La “gobernanza mundial” ha sido debatida durante mucho tiempo. Pero 2010 será un año crucial para definir las respuestas. ¿Cómo se tomarán las decisiones sobre la crisis económica y el cambio climático, de manera democrática o en pequeños grupos de países dominados por las naciones ricas?
Después de la Segunda Guerra Mundial, las Naciones Unidas surgieron como el principal foro para resolver cuestiones como la paz, el desarrollo, las finanzas, el comercio, la salud, la alimentación y el ambiente.
El tema de la seguridad fue una excepción dentro del sistema de la ONU. El Consejo de Seguridad se configuró de manera antidemocrática, con cinco potencias como miembros permanentes y derecho de veto, y con poder para imponer sanciones y autorizar acciones militares.
A partir de la década del 80, la autoridad de las Naciones Unidas en materia económica se debilitó a medida en que los países desarrollados impulsaron la ‘reforma’ del sistema. Se menoscabaron sus funciones mientras se aumentaba en gran medida la autoridad del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, instituciones que utilizaron su influencia para imponer políticas antipopulares en los países muy endeudados y terminaron erigiéndose en los principales actores económicos mundiales.
Mientras tanto, los principales países desarrollados formaron sus propias instituciones, como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y luego el Grupo de los Siete (G-7), que se convirtió en el centro de la toma de decisiones y más tarde, cuando se incorporó Rusia, transformándose en el G-8, pasó a ser el bloque económico más poderoso.
Cuando en 2008 estalló la crisis financiera mundial, el presidente de Estados Unidos, George W. Bush, convocó a una primera cumbre del G-20 en Washington y en el año siguiente se celebraron otras dos, en Londres y Pittsburg. Lo integran grandes países en desarrollo (Argentina, Brasil, China, India, Indonesia, México, Sudáfrica) y reemplazaría al G-7, convirtiéndose en el foro donde los ‘principales’ países –desarrollados y en desarrollo– discutirán y decidirán diversas cuestiones relevantes.
Pero esto no ha funcionado bien para los países en desarrollo, ya que la mayoría no está en el G-20 y tampoco decidió que la represente. El presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas, Miguel D’Escoto, tomó la iniciativa de convocar a una Conferencia sobre la Crisis Financiera y Económica en junio de 2009, con el objetivo de lograr la participación de lo que llamó el “G-192” (todos los miembros de las Naciones Unidas). Muchos países en desarrollo cuestionaron la legitimidad del G-20 y arguyeron que sólo la ONU puede ser un foro democrático.
Se propuso la creación de un Consejo Económico Mundial en el ámbito de las Naciones Unidas, integrado por un grupo de países nombrados por los miembros en representación de diversas regiones. Este organismo estaría en mejores condiciones de discutir y decidir cuestiones de interés para los países en desarrollo, puesto que éstos estarían representados, y tendría la legitimidad de la que carece el G-20.
La fracasada conferencia de Copenhague terminó con un documento resultante de una restringida reunión de gobernantes de sólo 26 países que no fue adoptado por el pleno. Ahora, algunos países desarrollados pretenden que las negociaciones transcurran fuera de la ONU, en grupos más pequeños, como el G-20. El 8 de enero, una reunión de mandatarios de la Unión Europea habría discutido esta posibilidad.
Salir del ámbito de las Naciones Unidas para formar un pequeño grupo exclusivo pudiera ser un gran revés para el foro mundial y el multilateralismo. También, contraproducente para el cambio climático porque se trata de un problema mundial que requiere la cooperación de todos los países.
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