“Hice un curso antiguerrilla en Tartagal, Salta, en 1967, con los yanquis. Allí yo aprendí a matar. Nos enseñaron técnicas de interrogatorio. El interrogatorio a través de la tortura. Cómo se debía torturar. La finalidad era extraer información.” El testimonio del policía y ex militar Roberto Reyes, testigo en el juicio que se lleva a cabo en Mendoza contra cuatro represores por crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura, es el primero que da cuenta de la presencia de especialistas norteamericanos para entrenar a las tropas en las técnicas ilegales que se utilizarían de forma sistemática casi una década más tarde, después del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Según el relato de Reyes, “unos 200” efectivos argentinos, entre oficiales y suboficiales, acudieron al curso, dictado por alrededor de veinte rangers que “habían estado en Vietnam”. Finalmente, relató, los veteranos estadounidenses “pasaron vergüenza” ante la ferocidad de sus alumnos. “Terminaron aprendiendo de nosotros”, señaló el testigo.
“Yo me anoté para hacer el curso porque me dijo mi padre, que era militar, todos los cursos que puedas hacer, hacelos.” Reyes llegó a ser cabo primero aunque siempre –asegura– se desempeñó en el Ejército como parte de la banda de música, hasta que, tras un accidente en 1970, fue dado de baja y se incorporó a la policía. El golpe del ’76 lo encontró cumpliendo un rol de guardiacárcel, primero en la zona llamada Sierra Pintada, luego en la Casa Departamental de San Rafael, adonde funcionó un centro clandestino de detención, motivo por el que fue citado como testigo. Sin embargo, sorprendió a todos los presentes en la audiencia cuando relató cómo, mientras revistaba en las Fuerzas Armadas, participó de este “curso antiguerrilla” que duró cuatro meses, en 1967, “cuando estaba el Che Guevara en Bolivia”. Argentina era gobernada por el régimen de facto de Juan Carlos Onganía.
Según narró ante los jueces del Tribunal Federal Nº 2 de San Rafael y una nutrida asistencia (en su mayoría familiares de desaparecidos), en el curso les enseñaron “como se debía torturar, distintos tipos de tortura”. Incluso detalló algunas de las técnicas adquiridas. “Por ejemplo, estaquearlos con correas mojadas y a medida que se secaban, cortarles los párpados, y llegado el momento se volvían locos porque no podían cerrar los ojos, les tiraban sal, estaban al rayo del sol –detalló–. Otra tortura era el submarino, había métodos de tortura como colgarlos de las manos, llegando al momento se descoyuntaban”. Sin embargo, para Reyes, las técnicas que traían los rangers “las conocía todo el mundo, no venían con nada nuevo: picana, sumergir a las personas, les colocaban bolsas en la cabeza, inyectables para que se desesperen, griten, pedían que los mataran”. El objetivo era inequívoco: “La finalidad de esa tortura era extraer información”, confirmó Reyes, que aseguró que “en esa situación límite dicen cualquier cosa con tal de salvarse”. Durante el entrenamiento, además, recibieron “reglamentos o especie de manuales en inglés” y, al finalizar, “hasta un diploma”.
Aunque su testimonio no dejó nuevos detalles sobre la comisión de crímenes de lesa humanidad en Mendoza durante la última dictadura, sí “demuestra que efectivamente hubo un plan sistemático de terrorismo de Estado que se comenzó a preparar en los años sesenta para ponerse en marcha en los setenta”, apreció el abogado querellante Pablo Salinas en declaraciones al diario local Mendoza Online. Reyes también reconoció haber visto a los imputados en el centro de detención y, aunque asegura que nunca vio a nadie allí con señales de tortura, reconoció que tener a alguien encerrado en una celda sin luz e incomunicado es una forma de tormento.
El primer juicio oral avanza contra los responsables del terrorismo de Estado en la provincia de Mendoza luego de que los camaristas Luis Francisco Miret y Otilio Romano, que frenaban su desarrollo (también bloquearon la aplicación de la nueva ley de medios), fueran denunciados por su complicidad con la dictadura. Ahora están siendo juzgados el ex teniente coronel Aníbal Alberto Guevara y los policías Raúl Alberto Ruiz Soppe (por entonces jefe de la Unidad Regional II), José Martín Mussere (oficial que funcionaba como enlace con el Ejército), Juan Manuel Labarta (que revistaba en la Policía de Investigaciones, o D2, de San Rafael) y Raúl Egea (abogado). El médico de la policía Cristóbal Ruiz Pozo, en tanto, quedó relevado por encontrarse internado y con una enfermedad terminal. El jefe del Tercer Cuerpo del Ejército Luciano Benjamín Menéndez, ya condenado cuatro veces a cadena perpetua, fue separado de esta causa para afrontar otro juicio en Córdoba.
Por Nicolás Lantos
Doctor Trujillo. Cuento ilustrado.
