Honor. Como no se veía desde hace muchos años en Colombia, varios conflictos laborales descarnan al gobierno de turno. Trabajadores de la justicia reclaman real independencia de la rama judicial, equidad salarial, seguridad en el trabajo, que la justicia tenga un presupuesto que pueda manejar de manera autónoma.
A su vez, los cortadores de caña demandan estabilidad, vinculación directa, trabajo digno. En suma, probidad. Fiel defensor de la riqueza concentrada, del gobierno de unos pocos el Ejecutivo se niega a cualquier diálogo propositivo. No le queda sino la fuerza. Luis Carlos Sarmiento Angulo, uno de los dueños del país, lo precisó: “Hay que poner orden”.
A continuación, un acercamiento a estos paros, y al tema del empleo y la informalidad, en auge en el país.
La generación de empleo es una de las grandes dificultades del modelo económico colombiano. A pesar del crecimiento que caracterizó la economía nacional en los últimos años (8,2 por ciento en el 2007), el desempleo conservó cifras altas, de tiempos de recesion, con más de dos millones de trabajadores botados a la calle. De acuerdo al Dane, en agosto pasado el desempleo se elevó al 11,2 por ciento, lo que significa que 2.188 connacionales no gozan de vinculación alguna a una empresa o institución.
Las altas tasas de crecimiento son insuficientes para quebrar el desempleo, es decir, y según economistas tradicionales, para redistribuir la riqueza, pero sí favorables al crecimiento de la informalidad. Como se sabe, los trabajadores independientes, el contrato a destajo, a término definido, la vinculación mediante terceros (‘cooperativas de trabajo asociado’) es lo que se impone en nuestra economía, no sólo en la industria privada sino también y con fuerza en el sector público. No es extraño, por tanto, que el empleo de calidad brille por su ausencia. Esta realidad se profundizará, de no surgir una fuerte resistencia de los sectores organizados de los trabajadores, ahora que en el Norte se entra en crisis económica, cuyos ecos pronto llegarán a estas tierras.
“No se puede”
No será extraño entonces escuchar, ante cada demanda de los trabajadores, en boca de empresarios, ministros y el Presidente mismo, la coocida respuesta: “Los reajustes no pueden pasar de ciertos topes, pues ‘hay que ser precabidos’”. O “No se puede autorizar tales demandas porque, si lo hacemos, ‘seríamos irresponsables’. “Nos toca administrar con sensatez”. O aquella que quiere ser coloquial: “Estamos raspando la olla”. De hecho, ya se pronuncia ante la demanda de los trabajadores agrícolas de la caña y de quienes laboran en la justicia.
Son declaraciones que disfrazan, en realidad, la sociedad de clases que convive en Colombia, donde la administración pública favorece de manera incondicional a los más pudientes. Las leyes y las normas aprobadas así lo confirman. Pero, además, sociedad que en épocas de abundancia también concentra en pocas manos. Las mismas manos que piden que en época de crisis las pérdidas sí se socialicen.
Así, por ejemplo, la riqueza generada en 2006 no ‘permitió’ que les incrementaran de manera notable los salarios a sus trabajadores (en 2006, el salario, incluido subsidio de transporte, era de 455.700; para 2007 llegó a 484.500; en 2007 alcanzó 516.500) y mucho menos que crearan más puestos de trabajo. Veamos: el sector industrial, con un crecimiento del 10,8 por ciento, sólo generó 1,9 de puestos de trabajo adicionales; comercio, que en ese mismo año logró un crecimiento del 10,7, únicamente generó un 2 por ciento de puestos de trabajo; en agricultura, con un crecimiento del 2,3, apenas se generó un 1,3 de puestos de trabajo; y en el sector financiero, que creció un 1,4, generó un 0,2 de puestos de trabajo.
No redistribuyen pero quieren más ganancias. Por eso, siguen eludiendo obligaciones parafiscales, para lo cual contratan personal en la modalidad de independientes. Este modo de actuar se pontencializa en un modelo económico concentrador de la riqueza, excluyente y proclive a mantener la desigualdad. El resultado: un tipo de crecimiento que no genera más empleo de calidad ni mejores ingresos a largo plazo.
Las CTA
Para la muestra un botón: los corteros de caña. Su lucha por trabajo y salario dignos ha colocado en el centro del debate nacional la realidad del trabajo precario y la manera como lo han encubierto: las Cooperativas de Trabajo Asociado (CAT). Realidad vigente, con crecimiento continuo, desde que ganó mayor espacio el llamado trabajador independiente. Las reformas laborales de 1990 y 2002 la potenciaron: de su mano, la inestabilidad laboral se hizo norma, los salarios se redujeron, los derechos se eliminaron, los sindicatos fueron aún más perseguidos.
El gráfico anexo (elaborado por el Ocse-CID de la Universidad Nacional) permite observar cómo la contratación permanente cede espacio ante la temporal:
Las cifras son infames. Mientras en el año 2006 hubo 6,6 millones de independientes, en lo que va corrido de 2008 este número alcanza 7,3 millones de trabajadores. Es decir, un crecimiento de más de 700.000 independientes. En contraste, el número de asalariados apenas se incrementó en 67.000.
Semejante tendencia de los trabajadores independientes respecto a los asalariados se explica sencillamente porque muchas empresas, aprovechando las dádivas oficiales, desmontan sus plantas de personal para sustituirlas por la subcontratación a través de terceros. ¡La tercerización! (ver recuadro, Auge creciente).
Cooperativismo deformado
El cooperativismo es conocido como una opción solidaria de resistencia. Así nació y así se ha mantenido en muchos sectores. Pero, aprovechando sus ventajas tributarias, los patrones lo han utilizado con otros objetivos.
Es el caso de las llamadas ‘cooperativas de Trabajo asociado’ (CTA), ejemplo de la precarización del empleo, disfrazado de empleo de calidad, pues a través de éstas supuestamente se cumplieron los dos objetivos de la reforma laboral: crear nuevas empresas y nuevos puestos de trabajo. En efecto, después de la reforma laboral de 2002, se han creado 1.923 nuevas cooperativas, con cerca de 350.000 asociados y 50.308 empleados. Técnicamente hablando, para el Dane los asociados, los trabajadores independientes y los empleados son asalariados, lo que le permite al Gobierno afirmar que hay grandes avances en materia de empleo. Sin embargo, como se dijo antes, se trata de un empleo muy precario porque las garantías laborales son mínimas. Según Bonilla (2007), algunos analistas hablan hasta de un millón de asociados a las cooperativas, lo que hace aún más alegres la cuentas del Gobierno.
En muchos casos, las empresas desmontan la nómina directa y trasladan los aportes de seguridad social a los empleados, dejando de pagar los parafiscales. Esto significa que hacen y aplican su propia reforma laboral. Es el caso de los trabajadores que cortan caña, quienes, luego de trabajar todo un día, sometidos a temperaturas de 35 y más grados, debiendo cortar hasta cuatro toneladas de caña por día, no ganan mucho más de 25 mil pesos, ‘salario’ al cual deben descontarle seguridad social, aportes a la cooperativa y pago de la dotación de trabajo. Así, con el sudor ajeno, los ricos se hacen más ricos, y en el país crece la histórica brecha entre ricos y pobres.
Auge creciente
El auge de las CTA ha sido evidente. Su ‘agosto’ o ‘primavera’ se dio a comienzos del mandato uribista, al pasar de 100.000 asociados a 452.000, bajo el único pretexto de conseguir menores costos laborales para las empresas-cliente, y de paso facilitaron el desmonte de lo público. Lo cierto es que las CTA, por ejemplo en el sector salud, de cero que había en 2000, por obra y gracia del uribismo pasaron en 2006 a 309, y en 2008 a 340.
El uribismo puede exhibir los trofeos logrados por su táctica: diferencial de costos por mano de obra barata, por el carácter no laboral del trabajo asociado, menores impuestos y ventajas del outsursing, acabaron con los sindicatos y pliegos de peticiones, y pusieron a los trabajadores (asociados) a hacer denuncias de mora en los pagos, elusión de sus reconocimientos o evasiones de aportes a la seguridad social, y los pusieron lejos de pelear por condiciones dignas de trabajo, salarios justos, estabilidad laboral y demás. De paso, también fomentaron la corrupción. Sólo el 23 por ciento de las CTA reportó pagos de cesantías o primas, o pagos a las cajas de compensación; en general, los ‘asociados’ reciben menos que los demás trabajadores formales. Con razón, los gringos pusieron sobre los cuestionamientos al TLC el dumping de la mano de obra, difícil de competir o confrontar bajo la figura de las CTA.
Un mundo de posibilidades para el patrón
Los independientes son contratados mediante cuatro modalidades de trabajo que no les permiten gozar de las garantías laborales consagradas por la ley:
Orden de Prestación de Servicios (OPS). Se utilizan para el desarrollo de actividades complementarias y por eventos, tales como los servicios profesionales, de mantenimiento, empaques y terminados.
Asociados a una Empresa Asociativa de Trabajo (EAT) o a una Cooperativas de Trabajo Asociado (CTA).
Contratos sindicales (CS). Convierten al sindicato, donde aún existe, en un ejecutor de la producción alterna y el desmonte de las plantas de personal.
Subcontratación directa (SD) con antiguos trabajadores, que se convierten en proveedores y trabajan desde su casa.
Todos estos mecanismos promovidos por las grandes empresas para reestructurar su planta de personal y de costos, subcontratando con sus antiguos trabajadores y trasladando los costos laborales a figuras equivalentes a la compra de insumos.
Ninguna de estas modalidades les ofrece a los trabajadores una remuneración mínima, reajustable periódicamente, con reconocimiento de prestaciones sociales y afiliación al sistema de seguridad social (salud, pensiones, riesgos profesionales). El ‘rebusque’ no ofrece ninguna de estas garantías.
“Bagazo humano”
Un paro fundamental. Desde el pasado 15 de septiembre, 20 mil trabajadores agrícolas que laboran en los ingenios María Luisa, La Cabaña, Manuelita, Mayaguez, Pichicí, Cauca, Castilla, Providencia y Central Tumaco han guardado sus machetes. Se resisten a cortar la caña. La razón: exigen contratos directos, seguridad social efectiva, salario digno (ver recuadro).
Trabajadores regidos por la reforma laboral de 2002, es decir, ‘flexibilizados’ como, se les llama eufemísticamente. O trabajadores a destajo, como se les conoce más popularmente: se les paga por lo que hacen al día. Obreros informales, los llama el Dane. Cualquiera que sea la denominación, con su paro, estos corteros atacan uno de los aspectos más brutales de la regulación laboral legalizada en Colombia: las ‘cooperativas de trabajo asociado’ (CTA), a través de las cuales el patrón evade su responsabilidad con el trabajador. Simplemente le pagan al intermediario. Éste verá cómo regula y controla su relación con los miles de obreros.
Y en este caso, es vergonzoso. Les cancelan alrededor de 8.000 pesos por cada tonelada cortada, de los cuales les descuentan los materiales de trabajo: botas, pantalón, lima y machete. Pero también les retienen la seguridad social (alrededor del 27 por ciento de lo devengado), y así esos 8.000 pesos quedan reducidos a $ 2.500.
Con un trabajo en condiciones difíciles, sometido el trabajador a temperaturas de 35 grados, debiendo presentarse al corte a las cinco o seis de la mañana, presionado por capataces que añoran el látigo del esclavista. Sin posibilidad de cortar lo que su fuerza le permite por día o lo que las necesidades hogareñas le demandan, toda vez que la empresa limita la cantidad de caña posible de cortar. Es decir, los pagos están limitados. No es extraño, por tanto, que algunos obreros no reciban sueldos superiores a 150 mil ó 200 mil pesos por quincena. Salario de hambre.
Con esos sueldos y el aumento en el costo de vida, los corteros han perdido poder adquisitivo, y su calidad de vida desmejora notablemente. Muchos viven hacinados; sus hijos ven negada la educación por física incapacidad económica para movilizarse o garantizar el alimento antes de salir de la casa. No es de extrañar que se diga que los cañeros están sometidos a una forma moderna de esclavitud.
La manipulación
Es a estos trabajadores, descendientes en su mayoría de los esclavos que habitaron el Cauca y el Valle del Cauca, soporte de un modelo hacendatario, base de la violencia pretérita y presente que padece la mayoría de colombianos, a quienes el Gobierno ha descalificado por su protesta, diciendo incluso que son manipulados por la subversión.
Es a estos obreros, tratados como bagazo, a quienes ahora se les señala como culpables por el incremento del precio de la azúcar y de la gasolina. ¡Las cosas que hay que ver en este país! Quien protesta es guerrillero. Y el Gobierno, que debe representar y garantizar los derechos de todos, siempre termina inclinándose por favorecer a los ricos.
Es por ello que no tardó en militarizar los ingenios y sus alrededores. Pero, además, en atacar y reprimir con toda violencia a los corteros, que en su derecho han salido a la calle a gritar sus demandas y exigir una solución pronta de las mismas.
Desde el comienzo, en septiembre, hasta el miércoles 8, cuando las esposas salieron a manifestarse en demanda de solución del paro, la respuesta es la misma: garrote, gases, detenciones, disparos.
Entre tanto, las negociaciones se dilatan. La respuesta de la patronal, para la cual no hay fuerza que la obligue, es desconocer los sindicatos, pues “con ellos no tiene relación alguna”. Ya se sabe: solamente tienen relación con las CTA. Está a la vista otro de los efectos perversos de la reforma laboral de 2002: la liquidación de los sindicatos.
Cínicos. Son ellos, los patrones y sus defensores, quienes propagan todos los días la supuesta existencia y reino de una sociedad democrática entre quienes habitan a Colombia, pero –¡vaya paradoja!– ni siquiera la participación y la asociación más elemental es posible.
En este punto de la historia nacional, la solidaridad es lo único que les queda a los negados para romper el silencio con que los ‘atienden’. La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) tiene una prueba de fuego para hacer valer su sentido presente y futuro.
¿Qué exigen los corteros?
Contratación directa con las empresas y estabilidad laboral, pago de los días perdidos por paradas de la empresa, pago de los días que asisten al médico y los tres primeros días de incapacidad por enfermedad que no pagan las EPS; auxilios para educación, vivienda, etcétera; primas de antigüedad y vacaciones, entre otras. El control efectivo al peso de la caña con mecanismos concertados que elimine las dudas (báscula móvil) y la terminación del sistema global, regresando al mecanismo del peso por uñadas. Que se respete el derecho al trabajo ante la creciente mecanización del corte de caña. Que las empresas, las EPS y las ARP resuelvan el problema de los más de 200 corteros que se incapacitan anualmente y que mandan a reubicar, y los de incapacidad permanente total, a quienes se les niega la pensión. Un aumento salarial del 30 por ciento que compense el altísimo costo de vida, las extenuantes jornadas de trabajo y la rudeza de las labores del corte de caña. No represalias para los trabajadores que participan en la justa y pacífica protesta.
Fernando Otálvaro Calle, presidente Asonal Judicial Antioquia*
“No estamos luchando por primas”
Paro fuerte. Seis semanas de cese, en demanda de independencia para la Rama, seguridad, estabilidad laboral, cierre de la brecha entre los funcionarios más altos del sector y los demás trabajadores. El Gobierno ha tratado de quebrarlo poniendo en contra a la opinión pública, al mostrar a estos trabajadores como causantes de muchos perjuicios para el país. Asimismo, intenta su desmembramiento con los reajustes unilaterales, legalizados a través de los decretos: 3899, 3900, 3901, 3902. No ceden los trabajadores. En la Costa Atlántica, Bucaramanga, Cali y Bogotá el paro se mantiene fuerte. “Un paro de puertas abiertas; los que estamos lo hacemos por conciencia”, confirma Otálvaro. Excusado en esa fortaleza y realzando su autoritarismo como única opción para no reconocer los derechos legítimos de los trabajadores, Uribe decreta la conmoción interior. Al cierre de esta edición aún no se conocían las reacciones de los huelguistas.
desde abajo. ¿Cuáles son las peticiones que le presentaron al Gobierno, y que ahora alimentan el paro que sostienen desde hace más de un mes?
Fernando Otálvaro Calle. En lo político: que se respete y se garantice autonomía para la rama judicial. Esto se traduce en: que el Gobierno acate los fallos de la Corte, los Tribunales y los Jueces. Ejemplo: el Tribunal de Bogotá falló con relación a las fumigaciones con glifosfato, prohibiéndolas; sin embargo, no cesan. Otro desconocimiento, el caso Yidis: le dieron casa por cárcel pero el Inpec no cumplió con la orden porque el Gobierno se oponía y tuvo que intervenir la Procuraduría.
Son dilaciones con las cuales se desconoce el artículo 120 de la Constitución Nacional, que precisa que el Ejecutivo tiene que cumplir y hacer cumplir los fallos judiciales. Se solicita, en concreto, que el Presidente diga que va a respetar la Carta Política y que efectivamente lo haga.
Este es un aspecto. El otro: que la Justicia tenga un presupuesto que pueda manejar de manera autónoma. En la actualidad hay que contar con el Ministro de Hacienda para que lo apruebe. Esto se traduce en que del PIB se destine el 3 por ciento para la Rama.
da. Tenemos entendido que una preocupación dentro del pliego es la estabilidad laboral…
FOC. Sí. Solicitamos la suspensión de los concursos en la Rama judicial. Vea, hay fiscales que llevan 15 años laborando y no pasaron el concurso debido a las jornadas laborales tan largas, lo cual no les permite capacitarse por falta de tiempo. Es por ello que solicitamos una transición, que se les evalúe y se les permita estar en carrera.
Este aspecto es importante para nosotros, pues si se aplica el concurso salen 550 empleados en Antioquia, en el país 5.000 en la Rama, y otros 15.000 en la Fiscalía. Si esto sucede, perdemos nosotros y también el Estado, pues éste tendrá que renunciar a un importante caudal de experiencia, improvisando hasta capacitar a los nuevos.
da. ¿Cuánto hace que no se realizaba el concurso en la Rama?
FOC. En la Rama, hace siete años; en la Fiscalía, desde la nueva Constitución, o sea, desde 1991.
da. Y en lo económico, ¿cuál es la solicitud?
FOC. Pedimos la nivelación, que consiste en el cumplimiento de la Ley 4ª de 1992. Allí se establece que los salarios sean equitativos y que no debe haber desproporcionalidad en la remuneración de los diferentes cargos.
El salario de las altas Cortes es equivalente al salario de los congre-sistas: IPC más ponderación de incremento del Estado el año anterior: incremento anual 10 por ciento. Hoy, los funcionarios de las altas Cortes devengan 17,5 millones de pesos, y los Magistrados de los tribunales el 80 por ciento del salario de las altas cortes, es decir, 14 millones.
Un Juez de Circuito devenga cuatro millones y medio; un Juez Municipal, 3 millones setecientos mil pesos. El Gobierno ha cooptado a las altas Cortes.
Un empleado como el Secretario, que por ley tiene que ser abogado, devenga un millón y medio de pesos; un Oficial, al que se le exigen tres años cursados de Derecho, menos de un millón; los Citadores ganan menos de 500 mil; los trabajadores de centro de servicios, por ejemplo, un Psicólogo encargado de la resocialización, un millón; los Psiquiatras, un Ingeniero electrónico, un millón 200 mil. Los salarios de Escribiente son pésimos. Esa es nuestra situación salarial, por lo cual solicitamos asignaciones dignas.
da. Lo que piden es que se garantice la dignidad en el trabajo…
FOC. Sí. Que se nivelen los salarios según lo que devengan los Empleados del Despacho, que se tenga en cuenta tiempo de servicio y experiencia. Se solicita para los ejecutivos un millón y medio y que se dé un aumento del 70 por ciento. Para completar este panorama, hay que precisar que no tenemos escalafón, y por ello el salario siempre es el mismo.
da. Entendemos que demandan seguridad. ¿Por qué y en qué aspectos?
FOC. Contra funcionarios de la Rama se presentan atentados, asesinatos y desapariciones, y en ocasiones el Estado se hace el desentendido con los deudos o la protección de los afectados. Hay amenazas derivadas de investigaciones complicadas, donde se procura encontrar desaparecidos, y en las cuales han estado comprometidos mandos de las autodefensas. Necesitamos mejorar mucho en esto.
Este es un aspecto. Otro es la situación de muchos de los edificios donde trabajamos, sobre todo en provincia, verdaderas ruinas donde quienes allí laboran corren constante peligro de accidente o muerte. Pero, además, higiene. En nuestros puestos de trabajo no existe una política de seguridad industrial ni de higiene. Hay contaminación visual, los puestos de trabajo no tienen condiciones mínimas par laborar sin temor a enfermarse, los computadores carecen de protectores. Los funcionarios que hacen levantamientos de cadáveres no tienen medidas de precaución; les tocas manipular toda clase de químicos sin protección, sabiendo de antemano que esto produce cáncer. Las jornadas laborales son de mínimo 16 horas. Al empleado le exigen productividad y lo miden con relación a funcionarios que se llevan el trabajo para la casa, laboran de seguido. Hay trabajadores que se enferman de estrés o trombosis. En este momento hay tres fiscales a quienes se les diagnosticó muerte cerebral.
da. ¿Cuál ha sido la respuesta del Gobierno ante sus demandas?
FOC. Dilaciones. En cuanto a presupuesto, dice que es imposible. Respecto a estabilidad, precisa que se debe hablar con la Fiscalía y el Consejo Superior. Dice que no se puede suprimir el concurso porque los demandan. En cuanto a seguridad, afirma que es un problema estructural que requiere inversión y no hay dinero. No se niegan a discutirlo en el futuro con el Consejo Superior de la Judicatura. Con el tema de nivelación, que se hizo en 1993, lo cual no es cierto. Manipulan. En ese año propuso unos salarios atractivos para que los trabajadores renunciaran al derecho a la retroactividad de las cesantías, consistente en que éstas se liquidaban con base en el salario del último año de servicio, y, en efecto, muchos renunciamos y hoy consideramos que lo que hubo fue un raponazo a nuestros derechos. Actualmente, liquidan año por año. Ahora el Gobierno ofrece 131 mil millones de pesos para repartirlos en dos años, 65 mil millones, 15 días de salario para los empleados, pagaderos en siete días el año entrante, y los otro ocho pagaderos en diciembre de 2010.
Los otros 66 mil millones de pesos los distribuirán en primas, así: 4 por ciento para empleados, pagaderos así: 2 por ciento el próximo año, y el otro 2 en 2010; para jueces y fiscales, 3 por ciento, pagaderos así: 1,5 el año entrante y el otro 1,5 en 2010. Pero no luchamos por primas sino por una nivelación que cierre la brecha entre los empleados de las Altas Cortes y los demás trabajadores, para que haya justicia y equidad.
da. ¿Considera usted que la justicia es un servicio público esencial?
FOC. No. De acuerdo con la definición que da la OIT, sólo son servicios esenciales los que tienen que ver con la seguridad y la vida.
* También es representante de los trabajadores judiciales en la comisión interinstitucional de la rama judicial.
| Siguiente > |
|---|
