El pasado mes de septiembre, entre el 9–16, se llevó a cabo la Semana por la memoria, en la cual se revivió el tema de la masacre de Trujillo, Valle. Los familiares se instalaron en el pueblo y la capital de Bogotá para reclamar justicia del Estado. Se realizó la entrega del informe sobre la reconstrucción de los asesinatos de 340 personas a manos de grupos narcotraficantes, paramilitares. Asesinatos realizados entre los años de 1986 y 1994.
Desde allí, con dolor en el alma, seguimos bogando hasta dar en la tierra que habitan los fieros cíclopes, unos seres sin ley. …los cíclopes no tratan en juntas ni saben de normas de justicia, las cumbres habitan de excelsas montañas, de sus cuevas haciendo mansión; cada cual da la ley a su esposa y sus hijos sin más y no piensan en los otros. La Odisea, de HomeroCon gran sentido, entre la angustia del pasado reciente los familiares avivaron el presente de este municipio de Trujillo, situado en el departamento del Valle del Cauca, paisaje surcado por caminos y altas montañas, con sembrados de café, plátano, caña, pino, fríjol, yuca, donde el 1º de abril de 1990, fueron sacadas a la fuerza 11 personas de la vereda La Sonora… entre ellos, labriegos, campesinos y una única mujer, la partera Esther Cayapu.
En este trasegar de la muerte, las montañas de Trujillo se convirtieron en una huella de terror, dolor y angustia para los ciudadanos, constituyendo un suceso trágico para los pobladores del lugar, el caso de la desaparición, tortura y descuartizamiento de numerosas personas, como el padre Tiberio Fernández el 17 de abril del mismo año. La muerte dejó una instancia histórica en la mediación de las montañas del municipio, donde se trasluce la más cruenta acción multiescalar y sistemática de asesinatos desde 1986, configurando la tragedia y el drama, una vez más, en la historia del Valle (1). Es la instalación del terror. La imposición de la paramilitarización en aquel pueblo: la detención, la tortura, la desaparición y el descuartizamiento con motosierra de campesinos entre el 31 de marzo y abril de 1990, se establecen como un desvío de la historia (2), retorcida y configurada en la más aterradora crueldad: el grado de criminalidad por acción de representantes militares e integrantes de organismos del Estado en complicidad con sectores económicos del Valle, delincuentes a sueldo al mando de narcotraficantes como Diego León Montoya, extraditado a los Estados Unidos en reciente decisión autorizada por el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez; y Henry Loaiza, alias “El Alacrán”.
Memoria sin barbarie y sin olvido…
No se puede establecer el asombro de lo visiblemente cruel como única instancia de la memoria. La posibilidad, ante el tiempo de barbarie contra la ciudadanía de Trujillo, implica exigir una conciencia de la historia, sin la ridiculez de sobriedad y tolerancia por la actividad de lo cruelmente permitido y socialmente concebido: los asesinatos de Trujillo. La intolerancia, la frivolidad, como condición hipócrita de la sociedad, no son formas sencillas de cotidianidad individual o social. La historia tiránica del actual Estado colombiano no permite reparaciones efectivas y prácticas. La memoria y las reparaciones se hacen con acciones sociales, de pensamiento, libertad y orden democrático. Sin ello, es imposible una verdadera justicia. Es imperativo generar una ruptura de la representación estatal en la dinámica de las diversas acciones y formas de impunidad: la acción narcomilitar (3), la organización delincuencial, la omisión de representantes burócratas del Estado en el desconocimiento de los derechos civiles, sociales y políticos de las víctimas directas y los individuos. En esta medida, apenas 20 años después, el 29 de septiembre pasado, hay medida para asegurar al ex alcalde de Trujillo y ex presidente de la Asamblea Departamental del Valle Rubén Darío Agudelo Puerta por su presunta responsabilidad en concierto para delinquir agravado y homicidio agravado por omisión. En octubre, el proceso de defensa de los derechos de la víctimas alcanza un eco irrisorio de justicia con el aseguramiento, con otras capturas, como la del ex suboficial del Ejército César Augusto Corredor Cetina para que rinda indagatoria por su presunta responsabilidad en homicidio agravado y secuestro en la masacre, en la que más de 300 personas fueron asesinadas; asimismo, se inicia indagatoria al teniente coronel Wilfredo Ruiz Silva, adscrito a la Brigada 13 con sede en la capital, asi como a ocho militares, policías en retiro y 10 civiles, por su presunta responsabilidad en la masacre. Además, Jairo Trejos Parra, suboficial (r) y aprehendido por el CTI en San Gil (Santander) (4).
Las 340 personas asesinadas y el reclamo de sus familiares, hasta la presente terminan en promesas estatales. Se prolonga de manera inhumana e hipócrita la más absoluta impunidad en cuanto a la responsabilidad en las ejecuciones, las desapariciones de civiles y las amenazas a sus familiares. Así, las reparaciones y acciones del Estado sobre los derechos civiles de las víctimas son irrisorias, nominativas, ridículas y de burla que sólo llevan a una efímera “acción de persecución y de corrupción” como dinámica de terror estatal, que se eleva en la memoria y se instala como dinámica del poder: control territorial, político, geográfico. Se sitúan mecanismos de poder y control social sobre las formas y representaciones de la memoria y también como prolongación del territorio en la represión total contra Trujillo.
La continuación y la implementación de mecanismos de represión y terror estatal se evidencian en: dos atentados contra el Muro Internacional del Amor, un incendio cerca de los osarios (2006), la profanación a la tumba del padre Tiberio Fernández (enero 2008). Así, se significa y se exige justicia y libertad para las víctimas y la sociedad, una memoria que trascienda, no solo como simple reconocimiento. Implica una conciencia permanente de la existencia histórica donde la memoria misma se instala en quienes toman la historia y la hacen: las víctimas descuartizadas y sus familiares. De un lado, las víctimas-familias reclaman sus derechos civiles: la pérdida de sus familiares y la desterritorialización a que están sujetos. Y, de otro lado, el Estado, sus victimarios y la sociedad como parte de la historia, donde se requieren acciones que permitan mecanismos de justicia y democracia, para una total claridad sobre la impunidad que impera y no perpetúe el arraigo de la propia historia que propiciaron los victimarios.
En esta memoria se precisa de un sentido de los hechos. Una sociedad que exija, actúe, transforme y subvierta el presente, sin atisbar hipócritamente el pasado en ruinas y lamentable de la muerte. Allí, la sociedad y el Estado deben establecer una ruptura de su propia acción delincuencial, acumulable, polivalente, que ejerce sólo estrategias mediáticas y representaciones burocráticas que eternizan el control político y dilatan una verdadera efectividad de la justicia, la democracia y la libertad, en el municipio de Sevilla y en otros territorios donde se han ejecutado y se ejecutan desapariciones forzadas, persecuciones políticas, asesinatos selectivos y masacres selectivas.
1 Ver documento del Cinep El paramilitarismo de Estado en Colombia 1988-2003.
2 Ver sustentación de numerosas familias de víctimas sobre la masacre de Trujillo (Valle del Cauca), ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos –CIDH– (Caso 11007).
3 Ver entrevista con miembro del colectivo de abogados José Alvear sobre las implicaciones de miembros de las fuerzas militares: mayor Alirio Antonio Urueña, que en ese momento era oficial de operaciones del Batallón Palacé, en Buga; el teniente José Fernando Berrío Velásquez y el sargento Aníbal Álvarez Hoyos. El primero, investigado como autor material y los otros dos por omisión.
4 Ver sobre este punto la literatura del 3 de octubre periódicos El País de Cali y El Espectador de Bogotá.
Testimonio
“No podemos hablar de ‘reconstrucción histórico-social de víctimas’”
En procura de romper la impunidad y la reparación ceñida al simple reconocimiento de los hechos, es importante escuchar la voz de los afectados, portadores de la historia* …Una de las víctimas sobreviviente de este genocidio, nos acerca a la crueldad de lo sucedido. –Brevemente, es importante decirle al país, cuando se inicia el movimiento de resistencia en la construcción y visibilización de las víctimas de Trujillo.
En 1995, cuando el Caso Trujillo es presentado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y el Estado colombiano reconoce su culpabilidad por acción y omisión, la CIDH hace 10 Recomendaciones al Estado, con relación a la masacre cruel de Trujillo. Era importante y necesario que las familias de las víctimas se organizaran y formaran su asociación. El padre Javier Giraldo convocó en mayo 1995 a estas familias, fundaron la Asociación Familiares Víctimas Trujillo (Afavit), y en septiembre se logra la personería jurídica. Se ha pasado por las siguientes etapas:
- 1995-1998: Integración de miembros, primeros duelos, continuación de esclarecimiento de crímenes.
- 1998-2000: Gran crisis, nuevas amenazas. La Casa Misionera en Trujillo se cierra, la gente de Afavit se dispersa por miedo… En 1998 hay allanamiento a la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz. El padre Javier Giraldo sale en exilio en Holanda. En tres años, 1998-2000, aquí empieza la resistencia: no echar atrás ni escuchar en silencio y escondidos, alimentar el afecto y la amistad con las familias, sostener a Afavit.
- Finales de 2000-2001: Reconstrucción de Afavit. Las familias vuelven a reunirse, la Resistencia los hace creer en su organización. El Estado da 100 millones para la construcción del Parque Monumento, en torno a cuya construcción –símbolo de dignificación de víctimas, de Reparación– Afavit retoma su camino.
- 2002-2004: Empiezan las exhumaciones. Afavit organiza la segunda, tercera y cuarta Peregrinación de traslado de restos mortales. Se clarifica su identidad, sentido de su organización, análisis de lo que les sucedió, posición crítica ante el Estado, sentido de su Resistencia, de su lucha contra la Impunidad; Trabajo y compromiso en el Parque Monumento, integración al Movimiento Nacional de Víctimas.
- 2005-2008: Fortalecimiento de Afavit. En estos cuatro años, Afavit continúa con las Peregrinaciones anuales, abre horizontes de proyección, se articula con otros Movimientos sociales, participa en Encuentros internacionales, avanza en conciencia política, inicia un empoderamiento de su proceso. Su resistencia recobra sentido en la exigencia de sus derechos ante el Estado y en la denuncia por la corrupción de 8.000 millones de inversión social, y exige investigación, de nuevo hace declaraciones ante la Fiscalía, participa en las Audiencias contra Henry Loaiza, asume trabajos comunitarios apoyado en la autonomía. Hay un despertar de lo que son como familiares de víctimas y su dignidad, se asumen liderazgos…
¿Cuáles son las acciones de reparación sobre las responsabilidades del Estado colombiano en la clarificación de la historia, y sobre las desapariciones forzadas, asesinatos y masacres de los ciudadanos de Trujillo?- Indemnización económica a 34 familias en 1997 sobre 235 víctimas. Hoy nos referimos a 342 víctimas en el período 1988-1994.
- Asignación de fincas y casas de campo a 10 familias.
- Plan de vivienda entregado. Segundo plan de vivienda para 36 familias. Se robaron los recursos, monumento a la corrupción. Iniciaron la construcción en terreno húmedo, sin bases, material inadecuado, deuda de hace 11 años (!). Mejoras de vivienda para 105 familias, donde hubo corrupción. Estas dos últimas ofertas son motivo de lucha y resistencia para reclamarlos. Hoy hay acuerdos, reserva de dineros, terreno listo, etcétera, para cumplir este compromiso, sin iniciarlo a la fecha.
- Plan de inversión social por 8.000 millones, como Reparación a la población en general. Se logra pavimentación a dos corregimientos, una escuela y un centro de salud, algunos programas que normalmente hace el Estado con ICBF: restaurantes para niños y personas de tercera edad, comienzo de empresas comunitarias que no surgieron, talleres psicosociales.
- Reparación simbólica: 100 millones para el Parque Monumento (sólo alcanzó para compra de lote y bases de los osarios). Publicación Primer Informe Trujillo ante la CIDH, repartido gratuitamente por todo el país. 6. Reparación en la justicia penal: en total impunidad: no hay el primer condenado. Hasta ahora, luego de 20 años, hay órdenes de captura. Primeras audiencias contra Henry Loaiza, “El Alacrán”.
¡Reparación como mediación, en su dimensión real de justicia, no es clara, y menos aún significativa y real! ¡No podemos hablar de justicia por una simple indemnización, que sería tratar al ser humano como objeto de mercancía que se paga con dinero!
¡El caso Trujillo permanece en total impunidad! La administración de justicia absolvió a los victimarios en la Regional Valle en los años 1991-1992.
Después de tanta presión, resistencia y persistencia de organismos de DDHH, de Afavit, de quienes acompañamos este proceso, sólo en 2006 se vincula a la masacre Trujillo a Henry Loaiza, se dicta orden de captura y está en cárcel preventiva y proceso de judicialización. En 2007 se da orden de captura al mayor Alirio Urueña y el teniente de la policía Fernando Berrío (cárcel preventiva) a Diego Montoya (extraditado).
No podemos hablar de Justicia sin una Reparación Integral a las víctimas, ni de Justicia, si permanece intacta la estructura paramilitar, la del narco, la de un Estado que mantiene injusticia e impunidad, y no es garante en la defensa y logro de los derechos humanos de sus ciudadanos. ¡A Trujillo no se le ha hecho justicia!
¿Cómo se ha generado el proceso de reconstrucción histórico-social de las víctimas? ¿Ha intervenido el Estado?
¡El proceso de reconstrucción social de las víctimas de Trujillo no ha sido generado por el Estado! Ha sido un trabajo lento, persistente, un esfuerzo de las familias mismas de víctimas, una lucha constante con organizaciones sociales, religiosas, de derechos humanos, camino de resistencia desde la cotidianidad, tejiendo cada día la justicia, tejiendo lazos de articulación, recuperando el tejido social y familiar, lanzando retos y desafíos contra la impunidad, venciendo miedos y amenazas, manteniendo sueños, esperanza, fe y afecto entre sus miembros.
La “Reconstrucción histórica-social de las víctimas” requiere otro país, con condiciones libres para pensar, actuar, organizarse. Recuperando sus raíces culturales, condiciones de vida digna en forma integral, un Estado garante de los DDHH. Este sueño no es real en Trujillo, cuando hoy, hundido en el desempleo y la pobreza, es controlado por paramilitares. No hay proyectos de producción que mejoren la calidad de vida de sus habitantes, hay desplazamiento del campo a la ciudad por persistente violencia. ¡Siguen desapariciones y asesinatos! Con la política de ‘seguridad democrática’, militarista y neoliberal, no podemos hablar de “reconstrucción histórico-social de víctimas”, cuando las estructuras de muerte e injusticia permanecen intactas, y la Ley de Justicia y Paz es de impunidad.
Con el Informe de Memoria presentado se ha dado visibilidad al proceso Trujillo, se ha creado conciencia de lo que pasó, se ha hecho denuncia del nivel de impunidad y en este momento el aparato de justicia inicia su labor…
¿Qué queda actualmente… y hacia dónde se camina con la reconstrucción de la memoria?
Continuar luchando contra la impunidad, exigir la condena de los culpables y mejores condiciones de vida, no sólo para las víctimas sino también para la población en general de Trujillo. Mantener la organización de Afavit como símbolo de Resistencia y Memoria, y como sujetos de una nueva historia de liberación y justicia en el país (!).
* Especial reconocimiento a miembros de la Asociación de Familiares y Víctima de Trujillo (Afavit), por su colaboración para el presente artículo.
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