cuestión de orden público. Más importante aún es que la nueva política del gobierno de Estados Unidos rechaza las estrategias simplistas que han dominado las discusiones sobre las drogas en nuestro hemisferio.

La nueva estrategia hace énfasis en la prevención y el tratamiento, en lugar del encarcelamiento. Pero no se trata sólo de un cambio retórico: el presidente Obama solicitó más de 10 mil millones de dólares en el nuevo presupuesto para destinarlos a prevenir y disminuir el consumo de drogas en Estados Unidos. Esta suma representa, en el periodo de un año, más de lo que se ha invertido en el Plan Colombia y programas sucesivos desde 2000.

A partir del reconocimiento de que la drogadicción puede ser tratada, la nueva estrategia también ofrece apoyo para la mayor ampliación que se ha dado en toda una generación en cuanto a acceder a tratamientos contra adicciones. La ley de reforma a la salud brindará cobertura de seguro médico, incluyendo casos de problemas por abuso de sustancias, a cerca de 60 millones de estadunidenses.

Al ampliar programas innovadores como las cortes que se especializan en tratar a los adictos, enviaremos a centros de tratamiento a más de 100 mil individuos responsables de cometer delitos no violentos relacionados con drogas, en vez de encarcelarlos.
Por último, el nuevo plan también señala que como el consumo de drogas no es algo exclusivo a Estados Unidos, y con el fin de ayudar a tratar el creciente índice de consumo de drogas en muchos países de América Latina, vamos a compartir las más recientes investigaciones en materia de prevención y tratamiento con nuestros aliados alrededor del mundo.

La evidencia demuestra que la legalización de las drogas no es una solución viable para nuestro problema mundial con ellas. Las organizaciones criminales trasnacionales que trafican drogas son empresas muy diversificadas que también obtienen importantes ingresos por secuestros, trata de personas, extorsiones y corrupción. Es más, cuando las drogas están más fácil y ampliamente disponibles al público, los retos a la sociedad, a la salud y a la calidad de vida son monumentales. Debemos guiarnos por la neurociencia y la evidencia basada en las investigaciones científicas más recientes. Esta es la esencia de la política de Estados Unidos contra las drogas para el siglo XXI.

Por R. Gil Kerlikowske, director de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de la Casa Blanca y asesor del presidente Barack Obama en política contra las drogas

Exclusivo para La Jornada

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, dejó la puerta abierta este viernes a una posible reelección para un segundo mandato en 2014, en el marco de una reunión en la que se oficializó la salida de Germán Vargas Lleras del Ministerio de Vivienda a la Fundación Buen Gobierno. El mandatario afirmó que quiere la reelección de sus principales políticas.

“Quiero que muchas de nuestras políticas continúen más allá del 7 de Agosto de 2014. Quiero que la política de paz sea reelegida, quiero que la política de vivienda del ministro Vargas Lleras sea reelegida, quiero que la política que ha reducido el desempleo sea reelegida y quiero que nuestra política de seguridad sea reelegida. No quiero que los profundos cambios se queden a mitad de camino”, sostuvo Santos durante una rueda de prensa en la Casa de Nariño.

Pese a que no aseguró su reelección, el presidente de Colombia conformó un “equipo de lujo” en caso de que decida oficialmente lanzarse a la Presidencia en 2014.

Sin embargo, Santos aclaró que será respetuoso de las reglas de juego y no tomará ninguna decisión hasta que la ley lo establezca.Además, confirmó el retiro del ministro de Vivienda y del secretario general de la Presidencia, Juan Mesa, quienes trabajaron de la mano y muy cerca del jefe de Estado.

Santos agradeció la lealtad y el compromiso que tuvieron para con el gobierno. Al tiempo que señaló que ahora Lleras estará al mando de la fundación Buen Gobierno y Juan Mesa estará como director ejecutivo de esa misma organización, creada por el dignatario en 1994.
Santos utilizó Buen Gobierno como plataforma para las elecciones de 2010, cuando venció a Antanas Mockus.

17 mayo 2013

(Tomado de Telesur)

En principio todos estamos contra el colonialismo y contra el patriarcado. Todos defendemos la necesidad de la descolonización y la lucha antipatriarcal, tanto en el pensamiento crítico como en la actividad concreta. Es casi imposible encontrar personas, por lo menos en la izquierda y en los movimientos, que defiendan el machismo y el eurocentrismo colonialista. Sin embargo, las cosas no son tan sencillas cuando se trata de aceptar que el otro, y la otra, son sujetos autónomos. Sobre todo si son indios, negros y pobres.

El colonialismo se nos cuela en el alma y en el cuerpo alentado por inercias tan invisibles como el propio patriarcado. Las opresiones, a diferencia de la explotación, no pueden medirse como se mide la tasa de ganancia o la plusvalía. Son relaciones que nos atraviesan, nos modelan, están tanto fuera como dentro de nosotros y, por lo tanto, no se pueden combatir sin involucrarse integralmente. Sin embargo, la opresión es tan estructural como la explotación capitalista y sus efectos no son menos dañinos.

El sociólogo puertorriqueño Ramón Grosfoguel recupera parte del análisis de Frantz Fanon, quien divide el mundo en dos: “la zona del ser y la zona del no ser”. El complejo entramado de jerarquías de poder puede, en última instancia, reducirse a dos jerarquías que son las que determinan las demás. La opresión racial es el nudo que permite distinguir ambas zonas. Mientras en la zona del ser se reconoce la humanidad de las personas, en la del no ser esa humanidad es negada.

Pero lo fundamental es cómo el sistema gestiona los conflictos en cada zona: “En la zona del ser se usan regulación y emancipación y en la zona del no ser utilizan violencia y desposesión”, señala en una notable entrevista titulada “¿Cómo luchar decolonialmente?” ( Diagonal, 1/4/13). De esa afirmación deduce la necesidad de “teorías críticas diferenciadas que den cuenta de las experiencias histórico-sociales diferenciadas entre zona del ser y zona del no ser”.

Por lo tanto, pretender aplicar las lógicas emancipatorias nacidas en las luchas de los oprimidos de la zona del ser, o sea las concepciones revolucionarias del norte, a la zona del no ser, es tanto como actuar colonialmente. La izquierda blanca aplica un aparato teórico antiesencialista que cuestiona las identidades –dice Grosfoguel–, imponiendo de ese modo su cosmovisión, que necesariamente aplasta o desplaza las cosmovisiones no occidentales. “Para un oprimido arriba de la línea de lo humano (proletario, mujer, queer, nacionalidad, occidental, etcétera), la violencia es una excepción en tu vida”.

No puede existir una teoría revolucionaria única para todo el mundo, ni una sola estrategia válida en todo tiempo y lugar. Por otro lado, es evidente que los “afortunados de la Tierra” y los “condenados de la Tierra” no están divididos por fronteras nacionales y que a menudo viven en un mismo Estado-nación. Las crisis también los afectan de modo diferente, entre otras cosas porque “hay un 80 por ciento de la población de la humanidad que ha estado viviendo en crisis por 500 años”.

Grosfoguel dice que quienes somos blancos y nacimos en la zona del ser no debemos pretender que lo entendemos todo, que nuestras ideas y visiones no son universales, que debemos ser más humildes y estar dispuestos a reconocer la particularidad y limitación de nuestro marco conceptual. Quienes nos formamos en el marxismo, ¿estamos dispuestos a aceptar la carga de colonialismo que supone aplicar ciertas categorías y estrategias ante cualquier situación y en relación con todos los sujetos?

Ciertos conceptos, formas organizativas y modos de hacer nacidos en el combate de la clase trabajadora occidental no deben ser aplicados en toda circunstancia, a riesgo de actuar de modo patriarcal y colonizador. Cuando la Internacional Comunista trasladó a China el mismo esquema de acción nacido en Europa, y promovió las insurrecciones obreras de Cantón y Shanghai, en 1926 y 1927, cosechó la indiferencia de las mayorías, que no se mostraban dispuestas a aceptar la “dirección” del proletariado. Fue Mao quien dio un giro a la lucha revolucionaria china al colocar al campesinado en el centro de la acción y de los modos de hacer la guerra.

En América Latina nos encontramos con pueblos que siempre tuvieron una relación de exterioridad con los estados y aún siguen viviendo y soñando por fuera de la relación estatal. Sienten el Estado-nación como herencia colonial y ni siquiera están cómodos dentro del molde del Estado plurinacional que, dicen, pretende refundar los viejos estados coloniales. Los kataristas bolivianos que suelen expresarse, entre otros, a través del periódico Pukara, sostienen un importante debate sobre la actualidad del colonialismo, al igual que los historiadores mapuches.
¿Estamos dispuestos a revisar los sentidos comunes heredados, como hizo Marx en su intercambio con los populistas rusos, de quienes aprendió que la comunidad rural podía ser el hilo conductor de una transición hacia el socialismo sin pasar por el capitalismo, como pensaba en ese momento toda la izquierda europea? La actualidad de esa polémica estriba en una ética radical que le permitió a Marx aprender de los pueblos “atrasados”.

Someter nuestros saberes a la crítica de los “condenados de la Tierra”, aceptar que ellos y ellas tienen otros saberes no menos ni más valiosos que los nuestros, supone un doble ejercicio: de humildad y de compromiso. Humildad para aceptar las limitaciones de nuestros mundos y saberes, para estar dispuestos a aprender de lo diferente cuando sus portadores (y portadoras) son gentes comunes del color de la tierra.
Compromiso porque a esos saberes no se accede en los lustrosos salones de la academia, ni en las cómodas butacas de las instituciones. Asimilar esos saberes requiere compartir los dolores y las fiestas, las caminatas y las celebraciones de los de más abajo, en sus territorios y en la medida de sus tiempos. Desde tiempos remotos a esa actitud la llamamos militancia.

Cuando a finales de febrero las demostraciones populares tumbaron al gobierno centroderechista de Boiko Borisov, Ivan Krastev, politólogo y comentarista liberal, observando los ánimos subrayaba: “La gente no quiere nuevas elecciones, sino cambios” (Krytyka Polityczna, 5/3/13).
Pero a tres meses de las dramáticas protestas que se extendieron por todo el país (con gente golpeada por la policía y manifestantes que se inmolaban), los búlgaros no sólo tuvieron que conformarse con las nuevas elecciones –realizadas el pasado domingo 12 de mayo– sino también con el regreso de Borisov.

El viento de los cambios que se respiraba en las calles (el himno extraoficial de las protestas era... Wind of change, de Scorpions) dejó de soplar y, juzgando hoy por los ánimos, es poco probable que vuelva pronto para desvanecer los problemas que acechan a Bulgaria.

Se empezó con el descontento por los altos precios de la luz, pero era sólo una gota que derramó el vaso: la situación en este país, el más pobre de la Unión Europea (UE) y con un sueldo promedio más bajo (unos 520 dólares), se volvía insoportable ya desde hace tiempo.
Mientras a primera vista la situación económica no era tan mala como por ejemplo en Grecia (el déficit y la deuda pública seguían bajos), y aunque Borisov manteniendo la “disciplina fiscal” dosificaba sus políticas, las buenas “macrocifras” no frenaban el deterioro de las condiciones de vida, cada vez más miserables (22 por ciento de los búlgaros vive en la pobreza, otro 49 por ciento en riesgo de caer en ella).

Y cuando la desesperación por lo cotidiano se juntó con la indignación por la creciente descomposición de la política (corrupción, vínculos con el crimen, enajenación de los ciudadanos), la situación estalló. Durante las protestas siete personas se prendieron fuego; desde hace meses se observaba el incremento de suicidios, todo en una clara relación con la situación social y pobreza ( El País, 27 y 31/3/13).

Los manifestantes no sólo demandaban mejoras, sino cambios estructurales: asamblea constituyente, reformas en el sistema electoral, renacionalización de la red eléctrica. Pero a pesar de mucha energía, las protestas no desembocaron en ningún movimiento y estos postulados quedaron en el aire. Ante la incapacidad de construir un liderazgo alternativo el hartazgo popular (“la gente ya no confía en los políticos, en el Estado, ni siquiera en el libre mercado”, señalaba Krastev, Gazeta Wyborcza, 10/5/13) estaba siendo acaparado en parte por la ultraderecha antigitana y antiturca, algo bastante preocupante.

El resultado electoral –31 por ciento para la centroderecha de Ciudadanos por el Desarrollo Europeo de Bulgaria (GERB), 27 por ciento para los ex comunistas del Partido Socialista Búlgaro (BSP), 10 por ciento para la minoría turca (DPS) y 7 por ciento para los nacionalistas y xenófobos de Ataka– confirma que Borisov cedió sólo para conservar la influencia y poder volver. Pero la participación más baja desde la caída del comunismo (50 por ciento) y la falta de una mayoría absoluta evidencian que la solución no pasaba por las urnas y que el impasse sigue.
Después de que en 2007 Bulgaria entró a la UE, Tzvetan Todorov, semiólogo francés nacido en Sofía, aseguraba que “se sentía aún más orgulloso de ser europeo” ( Resetdoc, 4/8/08).

¿Qué pensará hoy al ver la actitud de Europa hacia su patria?

Para empezar fue la UE que impuso la austeridad a Borisov, poniéndolo incluso como ejemplo para otros mandatarios del bloque. La situación reventó no porque no se cumplieran sus exigencias (como se les decía por ejemplo a los griegos), sino –entre otros– porque se han implementado todas las “recetas”. Sobre esto en Europa nadie no dijo ni una palabra.

En el mismo tiempo –y en el peor de los momentos– algunos países siguen oponiéndose a que Bulgaria sea parte del Acuerdo de Schengen sobre el libre tránsito, culpando a los migrantes de este país por el desempleo (sic), impidiéndoles buscar los cambios incluso a nivel individual ( The Guardian, 6/3/20).

Así, la mayoría de los búlgaros no tienen ninguna razón para sentirse “orgullosamente europeos”.

La Unión Europea en el momento de la adhesión se vislumbraba como una palanca del desarrollo institucional y un catalizador de cambios. Borisov y su partido (GERB) capitalizaron algo de estas esperanzas. Hoy ya pocos creen que la UE sea una vía al bienestar o fuente de valores a seguir. Un ejemplo: la solución para el mercado energético aconsejada por la mayoría de los expertos búlgaros, todos educados en la jerga de la UE, era... ¡sorpresa!: más privatización y desregulación.

De hecho fue lo mismo que desde que estalló la crisis hacía la propia Unión: eliminar las alternativas y consolidar el “consenso neoliberal”, convirtiéndose casi exclusivamente en una herramienta de disciplina del mercado.

Incluso para un intelectual como Todorov –brillante, pero bastante conservador–, la UE “dejó de ser una entidad democrática y política” ( El País, 29/4/12), algo que lo llevó a argumentar que hoy el mayor peligro para la democracia no proviene de los que se declaran como sus enemigos, sino de sus supuestos defensores ( Los enemigos íntimos de la democracia, 2012).

Aunque la UE sea una de las pocas instituciones capaces aún de defender hasta cierto punto a Europa de las embestidas del capital global ( weak power), ante las cuestiones de democracia o transparencia, más que una solución, resulta ser un problema.

Siguiendo a Rosa Luxemburgo, que subrayaba que la verdad sobre el capitalismo se refleja no en el centro, sino en sus márgenes, la verdad sobre la convulsionada UE se ve mejor reflejada en sus periferias como Bulgaria: el viento desde Bruselas no trae antídoto, sino el mismo veneno responsable de que todo allí siga sin cambios.

Por Maciek Wisniewski, periodista polaco

Como he indicado en varias ocasiones, estamos viendo el final de la Primera Transición de la dictadura a la democracia, Transición que se realizó con un enorme dominio de las fuerzas conservadoras (en realidad, ultraconservadoras) que controlaban los aparatos del Estado y la mayoría de los principales medios de difusión y persuasión. Este dominio quedó reflejado en el sistema político que se estableció durante aquel proceso de Transición, el cual, aún cuando se define como democrático, se caracteriza por su escasísima sensibilidad y calidad democrática. Varios indicadores, entre otros muchos, reflejan tales limitaciones. Uno de ellos es el diseño y composición del Estado y sus políticas públicas, en las cuales las fuerzas conservadoras (de varios signos políticos) tienen gran protagonismo. Otro indicador de la baja calidad democrática es la ley electoral, la cual está profundamente sesgada en contra de amplios sectores de las izquierdas.

 
Esta situación ha generado un sistema representativo que es distante de la opinión popular, siendo esta última, por lo general, más progresista que las políticas públicas llevadas a cabo por la clase política gobernante. La distancia entre gobernantes y gobernados es enorme en España. La democracia en este sistema llamado representativo se limita a votar cada cuatro años dentro de un contexto sesgado en el que el voto útil y las leyes electorales reproducen un bipartidismo que se considera por la población gobernada como insuficiente y conservador, pues limita las posibilidades de participación en el proceso de decisión. Este conservadurismo explica el enorme retraso social de España (con uno de los gastos públicos sociales por habitante más bajos de la UE-15) y su inhabilidad de admitir que el Estado español es un Estado plurinacional. Estos grandes déficits democráticos se han acentuado con las crisis financieras y económicas actuales, donde las enormes limitaciones de la democracia española aparecen con toda intensidad. La crisis de legitimidad del sistema político hoy existente en España es enorme.

 
¿Qué puede hacerse?

 
La mayor causa de esta crisis de legitimidad es la amplia percepción de que el Estado español (sea central o autonómico) no está realizando las políticas que la mayoría de la ciudadanía desea. De ahí el amplio apoyo al eslogan del 15-M de que “no nos representan”. ¿Qué puede hacerse ante esta realidad?

 
Una medida muy urgente es romper con el fatalismo que parece haberse adueñado de amplios sectores de la población de que no hay nada que pueda hacerse para cambiar tales políticas. El abusivo control de los medios de mayor difusión del país (controlados por la estructura del poder, y muy en especial del financiero) hace que el mensaje procedente del establishment de que “no hay alternativas”, esté calando en la percepción popular. A esta percepción está contribuyendo el mensaje extendido en algunos sectores de las izquierdas radicales de que, a no ser que todo el capitalismo desaparezca y se establezca el socialismo, no hay nada que hacer. Todo lo demás es, como decía una de estas voces, “humanizar el capitalismo”. Y puesto que no se ve que el capitalismo vaya a desaparecer pronto, el mensaje que se transmite es que no hay nada que, mientras tanto, se pueda hacer.

 
Lo peor de tal postura, sin embargo, es que no entiende como el cambio ocurre. Si el proyecto transformador es ir hacia un proyecto en el que cada persona reciba los recursos según su necesidad, y que éstos se financien según las habilidades y posibilidades de cada persona (lo que solía llamarse socialismo), entonces hay que darse cuenta de que el socialismo se construye y/o destruye cada día en el seno de las sociedades capitalistas. Cuando se crea o refuerza un servicio público de salud universal financiado progresivamente, por ejemplo, se está construyendo el socialismo. Cuando se privatiza su financiación, se está destruyendo. Pues bien, bajo este criterio, e independientemente de cómo se defina el proyecto, hay un enorme potencial de movilización. En realidad, varias encuestas han mostrado que la mayoría de la población en España está de acuerdo con tal principio.

 
De esta observación deriva la gran importancia de que las fuerzas progresistas utilicen un lenguaje y unos ejemplos de intervenciones públicas con las cuales las clases populares puedan identificarse. Y también es importante referirse a casos concretos dentro y fuera de España de experiencias exitosas (como múltiples ejemplos de cooperativismo, por ejemplo). Hay que mostrar que, en contra de lo que se nos dice, sí que hay alternativas en cada caso y en cada momento. Adoptar posturas totalizantes indicando que los cambios no son posibles a no ser que haya un cambio total del sistema (el fin del capitalismo) es paralizante. No es por casualidad que tales propuestas aparezcan entre intelectuales académicos que tienen sus necesidades inmediatas cubiertas. Las personas con necesidades exigen, con razón, que se les resuelva su problema, no en un futuro lejano, sino ahora. Y las izquierdas tienen que darles una solución ahora, y no sólo en el futuro.

 
La necesidad de un movimiento político

 
Hoy la sociedad civil está enormemente agitada. Pero las derechas continúan fuertes, y las izquierdas débiles. ¿Por qué? Una de las razones es la excesiva centralidad de la vida política en la lucha parlamentaria dentro de las instituciones del Estado donde dominan las fuerzas conservadoras. Se necesita que la riqueza de acciones reivindicativas se traduzca en un movimiento político, que no tiene porqué significar un nuevo partido político. En realidad, ya hay demasiados partidos políticos de izquierda. Las izquierdas están atomizadas en España. Lo que se necesita es una movilización de protesta y de promoción de propuestas factibles y reales para cada uno de los problemas que la ciudadanía presenta. La PAH (Plataforma de Afectados por la Hipoteca) es un ejemplo de ello. Hay que cambiar el centro de la actividad política, sin sustituirla. Es necesario crear la presión para que los partidos realicen lo que la ciudadanía desea, presión que debe ser continua y no limitarse a la esfera legislativa. El movimiento 15-M es un buen ejemplo de ello. Ha tenido un enorme impacto en cambiar la temática y narrativa política del país .

 
Este movimiento político debería ser la coalición de fuerzas y movimientos sociales, incluyendo también sindicatos e incluso miembros y simpatizantes de los partidos políticos (aún cuando éstos, los partidos políticos, no deberían ni instrumentalizar ni liderar tal movimiento político). Y la movilización debería crear un programa real, factible (que, por definición, la estructura de poder definirá como “utópico”, es decir, irrealizable), siendo responsabilidad de tal movimiento documentar y mostrar que sí, que es realizable. Por ejemplo, tiene que  mostrarse que es factible, incluso hoy, en la situación actual, crear agencias públicas de crédito que lo ofrezcan a bajos intereses a las pequeñas y medianas empresas y a las familias, o que es factible garantizar la vivienda en un país con cuatro millones de viviendas vacías, y así un largo etcétera.

 
Este movimiento debería ser político, es decir, debería presionar para cambiar el sistema político (desde los aparatos del Estado hasta los propios partidos políticos) para hacerlo auténticamente democrático, con unas leyes electorales proporcionales, con una representatividad mayor y no única, complementada y en ocasiones sustituida por otras formas de democracia que incluyan desde referéndums vinculantes a fórums asamblearios de decisión. Y con cambios de los sistemas de información públicos y privados, condicionando la utilización de un recurso público (las ondas radiotelevisivas en el aire) a su diversidad ideológica, puesto que la escasez de tal diversidad es uno de los mayores problemas que tiene la democracia española.

 
Ni que decir tiene que existirá una enorme resistencia a estos cambios. Pero estos cambios son posibles. Y la propia experiencia española así lo muestra. El problema de la Primera Transición es que los partidos de izquierda abandonaron la movilización popular (en realidad, la desmovilizaron), adaptándose rápidamente a las instituciones del Estado dominadas por las fuerzas conservadoras. Pero hay que ser conscientes de que lo que forzó el fin de la dictadura fueron las movilizaciones populares, lideradas por el movimiento obrero. Y la estructura de poder favoreció su desmovilización dando excesivo protagonismo a los partidos, y dentro de ellos a las élites gobernantes de tales partidos. Esta Segunda Transición no debería caer en el mismo problema. Los partidos políticos son importantes y fundamentales en una democracia. Pero su función (muy acentuada en los partidos auténticamente democráticos y progresistas) es la de transmitir en el lenguaje legislativo lo que exija el movimiento político avalado por la participación popular, en lugar de ser instrumentos de poderes fácticos (tanto religiosos como financieros y económicos) que violan y corrompen el proceso democrático.

 
Por ello seria aconsejable que se establecieran asambleas en las que se denunciaran las enormes limitaciones de la democracia existente en España y en sus CCAA, con presentación de alternativas factibles y reales que, sin lugar a dudas, crearan una enorme resistencia, hostilidad y represión, como está ocurriendo ya. Pero los jóvenes de todas las edades tienen que ser conscientes de que son los herederos de las movilizaciones de las generaciones anteriores que consiguieron establecer y expandir los derechos políticos, sociales y laborales que ahora nos están sustrayendo.

 
Este movimiento debería ser muy amplio, abarcando un gran abanico de sensibilidades políticas y sociales, que tuviera como objetivo realizar una segunda Transición que nos llevara de una democracia tan incompleta y de un bienestar tan insuficiente como existe hoy en España a una democracia más desarrollada, que tuviera componentes de representatividad (basada en la proporcionalidad), así como componentes de democracia directa, como referéndums vinculantes (incluyendo derechos a decidir a nivel estatal central, autonómico y local), y formas asamblearias de decisión, expuestas a un amplio abanico de medios de información abierto a todas las sensibilidades. Tal democracia facilitaría la resolución de los enormes problemas sociales y económicos que la mayoría de la población experimenta, pues tales problemas –por difícil que parezca- son de fácil solución científica, aunque de imposible resolución dentro de las estructuras políticas hoy existentes. Así de claro.

16 may 2013

Vicenç Navarro
 Catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra

La mayoría de la gente esperaba que la demasiado familiar enfermedad de Washington se declarara, pero pocos predijeron que los síntomas aparecerían tan pronto. Seis meses después de su triunfante reelección, la segunda termitis golpeó al presidente Obama, acosado por escándalos simultáneos que podrían frustrar sus ya débiles esperanzas de pasar la nueva legislación en el Congreso. El giro es tanto más asombroso porque previamente la Casa Blanca de Obama había estado casi libre de escándalos, la única mancha era el fracaso de la empresa llamada Solyndra de energía solar. Pero los republicanos no tuvieron éxito en mostrar que 400 millones del dinero de los contribuyentes que se gastaron en Solyndra no era más que una apuesta a la alta tecnología que se frustraba.

Sin embargo, la administración está de pronto a la defensiva en tres frentes: su manejo del período posterior al ataque al consulado en Benghazi en septiembre pasado, el hecho de que las autoridades impositivas les apunten a los grupos políticos conservadores y ahora las escuchas secretas hechas por el Departamento de Justicia a los periodistas de la agencia Associated Press (AP), en su búsqueda por filtrar información sobre el frustrado complot de Al Qaida el año pasado. Nada se acerca a Watergate, que destruyó a Richard Nixon, o el asunto Irán-Contra que envolvió a Ronald Reagan.

Tampoco le otorgan todavía a Obama el estatus de “pato rengo” al que, antes o después, cada presidente recibe en su segundo mandato. Pero señalan una verdad eterna. Desde Franklin Roosevelt y su intento de formar una Corte Suprema tendenciosa, Nixon y Watergate, Reagan e Irán-Contra, a Bill Clinton y Mónica Lewinsky, y más recientemente George W. Bush y el huracán Katrina, caos en Irak y la crisis financiera de 2007-2008, los segundos mandatos están donde golpean los problemas.

De los tres, el asunto Benghazi parece el menos amenazante. Si se hubieran podido prevenir las muertes del embajador Christopher Stevens y tres miembros de su personal en el ataque terrorista del 11 de septiembre de 2012, no sería más un tema. Lo que les molesta a los republicanos es la manera en la que la administración mostró los ataques. Y su presa es tanto la entonces secretaria de Estado, Hillary Clinton –a quien los republicanos ven como su más potente opositora en el 2016–, como Obama mismo.

Las controversias de la AP y de la Dirección General Impositiva (IRS, por sus siglas en inglés) pueden ser más dañinas. En la primera, el Departamento de Justicia está buscando no tanto el servicio de cables como el funcionario que filtró detalles de la operación en 2012 para frustrar un plan terrorista de la rama yemení de Al-Qaida para poner una bomba en un avión comercial con destino a Estados Unidos.

Se puede presumir que las administraciones demócratas son más relajadas con las filtraciones que las republicanas. No es así con la de Obama, que inició una acción penal contra seis funcionarios por filtrar información clasificada a los periodistas. El alcance de la investigación, según los expertos legales, es excepcional. En una carta al fiscal general, Eric Holder, Gary Pruitt, el presidente de AP, denunció una intrusión masiva y sin precedentes en la actividad periodística que no tiene justificativo posible y exigió la devolución de las grabaciones.

El asunto impositivo puede tener la mayor cantidad de ramificaciones y, por cierto, toca las cuerdas históricas más oscuras. Con su examinación del estatus libre de impuestos del Tea Party y otros grupos políticos de derecha, la dirección general impositiva trajo a la memoria la Casa Blanca de Nixon y su uso de las autoridades impositivas para perseguir a los opositores políticos, salvo que esta vez los roles están revertidos, siendo los conservadores el blanco.

En la conferencia de prensa del lunes con David Cameron, Obama describió la conducta del IRS, (que admite que fue inapropiada) como escandalosa. No tenía razón de ser y debe totalmente responsable de sus actos, dijo. Nadie está afirmando que el presidente haya ordenado la investigación, por cierto desde Watergate, los presidentes legalmente no pueden contactarse con el IRS. Que la misma pregunta actuó como ilustración de cómo los escándalos son distracciones para la más disciplinada Casa Blanca. Obama ya está aprendiendo la lección.

Por Rupert Cornwell, de The Independent de Gran Bretaña. Especial para Página/12

Traducción: Celita Doyhambéhère.