La sucesión de hechos que provocaron la muerte por armas de fuego de decenas de niños estadounidenses ha dado origen a una nueva industria: la fabricación de chalecos antibalas para escolares. Una compañía de Denver, Colorado, la Elite Sterling Security, ha vendido 300 en los dos últimos meses y ya acumula dos mil pedidos de familias residentes en distintos puntos del país (www.guar dian.co.uk, 26/4/13). La empresa está negociando con más de una docena de escuelas del Estado la venta de versiones reducidas de tales defensas al uso militar que los niños colgarían en el aula y se pondrían en caso de peligro.

Los padres tienen bien presente la masacre de Newtown del 14 de diciembre del año pasado: Adam Lanza, con un rifle Bushmaster 223, disparó 154 balas contra un grupo de escolares segando la vida de veinte de ellos y la de seis adultos y una última bala con una pistola Glock de 10 mm para suicidarse: 155 proyectiles en sólo cinco minutos (www.sa lon.com, 28/3/13). Barry Tull, director de la escuela preparatoria de Worcester, ubicada en el Maryland rural, ha desplegado 80 escudos antibalas en las aulas “disfrazados” de pizarras blancas. El proyecto de enmienda que restringe la venta de armas a civiles presentado al Congreso por Obama –con medidas, entre otras, como la prohibición de comerciar armas de asalto– fracasó en el Capitolio y las familias y los enseñantes toman precauciones.

La empresa que proporcionó el equipo de la escuela de Worcester es la Hardwire, “que ha vendido ‘pizarras blancas’ similares a establecimientos escolares de North Dakota, Pennsylvania y California”, agrega The Guardian. El chaleco antibalas escolar pesa unos cuatro kilos, cuesta convencer a los niños de que lo porten, pero cuando lo llevan en la espalda, los más pequeños tienen el cuerpo prácticamente cubierto. La Asociación Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas en inglés) arguye que es mejor el sistema de guardias armados. Este poderoso lobby ha hecho lo suyo para bloquear el proyecto en el Congreso. Desde hace tiempo.

Una investigación conjunta del diario The Guardian y la Sunlight Foundation llegó a esta conclusión: 43 de los 45 senadores que torpedearon las medidas de control de armamentos recibieron “donaciones” de la NRA (www.guardian.co.uk, 19/4/13). Por otra parte, la NRA viene aportando desde 1990 más de 800.000 dólares a las campañas electorales de 40 senadores que votaron contra la enmienda (//sunlight foundation.com, 18/12/12).

La documentación analizada por la Sunlight muestra que lo sucedido en Newtown provocó una recaudación record de aportes voluntarios a la NRA: 2,7 millones de dólares en efectivo sólo en enero y febrero de este año. Hay gente a la que le gusta disparar.

Otros dos grupos, Propietarios de Armas de EE.UU. y la Asociación Nacional por el Derecho a las Armas, tal vez incluso más extremistas que la NRA en la materia, también procuran: el senador Ted Cruz, uno de los republicanos más duros contra la enmienda, ha recibido 9000 y 5000 dólares respectivamente de cada uno de esos clanes. Algunos sobornos llegan por vías menos directas. El senador Jeff Flake, que se opuso al control de armas en el último minuto, recibió en el 2012 cinco mil dólares del Proyecto Madison, una congregación de derecha muy activa que en su programa considera prioritario el derecho a poseer pistolas y ametralladoras de todo calibre y nivel.

The Guardian señala que, aunque las sumas “donadas” son relativamente pequeñas, indican el grado de importancia que cada grupo atribuye a los diferentes medios de contrarrestar cualquier intento de coartar la posesión de armas. La NRA invirtió más de 8,5 millones de dólares durante la reciente campaña electoral en propaganda por televisión y llamados telefónicos. El análisis de la Sunlight Foundation establece que, después de la matanza de Newtown, la NRA promovió una campaña contra el control de la venta de armas al menos por cinco empresas de televisión.

El presiente Obama reaccionó airadamente contra los senadores que rechazaron la propuesta de enmienda y los acusó de ceder al cabildeo de los grupos proarmas y de obturar la mejor posibilidad en una década de controlar su venta. Incluso algunos republicanos moderados y cuatro demócratas bloquearon un acuerdo bipartidista por el cual se hubiera ampliado la investigación de antecedentes de los compradores por Internet y en las exposiciones del ramo.

Patricia Maisch, sobreviviente de la masacre de Tucson que segó la vida de seis personas en enero del 2011, estaba en la galería del Senado acompañando a los familiares de las víctimas de Newtown. Recibió el rechazo del proyecto con el grito de “¡Vergüenza para ustedes!” y la policía la sacó del Capitolio (www.huffington post.com, 17/4/13). Una mayoría de la opinión pública estadounidense está a favor del control de armas, pero el pueblo es una cosa y los representantes que elige, otra.

Colombia es el país con la mayor cantidad de desplazados internos en el mundo con al menos cuatro millones 900 mil personas, seguida por Siria, con dos millones 400 mil, según un informe difundido hoy por el Centro de Monitoreo de Desplazados Internos (CMDI), con sede en esta ciudad.

El centro es auspiciado por el Consejo Noruego para Refugiados y se ocupa de llevar un registro estadístico de la situación de los desplazados en sus países, a causa de la violencia y la violación de los derechos humanos.

Al cierre de diciembre de 2012, la cifra total de personas obligadas a abandonar sus lugares de origen ascendió a 28 millones 800 mil personas en el mundo, incluidos 160 mil mexicanos desplazados por la violencia de los cárteles de la droga en los estados de Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas, Veracruz, San Luis Potosí, Baja California, Sinaloa, Sonora, Durango, Guerrero y Michoacán.

La cifra al finalizar 2012 significó un incremento de dos millones 400 mil personas respecto de 2011 y esta cantidad es la más alta registrada por el CMDI desde hace 28 años en sólo un año. El conflicto en Siria, que estalló en marzo de 2011, y los antiguos problemas interétnicos de la República Democrática del Congo fueron la causa de la mitad de los desplazamientos totales en 2012.
Sudán, con un total de dos millones 300 mil personas obligadas a moverse dentro de su país, ocupa el tercer lugar en la lista con dos millones 300 mil.

En cuanto a Colombia, el CMDI, que se apoya en informaciones de organismos oficiales y no gubernamentales, informó que desde 1985 la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes) ha registrado los casos de cinco millones 200 mil personas, aunque la entidad del gobierno colombiano sólo contabiliza tres millones 600 mil, desde que comenzó su labor hace 13 años.

El informe del CMDI destacó que en el primer año de gobierno del presidente Juan Manuel Santos –quien asumió su mandato de cuatro años el 7 de agosto de 2010– la cantidad de desplazamientos se mantuvo estable.

Sin embargo, con base en los reportes de Codhes, apuntó que 34 por ciento de los desplazados internos quedan fuera de los registros oficiales y que 25 por ciento de las solicitudes para ser reconocidos por el gobierno como desplazados internos han sido rechazadas.

Desde La Habana, los negociadores de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y los representantes del gobierno de Juan Manuel Santos saludaron el foro inaugurado el domingo en Bogotá sobre la participación política en el país, uno de los cinco temas de la agenda de conversaciones de paz.

Afp y Dpa

Dos centenares de muertos en menos de una semana son muchos incluso para el nivel de violencia al que nos tiene acostumbrados Irak. El cariz del último estallido hace temer además que no se trate solo de un repunte sino de un salto cualitativo que termine por sumir ese maltrecho país en la guerra civil que lo amenaza desde la invasión estadounidense de 2003. Su controvertido primer ministro, Nuri al Maliki, ha reconocido ese peligro, pero en lugar de dar un paso valiente hacia la reconciliación de la mayoría chií con la minoría suní, cuyo sentimiento de marginación está en el origen del problema, se ha limitado de momento a culpar al mensajero y a cerrar diez cadenas de televisión a las que acusa de alentar el sectarismo.
 

El golpe de gracia a una situación que ya se presentaba delicada se produjo el pasado martes, cuando las fuerzas de seguridad decidieron actuar contra la acampada de la comunidad árabe suní en Hawija, unos 200 kilómetros al norte de Bagdad y muy cerca de la bomba de relojería étnica que es la ciudad de Kirkuk. El medio centenar de muertos que dejó esa intervención desató una oleada de represalias en las cinco provincias donde los árabes suníes son más numerosos y donde desde el pasado diciembre protestan contra el Gobierno central, que perciben como monopolizado por los chiíes. A día de ayer, iban 215 muertos según el recuento de las agencias de noticias.
 

“Se trata de la crisis más grave y peligrosa (…) desde 1921”, declaró el jueves Muafak al Rubai, antiguo consejero de Seguridad Nacional, citado por France Presse. La Liga de Naciones reconoció a Irak como Estado bajo mandato británico el 11 de noviembre de 1920. Dadas las vicisitudes que ha vivido el país desde entonces, puede parecer exagerado, pero no cabe duda de que “ha empezado a deslizarse de forma peligrosa hacia el enfrentamiento”, tal como ha advertido el International Crisis Group (ICG).

 
El propio primer ministro ha alertado del riesgo de que se reavive “la guerra civil confesional” que desangró Irak entre 2006 y 2007, cuando atentados y asesinatos selectivos llevados a cabo por milicias de una y otra rama del islam causaron decenas de miles de muertos. La seguridad ha mejorado mucho desde entonces, pero las tensiones entre las comunidades chií y suní no han desaparecido. La violencia interconfesional “ha regresado a Irak porque empezó en otro lugar de la región”, aseguró el sábado Al Maliki, en unas declaraciones televisadas que claramente apuntaban al actual conflicto en la vecina Siria.

 
Los analistas del ICG admiten que “la guerra en Siria también influye”. Al igual que otros observadores, opinan que según ese enfrentamiento se intensifica, los suníes iraquíes experimentan una creciente solidaridad con sus hermanos de fe y comparten sentimientos de hostilidad hacia un supuesto eje chií formado por Hezbolá, Damasco, Bagdad y Teherán.

 
Sin embargo, eso no es excusa para el Gobierno de Al Maliki ignore las quejas fundadas de los suníes. Si no se da prisa en garantizar una adecuada participación de esa comunidad en el sistema político, sus líderes tendrán una buena excusa para alinearse con los sectores más radicales, e incluso reforzar los lazos con aquellos actores regionales que apoyan a la oposición siria. Suspender 10 cadenas de televisión, entre ellas la polémica Al Yazira, con el pretexto de que “incitan a la violencia y al sectarismo” no parece que vaya a solucionar el problema, menos aún cuando la mayoría de ellas son canales locales de las zonas suníes.

Por Ángeles Espinosa Dubái 28 ABR 2013 - 18:07 CET

Sorprendidos estamos, los que alguna vez hemos pasado por una cárcel colombiana, mas aun los que continúan viviendo en ese sepulcro de hombres vivos, cuando esta semana te escuchamos señor ex ministro Arias, famoso en Colombia por el escándalo de “hago ingreso seguro”, contando en Blu radio lo difícil que ha sido tu situación como prisionero. Has dicho que te han tratado con crueldad y desolación.

¡Déjate de pendejadas Andrés Felipe!, que no tienes idea del infierno que es una cárcel de verdad. Nunca has tenido que dormir en una cama dura sin colchón y sin abrigo, en una celda húmeda y fría encerrado desde las 4 de la tarde hasta las 6 de la mañana; por el contrario, vives en buena cama, custodiado y servido por humildes soldados amables que hacen que tu estadía en esa “cárcel”, donde solo los ladrones de cuello blanco como tú van a parar, sea mas confortable que cualquier vivienda de un humilde colombiano. Te sigues tomando unos amarillitos en la noche, tienes televisor, celular y hasta acceso ilimitado a internet, en cambio el preso común en muchas cárceles no tiene derecho ni siquiera a un simple radio. Sí, imagínate que en una cárcel de verdad no dejan tener televisor. Hasta mejor será.

De la comida ni te cuento, tú comes a la carta, los presos en general comen comida mal preparada, sucia y bastante “balanceada” en harinas, es decir, por ponerte un ejemplo: sopa de pasta con pasta y papas; de carne ni hablar, son 40 gr de carne reglamentarios, que muchas veces son recortados para el beneficio del contratista de turno. Ni comparación con los filetes que te han de llevar nuestros héroes de la patria, héroes pagados con impuestos de los colombianos para que custodien tus lujos.

No te ha tocado cuidar tu espalda porque no sabes en qué momento un delincuente común drogado te puede atravesar con una platina la espalda, tampoco te habrá tocado estar cuidando tus cositas previniendo que otro interno te las robe o la guardia entre a hacer una rascada a tu celda y vuelva mierda, literalmente mierda tus pocas cositas, libros y carticas que en la cárcel son un tesoro. Tal vez el único peligro en ese lujo de sitio que tienes por cárcel es que te caigas de las graditas a la entrada y te peles tus huesitos de la rodilla.

De salud, pues qué te digo, un prisionero político acaba de morir, Juan Camilo Lizarazo; duró meses pidiendo que le dieran un servicio médico adecuado a sus dolencias y terminó muriendo. No creo que el director del Inpec y los soldados de la escuela de caballería te dejen morir si te enfermaras. De seguro hasta tu medicina prepagada te sigue cubriendo y no ese engendro de la salud llamado Caprecom que cubre mediocremente a 120.000 presos en todo el país. ¡No hombre, no te quejes! No tienes ni idea de lo que es una cárcel.

Las visitas ni te digo, sólo cada mes, un domingo, un preso común tiene derecho a amar a su mujer, te aseguro que no habrás tenido que acostar a tu mujer en un colchón usado por todos los internos con sus propias mujeres, y no creo que tampoco un guardián te golpee la puerta a la media hora para decirte que el tiempo ha terminado. ¡Sólo media hora! Bueno, a menos que seas eyaculador precoz. Y los hijos, te cuento que los presos comunes sólo pueden ver a sus hijos un domingo al mes. A tí, en cambio, te han visto varias veces entre semana con tu familia de visita salir al frente, en el inmenso jardín de tu casa cárcel de lujo, ese que queda cerca de uno de los salones que alquila la escuela de caballería para eventos sociales. ¡Qué dura es tu cárcel!

Tampoco te ha tocado un baño típico de una cárcel, de seguro hasta un soldado de nuestra patria te lavará el baño, porque tus vírgenes manos no han cogido en su vida ni un trapito ni una escoba. Tampoco te habrá tocado vivir en celdas de 6 metros cuadrados con 8 personas mas, aguantando olores, droga, pedos y ruidos que trastornan la tranquilidad de cualquier individuo sano; a lo mucho en tus noches te despertarás por alguna indigestión producto de tus lujosas cenas.

Y de la justicia no te quejes, ¿sabes cuánto han durado varios presos políticos en calidad de sindicados? diez, doce años. Lo más seguro es que alguna de tus oscuras influencias te sacará pronto de la cárcel y lavará tu imagen, además si este país no cambia te veremos de candidato presidencial en unos cuantos años.

Mira también cómo sales a decir que si dijeras que eres de las Farc te trataría mejor la justicia, pues te cuento que a los guerrilleros de “la far”, los del ELN y los defensores de derechos humanos víctimas de falsos positivos, nos han tratado exageradamente mal, no te imaginas cuánto. Pero tenemos una ventaja, hay una cantidad de gente que nos defiende, nos apoya, que hace campañas por nosotros, en fin una solidaridad que envidias por que los de tu clase no te han enviado ni una carta de acompañamiento, ni siquiera la “Jucon”, las juventudes conservadoras, han salido en marcha para apoyarte.  ¡Qué envidia! ¿verdad?

A los presos políticos nos mandan ropa, tarjeticas para llamar, cartas de miles de colombianos que nos quieren, páginas web y eventos por doquier apoyando la libertad de los presos políticos en Colombia y tú sólo tienes una entrevista en Blu radio, y hasta te dieron palo. Ni siquiera tus compañeros del congreso y de la política barata han sido solidarios contigo, así es la vida. Es que la solidaridad es propiedad privada de los de abajo, los de arriba sólo tienen intereses, y creo que hasta de eso te has dado cuenta.

Tampoco se te ocurra pedir ingreso a las Farc, por lo que conocí de los guerrilleros en la cárcel, con tu comportamiento lo más probable es que no dures mucho y no tarden en hacerte un consejo de guerra, y ahí sí que dirás que prefieres la escuela de caballería.

Por último, hombre, no te quejes, sigue disfrutando de este tiempito en ese hotel de lujo que te tocó, mucho mejor que las viviendas de más de la mitad de los colombianos. Estuviste de malas porque muchos como tú están disfrutando de sus torcidos y hasta se mueren y nunca responderán por sus cochinadas.

Mientras tanto, nosotr@s l@s verdader@s prisioner@s polític@s, aun en peores condiciones pero con una solidaridad tan bonita cercana a la ternura, resistimos con esperanza en nuestra gente para sobrellevar este infierno exclusivo únicamente para los hombres y mujeres con dignidad.

Un abrazo de paz.

Julián Cortés, exprisionero político

¿Hay forma de escapar del teatro de las armas químicas? Primero, la “inteligencia militar” israelí dice que las fuerzas de Bashar Assad han usado/probablemente han usado/pudieran haber usado/podrían usar armas químicas. Luego Chuck Hagel, secretario estadunidense de Defensa, se aparece en Israel para prometer aún más poder de fuego para el excesivamente armado ejército de Israel –sin mencionar en absoluto las más de 200 cabezas nucleares israelíes– y luego se imbuye de toda la “inteligencia israelí” sobre el uso probable/posible de armas químicas por Siria.

Y luego el buenazo de Chuck regresa a Washington para decir al mundo que esto es “asunto serio. Necesitamos todos los hechos”. La Casa Blanca dice al Congreso que las agencias de inteligencia estadunidenses, probablemente las mismas de la inteligencia israelí porque por regla general dicen disparates en tándem, tienen “grados variantes de confianza” en esa evaluación. Pero la senadora Dianne Feinstein, presidenta del comité de inteligencia del Senado –la misma que defendió las acciones de Israel en 1996, cuando masacró a 105 civiles, la mayoría niños, en Qana, Líbano–, anuncia que “está claro que en Siria se han cruzado líneas rojas y deben tomarse medidas para prevenir su uso en mayor escala”. Y a continuación sale a relucir el más antiguo de los lugares comunes vigentes en la Casa Blanca, hasta ahora usado exclusivamente con respecto al probable/posible desarrollo de armas nucleares iraníes: “Todas las opciones están sobre la mesa”.

En cualquier sociedad normal se encenderían las luces rojas, en especial en las salas de noticias del mundo. Pero no: nosotros los escribas recordamos al mundo que Obama dijo que el uso de armas químicas en Siria sería un “cambio en el juego” –al menos los estadunidenses admiten que es un juego– y nuestros informes confirman que en realidad nadie ha confirmado.

“Se usaron armas químicas”. En dos estudios canadienses de televisión se me acercan productores mostrando ese mismo encabezado. Yo les digo al aire que haré pedazos la “evidencia” y de pronto la nota es retirada de los dos programas. No porque no quieran usarla –lo harán más tarde–, sino porque no quieren que nadie dé a entender que son pamplinas.

CNN no tiene esas inhibiciones. Cuando a su reportero en Ammán le preguntan por el uso de armas químicas, responde: “No tanto como el mundo quisiera saber… la sique del régimen de Assad…” Pero, ¿alguien lo ha intentado? ¿O simplemente ha hecho una pregunta obvia que un agente de inteligencia sirio me planteó la semana pasada: si Siria puede causar un daño infinitamente más grave con sus bombarderos MiG (cosa que sí hace), para qué querría usar armas químicas? Y ya que tanto el régimen como sus enemigos se han acusado mutuamente de usarlas, ¿por qué Chuck no tiene tanto miedo de los rebeldes como de la dictadura de Assad?

Todo vuelve al más infantil de todos los lugares comunes: que Estados Unidos e Israel temen que las armas químicas “caigan en manos peligrosas”. Tienen miedo, en otras palabras, de que esas armas vayan a dar al arsenal de esos mismos rebeldes, en especial islámicos, a los que Washington, Londres, París, Qatar y Arabia Saudita dan respaldo. Y si esas son las “manos peligrosas”, es de suponerse que las armas del arsenal de Assad están en “buenas manos”. Así ocurrió con las armas químicas de Saddam Hussein… hasta que se le ocurrió usarlas contra los kurdos.

Ahora sabemos que ha habido tres incidentes específicos en los que supuestamente se ha usado gas sarín en Siria: en Alepo, cuando ambos bandos se acusaron (de hecho los videos provenían de la televisión estatal siria); en Homs, al parecer en muy pequeña escala, y en las afueras de Damasco. Y, si bien la Casa Blanca parece haberlo pasado por alto, tres niños refugiados sirios fueron llevados a un hospital en la ciudad de Trípoli, en el norte de Líbano, con quemaduras profundas y dolorosas.

Pero hay algunos problemas. Los proyectiles de fósforo pueden infligir quemaduras profundas, y tal vez causar defectos de nacimiento. Pero los estadunidenses no sugieren que el ejército sirio haya usado fósforo (que de hecho es un químico); después de todo, soldados estadunidenses usaron esa misma arma en la ciudad iraquí de Faluya, donde de hecho hay ahora una explosión de defectos congénitos.

Supongo que nuestro odio al régimen de Assad se vería mejor reflejado por el horror a los informes de torturas cometidas por la policía secreta siria contra los detenidos. Pero también en eso hay un problema: hace apenas 10 años, Estados Unidos “sometía” hombres inocentes, incluso un ciudadano de Canadá, a Damasco para ser interrogado o torturado por esos mismos policías secretos. Y si mencionamos las armas químicas de Saddam, hay otro inconveniente: los componentes de esas viles armas fueron producidos por una fábrica de Nueva Jersey y enviados a Bagdad por Estados Unidos.

Desde luego, no es esa la nota en nuestras salas de prensa. Entremos a un estudio de televisión y todos están leyendo periódicos. Entremos en la redacción de un periódico y todos están viendo la televisión. Es ósmosis. Y los encabezados son todos los mismos: “Siria usa armas químicas”.

Así funciona el teatro.

Traducción: Jorge Anaya

El histórico juicio por genocidio contra Efraín Ríos Montt y Mauricio Rodríguez Sánchez como máximos responsables de masacres atroces fuesuspendido, hasta que la Corte de Constitucionalidad dictamine el camino a seguir. Hemos escuchado, por conducto de más de 100 testigos y víctimas, vejaciones que estremecerían al mismo Himmler. Sin embargo, una vez más, a parte de la sociedad guatemalteca, la urbana, letrada e instruida, aquella que escribe en la prensa diaria, estos hechos la dejan indiferente.

La Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948 define como genocidio “cualquier acto perpetrado con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal”. Sus debilidades y ambigüedades han sido debatidas en los últimos años. Sin embargo, por sus características internas, el juicio se realiza por las leyes nacionales y el código penal guatemalteco, en el que la definición es: “Comete delito de genocidio quien con el propósito de destruir total o parcialmente un grupo nacional, étnico o religioso efectuare muerte de miembros de grupo; lesión que afecte gravemente la integridad física o mental de miembros del grupo; sometimiento del grupo o de miembros del mismo a condiciones de existencia que puedan producir su destrucción física total o parcial; desplazamiento compulsivo de niños o adultos del grupo, a otro grupo; medidas destinadas a esterilizar a miembros del grupo o de cualquiera otra manera impedir su reproducción”. (Código Penal. Artículo 376).

He participado en el juicio aportando pruebas para demostrar por qué sí hubo genocidio en Guatemala. Resulta una evidencia, a la luz de los hechos y por los testimonios escuchados, así como por lo que se deduce de los planes elaborados por el ejército –Plan Victoria 82, Firmeza 83, Plan de operaciones Sofía– y las tesis de ascenso escritas por militares, que hubo planes y campañas destinadas a llevar a cabo un aniquilamiento de la guerrilla y de los grupos étnicos que habitaban esa región, con el objetivo de “quitar el agua al pez”, “quitar el mar humano a la guerrilla” o con la frase “cada mazorca es un guerrillero”.

Estos proyectos fueron diseñados, planificados y concebidos hasta el detalle desde el alto mando con campañas como la que contempla el Plan Sofía, con el fin de exterminar a los guerrilleros y a la población civil que supuestamente era su base de apoyo. En muchos de los informes del ejército se afirma que hay muy poca presencia guerrillera en determinada zona; no obstante, en la región ixil, denominada por los militares “triángulo Ixil”, se decide hacer una “intervención roja”, acabar con la población civil para “quitar el mar humano a la guerrilla”, “las hojas y raíces al árbol”.

La estigmatización de los grupos étnicos como subversivos y comunistas, que convierte a los indígenas en una “amenaza pública”, es una de las razones principales por las cuales se llevó a cabo la aniquilación de un grupo étnico como tal. La construcción histórica del prejuicio contra el indio, primero como haragán, maleante, ladrón; después, en el siglo XIX, como raza inferior, degenerada e irredimible. Cuando estalla el conflicto armado se añaden los tópicos de comunista, subversivo y guerrillero. Es cuando “todos los indios” se conviertan en “amenaza pública”.

La ideología racista es uno de los instrumentos para que actos y prácticas de violencia racista se conviertan en genocidio, porque para implementarlo es imprescindible justificarlo y considerar a “ese otro” como genéticamente inferior, un lastre o un obstáculo para el desarrollo.

En Guatemala, el racismo es el mecanismo simbólico y justificativo que hace posible que los aparatos ideológicos y represivos del Estado decidan exterminar a unos ciudadanos frente a otros en función de un discurso biológico-racial. El discurso racista justifica sus prácticas y lleva a la eliminación de un grupo étnico al considerarlo inferior, enemigo interno, “prescindible” o no normalizable.

El genocidio va dirigido a un grupo étnico, racial o religioso. Durante el conflicto armado se cometieron actos de genocidio contra los ixil, achi, chuj, q’anjobal y k’iché. El proceso de aniquilamiento fue de una violencia letal y continuada, con coordinación y planificación desde el alto mando, cuyo objetivo fue la destrucción total o parcial de un grupo étnico en un área geográfica aislada y cercana adonde estaba la guerrilla, pero que no era zona de combates, la población no era combatiente y estaba desarmada.

Es evidente cómo operó el racismo en Guatemala, además de que las condiciones propuestas como presunciones de intencionalidad permiten declarar este juicio por el genocidio contra la población ixil y por crimen de lesa humanidad. Sólo si hacemos justicia podremos cerrar las heridas de una guerra atroz y sin cuartel contra la población desarmada y contra un grupo étnico, y ayudar a que la población sane sus mentes y sus corazones y pueda mirar el futuro con esperanza.

Por Marta Elena Casaús Arzú, socióloga y escritora guatemalteca, catedrática de la Universidad Autónoma de Madrid. Presentó el peritaje sobre racismo y genocidio durante el juicio contra los militares Rodríguez Sánchez y Ríos Montt.

La Maratón de Boston y sus repercusiones han acaparado la atención de los medios de Estados Unidos. Sin embargo, otra serie de explosiones ocurridas dos días más tarde, y en las que el número de víctimas mortales fue cuatro veces mayor, tuvo mucho menos cobertura mediática. Fue el peor accidente industrial en años, aunque llamarlo accidente no tiene en cuenta que era evitable y que posiblemente se trate de un acto negligente, como suele suceder en muchos lugares de trabajo peligrosos.

La primera llamada al 911 llegó a las 7:29 de la tarde del miércoles 17 de abril. Una mujer que se encontraba en una plaza de juegos vio un incendio del otro lado de las vías del tren, en las instalaciones de la empresa West Fertilizer Co., en la pequeña localidad de West, Texas, cerca de Waco. Acto seguido, el departamento local de bomberos voluntarios se movilizó. Menos de 25 minutos más tarde, una enorme explosión sacudió la planta y causó ondas de choque, escombros y fuego en toda la localidad de West, provocando la muerte de 15 personas, entre ellas un médico del servicio de emergencias, ocho bomberos voluntarios y un jefe de bomberos de Dallas que estaba visitando a sus hijos y se sumó al esfuerzo de los bomberos.

El sistema de radio de emergencias recibió la siguiente llamada: "Necesitamos todas las ambulancias posibles en este momento. Acaba de explotar una bomba aquí dentro. La situación es muy grave. Muchos bomberos están en el suelo".

Mujer: "Hay bomberos caídos. Reitero, hubo una explosión. Hay bomberos caídos".

A esta siguió otra llamada, en la que se sentían quejas en el fondo: "La residencia de ancianos ha sufrido daños graves. Hay muchas personas inconscientes. Por favor, envíen ayuda".

Se formó una nube en forma de hongo en el cielo. La explosión fue de una magnitud de 2,1 en la escala de Richter, equivalente a un pequeño terremoto. Las llamadas al 911 no dejaban de llegar. La gente denunciaba que había estallado una bomba, que muchos estaban heridos y otros envueltos en una nube tóxica. Entre 60 y 80 casas fueron sacudidas por la explosión.

Una semana más tarde, con el incendio extinguido y la mayoría de los funerales ya realizados, hay importantes preguntas que permanecen sin respuesta. Un equipo de unas 70 personas está investigando la fuente de la explosión. Reuters informó el sábado que la planta albergaba 2.700 toneladas de nitrato de amonio, es decir 1.350 veces la cantidad mínima por la que una planta está obligada a informar al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) acerca de sus reservas. El nitrato de amonio es un fertilizante utilizado en la agricultura industrial a nivel mundial y es estable cuando se lo almacena en forma adecuada. Es muy inflamable si entra en contacto con el fuego, especialmente cuando se mezcla con combustible, como lo demostró Timothy McVeigh, autor del atentado de 1995 contra el edificio federal Murrah en Oklahoma City. La empresa West Fertilizer Co. nunca informó al Departamento de Seguridad Nacional acerca de sus niveles de almacenamiento de nitrato de amonio.

Este requisito se fundó en la preocupación de que posibles terroristas roben nitrato de amonio. Hay otros organismos federales y estatales que están a cargo de controlar las plantas de fertilizantes, las instalaciones de almacenamiento de productos químicos y los lugares de trabajo en general. Sin embargo, la Administración de Seguridad y Salud en el Trabajo (OSHA, por sus siglas en inglés) inspeccionó las instalaciones de West Fertilizer Co. por última vez en 1985. Un informe de una inspección presentado en junio de 2011 a la Agencia de Protección Ambiental enumeraba el almacenamiento de 24.000 kg. de amoníaco anhidro, un fertilizante diferente, pero se afirmaba que no presentaba ningún riesgo grave.

La explosión de la planta de West Fertilizer sucedió apenas un día después del 66° aniversario del llamado "desastre de la ciudad de Texas", considerado como el peor accidente industrial en la historia de Estados Unidos. Dos mil trescientas toneladas de nitrato de amonio destinado a Francia como parte del Plan Marshall para la reconstrucción y ayuda de Europa se prendieron fuego a bordo del buque SS Grandcamp. La explosión que ocurrió a continuación dejó un saldo de al menos 581 muertos y 5.000 heridos, y destruyó 500 hogares. Cabría pensar que Texas es sensible a los riesgos potenciales de este peligroso químico. Sin embargo, el gobernador Rick Perry le dijo a Associated Press: "[La población], a través de la elección de sus representantes, envió un claro mensaje de conformidad con el nivel de supervisión". Recientemente, Perry elogió las normas ambientales de Texas, extremadamente laxas, en su intento de atraer a empresas de estados como California e Illinois a instalarse allí.

El 28 de abril es el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo y se celebra la Jornada Internacional de Conmemoración de los Trabajadores Fallecidos y Lesionados. En Estados Unidos, en honor a las 4.500 personas que mueren cada año en el país en su lugar de trabajo. En promedio, trece trabajadores van a trabajar cada día y nunca regresan. Tom O'Connor, director ejecutivo del Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, sostuvo: "mientras las empresas critican las normas y priorizan las ganancias por encima de la seguridad, los trabajadores son los que pagan el precio".

En la explosión en West, Texas, murieron trabajadores, socorristas, jubilados y vecinos. Muchas personas mueren o resultan heridas a diario en Estados Unidos debido a que los lugares de trabajo no cumplen con las normas de seguridad, pero esto parece tolerarse como el precio que hay que pagar para desarrollar una actividad comercial. El gobernador Perry declaró a West área de desastre y pidió que se rezara por las víctimas. Eso no es suficiente. Como dijo la legendaria sindicalista Mary "Mother" Jones: "Recen por los muertos y luchen a muerte por los vivos".

Denis Moynihan colaboró en la producción periodística de esta columna.

© 2013 Amy Goodman

Texto en inglés traducido por Mercedes Camps. Edición: María Eva Blotta y Democracy Now! en español, Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla

Amy Goodman es la conductora de Democracy Now!, un noticiero internacional que se emite diariamente en más de 750 emisoras de radio y televisión en inglés y en más de 400 en español. Es co-autora del libro "Los que luchan contra el sistema: Héroes ordinarios en tiempos extraordinarios en Estados Unidos", editado por Le Monde Diplomatique Cono Sur.

Sentado en la sala del Palacio de la Justicia, observando el proceso de Efraín Ríos Montt, el general retirado y presidente de facto 1982-1983, y de su jefe de inteligencia Mauricio Rodríguez Sánchez, acusados de genocidio, es quizás lo más cerca que uno puede estar del “Eichmann en Jerusalén”.

No es una comparación directa: el juicio del encargado de organizar el transporte de los judíos a los campos de concentración, realizado en Israel en 1961 (retratado por Hannah Arendt en su Eichmann en Jerusalén, un informe sobre la banalidad del mal, 1963), y el juicio de los militares guatemaltecos que en una campaña contrainsurgente arrasaron con la población civil, no son lo mismo.

Los separan las particularidades de los hechos (los guatemaltecos eran más “rústicos”: asesinando en el lugar, abriendo vientres de mujeres y sacando tripas de niños) y sus contextos, pero los unen las dimensiones históricas (es el primer juicio por genocidio en Guatemala tras el conflicto interno 1960-1996, que arrojó unos 200 mil muertos, y el único así del mundo en una corte nacional) y la esencia del delito.

Tiene razón Ricardo Falla, antropólogo y jesuita, autor de un libro-denuncia, Masacres en la Selva (1993), que, analizando las bases jurídicas del genocidio (según la ONU) y poniéndolas en el contexto de Guatemala, subraya que el genocidio allí tenía sus propios rasgos: “Sería una trampa ideológica compararlo con el genocidio nazi y concluir que aquí no ocurrió”. Según él, éste se realizó por dos vías: 1) masacres de aldeas y 2) desplazamiento y sometimiento al hambre, enfermedades, etcétera ( Plaza Pública, 19/3/13).

La acusación se limita al área ixil en el departamento del Quiché, dónde los asesinatos eran más sistemáticos, revelando una política del Estado (plasmada en los planes militares: Sofía/Victoria 82/Firmeza 83) para exterminar a los mayas-ixiles, considerados un “enemigo interno”, que fueron: 1) masacrados (con saldo de mil 771 muertos), 2) desplazados (unos 30 mil), 3) y los demás recluidos en condiciones de campos de concentración en las “aldeas modelo”.

Según la defensa, ex militares y la derecha agrupados en la Asociación de Veteranos Militares (Avemilgua) o en la Fundación contra el Terrorismo, que financió un sintomático panfleto producto de la propaganda de la guerra fría: La farsa del genocidio en Guatemala, una conspiración marxista desde la iglesia católica I-II ( El Periódico, 14 y 21/4/13), se trata de una “fabricación jurídica”.

Un buen ejemplo de este negacionismo han sido los testimonios de los testigos de Ríos Montt, que siguieron después de casi 100 víctimas ixiles y peritos que hablaron de masacres, violaciones, torturas, desplazamiento, quema de casas y milpas.

Según Alfred Kaltschmitt, ex director de una fundación que gestionaba “proyectos de desarrollo” en el área ixil, miembro de la misma Iglesia del Verbo que Ríos Montt (es interesante cómo los círculos evangélicos y el “desarrollo” se insertaban en la política contrainsurgente), “el ejército protegía y salvaba a los ixiles” (sic), “las aldeas modelo no eran campos de concentración” (sic) y los años 1982-1983 “eran los mejores tiempos del ejército” (¡sic!), versión repetida por otros testigos, curiosamente todos ladinos que se lamentaban por “pobres ixiles manipulados por la guerrilla”...

No testificó ningún ixil “salvado” por el ejército: ¿será que –igual que en aquella caricatura de un marine– la mayoría de ellos fue “salvada del comunismo” hasta la muerte? (como apunta Falla, desde el racismo imperante del Estado la población indígena fue considerada “desechable”, con tal de “salvar a la patria del comunismo”).

Paradójicamente la negación proviene también de la izquierda que le hace el juego a la derecha y al ejército que cierran filas en torno a Ríos Montt: el documento “Traicionar la paz y dividir a Guatemala”, firmado por intelectuales, ex guerrilleros y negociadores de paz ( Prensa Libre, 16/4/13), no difiere mucho de uno firmado por el presidente, general retirado Otto Pérez Molina ( Prensa Libre, 23/4/13), que durante el proceso fue señalado como participante de matanzas.

Todo esto parte de la estrategia mediática para descarrillar el proceso, que consiste en: 1) polarizar a la sociedad en torno al genocidio, 2) asegurar que el proceso corresponde a la “presión internacional”, 3) descalificar a las víctimas, 4) cuestionar la imparcialidad de la corte, 5) afirmar que a los acusados se les negó la defensa, 6) que el fallo ya está emitido 7) y que “atentará contra la paz” y “dividirá el país”.

Algo de esto funcionó ya, pues, cuando parecía que ya no le faltaba mucho al juicio, el 18 abril el tribunal de primera instancia anuló todo... Aunque la juez del caso “anuló lo anulado”, la Corte de Constitucionalidad (CC) hasta ahora mantiene todo en un limbo.

Mirando a Ríos Montt, ya a sus 86 años –sonriente y respetuoso con la corte–, hace pensar en la tesis central de Arendt sobre la “banalidad del mal”: los genocidas nazis no eran “malos por naturaleza”, sino productos de ciertas circunstancias. Quizás él tampoco (sic), siendo en parte un producto –igual que el genocidio– de las presiones de Washington para “frenar el comunismo”.

Más allá de las controversias en torno al juicio de Eichmann, criticado por Arendt en su recuento, también cuestionado ( El Puercoespín, 9/4/11), o las prácticas (¿casi genocidas?) del mismo Israel hacia los palestinos, y más allá, pero sin olvidar el apoyo israelí a Ríos Montt ya cuando Carter le retiró la ayuda militar por violaciones de los derechos humanos, “Eichmann en Jerusalén”, como un hecho histórico, sigue siendo símbolo y sinónimo de la justicia y triunfo de las víctimas.

¿Símbolo y sinónimo de qué será “Ríos Montt en Guatemala”?

Por Maciek Wiesniewsk, periodista polaco

El lunes fue el Día del Patriota en Massachusetts, que conmemora el comienzo de la Guerra de la Independencia de Estados Unidos en 1775 en dos batallas celebradas en ese estado. También es el día en que se celebra la maratón anual de Boston, capital de Massachusetts, que ahora, lamentablemente, pasará a la historia como otro episodio de violencia desmedida sin sentido.

 
La imagen de Martin Richard dio la vuelta al mundo desde que murió ese día. La foto muestra al niño de 8 años de edad con una pancarta, que él mismo escribió, con la leyenda: “No lastimen a más personas. Queremos paz”.

 
La familia Richard estaba mirando la maratón cuando detonó la bomba. Su madre, Denise, y su hermana, Jane, sufrieron heridas graves. Su padre, Bill, sufrió heridas de metralla. El hermano mayor de Martin, Henry, no resultó herido, al menos no físicamente.

 
Al otro lado de la calle donde ocurrió la explosión, Carlos Arredondo y su esposa, Melida, observaban desde las gradas. Estaban esperando a un miembro de la Guardia Nacional que corría la maratón en honor al hijo de Carlos, Alex Arredondo, un infante de marina de Estados Unidos que murió en la batalla de Nayaf, en Irak, en agosto de 2004. En aquel entonces, inmediatamente después de enterarse de la muerte de su hijo, Carlos se metió en su camioneta y la prendió fuego. Sobrevivió, a pesar de haber sufrido quemaduras graves, y desde entonces se dedica al activismo por la paz, viajando por Estados Unidos con un ataúd envuelto en la bandera de Estados Unidos en honor a su hijo. En 2011, siete años después de haber perdido a su hijo Alex, su hijo menor, Brian, quien sufrió depresión tras la muerte de Alex, se suicidó.

 
En la maratón, Carlos, de origen costarricense, vestía un gran sombrero de vaquero. Las imágenes de su valiente campaña de rescate de personas heridas en explosiones también recorrieron el mundo.

 
En fracción de segundos, las vidas de estas dos personas, Martin Richard y Carlos Arredondo, provenientes de barrios de Boston bastante cercanos, cobraron dimensión internacional. Martin, un niño que murió trágicamente a causa de un artefacto explosivo improvisado, y Carlos, un padre que perdió a sus dos hijos como consecuencia de la guerra en Irak. Le pedí a Carlos que describiera los instantes posteriores a las explosiones en la maratón:

 
“Todo el mundo estaba en el suelo. Había personas quebradas, algunas mutiladas, otros desmayados, tantos heridos. Nunca en mi vida había visto algo igual. Fue un momento horrible. La gente corría y muchos realmente manejaron la situación de la mejor manera posible, dadas las circunstancias. Enseguida nos dimos cuenta de que se trató de la explosión de un artefacto improvisado. Mi primera reacción, como voluntario de la Cruz Roja, fue simplemente ir allí y cumplir con mi deber. Muchas personas hicieron lo mismo: policías, miembros de la Guardia Nacional, espectadores, veteranos de guerra. Todo el mundo se unió y acudió a ayudar. No sabíamos si había una tercera bomba, pero todos sacaron las vallas y movieron cielo y tierra. Y en muy poco tiempo, todo el mundo fue trasladado a la zona de emergencia, a unos 130 metros de allí, donde había muchísimo personal y unidades médicas de emergencia. Hubo mucha ayuda”.

 
Carlos concentró sus esfuerzos en ayudar a Jeff Bauman Jr., quien sufrió heridas graves en ambas piernas: “Rompí su camiseta, y con la ayuda de otro señor, le colocamos un torniquete en las piernas. En cuanto hubo una silla de ruedas disponible, lo levanté y lo puse en la silla y lo saqué de allí”.

 
El gran nivel de especialización de los hospitales de Boston no fue suficiente para salvar la vida de Martin Richard. Su hermana de 7 años de edad, a quien le encanta bailar, perdió su pierna, y su madre, Denise, sufrió un traumatismo grave en la cabeza. Denise es la bibliotecaria de la escuela primaria Neighborhood House Charter School y miembro activo de una organización comunitaria. El padre de Martin, Bill, es un activista muy respetado en la comunidad, que ha ayudado a revitalizar el área.

 
Hace siete años, también en el Día del Patriota, después de la Maratón de Boston, me encontraba en el histórico edificio Faneuil Hall junto al reconocido historiador fallecido Howard Zinn. Era la noche fría y lluviosa del 16 de abril de 2007, cuando llegaron noticias de una masacre en Blacksburg, Virginia, en el predio de la universidad de Virginia Tech. Treinta y dos personas murieron ese día, además del asesino, que se suicidó. Esta semana, mientras la recta final de la Maratón de Boston estuvo dedicada a las 26 personas que murieron asesinadas en Newtown, Connecticut, el Senado – controlado por los demócratas – no logró aprobar siquiera la parte más básica del acuerdo sobre la legislación de control de armas, una reforma suavizada de la verificación de antecedentes.

 
La primera explosión en Boston ocurrió detrás de una fila de banderas ondeantes de todo el mundo, que refleja la dimensión internacional de la maratón más antigua del país. Las banderas me recordaron, una vez más, las palabras de Howard Zinn: “Ninguna bandera es lo suficientemente grande como para cubrir la vergüenza del asesinato de personas inocentes”.

 
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Denis Moynihan colaboró en la producción periodística de esta columna.
 

Publicado el 19 de abril de 2013
 
Amy Goodman

 
Texto en inglés traducido por Mercedes Camps. Edición: María Eva Blotta y Democracy Now! en español, Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla

En América Latina se comete uno de cada cinco homicidios que ocurren cada día en el mundo. Es ya la segunda región más violenta del planeta, después de África, sostuvo Luis Alberto Moreno, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Este fenómeno causa más muertes que las enfermedades asociadas al sida o las de mujeres que fallecen por complicaciones durante el parto, expuso.

Además del efecto social y en vidas, la violencia tiene un costo económico. Para América Latina esa suma alcanza 7 por ciento de su producto interno bruto (PIB), unos 350 mil millones de dólares, calculó Moreno, al participar en un seminario sobre el tema, organizado por el BID y el Banco Mundial.

Aunque no hay datos concluyentes, dada la dificultad de medir el costo de la actividad de los delincuentes, el Banco Mundial calculó que en el caso de México la violencia puede tener un efecto económico de hasta 8 por ciento de su producto interno bruto, alrededor de un billón 300 mil millones de pesos al año.

“Existen informes, como uno de JP Morgan, que cifran el costo directo de la violencia en México, sólo la relacionada con el tráfico de drogas, en alrededor de 1.5 puntos del PIB”, unos 230 mil millones de pesos, mencionó Hasan Tuluy, vicepresidente para América Latina del Banco Mundial. “Pero existen muchos otros costos y gastos, tanto públicos como privados, e indirectos, como la pérdida de vidas, pérdida de empleo, que cuestan mucho más”, dijo. Así, el costo podría alcanzar hasta 8 por ciento del PIB, esto es, un billón 300 mil millones de pesos.

En el plano regional, las muertes relacionadas con la violencia, que afectan sobre todo a la población joven, superan las causadas por enfermedades relacionadas con el sida, el mal de chagas a los complicaciones del embarazo y el parto, aseguró Moreno durante el foro, al que asistió Mauricio Funes, presidente de El Salvador.

Hoy América Latina vive una enorme paradoja, dijo Moreno. En dos décadas la región logró triplicar el ingreso per cápita, terminar con la hiperinflación y lograr una importante reducción de la pobreza, apuntó

“La región está en auge, con democracias estables y una creciente clase media, pero al mismo tiempo sigue siendo una de las más inseguras del mundo, después de África y aunque en Latinoamerica vive 8 por ciento de la población mundial se cometen 20 por ciento (uno de cada cinco) de todos los homicidios del planeta”, afirmó.

Comparó el efecto de la inseguridad con otros riesgos que enfrentan los habitantes de la región:

En un día típico en América Latina y el Caribe, comentó, morirían 27 personas por el mal de Chagas; unas 32 mujeres perderían la vida por complicaciones del parto y 156 fallecerían por males relacionados con el sida.

“Pero ninguno de esos riesgos se aproxima al de un deceso violento: en América Latina cada día son asesinadas 350 personas”, afirmó. Las víctimas de la violencia, agregó, son fundamentalmente jóvenes. Citó cifras de Naciones Unidas según las cuales 41 por ciento de los muertos en un año tienen entre 20 y 34 años de edad.

La inseguridad, la principal preocupación de la población, dijo, impone a la vez un “terrible costo” económico. Si se incluyen los efectos adversos en el turismo y los gastos en aparato médico, de justicia y prevención, dijo reduce el producto interno bruto de los países hasta en 7 por ciento.

El entorno de inseguridad que afecta a la región, sostuvo, incide de forma negativa en el desarrollo económico y social de los países, reduce la competitividad y productividad y frena la inversión extranjera, a la vez que amenaza el crecimiento y el desarrollo.

Dijo que el esfuerzo para abatir la inseguridad requiere la participación de la iniciativa privada, la sociedad civil, los medios de comunicación y los organismos de desarrollo, como son el BID o el Banco Mundial.