La violencia parece no tener fin en Colombia. En un nuevo informe de Human Rights Watch (HRW), la organización denunció la existencia de “abusos graves y generalizados” perpetrados por nuevos grupos armados considerados los sucesores de los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). La ONG criticó asimismo la gestión del presidente Alvaro Uribe por “no haber abordado el surgimiento de los grupos sucesores con la seriedad que amerita este problema, fracasando en hacer un esfuerzo serio en romper los vínculos, denunciar y castigar”. Ante las críticas, el gobierno colombiano salió a controlar los daños inmediatamente, calificando al informe de “mentiroso y basado en especulaciones.”“Entre 2003 y 2006 Colombia implementó un proceso de desmovilización de la violenta coalición armada AUC. Según el gobierno, el proceso fue exitoso y desde entonces han afirmado en varias oportunidades que ya no existen paramilitares en su país. Sin embargo poco después de la desmovilización, surgieron grupos sucesores en todo Colombia que continuaron con la actividad delictiva, logrando un impacto brutal en la situación humanitaria y de derechos humanos en el país”, reza la introducción del informe presentado ayer en Bogotá “Herederos de los Paramilitares: La nueva Cara de la violencia en Colombia”.
Tras dos años de trabajo de campo, el informe de 126 páginas describe la brutal participación de estos nuevos grupos armados en masacres, ejecuciones, desplazamientos forzados, violaciones y extorsión, generando un clima de constante amenaza en cada una de las comunidades bajo su influencia. Su presencia se extiende a prácticamente todo el país, habiéndose confirmado su actividad en 24 de los 32 departamentos colombianos.
“El gobierno ha tomado algunas medidas para enfrentarlos, pero no ha hecho un esfuerzo sostenido y significativo para proteger a los civiles, investigar las redes criminales de estos grupos e identificar a sus cómplices y bienes”, señaló de manera crítica el director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco. “Estas bandas son una continuación de bloques paramilitares muy conocidos que operan bajo el mismo patrón. Casi todos sus líderes eran mandos medios de las AUC que no se desmovilizaron o cometieron fraude con ese proceso. Muchos fueron contratados para hacerse pasar por paramilitares y los verdaderos mantuvieron intactas sus estructuras”, indicó el responsable de la organización defensora de los derechos humanos.
Los nuevos grupos armados han logrado instalarse tanto en zonas rurales como en urbanas, destacándose el caso particular de Medellín, que sufrió un incremento del ciento por ciento en el número de homicidios durante el último año. De acuerdo con la policía nacional colombiana, el número de integrantes armados rondaría los 4000 miembros nucleados en ocho organizaciones diferentes. Sin embargo, HRW advirtió que algunas estimaciones llevarían esa cifra a los 10.000 integrantes. Estas bandas, con nombres como Aguilas Negras, Rastrojos o Los Paisas reclutan activamente a nuevos miembros y, pese a la captura de algunos de sus jefes, actúan con rapidez para reemplazar a estos mandos y ampliar sus zonas de operación, aseguró el dossier.
El surgimiento de los grupos sucesores era predecible de acuerdo con la HRW. El gobierno colombiano no logró desarticular las redes criminales de manera eficaz por una implementación inadecuada y mal concebida de las desmovilizaciones entre 2003 y 2006. Asimismo, la ONG manifiesta preocupación por las denuncias de supuesta “tolerancia” de algunos funcionarios del Estado y de sectores de la fuerza pública frente a la actuación de los paramilitares. Fiscales y miembros de alto rango de la policía indicaron a la organización que esto obtaculiza su labor.
“Queremos recordar al gobierno del presidente Alvaro Uribe que tiene obligaciones para enfrentar a esos grupos y proteger a la población civil. Creemos que hay una actitud pasiva y un discurso dirigido a minimizar la importancia de este problema. No hay suficientes policías en las zonas en que actúan estos grupos y no vemos el despliegue de recursos necesarios. Tampoco notamos esfuerzos para enfrentar la tolerancia con estos grupos”, señaló el director de la HRW, mientras que expresó su confianza en que este informe sirva para redefinir las prioridades vigentes del actual gobierno en materia de seguridad.
El documento de la HRW fue tajantemente rechazado por el ministro de Defensa colombiano, Gabriel Silva. “Es un informe que no se basa en la realidad. No tiene información, sino especulaciones, son generalidades que cuando uno las confronta con los hechos nunca son capaces de demostrarlo”, dijo el funcionario a los medios locales, tras cancelar la entrevista que tenía prevista ayer con Vivanco.
