Colombia - EE.UU. La doctrina del ataque preventivo

El lugar fue bien escogido. En los Estados Unidos. También la fecha: marzo 1. Ese día y desde el suelo de aquella potencia que se eclipsa, Juan Manuel Santos –sin rubor jurídico alguno– reafirmó la carta servida, un año atrás, cuando las Fuerzas Armadas de Colombia invadieron a un país vecino. Bombardearon su territorio para eliminar un reducto de las farc y, tras muchos años, conseguir la eliminación de uno de sus máximos comandantes. La acción tuvo el repudio de los países del continente, con excepción de Estados Unidos.

Con desafío para sus vecinos y con intención de reincidir, la declaración de Santos significó una reafirmación en la doctrina y voluntad de cometer violación, a pesar del repudio, contra esa acción, firmado el 7 de marzo de 2008 por los países miembros del Grupo de Rio (ver recuadro), y pese al persistente reclamo del gobierno ecuatoriano –como condición para normalizar relaciones diplomáticas–, que demanda del gobierno colombiano su apego a las normas internacionales de respeto a las fronteras y su renuncia a la Doctrina Bush-sionista del ataque preventivo.

Pese a la decisión del Grupo de Rio, aceptada por Colombia, ahora, de nuevo, J.M. Santos se arroga el “derecho a la legítima defensa”, atacar a “terroristas que sistemáticamente están atentando contra la población de un país, así éstos no se encuentren dentro de su territorio”. Como lo hizo Bush antes de iniciar el ataque contra Iraq; como si fuera su agente (ver “Doctrina Bush”).

¿Son palabras, simples palabras, o es parte de toda una estrategia de dominio y control de los Estados Unidos en la subregión, de la cual Colombia es su peón? Todo indica que se trata de esta última. Así se desprende del refinanciado Plan Colombia, apoyado para 2009 con otros 545 millones de dólares (ver 8.000 millones).

Se profundiza alianza militar

Hay más. La visita del Ministro de Defensa colombiano en los primeros días de marzo de 2009 a los Estados Unidos no fue ocasional. Más plata y más compromisos. Toma y dame dirán en un juego de cartas, lástima que aquí se trate de la prolongación de la guerra interna y de la extinción de la marchita soberanía nacional.

Así quedó patente cuando, en los días finales de la primera semana de marzo, en el país hizo presencia Michael Mullen, jefe de Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos, y de cuya visita y declaraciones se desprende que con el aval del gobierno colombiano proyectan trasladar una parte, o la totalidad, de las operaciones que realizan desde la base de Manta (Ecuador), en víspera de cierre. Las operaciones hacen parte del incremento de la cooperación militar entre Estados Unidos y Colombia, y que tendrán que ver con toda la subregión andina, ahora bajo el ojo gringo, pero también incluso con el envío de tropas nacionales a Afganistán, país donde el conflicto irá en ascenso toda vez que Estados Unidos proyecta incrementar su presencia con otros 17 mil efectivos.

El acuerdo en marcha incluye, además, la creación de centros de capacitación latinoamericanos contra los narcos. Según Santos, “el Gobierno de Colombia con el apoyo de Estados Unidos creará centros de entrenamiento para que policías y militares de Latinoamérica aprendan de la experiencia colombiana en la lucha contra el narcotráfico y otros problemas”.

Centros de entrenamiento y cooperación proyectados con nuevo sentido, para atender “otros problemas”, según el decir del Ministro. Su objetivo serán los países ‘díscolos’. Sin duda. No es casual la declaración del alto mando estadounidense al enfatizar que su país “necesita centrar su atención en América Latina”. Pero, asimismo, al precisar que están ‘rompiendo’ la lógica de la Guerra Fría “que dominó el pensamiento militar de los Estados Unidos durante generaciones”. Es decir, dejar de mirar hacia Europa y Asia, y concentrarse en su debilitado patio trasero.

Viene, pues, una situación de mayores tensiones y un gendarme que lo posibilitará. En ese sentido, las declaraciones del Ministro de Defensa colombiano son apenas una pequeña porción de hechos que se avecinan. Si había alguna duda, a los pocos días se disipó. A su regreso de Estados Unidos, el ministro Santos hizo reunir el alto mando colombiano, y por su conducto conmocionó la política nacional al evidenciar una supuesta disparidad de criterios con su jefe, el presidente Uribe. Santos exigió una reunión extraordinaria del Alto Mando y el Ejecutivo Nacional. Motivo: la presencia de las farc en los países vecinos y la inaplazable acción sobre ellos.

Al actuar de esta manera, en vísperas de la visita del Jefe del Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos, se les enviaba un mensaje a las fronteras: “con el apoyo incondicional de la potencia del Norte tenemos las manos libres para cualquier acción”. Amenaza. Pero también presión.

Tensionar la reunión de los Ministros de Defensa de los países miembros de Unasur, programada y realizada el 10 de marzo, era otro de sus blancos. Patadas de ahogado. A través de Colombia, los Estados Unidos resisten a la independencia militar de la región. Las voces de Ecuador y Venezuela se hicieron sentir en la mencionada reunión al incorporar por su iniciativa, en el texto base de la declaración: (los ministros) “RATIFICAN el respeto de manera irrestricta a la soberanía, integridad e inviolabilidad territorial de los Estados, la no intervención en sus asuntos internos y la autodeterminación de los pueblos”.

Así, entre la sumisión y la resistencia, se convive en el Continente. El papel de Colombia en ese escenario es cada vez más patético y cada vez más evidente.

Recuadros

“Otros problemas”, dice el Ministro. En cerca de una decena de sitios, el gobierno venezolano neutralizó la ‘siembra’ de materiales con los cuales autoridades secretas colombianas, en llave con otros organismos, intentaban acusar al gobierno vecino.

Declaración del Grupo de Rio, 7 de marzo de 2008: “El territorio de un Estado es inviolable y no puede ser objeto de ocupación militar ni de otras medidas de fuerza tomadas por otro Estado, directa o indirectamente, cualquiera fuera el motivo, aun de manera temporal”. Esa declaración fue suscrita por el jefe del ministro Santos, el presidente Uribe, que, además, se comprometió en forma explícita a que esos “hechos no se repetirán en el futuro bajo ninguna circunstancia”.

8.000 millones y anulación de soberanía

En los 10 años que completa de vida el Plan Colombia, la financiación brindada por los Estados Unidos suma 8.000 millones. Como se recordará, el Plan fue aprobado en 1999 bajo la Alianza Act en la sesión 106 del Comité de Relaciones Exteriores del Congreso de los Estados Unidos, con lo cual se anula la soberanía colombiana.

Apartes de la doctrina Bush

“Estados Unidos se atribuye el derecho a lanzar ataques preventivos contra otras naciones y a actuar al margen de las organizaciones internacionales, cuando así lo aconsejen sus propios intereses”.

“La estrategia de seguridad”, proclama Bush, “se basará en un internacionalismo típicamente americano que refleja la unión de nuestros valores y nuestros intereses nacionales”.

“América actuará contra cualquier amenaza emergente [...] No dudaremos en actuar en solitario, si es necesario, atacando preventivamente [...] No podemos permitir que nuestros enemigos golpeen primero [...]”.

“Nuestras fuerzas serán tan potentes como para disuadir a cualquier potencial adversario que aspire a sobrepasar o igualar el poder de Estados Unidos”, destaca la nueva Estrategia de Seguridad Nacional de George W. Bush.

“Debemos eliminar y defendernos de la amenaza antes que se desencadene [...] Dados los objetivos de los terroristas y de los Estados delincuentes, Estados Unidos no puede confiar únicamente en la postura reactiva del pasado”.

La doctrina establece, de manera oficial, que Estados Unidos está por encima de instituciones internacionales como la ONU: trabajará con ellas pero sin sentirse obligado a seguir sus instrucciones y respetar sus acuerdos, que sí rigen para el resto de los países.