El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, dejó la puerta abierta este viernes a una posible reelección para un segundo mandato en 2014, en el marco de una reunión en la que se oficializó la salida de Germán Vargas Lleras del Ministerio de Vivienda a la Fundación Buen Gobierno. El mandatario afirmó que quiere la reelección de sus principales políticas.

“Quiero que muchas de nuestras políticas continúen más allá del 7 de Agosto de 2014. Quiero que la política de paz sea reelegida, quiero que la política de vivienda del ministro Vargas Lleras sea reelegida, quiero que la política que ha reducido el desempleo sea reelegida y quiero que nuestra política de seguridad sea reelegida. No quiero que los profundos cambios se queden a mitad de camino”, sostuvo Santos durante una rueda de prensa en la Casa de Nariño.

Pese a que no aseguró su reelección, el presidente de Colombia conformó un “equipo de lujo” en caso de que decida oficialmente lanzarse a la Presidencia en 2014.

Sin embargo, Santos aclaró que será respetuoso de las reglas de juego y no tomará ninguna decisión hasta que la ley lo establezca.Además, confirmó el retiro del ministro de Vivienda y del secretario general de la Presidencia, Juan Mesa, quienes trabajaron de la mano y muy cerca del jefe de Estado.

Santos agradeció la lealtad y el compromiso que tuvieron para con el gobierno. Al tiempo que señaló que ahora Lleras estará al mando de la fundación Buen Gobierno y Juan Mesa estará como director ejecutivo de esa misma organización, creada por el dignatario en 1994.
Santos utilizó Buen Gobierno como plataforma para las elecciones de 2010, cuando venció a Antanas Mockus.

17 mayo 2013

(Tomado de Telesur)

A juzgar por los resultados conocidos, la reciente evolución de las conversaciones en La Habana, en materia de desarrollo agrario, debió sorprender a más de uno. La antigua e histórica exigencia de la reforma agraria tiende a opacarse, en beneficio, al parecer, de una reivindicación mucho más fuerte de las Zonas de Reserva Campesina (ZRC). No puede decirse, sin embargo, que no guarda coherencia con el pensamiento y, sobre todo, con la historia de las farc; por el contrario, es la evocación inmediata de los terribles acontecimientos que marcaron, hace más de medio siglo, su origen, la que ha venido suscitando todo tipo de lamentables reacciones. El ministro de Agricultura, en destempladas declaraciones, advierte sobre la inaceptable posibilidad de "republiquetas independientes". No ignora, por supuesto, la oscura connotación del calificativo. De todas maneras, desde el lado de esta organización armada, es cierto que allí se encuentra su reivindicación fundamental. Sin duda, nos hemos encontrado de una vez, a boca de jarro, -y es muy provechoso que así sea- con la clave de este proceso de negociación.

Con toda la razón, Camilo González Posso se adelanta a aclarar que "Las Zonas de Reserva ya existen" (www.indepaz.org.co) por lo cual, en principio, la discusión sería sobre cuántas más, cuáles y de qué extensión. Y valía la pena la aclaración para ahogar el escándalo y acallar las voces de "pastorcitos mentirosos" como Juan Camilo. En el contexto actual, sin embargo, la figura de las ZRC adquiere características particulares que mejor sería considerar de frente y con toda franqueza. Algo va de la ley 160 de 1994 a la posibilidad actual de acuerdos negociados con un destacamento armado de campesinos. Estamos hablando ya no de estabilización de procesos de colonización, en general, sino, en buena medida, de desmovilización y asentamiento de combatientes en zonas a las cuales han estado ligados. La calificación de este nexo es, desde luego, materia de discusión. Es de estas particularidades de donde surge el reclamo simultáneo de autonomía

Las lecciones de la historia

Entre 1953 y 1954 la guerrilla que entonces podría denominarse comunista en el sur del Tolima, había entrado en una suerte de tregua no declarada. Y esto a pesar de no haber aceptado, como sí lo hicieron, entre otras, las guerrillas del Llano, la fórmula de la "entrega" que era la oferta de paz del gobierno de Rojas Pinilla. Las familias campesinas –colonos recientes o antiguos- reanudaron sus labores habituales en diferentes localidades, en particular en la región conocida como el Davis. Lo que ocurrió en este breve lapso es de ingrata recordación. Al hostigamiento de bandas conservadoras que dieron en llamarse "vigilantes" se añadió el de las guerrillas liberales recién institucionalizadas, con quienes ya se habían presentado violentas contradicciones, y más tarde, el del propio ejército. Una vez más, entonces, debieron organizar la retirada. Estas retiradas, a veces verdaderas evacuaciones de familias campesinas protegidas por destacamentos guerrilleros, se hicieron famosas después, como se sabe, bajo el nombre de "columnas de marcha". Se desplazaron más hacia el sur y hacia el nororiente donde parecía haber mejores condiciones.

Aún así, y en un acto sorprendente de confianza en la buena voluntad del gobierno militar, se llegó hasta acuerdos formales de "entrega" en Villarrica y en Cabrera (por parte de las fuerzas resistentes en el Sumapaz), zonas también importantes de asentamiento en las cuales muy pronto se pondría de manifiesto la inestabilidad. El periodo culminó con el ataque implacable e inescrupuloso del ejército en abril de 1954, en contra de la población campesina ubicada en Villarrica que dio lugar a una de las más dolorosas y terribles evacuaciones, en lo que se llamó la "guerra de Villarrica". El argumento de entonces, como siempre lo ha sido, era el de recuperar la soberanía sobre un territorio ocupado por comunistas.

La historia que sigue, hasta la caída de Rojas, es la de nuevos desplazamientos, en las condiciones poco propicias que ofrecía la geografía y creaba la guerra, hasta llegar a regiones, entonces inaccesibles, que pudieran ofrecer alguna estabilidad. "Colonización armada" la han llamado algunos investigadores. Fue así como se formaron las que después, Álvaro Gómez llamaría "Repúblicas Independientes". A las regiones del sur -Marquetalia y Riochiquito- ocupadas desde el principio, se sumaron las del Alto Sumapaz-Duda, Ariari, Guayabero y Pato. La estabilidad era una ilusión y otra vez en medio de negociaciones de paz. La Junta Militar ofreció nuevamente un programa de "rehabilitación". Los dirigentes guerrilleros, por su parte, plantearon unas "bases de entendimiento" en las cuales ofrecían, sobre la base de un apoyo estatal, dedicarse, como comunidades campesinas que eran, "a las labores de trabajo y fomento de la producción agropecuaria". Con el primer gobierno del Frente Nacional, el de Alberto Lleras Camargo, que inicialmente apoyaron, pareció consolidarse el acuerdo, merced a las ofertas de amnistía. No obstante, ya había una semilla de desconfianza que los obligaba a permanecer como formas organizativas de autodefensa; y no era infundada, la "rehabilitación" de las zonas tendía a reducirse a formas de control policial y militar, en medio de hostigamientos oficiales, y por parte de bandas armadas, en un clima de verdadera guerra sucia. Se llega así, y a partir de toda una campaña política y propagandística en contra de las "repúblicas independientes", a la conocida "operación Marquetalia" en 1964 que, complementada con la de Riochiquito, conduce luego a la formación de las farc.

Aunque es mucho todavía lo que se puede investigar y analizar a propósito de este fragmento de nuestra historia –es amplia la literatura al respecto– y de las discusiones concomitantes acerca de la política del Partido Comunista, sí hay una conclusión fundamental que es a la vez muy simple. Como se ha demostrado, una y otra vez, para el "establecimiento" es muy difícil aceptar un armisticio con una insurgencia rural, cuyas bases por definición son regionales, que signifique, al mismo tiempo, la estabilización, así sea local, de fuerzas políticas que marchen en contravía de las dominantes. Menos aún cuando se trata de áreas que ya no son aisladas o inaccesibles como en los años sesenta sino, por el contrario, de valor estratégico. En cambio, el proceso inverso sí es admisible. Es la historia de los años ochenta y noventa cuando la estrategia paramilitar consigue reforzar las relaciones regionales de poder existentes, en previsión de las amenazas representadas por los movimientos sociales y por posibles acuerdos de paz, conquista que se consolida durante el gobierno de Uribe Vélez.

La fórmula negociable finalmente encontrada

La figura de las ZRC se nos aparece ahora como una alternativa plausible que nos devuelve, aunque no se diga, a la idea de zonas de rehabilitación. Y es por eso que las lecciones de la historia no dejan de resonar en nuestras reflexiones. Su fundamentación, en 1994, sin embargo, es otra, y controvertible, por lo demás.

En efecto, la ley 160, a diferencia de las anteriores, deja ya en claro el abandono de la propuesta de reforma agraria, mediante la intervención directa del Estado en la redistribución, y su reemplazo por el enfoque de "mercado asistido de tierras". Asistido quiere decir subsidio a la demanda con mecanismos estatales de "facilitación". Fue la historia de un fracaso anunciado, desde entonces la concentración de la propiedad territorial se ha acentuado de manera escandalosa. La filosofía de la Ley se impone en condiciones de progresiva liquidación violenta del movimiento campesino. Y contra toda evidencia empírica, además, como se ha señalado repetidamente, no existe un mercado de tierras en Colombia, y menos a la manera como lo describen los libros de texto.

Es en ese contexto en el que se introduce la figura de las ZRC como una propuesta para zonas de colonización y posible adjudicación de baldíos. Y ya sabemos que desde principios del siglo XX la colonización se ofrece como alternativa a la reforma agraria. Tiene un mérito y es la pretensión de evitar los procesos de concentración, generalmente violentos, que han ocurrido siempre en las áreas de colonización, fuente de numerosos conflictos incluyendo los armados. Y otro mérito no menos importante: asociar la delimitación de dichas zonas con requerimientos de orden ecológico. Aspecto desarrollado particularmente en el Decreto de 1996 que las propone para zonas de características agroecológicas delicadas que imponen regulaciones y para las llamadas zonas de amortiguación en torno a las áreas protegidas. Así mismo, en las resoluciones subsiguientes del Incora, que fijan los mecanismos para las solicitudes y delimitaciones aunque es bueno advertir que, en general, se establece que las zonas de colonización son, de por sí, ZRC.

La consideración ecológica, en todo caso, es fundamental si se tiene en cuenta el fin de las posibilidades sensatas de expansión de la frontera agrícola en Colombia. Por eso es tan importante que se haya definido al mismo tiempo -aunque todavía pendiente de verdadera delimitación- el sistema de parques naturales y áreas protegidas y por otra parte la existencia y el respeto de los territorios indígenas y de los territorios colectivos de las comunidades afrodescendientes. Sin embargo, no podemos ignorar ingenuamente que la delimitación de estas ZRC, como si fuera una excepción, equivale a definir simultáneamente las zonas de desarrollo empresarial, es decir aquellas en las cuales los artífices de la ley ponen todas sus esperanzas de desarrollo agropecuario (orientado, sin duda, a la exportación). Y, agregaríamos hoy, pensando en el territorio en su conjunto, los grandes proyectos minero-energéticos.

Pero no forzosamente tenemos que permanecer en la definición original. Así planteadas, las ZRC guardan, de todas maneras, algunas potencialidades que se pueden aprovechar y es eso lo que debemos hacer. Al fin y al cabo, es el camino escogido por las faac para llegar a un acuerdo, y esto ya es un dato de la realidad política. Teniendo cuidado, eso sí, de no ocasionar más problemas de los que se pretende resolver.

Alcances y limitaciones de la propuesta

En este orden de ideas, dos son los caminos que se pueden tomar. De un lado una estrategia de multiplicación en todo el territorio de las ZRC, como si fuese una reforma agraria, y de otro, el desarrollo cualitativo de las zonas, en sí mismas, estableciendo apenas el número suficiente en los lugares adecuados.

El primero no parece viable ni aconsejable. Supone, ya sea el abandono de la restricción a zonas de colonización -y ya sabemos que toda reforma agraria implica enfrentar no sólo el latifundio sino también el minifundio- lo cual no parece pertinente en los términos de la negociación, o bien, respetando la restricción, deslizarse por una pendiente sumamente peligrosa. En efecto, respetando la restricción, sólo quedaría avanzar hacia los territorios indígenas o de afrodescendientes, o hacia los bosques y demás áreas de protección. El peligro es inminente; de hecho ya se ha aceptado sustraer porciones de las áreas de reserva forestal y se habla, por otra parte, de zonas "multiétnicas". Fácil es prever las reacciones sociales y políticas que suscitaría y la eventualidad de nuevas confrontaciones violentas. Y no es de extrañar en lo que se refiere a este gobierno habilidoso que, en otras materias como la reforma tributaria o la reforma pensional, ha postulado que la equidad consiste en redistribuir, pero entre los de abajo.

Más posibilidades ofrece el segundo camino aunque es el lugar de la más delicada disputa política dentro de la negociación. Aunque ya no es del todo asi, es posible admitir que las zonas de colonización (a veces ya no tan reciente) coinciden con los escenarios de la guerra. Más exactamente con zonas de tránsito y retaguardia de la insurgencia. Desde luego, sería exagerado postular, como en ocasiones lo hacen las farc, que se trataría del reconocimiento de "zonas liberadas", para utilizar el lenguaje militar hecho popular por la revolución china. Se trata, más bien, de zonas de extrema inestabilidad y profundo desequilibrio, en donde el Estado, en su forma militar o paramilitar, desarrolla dinámicas intermitentes de recuperación. Es tal desequilibrio, precisamente, el que se buscaría resolver. Es por eso que la fórmula adoptada de las ZRC implica necesariamente atributos de autonomía, pero en la forma que nos indican las lecciones de la historia, es decir como garantía de seguridad.

Una pretensión equívoca

El discurso de la autonomía tiene, a su vez, dos interpretaciones o desarrollos. La primera interpretación se da en el marco de las normas de descentralización fiscal, administrativa y política prevista incluso en la Constitución de 1991. Lo ya avanzado en materia de reglamentación de las ZRC -aunque es preciso tener en cuenta su abandono durante los gobiernos de Uribe- permite alcanzar mayores niveles de autonomía. Tiene que ver con la formulación de planes propios de desarrollo, teniendo como base el derecho humano a la tierra, y la promoción de formas avanzadas de democracia participativa tanto en dicha formulación como en su ejecución.* Para esto último, sin embargo, se ha llegado hasta ahora sólo a formas de interlocución, concurrencia y complementación con los niveles territoriales convencionales del Estado, esto es, el municipio, el departamento y la nación. Sin embargo, es posible avanzar aún más. La autonomía, en sentido estricto, tendría que provenir de una disposición análoga a la que rige para los municipios (o resguardos); y no es una solicitud impertinente o anacrónica, la verdad es que todavía está pendiente la ley de ordenamiento territorial que se prometió desde 1991. Se requiere no solamente una reforma constitucional o legislativa sino, principalmente, una real voluntad política.

La segunda interpretación tiene que ver con una noción de autonomía que se apoya en la anterior pero va mucho más allá. La analogía que aquí se busca es con la que se da a los pueblos indígenas. Y es fácil de entender. Los atributos de gobierno propio, normas tradicionales diferentes de las estatales y jurisdicción especial, sobre la base de un territorio entendido más allá de la propiedad de la tierra, no dejan de ser sugestivos a la hora de garantizar presencia política y seguridad. Aunque, desde luego, ni siquiera los pueblos indígenas cuentan con destacamentos policiales –armados– propios. La facilidad –o el facilismo– de la analogía, es, sin embargo, engañosa y no exenta de peligros.

Amplia y profunda es la discusión respecto a la condición y derechos de los pueblos indígenas, como quiera que toca con la naturaleza misma de los Estados. Representa una alteración sustancial del viejo principio de "a cada nación un Estado" que fundamentó la lucha anticolonial del siglo veinte. La OIT por ejemplo suele referirse a "pueblos indígenas o tribales (¿minoritarios?) en Estados independientes" dando a entender que no es necesaria la secesión sino que es posible la coexistencia de varias naciones en un mismo Estado. En todo caso se supone la definición previa de la identidad de tales pueblos, en donde los atributos culturales están estrechamente relacionados, por definición, con un territorio ancestral. Es por eso que se viene avanzando desde el "multiculturalismo" aceptado y promovido por las políticas neoliberales, hacia el establecimiento de verdaderos Estados plurinacionales como en el caso pionero de Bolivia. En consecuencia, a pesar de la innegable realidad del mestizaje empírico y cultural (colonial y colonialista, por lo demás) y de las disquisiciones a propósito de una supuesta "reetnización" es claro que conviene políticamente precisar la diferenciación. No se le hace ningún favor a los derechos de los pueblos indígenas jugar con una suerte de generalización o disolución de las nociones de "culturas propias" y "autonomías". Cuando un atributo se predica de todo, deja de existir en su especificidad.

El verdadero nudo del debate

Pero no es necesario, además. Aún en las discusiones sobre el imperativo de la consulta (o consentimiento) previa, libre e informada que ya algunas comunidades locales reivindican frente a la imposición de megaproyectos, lo que se pone de presente, además de la ausencia de mecanismos interculturales en la definición de políticas públicas, es la inexistencia de una verdadera y efectiva democracia, toda vez que las decisiones acerca de las "locomotoras" carecen de un debate y una aceptación explícita en el conjunto de la ciudadanía.

En realidad, más nos valdría enfrentar el contenido genuino de la disputa que se vislumbra en las actuales negociaciones y que tiene que ver, no solamente con la cuestión del "desarrollo agrario" sino, en simultaneo, con todos los puntos de la agenda propuesta en La Habana. Y, de nuevo, se nos vienen a la mente las lecciones de la historia. Probablemente ya no hablemos de rehabilitación (territorial, económica y personal) ni mucho menos de "reinserción", vocablo que alude de modo perverso a la idea de "antisociales" o "desadaptados" sino de reconstrucción de las relaciones sociales, económicas y políticas, bajo la forma que acertadamente se planteó en La Habana, de un reordenamiento territorial. Reconstrucción que supone una interrelación franca, de buena fe si es posible, con las máximas garantías (militares) para que el reordenamiento alcanzado no encubra, como en el pasado, nuevas tentativas de aniquilamiento aprovechando una posible indefensión de la población campesina.

Como habrá podido descubrirse, estas reflexiones se limitan a los términos planteados por las negociaciones actuales que son negociaciones entre un gobierno –a nombre del Estado– y una organización armada insurgente, y de las cuales sólo puede esperarse un acuerdo entre tales actores. Esto es fundamental, no sólo como primer paso para la paz sino para la realización de algunas reformas, pero no significa una reconstrucción de la sociedad, la economía y el Estado. En cuanto a la reforma agraria integral, indispensable, lo que por ahora puede decirse es que dependerá de la continuación de la lucha por parte de campesinos, indígenas y negros; o mejor, de todas las fuerzas populares, incluidas las urbanas, ya que de ella depende la sobrevivencia del conjunto social.

* Ver el reciente libro publicado por ILSA (Bogotá, 2013): "Plan de Desarrollo sostenible. Zona de Reserva campesina de Cabrera".

En el camino de la paz negociada abierto en el país desde hace varios meses, dos convocatorias de inocultable trascendencia se programaron para este abril: 1. La "Marcha por la paz, la democracia y la defensa de lo público", acaecida el día 9, fecha de triste recordación por haberse consumado un día similar, 65 años atrás, el magnicidio de Jorge Eliécer Gaitán; 2. El Congreso por la paz.

El primer suceso, como lo puede atestiguar cualquier persona con cierto grado de objetividad, concitó una movilización inmensa, una marea humana que cubrió buena parte de Bogotá por espacio de varias horas.

Importante lo acaecido. Pese a ello, varios detalles por resaltar: 1. Aunque la convocatoria fue plural, con participación mayoritaria del activismo movilizado por la Marcha Patriótica, en muchos medios masivos de comunicación –y tal vez por ello en la conciencia de quienes no concurren a este tipo de citaciones, enterándose sobre ellos, y sus particularidades, a través de la voz de otros– le dieron los mayores créditos a la participación del gobierno nacional e incluso del bogotano; 2. Esto permite decir, sin tapujos, que la decisión del gobierno Santos de citar a "defender la paz" en la misma fecha se constituyó en una astuta maniobra por medio de la cual aparece como principal protagonista de este suceso –sin serlo– arrebatándole tales pergaminos a sus efectivos portadores; 3. Pero también hay que destacar que si bien la movilización fue masiva, con ribetes de inmensa, no lo fue hasta el punto de significar una movilización ciudadana, plena, decidida, ansiosa de paz digna. Hasta se puede asegurar que en las principales ciudades del país, con la relevancia de Bogotá, sus habitantes denotan desinterés por la paz negociada, aunque no estamos seguros de que esto sea igual o refleje su interés por el exterminio de la insurgencia o la Pax Romana. Decimos esto porque la magnitud de la movilización en la capital del país no fue el resultado de la movilización de la mayoría de sus habitantes, sino el producto de la concentración de fuerzas de una de las organizaciones convocantes, es decir, aquí se reunió su fuerza básica, sin la concentración de la cual, la convocatoria hubiera sido pobre, como lo fue la movilización en el resto del país.

El resultado de esta jornada es por tanto agridulce, pudiéndose resumir en una frase corta: falta ciudadanía para constituir un movimiento social por la paz digna. Y mientras esto sea así, la posibilidad de quebrar el actual modelo de negociación, –de espalda al país y de persistencia o búsqueda del sometimiento militar– será una quimera.

La segunda de las acciones programadas se llevará a cabo entre los días 19 – 22. Durante estos días se darán cita en Bogotá miles de personas para deliberar sobre diversidad de temas, entre ellos: qué entienden por paz, cuál debería ser la participación del país nacional en esta agenda, cómo lograr la paz justa, en fin, y como resumen de las variadas temáticas que abordarán, para diseñar un programa social y popular de gobierno.

De esta iniciativa hay varios detalles que llaman la atención: 1. Que sea un evento al cual no se haya podido citar en unión con otros procesos sociales, en especial con la Marcha Patriótica, es decir, prevalece en el país la atomización de los movimientos sociales; 2. Pese a que el Congreso de los Pueblos se entiende como un proceso en procura de dualidad de poderes, en los eventos regionales preparatorios del evento que inicia el 19 los participantes del mismo recurren una y otra vez al Estado, a "pedirle", a "exigirle"; 3. Cada uno de los eventos por medio de los cuales ha sido preparado, si bien fue el encuentro de fuerzas sociales importantes en las regiones, no deja de ser por ello el encuentro de 'iniciados' que no logran concitar ni movilizar a sus conciudadanos, sin tampoco lograr el esbozo de una línea de gobierno alterna que ponga en marcha acciones por paz digna, más allá de lo que pretenda, haga o diga el actual Gobierno.

Al así proceder, los participantes en estas convocatorias, más allá de sus buenas intenciones, replican un modelo de reuniones y conclusiones donde prevalece una doble lectura: por un lado las líneas gruesas del país necesario, por el otro las urgencias que tienen como proyectos y organizaciones sociales, doble lectura que genera confusión entre lo que se debe hacer como país nacional y lo que se necesita como organización de base. Pero además, brilla por su ausencia una lectura de doble poder, donde más allá de exigir (al Estado) se diseñen estrategias de difusión y movilización social que, en procura de legitimidad, conciten una y otra vez a la sociedad a construir el país que se requiere.

Esta es una limitante no pequeña para lo que se plantea el Congreso de los Pueblos como proyecto de nueva sociedad, pero no por ello insalvable. Con seguridad en sus varios días de sesión y deliberación tratarán de dibujar la metodología y los contenidos programáticos que les permita encontrarse con el país (y no tanto entre sus integrantes) y, junto a él, alzarse por la paz justa y por una nueva estructura social que la haga de verdad posible, y no como simple propaganda.

Son retos que carga el Congreso de los Pueblos, y que debe suplir, si es cierto que pretende erigirse como alternativa o referente nacional. Alternativa anti institucional que demanda diseñar y recorrer senderos que le muestren a las mayorías nacionales que otra sociedad sí es posible.

Es necesario estructurar y hacer visible un referente de poder. Y para lograr, es urgente asimilar la inexistencia de una estructura organizada de oposición real al estado actual de cosas, faltante que le permite a un gobierno como el de Santos hablar de paz en La Habana mientras reestructura la salud con pérdida de derechos para los usuarios como es el caso del tratamiento de las "enfermedades costosas", o proponer un plan de choque económico como "Pipe" (Plan de Impulso a la Productividad y el Empleo) en el que se da "más de lo mismo": continuación del desmonte de los "parafiscales"; aumento del pie de fuerza (se sumarán 2.500 efectivos a los cuerpos armados con un costo de 187 mil millones); rebaja en las tasas de interés en el que una parte será subsidiada por el Estado, contribuyendo así a las ganancias leoninas del sector financiero y prolongación de la desgravación arancelaria para los bienes de capital, como si las ventajas de la tasa de cambio no hubieran colocado a la economía con una capacidad instalada sobrante.

En fin, la inexistencia de un movimiento social organizado y con capacidad nacional, referente de poder y de gobierno, permite que el sistema se repita, profundizando las medidas ultraliberales, con la consecuencia de agravar cada vez más las duras condiciones de las clases subordinadas, pero sin un aumento de la capacidad de respuesta argumental y política de los movimientos alternativos. El discurso político no parece madurar lo suficiente, y la identificación de la crisis estructural que nos envuelve parece aún muy tenue, impidiendo respuestas ágiles y contundentes a las acciones y argumentos del establecimiento.

Es por esto, que así se silencien los fusiles por efecto de un acuerdo en La Habana, eso no será el principio de una vida mejor para los colombianos, si las grandes metas allí propuestas no se desagregan en metas parciales, y si no se logran identificar los recursos políticos que permitan alcanzarlas. Los movimientos sociales deben beber de los ejemplos del Salvador y Guatemala, donde el silenciamiento de las fusiles no representó siquiera un mejoramiento en los índices de violencia, pues lo que hubo fue un cambio de víctimas de la guerra por víctimas de la delincuencia cotidiana.

Podemos asegurar, por tanto, que sin movimientos sociales fuertes y exigentes no habrá justicia social posible y por tanto paz en el verdadero sentido de la palabra. Y este es un reto inmenso para el Congreso de los Pueblos (ahora centrado en una agenda de paz que parece opacar los otros componentes de su agenda social) y el resto de movimientos sociales, grandes o pequeños con asiento en el país. Es hora de pensar en grande, identificando el contexto y deponiendo las figuraciones y prebendas particulares, que además bien pobres y escasas son.

Como se puede concluir, son retos mayúsculos que se deben refrendar con la línea estratégica, fundamental, de que el país necesario se construye a diario y entre todos/as, sin esperar de quienes controlan Estado y Gobierno mucho más que acciones para conservar el monopolio del poder y el usufructo de las riquezas nacionales. Camino diario que requiere, como soporte sustancial el diseño de una política de soberanía alterna que persista e indique con claridad cómo hacer factible la unidad social y popular.

Nacimos, crecimos y esperamos no morir en un conflicto. ¿No es hora de romper el viciado ciclo del "bien y del mal"? o ¿Estamos destinados a acecharnos unos con otros, hasta el fin de nuestra existencia?

"La paz más desventajosa es mejor que la guerra más justa."

Erasmo de Rotterdam

No hay que excavar mucho para saber que la historia de la humanidad ha estado, ligada a la guerra casi desde sus orígenes, la primera de ellas, según el arqueólogo alemán Clemens Reichel, data de hace 6.000 años, al nordeste de Siria, en la antigua ciudad de Hamukar. En donde, según las excavaciones, las tropas de los primeros estados del sur de Mesopotamia, "tal vez Uruk", invadieron el norte, arrasando las murallas de tres metros de altura y asaltando la ciudad. La civilización mesopotámica, dice Reichel, fue la predecesora del Egipto faraónico, la Antigua Grecia y el Imperio Romano¹.

Por su parte, como es del saber común, de ahí a la fecha no hemos parado de darnos garrote, desde las mitológicas batallas entre aqueos y troyanos, pasando por griegos y persas, cruzados y ayubies, bizantinos y otomanos, saltando hasta las más recientes: burgueses y proletarios, republicanos y franquistas, conservadores y liberales, burgueses contra burgueses, etcétera. Inducidas todas y cada una de estas por diferentes motivos, pero con un fin único: el poder.

Esta es la historia. Y el peso que en ella tiene lo bélico supondría razón justa para definirnos como seres guerreristas. Sin embargo, negándonos a cerrarnos en la idea que somos una especie naciente y primitiva (con respecto a la historia del universo²), y/o que en un futuro próximo no seremos destruidos por un meteorito, y más bien, acariciando el sueño de un humanista³, veamos lo siguiente:

Respecto a la verdad y el poder

El sentido de la palabra verdad "ἀλήθεια" (aletheia) en antiguo griego se refiere a lo que no está oculto; En hebreo "אמת" (emet) a confiabilidad, fidelidad, seguridad, cuya raíz del verbo es "אָמַן" (amán): levantar, mantener, dar, criar como padre o enfermo⁴. Sin embargo, esta en apariencia inofensiva y bondadosa palabra ha pasado a ser a lo largo de la historia la bandera izada por el poder (o los que lo pretenden) sirviendo a unos y otros para adelantar las más crudas guerras, las que según sus portadores están siempre justificada hasta los tuétanos.

Por su parte, como dice Carlos Eduardo Maldonado en artículo reciente⁵ acerca de "verdad": "Con seguridad, si la univocidad de 'verdad' es peligrosa, la multiplicidad vacía y el relativismo son igualmente perjudiciales, pues ambos le hacen el mismo juego a la opacidad, la ausencia de transparencia, la autenticidad. Una cosa y otra se traducen como asimetrías de información, toma de decisiones amañadas, cooptación del sector público por el sector privado en beneficio propio, corrupción, inequidad, violencia sistemática y sistematizada".

Es así como nos encontramos ante una disputa constante con el opuesto⁶, celosos de poseer la verdad y de imponerla, ya sea marginando, desprestigiando, desconociendo e incluso sobrepasando las propias "amistades", y como si fuera poco: extorsionando y asesinando.

La realidad es cruda y sobran los ejemplos que demuestran esto. Lo que valdría la pena preguntar es: ¿se justifica que nos matemos unos a otros? Y, en esta eterna matanza, ¿hemos mejorado como seres humanos?

Las respuestas serán dispares. Pero los hechos indican que nadie está preparado para asumir el poder, pues nos corroe, incluso el llamado poder popular, que por ser popular no quiere decir que no corroa. Pienso que el poder así como el oro deberían quedarse ambos enterrados bien al fondo, desterrados de nuestra memoria, por lo menos hasta que saciemos nuestra perversa ambición y nuestro egoísmo.

Un ejemplo a seguir

Lo que subvaloramos desde el "descubrimiento de América", a tal punto de llegar hasta su casi exterminio, hoy cobra un valor inmenso para nuestras sociedades, y necesita convertirse en referencia a nivel mundial: el buen vivir. Propuesta de modelo social, plurinacional de Bolivia, que representa los pueblos quechua, aymara, kichwa, lafquenche, guambiano, toba, colla, poccra, asháninka y demás pueblos originarios del Abya Yala (América). Y que consiste en situar la vida y la naturaleza como ejes centrales, a diferencia del socialismo, en que el ser humano está por encima de todo, como en el capitalismo lo es la mercancía y el dinero.

Con todas las criticas que tenga este modelo, por lo menos rompe con el suicido planetario de la mercantilización de la vida, abriendo una 'nueva' perspectiva de relación entre el ser humano y la naturaleza, en armonía con la vida. Como dice el Ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, David Choquehuanca: "Lo más importante son los ríos, el aire, las montañas, las estrellas, las hormigas, las mariposas (...). El hombre está en último lugar; para nosotros lo más importante es la vida".

¿Diversidad e igualdad?

Entre tanto, nos encontramos en sociedades multi-diversas, multi-plurales, multi-alternas, al igual que la naturaleza: ricas y complejas en su diversidad.

Por lo tanto, cuando se retoma la palabra igualdad, es evidente en principio su contraste con un sistema totalmente heterogéneo y cambiante.

De aquí la crítica y propuesta que hace el historiador Frances Pierre Rosanvallon: "Si observamos las utopías que se escribieron en los siglos XVIII y XIX, toda la visión de la igualdad está fundada sobre la idea de una homogeneidad, o sea, todo el mundo tiene que parecerse. (...). Fue lo que se llamó en una época una suerte de igualdad de cuartel o la igualdad de la uniformidad (...). Creo que la emancipación humana pasa hoy por la condición de que cada persona sea reconocida por lo que tiene de específico (...), la igualdad debe ser una igualdad de la singularidad.⁷"

Creería que tiene sentido, en aras de construir justicia social y atenuar la violencia, el hecho de nivelar las abismales diferencias e injusticias que vemos cada día en nuestro país, no de un tajonazo sino de manera equivalente a las particularidades que nos caracterizan como sociedad pluricultural y país mega-diverso.

Como analogía simple: un bosque de pino o monocultivo sembrado por el hombre (igualdad de la uniformidad), equivale a erosión y esterilización del suelo, secado de fuentes de agua, desplazamiento de la flora y fauna nativa; genera una renta pero acaba con la vida. Mientras que un bosque natural andino (igualdad de la singularidad) provee y cuida fuentes de agua, protege la fauna y flora, los suelos, y con su intervención respetuosa genera ingresos (no tantos), pero protege lo más importante: la vida.

Sin embargo, lo realmente trascendental de este asunto está en la capacidad de convivir, de tolerarnos unos con otros, pero quizá nuestra debilidad mayor esté en la terrible ambición de poder.

Ya para concluir, a los escépticos, a los que les gusta dar plomo y aquellos que cruzan los dedos para que se aveciné ese meteorito, les recomendaría seguir el consejo del neurocientífico Rodolfo Llinás: "Hay que ser bueno, no porque le van a a pagar a uno, ni porque lo vayan a querer, sino por el placer de ser bueno".

1 Tomado de: http://www.zeit.de/2007/02/A-Staedte

2 Ver serie documental: Cosmos, un viaje personal, Carl Sagan.

3 En su sentido de conciliación y fraternidad humana: Erasmo de Roterdam, Jesús de Nazaret. No como aquellos que se sustentan en el silogismo de que El fin justifica los medios –Maquiavelo–, y que han suscitado guerras de liberación: José Martí.

4 Diccionario: Nueva Concordancia Strong exhaustiva de la Biblia.

5 "Una idea escandalosa y peligrosa", Carlos Eduardo Maldonado, periódico desde abajo Ed. 188. http://www.desdeabajo.info/ediciones/item/21550-una-idea-escandalosa-y-peligrosa.html

6 Según el escritor salvadoreño Horacio Castellanos Moya, hay una "tendencia del ser humano a entender el mundo a partir de opuestos" , y que "la violencia desaparecerá cuando desaparezca el ser humano". Tomado de la revista Arcadia Nº 86.

7 Entrevista hecha por el diario argentino Pagina12 y publicada en periódico desde abajo: http://www.desdeabajo.info/actualidad/internacional/item/21044-%E2%80%9Cla-desigualdad-se-mundializ%C3%B3%E2%80%9D.html. Libro: La sociedad de los iguales (Ediciones Manantial). Profesor Pierre Rosanvallon.

En nuestro país, desde el surgimiento como República en el siglo XIX, vivimos ciclos de guerras, armisticios, acuerdos de paz, constituciones. Se podría decir que el Estado–Nación inconcluso ha estado marcado por la guerra en largos y repetidos períodos y la paz efímera. Como hoy se reconoce de manera amplia, el último ciclo de guerra se abre el 9 de abril de 1948 con el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, magnicidio de la élite para bloquear el proyecto de democratización popular, y para viabilizar el desarrollo capitalista en medio del terrorismo de Estado.

Desde aquel 9 de abril de 1948 la guerra no ha cesado. Los asesinados de manera violenta, bajo la complicidad del Estado que debiera protegerlos y de los gobiernos de turno que tendrían que velar por su bienestar se cuentan por miles de miles, los desplazados y los despojados de sus bienes muebles e inmuebles se cuentan por millones. Amparados en esta violencia con marca oficial, en este largo y penoso proceso se potencian, desarrollan y consolidan las estructuras palpables que dinamizan la dialéctica del conflicto colombiano, a saber:

-El modelo agrario: cada día más excluyente, de acaparamiento creciente de la tierra en pocas manos y despojo violento de las comunidades rurales. La brutalidad del despojo sufrido por los campesinos ha sido tal que el índice Gini alrededor de la tenencia de tierra en 1985 era de 0,35 y en 2011 se trepa a un aberrante 0,85, lo que hace de nuestro país una de las naciones más desiguales del mundo en su estructura agraria.
-El modelo urbano: orientado hacia la especulación urbanística, el uso del vehículo y el comercio de mercancías, donde las familias cuentan cada día con menos espacio para el disfrute del descanso, el derecho a la recreación, y la vida digna.

-El capitalismo neocolonial –al servicio de los poderosos de dentro y fuera del país–, donde la economía se planifica al calor de los 8 Tratados de Libre Comercio ya firmados por las clases dominantes de nuestro país, y la garantía de las exenciones tributarias para las transnacionales, las misma que suman más de 9 billones de pesos, dinero más que suficiente para garantizar la gratuidad de la educación superior o la salud para todos aquellos que habitan en Colombia.

-El régimen político antidemocrático y policivo, que le ha impedido a varias generaciones de colombianos/as conocer la felicidad, la vida en justicia, la participación efectiva y la paz digna, potenciando como correlato la opción del ejercicio de la violencia revolucionaria por parte de miles de connacionales (a través de la lucha armada guerrillera) como única opción que han encontrado para proteger su vida, al tiempo que luchar por el poder político.

Una realidad que oprime y excluye. Como lo han padecido millones de connacionales desde la década de los años 40 del siglo XX, el Estado y los gobiernos de turno han estado al servicio de la guerra contra las mayorías nacionales; sin duda, el país político ha tratado de someter al país social, sin lograrlo a plenitud, y hoy estas mayorías reclaman otro tipo de modelo económico y político, reclaman, sin descanso, paz justa.

En esta pugna entre los pocos contra los muchos, entre los ricos contra los pobres, nuestro país padeció, en especial durante los últimos 30 años, una avanzada militar, política y económica del proyecto que ha regido los destinos del país por siglos, cuyas consecuencias las narran los millones de despojados y desplazados que copan sus principales centros urbanos, en los cuales, al mismo tiempo, la lucha por el territorio se encona con el paso de los días. Otra de sus consecuencias es el debilitamiento de las guerrillas revolucionarias, a pesar de lo cual no han podido ser derrotadas

Es una lucha enconada. Para que llegue a su fin, el Estado y un sector de la insurgencia (las Farc-ep) intentan en La Habana un acuerdo de paz: las élites para dar garantías a la inversión nacional e internacional de capitales; las Farc-ep, para buscar otras maneras de hacer viable su proyecto social y político.

Desde el movimientos social, diversas experiencias organizativas de lo comunitario, nos afincamos en la necesidad que tiene el país de poner en práctica profundas y urgentes transformaciones económicas y políticas que permitan la justicia, la igualdad, la soberanía, al tiempo que consideramos que hoy la PAZ es una necesidad histórica para facilitar estos propósitos, pero también para recomponer las fuerzas populares alternativas y conquistar condiciones para la disputa del poder político.

Por todo esto, proponemos al pueblo colombiano la siguiente agenda de creación de un momento político para reagrupar las mayorías y construir un nuevo proyecto de país, liderado por las fuerzas más dinámicas que lo integran:

Gran dialogo nacional:

La solución política al conflicto social, político, económico y armado no cabe en la estreches del diálogo bilateral de las Farc-ep y el gobierno nacional; es imprescindible un gran diálogo nacional que tenga como resultado la implementación de una Asamblea nacional para la paz donde los pueblos, el resto de la sociedad civil, las insurgencias y el Gobierno nos encontremos cara a cara para discutir el país que necesitamos.

Diálogos regionales, que hablen los territorios y se decida en ellos:

La solución al conflicto social, político, económico y armado –tomando el diálogo como su principal herramienta–, debe estar anclada en los territorios, allí donde se vive lo más cruento de la conflagración armada, al tiempo de lo más ruin de la explotación y despojo que instaura este sistema. De esta manera, es definitivo el diálogo regional por la paz que involucre a los pueblos, gobiernos locales, el movimiento guerrillero y el resto de la sociedad.

Acuerdos humanitarios generales y regionales

Apoyar la realización de acuerdos humanitarios generales y regionales, que rebajen la intensidad del conflicto y sus secuelas que padecen los más pobres entre los pobres, ayuden a crear condiciones para la potenciación de los movimientos sociales y para la reconstrucción de las fuerzas revolucionarias y democráticas.

Combate frontal y desarticulación de los grupos paramilitares:

Con el nuevo título de Bacrim, el Estado y los gobiernos desligan su responsabilidad política de la tercera entrega del paramilitarismo en Colombia. Urabeños y Rastrojos son la readaptación del viejo libreto de la burguesía narcotraficante existente que se alía con poderes locales y fuerzas militares para mantener el rentable negocio del despojo, del monoproducto cocalero, de la destrucción de la economía campesina y la perpetuación de las economías ilegales. A través de ellos el Estado ha copado territorios a la vez que permite la perduración de la base social del guerrerismo que disputa con violencia total todo proyecto de solución política, reivindicaciones sociales y país distinto.

Democratización de nuestra sociedad

Desmonte de los elementos del fascismo que estructuran el poder político de las clases dominantes: las estructuras legales y de legislación fascista, que incluyen la desmilitarización de la Policía, la reforma de los códigos de la convivencia y seguridad ciudadana, el desmonte de cámaras de control y vigilancia por doquier, la desestructuración de las redes de apoyo ciudadano a los aparatos armados del Estado, pero también cesar la aplicación del terror en la vida cotidiana de nuestra sociedad, desmontar los grupos paramilitares y del narcotráfico y sus redes territoriales que están utilizando el microtráfico para el control de los territorios urbanos, la persecución a la opinión disidente.

Construcción de acuerdos humanitarios de carácter regional:

Que las fuerzas mismas de los territorios acuerden salidas transicionales tanto con las insurgencias, los gobiernos y las Fuerzas Militares (desminados humanitarios, desmilitarización de escuelas y cascos urbanos, cese de confrontaciones en zonas de clara ubicación de la sociedad civil, etcétera).

Reconocimiento de los derechos civiles y políticos a presas y presos políticos

Reconocer los derechos civiles y políticos a los detenidos y detenidas políticas en razón del conflicto que padece el país, hombres y mujeres que se encuentran en las cárceles sobrellevando una vida indigna –recogiendo las recomendaciones que la Auditoría Internacional ha hecho al Gobierno– abriendo caminos para el más amplio diálogo con ellos, y claro está, para su libertad.

Con las víctimas por la verdad, justicia y reparación

Defender los derechos de las víctimas en cuanto a verdad,  justicia, reparación y garantías de no repetición del terror padecido.

La lucha por una nueva sociedad pasa por concretar la justicia, la memoria y la participación popular para la paz con vida digna. Esta es nuestra voz, nuestras caminar diario es por su concreción. No permanezca indiferente, venga y caminemos juntos por y para su efectiva realización.

Movimiento por la defensa de los derechos del pueblo –Modep–

Rebeldía Estudiantil Organizada –REO–

Desde Abajo

Comités de estudio y trabajo sindical –©ets–

Dignidad Educativa

Colombia es un país supremamente desigual. Aún el gobierno reconoce que hay 15 millones de pobres y 4 millones de indigentes, cifra que, dada la manipulación oficial, revela que por lo menos una tercera parte de los colombianos viven en esta situación. Según Lars Christian Moller, economista del Banco Mundial, “Colombia es el país más desigual en el grupo de economías emergentes CIVETS [Colombia, Indonesia, Vietnam, Turquía y Sudáfrica], incluso más que Sudáfrica” . Según el Índice de Desarrollo Humano de 2011, entre 129 países Colombia en inequidad solo es superada por Haití y Angola.
 
Esta es una vieja dolencia que se ha agravado en los últimos años y ha sido caldo de cultivo para toda clase de violencias, la delincuencia común, el narcotráfico, el paramilitarismo y la actividad guerrillera. Pero la inequidad y la pobreza no desatan automáticamente movilizaciones sociales y mucho menos determinan que algunos grupos se levanten en armas para superarla.
 
Países que sufren una situación similar no tienen niveles comparables de confrontación armada y no es porque en ellos haya sistemas democráticos funcionales. Angola es calificada por los analistas internacionales como una “democracia deficitaria” y Haití está intervenido por tropas extranjeras después del terremoto y vive una catastrófica situación social e inestabilidad política.
 
La desigualdad social es el signo de nuestros tiempos. La crisis económica la ha acentuado y aún en Estados Unidos, que se ufana de dar lecciones de desarrollo económico, la desigualdad se acentúa, habiéndose convertido en el país del mundo que más pobres tiene (46 millones) inclusive por encima de China el país más populoso del planeta.
 
Cuando se habla de justicia social en Colombia y a nivel mundial, se hace de una manera muy vaga, muy general y se ha convertido en un lugar común que justifica cualquier política. Los neoliberales creen que el crecimiento económico irrigará riqueza a toda la sociedad, vaticinio que no se ha cumplido en ninguna parte. Otros apuestan a cambios en las estructuras económicas, recuperación de la capacidad del Estado de intervenir en la economía, protección al mercado interno y atención preferente a los sectores más pobres. En las negociaciones de Paz en curso se habla con frecuencia de “paz con justicia social”, creando la apariencia de que sin ella no habrá paz.
 
El caso de América Latina puede ser ilustrativo: en Bolivia, por ejemplo, entre 2006 y 2011 la pobreza extrema se redujo en 14%; en Brasil en los últimos dos años 22 millones de personas salieron de esa situación y en Venezuela en los últimos diez años se redujo en un 50% la pobreza extrema. Pero en todos estos países la desigualdad se mantiene y podríamos afirmar que también innumerables situaciones de injusticia social. Por eso el objetivo de alcanzar la justicia social se ha convertido en una especie de ideal de aquellos que consideramos que el capitalismo, especialmente en su fase neoliberal, es sinónimo de desigualdad e injusticia y planteamos un cambio en las estructuras económicas. Al parecer en las negociaciones de paz quienes reivindican la justicia social como condición para la paz entienden por ella cambios estructurales en el sistema político y económico.
 
Uno de los principales problemas en esta permanente, mundial e indefinida búsqueda de la justicia social, es que ésta solo comienza a concretarse cuando la población que es víctima de la injusticia asume un papel activo y protagónico, buscando soluciones y no simplemente esperando que el enriquecimiento de unos cuantos derive en un posterior derrame de la riqueza hacia la mayoría de la sociedad.
 
En esta lucha es indispensable la acción popular, nadie puede reemplazarla y la experiencia de los países que han ensayado caminos diferentes al neoliberalismo lo demuestra: las movilizaciones sociales, la lucha política electoral y las luchas reivindicativas han logrado importantes avances en América Latina.
 
La injusticia social no genera automáticamente los levantamientos armados y no se puede condicionar la terminación del conflicto armado en Colombia a la existencia de una justicia social. Esto entraña un grave peligro: de un lado justificar la continuación de las acciones armadas o confiar excesivamente en la voluntad reformista de un gobierno que ha dado muestras exhaustivas de profundizar la pobreza y la inequidad.
 
La lucha armada de las guerrillas ha caído en graves degradaciones y ha dado pretexto para la realización de toda clase de excesos de las Fuerzas Armadas, los paramilitares y ha facilitado la injerencia militar norteamericana. Por otra parte, es un factor que debilita la capacidad de la población de involucrarse precisamente en la lucha por la justicia social. En este sentido el cese del conflicto armado es una condición indispensable para facilitar y multiplicar la lucha por la eliminación de la desigualdad social y los cambios estructurales que demanda la nación colombiana.
 
Este es un viejo debate en Colombia y aún personajes internacionales que justamente se han caracterizado por haber logrado en sus países inmensos avances en este sentido, se han dado cuenta de ello desde hace años. En 2008 Hugo Chávez afirmó, refiriéndose a Colombia: “No estoy de acuerdo con el secuestro y no estoy de acuerdo con la lucha armada”. En otro momento señaló “La guerra de guerrillas es historia, en este momento en América Latina un movimiento guerrillero armado está fuera de lugar”. En el mismo sentido se pronunció Fidel Castro quien había llamado a actuar, “utilizando nuevas vías en las complejas y especiales circunstancias actuales después del hundimiento de la Unión Soviética, en 1991”. Evo Morales manifestó: “En Bolivia hemos aprendido que las revoluciones se hacen con la conciencia del pueblo” y añadió “la revolución se hace con el voto y no con la bala”.
 
Las vicisitudes del proceso de paz, que ojalá llegue a un rápido y buen término, no deben ocultar la naturaleza del gobierno de Juan Manuel Santos, tal vez, el peor de las últimas décadas con su combinación de engaño y acentuación del neoliberalismo. La intensificación de tratados de libre comercio, el énfasis en la gran minería y la destrucción de la industria y el agro, la reforma tributaria regresiva, el desmonte de los parafiscales, el intento de privatizar aún más la educación, el raponazo anunciado a las pensiones y las falsas soluciones anunciadas a la crisis de la salud son apenas un ejemplo.
 
Habrá que verlo también marchando de brazo con Gustavo Petro y Piedad Córdoba el 9 de abril en la marcha por la paz, haciendo utilización electoral de los diálogos de La Habana para favorecer su reelección.

Por Enrique Daza G., editorial Deslinde Nº 52, abril de 2013

El llamamiento a la paz con Turquía formulado el jueves por Abdullah Ocalan, el encarcelado fundador de la guerrilla kurda del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), recibió ayer el respaldo de sus milicianos con un anuncio oficial de alto el fuego. “Declaramos el alto el fuego oficial y claramente a partir del día 23 de marzo”, indica en un video colgado en la página web de la agencia de noticias pro kurda Firat el actual comandante de los guerrilleros, Murat Karayilan.

El jefe guerrillero, que ya el jueves y el viernes pasados había pedido a sus hombres que cesaran los ataques, confirma así el respaldo de la actual cúpula del PKK a la apuesta por la paz y la negociación de Ocalan, que desde 1999 cumple cadena perpetua en una isla-prisión. En su mensaje de ayer, Karayilan incluso señala que sus hombres podrían retirarse de suelo turco si las autoridades de Ankara crean las condiciones favorables para ello. Además, afirma que el PKK no realizará ningún ataque, a menos que sea agredido por las fuerzas turcas.

Se estima que el PKK dispone actualmente de unos 5000 militantes, más de la mitad de ellos atrincherados en los refugios que la guerrilla posee en los montes Kandil, en el nordeste de Irak, donde suele estar Karayilan.

Karayilan es desde hace dos décadas el comandante militar más importante del PKK, aunque nunca ha puesto en duda que Ocalan sigue siendo el líder supremo.

Mediante una carta leída ante cientos de miles de kurdos que celebraban el Newroz (fiesta del año nuevo), Ocalan hizo el jueves un decidido llamamiento a la paz, a abandonar las armas y a buscar una solución democrática y negociada al conflicto entre el PKK y el Estado turco, que ha causado 45 mil muertes en los últimos 29 años. “Dejen las armas y salgan fuera de Turquía”, pidió el fundador del PKK, que en 1984 inició su lucha para lograr la autonomía de los 12 millones de kurdos que viven en Turquía. “Hoy es el inicio de un nuevo tiempo. Un tiempo en el que comienzan los derechos democráticos, la libertad y la igualdad. Las armas deben callar”, subrayó Ocalan.

Tras ese anuncio, el primer ministro turco, Recep Tayyip Erdogan, aseguró que los rebeldes del PKK, un grupo considerado terrorista por la UE, Estados Unidos y Turquía, no serán atacados durante su retirada de Turquía. “No seremos quienes desencadenen estos asesinatos. No lo permitiremos. Queremos que todo se resuelva de manera que sirva a la paz del país”, señaló el viernes el dirigente turco.

El anuncio de Ocalan se produjo tras los contactos con los servicios secretos turcos iniciados en diciembre pasado sobre un posible desarme de la guerrilla. El proceso cobró fuerza en enero y febrero, cuando diputados del Partido Paz y Democracia (BDP), representante político de la población kurda, recibieron permiso para visitar a Ocalan en su celda y llevar un mensaje suyo a la cúpula del PKK, guarecida en las montañas del norte de Irak y que Ankara ataca periódicamente, sin haber logrado parar las infiltraciones guerrilleras en suelo turco.

El líder histórico del PKK ya no lucha por un Estado kurdo independiente, sino que pide una “Turquía democrática” en la que ambos pueblos –el turco y el kurdo– convivan, pero en la que los kurdos cuenten con un estatus especial. En la última década, la actividad del PKK se ha limitado a ataques contra militares y policías. En 2011, la guerrilla retomó los secuestros de civiles, sobre todo maestros de colegio, pero la gran mayoría recuperó la libertad al cabo de días o semanas.

Los kurdos son la minoría étnica más numerosa sin Estado propio. Descendientes de los medos se asientan desde hace más de treinta siglos en los 500 mil kilómetros cuadrados que forman el Kurdistán, desde los montes Taurus de la Anatolia oriental, en Turquía, a los montes Zagros del oeste iraní y el norte de Irak.

Su población está repartida entre Turquía (15 millones), Irán (10 millones), Irak (6,5 millones), Siria (dos millones) y Armenia (un millón).

Las negociaciones de paz que se llevan a cabo en La Habana entre el gobierno Santos y las farc, y muy posiblemente el eln, apuntan, según diversos fuentes, a finalizar por el bien de Colombia con excelentes resultados, es decir, en la paz que tanto anhelamos. Pero dicha paz no puede ser lograda a cualquier precio, en especial en lo referente a la participación política de los alzados en armas en futuras contiendas electorales. De ahí que sea indispensable realizar una reforma política y electoral a fondo.

La peor apuesta que puede hacer el "sistema", es entregarle unas cuantas curules a los hoy alzados en armas, o disponerles un sistema transitorio de favorabilidad con tal que elijan unos cuantos parlamentarios en las elecciones de marzo de 2014. Nuestro "sistema" es dado a los tiempos rápidos, mientras la guerrilla se caracteriza por lo tiempos pensados. Ni el uno ni lo otro, pero las reformas citadas sí son necesarias.ç

Pensar y calcular, como lo hacen muchos parlamentarios liberales y conservadores, que la guerrilla entre al Congreso "y que después la molemos", es lo peor que nos podría suceder como país. A Colombia le hace falta una oposición orgánica, seria y consecuente, pero sobre todo que pueda existir y desempeñarse con garantías.

En Colombia, el clientelismo y la corrupción son las características esenciales, tanto del sistema político como del electoral. La compra y venta de votos, la comercialización de líderes –entre estos concejales y diputados–, el control y monopolización de entidades públicas por parte de los partidos (hoy la Unidad Nacional, ayer el uribismo, antes liberales y conservadores), los contratos a dedo, la financiación de los partidos por debajo de la mesa, el apoyo de los cacaos a los partidos liberal y conservador, el aparato estatal y con ellos sus funcionarios base del "sistema" a disposición de gamonales y caciques electorales, la financiación de las maquinarias políticas tradicionales por parte del paramilitarismo y del narcotráfico, etcétera, todo esto hace casi que imposible, a cualquier partido político de sesgo opositor, disputar de tú a tú curules para el Congreso. No más imaginar que la elección de un senador de la República, a precios de 2014, puede costar cerca de 5.000 millones de pesos, en especial en la costa Atlántica, ya da una imagen del tipo de régimen político que tenemos y la dificultad para, siquiera, oxigenarlo.

Estas son algunas imágenes de la corrupta cotidianidad que apabulla al régimen político colombiano y a su sistema electoral, pero se pueden citar miles de sus perversos ejemplos: congresistas que se apropian de entidades públicas –como base de su entendimiento con el Gobierno–, como sucedió con los conservadores en el entonces Seguro Social, con Efraín Cepeda a la cabeza, lo cual le permitió pasar en pocos años de ser un inédito congresista en Bogotá a obtener 7.000 votos en el 2010 en la capital de la República, colocando además a su exdirector como concejal capitalino, el flamante Roger Carrillo, investigado por desfalco. Un simple ejemplo de cómo opera, de manera mancomunada, nuestro sistema político y electoral (Ver: Penumbras y demonios en la política colombiana, ediciones Desde Abajo, 2011).

Por ello, más que espacios políticos transitorios lo que debe garantizarse, como parte de la negociación en curso, es una reforma política y electoral a fondo, tendiente a cambiar el sistema de repartición de curules, darle oportunidades a la guerrilla en sus tradicionales zonas de influencia, permitiéndoles ser actores protagónicos del sistema político, de manera que se sientan parte de nuestra democracia, más no excluidos, como actualmente sucede. La participación política no debe estar al servicio de los delfines y familiares de altas "cumbres" sociales, sino que debe ser el escenario de la confrontación de ideas y proyectos de sociedad y gobierno.

En este sentido, la oposición, como explica Giovanni Sartori, deberá contar con un estatuto serio a su favor, ya que "Cuando no se limita el ejercicio del principio mayoritario, surge la tiranía de la mayoría. En sustancia, aquí el problema es o son los derechos de la minoría".

Por esto, entre los puntos de acuerdo por establecer en La Habana deberá estar el derecho de acceso a la información del Estado, clasificada o no; la presencia de la oposición, por derecho, en el Consejo Nacional Electoral; acceso al registro electoral del país y de colombianos en el exterior; implantación del voto electrónico en todo el territorio nacional; representación en las registradurías departamentales y municipales; financiación plena de las campañas electorales; representación amplia en las Mesas Directivas de Senado y Cámara, así como sus Comisiones, incluyendo sus secretarías por derecho propio; posibilidad de réplica en todos los medios de comunicación; participación en las Comisiones Accidentales, incluyendo la de Relaciones Exteriores, Endeudamiento Externo y Militar; participación en las directivas de Ecopetrol, Banco de la República y servicio civil, entre otras; participación en los órganos de control, y derecho propio en la Procuraduría, Defensoría del Pueblo y Contraloría. Pero también se les debe abrir canales para participar en la selección de los magistrados de las altas Cortes, e incidir en el sistema judicial, etcétera. Son todos estos aspectos a tener presente en las negociaciones de La Habana si de verdad no queremos repetir la historia de tragedia y muerte de los últimos 60 años.

Pero si el "sistema" aporta a la democracia, tanto la guerrilla como la izquierda también deberán aportar a la democracia y a la sociedad, empezando por vencer sus egos, "ismos" y divisiones que le han caracterizado a través de su historia, entendiendo por esto –por las razones expuestas– que la unidad en sí misma es la razón de su supervivencia en un sistema político y electoral altamente competitivo.

Por ALFREDO DE LÉON MONSALVO, magister en ciencia política, Universidad de los Andes.

Lleva 24 años de clandestinidad, pero ahora está en La Habana como miembro del Estado Mayor de la guerrilla colombiana participando en las negociaciones con el gobierno de Santos. En esta entrevista repasa la situación de las FARC, el actual proceso de diálogo y reivindica el papel de Venezuela y Cuba en las gestiones de paz.

–¿Cómo se gestaron las negociaciones de paz con el gobierno colombiano de Juan Manuel Santos, que no son las primeras pero se pretende que sí sean las últimas, para cerrar más de cincuenta años de conflicto armado en su país?

–A mediados de octubre de 2012 se anunciaron en Oslo, pero previamente hubo conversaciones exploratorias en la mesa de La Habana, de manera discreta y durante seis meses. Al anuncio formal le siguió el receso de un mes para comenzar aquí, en Cuba, un diálogo que aguardaba por una agenda. Eso se hizo finalmente en noviembre. Trabajamos hasta el 21 de diciembre, fundamentalmente aspectos de orden metodológico y técnico, para luego pasar a abordar el primer punto de la agenda final. En diciembre empezamos a tocar el punto de política de desarrollo rural integral y territorial. Hubo un descanso para el gobierno por las Navidades y se volvió en el mes de enero, a mediados de enero. Estamos más en firme abordando el problema agrario en Colombia, el problema de la tierra.

–¿Con qué propuesta llegaron las FARC a estos encuentros en Cuba?

–Nosotros hemos colocado el diálogo como un solo bloque de conversaciones. El gobierno se ha inventado que son tres etapas. Una que fue la exploratoria que terminó en Oslo, la otra que, según ellos dicen, es la de discusiones y debates que se está desarrollando aquí, y una tercera que supuestamente es la de implementación y que comenzaría con nuestro desarme. Pero ésa es una interpretación que el gobierno hace. Nosotros hemos dicho que queremos llegar a un acuerdo triangular sobre los problemas políticos, económicos y sociales que tiene el país y dentro de ese acuerdo general hay seis puntos de una agenda para tratar integralmente. Ahora, por metodología, abordamos el primer punto, que es el de las políticas de desarrollo agrario. Era uno de los que generan mayor controversia, porque en el centro de la confrontación en Colombia está el problema del uso y tenencia de la tierra. Nosotros creemos que, si eso no se supera, si no hay una democratización de la adjudicación de la tierra y de las definiciones de uso, difícilmente se va a lograr la paz en Colombia, casi que es imposible.

–¿Parece desalentador como pronóstico?

–Es que ya la confrontación lleva más de medio siglo y en la raíz está ese problema de la tierra. Hemos participado en diversos intentos de diálogo porque a la vez es uno de nuestros principios tratar de encontrar salidas que no sean por la vía cruenta. Siempre está abierta de parte de nosotros la posibilidad del diálogo. Con Uribe fue imposible porque su gobierno era extremadamente fascista y no podía abrírsele esa posibilidad. Juan Manuel Santos desde que comenzó su gobierno nos mandó mensajes para ver si se daba un acercamiento y nosotros estuvimos analizando la conveniencia o no –creíamos que era necesario ver, intentar, explorar, aun sabiendo que se trata de un gobierno continuista cuya esencia es la aplicación de las medidas neoliberales y el avance de los proyectos extractivos en Colombia–. Nuestro país es una punta de lanza para todo ese proceso de neocolonización que se está trazando desde la Casa Blanca.

–¿Pero mientras mandaba esas señales de diálogo que usted menciona, su acción militar continuaba dañando blancos de las FARC, con pérdidas bastante severas para la guerrilla?

–La militarización en el país va en crecimiento, nunca ha disminuido. En menos de dos décadas lo que se destina a la guerra se duplicó. Del Producto Bruto Interno, es más o menos el 6,2 o 6,3 por ciento lo que se destina a la inversión militar. Esa es la situación a la cual nos estamos enfrentando. Y en esa confrontación siempre ha habido muertos, prisioneros, de lado y lado. Nosotros hemos dicho que hay necesidad de establecer un cese bilateral del fuego para generar una ambientación más positiva. Sobre todo para que se genere una situación que amaine los dolores de la guerra a la población. El gobierno no ha querido. Nosotros hemos demostrado nuestra contribución a la paz cuando hicimos un cese unilateral del fuego que se prolongó durante dos meses. Hasta el 20 de enero estuvimos en un cese unilateral. Pero el gobierno persiste en su posición, creyendo que intensificando la confrontación va a tener un factor de presión. Seguramente para que cedamos en la reivindicación de los más desposeídos. Pero hemos dicho que ésa es una equivocación y hemos insistido en que si el gobierno no acepta el cese bilateral del fuego, por los menos debería pactar algunas cláusulas para regularizar las consecuencias de esa confrontación, para suavizarla.

–En el plano militar, el gobierno de Santos ha publicitado sus acciones contra las FARC como éxitos contundentes. ¿Las muertes de dos altos jefes como Alfonso Cano en 2011 y Jorge Briceño en 2010 lo demuestran, o ustedes han absorbido esos impactos reorganizando su conducción sin que se noten tanto?

–Nosotros, es cierto, hemos recibido golpes severos, pero hemos dado también, siempre estamos tratando de contrarrestar todo el avance tecnológico, de punta, que tiene Colombia con el apoyo de Estados Unidos, Israel, Inglaterra. Es decir, no nos estamos enfrentando solamente al ejército de Colombia, que tiene medio millón de efectivos con una tecnología muy de avanzada. Ese es el enemigo que tenemos y estamos listos y en posición, sea para que se genere un cese bilateral del fuego o para tratar de seguir abriendo espacios de paz en medio de la confrontación. Es una determinación tomada.

–¿O sea que están dispuestos a continuar con la lucha armada si no se dan las condiciones que plantean, como un reparto más igualitario de la tierra?

–Miramos las cosas con mucha confianza en nuestra fuerza, y ahora tratando de que la salida sea pacífica. Pero si el gobierno definitivamente cierra las puertas, nosotros estamos internamente fortalecidos, en moral, en convicciones y en planes para seguir adelante la lucha de resistencia. En Colombia hay ocho o nueve bases militares gringas que interfieren directamente en las instalaciones militares. El gobierno ha hecho mucha propaganda sobre los últimos golpes porque se habían trazado los cuatro primeros años de gobierno de Uribe como aquellos en los que se aniquilaría la fuerza insurgente. No sólo lo proyectaron a cuatro años más y del siguiente gobierno. Luego, como el conflicto se alargó, se comenzó a hablar del fin del fin. Y después se habló del posconflicto, pero el problema sigue ahí porque no se puede mirar solamente en términos militares, sino en una profunda confrontación de tipo social que cada vez es más grande. El Estado no ha podido derrotar ni ese inconformismo ni su expresión armada, que está en la insurgencia.

–Las FARC tienen enfrente un ejército de 500 mil hombres más el dinero y la logística que suministra Estados Unidos. ¿Cuáles son sus apoyos para pelear contra una fuerza de semejante envergadura?

–En Colombia hay alrededor de 30 millones de pobres, sobre 45 millones y pico que es el total de su población. Y de esos 30 millones hay alrededor de 12 millones en situación de indigencia. Ahí hay un caldo de cultivo tremendo, que siempre es una situación tensa, a punto de estallar en cualquier momento. Muy a pesar de la ofensiva contra el movimiento popular, de las medidas de represión, la guerra sucia que se traduce en millares y millares de muertos, en centenares y centenares de fosas comunes a lo largo y ancho del país... hay organización clandestina, hay organización del movimiento popular que tiene su propia dinámica, y dentro de ese espectro de organizaciones populares, amplios sectores nos apoyan. En las zonas rurales, fundamentalmente donde está la población más segregada, más oprimida, hay un amplio apoyo. Debo decir que el trabajo político de las FARC durante medio siglo ha crecido mucho. Nosotros tenemos incidencia en las barriadas, en las fábricas, en las universidades, en las ciudades en general. Hoy, en cualquier expresión del movimiento popular y social está la presencia de las FARC.

–Según usted, ¿éste sería el principal motivo por el cual el ejército colombiano, con el apoyo del gobierno de Estados Unidos, no pudo hasta ahora derrotarlos en casi 50 años de lucha, ya que las FARC se crearon en 1964?

–Lo social y político es fundamental. La gente sostiene un movimiento insurgente como el nuestro cuando hay razones para ello. Es decir, nadie se arriesga a una guerra y a exponer su vida por un capricho. Es una cuestión de necesidad. Si nosotros miramos que los Estados Unidos pueden hacer lo que quieren donde les parezca, estaríamos condenados a la resignación como una enfermedad del alma y de la moral de los pobres. Observamos lo que ocurre en el mundo y creemos que la crisis del capitalismo es irreversible. Ahora más que nunca la resistencia debe profundizarse en sus diversas maneras de expresión. Creemos que se está dando el crecimiento de una insurgencia global no específicamente armada y, en definitiva, esa crisis multiforme del capitalismo va a llevar al imperio a su debacle. No debemos esperar que ocurra por su propio peso. Esto hay que empujarlo y creemos que el ejemplo de la resistencia en Colombia es importante, como lo es también el ejemplo en otros países con expresiones de lucha diferentes de la armada. La lucha armada es una legítima opción, uno de los derechos de los pueblos que se ha practicado históricamente y que ahora sigue teniendo vigencia.

–¿Cómo se da ese tipo de resistencia en el ámbito social, gremial o estudiantil?

–Toda la militancia es clandestina. Porque el régimen tiene una política terrorista. Si uno nombra nuestras ideas, las de las FARC, es natural que se actúe con acciones de terror. En Colombia todos los días hay asesinatos políticos. Se dirigen desde el Estado. Recientemente, el mundo conoció aquel asunto de los falsos positivos, que son más de cuatro mil casos ya denunciados, muchos de ellos documentados en la Fiscalía General de la Nación. Se trata de casos de gente común, sencilla, que era asesinada para presentarla como guerrillera y muerta en combate. Es un crimen del Estado de lesa humanidad. Las desapariciones también son a granel.

–¿Se puede saber cuántas de-sapariciones hubo a lo largo del conflicto o en una etapa determinada, por ejemplo, si las tomamos desde la presidencia de Alvaro Uribe hasta hoy?

–Se está hablando de más de 250.000 desapariciones, pero específicamente, durante el gobierno de Uribe, son entre 18 mil y 19 mil las desapariciones.

–¿Por qué la prensa internacional no refleja estas cifras con la dimensión trágica, de genocidio, que ustedes difunden?

–Hemos hecho denuncias por diversas vías a pesar de que hay un cerco mediático que no es solamente colombiano, sino que es de las trasnacionales de la información. En el lanzamiento de los diálogos en Oslo, nuestro documento denuncia la situación que hay en Colombia de crisis humanitaria, de violación sistemática e histórica por parte del Estado de los derechos fundamentales de la población. Pero mi país ha sido desafortunado en cuanto al interés real demostrado en su problemática. Los casos de Argentina y de Chile en la época de las dictaduras, terribles casos que nosotros deploramos, son pequeños frente al tema de la violación de los derechos humanos en Colombia. Hay un solo dato que le puede indicar lo que digo y es el exterminio de la Unión Patriótica, que cobró la vida de más de cinco mil militantes de ese proyecto, de ese frente político que fue lanzado desde las plataformas de las FARC para iniciar un proceso de pacificación en Colombia. Y eso no se sabe. Es decir, las masacres, las desapariciones como prácticas del terrorismo de Estado son una constante.

–Más allá de lo que usted define como el papel de las trasnacionales de la desinformación, ¿qué análisis hace de la situación política actual en Colombia?

–Más que la dimensión numérica o la dimensión política de las FARC, que la consideramos amplia, creemos que lo más importante es el despertar que está teniendo el movimiento popular. Sentimos que hay una reactivación muy grande, un realineamiento de fuerzas, sectores sociales, gremiales, que se están cohesionando y están haciendo importantes experiencias que hay que tomarlas en cuenta, motivarlas y abrirles espacio con el ejercicio de la política. Por eso, nosotros siempre que hablamos de abrir más espacios de democracia verdadera en Colombia concitamos la solidaridad internacional que surge de los movimientos políticos y organizaciones de los derechos humanos...

–¿En qué se refleja esa solidaridad?

–Hay mucha solidaridad. Creo que es la esencia de los pueblos, y tiene sus formas de lucha o se da en la clandestinidad, porque hay mucha persecución con la globalización de los mecanismos del imperio para reprimir. Los países con gobiernos democráticos que de una u otra forma ayudan a los pueblos en lucha son estigmatizados y de alguna forma aplastados. Entonces, todo lo que se haga para fortalecer el movimiento de resistencia popular tiene que darse en varios niveles. Uno de esos niveles es el clandestino. Hay otros niveles abiertos que tienen sus procedimientos.

–¿Cómo analiza el proceso de integración que se ha dado en América latina durante más de una década y que avanzó contra la voluntad de Estados Unidos de imponer sus políticas para la región, como en el caso del ALCA?

–Pienso que en América latina el movimiento popular ha parido unas nuevas expresiones de gobierno a lo largo y ancho de nuestro continente, y se han dado cambios fundamentales. No hay una hegemonía total del Norte. Pensamos que existen experiencias muy positivas que han sido paridas por la movilización popular, como las que ocurren en Ecuador, en Bolivia, en Uruguay, en Venezuela. No son desdeñables para nosotros. Son muy importantes y creemos que estas expresiones han ayudado a que los sectores más desfavorecidos hoy puedan tener mayor incidencia en el ejercicio de la política internacional, en el de la política interna de cada uno de esos países, incluso los que son derecha y se ven obligados a atender a sus pueblos porque saben que puede haber una reversión de su hegemonía. Hay muchas posibilidades en América latina. El papel de Venezuela aquí ha sido fundamental. Si no fuera por el comandante Chávez, las FARC no hubieran tenido la confianza de acudir a un escenario de diálogo con un gobierno de extrema derecha como el gobierno de Juan Manuel Santos. De igual manera, la participación de Cuba a nosotros nos da confianza, y mucha más confianza, que muchos gobiernos del continente hayan respaldado el proceso que se está dando.

–¿Qué desempeño ha cumplido Noruega como país, que también es garante de estas conversaciones de paz?

–Noruega tiene una tradición en eso, en mediar en diversos conflictos a nivel mundial, que incluso no sólo está mediando, está jugando un papel de garante en el conflicto político social que hay en Colombia, y creo que hace unos años medió en un conflicto filipino y en muchos otros a nivel mundial. El gobierno de Juan Manuel Santos propuso que fuera uno de los garantes y lo consideramos viable. Nosotros creemos que toda Europa debería estar involucrada y no estar haciendo listas de organizaciones terroristas obedeciendo a los intereses yanquis. Que asuman un papel mediador nos parece importante, un gran aporte a generar la paz en el continente latinoamericano, como está haciendo Noruega.

–Tres temas finales y más personales. ¿Su problema de visión tiene relación con heridas que recibió en combate o se debe a una enfermedad?

–Es por un problema neurológico, progresivo, que se agravó hasta que perdí la vista. Yo creo que hace unos cuatro años. Es un problema genético, concretamente se llama síndrome de Leber. Y por eso llevo las gafas oscuras, no es por un problema de combate ni nada.

–¿En qué circunstancias alguien como usted, que vive en la clandestinidad, en la selva, pudo tratarse de una enfermedad progresiva como ésa?

–Tenemos nuestra manera en la clandestinidad de atender estos asuntos. Las heridas de guerra son lo más urgente. Y problemas específicos. Tenemos también la solidaridad de mucha gente en Colombia que nos brinda sus servicios profesionales, sus clínicas. Los corredores de la clandestinidad en nuestro país son más de lo que parecen y más de lo que cuenta la inteligencia militar. Y hay que tratar de preservarlos y mantenerlos porque son un pilar de la resistencia popular. En el caso particular de lo que me pasa, son problemas con los que hay que aprender a convivir. Afortunadamente, la naturaleza nos ha dado otros sentidos y hay que desarrollarlos, hay que ponerlos en funcionamiento y, ante todo, hay que fomentar mucho la sensibilidad social, que es la que nos da el ánimo para seguir adelante.

–El pase a la clandestinidad significa renunciar a una vida de superficie, perder contacto con la familia quizá para siempre, ¿cómo es para usted, un comandante de las FARC, vivir en esas condiciones en la Colombia actual?

–La mayoría de los combatientes lleva a la familia en sus corazones. Muy esporádicamente se puede hacer contacto, porque eso sería colocar en riesgo a las personas que son de nuestros sentimientos más íntimos. Pero hay otra familia que está en contacto cotidiano y son los combatientes que están con nosotros. Las FARC, además de ser una organización político-militar, somos una familia, nos queremos como hermanos, entre nosotros impera la fraternidad, la camaradería, la solidaridad y yo creo que eso llena en mucho el gran vacío que nos genera tener a nuestros seres queridos lejos. Quisiera despedirme con un saludo afectuoso al pueblo argentino, para ese pueblo que parió a hombres tan grandes como el Che, nuestro Ernesto de La Higuera.

El pasado septiembre, el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, hacía pública la noticia de que su Gobierno iniciaba conversaciones de paz con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Desde noviembre una delegación del grupo insurgenete permanece en La Habana donde se mantienen estos diálogos. El proceso tiene a Cuba y Noruega como países garantes y a Venezuela y Chile como acompañantes.

Entre los representantes de las FARC designados para estas negociaciones se encuentran Andrés París y Rubén Zamora. Aunque ambos son comandantes del grupo armado, prefieren que se les llame miembros de la Delegación de Paz. Con ellos analizamos en La Habana esta oportunidad de poner fin a un conflicto que dura más de cincuenta años protagonizado por la guerrilla más antigua de América Latina. Las respuestas han sido consensuadas por ambos portavoces.

¿Por qué se inician los diálogos y por qué en Cuba? Se dice que ustedes aceptan estas conversaciones porque se encuentran en un momento de debilidad

Las FARC toman la decisión de dialogar en La Habana como consecuencia de un intercambio que se desarrolló de forma secreta en Caracas. En nuestra concepción de las FARC se encuentra el hecho de que somos un ejército de guerrillas pero nuestra bandera es la búsqueda de la forma política no armada. Cualquier otra interpretación de que llegamos en un momento de debilidad político-militar no es cierta. La supremacía militar es evidente, pero estamos perfectamente adaptados a la guerra de guerrillas. El poder demoledor del capitalismo es tremendo ya que gana las guerras desde el aire. Por otra parte, los análisis del avance tecnológico y las asimetrías sirven de razonamiento para concluir que nos encontramos al borde de la derrota. Es indiscutible que nos han dado golpes grandes, debido fundamentalmente a las tecnologías de localización, pero igualmente nos hemos adecuado por nuestra gran movilidad y desplazamiento, y por el trabajo político. No hay comparación entre la inversión millonaria del Estado colombiano y el daño provocado. Nuestros comandantes muertos han sido reemplazados por comandantes jóvenes pero expertos. Mientras tanto, el ejército colombiano ha tenido entre 2.500 y 3.000 bajas por año, entre muertos y heridos. Lo que hace un total de 30.000 bajas a lo largo del conflicto.

El momento más débil fue cuando nacimos, hoy somos un sólido ejército que se mantiene en pie de lucha a pesar del duro ataque al que está sometido. Puede ser que se nos aleje la posibilidad del triunfo, pero eso no quiere decir que vayamos a renunciar a la lucha. Pero insistimos en que ahora buscamos una oportunidad a la paz.

En cuanto a la ubicación de estos diálogos, hubo una etapa anterior secreta en Venezuela. El Gobierno no quiso que estas conversaciones fueran en Colombia, por eso son en La Habana. Aceptaron Cuba para aislarlo de la sociedad, en Colombia hubiéramos llevando un millón de colombianos al lugar de diálogo.

Hasta el propio Fidel Castro les planteó el fin de la vía militar

Estamos de acuerdo en que la lucha armada no tiene vigencia, pero en Colombia se mantiene una estructura de violencia estatal que impide la participación de otras fuerzas y eso solo se puede enfrentar con las armas.

¿Qué están dispuestas a ceder las FARC?

No estamos en una mesa de negociación, sino de conversación, en eso hemos coincidido las dos partes. Es evidente que un acuerdo para la paz requiere unos mínimos de ambas partes, la máxima para nosotros es la revolución, para ellos mantener su sistema capitalista. Hemos de intentar encontrar un punto intermedio. Tenemos plena disposición para hablar de todos los temas, además de los incluidos en la agenda pactada. Se trata de solucionar el conflicto.

Santos les golpeó cuando era ministro de Defensa con Álvaro Uribe, ¿por qué con él sí hay diálogo y con Uribe no?

Uribe está comprometido con la guerra y el paramilitarismo. Santos plantea otra opinión y creemos que esa ventana debíamos explorarla, pero por convicciones políticas no por debilidad militar. La opción política es la salida menos dolorosa. Se trata de permitir a los colombianos abordar la solución política. Hay que dinamizar un espacio que permita a los colombianos expresarse sin criminalizar la lucha social.

El acuerdo sería parte de un proceso más profundo y más largo. Entonces nos correspondería seguir la revolución por otro medios pacíficos, esos que no nos han permitido hasta ahora.

¿Creen que se puede repetir las experiencia de la Unión Patriótica, cuando intentaron incorporarse a la vida política legal y les asesinaron a miles de militantes y cargos políticos?

No estamos dispuestos, pero queremos la solución política con el apoyo del pueblo en la nueva realidad política. Si no es posible, seguiremos con la guerra de guerrillas. Hace falta una movilización contundente de los colombianos para mantener este proceso. Hay ataques desde sectores latifundistas y mafiosos para bloquearlo. Todo esto se deberá refrendar con una Asamblea Nacional Constituyente, se trata de crear una nueva institucionalización, un nuevo Estado para la paz.

¿En qué momento del diálogo se encuentran en este momento?

Discutiendo sobre el acceso a la tierra, la concentración de la tierra es el origen del conflicto. Más del 65 % está en manos del 0'4% de la población. Terratenientes y financieros controlan la tierra y eso queremos revertirlo. Hemos logrado algunas coincidencias, la idea de crear un fondo de tierras, para una futura redistribución dándosela a los campesinos. Veinte millones de hectáreas podrían resolver el problema, el Gobierno ha ofrecido 8 millones (3 millones ya las ocupan de forma alegal los campesinos). Aún no estamos de acuerdo en las cifras, pero coincidimos en la necesidad de un fondo.

¿Cuáles son los principales obstáculos a los que se enfrentan?

Es el latifundio y los mafiosos y empresas transnacionales que se hicieron ilegalmente con la tierra. Ellos han despojado a los campesinos en torno a diez millones de hectáreas y colaboraron con su exterminio. Mientras el Gobierno no quiera romper con ellos habrá dificultades. El Gobierno quiere una propuesta agraria que no toque el status quo de los latifundistas, es decir, legislar para legalizar ese despojo y el paramilitarismo que masacró a los campesinos.

No se le puede pedir a una de las partes que desaparezca. Con la desaparición de las FARC la violencia no acabará, porque es del Estado colombiano contra el campesinado.

¿Cuál puede ser el papel de EEUU y Europa en esta búsqueda de la paz o qué le piden a estas potencias?

Deben comprender que es más rentable la paz que la guerra. Se pueden establecer fuentes de desarrollo económico que incluso puedan estar invitando al capital extranjero, pero con el Estado colombiano como principal accionista. Pero es que las multinacionales que hay ahora lo que pretenden es aprovecharse de todo el país y sus recursos. No quieren pagar más del 10% de regalías por la explotación de los recursos. De esa forma habrá una resistencia e indignación entre los colombianos.

Por otra parte, Europa debe aceptar un reconocimiento público de la insurgencia y levantar su clasificación de organización terrorista. En cuanto a Estados Unidos, una forma de colaborar en la búsqueda de la paz sería la liberación y participación del dirigente de las FARC Simón Trinidad, extraditado en ese país, para que esté en la mesa de diálogo como un gesto de paz que genere confianza. Si EEUU respalda el proceso debería permitir su incorporación. Pero el principal obstáculo es el Gobierno colombiano que no lo ha pedido.

¿Y el papel regional de América Latina?

En el resto de América Latina sigue habiendo capitalismo, pero se ha renunciado a la violencia para aplicarlo, como sigue sucediendo en Colombia. Nuestro Gobierno se resiste a cambiar ante el nuevo panorama de América Latina. Colombia no debe ser un país de acero donde no entran los vientos que corren por todos lados.

Me pongo a soñar. Dejamos las armas, se comprometen con los acuerdos. Si tiene la tentación de repetir la masacre de la Unión Patriótica ahí debe intervenir la CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, integrada por 33 países), es importante el papel regional.

Diversas informaciones están mostrando la posibilidad de un proceso legal contra Álvaro Uribe por los casos de falsos positivos, el asesinato de campesinos a los que se le hizo pasar por guerrilleros. ¿Qué opinan al respecto?

Se trata nada menos que de 70.000 falsos positivos según la información que poseen las autoridades estadounidenses en base a los datos proporcionados por los cabecillas paramilitares presos en ese país. Se trata de una información que ahora han decidido proporcionar a la opinión púbica internacional. Hubo una connivencia entre Estado, terratenientes y paramilitares en llevar a cabo masacres masivas

Entendemos que la rivalidad preelectoral entre Santos y Uribe ha llevado a la decisión del presidente Santos de entregar a Uribe a la autoridad penal internacional para ser juzgado por sus crímenes. Esto provocará una gran confrontación con un participación activa de los paramilitares presos en EEUU.

¿Y qué trascendencia puede tener esto en la política colombiana?

Uribe es un hombre violento, pero Santos no lo es menos. Si se avanza a una confrontación entre ellos, Uribe quedaría aplastado por el Estado. Quieren dividir a Colombia entre partidarios de Uribe y de Santos, donde no quepa la opción de izquierdas. Ambos tienen responsabilidad en la criminalización del otro. Hay que buscar una vía colombiana de centro izquierda que diga sí a la paz y al cambio político. Están madurando las condiciones para ello. Los ciudadanos perciben la necesidad de la paz en Colombia. Podemos decir que se puede iniciar una fase de respeto para la participación de todas las opciones en las elecciones en Colombia

¿Cuál está siendo la posición de la ciudadanía ante estos diálogos y especialmente el campesinado?

La gente se ha venido expresando, pero hay un cerco mediático alrededor del diálogo y de los sectores ciudadanos. Se han dado ocho encuentros regionales donde participó la gente y dijo cómo construir la paz a partir de un cambio en la propiedad de la tierra. Hemos insistido en que el proceso de paz no debe de hacerse a espaldas de la gente, pero hay una guerra informativa contra el proceso.

Por PASCUAL SERRANO La Habana 05/03/2013 12:05 Actualizado: 05/03/2013 12:11