El año 2010 se inició con el anuncio, por parte del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, de sancionar a quienes derrochen agua con el pago del doble de la tarifa vigente. La medida pretende justificarse ante la grave escasez del elemento que genera el “Fenómeno del Niño” e implica reducir el consumo complementario, es decir, la cantidad que sobrepasa el cargo básico. En Bogotá, por ejemplo, el consumo complementario quedaría en 8 metros cúbicos, y por encima de los 28 metros cúbicos (20 de cargo básico y 8 de consumo complementario) se cobraría el doble de la tarifa. Así se afectarían gravemente los inquilinatos, por ejemplo, donde hay un solo contador y varias familias.
El Comité Nacional en Defensa del Agua y de la Vida se ha pronunciado al respecto, señalando: “Esta medida mercantilista sólo beneficiará a los empresarios y contratistas que hoy operan y administran la gran mayoría de las empresas de acueducto y alcantarillado del país, al no establecerse con claridad cuál es la destinación de los mayores ingresos que obtendrán las entidades producto de esta medida, que castiga a los usuarios más pobres que viven en inquilinatos y a las familias que tienen más de 4,2 miembros. De esta manera, so pretexto del ahorro de agua, se incrementa su costo para las familias, al tiempo que se premia a los empresarios, por ejemplo, a los agroindustriales, quienes no sólo son los mayores consumidores de agua dulce, en porcentajes cercanos al 60 por ciento, sino también los responsables de la contaminación del recurso hídrico y la destrucción de importantes ecosistemas por tala de bosques y desecación de humedales”.
Las medidas anunciadas se han congelado, al parecer por la proximidad de los eventos electorales y las críticas de las organizaciones sociales y la cautela recomendada desde la Procuraduría General de la Nación, que propone un proceso pedagógico antes que la implantación de multas.
A la luz de lo anterior, puede apreciarse, además, el cinismo del gobierno nacional, que –sin sonrojarse ante su política permisiva con la minería en los páramos, reservorios de agua para la gran mayoría de acueductos del país– toma como pretexto el Fenómeno del Niño para incrementar las tarifas a las familias usuarias del vital líquido.
Las medidas anunciadas y al parecer aplazadas demuestran, sin embargo, que hemos entrado en una etapa de definiciones en torno al agua, que no es ajena a los efectos ya visibles del cambio climático.
Por ello, la propuesta del Referendo por el derecho humano al agua cobra cada día mayor importancia y resalta su integralidad al enfocar el asunto como un tema de “servicios públicos” y asimismo en su conexión con la crisis ambiental, de la cual el referido cambio climático es sólo una manifestación.
El Referendo sigue su curso en el Congreso de la República, al contrario de lo informado a finales de 2009 por la cadena radial Caracol, que difundió la versión de su hundimiento con base en declaraciones del presidente de la Cámara de Representantes, Édgard A. Gómez. Tal versión es equivocada conforme a las averiguaciones realizadas por el vocero del Comité Promotor, Rafael Colmenares, y el presidente de la Liga de Usuarios de Bogotá, Rafael Espinel, en diálogo con el secretario de la Cámara de Representantes, Jesús Alfonso Rodríguez, quien aclaró la situación y expidió una constancia según la cual el Proyecto de Ley número 171 de 2008, que convoca al Referendo, “se encuentra pendiente de ser discutido y debatido por la plenaria de la Corporación a partir del próximo período legislativo (marzo 16 de 2010). Por tanto no son ciertas las versiones que señalan que el mismo se encuentra archivado”.
Asimismo, la Secretaría de la Comisión Quinta de la Cámara suministró al Vocero fotocopias de las comunicaciones mediante las cuales entrega a la Secretaría General el informe de aprobación a la convocatoria del Referendo, que se produjo en la sesión del 1º de diciembre pasado.
En efecto, la Comisión Quinta de la Cámara aprobó la convocatoria del Referendo con modificaciones menos drásticas que las introducidas por la Comisión Primera pero igualmente sustanciales. Conservando gran parte del texto original, eliminaron infortunadamente la desprivatización del servicio de acueducto y alcantarillado y convirtieron el derecho humano al agua en “una condición esencial para la vida”. Ahora la batalla continúa siendo la defensa del texto original y particularmente la reintroducción del derecho humano fundamental al agua potable, en el texto que finalmente se someta a votación de los colombianos si la iniciativa es finalmente convocada.
Lamentablemente, también, de aceptar la Corte Constitucional el concepto del Procurador –emitido a propósito del referendo de la reelección y según el cual el Congreso tiene competencia para modificar los textos de los referendos de cualquier origen–, las modificaciones introducidas al Referendo por el Agua quedarían validadas. Esto significaría igualmente la muerte prematura del referendo en general como mecanismo de participación, pues se dejaría sin piso el querer de los ciudadanos, que en el caso del agua se pronunciaron por un texto que luego el Congreso modificó a su arbitrio.
La decisión del Comité Nacional en Defensa del Agua y de la Vida es indeclinable en cuanto a defender el texto original y en ello empleará todas sus fuerzas convocando a los movimientos sociales para que se unan en torno a esta bandera. Pero está claro que, con Referendo o sin él, la lucha por el agua será un referente de los movimientos sociales del siglo XXI en Colombia y en el mundo.
Por Rafael Colmenares, vocero del Referendo por el Derecho Humano al Agua.
