Son miles de miles los colombianos obligados a abandonar lo suyo y caminar tras lo desconocido: según Codhes, en los últimos 24 años suman 4.628.882 personas, que equivalen a 925.726 núcleos familiares. En los últimos años, el gobierno de turno se ufana de sus éxitos con la ‘seguridad democrática’, pero miles de familias campesinas, desplazadas desde 2002, confirman que el éxito es parcial.

Primeros 100 municipios de recepción por número de personas, 2008

Un informe presentado por la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), en abril pasado, precisa la crudeza del drama del desplazamiento en Colombia. Un drama de nunca acabar pero que ahora, a pesar de la propaganda oficial sobre la efectividad de la ‘seguridad democrática’, se agudiza a los niveles de 2002.

Según la ONG que le hace seguimiento al tema del desplazamiento en nuestro país, en 2008 fueron desplazados 380.863 connacionales, equivalentes a 76.172 núcleos familiares, cifra en creciente (un 24,47 por ciento más), toda vez que un año antes 305.638 connacionales se habían visto obligados a dejar su terruño, y mucho más que en 2006, cuando la cifra afectó a 221.638 compatriotas.

Disputa del control territorial

El desplazado no es un supuesto ni una imagen; es una persona de carne y hueso, mujer u hombre, adulto, anciano o infante. En su inmensa mayoría, se trata de habitantes de regiones rurales que se han visto sometidas a grandes inversiones de capital (megaproyectos), a zonas de control militar especial, a regiones de explotación minera, o de siembra de palma de aceite u otros productos destinados a la producción de agrocombustibles.

Regiones rurales otrora tranquilas, como los departamentos de Chocó y Nariño, ahora atadas a una intensa confrontación por su dominio hegemónico, su impotancia geopolítica, su cercanía al mar, zona de frontera, corredor de tránsito para el comercio de armas, o la siembra de coca o amapola para procesarlas como sustancias psicoactivas.

Son territorios sobre los cuales se dispone el traslado de unidades del paramilitarismo para su control, fuerzas que a sangre y fuego imponen su dominio. Las consecuencias no se dejan esperar. En ciudades como Bogotá (56.087), y departamentos como Antioquia (51.918), Valle del Cauca (31.527), Magdalena (27.256), Nariño (24.662), Meta (16.370), Cauca (16.344) y Córdoba (12.879), se ven con fuerza sus consecuencias: miles de campesinos que habitan las periferias de sus ciudades, deambulando por el centro, en busca de apoyo o de una simple mano con un pequeña moneda para poder recoger algo con qué comer.

El Gobierno difunde que ya hay grupos paramilitares, que ‘negociaron’, que ahora son “bandas emergentes”, pero estos miles de despojados saben y aseveran con su presencia que eso no es así. Ahora, en sus territorios hacen presencia iguales fuerzas armadas que o no se desmovilizaron o se reagruparon. Así lo confirman sus métodos, el contacto que mantienen con grupos o movimientos políticos de derecha, su propósito de fortalecer la institucionalidad reinante, así como el objetivo de su presencia: proteger y acrecentar grandes capitales, y asegurar la tenencia y uso de la tierra.


Son fuerzas que propiciaron durante el año pasado 82 eventos de desplazamiento masivo en 19 departamentos. Los informes precisan que los más afectados fueron Nariño y Chocó. El éxodo involucró a 42.537 personas. Pero también se presentó desplazamiento forzado, propiciado por fumigaciones: el informe de Codhes señala el reporte de 13.450 afectados, provenientes de Antioquia, Vichada y Córdoba.

Este conjunto de operaciones armadas por el control de territorios, sumado desde el año 2000 e incluso hasta lo corrido de 2009, arroja como resultado 385.000 familias rurales obligadas al éxodo y las cuales abandonaron alrededor de 5,5 millones de hectáreas, lo que es igual al 10,8 por ciento del área agropecuaria del país.

Se trata de una contrarreforma agraria que configura una nueva realidad socioespacial en el país, que involucra propiedades que pretenden legalizar como suyas los nuevos señores de la tierra, los mismos que dicen que los campesinos no son productivos y que sobre esas tierras –uniéndolas– hay que propiciar que operen o se pongan en marcha grandes operaciones comerciales, de las cuales los agrocombustibles son un ejemplo.

Con esa experiencia acumulada, ahora esas fuerzas se repliegan a las grandes capitales. El boleteo puesto en práctica durante 2008 y lo que va de 2009, así como el conjunto de operaciones armadas para el control de barrios, localidades y comunas, dan cuenta del nuevo escenario de guerra al cual ingresa el país (ver Noche de pesadillas, pág. 13). Homosexuales, drogadictos, delincuentes callejeros, “habitantes de la calle”, activistas sociales, son por ahora sus objetivos prioritarios. ¿Será ésta la ‘seguridad’ tan difundida?

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Noche de pesadillas

Por: Sean Martin Cranley

Los niños están asustados en el barrio San Isidro-San Luis. En esta parte de los cerros orientales de Bogotá, han cobrado vida los rumores, y los temores corren de boca en boca. El anuncio de toque de queda es el tema de conversación entre todos los vecinos. Antes, nadie tomó en serio el rumor, hasta que comenzaron a sentir la amenaza real: “limpieza social”.

La semana pasada, los estudiantes de bachillerato acudieron a clases por la mañana y encontraron descuartizado e irreconocible a un compañero, en frente del colegio del barrio. En estos mismos días se toparon también con una niña arrojada a un precipicio, sin ropa y apuñalada en la cara. El rumor, al finalizar la semana, de que había cuatro muertos más en el barrio, tiene inquietos a todos los moradores del sector, frente a un futuro incierto.

Los vecinos habían anunciado la presencia del grupo paramilitar “águilas negras” pero todo fue interpretado tan solo como un chisme, hasta que se presentaron las muertes en la vía pública. En este momento, el rumor cobró sentido.

En el último boleteo, las águilas afirman lo dicho y reiterado por ellos y sus pares desde hace años: “Los niños buenos se acuestan a las 10 y a los malos los acostamos nosotros”. Esta situación perturba a Rebeca, una niña de 13 años que observa a los costados antes de expresar su preocupación por un tío que tiene que llegar al barrio muy de noche, después de trabajar una larga jornada diaria. Además, relata la mortificación de su tía, anteayer, cuando el primo llegó a la casa muy poco antes del toque de queda. “Llegó a la casa faltando 5 para las 10” –afirmó con una mirada de susto– “y esto me preocupa porque ¿qué va a pasar la noche que llegue más tarde?”. La respuesta es perversamente evidente, a medida que los estragos de la noche anterior aparecen –con la primera luz del día– y los miedos, tal como los silencios, se expanden cada día con más evidencia.

La zozobra se acrecienta. Toda información parece una especulación, como toda noticia parece un rumor, pero no lo son los cadáveres tirados en la calle por la mañana. En las noches rige la ley de la selva y los amos nocturnos circulan por las calles abandonadas, los cuerpos vestidos de negro y los rostros con pasamontañas. De día impera el silencio del miedo. Muy pocos en San Isidro-San Luis se atreven a comentar sobre la oleada de represión que está afectando al barrio, pero todos saben que existe y estiman que es mejor mantenerse callado que sufrir cualquier represalia.
El miedo penetra todas las calles, las ventanas y las miradas. Los niños corren a casa al oscurecer la tarde; sin embargo, hay algunos que justifican la violencia. A pesar del peligro eminente para los niños, hay madres que respaldan la campaña paramilitar de muerte. “Es necesario –dice una– debido a la delincuencia en el barrio”. Otra insinuó que los culpables de estas muertes “no son los escuadrones de muerte sino los padres que descuidan a sus niños y permiten que salgan a la calle por la noche”. Es evidente que esta lógica perversa respaldará siempre las acciones de los escuadrones de muerte, así como el terror propiciado por unos pocos sobre la mayoría.

En Colombia, la violencia va a perdurar mientras existan madres de familia y vecinos que justifiquen, con argumentos de temor, el asesinato de gente “que se encuentra en el lugar equivocado y en el momento inoportuno, o simplemente tiene una prenda o un pensamiento distinto”.

Como suele pasar en Colombia, la violencia juega un papel principal en las relaciones sociales entre ciudadanos, ocultando los problemas de fondo con la aniquilación del otro y el silencio miedoso de los demás.

En rueda de prensa citada para el 23 de febrero por la Central Unitaria de Trabajadores –CUT- y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo –CAJAR-, se hicieron patentes las irregularidades jurídicas derivadas de la Acción de Tutela presentada el pasado 2 de febrero, ante el Consejo Superior de la Judicatura, por el ex director del Departamento Administrativo de Seguridad -DAS- Jorge Noguera Cotes. Su pretensión: emprender acciones de nulidad de los más de 50 mil folios probatorios que dan cuenta de los delitos que se le imputan, entre ellos, el asesinato de numerosos sindicalistas y defensores de derechos humanos.

Ir más allá de la denuncia. Este fue el espiritu que rondó durante la rueda de prensa en la que participaron Tarcisio Mora, presidente de la CUT, Eduardo Carreño, del CAJAR, y Luís Alberto Vanegas, responsable de la Oficina de Derechos Humanos de la CUT
 
En sus declaraciones, los citantes a este ejercicio comunicativo énfatizaron en la nueva estratagema jurídica emprendida por el abogado del ex director del DAS, Jorge Noguera, al interponer tutela ante el Consejo Superior de la Judicatura, con la que pretende, una vez más, obtener la libertad de su defendido, a espaldas de los crimenes que se le sindican, lista en mano, en contra de sindicalistas y defensores de derechos humanos, cuando era director de la agencia de seguridad estatal.

Hechos que se conectan. Interceptaciones telefónicas ilegales a periodistas y defensores de derechos humanos, rebeladas la semana que cursa, dejan entrever que la corrupción estructural que carcome al DAS, continúa vigente. Organismo que es, vaya paradoja, el directamente encargado de la seguridad de las personas amenazadas de muerte por agentes del mismo Estado colombiano.

Dos variables que van de la mano y corroen como cáncer letal: la llamada ‘seguridad democrática’, ligada a los esquemas de protección de civles, y las distintas modalidades de espionaje, normalmente implicadas con el paramilitarismo, que rompen con la privacidad, la seguridad y la vida de las personas que se oponen, desde la acción cívica, al régimen político vigente en Colombia. Acción, que además de ilegal, involucra a la población civil en el conflicto armado, social y político que padece el país.

Eduardo Carreño recordó los vínculos entablados por Don Antonio, ex capitán del Ejército, mano derecha y lugarteniente de Jorge 40, receptor de la lista con nombres, ubicaciones precisas, dadas por el entonces director del DAS, la misma que motivó la muerte, según el abogado, de más de 70 sindicalistas. Razón que propició una crisis, otra, del organismo de espionaje que depende de la Casa de Gobierno, y su supuesta depuración a través de una comisión de notables.

De una tutela ilegítima

Un antecedente que deja mal parado al Consejo Superior de la Judicatura tiene que ver con la Tutela interpuesta por el CAJAR para evitar la extradición de los jefes paramilitares desmovilizados. En ella aducían que los crímenes de lesa humanidad son de mayor jerarquía y entidad, en términos de política criminal, que los de narcotráfico. Respetando los argumentos, el Consejo Seccional de Cundinamarca concedió la Tutela. Pero la reacción no se dejó esperar, y de manera sorprendente el Consejo Superior de la Judicatura actuó, ocho días después, en contravía de las normas y de la evidencia, echando para atrás lo fallado por su entidad dependiente en Cundinamarca. Transcurridos otros dos días y los jefes ya figuraban en los Estados Unidos. En el ambiente quedó el interrogante, ¿por qué tanto afán?

Decisión en contra del derecho y de la verdad. Recordaron los abogados que la Constitución política de 1991 estableció que el Presidente de la República elige a la totalidad de los miembros del Consejo Superior de la Judicatura, Sala Disciplinaria, esto es, son funcionarios que dependen directamente del Presidente. Centralismo indefinido, agudizado en el presente gobierno. Concentración del poder que le resta autonomía a las distintas ramas del Estado.

La improcedencia de esta Tutela puede repercutir, no solamente en el aparato de justicia, sino en la cuota de impunidad que se le adjudica a Noguera, toda vez que este organismo está impedido para darle salida. Así lo enfatizó Carreño, quien señaló que: “Ante el Consejo Superior de la Judicatura se responde, en primer término, que no hay vías de hecho y, en segundo lugar, que a través de la Tutela no se puede decretar la nulidad de las pruebas. Si ellos quieren acudir a alguna instancia, tienen que ir al Fiscal General de la Nación y pedirle la nulidad o en el juicio Ante la Sala Penal de la Corte pedir dicha nulidad.”

Y agregó: “Lo que se busca fundamentalmente es dilatar el proceso y esto lleva implícito que se comiencen a generar prescripción de delitos. Las prescripciones son de cinco años la mínima y esto corre a favor del señor Noriega. Además, se pretende dejar en la impunidad la totalidad de los crímenes, lo que implica que las ejecuciones de los dirigentes sindicales que estaban siendo protegidos por el Estado, a través de este organismo, se quedan en la impunidad”.

Del cinismo a la impunidad: sólo un paso

La artimaña no es nueva. Como se conoce, el 22 de febrero de 2007 Noguera fue detenido tras pruebas que dieron cuenta de su relación directa con el ex jefe paramilitar Jorge 40. Pese a lo cual el ex director del DAS recuperó su libertad el 23 de marzo del mismo año, a través del recurso jurídico “Habeas corpus” otorgado por el Consejo Superior de la Judicatura. No obstante, el 6 de julio de ese mismo año fue recapturado y llamado a juicio el 1 de febrero de 2008 “…por los delitos de concierto para delinquir agravado, en concurso heterogéneo con el de utilización de asunto sometido a secreto o reserva, y abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto homogéneo”.

Luego, tras una ruptura procesal, Noguera volvió a recuperar su libertad, en plena etapa del juicio, adelantado esta vez por la Corte Suprema de Justicia, que consideró la actuación como nula, toda vez que el Fiscal General de la Nación, Mario Iguarán, no asumió la investigación de manera directa, lo que violaba el principio de fuero constitucional de este alto funcionario. Tras este imprevisto, el Fiscal dictó nuevamente intrusión contra Noguera Cotes, llamándolo a indagatoria, e imponiéndole medida de aseguramiento el 12 de diciembre de 2008, fecha en la que fue de nuevo detenido y recluido en la cárcel La Picota de Bogotá.

A pesar de que Noguera pidió nulidad de actuación ante la Corte Suprema de Justicia, ésta ha dejado en claro que las pruebas presentadas en su contra tienen toda la legalidad y quedan incólumes, por cuanto se han practicado ajustadas al debido proceso, bajo las formalidades de la ley. De aprobarse la Tutela, por tanto, el aparato judicial quedará como promotor de la impunidad, poniendo en entredicho cualquier injerencia punitiva, pues actúa en connivencia con el crimen.

Sindicalistas y defensores en Derechos Humanos burlados

El presidente de la CUT, Tarcisio Mora, enfatizó que “…en el asesinato a sindicalistas, a lo largo y ancho del territorio nacional, se esconde una estrategia de fondo. El Acuerdo de Ralito que se constituyó en una auténtica alianza entre las Fuerzas Militares y los grupos paramilitares”. Por tanto, la extradición de los jefes de estos grupos, se traduce en un grave obstáculo para impartir justicia. Recordó el dirigente sindical, que entre los enviados a los Estados Unidos se cuenta Salvatore Mancuso, sancionado por el asesinato de dirigentes de la Unión Sindical Obrera-USO, con ocho años de prisión.

Recordaron los abogados, en el comunicado con que citaron a la rueda de prensa, el testimono de Luciano Sanín, director de la Escuela Nacional Sindical, presentado pocos días antes de la realización de la audiencia convocada por el Congreso de los Estados Unidos, para examinar la situación de violencia antisindical reinante en Colombia: “en los últimos 23 años se registraron en Colombia, 2.694 sindicalistas asesinados, 482 de los cuales, ocurrieron durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. El 60% de estos asesinatos no han sido investigados y apenas en 90 casos ha habido una sentencia condenatoria, pero sólo de los autores materiales, no intelectuales”.

Otra cara del problema responde a una estrategia de exterminio sistemática que va más allá de las eliminaciones de orden físico. A los asesinatos sistemáticos de sindicalistas se suma la modificación de las relaciones productivas derivadas de la precarización de las condiciones laborales y del mismo derecho a la asociación de los trabajadores. Dos ejemplos lo ilustran bien. En el 2006, el Ministerio de Protección Social rechazó 71 solicitudes de organización sindical y la Central Unitaria de Trabajadores pasó desde su fundación de 1.600.000 afiliados a 450 mil.
 
Impedidos en el derecho legítimo de organización, y asesinados, el movimiento sindical y los defensores de derechos humanos, son lacerados desde varios flancos, con predilección de quien tiene la función de proteger su integridad.  “Se dispararon las alarmas con el problema del DAS y esto nos obligó a denunciar ante el país la posibilidad de liberación del señor Jorge Noguera. Él entregó unas listas a algunos paramilitares y esos dirigente fueron asesinados y frente a esto llamamos a la justicia y al pueblo colombiano para que esté más alerta frente a la Tutela que él presentó para que se anulen las pruebas. Haremos lo que haya lugar, hay que actuar en el marco internacional, así como a nivel nacional también”, aseveró Tarcisio Mora.

Las víctimas de estos crímenes claman justicia, por lo que resulta vital que la sociedad colombiana haga suya la veeduría de lo que pueda suceder a partir de estas acciones que pretenden impunidad. Es necesario, no sólo pensar en una depuración de estos organismos, sino también hacer patente la situación estructural de corrupción y crimen que impera en las distintas ramas del poder en Colombia.

Por, Julián Carreño

En rueda de prensa citada para el 23 de febrero por la Central Unitaria de Trabajadores –CUT- y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo –CAJAR-, se hicieron patentes las irregularidades jurídicas derivadas de la Acción de Tutela presentada el pasado 2 de febrero, ante el Consejo Superior de la Judicatura, por el ex director del Departamento Administrativo de Seguridad -DAS- Jorge Noguera Cotes. Su pretensión: emprender acciones de nulidad de los más de 50 mil folios probatorios que dan cuenta de los delitos que se le imputan, entre ellos, el asesinato de numerosos sindicalistas y defensores de derechos humanos.

Ir más allá de la denuncia. Este fue el espiritu que rondó durante la rueda de prensa en la que participaron Tarcisio Mora, presidente de la CUT, Eduardo Carreño, del CAJAR, y Luís Alberto Vanegas, responsable de la Oficina de Derechos Humanos de la CUT
 
En sus declaraciones, los citantes a este ejercicio comunicativo énfatizaron en la nueva estratagema jurídica emprendida por el abogado del ex director del DAS, Jorge Noguera, al interponer tutela ante el Consejo Superior de la Judicatura, con la que pretende, una vez más, obtener la libertad de su defendido, a espaldas de los crimenes que se le sindican, lista en mano, en contra de sindicalistas y defensores de derechos humanos, cuando era director de la agencia de seguridad estatal.

Hechos que se conectan. Interceptaciones telefónicas ilegales a periodistas y defensores de derechos humanos, rebeladas la semana que cursa, dejan entrever que la corrupción estructural que carcome al DAS, continúa vigente. Organismo que es, vaya paradoja, el directamente encargado de la seguridad de las personas amenazadas de muerte por agentes del mismo Estado colombiano.

Dos variables que van de la mano y corroen como cáncer letal: la llamada ‘seguridad democrática’, ligada a los esquemas de protección de civles, y las distintas modalidades de espionaje, normalmente implicadas con el paramilitarismo, que rompen con la privacidad, la seguridad y la vida de las personas que se oponen, desde la acción cívica, al régimen político vigente en Colombia. Acción, que además de ilegal, involucra a la población civil en el conflicto armado, social y político que padece el país.

Eduardo Carreño recordó los vínculos entablados por Don Antonio, ex capitán del Ejército, mano derecha y lugarteniente de Jorge 40, receptor de la lista con nombres, ubicaciones precisas, dadas por el entonces director del DAS, la misma que motivó la muerte, según el abogado, de más de 70 sindicalistas. Razón que propició una crisis, otra, del organismo de espionaje que depende de la Casa de Gobierno, y su supuesta depuración a través de una comisión de notables.

De una tutela ilegítima

Un antecedente que deja mal parado al Consejo Superior de la Judicatura tiene que ver con la Tutela interpuesta por el CAJAR para evitar la extradición de los jefes paramilitares desmovilizados. En ella aducían que los crímenes de lesa humanidad son de mayor jerarquía y entidad, en términos de política criminal, que los de narcotráfico. Respetando los argumentos, el Consejo Seccional de Cundinamarca concedió la Tutela. Pero la reacción no se dejó esperar, y de manera sorprendente el Consejo Superior de la Judicatura actuó, ocho días después, en contravía de las normas y de la evidencia, echando para atrás lo fallado por su entidad dependiente en Cundinamarca. Transcurridos otros dos días y los jefes ya figuraban en los Estados Unidos. En el ambiente quedó el interrogante, ¿por qué tanto afán?

Decisión en contra del derecho y de la verdad. Recordaron los abogados que la Constitución política de 1991 estableció que el Presidente de la República elige a la totalidad de los miembros del Consejo Superior de la Judicatura, Sala Disciplinaria, esto es, son funcionarios que dependen directamente del Presidente. Centralismo indefinido, agudizado en el presente gobierno. Concentración del poder que le resta autonomía a las distintas ramas del Estado.

La improcedencia de esta Tutela puede repercutir, no solamente en el aparato de justicia, sino en la cuota de impunidad que se le adjudica a Noguera, toda vez que este organismo está impedido para darle salida. Así lo enfatizó Carreño, quien señaló que: “Ante el Consejo Superior de la Judicatura se responde, en primer término, que no hay vías de hecho y, en segundo lugar, que a través de la Tutela no se puede decretar la nulidad de las pruebas. Si ellos quieren acudir a alguna instancia, tienen que ir al Fiscal General de la Nación y pedirle la nulidad o en el juicio Ante la Sala Penal de la Corte pedir dicha nulidad.”

Y agregó: “Lo que se busca fundamentalmente es dilatar el proceso y esto lleva implícito que se comiencen a generar prescripción de delitos. Las prescripciones son de cinco años la mínima y esto corre a favor del señor Noriega. Además, se pretende dejar en la impunidad la totalidad de los crímenes, lo que implica que las ejecuciones de los dirigentes sindicales que estaban siendo protegidos por el Estado, a través de este organismo, se quedan en la impunidad”.

Del cinismo a la impunidad: sólo un paso

La artimaña no es nueva. Como se conoce, el 22 de febrero de 2007 Noguera fue detenido tras pruebas que dieron cuenta de su relación directa con el ex jefe paramilitar Jorge 40. Pese a lo cual el ex director del DAS recuperó su libertad el 23 de marzo del mismo año, a través del recurso jurídico “Habeas corpus” otorgado por el Consejo Superior de la Judicatura. No obstante, el 6 de julio de ese mismo año fue recapturado y llamado a juicio el 1 de febrero de 2008 “…por los delitos de concierto para delinquir agravado, en concurso heterogéneo con el de utilización de asunto sometido a secreto o reserva, y abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto homogéneo”.

Luego, tras una ruptura procesal, Noguera volvió a recuperar su libertad, en plena etapa del juicio, adelantado esta vez por la Corte Suprema de Justicia, que consideró la actuación como nula, toda vez que el Fiscal General de la Nación, Mario Iguarán, no asumió la investigación de manera directa, lo que violaba el principio de fuero constitucional de este alto funcionario. Tras este imprevisto, el Fiscal dictó nuevamente intrusión contra Noguera Cotes, llamándolo a indagatoria, e imponiéndole medida de aseguramiento el 12 de diciembre de 2008, fecha en la que fue de nuevo detenido y recluido en la cárcel La Picota de Bogotá.

A pesar de que Noguera pidió nulidad de actuación ante la Corte Suprema de Justicia, ésta ha dejado en claro que las pruebas presentadas en su contra tienen toda la legalidad y quedan incólumes, por cuanto se han practicado ajustadas al debido proceso, bajo las formalidades de la ley. De aprobarse la Tutela, por tanto, el aparato judicial quedará como promotor de la impunidad, poniendo en entredicho cualquier injerencia punitiva, pues actúa en connivencia con el crimen.

Sindicalistas y defensores en Derechos Humanos burlados

El presidente de la CUT, Tarcisio Mora, enfatizó que “…en el asesinato a sindicalistas, a lo largo y ancho del territorio nacional, se esconde una estrategia de fondo. El Acuerdo de Ralito que se constituyó en una auténtica alianza entre las Fuerzas Militares y los grupos paramilitares”. Por tanto, la extradición de los jefes de estos grupos, se traduce en un grave obstáculo para impartir justicia. Recordó el dirigente sindical, que entre los enviados a los Estados Unidos se cuenta Salvatore Mancuso, sancionado por el asesinato de dirigentes de la Unión Sindical Obrera-USO, con ocho años de prisión.

Recordaron los abogados, en el comunicado con que citaron a la rueda de prensa, el testimono de Luciano Sanín, director de la Escuela Nacional Sindical, presentado pocos días antes de la realización de la audiencia convocada por el Congreso de los Estados Unidos, para examinar la situación de violencia antisindical reinante en Colombia: “en los últimos 23 años se registraron en Colombia, 2.694 sindicalistas asesinados, 482 de los cuales, ocurrieron durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. El 60% de estos asesinatos no han sido investigados y apenas en 90 casos ha habido una sentencia condenatoria, pero sólo de los autores materiales, no intelectuales”.

Otra cara del problema responde a una estrategia de exterminio sistemática que va más allá de las eliminaciones de orden físico. A los asesinatos sistemáticos de sindicalistas se suma la modificación de las relaciones productivas derivadas de la precarización de las condiciones laborales y del mismo derecho a la asociación de los trabajadores. Dos ejemplos lo ilustran bien. En el 2006, el Ministerio de Protección Social rechazó 71 solicitudes de organización sindical y la Central Unitaria de Trabajadores pasó desde su fundación de 1.600.000 afiliados a 450 mil.
 
Impedidos en el derecho legítimo de organización, y asesinados, el movimiento sindical y los defensores de derechos humanos, son lacerados desde varios flancos, con predilección de quien tiene la función de proteger su integridad.  “Se dispararon las alarmas con el problema del DAS y esto nos obligó a denunciar ante el país la posibilidad de liberación del señor Jorge Noguera. Él entregó unas listas a algunos paramilitares y esos dirigente fueron asesinados y frente a esto llamamos a la justicia y al pueblo colombiano para que esté más alerta frente a la Tutela que él presentó para que se anulen las pruebas. Haremos lo que haya lugar, hay que actuar en el marco internacional, así como a nivel nacional también”, aseveró Tarcisio Mora.

Las víctimas de estos crímenes claman justicia, por lo que resulta vital que la sociedad colombiana haga suya la veeduría de lo que pueda suceder a partir de estas acciones que pretenden impunidad. Es necesario, no sólo pensar en una depuración de estos organismos, sino también hacer patente la situación estructural de corrupción y crimen que impera en las distintas ramas del poder en Colombia.

Por, Julián Carreño

En rueda de prensa citada para el 23 de febrero por la Central Unitaria de Trabajadores –CUT- y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo –CAJAR-, se hicieron patentes las irregularidades jurídicas derivadas de la Acción de Tutela presentada el pasado 2 de febrero, ante el Consejo Superior de la Judicatura, por el ex director del Departamento Administrativo de Seguridad -DAS- Jorge Noguera Cotes. Su pretensión: emprender acciones de nulidad de los más de 50 mil folios probatorios que dan cuenta de los delitos que se le imputan, entre ellos, el asesinato de numerosos sindicalistas y defensores de derechos humanos.

Ir más allá de la denuncia. Este fue el espiritu que rondó durante la rueda de prensa en la que participaron Tarcisio Mora, presidente de la CUT, Eduardo Carreño, del CAJAR, y Luís Alberto Vanegas, responsable de la Oficina de Derechos Humanos de la CUT
 
En sus declaraciones, los citantes a este ejercicio comunicativo énfatizaron en la nueva estratagema jurídica emprendida por el abogado del ex director del DAS, Jorge Noguera, al interponer tutela ante el Consejo Superior de la Judicatura, con la que pretende, una vez más, obtener la libertad de su defendido, a espaldas de los crimenes que se le sindican, lista en mano, en contra de sindicalistas y defensores de derechos humanos, cuando era director de la agencia de seguridad estatal.

Hechos que se conectan. Interceptaciones telefónicas ilegales a periodistas y defensores de derechos humanos, rebeladas la semana que cursa, dejan entrever que la corrupción estructural que carcome al DAS, continúa vigente. Organismo que es, vaya paradoja, el directamente encargado de la seguridad de las personas amenazadas de muerte por agentes del mismo Estado colombiano.

Dos variables que van de la mano y corroen como cáncer letal: la llamada ‘seguridad democrática’, ligada a los esquemas de protección de civles, y las distintas modalidades de espionaje, normalmente implicadas con el paramilitarismo, que rompen con la privacidad, la seguridad y la vida de las personas que se oponen, desde la acción cívica, al régimen político vigente en Colombia. Acción, que además de ilegal, involucra a la población civil en el conflicto armado, social y político que padece el país.

Eduardo Carreño recordó los vínculos entablados por Don Antonio, ex capitán del Ejército, mano derecha y lugarteniente de Jorge 40, receptor de la lista con nombres, ubicaciones precisas, dadas por el entonces director del DAS, la misma que motivó la muerte, según el abogado, de más de 70 sindicalistas. Razón que propició una crisis, otra, del organismo de espionaje que depende de la Casa de Gobierno, y su supuesta depuración a través de una comisión de notables.

De una tutela ilegítima

Un antecedente que deja mal parado al Consejo Superior de la Judicatura tiene que ver con la Tutela interpuesta por el CAJAR para evitar la extradición de los jefes paramilitares desmovilizados. En ella aducían que los crímenes de lesa humanidad son de mayor jerarquía y entidad, en términos de política criminal, que los de narcotráfico. Respetando los argumentos, el Consejo Seccional de Cundinamarca concedió la Tutela. Pero la reacción no se dejó esperar, y de manera sorprendente el Consejo Superior de la Judicatura actuó, ocho días después, en contravía de las normas y de la evidencia, echando para atrás lo fallado por su entidad dependiente en Cundinamarca. Transcurridos otros dos días y los jefes ya figuraban en los Estados Unidos. En el ambiente quedó el interrogante, ¿por qué tanto afán?

Decisión en contra del derecho y de la verdad. Recordaron los abogados que la Constitución política de 1991 estableció que el Presidente de la República elige a la totalidad de los miembros del Consejo Superior de la Judicatura, Sala Disciplinaria, esto es, son funcionarios que dependen directamente del Presidente. Centralismo indefinido, agudizado en el presente gobierno. Concentración del poder que le resta autonomía a las distintas ramas del Estado.

La improcedencia de esta Tutela puede repercutir, no solamente en el aparato de justicia, sino en la cuota de impunidad que se le adjudica a Noguera, toda vez que este organismo está impedido para darle salida. Así lo enfatizó Carreño, quien señaló que: “Ante el Consejo Superior de la Judicatura se responde, en primer término, que no hay vías de hecho y, en segundo lugar, que a través de la Tutela no se puede decretar la nulidad de las pruebas. Si ellos quieren acudir a alguna instancia, tienen que ir al Fiscal General de la Nación y pedirle la nulidad o en el juicio Ante la Sala Penal de la Corte pedir dicha nulidad.”

Y agregó: “Lo que se busca fundamentalmente es dilatar el proceso y esto lleva implícito que se comiencen a generar prescripción de delitos. Las prescripciones son de cinco años la mínima y esto corre a favor del señor Noriega. Además, se pretende dejar en la impunidad la totalidad de los crímenes, lo que implica que las ejecuciones de los dirigentes sindicales que estaban siendo protegidos por el Estado, a través de este organismo, se quedan en la impunidad”.

Del cinismo a la impunidad: sólo un paso

La artimaña no es nueva. Como se conoce, el 22 de febrero de 2007 Noguera fue detenido tras pruebas que dieron cuenta de su relación directa con el ex jefe paramilitar Jorge 40. Pese a lo cual el ex director del DAS recuperó su libertad el 23 de marzo del mismo año, a través del recurso jurídico “Habeas corpus” otorgado por el Consejo Superior de la Judicatura. No obstante, el 6 de julio de ese mismo año fue recapturado y llamado a juicio el 1 de febrero de 2008 “…por los delitos de concierto para delinquir agravado, en concurso heterogéneo con el de utilización de asunto sometido a secreto o reserva, y abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto homogéneo”.

Luego, tras una ruptura procesal, Noguera volvió a recuperar su libertad, en plena etapa del juicio, adelantado esta vez por la Corte Suprema de Justicia, que consideró la actuación como nula, toda vez que el Fiscal General de la Nación, Mario Iguarán, no asumió la investigación de manera directa, lo que violaba el principio de fuero constitucional de este alto funcionario. Tras este imprevisto, el Fiscal dictó nuevamente intrusión contra Noguera Cotes, llamándolo a indagatoria, e imponiéndole medida de aseguramiento el 12 de diciembre de 2008, fecha en la que fue de nuevo detenido y recluido en la cárcel La Picota de Bogotá.

A pesar de que Noguera pidió nulidad de actuación ante la Corte Suprema de Justicia, ésta ha dejado en claro que las pruebas presentadas en su contra tienen toda la legalidad y quedan incólumes, por cuanto se han practicado ajustadas al debido proceso, bajo las formalidades de la ley. De aprobarse la Tutela, por tanto, el aparato judicial quedará como promotor de la impunidad, poniendo en entredicho cualquier injerencia punitiva, pues actúa en connivencia con el crimen.

Sindicalistas y defensores en Derechos Humanos burlados

El presidente de la CUT, Tarcisio Mora, enfatizó que “…en el asesinato a sindicalistas, a lo largo y ancho del territorio nacional, se esconde una estrategia de fondo. El Acuerdo de Ralito que se constituyó en una auténtica alianza entre las Fuerzas Militares y los grupos paramilitares”. Por tanto, la extradición de los jefes de estos grupos, se traduce en un grave obstáculo para impartir justicia. Recordó el dirigente sindical, que entre los enviados a los Estados Unidos se cuenta Salvatore Mancuso, sancionado por el asesinato de dirigentes de la Unión Sindical Obrera-USO, con ocho años de prisión.

Recordaron los abogados, en el comunicado con que citaron a la rueda de prensa, el testimono de Luciano Sanín, director de la Escuela Nacional Sindical, presentado pocos días antes de la realización de la audiencia convocada por el Congreso de los Estados Unidos, para examinar la situación de violencia antisindical reinante en Colombia: “en los últimos 23 años se registraron en Colombia, 2.694 sindicalistas asesinados, 482 de los cuales, ocurrieron durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. El 60% de estos asesinatos no han sido investigados y apenas en 90 casos ha habido una sentencia condenatoria, pero sólo de los autores materiales, no intelectuales”.

Otra cara del problema responde a una estrategia de exterminio sistemática que va más allá de las eliminaciones de orden físico. A los asesinatos sistemáticos de sindicalistas se suma la modificación de las relaciones productivas derivadas de la precarización de las condiciones laborales y del mismo derecho a la asociación de los trabajadores. Dos ejemplos lo ilustran bien. En el 2006, el Ministerio de Protección Social rechazó 71 solicitudes de organización sindical y la Central Unitaria de Trabajadores pasó desde su fundación de 1.600.000 afiliados a 450 mil.
 
Impedidos en el derecho legítimo de organización, y asesinados, el movimiento sindical y los defensores de derechos humanos, son lacerados desde varios flancos, con predilección de quien tiene la función de proteger su integridad.  “Se dispararon las alarmas con el problema del DAS y esto nos obligó a denunciar ante el país la posibilidad de liberación del señor Jorge Noguera. Él entregó unas listas a algunos paramilitares y esos dirigente fueron asesinados y frente a esto llamamos a la justicia y al pueblo colombiano para que esté más alerta frente a la Tutela que él presentó para que se anulen las pruebas. Haremos lo que haya lugar, hay que actuar en el marco internacional, así como a nivel nacional también”, aseveró Tarcisio Mora.

Las víctimas de estos crímenes claman justicia, por lo que resulta vital que la sociedad colombiana haga suya la veeduría de lo que pueda suceder a partir de estas acciones que pretenden impunidad. Es necesario, no sólo pensar en una depuración de estos organismos, sino también hacer patente la situación estructural de corrupción y crimen que impera en las distintas ramas del poder en Colombia.

Por, Julián Carreño

En rueda de prensa citada para el 23 de febrero por la Central Unitaria de Trabajadores –CUT- y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo –CAJAR-, se hicieron patentes las irregularidades jurídicas derivadas de la Acción de Tutela presentada el pasado 2 de febrero, ante el Consejo Superior de la Judicatura, por el ex director del Departamento Administrativo de Seguridad -DAS- Jorge Noguera Cotes. Su pretensión: emprender acciones de nulidad de los más de 50 mil folios probatorios que dan cuenta de los delitos que se le imputan, entre ellos, el asesinato de numerosos sindicalistas y defensores de derechos humanos.

Ir más allá de la denuncia. Este fue el espiritu que rondó durante la rueda de prensa en la que participaron Tarcisio Mora, presidente de la CUT, Eduardo Carreño, del CAJAR, y Luís Alberto Vanegas, responsable de la Oficina de Derechos Humanos de la CUT
 
En sus declaraciones, los citantes a este ejercicio comunicativo énfatizaron en la nueva estratagema jurídica emprendida por el abogado del ex director del DAS, Jorge Noguera, al interponer tutela ante el Consejo Superior de la Judicatura, con la que pretende, una vez más, obtener la libertad de su defendido, a espaldas de los crimenes que se le sindican, lista en mano, en contra de sindicalistas y defensores de derechos humanos, cuando era director de la agencia de seguridad estatal.

Hechos que se conectan. Interceptaciones telefónicas ilegales a periodistas y defensores de derechos humanos, rebeladas la semana que cursa, dejan entrever que la corrupción estructural que carcome al DAS, continúa vigente. Organismo que es, vaya paradoja, el directamente encargado de la seguridad de las personas amenazadas de muerte por agentes del mismo Estado colombiano.

Dos variables que van de la mano y corroen como cáncer letal: la llamada ‘seguridad democrática’, ligada a los esquemas de protección de civles, y las distintas modalidades de espionaje, normalmente implicadas con el paramilitarismo, que rompen con la privacidad, la seguridad y la vida de las personas que se oponen, desde la acción cívica, al régimen político vigente en Colombia. Acción, que además de ilegal, involucra a la población civil en el conflicto armado, social y político que padece el país.

Eduardo Carreño recordó los vínculos entablados por Don Antonio, ex capitán del Ejército, mano derecha y lugarteniente de Jorge 40, receptor de la lista con nombres, ubicaciones precisas, dadas por el entonces director del DAS, la misma que motivó la muerte, según el abogado, de más de 70 sindicalistas. Razón que propició una crisis, otra, del organismo de espionaje que depende de la Casa de Gobierno, y su supuesta depuración a través de una comisión de notables.

De una tutela ilegítima

Un antecedente que deja mal parado al Consejo Superior de la Judicatura tiene que ver con la Tutela interpuesta por el CAJAR para evitar la extradición de los jefes paramilitares desmovilizados. En ella aducían que los crímenes de lesa humanidad son de mayor jerarquía y entidad, en términos de política criminal, que los de narcotráfico. Respetando los argumentos, el Consejo Seccional de Cundinamarca concedió la Tutela. Pero la reacción no se dejó esperar, y de manera sorprendente el Consejo Superior de la Judicatura actuó, ocho días después, en contravía de las normas y de la evidencia, echando para atrás lo fallado por su entidad dependiente en Cundinamarca. Transcurridos otros dos días y los jefes ya figuraban en los Estados Unidos. En el ambiente quedó el interrogante, ¿por qué tanto afán?

Decisión en contra del derecho y de la verdad. Recordaron los abogados que la Constitución política de 1991 estableció que el Presidente de la República elige a la totalidad de los miembros del Consejo Superior de la Judicatura, Sala Disciplinaria, esto es, son funcionarios que dependen directamente del Presidente. Centralismo indefinido, agudizado en el presente gobierno. Concentración del poder que le resta autonomía a las distintas ramas del Estado.

La improcedencia de esta Tutela puede repercutir, no solamente en el aparato de justicia, sino en la cuota de impunidad que se le adjudica a Noguera, toda vez que este organismo está impedido para darle salida. Así lo enfatizó Carreño, quien señaló que: “Ante el Consejo Superior de la Judicatura se responde, en primer término, que no hay vías de hecho y, en segundo lugar, que a través de la Tutela no se puede decretar la nulidad de las pruebas. Si ellos quieren acudir a alguna instancia, tienen que ir al Fiscal General de la Nación y pedirle la nulidad o en el juicio Ante la Sala Penal de la Corte pedir dicha nulidad.”

Y agregó: “Lo que se busca fundamentalmente es dilatar el proceso y esto lleva implícito que se comiencen a generar prescripción de delitos. Las prescripciones son de cinco años la mínima y esto corre a favor del señor Noriega. Además, se pretende dejar en la impunidad la totalidad de los crímenes, lo que implica que las ejecuciones de los dirigentes sindicales que estaban siendo protegidos por el Estado, a través de este organismo, se quedan en la impunidad”.

Del cinismo a la impunidad: sólo un paso

La artimaña no es nueva. Como se conoce, el 22 de febrero de 2007 Noguera fue detenido tras pruebas que dieron cuenta de su relación directa con el ex jefe paramilitar Jorge 40. Pese a lo cual el ex director del DAS recuperó su libertad el 23 de marzo del mismo año, a través del recurso jurídico “Habeas corpus” otorgado por el Consejo Superior de la Judicatura. No obstante, el 6 de julio de ese mismo año fue recapturado y llamado a juicio el 1 de febrero de 2008 “…por los delitos de concierto para delinquir agravado, en concurso heterogéneo con el de utilización de asunto sometido a secreto o reserva, y abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto homogéneo”.

Luego, tras una ruptura procesal, Noguera volvió a recuperar su libertad, en plena etapa del juicio, adelantado esta vez por la Corte Suprema de Justicia, que consideró la actuación como nula, toda vez que el Fiscal General de la Nación, Mario Iguarán, no asumió la investigación de manera directa, lo que violaba el principio de fuero constitucional de este alto funcionario. Tras este imprevisto, el Fiscal dictó nuevamente intrusión contra Noguera Cotes, llamándolo a indagatoria, e imponiéndole medida de aseguramiento el 12 de diciembre de 2008, fecha en la que fue de nuevo detenido y recluido en la cárcel La Picota de Bogotá.

A pesar de que Noguera pidió nulidad de actuación ante la Corte Suprema de Justicia, ésta ha dejado en claro que las pruebas presentadas en su contra tienen toda la legalidad y quedan incólumes, por cuanto se han practicado ajustadas al debido proceso, bajo las formalidades de la ley. De aprobarse la Tutela, por tanto, el aparato judicial quedará como promotor de la impunidad, poniendo en entredicho cualquier injerencia punitiva, pues actúa en connivencia con el crimen.

Sindicalistas y defensores en Derechos Humanos burlados

El presidente de la CUT, Tarcisio Mora, enfatizó que “…en el asesinato a sindicalistas, a lo largo y ancho del territorio nacional, se esconde una estrategia de fondo. El Acuerdo de Ralito que se constituyó en una auténtica alianza entre las Fuerzas Militares y los grupos paramilitares”. Por tanto, la extradición de los jefes de estos grupos, se traduce en un grave obstáculo para impartir justicia. Recordó el dirigente sindical, que entre los enviados a los Estados Unidos se cuenta Salvatore Mancuso, sancionado por el asesinato de dirigentes de la Unión Sindical Obrera-USO, con ocho años de prisión.

Recordaron los abogados, en el comunicado con que citaron a la rueda de prensa, el testimono de Luciano Sanín, director de la Escuela Nacional Sindical, presentado pocos días antes de la realización de la audiencia convocada por el Congreso de los Estados Unidos, para examinar la situación de violencia antisindical reinante en Colombia: “en los últimos 23 años se registraron en Colombia, 2.694 sindicalistas asesinados, 482 de los cuales, ocurrieron durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. El 60% de estos asesinatos no han sido investigados y apenas en 90 casos ha habido una sentencia condenatoria, pero sólo de los autores materiales, no intelectuales”.

Otra cara del problema responde a una estrategia de exterminio sistemática que va más allá de las eliminaciones de orden físico. A los asesinatos sistemáticos de sindicalistas se suma la modificación de las relaciones productivas derivadas de la precarización de las condiciones laborales y del mismo derecho a la asociación de los trabajadores. Dos ejemplos lo ilustran bien. En el 2006, el Ministerio de Protección Social rechazó 71 solicitudes de organización sindical y la Central Unitaria de Trabajadores pasó desde su fundación de 1.600.000 afiliados a 450 mil.
 
Impedidos en el derecho legítimo de organización, y asesinados, el movimiento sindical y los defensores de derechos humanos, son lacerados desde varios flancos, con predilección de quien tiene la función de proteger su integridad.  “Se dispararon las alarmas con el problema del DAS y esto nos obligó a denunciar ante el país la posibilidad de liberación del señor Jorge Noguera. Él entregó unas listas a algunos paramilitares y esos dirigente fueron asesinados y frente a esto llamamos a la justicia y al pueblo colombiano para que esté más alerta frente a la Tutela que él presentó para que se anulen las pruebas. Haremos lo que haya lugar, hay que actuar en el marco internacional, así como a nivel nacional también”, aseveró Tarcisio Mora.

Las víctimas de estos crímenes claman justicia, por lo que resulta vital que la sociedad colombiana haga suya la veeduría de lo que pueda suceder a partir de estas acciones que pretenden impunidad. Es necesario, no sólo pensar en una depuración de estos organismos, sino también hacer patente la situación estructural de corrupción y crimen que impera en las distintas ramas del poder en Colombia.

Por, Julián Carreño

En rueda de prensa citada para el 23 de febrero por la Central Unitaria de Trabajadores –CUT- y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo –CAJAR-, se hicieron patentes las irregularidades jurídicas derivadas de la Acción de Tutela presentada el pasado 2 de febrero, ante el Consejo Superior de la Judicatura, por el ex director del Departamento Administrativo de Seguridad -DAS- Jorge Noguera Cotes. Su pretensión: emprender acciones de nulidad de los más de 50 mil folios probatorios que dan cuenta de los delitos que se le imputan, entre ellos, el asesinato de numerosos sindicalistas y defensores de derechos humanos.

Ir más allá de la denuncia. Este fue el espiritu que rondó durante la rueda de prensa en la que participaron Tarcisio Mora, presidente de la CUT, Eduardo Carreño, del CAJAR, y Luís Alberto Vanegas, responsable de la Oficina de Derechos Humanos de la CUT
 
En sus declaraciones, los citantes a este ejercicio comunicativo énfatizaron en la nueva estratagema jurídica emprendida por el abogado del ex director del DAS, Jorge Noguera, al interponer tutela ante el Consejo Superior de la Judicatura, con la que pretende, una vez más, obtener la libertad de su defendido, a espaldas de los crimenes que se le sindican, lista en mano, en contra de sindicalistas y defensores de derechos humanos, cuando era director de la agencia de seguridad estatal.

Hechos que se conectan. Interceptaciones telefónicas ilegales a periodistas y defensores de derechos humanos, rebeladas la semana que cursa, dejan entrever que la corrupción estructural que carcome al DAS, continúa vigente. Organismo que es, vaya paradoja, el directamente encargado de la seguridad de las personas amenazadas de muerte por agentes del mismo Estado colombiano.

Dos variables que van de la mano y corroen como cáncer letal: la llamada ‘seguridad democrática’, ligada a los esquemas de protección de civles, y las distintas modalidades de espionaje, normalmente implicadas con el paramilitarismo, que rompen con la privacidad, la seguridad y la vida de las personas que se oponen, desde la acción cívica, al régimen político vigente en Colombia. Acción, que además de ilegal, involucra a la población civil en el conflicto armado, social y político que padece el país.

Eduardo Carreño recordó los vínculos entablados por Don Antonio, ex capitán del Ejército, mano derecha y lugarteniente de Jorge 40, receptor de la lista con nombres, ubicaciones precisas, dadas por el entonces director del DAS, la misma que motivó la muerte, según el abogado, de más de 70 sindicalistas. Razón que propició una crisis, otra, del organismo de espionaje que depende de la Casa de Gobierno, y su supuesta depuración a través de una comisión de notables.

De una tutela ilegítima

Un antecedente que deja mal parado al Consejo Superior de la Judicatura tiene que ver con la Tutela interpuesta por el CAJAR para evitar la extradición de los jefes paramilitares desmovilizados. En ella aducían que los crímenes de lesa humanidad son de mayor jerarquía y entidad, en términos de política criminal, que los de narcotráfico. Respetando los argumentos, el Consejo Seccional de Cundinamarca concedió la Tutela. Pero la reacción no se dejó esperar, y de manera sorprendente el Consejo Superior de la Judicatura actuó, ocho días después, en contravía de las normas y de la evidencia, echando para atrás lo fallado por su entidad dependiente en Cundinamarca. Transcurridos otros dos días y los jefes ya figuraban en los Estados Unidos. En el ambiente quedó el interrogante, ¿por qué tanto afán?

Decisión en contra del derecho y de la verdad. Recordaron los abogados que la Constitución política de 1991 estableció que el Presidente de la República elige a la totalidad de los miembros del Consejo Superior de la Judicatura, Sala Disciplinaria, esto es, son funcionarios que dependen directamente del Presidente. Centralismo indefinido, agudizado en el presente gobierno. Concentración del poder que le resta autonomía a las distintas ramas del Estado.

La improcedencia de esta Tutela puede repercutir, no solamente en el aparato de justicia, sino en la cuota de impunidad que se le adjudica a Noguera, toda vez que este organismo está impedido para darle salida. Así lo enfatizó Carreño, quien señaló que: “Ante el Consejo Superior de la Judicatura se responde, en primer término, que no hay vías de hecho y, en segundo lugar, que a través de la Tutela no se puede decretar la nulidad de las pruebas. Si ellos quieren acudir a alguna instancia, tienen que ir al Fiscal General de la Nación y pedirle la nulidad o en el juicio Ante la Sala Penal de la Corte pedir dicha nulidad.”

Y agregó: “Lo que se busca fundamentalmente es dilatar el proceso y esto lleva implícito que se comiencen a generar prescripción de delitos. Las prescripciones son de cinco años la mínima y esto corre a favor del señor Noriega. Además, se pretende dejar en la impunidad la totalidad de los crímenes, lo que implica que las ejecuciones de los dirigentes sindicales que estaban siendo protegidos por el Estado, a través de este organismo, se quedan en la impunidad”.

Del cinismo a la impunidad: sólo un paso

La artimaña no es nueva. Como se conoce, el 22 de febrero de 2007 Noguera fue detenido tras pruebas que dieron cuenta de su relación directa con el ex jefe paramilitar Jorge 40. Pese a lo cual el ex director del DAS recuperó su libertad el 23 de marzo del mismo año, a través del recurso jurídico “Habeas corpus” otorgado por el Consejo Superior de la Judicatura. No obstante, el 6 de julio de ese mismo año fue recapturado y llamado a juicio el 1 de febrero de 2008 “…por los delitos de concierto para delinquir agravado, en concurso heterogéneo con el de utilización de asunto sometido a secreto o reserva, y abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto homogéneo”.

Luego, tras una ruptura procesal, Noguera volvió a recuperar su libertad, en plena etapa del juicio, adelantado esta vez por la Corte Suprema de Justicia, que consideró la actuación como nula, toda vez que el Fiscal General de la Nación, Mario Iguarán, no asumió la investigación de manera directa, lo que violaba el principio de fuero constitucional de este alto funcionario. Tras este imprevisto, el Fiscal dictó nuevamente intrusión contra Noguera Cotes, llamándolo a indagatoria, e imponiéndole medida de aseguramiento el 12 de diciembre de 2008, fecha en la que fue de nuevo detenido y recluido en la cárcel La Picota de Bogotá.

A pesar de que Noguera pidió nulidad de actuación ante la Corte Suprema de Justicia, ésta ha dejado en claro que las pruebas presentadas en su contra tienen toda la legalidad y quedan incólumes, por cuanto se han practicado ajustadas al debido proceso, bajo las formalidades de la ley. De aprobarse la Tutela, por tanto, el aparato judicial quedará como promotor de la impunidad, poniendo en entredicho cualquier injerencia punitiva, pues actúa en connivencia con el crimen.

Sindicalistas y defensores en Derechos Humanos burlados

El presidente de la CUT, Tarcisio Mora, enfatizó que “…en el asesinato a sindicalistas, a lo largo y ancho del territorio nacional, se esconde una estrategia de fondo. El Acuerdo de Ralito que se constituyó en una auténtica alianza entre las Fuerzas Militares y los grupos paramilitares”. Por tanto, la extradición de los jefes de estos grupos, se traduce en un grave obstáculo para impartir justicia. Recordó el dirigente sindical, que entre los enviados a los Estados Unidos se cuenta Salvatore Mancuso, sancionado por el asesinato de dirigentes de la Unión Sindical Obrera-USO, con ocho años de prisión.

Recordaron los abogados, en el comunicado con que citaron a la rueda de prensa, el testimono de Luciano Sanín, director de la Escuela Nacional Sindical, presentado pocos días antes de la realización de la audiencia convocada por el Congreso de los Estados Unidos, para examinar la situación de violencia antisindical reinante en Colombia: “en los últimos 23 años se registraron en Colombia, 2.694 sindicalistas asesinados, 482 de los cuales, ocurrieron durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. El 60% de estos asesinatos no han sido investigados y apenas en 90 casos ha habido una sentencia condenatoria, pero sólo de los autores materiales, no intelectuales”.

Otra cara del problema responde a una estrategia de exterminio sistemática que va más allá de las eliminaciones de orden físico. A los asesinatos sistemáticos de sindicalistas se suma la modificación de las relaciones productivas derivadas de la precarización de las condiciones laborales y del mismo derecho a la asociación de los trabajadores. Dos ejemplos lo ilustran bien. En el 2006, el Ministerio de Protección Social rechazó 71 solicitudes de organización sindical y la Central Unitaria de Trabajadores pasó desde su fundación de 1.600.000 afiliados a 450 mil.
 
Impedidos en el derecho legítimo de organización, y asesinados, el movimiento sindical y los defensores de derechos humanos, son lacerados desde varios flancos, con predilección de quien tiene la función de proteger su integridad.  “Se dispararon las alarmas con el problema del DAS y esto nos obligó a denunciar ante el país la posibilidad de liberación del señor Jorge Noguera. Él entregó unas listas a algunos paramilitares y esos dirigente fueron asesinados y frente a esto llamamos a la justicia y al pueblo colombiano para que esté más alerta frente a la Tutela que él presentó para que se anulen las pruebas. Haremos lo que haya lugar, hay que actuar en el marco internacional, así como a nivel nacional también”, aseveró Tarcisio Mora.

Las víctimas de estos crímenes claman justicia, por lo que resulta vital que la sociedad colombiana haga suya la veeduría de lo que pueda suceder a partir de estas acciones que pretenden impunidad. Es necesario, no sólo pensar en una depuración de estos organismos, sino también hacer patente la situación estructural de corrupción y crimen que impera en las distintas ramas del poder en Colombia.

Por, Julián Carreño

El Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, con respecto al atentado donde falleció el compañero José Edwin Legarda, esposo de la Consejera Mayor Aida Quilcue, hace las siguientes precisiones:

La muerte del Esposo de la consejera Mayor del CRIC, no puede interpretarse como un hecho aislado, sino como parte de la cadena de homicidios, persecuciones, judicializaciones ilegales y desplazamientos que vienen sufriendo las comunidades indígenas del Cauca y de Colombia, donde el Estado participa por acción, omisión y permisión.

Que ésta reiterada violación de derechos humanos contra los pueblos indígenas es efecto de la política de seguridad democrática del presidente Álvaro Uribe Vélez.

Que de acuerdo con las pruebas recaudadas, en el lugar del atentado, queda claro que es falsa la versión presidencial sobre la existencia de un error de señalización o que el compañero Edwin Legarda se haya pasado un reten militar, primero porque los rastros dan señal que los soldados estuvieron varias horas atrincherados en un trayecto de 800 metros esperando el carro; segundo porque a esa hora pasaron varios vehículos que viajaban a una reunión en la mesa de Togoima que se efectuaría ese mismo día y a la cual asistiría la consejera Mayor del CRIC AIDA QUILCUE VIVAS, vehículos a quienes en ningún momento requirió el grupo del ejército que se encontraba en la zona y tercero porque en documento firmado conjuntamente por el General Leonardo Barrero, comandante de la Vigésima Novena Brigada del ejército y las autoridades Indígenas, el primero se comprometió a desmentir la versión que “el fallecido Edwin Legarda había hecho caso omiso a un reten militar”.

Que el atentado estaba dirigido contra la Consejería Mayor del CRIC, en especial contra AIDA QUILCUE VIVAS, quien de no haberse retrasado, debería haber pasado por el sitio a la hora del atentado en su viaje a la Mesa de Togoima, situada en el municipio de Páez.

Que igualmente el grupo militar no supo explicar la posesión de dos fusiles que estaban en el campamento sin un militar asignado para ellos, lo que las autoridades indígenas toman como un indicio de que se intentaba hacer un montaje posteriormente al atentado.

Que en la primera versión el comandante de la patrulla militar, ante las autoridades indígenas, dijo que desde el carro del CRIC le habían hecho ráfagas de fusil, versión que luego cambió diciendo que el señor Legarda había pasado un reten militar, admitiendo finalmente que se trató de un error militar.

Que el comunero Edwin Legarda logró escapar gravemente herido del atentado, evitando así la realización un montaje con los dos fusiles que estando en posesión de los militares no se supo explicar su pertenencia; situación que de haberse concretado hoy tendría en entre dicho la civilidad de nuestra resistencia y la transparencia de nuestra organización.

Que las alocuciones del presidente Álvaro Uribe justificando la acción militar donde se asesinó al esposo de la consejera Mayor del CRIC, no es más que otra patraña para desdibujar este crimen de Estado y justificar la continuación de su política de aniquilamiento de los pueblos indígenas.

Que a pesar de las múltiples amenazas y atentados contra autoridades indígenas y miembros del CRIC, el Estado colombiano no ha tomado medidas para proteger la integridad física y moral de nuestros líderes, por el contrario, al parecer, el gobierno está utilizando su influencia política para evitar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dicte las medidas cautelares solicitadas por diferentes organismos protectores de los derechos humanos en defensa de nuestros procesos organizativos.

Finalmente hacemos un llamado a la comunidad internacional, en especial a los organismos de derechos humanos, para que estén atentos a los desarrollos de las políticas nacionales frente a pueblos indígenas; debido a que nuestra protesta está siendo estigmatizada y criminalizada lo cual coloca en alto riesgo nuestros procesos, autoridades tradicionales, personal de la organización, líderes indígenas y comunidades. En consecuencia expresamos que la responsabilidad de lo que suceda a nuestra gente y procesos organizativos es del Estado colombiano.

Popayán, 19 de diciembre de 2008.
CONSEJO REGIONAL INDIGENA DEL CAUCA -CRIC

El Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, con respecto al atentado donde falleció el compañero José Edwin Legarda, esposo de la Consejera Mayor Aida Quilcue, hace las siguientes precisiones:

La muerte del Esposo de la consejera Mayor del CRIC, no puede interpretarse como un hecho aislado, sino como parte de la cadena de homicidios, persecuciones, judicializaciones ilegales y desplazamientos que vienen sufriendo las comunidades indígenas del Cauca y de Colombia, donde el Estado participa por acción, omisión y permisión.

Que ésta reiterada violación de derechos humanos contra los pueblos indígenas es efecto de la política de seguridad democrática del presidente Álvaro Uribe Vélez.

Que de acuerdo con las pruebas recaudadas, en el lugar del atentado, queda claro que es falsa la versión presidencial sobre la existencia de un error de señalización o que el compañero Edwin Legarda se haya pasado un reten militar, primero porque los rastros dan señal que los soldados estuvieron varias horas atrincherados en un trayecto de 800 metros esperando el carro; segundo porque a esa hora pasaron varios vehículos que viajaban a una reunión en la mesa de Togoima que se efectuaría ese mismo día y a la cual asistiría la consejera Mayor del CRIC AIDA QUILCUE VIVAS, vehículos a quienes en ningún momento requirió el grupo del ejército que se encontraba en la zona y tercero porque en documento firmado conjuntamente por el General Leonardo Barrero, comandante de la Vigésima Novena Brigada del ejército y las autoridades Indígenas, el primero se comprometió a desmentir la versión que “el fallecido Edwin Legarda había hecho caso omiso a un reten militar”.

Que el atentado estaba dirigido contra la Consejería Mayor del CRIC, en especial contra AIDA QUILCUE VIVAS, quien de no haberse retrasado, debería haber pasado por el sitio a la hora del atentado en su viaje a la Mesa de Togoima, situada en el municipio de Páez.

Que igualmente el grupo militar no supo explicar la posesión de dos fusiles que estaban en el campamento sin un militar asignado para ellos, lo que las autoridades indígenas toman como un indicio de que se intentaba hacer un montaje posteriormente al atentado.

Que en la primera versión el comandante de la patrulla militar, ante las autoridades indígenas, dijo que desde el carro del CRIC le habían hecho ráfagas de fusil, versión que luego cambió diciendo que el señor Legarda había pasado un reten militar, admitiendo finalmente que se trató de un error militar.

Que el comunero Edwin Legarda logró escapar gravemente herido del atentado, evitando así la realización un montaje con los dos fusiles que estando en posesión de los militares no se supo explicar su pertenencia; situación que de haberse concretado hoy tendría en entre dicho la civilidad de nuestra resistencia y la transparencia de nuestra organización.

Que las alocuciones del presidente Álvaro Uribe justificando la acción militar donde se asesinó al esposo de la consejera Mayor del CRIC, no es más que otra patraña para desdibujar este crimen de Estado y justificar la continuación de su política de aniquilamiento de los pueblos indígenas.

Que a pesar de las múltiples amenazas y atentados contra autoridades indígenas y miembros del CRIC, el Estado colombiano no ha tomado medidas para proteger la integridad física y moral de nuestros líderes, por el contrario, al parecer, el gobierno está utilizando su influencia política para evitar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dicte las medidas cautelares solicitadas por diferentes organismos protectores de los derechos humanos en defensa de nuestros procesos organizativos.

Finalmente hacemos un llamado a la comunidad internacional, en especial a los organismos de derechos humanos, para que estén atentos a los desarrollos de las políticas nacionales frente a pueblos indígenas; debido a que nuestra protesta está siendo estigmatizada y criminalizada lo cual coloca en alto riesgo nuestros procesos, autoridades tradicionales, personal de la organización, líderes indígenas y comunidades. En consecuencia expresamos que la responsabilidad de lo que suceda a nuestra gente y procesos organizativos es del Estado colombiano.

Popayán, 19 de diciembre de 2008.
CONSEJO REGIONAL INDIGENA DEL CAUCA -CRIC

El Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, con respecto al atentado donde falleció el compañero José Edwin Legarda, esposo de la Consejera Mayor Aida Quilcue, hace las siguientes precisiones:

La muerte del Esposo de la consejera Mayor del CRIC, no puede interpretarse como un hecho aislado, sino como parte de la cadena de homicidios, persecuciones, judicializaciones ilegales y desplazamientos que vienen sufriendo las comunidades indígenas del Cauca y de Colombia, donde el Estado participa por acción, omisión y permisión.

Que ésta reiterada violación de derechos humanos contra los pueblos indígenas es efecto de la política de seguridad democrática del presidente Álvaro Uribe Vélez.

Que de acuerdo con las pruebas recaudadas, en el lugar del atentado, queda claro que es falsa la versión presidencial sobre la existencia de un error de señalización o que el compañero Edwin Legarda se haya pasado un reten militar, primero porque los rastros dan señal que los soldados estuvieron varias horas atrincherados en un trayecto de 800 metros esperando el carro; segundo porque a esa hora pasaron varios vehículos que viajaban a una reunión en la mesa de Togoima que se efectuaría ese mismo día y a la cual asistiría la consejera Mayor del CRIC AIDA QUILCUE VIVAS, vehículos a quienes en ningún momento requirió el grupo del ejército que se encontraba en la zona y tercero porque en documento firmado conjuntamente por el General Leonardo Barrero, comandante de la Vigésima Novena Brigada del ejército y las autoridades Indígenas, el primero se comprometió a desmentir la versión que “el fallecido Edwin Legarda había hecho caso omiso a un reten militar”.

Que el atentado estaba dirigido contra la Consejería Mayor del CRIC, en especial contra AIDA QUILCUE VIVAS, quien de no haberse retrasado, debería haber pasado por el sitio a la hora del atentado en su viaje a la Mesa de Togoima, situada en el municipio de Páez.

Que igualmente el grupo militar no supo explicar la posesión de dos fusiles que estaban en el campamento sin un militar asignado para ellos, lo que las autoridades indígenas toman como un indicio de que se intentaba hacer un montaje posteriormente al atentado.

Que en la primera versión el comandante de la patrulla militar, ante las autoridades indígenas, dijo que desde el carro del CRIC le habían hecho ráfagas de fusil, versión que luego cambió diciendo que el señor Legarda había pasado un reten militar, admitiendo finalmente que se trató de un error militar.

Que el comunero Edwin Legarda logró escapar gravemente herido del atentado, evitando así la realización un montaje con los dos fusiles que estando en posesión de los militares no se supo explicar su pertenencia; situación que de haberse concretado hoy tendría en entre dicho la civilidad de nuestra resistencia y la transparencia de nuestra organización.

Que las alocuciones del presidente Álvaro Uribe justificando la acción militar donde se asesinó al esposo de la consejera Mayor del CRIC, no es más que otra patraña para desdibujar este crimen de Estado y justificar la continuación de su política de aniquilamiento de los pueblos indígenas.

Que a pesar de las múltiples amenazas y atentados contra autoridades indígenas y miembros del CRIC, el Estado colombiano no ha tomado medidas para proteger la integridad física y moral de nuestros líderes, por el contrario, al parecer, el gobierno está utilizando su influencia política para evitar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dicte las medidas cautelares solicitadas por diferentes organismos protectores de los derechos humanos en defensa de nuestros procesos organizativos.

Finalmente hacemos un llamado a la comunidad internacional, en especial a los organismos de derechos humanos, para que estén atentos a los desarrollos de las políticas nacionales frente a pueblos indígenas; debido a que nuestra protesta está siendo estigmatizada y criminalizada lo cual coloca en alto riesgo nuestros procesos, autoridades tradicionales, personal de la organización, líderes indígenas y comunidades. En consecuencia expresamos que la responsabilidad de lo que suceda a nuestra gente y procesos organizativos es del Estado colombiano.

Popayán, 19 de diciembre de 2008.
CONSEJO REGIONAL INDIGENA DEL CAUCA -CRIC

El Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, con respecto al atentado donde falleció el compañero José Edwin Legarda, esposo de la Consejera Mayor Aida Quilcue, hace las siguientes precisiones:

La muerte del Esposo de la consejera Mayor del CRIC, no puede interpretarse como un hecho aislado, sino como parte de la cadena de homicidios, persecuciones, judicializaciones ilegales y desplazamientos que vienen sufriendo las comunidades indígenas del Cauca y de Colombia, donde el Estado participa por acción, omisión y permisión.

Que ésta reiterada violación de derechos humanos contra los pueblos indígenas es efecto de la política de seguridad democrática del presidente Álvaro Uribe Vélez.

Que de acuerdo con las pruebas recaudadas, en el lugar del atentado, queda claro que es falsa la versión presidencial sobre la existencia de un error de señalización o que el compañero Edwin Legarda se haya pasado un reten militar, primero porque los rastros dan señal que los soldados estuvieron varias horas atrincherados en un trayecto de 800 metros esperando el carro; segundo porque a esa hora pasaron varios vehículos que viajaban a una reunión en la mesa de Togoima que se efectuaría ese mismo día y a la cual asistiría la consejera Mayor del CRIC AIDA QUILCUE VIVAS, vehículos a quienes en ningún momento requirió el grupo del ejército que se encontraba en la zona y tercero porque en documento firmado conjuntamente por el General Leonardo Barrero, comandante de la Vigésima Novena Brigada del ejército y las autoridades Indígenas, el primero se comprometió a desmentir la versión que “el fallecido Edwin Legarda había hecho caso omiso a un reten militar”.

Que el atentado estaba dirigido contra la Consejería Mayor del CRIC, en especial contra AIDA QUILCUE VIVAS, quien de no haberse retrasado, debería haber pasado por el sitio a la hora del atentado en su viaje a la Mesa de Togoima, situada en el municipio de Páez.

Que igualmente el grupo militar no supo explicar la posesión de dos fusiles que estaban en el campamento sin un militar asignado para ellos, lo que las autoridades indígenas toman como un indicio de que se intentaba hacer un montaje posteriormente al atentado.

Que en la primera versión el comandante de la patrulla militar, ante las autoridades indígenas, dijo que desde el carro del CRIC le habían hecho ráfagas de fusil, versión que luego cambió diciendo que el señor Legarda había pasado un reten militar, admitiendo finalmente que se trató de un error militar.

Que el comunero Edwin Legarda logró escapar gravemente herido del atentado, evitando así la realización un montaje con los dos fusiles que estando en posesión de los militares no se supo explicar su pertenencia; situación que de haberse concretado hoy tendría en entre dicho la civilidad de nuestra resistencia y la transparencia de nuestra organización.

Que las alocuciones del presidente Álvaro Uribe justificando la acción militar donde se asesinó al esposo de la consejera Mayor del CRIC, no es más que otra patraña para desdibujar este crimen de Estado y justificar la continuación de su política de aniquilamiento de los pueblos indígenas.

Que a pesar de las múltiples amenazas y atentados contra autoridades indígenas y miembros del CRIC, el Estado colombiano no ha tomado medidas para proteger la integridad física y moral de nuestros líderes, por el contrario, al parecer, el gobierno está utilizando su influencia política para evitar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dicte las medidas cautelares solicitadas por diferentes organismos protectores de los derechos humanos en defensa de nuestros procesos organizativos.

Finalmente hacemos un llamado a la comunidad internacional, en especial a los organismos de derechos humanos, para que estén atentos a los desarrollos de las políticas nacionales frente a pueblos indígenas; debido a que nuestra protesta está siendo estigmatizada y criminalizada lo cual coloca en alto riesgo nuestros procesos, autoridades tradicionales, personal de la organización, líderes indígenas y comunidades. En consecuencia expresamos que la responsabilidad de lo que suceda a nuestra gente y procesos organizativos es del Estado colombiano.

Popayán, 19 de diciembre de 2008.
CONSEJO REGIONAL INDIGENA DEL CAUCA -CRIC