Son muchas las razones por las cuales las maestras y los maestros de Colombia deben reanudar la marcha, apretar el paso y continuar el ejercicio pedagógico que han desarrollado durante años y con miras a garantizar el respeto por la dignidad del sector, que hace patria desde su labor en las aulas de clase.
Con ceses escalonados e indefinidos de actividades, huelgas de hambre, jornadas, seminarios, conferencias, foros, marchas y muchas otras formas de lucha, los docentes lograron mejores condiciones laborales, profesionales y prestacionales que hoy se concretan en decretos y leyes, inscritos con la sangre de quienes han quedado en el camino, víctimas de balas asesinas o de la desaparición forzada, el desplazamiento físico o laboral, porque también se les castiga con traslados arbitrarios la osadía de defender sus derechos.
La defensa del régimen especial del Magisterio llama con justicia a continuar defendiendo lo que para algunos es una especie de ‘privilegio’: la compatibilidad entre salario y pensión, que en palabras sencillas significa llegar a los 50 años de edad, con más de 30 años de servicio y salarios de hambre, como reconocimiento que sólo pueden recibir quienes hayan sido vinculados antes del 31 de diciembre de 1980. Se trata de la famosa pensión de gracia.
Igual situación viven quienes, después de 35 años o más de servicio, cumplen 55 de edad con el mismo promedio que resulta de precarias asignaciones salariales con que adquieren el derecho a pensión de jubilación. En ambos casos, la recompensa es continuar laborando, con un desgaste muy significativo de salud provocado por las condiciones de estrés que se derivan, entre otras causas, de los inapropiados espacios físicos, los descuidos de mantenimiento, y la deficiente dotación de los elementos necesarios para desarrollar procesos y proyectos pedagógicos. Esta situación se padece en casi todo el territorio nacional, salvo en algunas partes como Bogotá, donde las dos últimas Alcaldías han garantizado con su filosofía y su acción unas instalaciones de gran calidad, lo mismo que la sustancial mejora que hoy se aprecia en la atención nutricional de la niñez y la juventud.
La compatibilidad entre pensión y salario es posible cuando el docente cumple 65 años de edad, siempre que las condiciones de salud le permitan seguir ejerciendo. En salud, incluso con deficiencias y dificultades, también hay un régimen especial que proviene de la lucha por crear el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, instrumento a través del cual se pagan las cesantías y las pensiones, así como se contrata el servicio médico-asistencial sin diferencias de tiempo o modalidad de vinculación.
El Magisterio, con la constante solidaridad de los estudiantes y los padres-madres de familia, luchando por la dignidad de su profesión, ha conquistado derechos que hoy el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, con Cecilia María Vélez White en el Ministerio de Educación, pretende borrar de un plumazo al interpretar como válido un concepto del Consejo de Estado que no se corresponde con la intencionalidad del Legislativo, al concretar el acuerdo que hizo este gobierno con la Federación Colombiana de Educadores (Fecode).
Luchar por la defensa del régimen especial del Magisterio es crear condiciones para recuperarlo en un futuro cercano para todo el gremio, es decir, para hacer realidad la unificación de las condiciones laborales, prestacionales y profesionales para los docentes, no sólo del sector oficial sino también del sector privado.
Estatuto Único
Lo anterior nos introduce en el segundo objetivo de lucha: el Estatuto Único de la Profesión Docente (EUPD), reivindicación que identifica a docentes de los Decretos 2277 (14 de septiembre de 1979) y 1278 (19 de junio de 2003). Estas dos normas regulan el ejercicio docente. Se toma como base o fundamento de esta reivindicación la máxima conquista en la década de los 70, es decir, el 2277 –como se reconoce simplemente en el medio al Decreto de marras–, y, a partir de ahí, construir colectivamente para mejorar las condiciones profesionales en los aspectos constitutivos del Estatuto: Objeto de la ley, carrera docente y escalafón, situaciones administrativas, concursos y vacaciones, régimen disciplinario; aspectos laborales, prestacionales y otros; y derechos (sindicales, políticos, profesionales, humanos), estímulos y salario.
Con relación a este objetivo, cursa una discusión interna, referida al método de construcción y la oportunidad en que el Magisterio de Bogotá, representado por la Asociación Distrital de Educadores (ADE), les presenta al Comité Ejecutivo de Fecode y el resto de filiales de la Federación la propuesta de plantear de entrada la derogatoria del Decreto 1278, porque desprofesionaliza y anula las conquistas del 2277. A partir de esta premisa, el propósito es construir colectivamente el EUPD, lo cual permitirá la unificación del estamento en todas las acciones y propuestas de lucha.
Correlativamente, se exige la financiación de la Educación, de tal modo que, además de mejorarla, se viabilice el pago de las deudas y el funcionamiento del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio mediante el pago oportuno de Cesantías y Pensiones, y la prestación efectiva del servicio médico-asistencial, cumpliendo a cabalidad los contratos de prestación de los mismos. Igualmente, garantías para la recreación y otros derechos, extendidos a sus familias, y además las condiciones necesarias para asegurar el acceso de la niñez y la juventud colombianas a una educación gratuita y de calidad.
¡A la calle!
Por todo esto, el próximo miércoles 23 de septiembre, desde muy tempranas horas de la mañana, el Magisterio colombiano estará de nuevo en las calles a lo largo y ancho del territorio nacional, desarrollando pedagógicamente su ejercicio docente para comunicar su saber, mostrándole al pueblo que sí es posible defender los derechos y objetivos mediante la unidad, la organización y la lucha.
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