Africa, partes de Asia y América latina viven con tensiones el boom extractivo, que cambió de métodos y alimenta un mercado voraz. De la mano de las inversiones llegan los conflictos políticos y medioambientales.

La minería atraviesa un período de auge mundial que se explica por varias razones. La primera son las innovaciones tecnológicas, que hoy permiten explotar minerales dispersos en áreas relativamente amplias, superando así el agotamiento de la tradicional explotación de veta. La segunda es la escalada de precios resultante de la voracidad de algunos países emergentes en procesos de intensa industrialización, en particular China, que hoy consume el 46 por ciento del acero, el 40 por ciento del cobre y el 50 por ciento del carbón que se produce en el mundo, lo que la ha convertido en lo que los economistas, esos virtuosos del lenguaje, definen como un monopsonio (un actor económico que logra controlar el mercado por su capacidad de consumo, algo así como un monopolio de la demanda). Además, la debacle de los mercados financieros convencionales disparada por la crisis mundial de 2008-2011 llevó a muchos especuladores a refugiarse en las materias primas, lo que también contribuyó a aumentar sus precios.

Junto con Africa y algunas zonas de Asia, América del Sur es una de las regiones más ricas en minerales del planeta. En los últimos años, casi todos los países han visto una expansión acelerada de la actividad. En Brasil, por ejemplo, la producción de bauxita pasó de 19,3 millones de toneladas en 2003 a 29 millones en 2010, mientras que la de hierro creció de 263,7 a 370 millones de toneladas. En Perú, que hoy lidera el ranking minero de la región, las exportaciones totales registraron en 2011 el record de 45.726 millones de dólares, lo que representó un incremento de 28 por ciento en comparación al año anterior: de ellas, el 58 por ciento son minerales. Las exportaciones mineras provenientes del Mercosur ampliado pasaron de 13 mil millones de dólares en 2003 a 42 mil millones en 2009 (todos datos de la Cepal).

El investigador uruguayo Eduardo Gudynas, muy crítico con el auge de la minería y las condiciones sociales y ambientales en las que se desarrolla, distingue sin embargo diferentes realidades (“Estado compensador y nuevos extractivismos”, revista Nueva Sociedad Nº 237).

Para Gudynas, países como Perú y Colombia practican un extractivismo clásico, en el cual las empresas trasnacionales de-sempeñan un rol centralísimo, con escasos o nulos controles estatales, mientras que otros países han intentado esquemas más o menos articulados, más o menos efectivos, que tienden a incrementar el papel regulador al Estado y aumentar los porcentajes de apropiación de la renta minera, ya sea mediante la creación de joint ventures (contratos de riesgo compartido) entre empresas nacionales y extranjeras, como en Bolivia, donde la Korea Resource se asoció con la Corporación Minera, sea a través de la creación de empresas estatales, como en Catamarca o Santa Cruz, o vía la imposición de nuevos tributos, como las retenciones argentinas o ecuatorianas.

Gudynas aclara que nada de esto modifica la inserción subordinada en la economía mundial de los países sudamericanos, que siguen siendo “tomadores de precios” y que se han mostrado incapaces de coordinar entre sí estrategias conjuntas al estilo de las potencias petroleras reunidas en la OPEP. Al final, las pulsiones del boom minero resultan tan irresistibles como las de la soja y condenan a los países de la región a su rol de exportadores de productos con escaso valor agregado, un problema no por conocido menos real y que ha sido retratado infinidad de veces, por ejemplo, por el padre del cine boliviano, Jorge Ruiz, en un documental cuyo título lo dice todo: Un poquito de diversificación económica.

En este contexto, decir que los gobernadores cordilleranos argentinos son “gobernadores mineros” es tan correcto como afirmar que Evo Morales u Ollanta Humala son “presidentes mineros”. Todos ellos enfrentan la resistencia de las comunidades locales al desarrollo de algunos de estos proyectos, como sucedió con el plan de la empresa australiana Republic Gold Limited para invertir 59 millones de dólares en la mina de oro Amayapampa, en el suroeste de Bolivia, o con el proyecto aurífero Conga, en Perú. En Bolivia, el intento de construir una carretera para unir las regiones de Cochabamba y Beni a través del Parque del Territorio Indígena Isiboro Sécure generó el rechazo de las comunidades que lo habitan, quienes fueron ferozmente reprimidas por la policía, a punto tal que Evo Morales tuvo que cambiar medio gabinete y anunciar la suspensión del proyecto.

La significación económica que ha adquirido la minería ayuda a entender por qué líderes como Lula o Evo, que difícilmente puedan ser calificados como conservadores, insisten con ella. No tanto por la capacidad de los emprendimientos mineros de crear trabajo o articularse virtuosamente con otras actividades económicas, pues en general funcionan como enclaves bastante cerrados, pero sí por su impacto en las exportaciones, con sus cruciales efectos en la balanza comercial de economías siempre sedientas de divisas, y como vía para incrementar los recursos fiscales, a través de la apropiación de un porcentaje variable de la renta minera.

Si se mira bien, esto es lo que está sucediendo en Argentina, donde la minería contribuye a fortalecer las cuentas fiscales de provincias con entramados productivos muy frágiles, como Catamarca o La Rioja o San Juan, y a mejorar la balanza comercial: se calculan unos 4 mil millones de dólares de exportaciones mineras en 2011 y, lo que es todavía más importante, con tendencia creciente (aunque, claro, debido a cargas tributarias comparativamente más bajas que las que pesan sobre, por ejemplo, la soja). En todo caso, la minería alimenta las exportaciones en un momento en el que ha reaparecido, aunque moderada, la temible “restricción externa”, que tantos problemas ocasionó a la economía argentina en el pasado. Y no sólo aquí. En Brasil, donde el gobierno acaba de anunciar un fabuloso ajuste fiscal, la minería constituye un rubro importante de exportación (la compañía brasileña Vale Do Rio Doce es de hecho la segunda minera más importante ¡del mundo!).

Como tantas otras cosas, el debate un poco exasperante que se vive hoy en Argentina es la versión local de una tendencia más amplia. Sin meterme en la cuestión de fondo (¿contamina la minería?, ¿crea progreso o es una garantía de expoliación y atraso?), creo que vale la pena revisarlo desde un punto de vista más político.

Puede ser hasta obvio decirlo, pero en medio de una discusión estridente, en la que algunos medios insospechados de sensibilidad ambiental se han vuelto ecologistas furiosos, quizá sea necesario: los gobernadores cordilleranos que apuestan a los emprendimientos mineros acaban de ser revalidados popularmente con porcentajes en algunos casos altísimos de votos. Con todo su cianuro, José Luis Gioja se impuso, hace apenas dos meses, con casi el 70 por ciento de los sufragios. ¿Quiere decir esto que Gioja tiene razón, o que los sanjuaninos no se equivocaron al votarlo? Ciertamente no: la idea de que el pueblo siempre tiene la razón es una pavada galáctica, desmentida por la historia cientos de veces. Aparte del hecho de que “razón” significa poco en política, no prueba nada, salvo tal vez una cosa: los sanjuaninos creen que es el hombre más adecuado para manejar su provincia, lo que al menos podría invitar a los analistas porteños a preguntarnos por los motivos de esta adhesión, y a explorar con cuidado temas fundamentales pero olímpicamente obviados en el debate actual, como la relación entre minas y votos, que es la relación entre ecología y democracia.
Una pista interesante en este sentido es la sugerida por Mario Wainfeld: “la licencia social”, es decir, la aprobación de las poblaciones involucradas a través de mecanismos como plebiscitos o referéndums, como condición para la realización de los proyectos mineros. Este tipo de consultas ayudarían a generar un debate amplio acerca de las ventajas y desventajas de los emprendimientos y permitirían definir situaciones trabadas de manera democrática. El problema, me parece, surge cuando se hila más fino y se avanza en cuestiones de implementación, la primera de las cuales es el alcance. ¿Quiénes deberían votar? ¿Los habitantes de la ciudad de Famatina? ¿Los del departamento? ¿O todos los riojanos, que tras la reforma constitucional del ’94 se convirtieron en los únicos propietarios de su subsuelo? No hace falta ser Artemio López para adivinar que el resultado variaría sustancialmente.
En Argentina hay unos pocos ejemplos de consultas populares: el plebiscito por el Beagle en 1984 y, más acá en el tiempo, el rechazo cerrado (81 por ciento) de los habitantes de Esquel a un proyecto minero y la negativa de los misioneros (89 por ciento) a la construcción de la represa de Corpus Cristi. En los últimos tiempos, América latina ha construido una breve pero intensa experiencia en este sentido, aunque en general relacionada con reformas constitucionales y revocatorias presidenciales, como en Venezuela, Bolivia y Ecuador. El método, en todo caso, ha sido probado, y de hecho Evo Morales sugirió una consulta popular para zanjar el diferendo de la carretera y Pepe Mujica mencionó la posibilidad de realizar un plebiscito en la disputa por la minera de Aratirí. Curiosamente, en el caso de Gualeguaychú, que la socióloga Maristella Svampa ha definido como el “símbolo de la resistencia socioambiental asamblearia”, la Asamblea de vecinos se negó siempre a aceptar la resolución vía plebiscito, como propuso en su momento el gobernador Jorge Busti. Es el problema de los métodos de la democracia institucional, por más directa que sea: quienes se someten a ellos están obligados a acatar el resultado, sea cual fuere.

Director de Le Monde diplomatique, Edición Cono Sur.
www.eldiplo.org

El diálogo es una herramienta política que utilizan los que tienen el poder cuando no pueden imponerse por la fuerza. El diálogo también es un arma para imponerse al más débil mediante el engaño. El pueblo panameño conoce muy bien estas tácticas. En San Lorenzo, cuando la Coordinadora por la Protección de los Recursos Naturales y los Derechos del Pueblo Ngobe Buglé y Campesino aceptó ir al diálogo con los representantes del presidente Ricardo Martinelli, muchos pronosticaron una encerrona que daría al traste con las justas aspiraciones de los pueblos indígenas.

 
Un aire de esperanza surgió cuando se escucharon las palabras de la cacique general, Silvia Carrera, quien en forma muy clara señaló que el diálogo tendría como base única la prohibición de la explotación de los recursos hídricos y metálicos (cobre) en la comarca Ngobe-Buglé. Durante las negociaciones celebradas en la Asamblea de Diputados, la delegación se mantuvo firme e insistió en que las actividades que destruían el ambiente –especialmente los cursos de agua– no podían realizarse en la comarca. El gobierno asumió –como era de esperarse– los intereses de los empresarios rentistas panameños quienes consideran que el agua y las riquezas naturales son mercancías que deben venderse al mejor postor. Igualmente, la Comisión de Comercio de la Asamblea de Diputados insistió en que el país se hundiría si le prohibían a los inversionistas acceso a los recursos hídricos.

 
Tanto gobierno como los diputados –quienes actuaron en mancuerna– no presentaron información técnica que justificara la entrega de la riqueza nacional. Los funcionarios que llegaron al Salón Azul de la Asamblea repitieron cifras ajenas al problema que se discutía. En momento alguno se refirieron a la demanda actual de energía hidráulica y/o térmica, y los pronósticos para el futuro. Evitaron introducir al debate problemas de costos a corto y mediano plazos.

 
Los representantes indígenas no tuvieron que rechazar los planteamientos del gobierno o de sus especialistas. La posición de los Ngobe y Buglé siguió sólida: la construcción y explotación de las represas no justifica la destrucción de los pueblos Ngobe y Buglé. Los funcionarios de las entidades gubernamentales no pudieron demostrar lo contrario. Incluso, la Universidad de Panamá perdió una oportunidad dorada en esa coyuntura en la que pudo invitar a sus propios investigadores para que hicieran sus propuestas independientes.

 
A esta altura del diálogo, los asesores del presidente Martinelli cambiaron de táctica. Descubrieron que no convencerían a los delegados Ngobes con más espejitos. Plantearon, por un lado, crear una subcomisión y dos sub-subcomisiones para dividir a los Ngobe. La movida no dio los resultados esperados. Por el otro, el presidente Martinelli anunció que convocaría a un “referéndum” que acabaría con el diálogo y llevaría la “guerra social” a otro nivel.
 

El referéndum, según los asesores del primer mandatario, puede garantizar la victoria de los inversionistas. Otros presidentes en el pasado reciente han jugado esa carta y perdido. Sin embargo, el gobierno actual cree tener dos ases en la manga: Por un lado, han aprendido de las derrotas del pasado y, por el otro, mucha más plata para gastar en una campaña desgastadora. Según los medios, la cacique Carrera calificó la propuesta del presidente como “irresponsable”

 
El ministro de Gobierno, Jorge R. Fábrega, dijo que el referéndum obedece a que hay otros sectores (empresarios rentistas y trasnacionales del cobre) preocupados. Pareciera que el gobierno creía que la negociación con los Ngobes consistiría en ponerle un precio a sus tierras. El ministro Fábrega también se olvidó la letra de la Constitución Política que dice, en el artículo 127, que “el Estado garantiza a las comunidades indígenas la reserva de las tierras necesarias y la propiedad colectiva de las mismas”. Según el abogado Miguel A. Bernal, “al defender la propiedad colectiva de la tierra, las poblaciones indígenas no solo están defendiendo un derecho adquirido, están haciendo respetar la Constitución”.

 
El economista Juan Jované, invitado por la Coordinadora, aseguró en el Diálogo que las proyecciones de generación y demanda presentadas por la Secretaría de Energía omitieron pruebas y se utilizó un margen de error que es inaceptable. Además, nunca dijeron con qué métodos calcularon los costos ecológicos. Nos preocupa, dijo Jované, que “están tomando decisiones y alarmando a la población con estudios sin calidad”. Agregó que "si se trata de llenar el país de minería a cielo abierto se necesita mucha energía".
 

Pero ¿no es el gobierno el que insiste en que no habrá explotación minera? La relación entre minería (Cerro Colorado) y energía hídrica puede explicar la concesión de 17 proyectos en la Comarca y sus alrededores desde julio de 2009. Todos los permisos que ha dado la Autoridad de los Servicios Públicos (ASEP) bajo el mandato de Martinelli han sido en la provincia de Chiriquí. Sólo en el río Chiriquí Viejo, de 70 kms de longitud, funcionan ocho compañías hidroeléctricas. ¿Se pretende hacer lo mismo en el rio Tabasará, donde los empresarios Virzi y Btesh tienen la concesión para la explotación hídrica? Cerro Colorado, con un potencial minero de 250 mil millones dólares, se levanta precisamente sobre el río Tabasará que se convertiría en el motor para explotar sus entrañas de cobre.

 
Por Marco A. Gandásegui, hijo, es docente de la Universidad de Panamá e investigador asociado del Centro de Estudios Latinoamericanos (CELA) Justo Arosemena. http://marcoagandasegui11.blogspot.com
 

Lima, 13 de febrero. El boom minero que vive América Latina por el aumento de la demanda y de los precios en el mercado internacional es resistido mediante huelgas regionales, manifesataciones y marchas de las poblaciones afectadas que han salido en defensa del ambiente y el agua.

"Hay un incremento, en número y en intensidad, de conflictos mineros por el agua, por la extensión de las concesiones mineras, por la contaminación de los ríos, por el desplazamiento de las actividades y de la población", explicó el economista José de Echave, ex viceministro peruano de Medio Ambiente. "Pero son, sobre todo, por el agua", agregó.

Desde México hasta la Patagonia varios megaproyectos han sido frenados y hasta suspendidos por la férrea oposición de ciudadanos a sacrificar su entorno, a pesar de los estudios de impacto ambiental que presentan las empresas y los mensajes de progreso con inclusión social (creación de empleo) con los que las autoridades justifican su aprobación.

El problema es que para extraer oro, plata, cobre, zinc o hierro, muchas veces hay que cambiar pueblos enteros de lugar, talar bosques con fauna y flora endémicas o hasta secar lagunas y trasvasarlas.

Las organizaciones ambientalistas critican que las empresas utilicen millones de litros de agua para extraer minerales y recurran, además, al uso de cianuro altamente contaminante, como en el caso de las minas a cielo abierto, para separar el oro de la roca.

Un claro ejemplo es Panamá, donde el conflicto entre los indígenas ngöbe-buglé y el gobierno por un yacimiento de cobre con 17 millones de toneladas ha dejado esta semana dos muertos.

Según Raisa Banfield, directora de la fundación Panamá Sostenible, el proyecto contempla "talar cinco mil hectáreas de bosque; habrá pérdida de biodiversidad y de hábitat para especies endémicas y contaminación de suelo, de aguas subterráneas y de ríos", explicó.

En el noreste de Perú, tras semanas de disturbios que llevaron al presidente Ollanta Humala a decretar el estado de emergencia, el proyecto Conga, de 4 mil 800 millones de dólares, quedó suspendido a la espera de que tres peritos extranjeros evalúen el estudio de impacto ambiental presentado por la compañía Yanacocha.

En Argentina, unas 20 personas fueron detenidas el miércoles primero de febrero en el desalojo de un bloqueo carretero que buscaba impedir la explotación de Bajo La Alumbrera, el mayor yacimiento de cobre y oro en el noroeste del país.

Aquí ya se había hecho emblemática la localidad de Famatina (mil 300 kilómetros al noroeste de Buenos Aires), que en los últimos años logró suspender dos proyectos auríferos.

Hay además proyectos paralizados en otros países, como Costa Rica y Colombia. Según datos del Observatorio de Conflictos Mineros en América Latina, hay más de 120 disputas en toda la región.

"Es cierto que hay una nueva conciencia ambiental entre los pobladores. Pero también la gente se está dando cuenta de las ganancias extranormales que deja la minería y quiere que parte de éstas se queden en su región", explicó Juan Carlos Belausteguigoitia, economista ambiental para América Latina y el Caribe del Banco Mundial.

Según la institución financiera internacional, 30 por ciento de las inversiones en exploración de nuevos yacimientos está en América Latina; en países como Chile, Perú o Colombia, el sector minero puede alcanzar el 20 por ciento del PIB.

En Brasil, la producción minera alcanzó un estimado de 11 mil millones de dólares en 2011, 20 por ciento más que el año anterior, mientras Ecuador prevé para 2012 un crecimiento del 5.35 por ciento del PIB, gracias a la explotación de oro y plata.

A pesar de las oportunidades que ofrece, América Latina ya no es el "paraíso" desregulado para las grandes compañías mineras.

"Se ha avanzado mucho en cuanto a normatividad ambiental, aunque todavía falta por hacer. Hasta hace poco los ministerios de Medio Ambiente eran los hermanos pequeños de los gabinetes", explica Belausteguigoitia.

"Ahora, cuanto más grandes sean las empresas, más cuentas tienen que rendir y más probabilidades tienen de mejorar su desempeño ambiental", agrega, sin olvidar que todavía existen vacíos legales en cuanto a prevención del impacto ambiental a largo plazo, tras el cierre de la mina.


Afp

Los primeros meses de 2012 se abrieron en el Noroeste Argentino con la intensificación del crónico conflicto que atraviesa a nuestras sociedades por la instalación de megaproyectos de minería metalífera a gran escala.  Los detonantes de este nuevo ciclo de resistencias populares fueron, otra vez, las arremetidas del poder gubernamental, que insisten en llevar adelante proyectos extractivos en contra de la voluntad de sus poblaciones.  Primero, el levantamiento del Pueblo de Famatina, amenazada por un nuevo contrato de exploración entre el gobierno de La Rioja con la canadiense Osisko Mining Co.  Luego, los bloqueos selectivos que en distintos puntos de la ‘ruta minera’ cicatrizada en la provincia de Catamarca se levantaron con la intención de impedir el suministro de los insumos tóxicos a Minera Alumbrera, una empresa controlada por la gigante suiza Xstrata.  Estos bloqueos fueron la modalidad de protesta adoptada ante el inicio de las exploraciones de Xstrata de un nuevo proyecto, Agua Rica, distante a 35 km de Alumbrera y que cuenta con una histórica y mayoritaria resistencia del pueblo de Andalgalá. 

 
Tras más de veinte días de bloqueos, ante el escenario de paralización de las actividades de la transnacional Xstrata, el poder represivo del Estado no se hizo ‘esperar’: violento desajolo de los bloqueos en Santa María, Aimacha del Valle, Belén; aplicación de la ley anti-terrorista recientemente sancionada por el congreso de la Nación, bajo las instrucciones de Washington; y violenta represión de fuerzas especiales de la policía de Catamarca contra los pobladores de Tinogasta que mantenían la medida de protesta en la Ruta Nacional N° 60.  Varones, mujeres, adultos, ancianos, niños, adolescentes, familias enteras, alrededor de un millar, de una localidad de 10000 habitantes, fueron indiscriminadamente blanco de balas de goma, gases lacrimógenos y bastonazos por parte del Grupo ‘Kuntur’ y la guardia de Infantería de la policía provincial…  Acá en el Norte argentino, tiene lugar el desarrollo de una escena que se replica trágica y monótonamente a lo largo de toda región mineralógica de NuestrAmérica: la violencia represiva del Estado usada en contra de sus propios ‘ciudadana/os’ para viabilizar el interés depredador del capital transnacional…  Triste paisaje del colonialismo de nuestros días, donde la devastación ecológica se consuma con la expropiación política y la represión.

 
En el breve lapso que se desarrollaron los bloqueos selectivos acá, en Catamarca, el ‘modelo minero’ transnacional se ‘cargó’ tres (nuevos) muertos en América Latina: Bernardo Méndez, en San José del Progreso (Oaxaca, México), Jerónimo Rodríguez Tugri  y Francisco Miranda, del pueblo originario Ngöbé-Bugle (Panamá).  En distintas circunstancias, fueron víctimas de los mismos intereses y factores de poder: Bernardo, asesinado por un grupo paramilitar comandado por el Presidente Municipal por intentar impedir la concesión de agua a la minera canadiense Fortuna Silver Mines Inc.; los hermanos del pueblo Ngöbe-Bugle, asesinados durante una represión ordenada por el presidente Martinelli a un bloqueo de la carretera Intercontinental en oposición a un proyecto minero en territorio de sus comunidades.  A ellos, hay que sumar un largo centenar de heridos, y encima, judicializados.  Si también tuviéramos en cuenta la cantidad de personas que fueron reprimidas en Cajamarca (Perú) por oposición al proyecto Conga (de la empresa Yanacocha, contralada por la norteamericana Newmont), las víctimas se contarían por millares.  Allí, en el norte del Perú -como Beder en La Rioja- Ollanta Humala hizo campaña diciendo proteger las cuatro lagunas altoandinas amenazadas por el proyecto minero y prometiendo decretar su inviabilidad.  Ahora, siendo presidente, cambió su postura: “Conga se hace sí o sí”, dijo, y lanzó una fuerte escalada represiva que incluyó la militarización el dictado del estado de y la excepción y la militarización de la región.

 
No sólo acá, en ‘nuestro pueblito chico’, sino a lo largo de toda América Latina, la minería transnacional a gran escala genera resistencias populares, por los devastadores ‘impactos’ de su voraz metodología extractiva que implica la voladura de cerros enteros, la destrucción de acuíferos y ecosistemas, y el consumo descomunal de agua y energía.  En toda América Latina, vemos también el mismo paisaje político: gobiernos e instituciones estatales, funcionando como ‘capataces’ de las transnacionales, usando la fuerza pública para reprimir las resistencias.  Ganando elecciones con clientelismo o falsas promesas; luego, más allá de toda ideología, gobernando para las empresas.  Lo hacen, dicen, para “combatir la pobreza”; para “fomentar el progreso”…  “Es que es la única vía que tenemos para desarrollarnos”, afirman… 

 
Desde que fue ‘descubierta’, NuestrAmérica nació ‘subdesarrollada’; se nos conquistó para ‘civilizarnos’, pues éramos una tierra de ‘bárbaros y salvajes’; desde que nos ‘independizamos’, las clases dirigentes y ‘patricias’ han gobernado ‘persiguiendo’ el “desarrollo”; han construido y destruido en nombre del desarrollo; han prosperado (ellos) y han empobrecido (a las mayorías); han dictado leyes y han matado en nombre del “desarrollo”…  Cuanto más esfuerzos y recursos se invierten en pos de él, tanto  más ‘subdesarrollados’ nos hacemos…  

 
Es que el “desarrollo” es el nombre de la colonialidad, ese estado mental, afectivo y político en el que la dominación y la depredación de nuestras energías vitales, de nuestras riquezas y de nuestros sueños no precisa ya de fuerzas de ocupación extranjeras, ni de ‘virreinatos’; se administra más ‘económicamente’ (como quería Jeremy Bentham en su “Manual de Economía Política”, de fines del siglo XVIII).  Los colonos son ‘celosos guardianes de nuestros intereses’, no implican ningún costo a las finanzas de la metrópoli y son incluso más decididamente violentos con su propio pueblo que los mismos (y onerosos) ejércitos de ocupación…  Así, Bentham instaba a la corona británica a cesar en su política de imperialismo militarista; el libre comercio, las finanzas y los encantos de la inversión del capital podrían hacer todo mucho más barato y ‘más civilizadamente’… 

 
En pleno siglo XXI, seguimos inmersos en ese viejo trauma colonial; sólo que ahora, tras más de cinco siglos de ‘desarrollismo voraz’, estamos llegando a un estadio definitorio de agotamiento del mundo. La crisis climática, la crisis energética mundial y la drástica reducción del stock de recursos no renovables (entre ellos, las fuentes de agua, los hidrocarburos y los minerales) plantean un escenario geopolítico para nada pacifista.  La guerra, motor impulsor del ‘desarrollo’ de Occidente, está más extendida y diversificada que nunca.  No hablamos sólo de las convencionales; los colonos ahorran esas ‘barbaridades’ a los centros de poder mundial; llevan adelante una cotidiana guerra de intensidad variable, que nos va ‘acostumbrando’ a niveles crecientes de violencia y (auto)destrucción…  La ilusión desarrollista se acompaña cíclicamente de momentos de ‘auge’, donde la ‘plata dulce’ y el consumismo de las ‘novedades tecnológicas’ va anestesiando las sensibilidades colectivas sujetas-a-expropiación… 

 
A la expropiación de nuestras fuentes de agua, de nuestra energía y recursos minerales, le sigue la expropiación política: la expropiación de derechos y la defraudación de la ‘voluntad popular’. Sistemáticamente vemos a los ‘partidos políticos’ ganar elecciones prometiendo defensa de las fuentes de agua, protección de derechos, y recurrentemente los vemos después defraudar esas ‘promesas’ en ‘nombre del desarrollo’… La oficialidad del poder asume el discurso de las empresas: es que las ‘inversiones’ son necesarias para ‘generar empleo’ y ‘activar’ la economía…  Oponerse a las explotaciones es, en el lenguaje del poder, ‘fundamentalismo’…  El extractivismo senil persigue a los pobladores tildándolos de ‘ecologistas ingenuos’; ‘oscurantistas’, ‘ignorantes’, ‘eco-terroristas’, hasta ‘aliados de los poderes del imperialismo’(?!!)…

 
La expropiación política se consuma en estas tierras donde el extractivismo es ‘política de estado’.  Oficialistas y opositores terminan defendiendo la minería transnacional a gran escala como una ‘política de estado’.  Pero entendamos bien, acá la expresión no alude a la existencia de un amplio consenso mayoritario y transparente, a un mandato de la voluntad popular que es respetado por todo el arco político-partidario; acá, la ‘minería como política de estado’ significa que en estos territorios gobiernan las grandes corporaciones transnacionales; que nada ni nadie puede ir contra sus intereses; que éstos, son ‘política de estado’.
 

Así, los gobiernos, más allá de sus diferentes adscripciones partidarias e ideológicas, terminan avalando la depredación y ejecutando la represión.  Ganan elecciones prometiendo acabar con la represión y el saqueo, pero, más temprano que tarde, terminan reprimiendo…

 
La represión parece ser un acto reflejo, más cuando de defender los intereses de las ‘grandes empresas’ se trata…  Es que, en contextos (neo)coloniales de depredación, la represión no es un exceso; es una ‘necesidad’.  La violencia represiva del estado es el recurso último al que apela la oficialidad del poder.  Dosis diversificadas y variables de asistencialismo, de resignación y de represión configuran la ‘ecuación de gobernabilidad’ del coloniaje administrado por ‘colonos’…  Parece que Bentham tenía razón: esto es más eficaz y más barato que el colonialismo ‘a secas’…  Lo que no calculó bien el filósofo londinense es el ‘costo’ de las rebeliones internas…  

 
Afortunadamente -lo digo como deseo y por convicción-, tenemos alternativas…  No tenemos por qué resignarnos a ser el ‘open pit’ y los ‘diques de colas’ para la industrialización de China, India y los países del Norte…  Más que crear vías alternativas ‘de’ desarrollo, necesitamos y podemos crear alternativas ‘al’ desarrollo –otro desarrollo… 

 
El ‘destino minero’ es un destino colonial.  Pero lo que se pretende imponer como tal, no es una fatalidad.  Podemos cambiarlo.  Necesitamos hacerlo.  Desde lo más profundo de NuestrAmérica, la resistencia histórica al colonialismo re-surge con renovada fuerza…  Los ‘nuevos salvajes’ que se oponen al ‘progreso’ crecen día a día en comunidades campesinas, pueblos originarios, asambleas de vecinxs, movimientos de estudiantes y trabajadores…  Imaginando, soñando y construyendo un nuevo futuro…  Un futuro radicalmente otro...
 

Por Horacio Machado Aráoz, Catamarca, Argentina.
 

Lo que está sucediendo en América Latina en relación con los bienes comunes (agua, tierra, biodiversidad) es algo más que una sucesión de conflictos locales. Por momentos la intensidad de los enfrentamientos da la impresión de que marchamos hacia una conflagración general, que por ahora tiene expresiones locales y regionales, pero que se repiten en casi todos los países.


La Gran marcha nacional del agua, que comenzó el primero de febrero en Cajamarca, es la respuesta de los movimientos populares a la represión y al estado de excepción en tres provincias por parte del gobierno de Ollanta Humala, ante la huelga de 11 días en Cajamarca contra el proyecto minero Conga. La caravana llegará este viernes a Lima para frenar el uso de productos contaminantes como el mercurio y declarar el agua como derecho humano.


Conga es un proyecto de la Minera Yanacocha, la primera en extracción de oro en América del Sur, que prevé invertir casi 5 mil millones de dólares y drenar cuatro lagunas, dos para extraer oro y otras dos para almacenar desechos. Las actividades en Conga están paralizadas desde la huelga de noviembre. Lo más importante es que el movimiento ha conseguido trascender lo local para convertirse en la confluencia de las más importantes organizaciones sociales para una gran acción de carácter nacional.


En el norte de Argentina se reactivó la resistencia a la minería. En enero se produjeron masivas movilizaciones impulsadas por las asambleas ciudadanas, en La Rioja, Catamarca y Tucumán, contra los proyectos mineros Famatina y Bajo La Alumbrera. En La Rioja la movilización popular forzó al jefe comunal de la capital provincial a pronunciarse contra la megaminería, aunque está alineado con el gobierno nacional.


En Catamarca el bloqueo a los camiones que se dirigen a Bajo La Alumbrera llevó a la empresa a licenciar al personal y detener la explotación por la falta de insumos y provisiones en la mina. Hace más de tres semanas que los militantes de la Asamblea de Ciudadanos en Defensa de la Vida y el Agua bloquean el tránsito de camiones que pertenecen a la empresa minera y que circulan por Tinogasta, Belén y Santa María.


Uno de los conflictos menos visibles pero con gran potencial desestabilizador es el que se está registrando en Paraguay entre campesinos y colonos de origen brasileño, conocidos popularmente como brasiguayos. Se estima que hay 8 millones de hectáreas, 20 por ciento de la superficie del país, adjudicadas ilegalmente, sobre todo bajo la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989). Una parte importante fueron entregadas a colonos provenientes de Brasil, en hasta un dólar la hectárea en la zona fronteriza.


Ahora son grandes productores de soya que sacan su producción por Brasil sin pagar siquiera impuestos. Tranquilo Favero, el rey de la soya, posee 45 mil hectáreas de tierras de alta calidad en las que cosecha hasta 130 mil toneladas cada año, que le rinden unos 50 millones de dólares, en la zona de Ñacunday, Alto Paraná. Esta es la región más caliente del conflicto actual, en la que se enfrentan sin tierra y terratenientes, pero en la que están también involucrados los gobiernos de Fernando Lugo y Dilma Rousseff.


Si la producción de soya, con su secuela de contaminación y expulsión de campesinos, es grave, la cuestión fronteriza también lo es. De los 400 mil brasileños que viven en Paraguay, unos 250 mil ocupan la faja fronteriza con Brasil. En 2007 el gobierno paraguayo aprobó la Ley de Frontera por la cual los extranjeros no pueden tener tierras a menos de 50 kilómetros de la frontera, como forma de afirmar la soberanía nacional. Brasil tiene una legislación similar aunque más estricta.


En 2011 se conformó la Coordinadora Nacional de Lucha por la Recuperación de Tierras Malhabidas –en la que participan más de 20 organizaciones campesinas, sociales y partidos de izquierda–, que realizó su primera marcha el 25 de octubre pasado. Los dirigentes sostienen que la recuperación de esas tierras podrían favorecer a 400 mil campesinos.


La cuestión de la tierra es uno de los temas más delicados en Paraguay, por la larga historia de corrupción, abusos y represión que forzaron el despojo de los campesinos. Lugo llegó al gobierno en gran medida por su estrecha relación con la lucha por la reforma agraria cuando era obispo. Bajo su gobierno no se avanzó en la reforma agraria, pero en los últimos meses los campesinos agrupados en la Liga Nacional de Carperos (porque acampan en carpas) están ocupando tierras de brasiguayos.


La liga nació dos años atrás ante la inacción del movimiento campesino en la lucha por la tierra, pero la coordinadora en un reciente comunicado estima que sus acciones forman parte de una "estrategia desestabilizadora" contra el gobierno de Lugo y que en su interior está "primando la influencia de provocadores que objetivamente perjudican la histórica lucha por la tierra y la reforma agraria".


En el complejo panorama de los movimientos paraguayos, no conviene simplificar. La lucha de los "carperos" es legítima pero todo indica que junto a una nueva camada de dirigentes populares se puede percibir la influencia de políticos tradicionales de la derecha, ya sea colorados o liberales, éstos aliados de Lugo, y oportunistas que nunca faltan. Sin embargo, también es cierto que los movimientos históricos, que integran la coordinadora, priorizan las negociaciones en vez de la presión desde abajo por la reforma agraria, y se muestran muy preocupados por la sucesión presidencial en las elecciones de 2013.


La lucha por los bienes comunes está en el primer lugar de la agenda en toda la región. Es posible, como señala un dirigente sindical de Chilecito, que las multinacionales mineras estén sufriendo una "una derrota catastrófica" en el norte de Argentina. Grupos pequeños como las asambleas ciudadanas, en lugares remotos de la cordillera, han logrado frenar gigantescas empresas que gozaron de todo el apoyo estatal. Es mucho. Es el producto del tesón, que en algún momento rinde frutos.

La comunidad indígena Ngäbe Buglé, apoyada por decenas de organizaciones nacionales, comenzó el 31 de enero una fuerte protesta para exigir al gobierno el respeto de un acuerdo que prevé la cancelación de todas las concesiones otorgadas y vigentes a empresas nacionales o extranjeras para la exploración y explotación de los recursos minerales y la construcción de proyectos hidroeléctricos dentro de su comarca.
 
 Pese al acuerdo alcanzado, el Ministro de Comercio e Industria hizo modificaciones al texto acordado y la Asamblea Nacional eliminó el artículo 5 del Código de Minería que regulaba estos aspectos, desencadenando la reacción de las comunidades indígenas y el inicio de varias acciones de protestas y tomas de carreteras.

La Comarca Ngäbe-Buglé ha estado en la mira de varias empresas transnacionales ¹ y del gobierno, de manera particular, por el yacimiento cuprífero del Cerro Colorado -una reserva de cobre estimada en 17.5 millones de kilogramos valorizado en casi 150 mil millones de dólares- y por la construcción de importantes proyectos hidroeléctricos.

La falta de voluntad del gobierno de alcanzar un acuerdo definitivo quedó finalmente demostrada el pasado 5 de febrero cuando, en lugar de reunirse con las comunidades indígenas para buscar una salida negociada al conflicto, prefirió lanzar los cuerpos especiales de la Policía contra los manifestantes en San Félix, Chiriquí.

Igual que en 2010, cuando el gobierno de Martinelli reprimió sin piedad a los trabajadores bananeros en Changuinola, Bocas del Toro, las fuerzas policiales atacaron con perdigones, balas vivas y gas lacrimógena, dejando un saldo de dos muertos -Jerónimo Rodríguez Tugri y Francisco Miranda- y decenas de heridos y detenidos.

“La represión fue preparada muy bien por el gobierno. Dos días antes cortaron las comunicaciones en la zona de la protesta, cercaron a los manifestantes y no se permitió la entrada de alimentos y agua.

Hasta se lanzó una campaña mediática para criminalizar la protesta, aduciendo que habían secuestrado a algunos turistas. Finalmente atacaron y asesinaron”, dijo a Sirel, Alejandro John, secretario general del Sindicato Industrial de Trabajadores de la Fabricación y Comercialización de Bebidas Gaseosas (SITRAFCOREBGASCELIS).

El dirigente informó que su Sindicato respalda la protesta de la comunidad Ngäbe-Buglé frente a la Asamblea Nacional y que va a participar a las movilizaciones previstas para los próximos días.

“Condenamos ese nuevo ataque contra el pueblo, apoyamos la lucha contra la explotación minera, exigimos que se reincorpore el artículo 5 en el Código Minero y el cese inmediato de la represión.

Parece que la trágica experiencia de Changuinola no les ha enseñado nada. Sigue siendo un gobierno de empresarios sin escrúpulos, que sólo piensan en acumular capitales y que no escuchan al pueblo”, afirmó John.

También para Genaro Benett, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Industria del Banano, Agropecuario y Empresas Afines (SITRAIBANA), la situación es grave y merece de toda la atención y la denuncia internacional.

“Vivimos en carne propia lo que está ocurriendo. El 95 por ciento de nuestros afiliados son indígenas y ya hemos iniciado un paro de brazos caídos en respaldo a la lucha de la Comarca Ngäbe-Buglé.

Ha sido una represión salvaje sin mostrar interés alguno por la vida de las personas. Vamos a sumarnos a la gran movilización nacional de mañana, 8 de febrero.

Ahí -continuó el dirigente bananero- vamos a decidir de qué manera continuamos con nuestro respaldo a una lucha que se ha extendido por todo el país, y que debe darse a conocer a nivel internacional” aseguró Benett.

Mientras la noticia de la represión recorre el mundo, una amplia coalición de organizaciones panameñas exigió al gobierno de Martinelli cumplir con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la Ley 41 sobre tierras comarcales y el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales.

Fuente: Rel-UITA

¹ La empresa canadiense Inmet Mining y el consorcio coreano Korea Resources, LS-Nikko Copper y Korea Export Insurance (KEIC). La empresa estadounidense de energía AES.

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El caso Tía María ha abierto un tema de debate interesante. Frente a la decisión de declarar inadmisible el proyecto minero, una primera reacción del sector empresarial y algunos medios apunta a subrayar cuánto pierde el país: se ha dicho que se perderán US$ 950 millones de inversión en el desarrollo del proyecto y beneficios económicos anuales por 466 millones de soles por canon, regalías, aporte al producto bruto interno (PBI), etc.

Al margen de saber cuán exactas son estas proyecciones, lo cierto es que éste es un buen punto que merece ser evaluado seriamente. Según Joan Martínez Alier, ecologista y profesor de la Universidad de Barcelona, el PBI es en realidad bruto o en el mejor de los casos ciego. El PBI suma algunos factores y se olvida de restar otros: por ejemplo, nunca se toma en cuenta la pérdida de biodiversidad causada por la extracción de los recursos naturales o los servicios que brinda la naturaleza y que no cuestan; son gratis.

Así por ejemplo, el PBI peruano no considera la desaparición irreversible de los glaciares andinos; tampoco el valor del  gas y del petróleo que fueron producidos por el ecosistema hace miles de años y que hoy los extraen las empresas. Martínez Alier subraya que “nunca se dice que el PBI creció en el Perú en un 8% y al mismo tiempo decreció en biodiversidad 4%, lo que equivale a tanto: no contamos con un inventario general y riguroso de biodiversidad”.

Este es un tema crucial para entender lo que viene ocurriendo en el país en torno a los megaproyectos de inversión, lo que pasa con nuestra Amazonía y con los conflictos ambientales que estallan en diversas  regiones. ¿Cuánto nos cuestan? ¿Cuánto se gana y cuánto se pierde? ¿Por qué no hacemos las sumas y restas para sincerar cifras?

Volviendo a Tía María, el informe de  la UNOPS (Naciones Unidas) señala que del total de observaciones, el 29% se refiere a la línea de base socioambiental y el 37% a impactos potenciales. Es decir, en el EIA de Tía María no se ha valorizado correctamente algunos impactos del proyecto en la zona. Por ejemplo, el hallazgo 123 del informe señala que no se ha efectuado ningún tipo de valoración económica de impactos en los servicios ambientales relacionados con el agua; el 171 menciona los posibles impactos sociales producto del crecimiento de la población, también se mencionan las sumas y restas en materia de empleo, el encarecimiento del costo de vida, etc. En suma, el informe hace hincapié en temas que no han sido tomados en cuenta y menos aún valorizados.

En el análisis global sobre los aportes netos de actividades extractivas como la minería, se deberían tomar en cuenta todos estos factores. El economista ecuatoriano Alberto Acosta señala que “este cálculo nos evitaría la toma de decisiones erradas, que a la larga limita la sustentabilidad. Actualmente, toma fuerza la reflexión –tanto en el mundo académico como político– en torno a la urgencia de revisar nuestros esquemas de contabilidad”. “Diversos gobiernos y organizaciones internacionales quieren modificar el sistema tradicional de contabilidad, para llevar un registro físico y monetario de los recursos naturales”.

En Europa es el caso del presidente francés Sarkozy que convocó a los premios Nobel Joseph Stiglitz y Amartya Sen para elaborar nuevos indicadores de crecimiento y desarrollo económico. Este es un tema a considerar que puede ayudar a tomar mejores decisiones y así evitar conflictos.

José de Echave
Investigador CooperAcción

Cuando está uno en el Ártico, por lo menos hay que tratar bien al anfitrión. El gigantesco consorcio petrolero anglo-holandés Royal Dutch Shell recibió una dura lección al respecto cuando planeaba instalar dos pozos de perforación en el mar de Beaufort, en Alaska, hace un par de años. Había gastado 84 mdd en arrendamientos en la costa y satisfecho a las autoridades. Pero no había logrado granjearse a los inupiat, un grupo inuit (esquimal) al que le preocupaba que los rompehielos y los barcos perforadores lastimaran a las ballenas de Groenlandia, de las que ellos dependen. Sus líderes y grupos ambientalistas demandaron a las autoridades reguladoras estadunidenses por no acatar una ley de 1970 referente a impactos ambientales. Eso les permitió arrancar varias concesiones a Shell, entre ellas un compromiso de detener toda operación frente a la costa durante la temporada de migración y caza de los cetáceos en caso de que comiencen las perforaciones.

Mucho se ha dicho de los conflictos entre los estados del Ártico a causa del repliegue del casquete polar, que ha vuelto accesibles por primera vez muchos recursos naturales. Pero hasta ahora las disputas habían sido de un tipo diferente. La experiencia de Shell en Alaska se repite alrededor del Polo Norte. Y esos conflictos se volverán más comunes. Grupos indígenas consideran gran parte de la costa ártica como su territorio natural (ver mapa) y están dispuestos a defender sus derechos. A finales de febrero, representantes de los inuit se reunieron en Ottawa para definir una postura común en cuanto al desarrollo de recursos en el Alto Norte.

De hecho, los países que rodean el Ártico no tienen mucho por lo cual discutir. Los recursos en tierra yacen dentro de fronteras claramente delineadas, y los submarinos –estimados en 83 mil millones de barriles de petróleo, más de las reservas probadas actuales de Rusia– están en su mayoría en aguas poco profundas bajo jurisdicción de los estados costeros. "No hay competencia por los recursos del Ártico, ni apetito para el conflicto", señala Michael Byers, autor del libro Who owns the Arctic? (¿Quién es dueño del Ártico?). En vez de ponerse a pelear, dice, el año pasado Noruega y Rusia concluyeron el año pasado una disputa de décadas.

En contraste, el potencial de conflicto con pueblos originarios es muy alto. Los inuit en particular viven en zonas abundantes en recursos naturales, y si bien son una pequeña minoría –se estima que hay 160 mil esparcidos en el Ártico–, han logrado cierto grado de poder. Groenlandia, territorio de Dinamarca con preponderancia de población inuit, asumió autonomía en 2009, la cual le dio el control de sus recursos. Nunavut, vasto territorio del norte de Canadá, fue creado una década antes mediante un acuerdo con los inuit.

Más aún, los inuit están decididos a no dejarse hacer a un lado. Han ampliado su poder uniéndose en el Consejo Circumpolar Inuit (CCI), organismo creado en 1977. Han empleado su pertenencia a diversos órganos de Naciones Unidas para comparar notas con grupos indígenas de todo el mundo. Han hecho equipo con otros pobladores del Ártico, como los sami de Escandinavia y los dene del noroeste de Canadá, y han buscado asesoría legal experta para formular su postura común, la cual darán a conocer en mayo.

Los inuit no se oponen al desarrollo, pero quieren asegurarse de que ocurra en sus términos. Esto significa proteger el ambiente, pero también recibir la parte que les corresponde. "Durante siglos las tierras y aguas del Ártico han sido explotadas por todo mundo, excepto los inuit. Ahora es nuestro turno", expresó Kuupik Kleist, primer ministro de Groenlandia, en una reunión en Ottawa. El territorio cuenta con el petróleo y el gas que tiene frente a sus costas para acelerar su camino hacia la independencia. El año pasado permitió que continuara la exploración mientras otros se detenían luego del desastroso derrame de petróleo en el Golfo de México.

Otros delegados hablaron con desdén de compañías que hace algún tiempo indujeron a los inuit a firmar pactos leoninos. En un caso una empresa proveyó a comunidades pobres de Rusia con una caja de vodka y un poco de comida. En otro, una firma de Canadá trató de comprar acceso a un depósito de níquel en Quebec ofreciendo dinero en efectivo y dos removedores de hielo para la pista de patinaje local.

Sin embargo, fueron los relatos de éxito inuit los que más atrajeron a los delegados. Un ejemplo es la mina Red Dog, en el norte de Alaska. Creada como coinversión entre el operador, Teck Alaska, y los inupiat de la localidad, ha metido mucho dinero a las arcas de la etnia: 146 mdd tan sólo en 2010. Puede ser que tales acuerdos parezcan muy onerosos para el apetito de muchas compañías explotadoras de recursos naturales que tienen sueños árticos. Sin embargo, la creciente interconexión entre los inuit hace improbable que acepten menos en un país cuando saben lo que sus hermanos en otros lugares han recibido.

Los inuit saben que no siempre obtendrán lo que quieren, por ejemplo en Rusia, donde los derechos de los yupik, otro grupo inuit, están consagrados en la constitución, pero son erosionados por el gobierno. Por otra parte, los sucesos en Medio Oriente sólo elevarán la ambición por su petróleo y su gas. "Nos guste o no, el desarrollo va a ocurrir", señala Edward Itta, el líder inuit que arrancó las concesiones a Shell.

Fuente: EIU
Traducción de texto: Jorge Anaya

PARK CITY, Utah. Todos los inviernos, el Festival de Cine de Sundance transforma este pequeño pueblo de alta montaña en un bullicioso centro de la industria cinematográfica. Aunque gran parte de la atención se centra en las personas famosas que asisten, en realidad, Sundance se ha convertido en un lugar de encuentro fundamental, donde el arte, el cine, la política y la disidencia se entrecruzan. Aquí se estrenan muchos de los documentales más impactantes e inspiradores realizados durante el año, películas sobre auténticas luchas de base que dan cuenta de los vaivenes de la historia de la justicia social y los temas más candentes de la actualidad. Películas que enseñan e inspiran a una audiencia cada vez más grande sobre la verdadera naturaleza y el costo de la democracia directa.

"La última montaña," cuyo título en inglés es "The Last Mountain," es un documental que trata sobre la amenaza que acecha actualmente a la montaña Coal River Mountain en Virginia Occidental: la extracción de carbón a cielo abierto, una de las formas de minería más devastadoras del medioambiente que se lleva a cabo hoy en día, podría hacer desaparecer a esta montaña. Los principales culpables son la empresa de carbón Massey Energy y su ex director general, Don Blankenship. Una amplia coalición de activistas de todo el mundo ha intentado activamente detener a Massey. Esta coalición es impulsada por gente común, trabajadores de las poblaciones cercanas y de las aldeas de los Apalaches. Robert F. Kennedy Jr., ambientalista y abogado de larga trayectoria, se unió a ellos en esta lucha y aparece en la película. Le pregunté sobre la lucha que llevan adelante:

"La película trata sobre la subversión de la democracia estadounidense. El año pasado, con el fallo dictado en el caso "Citizens United contra la Comisión Federal Electoral" por el cual se autoriza a las grandes corporaciones a destinar sumas ilimitadas de dinero a la campaña publicitaria de los candidatos, la Corte Suprema anuló un precedente estadounidense que había sido incuestionable durante un siglo y se libró de una ley aprobada en 1907 durante la presidencia de Teddy Roosevelt que protegía al sistema democrático de la gran concentración de riqueza que había generado una cleptocracia corporativa durante la época dorada, tiempos en que los estadounidenses habían entregado su democracia… Por primera vez desde la época dorada, vemos cómo ese tipo de concentración económica regresa a nuestro país."

Kennedy se refirió a la subversión del rol de la prensa, los tribunales, el Congreso y los parlamentos estatales ejercida por el poder corporativo: "Pienso que la erosión de todas estas instituciones de la democracia estadounidense llevó a la gente que se preocupa por el país y por la salud cívica a emprender estas campañas de desobediencia civil y de acción a nivel local."

Este es un mes histórico para Robert Kennedy Jr. Es el cincuenta aniversario de la asunción de su tío John Kennedy como presidente y también de la asunción de su padre, Robert Kennedy, como Fiscal General. Le pregunté por el legado de estos dos políticos, ambos asesinados.

"Para mí, lo más importante que hizo John Kennedy, y que también trataba de hacer mi padre, fue oponerse al complejo militar-industrial. El Presidente Eisenhower, en su discurso final, justo antes de que mi tío tomara las riendas del poder, dijo que el complejo militar-industrial constituía la mayor amenaza contra la democracia estadounidense en la historia de la república. El crecimiento descontrolado del complejo militar-industrial, unido a las grandes corporaciones e influyentes miembros del Congreso, que lenta pero sistemáticamente venían privando a los estadounidenses de sus derechos civiles y constitucionales, derechos que habían hecho de éste un país ejemplar, era la mayor amenaza para el país."

Aquí en Sundance, en lo que fue uno de los momentos más emotivos, Kennedy, recién llegado del funeral de su tío Sargent Shriver (fundador de la organización Cuerpos de Paz), salió al escenario luego de la proyección de "La última montaña" y recibió el abrazo de Harry Belafonte, en torno a cuya figura se desarrolla la película que inauguró el festival de este año "Canta tu canción," una impactante biografía del cantante y activista que es realmente una crónica de los movimientos por la justicia racial y económica del siglo XX.

Belafonte fue uno de los confidentes más cercanos del Dr. Martin Luther King Jr. Hablé con Harry acerca de su trayectoria como activista y de lo que piensa del Presidente Barack Obama. Me dijo: "Durante su campaña para la presidencia, en un acto en el que Obama estaba hablando ante empresarios de Wall Street en Nueva York le dije: 'Bueno... espero que se haga cargo del desafío con más contundencia,' y él me respondió: 'Bueno… usted y Cornel West, ¿cuándo me van a dar un respiro?' A lo que contesté: '¿Qué le hace pensar que no se lo damos?'"

Belafonte era amigo de Eleanor Roosevelt, la esposa del Presidente Franklin Roosvelt. Ella le contó una conversación entre su marido y A. Philip Randolph, uno de los principales organizadores de la "Marcha de Washington por el trabajo y la libertad" en 1963 y, antes de eso, el principal impulsor del sindicato de trabajadores negros del ferrocarril, Brotherhood of Sleeping Car Porters. Randolph le explicó a Roosvelt qué hacía falta para que mejorara la situación de las personas negras y de los trabajadores del país y Roosevelt le dijo que no discrepaba en nada con lo que acababa de decir. Al contarme la historia aquí en Sundance, Harry se recostó en su silla y repitió lo que Roosevelt le dijo a Randolph: "Salgan a la calle y oblíguenme a hacerlo."

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Denis Moynihan colaboró en la producción periodística de esta columna.

© 2010 Amy Goodman

Texto en inglés traducido por Fernanda Gerpe, editado por Gabriela Díaz Cortez y Democracy Now! en español, Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla

Amy Goodman es la conductora de Democracy Now!, un noticiero internacional que se emite diariamente en más de 650 emisoras de radio y televisión en inglés y en más de 250 en español. Es co-autora del libro "Los que luchan contra el sistema: Héroes ordinarios en tiempos extraordinarios en Estados Unidos", editado por Le Monde Diplomatique Cono Sur.