Escuálidos y frágiles, más de cien hombres yacen en el piso de cemento de las heladas y solitarias celdas de Guantánamo, silenciosamente matándose de hambre. Despojados de todas sus posesiones, aun de las cosas básicas como una colchoneta para dormir y jabón, están en silencio mientras los guardias periódicamente golpean las puertas de acero y les gritan que muevan un brazo o una pierna para demostrar que aún están conscientes.

El conocido centro de detención está en crisis, sufriendo una rebelión sin precedentes: alrededor de dos tercios de los 166 detenidos mantienen una huelga de hambre. Esta semana, 48 enfermeras militares estadounidenses fueron enviadas para tratar de evitar un suicidio masivo. El último británico detenido, Shaker Aamer, dijo que estaba preparado a continuar la huelga hasta su muerte.

La administración de Estados Unidos hace lo que puede para evitar que miradas indiscretas vean la tragedia que se desarrolla, pero The Independent obtuvo informes de primera mano. Dos veces por día, los 23 más débiles son llevados a una habitación. Sus muñecas, brazos, estómago, piernas y cabeza son atados a una silla, y se realizan repetidos intentos de forzar un tubo por sus narices hacia su estómago. Es un feo procedimiento mientras tienen arcadas y las sangre brota de sus narices. “No nos dejan vivir en paz y ahora no nos dejan morir en paz”, dijo un preso, Fayiz al Kandari, un kuwaití detenido durante once años sin cargos.

Cuatro están tan enfermos que yacen con grilletes en el hospital y los internos predicen que es cuestión de horas antes que uno muera. “Es posible que yo muera aquí”, dijo recientemente Aamer, de 44 años, a través de su abogado, Clive Stafford Smith. “Espero que no, pero si me muero, por favor dígales a mis hijos que los quería por sobre todas las cosas, pero que tenía que sostener el principio de que no pueden detener a gente sin un juicio, especialmente cuando han sido autorizados a quedar en libertad”, dijo el padre de cuatro hijos, que permanece en Camp 5 a pesar de haber obtenido la aprobación para ser liberado hace más de cinco años. “Es triste, pero la tortura y el abuso continúan funcionando en Guantánamo y Estados Unidos está tirando más por la borda su disminuida autoridad moral”, añadió Stafford Smith.

La protesta, que comenzó el 6 de febrero, se ha expandido ahora a Camp 5 y Camp 6, donde se estima que de 100 a 130 personas adhieren. Estos no son los detenidos de alto valor de Camp 7, el puñado de presos acusado de crímenes terroristas. Los huelguistas de hambre son aquellos que han esperado durante una década o más un juicio, incluyendo a 86 que obtuvieron autorización para ser liberados, pero permanecen atrapados por las restricciones impuestas por el Congreso.

Mientras el presidente Barack Obama se comprometía esta semana a presionar por el cierre de Guantánamo, los detenidos señalan que volvió al régimen draconiano de la administración Bush. “Los abogados de la defensa han tratado de lograr un diálogo constructivo, pero siempre nos hemos topado con resistencia y silencio”, explicaba el capitán del ejército de Estados Unidos, Jason Wright, un abogado que describe haber visto a su cliente Obaidullah ahora con 52 kilos, hecho una “bolsa de huesos”, como una experiencia “extremadamente angustiante”.

“Me duele la cintura, siento mareos, no puedo dormir bien. Me siento desesperanzado. No puedo ejercitarme. Mis músculos se han debilitado en los últimos 50 días. He vomitado cinco veces”, escribió Obaidullah, un afgano de 32 años que nunca estuvo acusado a pesar de 11 años de detención. “Cuando entré a la habitación estaba visiblemente cambiado. Dijo: ‘No nos tratan con dignidad, nos tratan como a perros’. Es claro que si esta huelga de hambre continúa, habrá muertos. Estos hombres van a morir en esta prisión por nada. Es absolutamente indignante”, dice el capitán Wright. “La huelga de hambre es una protesta política. El hecho de que sean tratados así va en contra de la ley internacional y no es estadounidense”, añadió.

La protesta comenzó el 6 de febrero cuando, según los abogados, la nueva administración decidió terminar “una era de permisividad” y tomar una actitud más estricta, en contravención con la Convención de Ginebra. Los guardias confiscaron todos los “items de comodidad”, pero lo que indignó más a los detenidos fue que les quitaran el Corán, un acto que la administración niega.

La protesta fue pacífica hasta el 13 de abril, cuando los guardias utilizaron balas de goma para mover a los prisioneros de las celdas comunitarias y algunos respondieron con “armas improvisadas” como palos de escoba. Los informes de primera mano revelaron esta semana que la mayoría de los prisioneros está detenida en confinamiento solitario en celdas vacías, sin ventanas de 3,5 metros por 2. El agua limpia está racionada y han sido despojados de todas sus posesiones.

Se quejan de que el aire acondicionado está prendido a un nivel de congelamiento. Los guardias perturban deliberadamente sus horas de oración y aparecen durante la noche para llevarlos a las duchas. El marroquí Younous Chekkouri dijo por teléfono a sus abogados que padece tener que dormir en el piso de cemento y que usa sus zapatos como almohada. “El dolor comienza inmediatamente cuando estoy en el piso. Dolor en mi nuca, dolor en mi pecho. Finalmente, a la noche nos dieron frazadas. Hacía mucho frío. El agua ahora es un privilegio. Nos están tratando como animales”, añadió. “Creía que mi tortura había terminado, pero lo de ahora es terrible.”

Amnistía Internacional fue una de las varias organizaciones de derechos humanos que describieron la situación en el penal de la base militar en Cuba como “en un punto de crisis”, mientras un especialista de la ONU en tortura, Juan Mendes, condenó la detención continuada como “cruel, inhumana y degradante”.

Omar Deghayes, de 43 años, un residente británico que fue liberado en 2007 sin cargos, recordó el efecto de dos huelgas de hambre más cortas. Tirado en una “celda-congeladora”, dijo que apenas se podía parar y estaba consumido por el hambre y los dolores. “Uno comienza a alucinar. Comencé a escuchar voces. Luego empecé a vomitar sangre y pus. Tu estómago se contrae y te alimentan a la fuerza en grandes cantidades, no se puede controlar nada, uno tiene diarrea. Te llevan al patio y te lavan con mangueras.” La mayoría de la gente no puede sobrevivir, habiendo perdido más del 40 por ciento de su peso.

El capitán Wright, que viajó en el mismo avión que las enfermeras, dijo: “No puedo creer que entendieran lo que se les pedía que hicieran por su país. Sabían lo terrible que sería. Espero que algunas hayan tenido el coraje de decir que no”.

 Por Terri Judd, de The Independent de Gran Bretaña. Especial para Página/12. Tra-ducción: Celita Doyhambéhère.

Hace unos días, un quinteto presidencial se reunió en Texas para celebrar la inauguración de una biblioteca con el nombre de uno de ellos, y con ello, rehabilitar a uno de los peores presidentes, según la opinión pública, de la era moderna.

La Biblioteca Presidencial George W. Bush fue inaugurada con la presencia de ex presidentes de este país, y el actual, Barack Obama: el de la biblioteca estrenada, Bill Clinton, George H.W. Bush (el padre del festejado) y Jimmy Carter. En el discurso de Obama (quien aseguró que Bush “es un buen hombre”) como en todos los demás de este exclusivo club, lo más notable fue la ausencia de referencias al tema de las guerras de Irak, la respuesta al desastre natural del huracán Katrina y la peor crisis económica desde la Gran Depresión; o sea, los principales “logros” de la gestión de Bush.

Y es que, como todos en el planeta saben, el gran logro de Bush fue llevar a su país a las dos guerras ahora más largas de su historia, con justificaciones falsas, inauguró el campo de concentración de Guantánamo, autorizó el uso de la tortura y la desaparición como instrumentos oficiales de la “guerra contra el terror”, e impulsó una de las mayores ampliaciones del gobierno para administrar esta nueva “guerra” infinita, que incluyo toda una serie de medidas sin precedente para espiar al mundo, incluyendo a su propio pueblo; todo esto denunciado por organizaciones de derechos humanos y de libertades civiles como violaciones a la Constitución y al derecho internacional.

Por si fuera poco, Bush y su gente llevaron al país al “precipicio” del caos económico. Eso con el costo de millones de desempleados y el incremento de la población con hambre, sin casa y sin acceso a servicios de salud. La lista de consecuencias es extensa. Pero también fue parte de una política económica que se ha extendido con Obama, quien, en los hechos, ha resultado en uno de los traslados de riqueza de las mayorías al 1 por ciento más rico y más dramático de la historia contemporánea. La desigualdad económica desde los años de Bush hasta ahora se ha vuelto la más aguda desde justo antes de que estalló la Gran Depresión.

Nada de esto se mencionó en el gran festejo, lo cual lleva a preguntar qué hay dentro de esa biblioteca, o más bien, qué no hay.
Por ejemplo, seguro no está la carta abierta que le envió un veterano de guerra de Irak llamado Tomas Young el mes pasado al celebrarse el décimo aniversario de esa guerra. “En todo los niveles –moral, estratégico, militar y económico– Irak fue un fracaso… Y fueron ustedes, Sr. Bush y Sr. Cheney, quienes iniciaron esta guerra. Son ustedes quienes deberían de pagar las consecuencias”, escribió en lo que llamó “La última carta”, porque Young ha tomado la decisión de suicidarse en las próximas semanas porque ya no aguanta el dolor y deterioro físico de su existencia después de quedar paralizado en esa guerra.

Young escribe que enviaba esta carta a Bush y Cheney “no porque pienso que entienden las terribles consecuencias humanas y morales de sus mentiras, manipulación y sed por riqueza y poder. Escribo esta carta porque, antes de mi propia muerte, quiero dejar claro que yo, y cientos de miles de mis compañeros veteranos, con millones de compañeros ciudadanos, y cientos de millones más en Irak y Medio Oriente, sabemos plenamente quiénes son ustedes y qué han hecho. Ustedes podrán evadir la justicia, pero a nuestros ojos cada uno es culpable de crímenes de guerra severos, de pillaje, y de asesinato, incluyendo el de miles de jóvenes estadunidenses, mis compañeros veteranos cuyo futuro usted robo”. (La carta completa se puede consultar en: truthdig).

Seguro tampoco están en esa biblioteca los detalles de uno de los mayores fraudes en la historia mundial, donde los principales bancos, aseguradoras y casas de inversión engañaron y manipularon a tal grado de avaricia que lograron detonar una crisis gigantesca que puso en riesgo la viabilidad económica del país. Fueron rescatados por el estado, con el tesoro del pueblo, para poco después regresar a una prosperidad récord hoy día.

Y ahora sigue la fiesta para los afortunados: durante los dos primeros años de la recuperación económica, el valor neto de los hogares del 7 por ciento más rico del país se incrementó aproximadamente 28 por ciento; para el restante 93 por ciento se desplomó 4 por ciento, según un análisis difundido la semana pasada por el Centro de Investigación Pew. Con ello se incrementó la desigualdad: el 7 por ciento más rico ahora concentra 63 por ciento de la riqueza de los hogares; dos años antes tenía 56 por ciento.

Bush afirmó en la celebración que las generaciones futuras “se enterarán de que nos mantuvimos fieles a nuestras convicciones”.
Tanto las guerras como la política financiera y económica han sido un gran negocio para unos cuantos. Todo esto producto de un consenso entre las cúpulas políticas y económicas a lo largo de esta última década.

John LeCarre, el gran escritor británico, ha sido un crítico de la creciente interrelación entre las cúpulas políticas y económicas, señalando con alarma hasta la cada vez mayor privatización de las operaciones bélicas y de inteligencia del Estado. Comentó recientemente al New York Times que “Mussolini dijo que la definición del fascismo era cuando uno no podía colocar un papel de cigarro entre el poder empresarial y el poder gubernamental”.

Pero nada de esto está en esa biblioteca, y menos que Bush continúa ocupando el segundo lugar de los presidentes más desaprobados por la opinión pública en la era moderna, a pesar de este tipo de ceremonias y otros esfuerzos para intentar rehabilitar a quien formaba parte de lo que Gore Vidal llamaba la “junta Cheney/Bush” (en ese orden).

Tal vez se debería de abrir una biblioteca sólo con lo que no está en esa.

En un fallo que causó indignación en los organismos de derechos humanos, una jueza guatemalteca ordenó suspender el juicio contra el dictador Efraín Ríos Montt y el ex general José Mauricio Rodríguez Sánchez, acusados por los delitos de genocidio. Tras el fallo de la jueza del Tribunal Primero A de Mayor Riesgo de Guatemala, Carol Patricia Flores, la continuidad del proceso deberá ser resuelta por la Corte de Constitucionalidad (CC), máximo tribunal del país, en las próximas 48 horas.

Flores afirmó el jueves que la Corte de Constitucionalidad y la Corte Suprema de Justicia ordenaron que el proceso judicial regrese a la etapa en que se le recusó a la jueza. La magistrada explicó que el proceso deberá reiniciarse a lo actuado al 23 de noviembre de 2011, por lo que el caso regresa a una etapa intermedia, dejando las audiencias del juicio sin validez. “No lo hago porque yo quiero sino porque lo ordenó la Corte de Constitucionalidad y la Corte Suprema de Justicia (CSJ)”, argumentó. Pero el Tribunal Primero A de Alto Riesgo, presidido por la jueza Jazmín Barrios, envió ayer una consulta a la CC para que defina el procedimiento a seguir para la continuación del proceso, luego de que por unanimidad los miembros de ese cuerpo rechazaran por ilegal la anulación del juicio decretada el jueves por un juzgado de primera instancia.

La audiencia programada para ayer por el Tribunal A de Mayor Riesgo, a cargo del juicio contra Ríos Montt y su ex jefe de inteligencia militar, Rodríguez Sánchez, no pudo realizarse por ausencia de los abogados defensores de ambos ex generales, señalados de haber conocido los planes militares para ejecutar al menos 15 matanzas en comunidades del pueblo maya ixil entre el 23 de marzo de 1982 y el 8 de agosto de 1983, cuando Ríos Montt ejerció de facto el poder en Guatemala, estimando que durante los ataques perdieron la vida al menos 1771 indígenas de esa etnia maya.

Barrios dejó claro su rechazo a la resolución “ilegal” de la jueza Flores. Además de la consulta del tribunal, los magistrados de la CC deberán resolver la apelación presentada por la Fiscalía en contra de la resolución de la jueza Flores, así como los amparos solicitados ayer por el Centro de Acción Legal en Derechos Humanos (Caldh) y la Asociación Justicia y Reconciliación (AJR), entidades que actúan como querellantes. “Este tribunal es independiente y ningún órgano jurisdiccional puede obligarlo a suspender el juicio o retrotraerlo a una etapa anterior”, informó Barrios en una breve exposición antes de levantar la frustrada audiencia. Ante la ausencia de los letrados de los dos acusados, Barrios ordenó a la Defensa Pública Penal nombrar a dos abogados que los representen en el juicio.

Ante lo ocurrido, activistas humanitarios que habían colmado la sala de visitas de la CSJ iniciaron ayer de inmediato una marcha rumbo a la sede de la CC lanzando consignas como “sí hubo genocidio” y “justicia, justicia”. Los organismos internacionales también se manifestaron sobre lo sucedido. Mediante un comunicado, la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) expresó su preocupación por la suspensión del juicio y advirtió que la suspensión fue ordenada por un juez distinto del que escuchaba el juicio, hecho que consideró como una afrenta para las numerosas víctimas. “Este importante retroceso unos días antes de la sentencia esperada es una bofetada para muchos hombres y mujeres indígenas que tuvieron el coraje de participar como testigos en las audiencias públicas”, señaló. Asimismo, Amnistía Internacional pidió ayer revocar el fallo que anuló el juicio. “La decisión de anular el juicio por genocidio debe ser revocada con urgencia”, afirmó la entidad humanitaria a través de un comunicado.

ALAI AMLATINA, 17/04/2013.- Una marcha pacífica con más de mil trabajadores rurales organizados por el MST recorría una carretera que une Parauapebas con Marabá el 17 de abril de 1996. Fueron emboscados por dos batallones de la Policía Militar, en una localidad conocida como Curva de la S, en el municipio de Eldorado de Carajás. Un batallón salió de Parauapebas y otro de Marabá, apoyados por camiones, que trancaron la carretera por los dos lados.

Así comenzó una masacre premeditada, ejecutada para dar una lección a aquellos "vagabundos venidos del Maranhão", como expresaron los policías en los autos de los procesos. Los policías salieron de los cuarteles sin identificación en el uniforme, con armamento pesado y balas verdaderas. El comando de Marabá dio aviso al Auxilio Inmediato y al Instituto Médico Legal (IML) para que estén de servicio…

El juicio demostró que, además de las órdenes explícitas de Paulo Sette Cámara, secretario de seguridad del gobierno tucano de Almir Gabriel, la empresa Vale do Rio Doce financió la operación, cubriendo todos los gastos, porque la protesta de los sin-tierra en la carretera interrumpía la circulación de sus camiones.

El resultado fue 19 muertos en el acto, sin derecho a defensa, 65 heridos incapacitados para el trabajo y dos muertos días después. El líder Oziel de Silva, con sólo 19 años, fue apresado, esposado y asesinado a culatazos, frente a sus compañeros, mientras un policía le ordenaba que gritara “Viva el MST”.

Esos episodios están registrados en más de mil páginas de los autos del proceso y fueron descritos en el libro "La Masacre", del periodista Eric Nepomuceno (Editora Planeta). Pasados 17 años, fueron condenados sólo los dos comandantes militares, que están recluidos en algún apartamento de lujo de los cuarteles de Belén.

El coronel Pantoja aún intenta librarse de la prisión y pide cumplir la pena de 200 años en régimen domiciliario. Los demás responsables del gobierno federal y estadual y de la empresa Vale fueron declarados inocentes. La Justicia se contentó con presentar a la sociedad dos chivos expiatorios.

Impunidad de los latifundistas

En todo Brasil, el escenario es el mismo: desde la redemocratización, han sido asesinados más de 1700 líderes de los trabajadores y simpatizantes de la lucha por la tierra. Solamente 91 casos han sido juzgados y apenas 21 autores intelectuales han sido condenados.

La Masacre de Carajás se inscribe en la práctica tradicional de los latifundistas brasileños, que con sus pistoleros fuertemente armados o por medio del control de la Policía Miliar y del Poder Judicial, se apropian de tierras públicas y mantienen privilegios de clase, cometiendo sistemáticamente crímenes que permanecen en la impunidad.

La actuación del latifundio responde a la correlación de fuerzas políticas. Durante el gobierno de José Sarney, frente al avance de las luchas sociales y de la izquierda, organizó la UDR (Unión Democrática Ruralista). Tras ello, se armó hasta los dientes, irrespetando todas las leyes. Fue el periodo con el mayor número de asesinatos. Los latifundistas llegaron a la petulancia de lanzar su propio candidato a la Presidencia, Roberto Encalado, que fue solemnemente condenado por la población brasileña al recibir sólo 1% de los votos.

En los gobiernos de Fernando Collor y Fernando Henrique Cardoso, tras la derrota del proyecto democrático-popular y de la lucha social que se aglutinaba alrededor de la candidatura de Luiz Inácio Lula de Silva en 1989, los latifundistas se sintieron victoriosos y utilizaron su hegemonía en el Estado para controlar manu militari la lucha por la tierra. En ese periodo, se ejecutaron las masacres de Corumbiara (RO), en 1995, y la de Carajás.

Lula llegó al gobierno en 2003, cuando parte de los latifundistas se había modernizado y prefirió hacer una alianza con el gobierno, a pesar de haber apoyado la candidatura de José Serra. A cambio, recibió el Ministerio de la Agricultura. Un sector más truculento e ideológico resolvió dar una demostración de fuerza y envío mensajes para demostrar "quién de hecho mandaba en el interior y en las tierras", más aún después de que Lula se colocara el gorro del MST.

En ese contexto, hubo dos nuevas masacres, con tintes perversos. En 2004, a pocos kilómetros de Planalto Central, en el municipio de Unaí (MG), una cuadrilla de latifundistas mandó a asesinar a dos fiscales del Ministerio del Trabajo y al conductor del vehículo, cuando el grupo se dirigía a una hacienda para hacer una inspección de trabajo esclavo. Uno de los hacendados fue electo alcalde de la ciudad por el PSDB y, hasta hoy, el crimen está impune. El Estado no tuvo el coraje de defender a sus servidores.

La segunda masacre fue en noviembre de 2005, en el municipio de Felisburgo (MG), cuando el hacendado-grileiro Adriano Chafik resolvió acabar con un campamento del MST. Chafik fue con sus pistoleros a la hacienda y comandó personalmente la operación un sábado por la tarde. En el ataque, dispararon directamente a las familias, e incendiaron las barracas y la escuela. El saldo fue el asesinato de cinco trabajadores rurales más y decenas de heridos. Tras ocho años de espera, el Tribunal de Justicia de Minas Gerais fijó el juicio del hacendado para el 15 de mayo, en Bello Horizonte. Esperamos que se haga justicia.

Los hacendados tramposos –que felizmente no son la mayoría– actúan así, porque tienen la certeza absoluta de su impunidad, gracias al pacto que mantienen con los poderes locales y con el Poder Judicial. En los últimos años, su atención está centrada en el Poder Legislativo, donde mantienen la llamada Bancada Ruralista, con la que pretenden modificar las leyes y protegerse de la ley vigente.

Ya introdujeron cambios al Código Forestal e impiden la implementación de la ley que obliga la expropiación de las tierras de los hacendados que explotan el trabajo esclavo. Cada año, la Policía Federal libera en promedio dos mil seres humanos del trabajo esclavo. Sin embargo, los latifundistas continúan con esa práctica, apoyados en la impunidad del Poder Judicial.

Tuvieron el coraje de encaminar proyectos de ley que contrarían la Constitución para impedir la demarcación de las tierras indígenas ya reconocidas, legalizar el arrendamiento de las áreas demarcadas y permitir la explotación de los minerales existentes. También presentaron proyectos para poner trabas a la titulación de las tierras de las comunidades quilombolas.

Una serie de proyectos se han presentado para liberar el uso de agrotóxicos prohibidos en la mayoría de los países, clasificados por la comunidad científica como cancerígenos, y para impedir que los consumidores sepan cuáles productos son transgénicos. ¿Por qué no quieren etiquetar los productos transgénicos, ya que garantizan seguridad total para la salud de las personas?

El ansia de ganancias de los hacendados no tiene límites. En el interior, usan con más frecuencia la violencia física y los asesinatos. Sin embargo, esta ansia tiene consecuencias directas para toda la población, pues posibilita la apropiación de las tierras públicas, la expulsión de los campesinos del medio rural que engrosan las favelas y el uso indiscriminado de los agrotóxicos, que van a parar a su estómago y causan cáncer. Lamentablemente, todo eso es encubierto por una mídia servil y manipuladora de la opinión pública. (Traducción ALAI)

Por João Pedro Stedile, miembro de la Coordinación Nacional del MST y de la Vía Campesina Brasil.
Fuente: http://www.brasildefato.com.br/node/12681

Las heridas del paramilitarismo siguen abiertas en Colombia. Y una serie de televisión llamada Tres Caínes, que intenta mostrar la vida de los fundadores de este fenómeno, los hermanos Fidel, Vicente y Carlos Castaño, ha echado sal al duelo de las 250.000 víctimas del paramilitarismo, según cifras oficiales.

Desde el pasado 4 de marzo, todas las noches, miles de colombianos ven en sus televisores cómo los hermanos Castaño toman venganza del asesinato de su padre a manos de la guerrilla de las FARC. La serie domina los índices de audiencia y sigue al éxito que tuvo dentro y fuera de Colombia Escobar, el patrón del mal, que retrataba al narcotraficante más peligroso del país, Pablo Escobar.

Este tipo de series se han convertido últimamente en una tendencia y en un producto de exportación, con una receta que mezcla la ficción con la realidad del bajo mundo. Pero esta receta se ha topado esta vez con la reacción airada de las víctimas, expertos y periodistas, que consideran que estos programas afectan la dignidad de quienes han padecido el conflicto armado colombiano. La principal queja es que, al menos en su arranque, la dolorosa historia del paramilitarismo está contada desde el lado de los victimarios, lo que, en su opinión, termina por legitimar los crímenes cometidos por estos delincuentes contra civiles inocentes.

El creador de la serie, el colombiano Gustavo Bolívar, ha defendido su guión afirmando que se basa en investigaciones, entrevistas y testimonios extraídos del proceso Justicia y Paz, el sistema que se aplica en Colombia desde 2006 a los desmovilizados de grupos armados ilegales. También ha dicho que las víctimas aparecerán más adelante en la historia. “Muchos creen que la televisión es la causante de la violencia en Colombia. De hecho llegan a la postura simplista de culpar a los escritores de lo que pasa”, ha escrito Bolívar en su blog ante la polémica.

A medida que la serie ha ido subiendo de audiencia han crecido las críticas. Ha provocado, por ejemplo, que el actor Julián Román, que interpreta a Carlos Castaño, se disculpara con las víctimas tras recibir una carta de familiares de desaparecidos, en la que le decían que “cada acción que ustedes representan, como ficción, los familiares de los desaparecidos forzadamente, la vivimos en carne propia una y otra vez”. Román, sin embargo, respondió que estas series buscan generar un diálogo para “fortalecernos como sociedad”.

La protesta de las víctimas no ha quedado ahí. Un centenar de ellas protestó frente a las instalaciones del canal privado RCN, dueño de la serie, y le enviaron una carta a sus directivos pidiéndoles que la retiraran y que les dejaran contar su versión porque creen que Tres Caínes no corresponde a la realidad. “El paramilitarismo no es un producto de venganzas y pasiones personales y las consecuencias de su accionar, que ha dejado millones de familias desplazadas y cientos de miles de hombres y mujeres asesinadas, desaparecidas, torturadas y masacradas, no son el resultado de una decisión aislada y solitaria de los hermanos Castaño”, dice la carta de las víctimas.

Omar Rincón, crítico de televisión, ha escrito en el diario El Tiempo que la producción del programa merece un diez, pero que “hay que contar la realidad sin celebrar a los violentos”.

La polémica también se trasladó a las redes sociales donde surgió la iniciativa Noen3caines. En Facebook el grupo tiene más de 12.000 seguidores que apoyan una campaña de mensajes directos a las compañías que anuncian sus productos en el programa para que retiren su publicidad. La campaña la crearon expertos en marketing que, cansados de los contenidos violentos de las producciones colombianas, imitaron una similar que logró la retirada de los anunciantes del programa español La Noria, tras emitir una polémica entrevista con la madre de un menor condenado por encubrir el asesinato de Marta del Castillo, previo pago de 10.000 euros (casi 13.000 dólares).

Desde que se lanzó Noen3caines cinco compañías han retirado su publicidad.Por ejemplo, la empresa chilena Falabella, publicó un mensaje en Twitter apoyando la causa, lo que el guionista Bolívar ha calificado de doble moral, ya que esa empresa se anunció en la serie sobre Pablo Escobar. Por su parte, Fernando Gaitán, creador de la popular Betty la fea y ahora vicepresidente de RCN, ha dicho que la decisión de los anunciantes estaría censurando una serie que no pretende ser la “memoria histórica del paramilitarismo”.

No es la primera vez que una producción sobre narcoviolencia genera controversia en Colombia. Habrá que ver si los que la critican logran dejarla sin anunciantes, si el rating les da la razón a sus creadores o si los televidentes inconformes optan, sencillamente, por cambiar de canal.

Por Elizabeth Reyes L. Bogotá 29 MAR 2013 - 02:41 CET

En su primer encuentro con la prensa luego de la elección del jesuita Jorge Mario Bergoglio como Papa de la Iglesia Católica Apostólica Romana, su vocero también jesuita Federico Lombardi descartó como viejas calumnias de la izquierda anticlerical, difundidas por un diario caracterizado por las campañas difamatorias, las alegaciones sobre el desempeño del ex provincial de la Compañía de Jesús durante la dictadura argentina y sobre todo, el papel que desempeñó en la desaparición de dos sacerdotes que dependían de él, Orlando Yorio y Francisco Jalics. Al mismo tiempo, medios y políticos argentinos de oposición incluyeron la nota “Un ersatz”, publicada aquí al día siguiente de la elección papal, entre las reacciones del kirchnerismo por la entronización de Bergoglio. También un sector del oficialismo prefirió aclamarlo como “Argentino y peronista” (la misma consigna con que cada septiembre se recuerda a José Rucci) y negar los hechos incontestables.

La reconciliación

Desde Alemania, donde Jalics vive retirado en un monasterio, el provincial jesuita germano dijo que el sacerdote se había reconciliado con Bergoglio. En cambio el anciano Jalics, hoy de 85 años, aclaró que se sentía reconciliado con “aquellos acontecimientos, que para mí son asunto terminado”. Pero aún así reiteró que no haría comentarios sobre la actuación de Bergoglio en el caso. La reconciliación, para los católicos, es un sacramento. En palabras de uno de los mayores teólogos argentinos, Carmelo Giaquinta, consiste en “perdonar de corazón al prójimo por las ofensas recibidas” 1, con lo cual sólo indica que Jalics ya perdonó el mal que le hicieron. Esto dice más de él que de Bergoglio. Jalics no niega los hechos, que narró en su libro Ejercicios de meditación, de 1994: “Mucha gente que sostenía convicciones políticas de extrema derecha veía con malos ojos nuestra presencia en las villas miseria. Interpretaban el hecho de que viviéramos allí como un apoyo a la guerrilla y se propusieron denunciarnos como terroristas. Nosotros sabíamos de dónde soplaba el viento y quién era responsable por estas calumnias. De modo que fui a hablar con la persona en cuestión y le expliqué que estaba jugando con nuestras vidas. El hombre me prometió que haría saber a los militares que no éramos terroristas. Por declaraciones posteriores de un oficial y treinta documentos a los que pude acceder más tarde pudimos comprobar sin lugar a dudas que este hombre no había cumplido su promesa sino que, por el contrario, había presentado una falsa denuncia ante los militares”. En otra parte del libro agrega que esa persona hizo “creíble la calumnia valiéndose de su autoridad” y “testificó ante los oficiales que nos secuestraron que habíamos trabajado en la escena de la acción terrorista. Poco antes yo le había manifestado a dicha persona que estaba jugando con nuestras vidas. Debió tener conciencia de que nos mandaba a una muerte segura con sus declaraciones”.

En una carta que escribió en Roma en noviembre de 1977, dirigida al asistente general de la Compañía de Jesús, padre Moura, Orlando Yorio cuenta lo mismo, pero reemplazando “una persona” por Jorge Mario Bergoglio. Nueve años antes que el libro de Mignone y 17 años antes que el de Jalics, Yorio cuenta que Jalics habló dos veces con el provincial, quien “se comprometió a frenar los rumores dentro de la Compañía y a adelantarse a hablar con gente de las Fuerzas Armadas para testimoniar nuestra inocencia”. También menciona las críticas que circulaban en la Compañía de Jesús en contra de él y de Jalics: “Hacer oraciones extrañas, convivir con mujeres, herejías, compromiso con la guerrilla”. Jalics también cuenta en su libro que en 1980 quemó aquellos documentos probatorios de lo que llama “el delito” de sus perseguidores. Hasta entonces los había conservado con la secreta intención de utilizarlos. “Desde entonces me siento verdaderamente libre y puedo decir que he perdonado de todo corazón.” En 1990, durante una de sus visitas al país, Jalics se reunió en el instituto Fe y Oración, de la calle Oro 2760, con Emilio Fermín Mignone y su mujer, Angélica Sosa. Les dijo que “Bergoglio se opuso a que una vez puesto en libertad permaneciera en la Argentina y habló con todos los obispos para que no lo aceptaran en sus diócesis en caso que se retirara de la Compañía de Jesús”. Todo esto no lo dice Página/12, sino Orlando Yorio y Francisco Jalics. ¿Quién quiere destruir la Iglesia, entonces? Cada tomo de mi Historia Política de la Iglesia en la Argentina incluye una advertencia: “Estas páginas no contienen juicios de valor sobre el dogma ni el culto de la Iglesia Católica Apostólica Romana sino un análisis de su comportamiento en la Argentina entre 1976 y 1983 como ‘realidad sociológica de pueblo concreto en un mundo concreto’, según los términos de su propia Conferencia Episcopal. En cambio, su ‘realidad teológica de misterio’ 2 sólo corresponde a los creyentes, que merecen todo mi respeto”.

En defensa de la tradición

La calificación de este diario por el vocero de Bergoglio como de izquierda anticlerical revela la continuidad de arraigadas tradiciones. Es lo mismo que el ahora pontífice hizo hace 37 años con sus sacerdotes, aunque entonces implicaba un grave peligro. Las acusaciones contra Bergoglio fueron formuladas por primera vez antes de que existiera Página/12. Su autor fue Mignone, director del órgano oficial de la Acción Católica, Antorcha, fundador de la Unión Federal Demócrata Cristiana y viceministro de Educación en la provincia de Buenos Aires y en la Nación. Ninguno de esos cargos podía alcanzarse sin la bendición episcopal. En su libro Iglesia y dictadura, de 1986, Mignone escribió que los militares limpiaron “el patio interior de la Iglesia, con la aquiescencia de los prelados”. El vicepresidente de la Conferencia Episcopal, Vicente Zazpe, le reveló que poco después del golpe la Iglesia acordó con la Junta Militar que antes de detener a un sacerdote las Fuerzas Armadas avisarían al obispo respectivo. Mignone escribió que “en algunas ocasiones la luz verde fue dada por los mismos obispos” y que la Armada interpretó el retiro de las licencias a Yorio y Jalics y las “manifestaciones críticas de su provincial jesuita, Jorge Bergoglio, como una autorización para proceder”. Para Mignone, Bergoglio es uno de los “pastores que entregaron sus ovejas al enemigo sin defenderlas ni rescatarlas”.

Dos décadas después encontré por azar las pruebas documentales que Mignone no conoció y que confirman su enfoque del caso. Que Bergoglio haya ayudado a otros perseguidos no es una contradicción: lo mismo hicieron Pío Laghi e incluso Adolfo Tortolo y Victorio Bonamín.

Cronos

En estas páginas se profundizó el caso cuatro años antes de que el kirchnerismo llegara al gobierno. La primera nota, publicada en abril de 1999, “Con el mazo dando”, decía que el flamante Arzobispo porteño “según la fuente que se consulte es el hombre más generoso e inteligente que alguna haya vez haya dicho misa en la Argentina o un maquiavélico felón que traicionó a sus hermanos en aras de una insaciable ambición de poder. Tal vez la explicación resida en que Bergoglio reúne en sí dos rasgos que no siempre van juntos: es un conservador extremo en materias dogmáticas y posee una manifiesta inquietud social. En ambos aspectos se parece a quien lo designó al frente de la principal diócesis del país, el papa Karol Wojtyla”. El concepto es el mismo que expresé el jueves cuando la fumarola blanquiceleste conmovió a todas las hinchadas, de La Quiaca a Tierra del Fuego. Aquella nota contraponía la versión de Mignone con la de Alicia Oliveira, abogada del CELS y amiga de Bergoglio, cuya hermana trabajaba en la villa de Flores junto con la hija de Mignone y con los dos curas. “Les dijo que tenían que levantarse y no le hicieron caso. Cuando los secuestraron, Jorge averiguó que los tenía la Armada y fue a hablar con Massera, a quien le dijo que si no pone en libertad a los sacerdotes, yo como Provincial voy a denunciar lo que pasó. Al día siguiente aparecieron en libertad.” También incluía la refutación de un sacerdote de la Compañía de Jesús: “La Marina no se metía con nadie de la Iglesia que no molestara a la Iglesia. La Compañía no tuvo un papel profético y de denuncia, a diferencia de los palotinos o los pasionistas, porque Bergoglio tenía vinculación con Massera. No son sólo los casos de Yorio, Jalics y Mónica Mignone, de cuyo secuestro la Compañía nunca formuló la denuncia pública. Otros dos curas, Luis Dourrón, que luego dejó los hábitos, y Enrique Rastellini, también actuaban en el Bajo Flores. Bergoglio les pidió que se fueran de allí y cuando se negaron hizo saber a los militares que no los protegía más, y con ese guiño los secuestraron”. Ese sacerdote, que murió hace seis años, era Juan Luis Moyano Walker, quien había sido íntimo amigo de Bergoglio. A raíz de la nota, Bergoglio me ofreció su propia versión de los hechos, en la que aparecía como un superhéroe. Tanto él como Jalics, a quien llamé por teléfono a su retiro alemán, me pidieron que atribuyera sus declaraciones a un sacerdote muy próximo a cada uno de ellos. Bergoglio dijo que vio dos veces a Videla y otras dos a Massera. En la primera reunión con cada uno, ambos le dijeron que no sabían qué había ocurrido y que iban a averiguar. “En la segunda reunión, Massera estaba fastidiado con ese jovencito de 37 años que se atrevía a insistir.” Según Bergoglio, tuvieron este diálogo:

“–Ya le dije a Tortolo lo que sabía –dijo Massera.

–A monseñor Tortolo –corrigió Bergoglio.

–Mire Bergoglio... –comenzó Massera, molesto por la corrección.

–Mire Massera...–le respondió en el mismo tono Bergoglio, antes de reiterarle que sabía dónde estaban los sacerdotes y reclamarle por su libertad”.

Me limité a transcribir lo que Bergoglio dijo, con la atribución que me pidió. Pero hasta hoy no me parece verosímil ese diálogo con uno de los gobernantes más poderosos y más crueles, que lo hubiera hecho desaparecer sin ningún escrúpulo. Ambos tenían en común la relación con Guardia de Hierro, el grupo de la derecha peronista en el que Bergoglio militó en su juventud y al que Massera le designó un interventor a partir del golpe, con el propósito de sumarlo a su campaña por la herencia del peronismo. En 1977 la Universidad jesuítica del Salvador recibió como Profesor Honorario a Massera, quien objetó a Marx, Freud y Einstein, por cuestionar el carácter inviolable de la propiedad privada, agredir el “espacio sagrado del fuero íntimo”, y poner en crisis la condición “estática e inerte de la materia”. Massera indicó que la Universidad era “el instrumento más hábil para iniciar una contraofensiva” de Occidente, como si Marx, Freud y Einstein no formaran parte de esa tradición. Bergoglio se cuidó de subir al estrado ese día, de modo que nadie ha visto una foto suya con Massera. Pero es inimaginable que el dictador haya recibido la distinción sin que la ceremonia fuera autorizada por el provincial jesuita que delegó la gestión diaria en una asociación civil conducida por Guardia de Hierro, pero retuvo su conducción espiritual. Luego, Massera fue invitado a exponer en la universidad jesuítica de Georgetown, en Washington. El sacerdote irlandés Patrick Rice, quien pudo dejar la Argentina luego de ser secuestrado y golpeado, interrumpió esa conferencia exigiendo explicaciones sobre los crímenes de la dictadura. Según Rice, el provincial estadounidense no hubiera invitado a un personaje semejante sin la aprobación, o el pedido, del provincial argentino. Estos hechos comprobables desmienten el diálogo fantasioso en el que el jovencito Bergoglio desafía al amo de la ESMA.

Una muerte cristiana

En 1995, un año después que el libro de Jalics se publicó El Vuelo, donde el capitán de fragata Adolfo Scilingo confiesa que arrojó a treinta personas aún vivas al mar desde aviones de la Armada y la Prefectura, luego de drogarlas. Además dice que ese método fue aprobado por la jerarquía eclesiástica por considerar el vuelo como una forma cristiana de muerte, y que los capellanes de la Armada consolaban a quienes volvían perturbados de esas misiones, con parábolas bíblicas sobre la separación de la cizaña del trigo. Impresionado, retomé una investigación que había iniciado años antes sobre la isla del Tigre “El Silencio”, en la que la Armada escondió a 60 detenidos-desaparecidos para que no los encontrara en la ESMA la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Era propiedad del Arzobispado de Buenos Aires y allí celebraban su graduación los seminaristas que egresaban cada año y descansaba los fines de semana el cardenal Juan Aramburu. El sacerdote Emilio Grasselli la había vendido al grupo de tareas de la ESMA, que la compró con un documento falso a nombre de uno de sus prisioneros. Pero no había visto los títulos de propiedad hasta que Bergoglio me dio los datos precisos sobre el expediente sucesorio de Antonio Arbelaiz, el solterón administrador de la Curia que figuraba como dueño. Esto muestra que con aquel episodio no tuvo relación. Arbelaiz hizo testamento a favor de la Curia, que es donde fue a parar el dinero que la Armada le pagó a Grasselli por la isla, donde los 60 prisioneros pasaron dos meses encadenados. Parece el camino típico de una operación de lavado: Arbelaiz vende a Grasselli que vende a la ESMA que compra con un documento falso y la hipoteca se levanta pagándole a la Curia, que es la heredera de Arbelaiz. En uno de sus testimonios judiciales, Bergoglio reconoció que habló conmigo sobre el secuestro de Yorio y Jalics. Pero dijo que nunca oyó hablar de la isla “El Silencio”. Siempre el doble juego, la admisión privada y la negativa pública.

Por la espalda

Durante la investigación encontré por azar en el archivo del ministerio de Relaciones Exteriores una carpeta con documentos que a mi juicio terminan con la discusión sobre el rol de Bergoglio en relación con Yorio y Jalics. Busqué una escribana que certificó su ubicación en el archivo, cuyo director de entonces, ministro Carlos Dellepiane, los guardó en la caja fuerte para impedir que fueran robados o destruidos. La historia que cuenta esa carpeta suena familiar. Al quedar en libertad, en noviembre de 1976, Jalics se marchó a Alemania. En 1979 su pasaporte había vencido y Bergoglio pidió a la Cancillería que fuera renovado sin que volviera al país. El Director de Culto Católico de la Cancillería, Anselmo Orcoyen, recomendó rechazar el pedido “en atención a los antecedentes del peticionante”, que le fueron suministrados “por el propio padre Bergoglio, firmante de la nota, con especial recomendación de que no se hiciera lugar a lo que solicita”. Decía que Jalics tuvo conflictos de obediencia y una actividad disolvente en congregaciones religiosas femeninas, y que estuvo “detenido” en la ESMA junto con Yorio, “sospechoso contacto guerrilleros”. Es decir, los mismos cargos que le habían formulado Yorio y Jalics (y que corroboraron muchos sacerdotes y laicos que entrevisté): mientras aparentaba ayudarlos, Bergoglio los acusaba a sus espaldas. Es lógico que este hecho de 1979 no alcance para una condena legal por el secuestro de 1976. El documento firmado por Orcoyen ni siquiera fue incorporado al expediente, pero perfila una línea de conducta. Sumar al Director de Culto Católico de la dictadura a una conspiración contra la Iglesia sería demasiado. Por eso, Bergoglio y su portavoz callan sobre estos documentos y prefieren descalificar a quien los encontró, preservó y publicó.

1 Carmelo Giaquinta: “Reconciliándonos con nuestra Historia”, organizado por el Proyecto “Setenta veces siete” y Editorial San Pablo, en la 36ª Feria Internacional del Libro, Salón Roberto Arlt, 8 de mayo de 2010.

2 Conferencia Episcopal Argentina (CEA), Plan Nacional de Pastoral, Buenos Aires, 1967, p. 14, cfr. Luis O. Liberti, Monseñor Enrique Angelelli. Pastor que evangeliza promoviendo integralmente al hombre, Editorial Guadalupe, Buenos Aires, 2005, p. 164.

La Santa Sede salió a la ofensiva y, por primera vez desde que Jorge Bergoglio fue designado Papa por los cardenales, salió al paso de la polémica sobre la actitud de Jorge Bergoglio durante los años de la dictadura. El afable portavoz del Vaticano, Federico Lombardi, barrió con un revés de la mano los indicios y sospechas que pesan sobre la Iglesia y el papa Francisco, a propósito de su actuación blanda durante la última dictadura argentina. Lombardi dijo en conferencia de prensa que esas acusaciones contra Bergoglio provienen de “una izquierda anticlerical” cuya meta consiste en “atacar a la Iglesia”. Defendiendo al Papa, Lombardi extendió su argumento al resto de la Iglesia como si ya no estuviese más que probada la implicación de la jerarquía católica argentina y vaticana en el ocultamiento de las violaciones a los derechos humanos y la colusión con los crímenes de la dictadura. El portavoz de la Santa Sede dijo en Roma que esas acusaciones derivadas de las investigaciones de Horacio Verbitsky eran llevadas “a cabo por una publicación que lanza, a veces, noticias calumniosas y difamatorias. El cariz anticlerical de esta campaña y de otras acusaciones en contra de Bergoglio es notorio y evidente”. Se trata, desde luego, de Página/12. El vocero del Vaticano aclaró que las sospechas que recaen sobre el hoy papa Francisco datan de la época en que era superior de la Compañía de Jesús en la Argentina, en 1976. En ese período fueron secuestrados dos misioneros jesuitas, Orlando Yorio y Francisco Jalics. Ambos trabajaban en la villa porteña del Bajo Flores y fueron torturados y liberados cinco meses más tarde. Horacio Verbitsky llevó a cabo varias investigaciones a partir de las cuales estableció un lazo entre Bergoglio y la desaparición de los dos curas jesuitas: Yorio, ya fallecido, y Jalics, que reside en Alemania desde 1978. Varios testimonios recogidos por Verbitsky dieron cuenta de que Yorio nunca perdonó el papel que habría jugado Bergoglio, sobre quien tenía sospechas de que los había delatado. Federico Lombardi dijo que “jamás hubo una acusación verosímil contra el Papa. La Justicia argentina lo interrogó pero como persona informada de hechos y jamás fue imputado por algo. El negó de forma documentada las acusaciones”. El vocero se refirió luego al texto que publicó ayer uno de los interesados, Francisco Jalics, quien rompió el silencio por medio de la pagina web de los jesuitas alemanes (http://www.jesuitas.org/aktue lles/details/article/erklarung-von-pater-franz-jalics-sj.HTML).

En una declaración personal aparecida en dicha página, Jalics escribe: “No puedo pronunciarme sobre el papel del padre Bergoglio en aquellos hechos”. Jalics cuenta luego que, tal como lo mencionó el vocero del Vaticano en su declaración, tuvo “la ocasión de hablar sobre ese tema con el padre Bergoglio. (...) Estoy reconciliado con los acontecimientos y considero que ha llegado la hora de dar el caso por terminado”, escribe el jesuita. La edición digital del semanario Der Spiegel difundió a su vez una declaración del portavoz jesuita, Thomas Busch, quien cuenta que, invitado por el Arzobispado de Buenos Aires, Jalics viajó a la Argentina hace varios años (2000) y que, luego de hablar con él, “está en paz con Bergoglio”. Federico Lombardi argumentó que el Papa “hizo mucho para proteger a las personas durante la dictadura”. También puntualizó que una vez que fue nombrado arzobispo de Buenos Aires “pidió perdón en nombre de la Iglesia por no haber hecho lo suficiente durante el período de la dictadura”. Sin embargo, el testimonio que aporta Francisco Jalics esclarece un poco más el doble juego de la Iglesia en aquellos años. Jalics anota que “la Junta Militar mató a unas 30.000 personas en uno o dos años, tanto guerrilleros de izquierda como civiles inocentes”. En esa mezcla cayeron también ellos dos: ni él ni Yorio tenían contactos “ni con la Junta ni con los guerrilleros”. Sin embargo, Jalics deja claro en su relato que “informaciones deliberadamente falsas”, surgidas incluso “dentro de la Iglesia”, indujeron a que se sospechara sobre las supuestas relaciones que Yorio y Jalics mantenían con los grupos armados. Eso les costó el secuestro. En realidad, el testimonio de Jalics no dice gran cosa sobre la actitud de Bergoglio. Ni lo disculpa, ni tampoco lo acusa: solo alega que se reconcilió con él y que no puede pronunciarse sobre el papel que desempeñó.

Página/12 no es el único que se interesó en lo que Jorge Bergoglio podía o no saber de lo ocurrido a partir de 1976. La Justicia francesa también puso sus ojos en él. En 2011, la magistrada francesa del Tribunal de Gran Instancia de París, Sylvia Caillard, remitió a Buenos Aires una comisión rogatoria internacional para que el entonces cardenal Bergoglio prestase declaración en calidad de “testigo” en torno del asesinato del padre francés Gabriel Longueville. La abogada francesa Sophie Thonon confirmó en París que las “autoridades argentinas nunca respondieron positivamente a la comisión rogatoria correspondiente a Bergoglio”. El sacerdote francés trabajaba en la Argentina para la Orden de las Misiones de Francia. En la noche del 18 de julio de 1976, los padres Gabriel Longueville y Carlos Dios Murias fueron secuestrados en la localidad de Chamical, provincia de La Rioja, por civiles armados que se identificaron como miembros de la Policía Federal. Al día siguiente, sus cuerpos, con evidentes signos de tortura, fueron encontrados a 5 kilómetros de Chamical, tirados al lado de la vía. Las condiciones del secuestro y el asesinato de Murias y Longueville llevaron a otro religioso a investigar y pagar con su vida esa intervención. Se trata del arzobispo de La Rioja, monseñor Angelelli, quien llevó a cabo una investigación para esclarecer el crimen. Su trabajo le fue fatal: el 4 de agosto de 1976, 17 días después del asesinato de Murias y Longueville, monseñor Enrique Angelelli murió en circunstancias dudosas. La primera versión oficial estableció que Angelelli falleció en un accidente automovilístico. Sin embargo, las pruebas aportadas más tarde confirmaron que se trató de un atentado. El día de su muerte, el obispo de La Rioja regresaba de Chamical, donde había celebrado una misa y pronunciado la homilía en la cual denunció el asesinato de los dos padres. En la camioneta que conducía Angelelli había un testigo, el padre Arturo Pinto, y un elemento central: un portafolio que contenía las pruebas recabadas por Angelelli sobre el asesinato de Murias y Longueville. Pinto contó que apenas dejaron Chamical, otro auto comenzó a seguirlos. El obispo se dio cuenta, aceleró, pero a la altura de Punta de los Llanos surgió otro coche que lo encerró hasta hacer volcar la camioneta. El cuerpo de Angelelli fue encontrado con la nuca destrozada a golpes.

En 2011, fecha en que se remitió la comisión rogatoria, la abogada Sophie Thonon juzgó que la audiencia de Bergoglio como “testigo” era necesaria para que el entonces arzobispo de Buenos Aires aportara información sobre la posible existencia de archivos ligados con este caso. Sophie Thonon dijo que “seguramente este Papa no es una gran figura de la defensa de los derechos humanos. Al contrario, está bajo sospecha de no haber denunciado los crímenes de la dictadura, de no haber pedido cuentas y, por consiguiente, de haber cubierto esos actos con su silencio”. La instrucción del caso del padre Longueville sigue siempre activa en Francia, pero podría quedar en la nada debido a las condenas que ya se pronunciaron en la Argentina contra los implicados en el asesinato del padre Longueville. En este contexto, Sophie Thonon consideró que “la Justicia argentina está haciendo un trabajo excepcional sobre los crímenes cometidos en la Argentina durante la dictadura”. Federico Lombardi evacuó el viernes la cuestión del papa Francisco sin hacer la más mínima mención a lo ya probado: la trama montada por la Iglesia para sustentar la dictadura argentina. Una mención, aunque fuese de disculpas o reconocimiento, o el anuncio de alguna futura audiencia con las Madres de la Plaza de Mayo o los defensores de los derechos humanos, hubiese sido sin dudas más noble y acertado: habría probado que el cambio en las esferas vaticanas empezaba al menos por ese camino. Pero la Iglesia es tan hermética a la hora de admitir sus pecados como lo es para administrar los fondos a través del Banco del Vaticano.

La Suprema Corte de Justicia de Uruguay acaba de consolidar la consagración de la impunidad para los peores criminales de lesa humanidad de la historia moderna de ese país.

El proceso que ha llevado a este resultado es claro.

Un primer paso consistió en la decisión de trasladar a la Dra. Mariana Mota al ámbito de lo civil, desafectándola de su titularidad en el Juzgado Penal. La Dra. Mota tenía en su sede más de cincuenta causas referidas a las gravísimas violaciones a los derechos humanos durante el período del terrorismo de Estado en los años ’70. El Estado y el propio Poder Judicial pusieron toda clase de obstáculos a sus investigaciones, además de cuestionar su compromiso con la lucha por la vigencia de los derechos humanos, cuando deberían ser su principal garante. Con esta medida, la Corte de Justicia confirmó la ausencia de justicia que víctimas, allegados y la sociedad toda viene padeciendo desde hace décadas. Al mismo tiempo, la Corte uruguaya ignoró la sentencia pronunciada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Gelman vs. Uruguay, además de cuestionar la independencia del Poder Judicial.

En línea con el mismo propósito o resultado, la Suprema Corte acaba de declarar inconstitucional la recientemente promulgada ley interpretativa que intentaba superar la llamada “ley de Caducidad” que desde 1986 impide el proceso de todos los autores de crímenes amparados por la pasada dictadura militar. Esta ley fue declarada inconstitucional por la misma Corte años atrás.

El argumento sobre el cual se basó esta nueva decisión radica en que no se puede aplicar una ley de forma retroactiva, cosa que sí realiza la propia ley de Caducidad. Se ha argumentado que la retroactividad se aplica sólo cuando la ley beneficia al reo. No es posible condenar retroactivamente a alguien por algo que hizo cuando en su momento no era definido como delito. No obstante, la ley de Caducidad es retroactiva desde el momento en que contradice las leyes que regían cuando se cometieron los delitos.

En otro momento, la misma Corte Suprema de Justicia de Uruguay define las violaciones cometidas en una dictadura y con la complicidad del Estado de la época como “delitos comunes”. Lo cual automáticamente transforma un delito de lesa humanidad en una causa prescriptible. No obstante, estos “delitos comunes” fueron cancelados, precisamente, por una ley promulgada para proteger a un grupo específico de criminales, la ley de Caducidad de 1986. Ni siquiera se otorgó un perdón a reos condenados por sus crímenes: el Estado renunció a someterlos a investigación y a juicio.

No obstante, más allá de una disputa técnica y sobre la filosofía que rige y cambia cada cierto tiempo las obviedades jurídicas, nuestro reclamo se basa en valores más universales y permanentes, como lo son la garantía de los derechos individuales más básicos, como la integridad física, la libertad y la reparación moral.

Por lo expuesto, como intelectuales y trabajadores de la cultura y el conocimiento, repudiamos estas decisiones de la SCJ y exigimos el fin de la impunidad y la condena de todos los criminales del terrorismo de Estado en Uruguay.

Todo Estado y toda institución de cualquier país existen para proteger la integridad física y moral, el derecho a la libertad y la verdad de cada uno de sus ciudadanos. Nunca al revés. Aceptar la violación de uno solo de los derechos humanos contra uno solo de los ciudadanos de un país con la complicidad del Estado o de alguna de sus instituciones, afecta y lesiona la legitimidad de todo el Estado.

Rechazamos cualquiera de las excusas que niegan el derecho a la justicia y la verdad. Sin verdad no hay paz; sin justicia no hay democracia.

Los derechos humanos no se mendigan. Se exigen.

 Por Emilio Cafassi, Eduardo Galeano, Juan Gelman y Jorge Majfud

El mes de octubre pasado la Cámara de Representantes aprobó en sexto debate la reforma constitucional al fuero militar, lo que traería un grave retroceso al Estado de derecho democrático. En un Estado democrático y de derecho, las fuerzas armadas no solo deben estar subordinadas al poder civil en lo administrativo y militar, sino también en lo judicial.

La diferencia entre un civil y un militar es que el primero

siempre puede militarizarse, pero el segundo rara vez

puede civilizarse.

Georges Clemenceau

Si, como decía Clemenceau, "la guerra era algo muy serio para dejarlo en manos de los militares", tampoco la justicia que sanciona el uso indebido y criminal de la fuerza militar se debe dejar en sus manos adiestradas para matar. Si bien la expresión puede parecer peyorativa, se corresponde con la realidad; aunque en rigor, parafraseando a Clemenceau, la guerra, como la justicia, es algo muy serio para dejarlo en manos de ignorantes, sean éstos militares o civiles. La justicia penal militar es una institución cuya existencia no se justifica en un Estado democrático de Derecho, donde debe existir una clara y total división de poderes, es decir, distintas ramas del poder (Ejecutivo, Legislativo, Judicial o de control) deben ser independientes y no desarrollar unas las labores de otras.

Los distintos fueros no tienen razón de existir, pues constituyen una odiosa desigualdad en el tratamiento a los ciudadanos. En los Estados democráticos fueron abolidos a partir de la Revolución Francesa, que instituyó como principio de los derechos del hombre y del ciudadano la igualdad del individuo ante la ley: ella constituyó quizá la mayor conquista de las revoluciones democráticas.

La justicia penal militar constituye desde este ámbito un retroceso a épocas ya superadas por los avances democráticos. El fuero castrense constituye un verdadero exabrupto, por disponer que quienes cometen delitos y violaciones de derechos humanos sean juzgados por tribunales compuestos por integrantes del establecimiento militar: es decir, quienes cometen las infracciones se juzgan a sí mismos, con tribunales compuestos por militares activos o en retiro, bajo normas especiales, diferentes de los procedimientos establecidos para los demás ciudadanos.

Los militares alegan que los jueces penales ordinarios no los pueden juzgar porque desconocen y no entienden las lógicas de la guerra y los comportamientos militares, con lo cual dejan entrever que son juzgados bajo ciertas consideraciones derivadas de su condición de militares, de cierta comprensión de su comportamiento, comúnmente conocido como "espíritu de cuerpo", que lleva a la impunidad.

Durante la pasada administración de ocho años de Álvaro Uribe, de la cual fue el presidente Santos su ministro de Defensa, las fuerzas militares se vieron involucradas en miles de homicidios fuera de combate, conocidos como "falsos positivos", de los cuales se han documentado más de 3.200 casos con más de mil militares procesados por la justicia ordinaria. Estos crímenes de lesa humanidad y otros por ejecuciones extrajudiciales, torturas y desaparecimientos, son los que se pretende llevar a la justicia castrense, en donde con seguridad serán absueltos al no encontrar "pruebas de que sus muertes, torturas o desapariciones hayan sido fuera de combate", es decir, sus autores serán declarados inocentes.

Según la reforma que se adelanta al fuero militar, "las infracciones al Derecho internacional Humanitario (DIH), cometidas por miembros de la fuerza pública –salvo crímenes de lesa humanidad, genocidio o desaparición forzada– serán conocidos exclusivamente por las cortes marciales o tribunales militares o policiales". Esto significa que todo crimen que no forme parte de un ataque generalizado o sistemático –requisito de los crímenes de lesa humanidad, según el Estatuto de la Corte Penal Internacional y la jurisprudencia de las Cortes Suprema de Justicia y Constitucional–, y que no sea un genocidio o desaparición forzada, será conocido sólo por la justicia militar.

"Esto significa que para acceder a un tribunal de justicia ordinaria en casos de ejecuciones extrajudiciales, violencia sexual, etcétera –explica José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch–, las víctimas tendrán que demostrar que fueron agredidas en el escenario de un ataque sistemático o generalizado, perpetrado por militares, conforme con una política oficial. Si no cumplen este requisito, sus casos irán a la justicia penal militar, donde los militares se investigan a sí mismos"1.

Ante este pretendido, no es casual, por tanto, que organizaciones de derechos humanos nacionales, algunos periodistas e integrantes demócratas de la academia, denuncien los peligros de esta reforma constitucional. Es tan grave esta reforma, ya aprobada en seis debates de los ocho necesarios, que los organismos de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y de otras organizaciones internacionales, le han solicitado al gobierno nacional el retiro del proyecto de reforma al fuero, pues ello va en contravía del discurso oficial de defensa de los derechos humanos, y profundizaría la ya alarmante impunidad en relación con las más graves violaciones de los derechos humanos, al tiempo que enviaría un mensaje a los integrantes de las fuerzas militares y policiales de que sus delitos y crímenes contra la población civil no son graves, que van a ser absueltos, y que a lo sumo serán tratados como "errores", y no como muy graves delitos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, que merecen un castigo ejemplar para que no se repitan.

La reforma en curso, proyecta, de igual manera, lugares de reclusión y condena en los establecimientos militares o especiales, a pesar de que hasta la saciedad se ha denunciado que estos violadores y criminales de lesa humanidad gozan –en los sitios de reclusión– de privilegios especiales e impensables, como salidas sin autorización de los jueces, comodidades, visitas no autorizadas, todo lo cual les permite en no pocas ocasiones continuar delinquiendo, o manipular testigos o pruebas que les garantizan la impunidad o emprender la fuga.

Colombia, que atraviesa aún por un largo período de violencia, en que se cuentan por centenares de miles los muertos, en que existe una impunidad superior al 90 por ciento en los casos graves de violaciones de derechos humanos, no puede ahondar la situación de impunidad que tiene sumido al país en una graves crisis humanitaria, a la que hemos llegado con la anuencia pasiva y activa de la fuerza pública, pues es de todos conocida la estrecha colaboración que numerosas unidades militares y de policía les han prestado desde los años 90 a los grupos paramilitares y a los narcotraficantes, lo cual les ha permitido a estos grupos cometer los miles de asesinatos, desapariciones, torturas, y miles y miles de desplazamientos de la población campesina.

Como se sabe, la violencia que se padece en Colombia se ahondó, alcanzando modalidades dantescas, por la colaboración oficial con los terratenientes paramilitares y narcotraficantes2, por la falta de voluntad oficial de los gobiernos para promover la depuración de la fuerza pública, y la sanción penal a quienes en forma directa cometieron crímenes o colaboraron los con grupos criminales.

Lo poco que se ha avanzado en el campo de la justicia y la protección a los derechos humanos, gracias a la denuncia permanente de los organismos de derechos humanos nacionales e internacionales, y también a la presión de algunos países sobre el gobierno nacional para que se haga justicia, se derrumbará con la aquiescencia y la coautoría del Gobierno y el Congreso, ante la amenaza de la fuerza pública de no aparentar luchar contra los paramilitares, bacrim y guerrillas (éstos, sus únicos enemigos reales), por tener "garantías".

Es hora de que, como en cualquier Estado democrático y de Derecho, los funcionarios y la fuerza pública aseguraen el orden público y las libertades ciudadanas dentro del marco estricto de la ley, sancionando su violación aún con mayor severidad por ser estos agentes los encargados de hacer cumplir la ley, no de dar mal ejemplo. La aprobación del fuero militar alejará esta posibilidad de nuestra vida diaria.

Por Eduardo Matyas Camargo, abogado, defensor presos políticos

1 http://www.elespectador.com/impreso/cuadernilloa/entrevista-de-cecilia-orozco/articulo-383647-el-drastico-cambio-de-posicion-de-.

2 Como lo ratificó el mercenario israelí Yair Klein en declaración ante el Tribunal Superior de Bogotá en las audiencias de justicia y paz. Ver: http://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo-386699-ejercito-suministro-armas-entrenamiento-de-paramilitares-yair-kl.

Otro episodio cíclico de la muerte se da cita en este territorio para evidenciar los problemas estructurales de los sectores periféricos de la ciudad de Medellín.

Un país que deja morir a sus jóvenes en una absurda violencia tendrá como futuro
un reality y jamás tendrá una mejor realidad.
 Jeihhco

El 30 de octubre fue un día gris para la Comuna 13. La despedida de otro artista, Elider Varela ‘el Duke’ pintó el día con un luto que empieza a ser cotidiano y que nuevamente puso a este sector en la mira, y no sólo de los grupos armados. En los últimos días de octubre y primeros de noviembre, algunos medios y sectores se han volcado a narrar fragmentos de los acontecimientos de esta Comuna, que sin duda reflejan la compleja situación que atraviesan los paisas en cuestiones de seguridad.

Los principales protagonistas de esta historia son los jóvenes, quienes al habitar estos barrios laberínticos se encuentran diariamente con el señalamiento y el hecho de que muchos de los actores del conflicto sean precisamente jóvenes, situación que les pone en la cuerda floja, pues son objeto de sospecha simplemente por estar en este rango de edad.

Ser líder, un acto de fe

Desde ese día, la inquietud se instaló en el espíritu de los jóvenes que lideran los procesos de los movimientos sociales de esta Comuna. Durante varios años han sido testigos de diferentes episodios en los que queda claro que la vocación de servicio y las labores emprendidas para contribuir –a su manera– con el desarrollo comunitario no son suficientes en un territorio en conflicto permanente.

El viernes 2 de noviembre, 65 jóvenes participantes de estos procesos decidieron hacer un alto, no como un acto simbólico de resistencia o rechazo contra la violencia, como otros que han realizado, sino como acción obligada por el temor a perder la esperanza y con ella la vida misma.

Con amenazas directas contra sus procesos y sus vidas, estos líderes se han alejado temporalmente de la Comuna, por pertenecer a proyectos que se dedican a dar testimonio y con su labor evidenciar que la impunidad y la complicidad son los principales móviles de estos asesinatos.

Pero no son únicamente éstos los afectados. De manera indirecta, los cientos de beneficiarios de los programas que éstos lideran están invadidos por el temor, miedo no infundado, pues claramente el asesinato de varios líderes, desde 2009, da cuenta de que la participación en proyectos sociales es una ocupación de alto riesgo (Ver recuadro 1).

De los jóvenes desplazados por los acontecimientos de los últimos días, 14 han decidido ausentarse definitivamente, dejando a sus familias y los proyectos que en su mayoría gestaron desde sus comienzos. Con ellos se ausenta también la posibilidad de que las apuestas culturales y artísticas sirvan como estrategia para que este sector halle una paz que viene reclamando hace más de una década, pero que, como las apuestas de estos jóvenes, aún parece un sueño.

Más de lo mismo

Hace poco, la Comisión Internacional de Esclarecimiento instalada entre el 16 y el 18 de octubre del presente año, integrada por los comisionados Luz Marina Monzón Cifuentes, de Colombia; Santiago Corcuera Cabezut, de México; Michael Reed Hurtado, de Colombia; Carlos Fazio Varela, de Uruguay; Elías Guillermo Levi, de Argentina, y Helen Mack, de Guatemala, con la participación de organizaciones sociales, comunitarias, habitantes de la Comuna 13 y ciudadanos en general, hacía un llamado, evidenciando que los actos de fuerza, la violencia como argumento, la violación de los Derechos Humanos y las infracciones al Derecho Internacional Humanitario son temas cotidianos en la Comuna.

Han transcurrido 10 años desde cuando tuvieron lugar alrededor de 20 operativos militares, entre los que se incluyen las operaciones Antorcha, Mariscal y Orión. Como si no fuera tiempo suficiente para aprender que la situación va más allá de unos ‘combos’ organizados, nuevamente la creciente militarización y el fortalecimiento de la infraestructura policiva son la respuesta a estas problemáticas.

Sin embargo, la Comuna 13 sigue viviendo permanentes enfrentamientos armados, prácticas de control territorial cada vez más fortalecidas y reclutamiento forzado. El desplazamiento de estos líderes deja en la más absoluta incertidumbre los procesos sociales de este sector, y a los otros jóvenes que participan de ellos replegados en sus casas porque la preocupación principal es precisamente la labor social que vienen realizando.

El viernes 9 de noviembre fue el último golpe asestado a los procesos juveniles en la 13. Roberth Steven Barrera, de 17 años, integrante de la Escuela de Hip Hop Kolacho, fue asesinado en el barrio 20 de Julio. Otra muerte que deja un sinsabor colectivo y que acrecienta el temor.

El lema de muchas de las acciones emprendidas en los últimos meses por estos jóvenes reza: “En la 13, la violencia no nos vence”, pero la muerte, el desplazamiento y la violencia en sí es una derrota para el ser humano. Un recordatorio permanente de lo que hemos construido como sociedad, de las deudas históricas, de la tristeza de ser un país desmemoriado, que generación tras generación ve morir a sus amigos y sus hermanos, con indiferencia, con la amargura de los vencidos.

R

ecuadro 1

Líderes juveniles asesinados desde 2009 en la Comuna 13

2009. Héctor Pacheco, (Kolacho), integrante del Movimiento C-15.
2010. Andrés Medina, de la Corporación Son Batá; Marcelo Pimienta Sánchez (MC Chelo), integrante del Colectivo de Hip Hop Ska-Lones.
2011. David Romero (El Gordo), del Colectivo de Hip Hop Ska-lones; Daniel Alejandro Sierra (Yhiel), integrante del grupo de Hip Hop Ruta Difusa.
2012. Elider Varela (El Duke), fundador de la Escuela de Hip Hop La Kamada; Roberth Steven Barrera (Garra), integrante Escuela de Hip Hop La Élite.

Recuadro 2

Una historia de vieja data

Desde su conformación, la Comuna 13 ha atravesado por varios períodos de agudización de la violencia, tornándose cada vez más visibles para la cuidad y el país.

A finales de los 90, con el dominio territorial de los CAP (Comandos Armados del Pueblo), entre el 2000 y 2002 con la incursión las auc (Autodefensas Armadas de Colombia) y actualmente con la disputa territorial de ‘combos’, grupos armados organizados en torno a diferentes actividades ilegales.

Lo que había sido una disputa territorial localizada por sectores, se convirtió en una guerra urbana que crea límites cada vez más estrechos de un barrio a otro, de una comuna a otra. La comunidad queda en medio de las normas de todos los bandos y las llamadas fronteras invisibles regulan la movilidad de sus habitantes.

Pero no es una situación exclusiva de la Comuna 13. Igualmente, las Comunas 8 y 6 enfrentan similares disputas en sus territorios. La administración municipal muestra un incremento significativo de la inversión social en estas zonas y la ejecución de varios proyectos de infraestructura, pero el conflicto se agudiza cada vez más y el ciclo de la violencia se renueva.

Por Ádela María Ortega Palacio, politóloga.