Aquí estamos
y aquí estaremos siempre:
en el fragor de la lucha
o en la quietud de la muerte.
Jesús María Valle Jaramillo
(1943-1998)

El pasado 23 de abril fue asesinado el ex paramilitar Francisco Villalba, uno de los ejecutores de la masacre de El Aro, quien aseguró que el presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, estuvo involucrado en la planeación y logística de la masacre en su condición de gobernador de Antioquia, en 1997. Conocido como “Cristian Barreto” en las filas de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (accu), Villalba fue muerto cerca de su casa, en el barrio La Estrella de Medellín, cuando estaba acompañado de esposa y su hija de 4 años, por sicarios que utilizaron armas con silenciadores.

Las extrañas circunstancias de este crimen, teniendo en cuenta que Villalba estaba bajo detención domiciliaria con la teórica protección y vigilancia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), como detenido pero también como testigo, se suman a una serie de irregularidades en torno al proceso de esclarecimiento de los responsables directos de la masacre de El Aro. El ex paramilitar fue condenado a 33 años y cuatro meses de prisión por esta y otras masacres, y, sin embargo, y a pesar de esto, y de la importancia de las declaraciones hechas, no existían mínimas garantías de parte del Estado para el cumplimiento de su pena y la conservación de su vida, luego de sólo 23 días de abandonar la cárcel y ser trasladado a su casa como sitio de reclusión.
    
La justicia colombiana judicializó por la masacre de El Aro sólo a tres paramilitares: Carlos Castaño, según la Fiscalía asesinado en abril de 2004; Salvatore Mancuso, extraditado a los Estados Unidos por crímenes relacionados con tráfico de drogas; y Villalba. De igual forma, únicamente se condenó a dos militares: al teniente del ejército Everardo Bolaños Galindo y al cabo primero Germán Alzate Cardona, este último prófugo de la justicia. Aunque la Procuraduría abrió investigación contra el general Carlos Alberto Ospina Ovalle, comandante de la IV Brigada del ejército en el momento de la masacre, y contra el teniente coronel Germán Morantes Hernández, comandante en 1997 del Batallón Girardot, con jurisdicción en Ituango, ambos procesos fueron archivados. Ante la evidente impunidad y inoperancia de la justicia nacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó al Estado por omisión y acción de miembros de la fuerza pública de la IV Brigada en la masacre de El Aro, lo conminó a arrestar a los responsables –hoy libres o muertos en el peor de los casos–, y lo obligó a indemnizar a las víctimas.

Mas allá de la escasa justicia aplicada, el asesinato de Villalba revela la eliminación de testigos como sistemática estrategia para ocultar la verdad. En efecto, la constante durante varias décadas en nuestro país ha sido la cascada de asesinatos gracias a los cuales se elimina a los testigos de homicidios, unos que involucran políticos oficiales de diversa categoría, otros a militares, otros a paramilitares.

La denuncia

Los hechos ocurridos en la masacre de El Aro, pequeño poblado de 60 casas ubicado en la zona rural de Ituango, norte de Antioquia, se extendieron durante siete días, a finales de octubre de 1997, en los que las accu torturaron, asesinaron y descuartizaron a 17 personas, quemaron 42 casas, se robaron 1.200 reses y desplazaron a la totalidad de la población, 702 personas1, sin que las autoridades regionales o nacionales hicieran algo para impedir la masacre, a pesar de las reiterados pedidos de auxilio hechos desde la Alcaldía de Ituango a la gobernación de Antioquia. El mandatario seccional de la época era Álvaro Uribe Vélez.

En las declaraciones recogidas por la Fiscalía, Villalba afirmó que días antes de la masacre, esta fue coordinada en una reunión en la que asistieron Carlos Castaño, Salvatore Mancuso, el propio Villalba, altos mandos de la IV Brigada del Ejército y de la Policía, y los hermanos Álvaro y Santiago Uribe Vélez, este último como jefe del grupo paramilitar llamado “Los 12 Apóstoles”. Luego de la masacre, según Villalba, Álvaro Uribe lo habría felicitado por la exitosa ejecución del plan.
Luego de estás declaraciones, Álvaro Uribe, no ya como Gobernador sino como Presidente, negó cualquier nexo con la masacre y con los paramilitares en mención, aduciendo, entre otras cosas, la tenencia de una carta escrita por Villalba en la que se retractaba de sus declaraciones y le pedía perdón por “mancillar su nombre”. Además de esta carta, Uribe dio a conocer otra, escrita por el paramilitar Libardo Duarte, en la que éste aseguraba que el senador Gustavo Petro, la senadora Piedad Córdoba y el periodista Daniel Coronell pagaron 500 millones de pesos a Villalba para que involucrara al Presidente en la masacre. Muy por el contrario, tiempo después Villalba negó haber escrito esa carta, así como su retractación, y reafirmó sus acusaciones contra el Presidente en un noticiero nacional y en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes2.

Silencio

Pero pese a la gravedad de sus denuncias, y además a la importancia de su testimonio para el esclarecimiento de los hechos ocurridos en la planeación y ejecución de la masacre de El Aro, ni la Fiscalía ni el Inpec tomaron las medidas necesarias para proteger la vida de Villalba, en evidente peligro por la magnitud de sus declaraciones. De la misma manera, a pesar de que algunas de sus denuncias fueron tomadas en cuenta para sancionar y judicializar a algunos militares, otras han sido simplemente ignoradas y no fueron valoradas con la importancia necesaria para iniciar una investigación más profunda.

Pero éste no ha sido el único testigo asesinado en relación con la masacre de El Aro. El Defensor de Derechos Humanos, Jesús María Valle, fue asesinado el 27 de febrero de 1998, luego de haber denunciado la masacre antes de su ejecución. En julio de 1997, había declarado:

“Desde el año pasado le pedí al gobernador, Álvaro Uribe, al comandante de la IV Brigada, en ese entonces el general Alfonso Manosalva, que protegieran a la población civil de mi pueblo porque de septiembre (1996) a hoy (julio de 1997) han muerto más de 150 personas”3.

Después de la masacre, y en su condición de presidente del Comité Permanente de Derechos Humanos de Medellín, así como de concejal del municipio de Ituango, declaró en la Fiscalía Regional de Medellín:

“Yo siempre vi, y así lo reflexioné, que había como un acuerdo tácito o como un ostensible comportamiento omisivo, hábilmente urdido entre el comandante de la IV Brigada, el comandante de la Policía de Antioquia, el doctor Álvaro Uribe Vélez, el doctor Pedro Juan Moreno y Carlos Castaño. Todo el poder de los grupos de autodefensa se ha consolidado por el apoyo que ese grupo ha tenido con personas vinculadas al Gobierno, al estamento castrense, al estamento policivo, y a prestantes ganaderos y banqueros del departamento de Antioquia y del país”4.

Resulta entonces no tan coincidencial la muerte de los denunciantes ni los métodos sicariales utilizados, ni las personalidades mismas denunciadas, como tampoco es coincidencial la desidia de los organismos de protección en guardar efectivamente la vida de estos testigos; más en un país donde el asesinato de éstos es pan de cada día.

También es evidente la relación no coincidencial entre las extradiciones de los jefes paramilitares, y las declaraciones de éstos contra los responsables de la creación y financiación de las estructuras paramilitares. En palabras de Freddy Rendón, alias “El Alemán” en las Autodefensas Unidas de Colombia (auc), “nos quieren extraditar cuando empezamos a hablar de políticos, militares y empresarios”5. Sobre todo, en casos como el de Salvatore Mancuso, quien aseguró en versión libre ante la Unidad de Justicia y Paz, antes de ser extraditado, que durante la masacre de El Aro sobrevoló un helicóptero de la Gobernación de Antioquia.

1    “Verdad abierta. Paramilitares y conflicto armado en Colombia!”. “Las cicatrices de El Aro”. verdadabierta.com.
2    Comisión Colombiana de Juristas, boletín Nº 34. “Las responsabilidades en la masacre de El Aro: Una verdad por desentrañar”.
3    Agencia de prensa IPC. “Connivencia en Antioquia entre fuerza pública y paramilitares no fue una ficción”.
4    Declaración que rindió el abogado Jesús María Valle Jaramillo en la Fiscalía Regional de Medellín el 6 de febrero de 1998. Agencia de prensa IPC. In memoriam Jesús María Valle Jaramillo (1943-1998)”.
5    “Verdad abierta. Paramilitares y conflicto armado en Colombia”. “Nos quieren extraditar cuando empezamos a hablar de políticos, militares y empresarios”. verdadabierta.com.

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Recuadro

El asesinato como arma para lograr el silenciamiento de los testigos, y por tanto impunidad, se impuso en Colombia desde hace muchos años, pero en el último período de la historia nacional, con la concreción de la alianza narcotraficantes, políticos de derecha, se hizo norma. La revisión de los hechos permite constatar que entre los testigos ultimados los hay por casos de parapolítica (José Raúl Mira Vélez, 1 octubre 2008), temática en la cual el caso más emblemático son los 12 testigos asesinados que atestiguaron contra el exgobernador de Sucre, Salvador Arana; ‘falsos positivos’ (José Wilson Giraldo Barrera, 10 mayo 2009): desplazamiento forzado (Irma Areiza, 5 marzo 2005); narcotráfico (Carlos Nicolás González –piloto–, 30 mayo 2001); supuestos desmovilizados, activos en las ciudades –caso ‘Memín’ en Medellín (Mauricio Londoño Londoño, Juan David Zapata Mazo, Óscar Rubín Rodríguez Yépez, José de Jesús Mazo Ceballos, 1 octubre 2008 - febrero 2009).

Que “el tema de la violación de los derechos humanos es una invención de los opositores del establecimiento”; que “con Uribe todo va mejor”; que “los desaparecidos es gente que se esconde”. Estas y otras muchas perlas hacen parte de la contrainformación que a diario se escucha por radio y televisión.

Sin embargo, los resultados de la acción emprendida por la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía General de la Nación, desde diciembre de 2008 y hasta abril pasado, confirma que este es un tema que implica a muchas más personas y familias de las que se tenía reporte público. En efecto, las cifras reunidas por la Fiscalía arrojan la escandalosa cifra de 49.902 denuncias sobre desaparecidos, la cual surge luego de una primera depuración de los 65.533 casos reportados ante esta entidad.

La cifra de 49.902 denuncias de personas desaparecidas se logró luego de consolidar las bases de datos de la Dirección Nacional de Fiscalías, la Unidad de Derechos Humanos y el CTI. Dentro del análisis efectuado, también se hizo un cruce de datos con las denuncias de personas desaparecidas recibidas, que tienen en su poder la Policía Nacional, la Defensoría del Pueblo, Fondelibertad y Medicina Legal.
Hasta el momento, los investigadores de la Unidad de Justicia y Paz tienen certeza sobre 10.584 personas desaparecidas que aparecen registradas en todas las bases de datos de las autoridades.

Quedan por verificarse, por tanto, 39 mil registros de personas aparentemente desaparecidas, que no figuran en todas las listas de las autoridades. De confirmarse esta cifra, o una algo menor, queda al descubierto del mundo entero el inmenso genocidio a que ha estado sometido el pueblo colombiano, hecho que no cesa y que, por el contrario –según ONG de derechos humanos–, prosigue y se mantiene como política de Estado.

No es casual la declaración de un jefe paramilitar, al confirmar ante los jueces que ellos picaban –desaparecían literalmente– a sus víctimas.

La realidad es más fuerte que la imaginación, le dijo en alguna ocasión García Márquez a Carlos Fuentes. En Colombia se confirma con toda crudeza este diálogo de novelistas. Falta descubrir a los propiciadores y autores intelecturales de esta política, así como a sus ejecutores materiales para que el país pueda recorrer con toda tranquilidad el sendero de la convivencia.

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“Falsedad de toda falsedad”

Las ejecuciones extrajudiciales de habitantes de barriadas populares de todo el país, motivados a viajar fuera de su región con promesas de falsos trabajos, y conocidos popularmente como “falsos positivos”, han motivado reiteradas declaraciones del presidente Álvaro Uribe. Lo común de las mismas es afirmar que esas denuncias son falsas, “denuncias levantadas para paralizar la acción de la fuerza pública”.

En días recientes se conoció la amenaza de judicializar a quien denuncie a miembros de la fuerza pública por tales hechos y no lo demuestre ante los jueces. Intimidación para obstruir la oleada de denuncias que ya no llegan a 10,20 ó 50 personas asesinadas en esas circunstancias sino que ahora, según la Unidad de Derechos.

Humanos de la Fiscalía General de la Nación, involucra a 1.666 connacionales, asesinatos presuntamente cometidos por miembros de la fuerza pública. En un país donde la impunidad rodea el 98 por ciento de las denuncias, ya se sabe qué puede suceder con esa exigencia, por demás improcedente. ¿Acaso no tienen derecho los deudos de demandar a los victimarios ante los jueces por el homicidio de sus familiares?

Aunque la ley garantiza la presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario, lo evidente es que cada día son condendados más y más efectivos de la fuerza pública por este tipo de homicidios.

La información de la Fiscalía General confirma que 83 miembros de la fuerza pública (en el marco de la Ley 600) han sido condenados hasta abril de este año, y 232 enfrentan juicio (sistema penal acusatorio). ¿Acciones ocasionales o individuales?

No es casual que en el más reciente informe de derechos humanos de las Naciones Unidas (marzo) se califique a estos homicidios como un “tipo de acciones que no pueden considerarse como aisladas, sino como una práctica muy extendida cometida por un importante número de unidades militares en todo el país”.

El diagnóstico del organismo multilateral es el mismo que se escucha por campos y ciudades del país. El único que no quiere reconocerlo así es el alto gobierno. Ahora denuncian las ONG de los derechos humanos que cuando acuden a recoger la denuncia y el poder de familiares de una víctima de “falso positivo”, se encuentran con que ya lo han entregado a los abogados del Ministerio Público, que en no pocas ocasiones les estimulan a no meterse con los abogados de los colectivos de los derechos humanos, pues con ellos terminarán investigados por ‘guerrilleros’. Según los familiares, “es mejor dejar así” para no meternos en líos. Mientras tanto, la falsedad gana espacio y legitimidad.

Que “el tema de la violación de los derechos humanos es una invención de los opositores del establecimiento”; que “con Uribe todo va mejor”; que “los desaparecidos es gente que se esconde”. Estas y otras muchas perlas hacen parte de la contrainformación que a diario se escucha por radio y televisión.

Sin embargo, los resultados de la acción emprendida por la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía General de la Nación, desde diciembre de 2008 y hasta abril pasado, confirma que este es un tema que implica a muchas más personas y familias de las que se tenía reporte público. En efecto, las cifras reunidas por la Fiscalía arrojan la escandalosa cifra de 49.902 denuncias sobre desaparecidos, la cual surge luego de una primera depuración de los 65.533 casos reportados ante esta entidad.

La cifra de 49.902 denuncias de personas desaparecidas se logró luego de consolidar las bases de datos de la Dirección Nacional de Fiscalías, la Unidad de Derechos Humanos y el CTI. Dentro del análisis efectuado, también se hizo un cruce de datos con las denuncias de personas desaparecidas recibidas, que tienen en su poder la Policía Nacional, la Defensoría del Pueblo, Fondelibertad y Medicina Legal.
Hasta el momento, los investigadores de la Unidad de Justicia y Paz tienen certeza sobre 10.584 personas desaparecidas que aparecen registradas en todas las bases de datos de las autoridades.

Quedan por verificarse, por tanto, 39 mil registros de personas aparentemente desaparecidas, que no figuran en todas las listas de las autoridades. De confirmarse esta cifra, o una algo menor, queda al descubierto del mundo entero el inmenso genocidio a que ha estado sometido el pueblo colombiano, hecho que no cesa y que, por el contrario –según ONG de derechos humanos–, prosigue y se mantiene como política de Estado.

No es casual la declaración de un jefe paramilitar, al confirmar ante los jueces que ellos picaban –desaparecían literalmente– a sus víctimas.

La realidad es más fuerte que la imaginación, le dijo en alguna ocasión García Márquez a Carlos Fuentes. En Colombia se confirma con toda crudeza este diálogo de novelistas. Falta descubrir a los propiciadores y autores intelecturales de esta política, así como a sus ejecutores materiales para que el país pueda recorrer con toda tranquilidad el sendero de la convivencia.

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“Falsedad de toda falsedad”

Las ejecuciones extrajudiciales de habitantes de barriadas populares de todo el país, motivados a viajar fuera de su región con promesas de falsos trabajos, y conocidos popularmente como “falsos positivos”, han motivado reiteradas declaraciones del presidente Álvaro Uribe. Lo común de las mismas es afirmar que esas denuncias son falsas, “denuncias levantadas para paralizar la acción de la fuerza pública”.

En días recientes se conoció la amenaza de judicializar a quien denuncie a miembros de la fuerza pública por tales hechos y no lo demuestre ante los jueces. Intimidación para obstruir la oleada de denuncias que ya no llegan a 10,20 ó 50 personas asesinadas en esas circunstancias sino que ahora, según la Unidad de Derechos.

Humanos de la Fiscalía General de la Nación, involucra a 1.666 connacionales, asesinatos presuntamente cometidos por miembros de la fuerza pública. En un país donde la impunidad rodea el 98 por ciento de las denuncias, ya se sabe qué puede suceder con esa exigencia, por demás improcedente. ¿Acaso no tienen derecho los deudos de demandar a los victimarios ante los jueces por el homicidio de sus familiares?

Aunque la ley garantiza la presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario, lo evidente es que cada día son condendados más y más efectivos de la fuerza pública por este tipo de homicidios.

La información de la Fiscalía General confirma que 83 miembros de la fuerza pública (en el marco de la Ley 600) han sido condenados hasta abril de este año, y 232 enfrentan juicio (sistema penal acusatorio). ¿Acciones ocasionales o individuales?

No es casual que en el más reciente informe de derechos humanos de las Naciones Unidas (marzo) se califique a estos homicidios como un “tipo de acciones que no pueden considerarse como aisladas, sino como una práctica muy extendida cometida por un importante número de unidades militares en todo el país”.

El diagnóstico del organismo multilateral es el mismo que se escucha por campos y ciudades del país. El único que no quiere reconocerlo así es el alto gobierno. Ahora denuncian las ONG de los derechos humanos que cuando acuden a recoger la denuncia y el poder de familiares de una víctima de “falso positivo”, se encuentran con que ya lo han entregado a los abogados del Ministerio Público, que en no pocas ocasiones les estimulan a no meterse con los abogados de los colectivos de los derechos humanos, pues con ellos terminarán investigados por ‘guerrilleros’. Según los familiares, “es mejor dejar así” para no meternos en líos. Mientras tanto, la falsedad gana espacio y legitimidad.

Que “el tema de la violación de los derechos humanos es una invención de los opositores del establecimiento”; que “con Uribe todo va mejor”; que “los desaparecidos es gente que se esconde”. Estas y otras muchas perlas hacen parte de la contrainformación que a diario se escucha por radio y televisión.

Sin embargo, los resultados de la acción emprendida por la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía General de la Nación, desde diciembre de 2008 y hasta abril pasado, confirma que este es un tema que implica a muchas más personas y familias de las que se tenía reporte público. En efecto, las cifras reunidas por la Fiscalía arrojan la escandalosa cifra de 49.902 denuncias sobre desaparecidos, la cual surge luego de una primera depuración de los 65.533 casos reportados ante esta entidad.

La cifra de 49.902 denuncias de personas desaparecidas se logró luego de consolidar las bases de datos de la Dirección Nacional de Fiscalías, la Unidad de Derechos Humanos y el CTI. Dentro del análisis efectuado, también se hizo un cruce de datos con las denuncias de personas desaparecidas recibidas, que tienen en su poder la Policía Nacional, la Defensoría del Pueblo, Fondelibertad y Medicina Legal.
Hasta el momento, los investigadores de la Unidad de Justicia y Paz tienen certeza sobre 10.584 personas desaparecidas que aparecen registradas en todas las bases de datos de las autoridades.

Quedan por verificarse, por tanto, 39 mil registros de personas aparentemente desaparecidas, que no figuran en todas las listas de las autoridades. De confirmarse esta cifra, o una algo menor, queda al descubierto del mundo entero el inmenso genocidio a que ha estado sometido el pueblo colombiano, hecho que no cesa y que, por el contrario –según ONG de derechos humanos–, prosigue y se mantiene como política de Estado.

No es casual la declaración de un jefe paramilitar, al confirmar ante los jueces que ellos picaban –desaparecían literalmente– a sus víctimas.

La realidad es más fuerte que la imaginación, le dijo en alguna ocasión García Márquez a Carlos Fuentes. En Colombia se confirma con toda crudeza este diálogo de novelistas. Falta descubrir a los propiciadores y autores intelecturales de esta política, así como a sus ejecutores materiales para que el país pueda recorrer con toda tranquilidad el sendero de la convivencia.

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“Falsedad de toda falsedad”

Las ejecuciones extrajudiciales de habitantes de barriadas populares de todo el país, motivados a viajar fuera de su región con promesas de falsos trabajos, y conocidos popularmente como “falsos positivos”, han motivado reiteradas declaraciones del presidente Álvaro Uribe. Lo común de las mismas es afirmar que esas denuncias son falsas, “denuncias levantadas para paralizar la acción de la fuerza pública”.

En días recientes se conoció la amenaza de judicializar a quien denuncie a miembros de la fuerza pública por tales hechos y no lo demuestre ante los jueces. Intimidación para obstruir la oleada de denuncias que ya no llegan a 10,20 ó 50 personas asesinadas en esas circunstancias sino que ahora, según la Unidad de Derechos.

Humanos de la Fiscalía General de la Nación, involucra a 1.666 connacionales, asesinatos presuntamente cometidos por miembros de la fuerza pública. En un país donde la impunidad rodea el 98 por ciento de las denuncias, ya se sabe qué puede suceder con esa exigencia, por demás improcedente. ¿Acaso no tienen derecho los deudos de demandar a los victimarios ante los jueces por el homicidio de sus familiares?

Aunque la ley garantiza la presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario, lo evidente es que cada día son condendados más y más efectivos de la fuerza pública por este tipo de homicidios.

La información de la Fiscalía General confirma que 83 miembros de la fuerza pública (en el marco de la Ley 600) han sido condenados hasta abril de este año, y 232 enfrentan juicio (sistema penal acusatorio). ¿Acciones ocasionales o individuales?

No es casual que en el más reciente informe de derechos humanos de las Naciones Unidas (marzo) se califique a estos homicidios como un “tipo de acciones que no pueden considerarse como aisladas, sino como una práctica muy extendida cometida por un importante número de unidades militares en todo el país”.

El diagnóstico del organismo multilateral es el mismo que se escucha por campos y ciudades del país. El único que no quiere reconocerlo así es el alto gobierno. Ahora denuncian las ONG de los derechos humanos que cuando acuden a recoger la denuncia y el poder de familiares de una víctima de “falso positivo”, se encuentran con que ya lo han entregado a los abogados del Ministerio Público, que en no pocas ocasiones les estimulan a no meterse con los abogados de los colectivos de los derechos humanos, pues con ellos terminarán investigados por ‘guerrilleros’. Según los familiares, “es mejor dejar así” para no meternos en líos. Mientras tanto, la falsedad gana espacio y legitimidad.

Que “el tema de la violación de los derechos humanos es una invención de los opositores del establecimiento”; que “con Uribe todo va mejor”; que “los desaparecidos es gente que se esconde”. Estas y otras muchas perlas hacen parte de la contrainformación que a diario se escucha por radio y televisión.

Sin embargo, los resultados de la acción emprendida por la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía General de la Nación, desde diciembre de 2008 y hasta abril pasado, confirma que este es un tema que implica a muchas más personas y familias de las que se tenía reporte público. En efecto, las cifras reunidas por la Fiscalía arrojan la escandalosa cifra de 49.902 denuncias sobre desaparecidos, la cual surge luego de una primera depuración de los 65.533 casos reportados ante esta entidad.

La cifra de 49.902 denuncias de personas desaparecidas se logró luego de consolidar las bases de datos de la Dirección Nacional de Fiscalías, la Unidad de Derechos Humanos y el CTI. Dentro del análisis efectuado, también se hizo un cruce de datos con las denuncias de personas desaparecidas recibidas, que tienen en su poder la Policía Nacional, la Defensoría del Pueblo, Fondelibertad y Medicina Legal.
Hasta el momento, los investigadores de la Unidad de Justicia y Paz tienen certeza sobre 10.584 personas desaparecidas que aparecen registradas en todas las bases de datos de las autoridades.

Quedan por verificarse, por tanto, 39 mil registros de personas aparentemente desaparecidas, que no figuran en todas las listas de las autoridades. De confirmarse esta cifra, o una algo menor, queda al descubierto del mundo entero el inmenso genocidio a que ha estado sometido el pueblo colombiano, hecho que no cesa y que, por el contrario –según ONG de derechos humanos–, prosigue y se mantiene como política de Estado.

No es casual la declaración de un jefe paramilitar, al confirmar ante los jueces que ellos picaban –desaparecían literalmente– a sus víctimas.

La realidad es más fuerte que la imaginación, le dijo en alguna ocasión García Márquez a Carlos Fuentes. En Colombia se confirma con toda crudeza este diálogo de novelistas. Falta descubrir a los propiciadores y autores intelecturales de esta política, así como a sus ejecutores materiales para que el país pueda recorrer con toda tranquilidad el sendero de la convivencia.

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“Falsedad de toda falsedad”

Las ejecuciones extrajudiciales de habitantes de barriadas populares de todo el país, motivados a viajar fuera de su región con promesas de falsos trabajos, y conocidos popularmente como “falsos positivos”, han motivado reiteradas declaraciones del presidente Álvaro Uribe. Lo común de las mismas es afirmar que esas denuncias son falsas, “denuncias levantadas para paralizar la acción de la fuerza pública”.

En días recientes se conoció la amenaza de judicializar a quien denuncie a miembros de la fuerza pública por tales hechos y no lo demuestre ante los jueces. Intimidación para obstruir la oleada de denuncias que ya no llegan a 10,20 ó 50 personas asesinadas en esas circunstancias sino que ahora, según la Unidad de Derechos.

Humanos de la Fiscalía General de la Nación, involucra a 1.666 connacionales, asesinatos presuntamente cometidos por miembros de la fuerza pública. En un país donde la impunidad rodea el 98 por ciento de las denuncias, ya se sabe qué puede suceder con esa exigencia, por demás improcedente. ¿Acaso no tienen derecho los deudos de demandar a los victimarios ante los jueces por el homicidio de sus familiares?

Aunque la ley garantiza la presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario, lo evidente es que cada día son condendados más y más efectivos de la fuerza pública por este tipo de homicidios.

La información de la Fiscalía General confirma que 83 miembros de la fuerza pública (en el marco de la Ley 600) han sido condenados hasta abril de este año, y 232 enfrentan juicio (sistema penal acusatorio). ¿Acciones ocasionales o individuales?

No es casual que en el más reciente informe de derechos humanos de las Naciones Unidas (marzo) se califique a estos homicidios como un “tipo de acciones que no pueden considerarse como aisladas, sino como una práctica muy extendida cometida por un importante número de unidades militares en todo el país”.

El diagnóstico del organismo multilateral es el mismo que se escucha por campos y ciudades del país. El único que no quiere reconocerlo así es el alto gobierno. Ahora denuncian las ONG de los derechos humanos que cuando acuden a recoger la denuncia y el poder de familiares de una víctima de “falso positivo”, se encuentran con que ya lo han entregado a los abogados del Ministerio Público, que en no pocas ocasiones les estimulan a no meterse con los abogados de los colectivos de los derechos humanos, pues con ellos terminarán investigados por ‘guerrilleros’. Según los familiares, “es mejor dejar así” para no meternos en líos. Mientras tanto, la falsedad gana espacio y legitimidad.

Que “el tema de la violación de los derechos humanos es una invención de los opositores del establecimiento”; que “con Uribe todo va mejor”; que “los desaparecidos es gente que se esconde”. Estas y otras muchas perlas hacen parte de la contrainformación que a diario se escucha por radio y televisión.

Sin embargo, los resultados de la acción emprendida por la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía General de la Nación, desde diciembre de 2008 y hasta abril pasado, confirma que este es un tema que implica a muchas más personas y familias de las que se tenía reporte público. En efecto, las cifras reunidas por la Fiscalía arrojan la escandalosa cifra de 49.902 denuncias sobre desaparecidos, la cual surge luego de una primera depuración de los 65.533 casos reportados ante esta entidad.

La cifra de 49.902 denuncias de personas desaparecidas se logró luego de consolidar las bases de datos de la Dirección Nacional de Fiscalías, la Unidad de Derechos Humanos y el CTI. Dentro del análisis efectuado, también se hizo un cruce de datos con las denuncias de personas desaparecidas recibidas, que tienen en su poder la Policía Nacional, la Defensoría del Pueblo, Fondelibertad y Medicina Legal.
Hasta el momento, los investigadores de la Unidad de Justicia y Paz tienen certeza sobre 10.584 personas desaparecidas que aparecen registradas en todas las bases de datos de las autoridades.

Quedan por verificarse, por tanto, 39 mil registros de personas aparentemente desaparecidas, que no figuran en todas las listas de las autoridades. De confirmarse esta cifra, o una algo menor, queda al descubierto del mundo entero el inmenso genocidio a que ha estado sometido el pueblo colombiano, hecho que no cesa y que, por el contrario –según ONG de derechos humanos–, prosigue y se mantiene como política de Estado.

No es casual la declaración de un jefe paramilitar, al confirmar ante los jueces que ellos picaban –desaparecían literalmente– a sus víctimas.

La realidad es más fuerte que la imaginación, le dijo en alguna ocasión García Márquez a Carlos Fuentes. En Colombia se confirma con toda crudeza este diálogo de novelistas. Falta descubrir a los propiciadores y autores intelecturales de esta política, así como a sus ejecutores materiales para que el país pueda recorrer con toda tranquilidad el sendero de la convivencia.

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“Falsedad de toda falsedad”

Las ejecuciones extrajudiciales de habitantes de barriadas populares de todo el país, motivados a viajar fuera de su región con promesas de falsos trabajos, y conocidos popularmente como “falsos positivos”, han motivado reiteradas declaraciones del presidente Álvaro Uribe. Lo común de las mismas es afirmar que esas denuncias son falsas, “denuncias levantadas para paralizar la acción de la fuerza pública”.

En días recientes se conoció la amenaza de judicializar a quien denuncie a miembros de la fuerza pública por tales hechos y no lo demuestre ante los jueces. Intimidación para obstruir la oleada de denuncias que ya no llegan a 10,20 ó 50 personas asesinadas en esas circunstancias sino que ahora, según la Unidad de Derechos.

Humanos de la Fiscalía General de la Nación, involucra a 1.666 connacionales, asesinatos presuntamente cometidos por miembros de la fuerza pública. En un país donde la impunidad rodea el 98 por ciento de las denuncias, ya se sabe qué puede suceder con esa exigencia, por demás improcedente. ¿Acaso no tienen derecho los deudos de demandar a los victimarios ante los jueces por el homicidio de sus familiares?

Aunque la ley garantiza la presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario, lo evidente es que cada día son condendados más y más efectivos de la fuerza pública por este tipo de homicidios.

La información de la Fiscalía General confirma que 83 miembros de la fuerza pública (en el marco de la Ley 600) han sido condenados hasta abril de este año, y 232 enfrentan juicio (sistema penal acusatorio). ¿Acciones ocasionales o individuales?

No es casual que en el más reciente informe de derechos humanos de las Naciones Unidas (marzo) se califique a estos homicidios como un “tipo de acciones que no pueden considerarse como aisladas, sino como una práctica muy extendida cometida por un importante número de unidades militares en todo el país”.

El diagnóstico del organismo multilateral es el mismo que se escucha por campos y ciudades del país. El único que no quiere reconocerlo así es el alto gobierno. Ahora denuncian las ONG de los derechos humanos que cuando acuden a recoger la denuncia y el poder de familiares de una víctima de “falso positivo”, se encuentran con que ya lo han entregado a los abogados del Ministerio Público, que en no pocas ocasiones les estimulan a no meterse con los abogados de los colectivos de los derechos humanos, pues con ellos terminarán investigados por ‘guerrilleros’. Según los familiares, “es mejor dejar así” para no meternos en líos. Mientras tanto, la falsedad gana espacio y legitimidad.

Son miles de miles los colombianos obligados a abandonar lo suyo y caminar tras lo desconocido: según Codhes, en los últimos 24 años suman 4.628.882 personas, que equivalen a 925.726 núcleos familiares. En los últimos años, el gobierno de turno se ufana de sus éxitos con la ‘seguridad democrática’, pero miles de familias campesinas, desplazadas desde 2002, confirman que el éxito es parcial.

Primeros 100 municipios de recepción por número de personas, 2008

Un informe presentado por la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), en abril pasado, precisa la crudeza del drama del desplazamiento en Colombia. Un drama de nunca acabar pero que ahora, a pesar de la propaganda oficial sobre la efectividad de la ‘seguridad democrática’, se agudiza a los niveles de 2002.

Según la ONG que le hace seguimiento al tema del desplazamiento en nuestro país, en 2008 fueron desplazados 380.863 connacionales, equivalentes a 76.172 núcleos familiares, cifra en creciente (un 24,47 por ciento más), toda vez que un año antes 305.638 connacionales se habían visto obligados a dejar su terruño, y mucho más que en 2006, cuando la cifra afectó a 221.638 compatriotas.

Disputa del control territorial

El desplazado no es un supuesto ni una imagen; es una persona de carne y hueso, mujer u hombre, adulto, anciano o infante. En su inmensa mayoría, se trata de habitantes de regiones rurales que se han visto sometidas a grandes inversiones de capital (megaproyectos), a zonas de control militar especial, a regiones de explotación minera, o de siembra de palma de aceite u otros productos destinados a la producción de agrocombustibles.

Regiones rurales otrora tranquilas, como los departamentos de Chocó y Nariño, ahora atadas a una intensa confrontación por su dominio hegemónico, su impotancia geopolítica, su cercanía al mar, zona de frontera, corredor de tránsito para el comercio de armas, o la siembra de coca o amapola para procesarlas como sustancias psicoactivas.

Son territorios sobre los cuales se dispone el traslado de unidades del paramilitarismo para su control, fuerzas que a sangre y fuego imponen su dominio. Las consecuencias no se dejan esperar. En ciudades como Bogotá (56.087), y departamentos como Antioquia (51.918), Valle del Cauca (31.527), Magdalena (27.256), Nariño (24.662), Meta (16.370), Cauca (16.344) y Córdoba (12.879), se ven con fuerza sus consecuencias: miles de campesinos que habitan las periferias de sus ciudades, deambulando por el centro, en busca de apoyo o de una simple mano con un pequeña moneda para poder recoger algo con qué comer.

El Gobierno difunde que ya hay grupos paramilitares, que ‘negociaron’, que ahora son “bandas emergentes”, pero estos miles de despojados saben y aseveran con su presencia que eso no es así. Ahora, en sus territorios hacen presencia iguales fuerzas armadas que o no se desmovilizaron o se reagruparon. Así lo confirman sus métodos, el contacto que mantienen con grupos o movimientos políticos de derecha, su propósito de fortalecer la institucionalidad reinante, así como el objetivo de su presencia: proteger y acrecentar grandes capitales, y asegurar la tenencia y uso de la tierra.


Son fuerzas que propiciaron durante el año pasado 82 eventos de desplazamiento masivo en 19 departamentos. Los informes precisan que los más afectados fueron Nariño y Chocó. El éxodo involucró a 42.537 personas. Pero también se presentó desplazamiento forzado, propiciado por fumigaciones: el informe de Codhes señala el reporte de 13.450 afectados, provenientes de Antioquia, Vichada y Córdoba.

Este conjunto de operaciones armadas por el control de territorios, sumado desde el año 2000 e incluso hasta lo corrido de 2009, arroja como resultado 385.000 familias rurales obligadas al éxodo y las cuales abandonaron alrededor de 5,5 millones de hectáreas, lo que es igual al 10,8 por ciento del área agropecuaria del país.

Se trata de una contrarreforma agraria que configura una nueva realidad socioespacial en el país, que involucra propiedades que pretenden legalizar como suyas los nuevos señores de la tierra, los mismos que dicen que los campesinos no son productivos y que sobre esas tierras –uniéndolas– hay que propiciar que operen o se pongan en marcha grandes operaciones comerciales, de las cuales los agrocombustibles son un ejemplo.

Con esa experiencia acumulada, ahora esas fuerzas se repliegan a las grandes capitales. El boleteo puesto en práctica durante 2008 y lo que va de 2009, así como el conjunto de operaciones armadas para el control de barrios, localidades y comunas, dan cuenta del nuevo escenario de guerra al cual ingresa el país (ver Noche de pesadillas, pág. 13). Homosexuales, drogadictos, delincuentes callejeros, “habitantes de la calle”, activistas sociales, son por ahora sus objetivos prioritarios. ¿Será ésta la ‘seguridad’ tan difundida?

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Noche de pesadillas

Por: Sean Martin Cranley

Los niños están asustados en el barrio San Isidro-San Luis. En esta parte de los cerros orientales de Bogotá, han cobrado vida los rumores, y los temores corren de boca en boca. El anuncio de toque de queda es el tema de conversación entre todos los vecinos. Antes, nadie tomó en serio el rumor, hasta que comenzaron a sentir la amenaza real: “limpieza social”.

La semana pasada, los estudiantes de bachillerato acudieron a clases por la mañana y encontraron descuartizado e irreconocible a un compañero, en frente del colegio del barrio. En estos mismos días se toparon también con una niña arrojada a un precipicio, sin ropa y apuñalada en la cara. El rumor, al finalizar la semana, de que había cuatro muertos más en el barrio, tiene inquietos a todos los moradores del sector, frente a un futuro incierto.

Los vecinos habían anunciado la presencia del grupo paramilitar “águilas negras” pero todo fue interpretado tan solo como un chisme, hasta que se presentaron las muertes en la vía pública. En este momento, el rumor cobró sentido.

En el último boleteo, las águilas afirman lo dicho y reiterado por ellos y sus pares desde hace años: “Los niños buenos se acuestan a las 10 y a los malos los acostamos nosotros”. Esta situación perturba a Rebeca, una niña de 13 años que observa a los costados antes de expresar su preocupación por un tío que tiene que llegar al barrio muy de noche, después de trabajar una larga jornada diaria. Además, relata la mortificación de su tía, anteayer, cuando el primo llegó a la casa muy poco antes del toque de queda. “Llegó a la casa faltando 5 para las 10” –afirmó con una mirada de susto– “y esto me preocupa porque ¿qué va a pasar la noche que llegue más tarde?”. La respuesta es perversamente evidente, a medida que los estragos de la noche anterior aparecen –con la primera luz del día– y los miedos, tal como los silencios, se expanden cada día con más evidencia.

La zozobra se acrecienta. Toda información parece una especulación, como toda noticia parece un rumor, pero no lo son los cadáveres tirados en la calle por la mañana. En las noches rige la ley de la selva y los amos nocturnos circulan por las calles abandonadas, los cuerpos vestidos de negro y los rostros con pasamontañas. De día impera el silencio del miedo. Muy pocos en San Isidro-San Luis se atreven a comentar sobre la oleada de represión que está afectando al barrio, pero todos saben que existe y estiman que es mejor mantenerse callado que sufrir cualquier represalia.
El miedo penetra todas las calles, las ventanas y las miradas. Los niños corren a casa al oscurecer la tarde; sin embargo, hay algunos que justifican la violencia. A pesar del peligro eminente para los niños, hay madres que respaldan la campaña paramilitar de muerte. “Es necesario –dice una– debido a la delincuencia en el barrio”. Otra insinuó que los culpables de estas muertes “no son los escuadrones de muerte sino los padres que descuidan a sus niños y permiten que salgan a la calle por la noche”. Es evidente que esta lógica perversa respaldará siempre las acciones de los escuadrones de muerte, así como el terror propiciado por unos pocos sobre la mayoría.

En Colombia, la violencia va a perdurar mientras existan madres de familia y vecinos que justifiquen, con argumentos de temor, el asesinato de gente “que se encuentra en el lugar equivocado y en el momento inoportuno, o simplemente tiene una prenda o un pensamiento distinto”.

Como suele pasar en Colombia, la violencia juega un papel principal en las relaciones sociales entre ciudadanos, ocultando los problemas de fondo con la aniquilación del otro y el silencio miedoso de los demás.

Son miles de miles los colombianos obligados a abandonar lo suyo y caminar tras lo desconocido: según Codhes, en los últimos 24 años suman 4.628.882 personas, que equivalen a 925.726 núcleos familiares. En los últimos años, el gobierno de turno se ufana de sus éxitos con la ‘seguridad democrática’, pero miles de familias campesinas, desplazadas desde 2002, confirman que el éxito es parcial.

Primeros 100 municipios de recepción por número de personas, 2008

Un informe presentado por la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), en abril pasado, precisa la crudeza del drama del desplazamiento en Colombia. Un drama de nunca acabar pero que ahora, a pesar de la propaganda oficial sobre la efectividad de la ‘seguridad democrática’, se agudiza a los niveles de 2002.

Según la ONG que le hace seguimiento al tema del desplazamiento en nuestro país, en 2008 fueron desplazados 380.863 connacionales, equivalentes a 76.172 núcleos familiares, cifra en creciente (un 24,47 por ciento más), toda vez que un año antes 305.638 connacionales se habían visto obligados a dejar su terruño, y mucho más que en 2006, cuando la cifra afectó a 221.638 compatriotas.

Disputa del control territorial

El desplazado no es un supuesto ni una imagen; es una persona de carne y hueso, mujer u hombre, adulto, anciano o infante. En su inmensa mayoría, se trata de habitantes de regiones rurales que se han visto sometidas a grandes inversiones de capital (megaproyectos), a zonas de control militar especial, a regiones de explotación minera, o de siembra de palma de aceite u otros productos destinados a la producción de agrocombustibles.

Regiones rurales otrora tranquilas, como los departamentos de Chocó y Nariño, ahora atadas a una intensa confrontación por su dominio hegemónico, su impotancia geopolítica, su cercanía al mar, zona de frontera, corredor de tránsito para el comercio de armas, o la siembra de coca o amapola para procesarlas como sustancias psicoactivas.

Son territorios sobre los cuales se dispone el traslado de unidades del paramilitarismo para su control, fuerzas que a sangre y fuego imponen su dominio. Las consecuencias no se dejan esperar. En ciudades como Bogotá (56.087), y departamentos como Antioquia (51.918), Valle del Cauca (31.527), Magdalena (27.256), Nariño (24.662), Meta (16.370), Cauca (16.344) y Córdoba (12.879), se ven con fuerza sus consecuencias: miles de campesinos que habitan las periferias de sus ciudades, deambulando por el centro, en busca de apoyo o de una simple mano con un pequeña moneda para poder recoger algo con qué comer.

El Gobierno difunde que ya hay grupos paramilitares, que ‘negociaron’, que ahora son “bandas emergentes”, pero estos miles de despojados saben y aseveran con su presencia que eso no es así. Ahora, en sus territorios hacen presencia iguales fuerzas armadas que o no se desmovilizaron o se reagruparon. Así lo confirman sus métodos, el contacto que mantienen con grupos o movimientos políticos de derecha, su propósito de fortalecer la institucionalidad reinante, así como el objetivo de su presencia: proteger y acrecentar grandes capitales, y asegurar la tenencia y uso de la tierra.


Son fuerzas que propiciaron durante el año pasado 82 eventos de desplazamiento masivo en 19 departamentos. Los informes precisan que los más afectados fueron Nariño y Chocó. El éxodo involucró a 42.537 personas. Pero también se presentó desplazamiento forzado, propiciado por fumigaciones: el informe de Codhes señala el reporte de 13.450 afectados, provenientes de Antioquia, Vichada y Córdoba.

Este conjunto de operaciones armadas por el control de territorios, sumado desde el año 2000 e incluso hasta lo corrido de 2009, arroja como resultado 385.000 familias rurales obligadas al éxodo y las cuales abandonaron alrededor de 5,5 millones de hectáreas, lo que es igual al 10,8 por ciento del área agropecuaria del país.

Se trata de una contrarreforma agraria que configura una nueva realidad socioespacial en el país, que involucra propiedades que pretenden legalizar como suyas los nuevos señores de la tierra, los mismos que dicen que los campesinos no son productivos y que sobre esas tierras –uniéndolas– hay que propiciar que operen o se pongan en marcha grandes operaciones comerciales, de las cuales los agrocombustibles son un ejemplo.

Con esa experiencia acumulada, ahora esas fuerzas se repliegan a las grandes capitales. El boleteo puesto en práctica durante 2008 y lo que va de 2009, así como el conjunto de operaciones armadas para el control de barrios, localidades y comunas, dan cuenta del nuevo escenario de guerra al cual ingresa el país (ver Noche de pesadillas, pág. 13). Homosexuales, drogadictos, delincuentes callejeros, “habitantes de la calle”, activistas sociales, son por ahora sus objetivos prioritarios. ¿Será ésta la ‘seguridad’ tan difundida?

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Noche de pesadillas

Por: Sean Martin Cranley

Los niños están asustados en el barrio San Isidro-San Luis. En esta parte de los cerros orientales de Bogotá, han cobrado vida los rumores, y los temores corren de boca en boca. El anuncio de toque de queda es el tema de conversación entre todos los vecinos. Antes, nadie tomó en serio el rumor, hasta que comenzaron a sentir la amenaza real: “limpieza social”.

La semana pasada, los estudiantes de bachillerato acudieron a clases por la mañana y encontraron descuartizado e irreconocible a un compañero, en frente del colegio del barrio. En estos mismos días se toparon también con una niña arrojada a un precipicio, sin ropa y apuñalada en la cara. El rumor, al finalizar la semana, de que había cuatro muertos más en el barrio, tiene inquietos a todos los moradores del sector, frente a un futuro incierto.

Los vecinos habían anunciado la presencia del grupo paramilitar “águilas negras” pero todo fue interpretado tan solo como un chisme, hasta que se presentaron las muertes en la vía pública. En este momento, el rumor cobró sentido.

En el último boleteo, las águilas afirman lo dicho y reiterado por ellos y sus pares desde hace años: “Los niños buenos se acuestan a las 10 y a los malos los acostamos nosotros”. Esta situación perturba a Rebeca, una niña de 13 años que observa a los costados antes de expresar su preocupación por un tío que tiene que llegar al barrio muy de noche, después de trabajar una larga jornada diaria. Además, relata la mortificación de su tía, anteayer, cuando el primo llegó a la casa muy poco antes del toque de queda. “Llegó a la casa faltando 5 para las 10” –afirmó con una mirada de susto– “y esto me preocupa porque ¿qué va a pasar la noche que llegue más tarde?”. La respuesta es perversamente evidente, a medida que los estragos de la noche anterior aparecen –con la primera luz del día– y los miedos, tal como los silencios, se expanden cada día con más evidencia.

La zozobra se acrecienta. Toda información parece una especulación, como toda noticia parece un rumor, pero no lo son los cadáveres tirados en la calle por la mañana. En las noches rige la ley de la selva y los amos nocturnos circulan por las calles abandonadas, los cuerpos vestidos de negro y los rostros con pasamontañas. De día impera el silencio del miedo. Muy pocos en San Isidro-San Luis se atreven a comentar sobre la oleada de represión que está afectando al barrio, pero todos saben que existe y estiman que es mejor mantenerse callado que sufrir cualquier represalia.
El miedo penetra todas las calles, las ventanas y las miradas. Los niños corren a casa al oscurecer la tarde; sin embargo, hay algunos que justifican la violencia. A pesar del peligro eminente para los niños, hay madres que respaldan la campaña paramilitar de muerte. “Es necesario –dice una– debido a la delincuencia en el barrio”. Otra insinuó que los culpables de estas muertes “no son los escuadrones de muerte sino los padres que descuidan a sus niños y permiten que salgan a la calle por la noche”. Es evidente que esta lógica perversa respaldará siempre las acciones de los escuadrones de muerte, así como el terror propiciado por unos pocos sobre la mayoría.

En Colombia, la violencia va a perdurar mientras existan madres de familia y vecinos que justifiquen, con argumentos de temor, el asesinato de gente “que se encuentra en el lugar equivocado y en el momento inoportuno, o simplemente tiene una prenda o un pensamiento distinto”.

Como suele pasar en Colombia, la violencia juega un papel principal en las relaciones sociales entre ciudadanos, ocultando los problemas de fondo con la aniquilación del otro y el silencio miedoso de los demás.

Son miles de miles los colombianos obligados a abandonar lo suyo y caminar tras lo desconocido: según Codhes, en los últimos 24 años suman 4.628.882 personas, que equivalen a 925.726 núcleos familiares. En los últimos años, el gobierno de turno se ufana de sus éxitos con la ‘seguridad democrática’, pero miles de familias campesinas, desplazadas desde 2002, confirman que el éxito es parcial.

Primeros 100 municipios de recepción por número de personas, 2008

Un informe presentado por la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), en abril pasado, precisa la crudeza del drama del desplazamiento en Colombia. Un drama de nunca acabar pero que ahora, a pesar de la propaganda oficial sobre la efectividad de la ‘seguridad democrática’, se agudiza a los niveles de 2002.

Según la ONG que le hace seguimiento al tema del desplazamiento en nuestro país, en 2008 fueron desplazados 380.863 connacionales, equivalentes a 76.172 núcleos familiares, cifra en creciente (un 24,47 por ciento más), toda vez que un año antes 305.638 connacionales se habían visto obligados a dejar su terruño, y mucho más que en 2006, cuando la cifra afectó a 221.638 compatriotas.

Disputa del control territorial

El desplazado no es un supuesto ni una imagen; es una persona de carne y hueso, mujer u hombre, adulto, anciano o infante. En su inmensa mayoría, se trata de habitantes de regiones rurales que se han visto sometidas a grandes inversiones de capital (megaproyectos), a zonas de control militar especial, a regiones de explotación minera, o de siembra de palma de aceite u otros productos destinados a la producción de agrocombustibles.

Regiones rurales otrora tranquilas, como los departamentos de Chocó y Nariño, ahora atadas a una intensa confrontación por su dominio hegemónico, su impotancia geopolítica, su cercanía al mar, zona de frontera, corredor de tránsito para el comercio de armas, o la siembra de coca o amapola para procesarlas como sustancias psicoactivas.

Son territorios sobre los cuales se dispone el traslado de unidades del paramilitarismo para su control, fuerzas que a sangre y fuego imponen su dominio. Las consecuencias no se dejan esperar. En ciudades como Bogotá (56.087), y departamentos como Antioquia (51.918), Valle del Cauca (31.527), Magdalena (27.256), Nariño (24.662), Meta (16.370), Cauca (16.344) y Córdoba (12.879), se ven con fuerza sus consecuencias: miles de campesinos que habitan las periferias de sus ciudades, deambulando por el centro, en busca de apoyo o de una simple mano con un pequeña moneda para poder recoger algo con qué comer.

El Gobierno difunde que ya hay grupos paramilitares, que ‘negociaron’, que ahora son “bandas emergentes”, pero estos miles de despojados saben y aseveran con su presencia que eso no es así. Ahora, en sus territorios hacen presencia iguales fuerzas armadas que o no se desmovilizaron o se reagruparon. Así lo confirman sus métodos, el contacto que mantienen con grupos o movimientos políticos de derecha, su propósito de fortalecer la institucionalidad reinante, así como el objetivo de su presencia: proteger y acrecentar grandes capitales, y asegurar la tenencia y uso de la tierra.


Son fuerzas que propiciaron durante el año pasado 82 eventos de desplazamiento masivo en 19 departamentos. Los informes precisan que los más afectados fueron Nariño y Chocó. El éxodo involucró a 42.537 personas. Pero también se presentó desplazamiento forzado, propiciado por fumigaciones: el informe de Codhes señala el reporte de 13.450 afectados, provenientes de Antioquia, Vichada y Córdoba.

Este conjunto de operaciones armadas por el control de territorios, sumado desde el año 2000 e incluso hasta lo corrido de 2009, arroja como resultado 385.000 familias rurales obligadas al éxodo y las cuales abandonaron alrededor de 5,5 millones de hectáreas, lo que es igual al 10,8 por ciento del área agropecuaria del país.

Se trata de una contrarreforma agraria que configura una nueva realidad socioespacial en el país, que involucra propiedades que pretenden legalizar como suyas los nuevos señores de la tierra, los mismos que dicen que los campesinos no son productivos y que sobre esas tierras –uniéndolas– hay que propiciar que operen o se pongan en marcha grandes operaciones comerciales, de las cuales los agrocombustibles son un ejemplo.

Con esa experiencia acumulada, ahora esas fuerzas se repliegan a las grandes capitales. El boleteo puesto en práctica durante 2008 y lo que va de 2009, así como el conjunto de operaciones armadas para el control de barrios, localidades y comunas, dan cuenta del nuevo escenario de guerra al cual ingresa el país (ver Noche de pesadillas, pág. 13). Homosexuales, drogadictos, delincuentes callejeros, “habitantes de la calle”, activistas sociales, son por ahora sus objetivos prioritarios. ¿Será ésta la ‘seguridad’ tan difundida?

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Noche de pesadillas

Por: Sean Martin Cranley

Los niños están asustados en el barrio San Isidro-San Luis. En esta parte de los cerros orientales de Bogotá, han cobrado vida los rumores, y los temores corren de boca en boca. El anuncio de toque de queda es el tema de conversación entre todos los vecinos. Antes, nadie tomó en serio el rumor, hasta que comenzaron a sentir la amenaza real: “limpieza social”.

La semana pasada, los estudiantes de bachillerato acudieron a clases por la mañana y encontraron descuartizado e irreconocible a un compañero, en frente del colegio del barrio. En estos mismos días se toparon también con una niña arrojada a un precipicio, sin ropa y apuñalada en la cara. El rumor, al finalizar la semana, de que había cuatro muertos más en el barrio, tiene inquietos a todos los moradores del sector, frente a un futuro incierto.

Los vecinos habían anunciado la presencia del grupo paramilitar “águilas negras” pero todo fue interpretado tan solo como un chisme, hasta que se presentaron las muertes en la vía pública. En este momento, el rumor cobró sentido.

En el último boleteo, las águilas afirman lo dicho y reiterado por ellos y sus pares desde hace años: “Los niños buenos se acuestan a las 10 y a los malos los acostamos nosotros”. Esta situación perturba a Rebeca, una niña de 13 años que observa a los costados antes de expresar su preocupación por un tío que tiene que llegar al barrio muy de noche, después de trabajar una larga jornada diaria. Además, relata la mortificación de su tía, anteayer, cuando el primo llegó a la casa muy poco antes del toque de queda. “Llegó a la casa faltando 5 para las 10” –afirmó con una mirada de susto– “y esto me preocupa porque ¿qué va a pasar la noche que llegue más tarde?”. La respuesta es perversamente evidente, a medida que los estragos de la noche anterior aparecen –con la primera luz del día– y los miedos, tal como los silencios, se expanden cada día con más evidencia.

La zozobra se acrecienta. Toda información parece una especulación, como toda noticia parece un rumor, pero no lo son los cadáveres tirados en la calle por la mañana. En las noches rige la ley de la selva y los amos nocturnos circulan por las calles abandonadas, los cuerpos vestidos de negro y los rostros con pasamontañas. De día impera el silencio del miedo. Muy pocos en San Isidro-San Luis se atreven a comentar sobre la oleada de represión que está afectando al barrio, pero todos saben que existe y estiman que es mejor mantenerse callado que sufrir cualquier represalia.
El miedo penetra todas las calles, las ventanas y las miradas. Los niños corren a casa al oscurecer la tarde; sin embargo, hay algunos que justifican la violencia. A pesar del peligro eminente para los niños, hay madres que respaldan la campaña paramilitar de muerte. “Es necesario –dice una– debido a la delincuencia en el barrio”. Otra insinuó que los culpables de estas muertes “no son los escuadrones de muerte sino los padres que descuidan a sus niños y permiten que salgan a la calle por la noche”. Es evidente que esta lógica perversa respaldará siempre las acciones de los escuadrones de muerte, así como el terror propiciado por unos pocos sobre la mayoría.

En Colombia, la violencia va a perdurar mientras existan madres de familia y vecinos que justifiquen, con argumentos de temor, el asesinato de gente “que se encuentra en el lugar equivocado y en el momento inoportuno, o simplemente tiene una prenda o un pensamiento distinto”.

Como suele pasar en Colombia, la violencia juega un papel principal en las relaciones sociales entre ciudadanos, ocultando los problemas de fondo con la aniquilación del otro y el silencio miedoso de los demás.

Son miles de miles los colombianos obligados a abandonar lo suyo y caminar tras lo desconocido: según Codhes, en los últimos 24 años suman 4.628.882 personas, que equivalen a 925.726 núcleos familiares. En los últimos años, el gobierno de turno se ufana de sus éxitos con la ‘seguridad democrática’, pero miles de familias campesinas, desplazadas desde 2002, confirman que el éxito es parcial.

Primeros 100 municipios de recepción por número de personas, 2008

Un informe presentado por la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), en abril pasado, precisa la crudeza del drama del desplazamiento en Colombia. Un drama de nunca acabar pero que ahora, a pesar de la propaganda oficial sobre la efectividad de la ‘seguridad democrática’, se agudiza a los niveles de 2002.

Según la ONG que le hace seguimiento al tema del desplazamiento en nuestro país, en 2008 fueron desplazados 380.863 connacionales, equivalentes a 76.172 núcleos familiares, cifra en creciente (un 24,47 por ciento más), toda vez que un año antes 305.638 connacionales se habían visto obligados a dejar su terruño, y mucho más que en 2006, cuando la cifra afectó a 221.638 compatriotas.

Disputa del control territorial

El desplazado no es un supuesto ni una imagen; es una persona de carne y hueso, mujer u hombre, adulto, anciano o infante. En su inmensa mayoría, se trata de habitantes de regiones rurales que se han visto sometidas a grandes inversiones de capital (megaproyectos), a zonas de control militar especial, a regiones de explotación minera, o de siembra de palma de aceite u otros productos destinados a la producción de agrocombustibles.

Regiones rurales otrora tranquilas, como los departamentos de Chocó y Nariño, ahora atadas a una intensa confrontación por su dominio hegemónico, su impotancia geopolítica, su cercanía al mar, zona de frontera, corredor de tránsito para el comercio de armas, o la siembra de coca o amapola para procesarlas como sustancias psicoactivas.

Son territorios sobre los cuales se dispone el traslado de unidades del paramilitarismo para su control, fuerzas que a sangre y fuego imponen su dominio. Las consecuencias no se dejan esperar. En ciudades como Bogotá (56.087), y departamentos como Antioquia (51.918), Valle del Cauca (31.527), Magdalena (27.256), Nariño (24.662), Meta (16.370), Cauca (16.344) y Córdoba (12.879), se ven con fuerza sus consecuencias: miles de campesinos que habitan las periferias de sus ciudades, deambulando por el centro, en busca de apoyo o de una simple mano con un pequeña moneda para poder recoger algo con qué comer.

El Gobierno difunde que ya hay grupos paramilitares, que ‘negociaron’, que ahora son “bandas emergentes”, pero estos miles de despojados saben y aseveran con su presencia que eso no es así. Ahora, en sus territorios hacen presencia iguales fuerzas armadas que o no se desmovilizaron o se reagruparon. Así lo confirman sus métodos, el contacto que mantienen con grupos o movimientos políticos de derecha, su propósito de fortalecer la institucionalidad reinante, así como el objetivo de su presencia: proteger y acrecentar grandes capitales, y asegurar la tenencia y uso de la tierra.


Son fuerzas que propiciaron durante el año pasado 82 eventos de desplazamiento masivo en 19 departamentos. Los informes precisan que los más afectados fueron Nariño y Chocó. El éxodo involucró a 42.537 personas. Pero también se presentó desplazamiento forzado, propiciado por fumigaciones: el informe de Codhes señala el reporte de 13.450 afectados, provenientes de Antioquia, Vichada y Córdoba.

Este conjunto de operaciones armadas por el control de territorios, sumado desde el año 2000 e incluso hasta lo corrido de 2009, arroja como resultado 385.000 familias rurales obligadas al éxodo y las cuales abandonaron alrededor de 5,5 millones de hectáreas, lo que es igual al 10,8 por ciento del área agropecuaria del país.

Se trata de una contrarreforma agraria que configura una nueva realidad socioespacial en el país, que involucra propiedades que pretenden legalizar como suyas los nuevos señores de la tierra, los mismos que dicen que los campesinos no son productivos y que sobre esas tierras –uniéndolas– hay que propiciar que operen o se pongan en marcha grandes operaciones comerciales, de las cuales los agrocombustibles son un ejemplo.

Con esa experiencia acumulada, ahora esas fuerzas se repliegan a las grandes capitales. El boleteo puesto en práctica durante 2008 y lo que va de 2009, así como el conjunto de operaciones armadas para el control de barrios, localidades y comunas, dan cuenta del nuevo escenario de guerra al cual ingresa el país (ver Noche de pesadillas, pág. 13). Homosexuales, drogadictos, delincuentes callejeros, “habitantes de la calle”, activistas sociales, son por ahora sus objetivos prioritarios. ¿Será ésta la ‘seguridad’ tan difundida?

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Noche de pesadillas

Por: Sean Martin Cranley

Los niños están asustados en el barrio San Isidro-San Luis. En esta parte de los cerros orientales de Bogotá, han cobrado vida los rumores, y los temores corren de boca en boca. El anuncio de toque de queda es el tema de conversación entre todos los vecinos. Antes, nadie tomó en serio el rumor, hasta que comenzaron a sentir la amenaza real: “limpieza social”.

La semana pasada, los estudiantes de bachillerato acudieron a clases por la mañana y encontraron descuartizado e irreconocible a un compañero, en frente del colegio del barrio. En estos mismos días se toparon también con una niña arrojada a un precipicio, sin ropa y apuñalada en la cara. El rumor, al finalizar la semana, de que había cuatro muertos más en el barrio, tiene inquietos a todos los moradores del sector, frente a un futuro incierto.

Los vecinos habían anunciado la presencia del grupo paramilitar “águilas negras” pero todo fue interpretado tan solo como un chisme, hasta que se presentaron las muertes en la vía pública. En este momento, el rumor cobró sentido.

En el último boleteo, las águilas afirman lo dicho y reiterado por ellos y sus pares desde hace años: “Los niños buenos se acuestan a las 10 y a los malos los acostamos nosotros”. Esta situación perturba a Rebeca, una niña de 13 años que observa a los costados antes de expresar su preocupación por un tío que tiene que llegar al barrio muy de noche, después de trabajar una larga jornada diaria. Además, relata la mortificación de su tía, anteayer, cuando el primo llegó a la casa muy poco antes del toque de queda. “Llegó a la casa faltando 5 para las 10” –afirmó con una mirada de susto– “y esto me preocupa porque ¿qué va a pasar la noche que llegue más tarde?”. La respuesta es perversamente evidente, a medida que los estragos de la noche anterior aparecen –con la primera luz del día– y los miedos, tal como los silencios, se expanden cada día con más evidencia.

La zozobra se acrecienta. Toda información parece una especulación, como toda noticia parece un rumor, pero no lo son los cadáveres tirados en la calle por la mañana. En las noches rige la ley de la selva y los amos nocturnos circulan por las calles abandonadas, los cuerpos vestidos de negro y los rostros con pasamontañas. De día impera el silencio del miedo. Muy pocos en San Isidro-San Luis se atreven a comentar sobre la oleada de represión que está afectando al barrio, pero todos saben que existe y estiman que es mejor mantenerse callado que sufrir cualquier represalia.
El miedo penetra todas las calles, las ventanas y las miradas. Los niños corren a casa al oscurecer la tarde; sin embargo, hay algunos que justifican la violencia. A pesar del peligro eminente para los niños, hay madres que respaldan la campaña paramilitar de muerte. “Es necesario –dice una– debido a la delincuencia en el barrio”. Otra insinuó que los culpables de estas muertes “no son los escuadrones de muerte sino los padres que descuidan a sus niños y permiten que salgan a la calle por la noche”. Es evidente que esta lógica perversa respaldará siempre las acciones de los escuadrones de muerte, así como el terror propiciado por unos pocos sobre la mayoría.

En Colombia, la violencia va a perdurar mientras existan madres de familia y vecinos que justifiquen, con argumentos de temor, el asesinato de gente “que se encuentra en el lugar equivocado y en el momento inoportuno, o simplemente tiene una prenda o un pensamiento distinto”.

Como suele pasar en Colombia, la violencia juega un papel principal en las relaciones sociales entre ciudadanos, ocultando los problemas de fondo con la aniquilación del otro y el silencio miedoso de los demás.