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El muro ya ha sido levantado, pero muchos de los vecinos de Kolontár están concentrados ahora mismo en otro tipo de construcciones. Sus casas tendrán que ser derruidas por los efectos de la riada de lodo tóxico que ha convertido en un infierno rojo su tierra. Les han prometido viviendas, pero no saben dónde ni quién pondrá en dinero para poder cobijarse bajo un nuevo techo.

"No he visto un nivel de destrucción así en mi vida", confiesa Denis Dalmy, un arquitecto encargado de revisar los daños de los edificios. Los peritos, más allá de causa directa de la riada, que ha dañado las infraestructuras de las casas, han destacado que unas 40 tendrán que ser derribadas por los perniciosos efectos de los productos químicos y metales pesados que contiene el barro, informa Nuño Domínguez. "Con tanto lodo, habrá que tirarlas".

Tibor Dobson, coordinador de la protección civil húngara (OKF), ha confirmado que el Gobierno ha prometido nuevas viviendas a las víctimas, que podrían elegir su ubicación: bien en una zona de la localidad no afectada por la riada, bien en otra población. Los que han corrido mejor suerte tendrán que esperar previsiblemente hasta el sábado para regresar a sus hogares.

Seis metros de alto

Las obras del nuevo dique de contención para proteger del lodo tóxico a las localidades húngaras de Kolontár y Devecser han concluido. En algunos puntos mide hasta seis metros y los materiales empleados han sido rocas y tierra compacta, según OKF.

Por su parte, la portavoz de protección civil, Györgyi Tüttös, explicó que los medios de comunicación y los habitantes no tienen permitido por ahora acercarse a la zona, ya que los niveles de contaminación aérea son tres veces superiores a lo permitido. En un par de días es posible que puedan hacerlo.

Kolontár, el poblado más afectado

Kolontár, en al oeste de Hungría, fue el poblado más afectado por el derrame el 4 de octubre de barro rojo y el levantamiento del nuevo dique de contención tiene por objetivo desviar una posible segunda riada del material corrosivo restante en el reservorio. El muro de unos 1.500 metros de largo está compuesto por unas 40.000 toneladas de rocas transportadas con camiones de gran tonelaje.

Las autoridades húngaras dan por seguro que ocurrirá un segundo vertido, aunque el barro rojo restante es menos fluido por lo que apenas se desplazará unos mil metros de la balsa. Tüttös explicó que las grietas detectadas en el muro norte del dique de la represa no han aumentado desde hace varios días, lo que indicaría que ha disminuido el peligro de un nuevo vertido.

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Hungría interviene la minera del 'vertido rojo'

Los activos de Magyar Aluminium serán gestionados por el Gobierno. El director de la compañía ha sido detenido

El Gobierno húngaro sacó ayer los colmillos ante el peor desastre ecológico que ha vivido el país. La Policía arrestó a Zoltan Bakonyi, director de la compañía propietaria de la balsa de lodos tóxicos que reventó el pasado lunes liberando una letal riada de barro rojo. La empresa, Magyar Aluminium, será nacionalizada y sus activos intervenidos por el Gobierno mientras prosigue la investigación oficial sobre las causas del desastre. Así lo aseguró ayer en el Parlamento el primer ministro magiar, Viktor Orban. "El Estado debe intervenir la compañía responsable del vertido y sus bienes", argumentó.

El Gobierno nombrará un comisario que se hará cargo de los bienes de la compañía mientras duren las investigaciones y que evitará que la empresa pueda escaparse de sus posibles responsabilidades. "Tenemos buenas razones para pensar que había empleados que sabían que los muros [de la balsa] estaban dañados, pero, guiados por sus intereses, pensaron que no merecía la pena repararlos", aseguró ayer Orban. El Parlamento aprobó nacionalizar la compañía por 336 votos a favor, uno en contra y 13 abstenciones.

MAL dice que ha gastado 100 millones en mantener las balsas

Magyar Aluminium, un gigante industrial de la época comunista que fue vendido a manos privadas en 1995, sigue manteniendo que siempre ha operado según la legislación vigente y resalta que ha gastado unos 100 millones de euros en los últimos 10 años en mantenimiento y renovación de los diques.

Varios medios húngaros señalaban ayer que las primeras filtraciones en los muros sucedieron hace meses y, según el diario Nepszabadsag, la compañía aumentó tres veces su altura original para dar cabida a más residuos. El secretario de Estado de Medio Ambiente, Zoltan Illes, aseguró anteayer que la compañía debe unos 80 millones de euros en multas por contaminar las aguas con los lodos tóxicos que se filtran de sus balsas.

"El Gobierno ha hecho lo correcto interviniendo a la empresa y señalándola como responsable, eso es exactamente lo que dictan las leyes de la UE", explicó a este diario Gabor Figerczky, responsable de la organización ecologista WWF en Hungría.

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Hungría interviene la minera del 'vertido rojo'

El Gobierno húngaro sacó ayer los colmillos ante el peor desastre ecológico que ha vivido el país. La Policía arrestó a Zoltan Bakonyi, director de la compañía propietaria de la balsa de lodos tóxicos que reventó el pasado lunes liberando una letal riada de barro rojo. La empresa, Magyar Aluminium, será nacionalizada y sus activos intervenidos por el Gobierno mientras prosigue la investigación oficial sobre las causas del desastre. Así lo aseguró ayer en el Parlamento el primer ministro magiar, Viktor Orban. "El Estado debe intervenir la compañía responsable del vertido y sus bienes", argumentó.

El Gobierno nombrará un comisario que se hará cargo de los bienes de la compañía mientras duren las investigaciones y que evitará que la empresa pueda escaparse de sus posibles responsabilidades. "Tenemos buenas razones para pensar que había empleados que sabían que los muros [de la balsa] estaban dañados, pero, guiados por sus intereses, pensaron que no merecía la pena repararlos", aseguró ayer Orban. El Parlamento aprobó nacionalizar la compañía por 336 votos a favor, uno en contra y 13 abstenciones.

Magyar Aluminium, un gigante industrial de la época comunista que fue vendido a manos privadas en 1995, sigue manteniendo que siempre ha operado según la legislación vigente y resalta que ha gastado unos 100 millones de euros en los últimos 10 años en mantenimiento y renovación de los diques.

Varios medios húngaros señalaban ayer que las primeras filtraciones en los muros sucedieron hace meses y, según el diario Nepszabadsag, la compañía aumentó tres veces su altura original para dar cabida a más residuos. El secretario de Estado de Medio Ambiente, Zoltan Illes, aseguró anteayer que la compañía debe unos 80 millones de euros en multas por contaminar las aguas con los lodos tóxicos que se filtran de sus balsas.

"El Gobierno ha hecho lo correcto interviniendo a la empresa y señalándola como responsable, eso es exactamente lo que dictan las leyes de la UE", explicó a este diario Gabor Figerczky, responsable de la organización ecologista WWF en Hungría.

Mientras, en la zona del desastre, los servicios de rescate encontraban ayer el cuerpo de la octava víctima mortal del desastre. Sesenta personas siguen ingresadas por quemaduras y otras lesiones, 12 de ellas en estado grave.

Los habitantes de Kolontár y Devecser que han perdido sus casas, en todo caso, no han esperado a que la investigación oficial termine y ya están contactando con abogados para denunciar a la empresa contaminante. "Si la compañía resulta ser culpable del vertido, tendría que pagar al menos unos 40.000 euros por cada casa arrasada, aunque es difícil saberlo con seguridad", explicó a Público Gabor Magyar, responsable de un bufete de abogados de Budapest que ya está procesando las denuncias de varios afectados.

"Esperamos tener cientos de casos [más de 200 casas fueron arrasadas por la riada], aunque aún es muy pronto, porque la gente de la zona apenas tiene acceso a teléfonos", asegura. Según él, "si se logra probar que la compañía manejaba sustancias peligrosas, no se podrá escabullir de pagar todos los daños". El proceso podría zanjarse en un año por juicio rápido, asegura.
Muro de contención

En Kolontár, donde ya no queda ningún habitante, unos 1.200 operarios se afanaban ayer en terminar los muros de contención que deben frenar la segunda oleada de lodos tóxicos que llegará cuando se derrumben los muros de la balsa accidentada, algo que el Gobierno da por seguro.

Se trata de tres grandes barreras que abarcan 1.500 metros de largo y tienen un espesor de unos 30 metros, según explicó ayer Gyoryii Tottos, portavoz de los servicios de gestión de la catástrofe, que espera que la obra esté terminada hoy. Nadie sabe si los muros serán suficientes para frenar la segunda ola, que será más lenta (también más tóxica) debido al espesor del barro.

En Devecser, cuya entrada fue abierta ayer durante unas horas, la población local seguía empeñada en la titánica tarea de sacar el lodo que aún anega sus casas a golpe de pala. Las calles del pueblo siguen teñidas de rojo, aunque algunas aceras están ya cubiertas con yeso, que se está usando para neutralizar la causticidad del barro.

NUÑO DOMÍNGUEZ Enviado especial a Devecser (Hungría)

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Minería en Colombia

La protesta de los mineros informales en Perú, que moviliza desde el domingo a más de 15.000 personas en varias regiones, ha devenido en tragedia desde su primer día. Al menos seis personas han muerto cerca de la localidad de Chala, 613 kilómetros al sur de Lima, después de que la policía intentara, sin éxito, romper el bloqueo de la carretera Panamericana Sur que mantiene varadas a más de 3.000 personas en la ciudad de Arequipa desde que comenzó el domingo.

Uno de los fallecidos es una mujer que sufrió un paro cardíaco a bordo de un ómnibus que se quedó detenido en la ruta y los otros cinco -entre ellos, un mototaxista que no participaba de la protesta- cayeron abatidos por balas policiales, ha asegurado la fiscal provincial Maruja Flores, presente en la zona. También se ha informado de al menos 23 heridos, varios de ellos de bala. Teobaldo Medina, dirigente de los mineros artesanales en Arequipa, afirmó que en sus filas había 14 muertos, pero esta información no ha sido confirmada por las autoridades.

Según versiones de varios testigos, las muertes se produjeron durante choques entre la policía, que intentaba romper el bloqueo de la carretera usando gases lacrimógenos, y cientos de manifestantes que le lanzaron piedras. Los dirigentes mineros aseguraron que las fuerzas de seguridad dispararon al cuerpo, pero el jefe policial de la zona, coronel José Miguel Briones, aseguró que las muertes fueron consecuencia de la violencia del enfrentamiento. El Gobierno ha establecido hoy un puente aéreo entre las ciudades de Arequipa y Pisco para evacuar a viajeros varados mientras se alista otro intento de desbloquear la carretera, que se teme acabe con más víctimas.

Los mineros artesanales e informales iniciaron el paro por tiempo indefinido en protesta contra el Decreto de Urgencia 012-2010, recientemente emitido por el Poder Ejecutivo, para formalizar y poner límites a la actividad minera informal, que, según el ministro de Ambiente, Antonio Brack, ya ha destrozado 18.000 hectáreas de bosques y causado enormes daños al medio ambiente.

Una de las regiones más afectadas es el departamento de Madre de Dios, en el sureste del país y considerada una de las zonas de mayor biodiversidad del mundo. Allí la explotación artesanal de oro ya ha causado grandes daños, tanto por la destrucción de bosques amazónicos como por la contaminación con mercurio de las aguas de los ríos. Más de 10.000 personas han marchado hoy por las calles de Puerto Maldonado, capital de la región, sin que se registren actos violentos, según una fuente del ministerio público en esa ciudad.

Los mineros -que aseguran que lo que se quiere es desplazarlos para darle paso a grandes empresas- piden la derogatoria inmediata del decreto y la renuncia del ministro del ambiente. El gobierno no parece dispuesto a dar su brazo a torcer. "No vamos a ceder. En el Perú nos hemos acostumbrado a cerrar una carretera para pedir la derogatoria de una ley simplemente porque ya es un capricho", añadió el ministro Antonio Brack.

El presidente Alan García también se pronunció contra los informales. "Si quieren explotar sin agredir a la naturaleza pongámonos de acuerdo, pero no mediante una minería salvaje que tiñe los ríos color mercurio", declaró ayer. También comentó que las actividades de minería artesanal traen consigo trata de personas e inclusive esclavización de niños.

JAIME CORDERO

Los gobiernos de Venezuela, Bolivia y Ecuador no abandonaron el modelo productivista y extractivo, [2] aunque, regularmente, tienen cuidado en su discurso de distanciarse del mismo. Alberto Acosta lo explica muy bien en una entrevista reciente:

«Los gobiernos de la llamada corriente progresista de América Latina no han discutido ni han puesto en cuestionamiento el modelo extractivista. Ecuador, Venezuela y Bolivia, para citar a los países que están de más avanzada en Suramérica, no han puesto todavía en tela de juicio la validez de un modelo extractivista, siguen creyendo que mediante la extracción de los recursos naturales vamos a encontrar el camino del desarrollo. Eso sabemos que será imposible. No sólo se trata de usar adecuadamente los recursos, sino de cambiar esa modalidad primario exportadora, que nos ha subordinado en el contexto internacional. […] Es que el IIRSA [3] responde a la lógica del modelo extractivista atado a las demandas de acumulación del capital transnacional. Estos canales interoceánicos no buscan la integración de los pueblos, sino la integración de nuestras economías al mercado mundial. En tanto que suministradores de recursos naturales como petróleo y minería, por ejemplo, también de productos agrícolas, el control de la biodiversidad y las fuentes de agua (son) para el capital transnacional. Y todo esto en el marco de la ampliación de mercados, de la conformación de espacios donde se puedan crear mayores consumidores y no la conformación de la ciudadanía regional y menos de la ciudadanía global. El IIRSA todavía está vigente porque los gobernantes de América Latina de la tendencia progresista como Chávez, Lula, Evo, Correa y Fernández, no están cuestionando el modelo extractivista ni la forma de inserción sumisa en el mercado mundial. » [4]

De hecho, en un gran número de países en desarrollo se asiste a una reafirmación del modelo «desarrollista extractivo productivista». Este fenómeno se debe a la coyuntura internacional excepcionalmente favorable entre los años 2004 y 2008, que se prolongó en el 2009 a pesar de la caída vertical del precio del crudo en el segundo semestre del 2008.

Esto hace recordar el precedente de los años 70 y su brusco final a comienzos de los años 80, cuando se hundieron los precios de las materias primas. Fue entonces cuando explotó el coste de la refinanciación de las deudas contraídas, especialmente para sostener las enormes inversiones en las industrias extractivas, provocando la crisis de la deuda del Tercer Mundo y su secuela de nefastos planes de ajuste estructural.

No es razonable que un gobierno de izquierda se alimente de las falsas esperanzas de unas repercusiones positivas y duraderas de un boom de los bienes primarios. Sobre todo cuando actualmente se tiene en cuenta mucho más que en los años 70 los efectos extremadamente negativos de la sobreexplotación de los recursos no renovables sobre los ecosistemas, y sobre el modo y la calidad de vida de la población (en especial, los pueblos originarios) e incluso, para los que estos argumentos dejan fríos, sobre el equilibrio presupuestario del Estado. En efecto, un período de altos precios en las materias primas genera una gran dependencia en relación con los ingresos que origina su explotación. Con mucha frecuencia, los poderes públicos se endeudan masivamente para invertir en actividades extractivas o para sostener un tren de vida ligado a la euforia de elevados ingresos provenientes de la exportación de bienes primarios. Cuando el precio de éstos baja, el peso del reembolso de la deuda obliga a los gobiernos a comprimir los gastos, con dramáticas consecuencias para los presupuestos sociales.

Por lo tanto, en lugar de recaer en el mito «desarrollista extractivo-productivista», es mejor tener un programa a largo plazo cuyo objetivo sea disminuir la dependencia de las exportaciones y mejor aún, repartir la producción de la riqueza nacional en un círculo virtuoso basado en la satisfacción y la promoción de la demanda interior, lo que implica dar prioridad y garantizar los derechos económicos, sociales y culturales de toda la población (en detrimento del frenético consumo de lujo de las clases sociales más ricas).

Lo importante es priorizar la integración regional entre los países cuyos gobiernos comparten una misma visión de los cambios estructurales necesarios (en el ámbito de la propiedad, de los derechos sociales, de los derechos de las mujeres, de los derechos de los pueblos originarios, de los derechos culturales, civiles y políticos...), rechazando la lógica capitalista y productivista.

En la parte positiva vemos que Venezuela, Bolivia y Ecuador tienen, junto a Cuba, un papel de aguijón en el ámbito del conjunto de Latinoamérica para favorecer, en diferentes niveles, una mejor integración: ALBA, UNASUR, Banco del Sur, la puesta en marcha de una nueva unidad de cuenta monetaria, el SUCRE, con el fin de reducir la preponderancia del dólar en los intercambios entre los países de la región. [5] Sin embargo, a pesar de los esfuerzos positivos de los tres países, se está perdiendo un tiempo precioso y el significado dado al proyecto del Banco del Sur no marca ninguna profunda ruptura con las instituciones multilaterales, como el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, y el FMI. Y es otra ocasión que puede perderse.

Retraso en el lanzamiento del Banco del Sur

En el momento en que se escriben estas líneas, ya han pasado 22 meses desde la firma en Buenos Aires, el 9 de diciembre de 2007, del acta fundacional del Banco del Sur por los jefes de Estado de Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Paraguay, Uruguay y Venezuela. Algunas divergencias entre los gobiernos retardaron el comienzo de las actividades de la nueva institución, que se cree que reforzará la integración latinoamericana. Al ritmo en que van las cosas, y a pesar de las declaraciones de buenas intenciones y la firma a finales de septiembre del 2009 del acta constitutiva por los 7 presidentes respectivos, el Banco del Sur no entrará en actividad antes del 2012 ya que se debe esperar a que los parlamentos de los países miembros ratifiquen el acta constitutiva que lo pondrá en marcha. Los acuerdos firmados en el acta fundacional designan a Caracas como la sede principal del Banco. Los países se pusieron de acuerdo sobre el principio de «un país = un voto» (mientras que en el Banco Mundial y en el FMI, los derechos de voto están ligados al poder económico y a la influencia política), y sobre el monto del capital inicial (7.000 millones de dólares [6] , que podrían llegar a 20.000 millones si otros países se adhieren a la nueva institución).

Dicho esto, se debe señalar que se concretó una evolución negativa durante los largos meses de negociaciones que siguieron a la firma de la creación del Banco: Brasil consiguió edulcorar el principio de un país un voto, al limitar su aplicación sólo a algunas decisiones. En realidad, Brasil no tiene una verdadera necesidad de un nuevo banco multilateral para América Latina, puesto que dispone de un banco público de desarrollo muy importante el BNDES, que controla totalmente y que tiene una cartera de préstamos muy superior a la del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo y del futuro Banco del Sur. Este gran banco financia una gran cantidad de proyectos en toda Latinoamérica y en otros lados, con la condición de que los países receptores compren «brasileño». Esto ha permitido a las empresas brasileñas exportar sus mercaderías y sus servicios o realizar grandes trabajos de infraestructuras. En consecuencia, el gobierno brasileño se adhirió con desgana a este proyecto de Banco del Sur, y tanto más que esta nueva institución fue iniciada por Hugo Chávez, con una línea política más radical que Lula, en particular, con respecto a Washington y Bruselas.

Más allá de los términos en los que se expresan las divergencias entre los negociadores, existen dos opciones a escoger. [7] O bien, se pone en marcha un banco que sostenga un proyecto neodesarrollista extractivo-productivista, que es el que desean las grandes empresas privadas o mixtas, principalmente brasileñas y argentinas, y que es apoyado por Brasilia y Buenos Aires, sobre el modelo de la Unión Europea donde dominan los intereses del gran capital. O bien, Latinoamérica se dota de un instrumento de financiación de políticas económicas, sociales y culturales que se aleje de la lógica del beneficio y que dé prioridad a la integración al aplicar los pactos que garantizan los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. En concreto, el Banco del Sur debería financiar una política latinoamericana de soberanía alimentaria y de reforma agraria. En el ámbito de la sanidad, sería necesario dotar a la región de una industria farmacéutica pública para la producción de medicamentos genéricos de alta calidad. Sería necesario revitalizar y conectar las redes ferroviarias. También, estos países deberían dotarse de una política común en diferentes sectores como la investigación y desarrollo, la educación, el ambiente. Priorizar el retorno del control público sobre los recursos naturales. Financiar la reducción de las asimetrías existentes entre, por un lado, países como Bolivia, Paraguay y Ecuador, con ingresos netamente inferiores, con países como Brasil, Argentina o Venezuela. En resumen, una política cuyo objetivo sea nivelar por arriba los derechos sociales.

La negociación sobre el Banco del Sur no debe, por lo tanto, quedar estancada en el nivel gubernamental. Por otra parte, en cuatro veces por lo menos, los movimientos sociales de los países miembros dirigieron cartas a los jefes de Estado correspondientes, con toda una serie de propuestas. [8] Por ejemplo, los movimientos sociales firmantes de la carta se oponen a que los funcionarios de la nueva institución gocen de los privilegios y la impunidad de la que gozan los funcionarios del FMI, del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo y de otras instituciones internacionales (pero el último proyecto de constitución adoptado por los ministros en junio de 2009, prevé la inmunidad de los funcionarios. Véase más adelante). Los movimientos sociales quieren garantías de transparencia y control.

El último acuerdo ministerial respecto al Banco del Sur

De acuerdo con las informaciones más recientes que hemos podido obtener, [9] los gobiernos de los siete países comprometidos en la creación del Banco del Sur se pusieron de acuerdo sobre los puntos siguientes:

- El banco podrá financiar empresas privadas o empresas públicas, mixtas, cooperativas, etc., para proyectos de desarrollo en los sectores económicos y sociales clave, fundamentalmente con el fin de mejorar la infraestructura regional y de reducir las asimetrías regionales. El acuerdo habla de soberanía en materia alimentaria y energética, sobre los recursos naturales, el saber y la salud (los proyectos financiados deben realizarse en estos sectores) lo que es muy positivo. Por el contrario, el acuerdo habla de mejorar la competitividad, que permanece dentro de un modelo influenciado por la continuidad socioliberal.

- El país beneficiado por un proyecto financiado por el Banco debe dar su conformidad sobre la elegibilidad de los proyectos.

- El Banco puede emitir bonos y financiarse por cualquier medio.

- Podrán ser accionistas los países de la UNASUR (accionistas de clase A), de otros países (clase B), de los Bancos Centrales, de entidades financieras públicas o mixtas (con un mínimo del 50 % de propiedad estatal) y por los organismos multilaterales de crédito (clase C).

- Si los países aumentan su participación, ello no afectará los derechos de voto ya convenidos en el acuerdo.

- Los diferentes Órganos de dirección del Banco Mundial son los siguientes:

• El Consejo de Ministros: Responsable de las políticas generales a medio y largo término. Se reúne anualmente y entre otras funciones tiene la de nombrar los miembros del Directorio y del Consejo de Administración, y la de admitir los nuevos accionistas. Está compuesto por los ministros de los países miembros. Las decisiones son tomadas por una mayoría de tres cuartos, según la regla de «un país=un voto».

• El Consejo de Administración: Se reúne trimestralmente y garantiza el seguimiento de la gestión económica, financiera y de crédito. Los administradores (dos por cada país miembro) serán nombrados por 3 años. Se aplica también la regla de «un país=un voto». Para que las decisiones sean válidas, es necesario un quórum de ¾ de los miembros, y deben ser aprobadas por mayoría absoluta de los miembros presentes.

• El Directorio Ejecutivo: Se reúne todas las semanas y está constituido por un director por cada uno de los países de UNASUR, miembros del Banco (accionistas de clase A), un director para el conjunto de accionistas de clase B y uno para el conjunto de accionistas de clase C. Los que tienen más peso son los accionistas de clase A. Los directores son nombrados por tres años.

• El Comité Ejecutivo, integrado por el presidente del Directorio y tres directores.

• El Consejo de Auditoría.

- Brasil, Venezuela y Argentina ( los tres «grandes» entre los siete) podrán pedir préstamos de hasta 4 veces el capital aportado, Bolivia, Ecuador, Paraguay y Uruguay (los cuatro pequeños entre los siete) hasta ocho veces. Para el resto de los países de UNASUR, el monto será determinado más adelante.

- En caso de litigio, la jurisdicción competente será la jurisdicción de un país miembro, u otra jurisdicción, conforme a la dirección del Directorio Ejecutivo.

- El personal del Banco goza de inmunidad y de exenciones fiscales (como los del Banco Mundial, FMI BID, etc.)

El Banco del Sur es una reacción a la hegemonía de los países del Norte. Su creación fue posible y necesaria gracias a la conjunción de muchos factores:

1.- El Banco Mundial y el FMI están en crisis en diferentes niveles, y es el resultado de las consecuencias catastróficas para los pueblos del Consenso de Washington. Brasil y Argentina reembolsaron en forma anticipada al FMI, Venezuela hizo lo mismo con el Banco Mundial. Ecuador expulsó en abril de 2007 al representante permanente del Banco Mundial en Quito y creó una comisión de auditoría de todas las deudas públicas, comprendidas las multilaterales. Bolivia se retiró en mayo de 2007 del CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones), una especie de tribunal de justicia del Banco Mundial. Ecuador también anunció en julio de 2009 su salida del CIADI.

2. Los países adheridos al Banco del Sur poseen unas reservas de cambio de más de 300.000 millones de dólares. Pueden poner parte de esa suma en común en lugar de continuar prestando al gobierno de Estados Unidos mediante la compra de los bonos del Tesoro estadounidense, que se remuneran con un interés muy bajo.

3. Los gobiernos de estos siete países son de izquierda o centro izquierda.

El Banco del Sur debería constituir una auténtica alternativa al Banco Mundial. Los países que se adhieran deberían retirarse de él. Por otra parte, debería crearse un Fondo Monetario del Sur (éste también como alternativa al FMI) y, si fuera posible, caminar hacia una moneda única del Sur. Otras regiones del Sur podrían dotarse de un instrumento comparable, y los diferentes Bancos del Sur podrían desarrollar una colaboración Sur-Sur.

Es evidente que las instituciones de Bretton Woods están muy inquietas con esta situación y desearían ser invitadas a participar del Banco del Sur, o conseguir, por lo menos, un estatuto de observador.

El Banco del Sur suscita muchas esperanzas, ya que los ciudadanos latinoamericanos quieren que los gobiernos que eligieron aprovechen la oportunidad histórica favorable para poner en práctica una política de integración alternativa al modelo neoliberal. Recordemos que en la Declaración Ministerial de Quito del 3 de mayo de 2007 se indica que: «Los pueblos dieron a sus Gobiernos los mandatos de dotar a la región de nuevos instrumentos de integración para el desarrollo, que deben basarse en esquemas democráticos, transparentes, participativos y responsables ante sus mandantes».

Además, algunos de los siete gobiernos tienen la voluntad de crear un fondo monetario de estabilización. [10] Ya existe un Fondo Latinoamericano de Reserva (FLAR), del que forman parte cinco países andinos (Bolivia, Perú, Colombia, Ecuador y Venezuela) y un país de América Central, Costa rica. Este fondo podría transformarse y, si esto se viera imposible, tendría que crearse un nuevo fondo. Su finalidad sería hacer frente a los ataques especulativos y a otros choques externos poniendo en común una parte de las reservas de cambio de los países miembro.

La lentitud en el lanzamiento del Banco del Sur está provocando algunas veleidades en los gobiernos venezolano, brasileño y ecuatoriano de dejar de lado a Brasil. Se han hecho declaraciones en ese sentido en la primera quincena de septiembre de 2009. El diario financiero ecuatoriano El Comercio titulaba el 15 de septiembre de 2009: «Gobierno: el Banco del Sur funcionará con o sin Brasil» [11] La agencia oficial venezolana, ABN, retomaba el 17 de septiembre de 2009 las palabras siguientes de Hugo Chávez: «El Banco del Sur puede comenzar sus actividades con dos o tres países», [12] en clara alusión a la posibilidad de comenzar las actividades del Banco con Venezuela, Bolivia y Ecuador, sin esperar a Brasil. Dicho esto, parece poco probable que Rafael Correa, Hugo Chávez y Evo Morales avancen en ese sentido. Se trata más bien de ejercer presión sobre Brasil con el fin de que se defina con respecto al Banco del Sur. El futuro dirá si el acta constitutiva firmada por los siete presidentes a fines de septiembre del 2009 en Isla Margarita (Venezuela) será más efectiva que el acta fundacional firmada en diciembre de 2007.

Es evidente que el lanzamiento del Banco del Sur está muy retrasado. Las discusiones no tocaron los problemas de fondo. Se debe salir de la confusión y dar un contenido claramente progresista a esta nueva institución. Lo más importante, en el comienzo, es tener criterios políticos coherentes respecto a un proyecto de integración favorable a los pueblos.

Por una integración regional en ruptura parcial con el mercado mundial capitalista

En este comienzo del siglo, el proyecto bolivariano [13] de integración de los pueblos de la región ha tenido un nuevo impulso. Si se quiere llevar más lejos este nuevo ciclo ascendente es necesario aprender las lecciones del pasado. Lo que le faltó, en particular, a Latinoamérica durante las décadas de 1940 a 1970 fue un auténtico proyecto de integración de las economías y de los pueblos, combinado con una verdadera redistribución de la riqueza en favor de las clases trabajadoras. [14] Ahora bien, es vital tener conciencia de que hoy en Latinoamérica existe una disputa entre dos proyectos de integración, que tienen un contenido de clase antagónico y que reflejan perfectamente las opciones a las que se debe enfrentar el Banco del Sur.

Como ya se ha mencionado, las clases capitalistas brasileña y argentina (las dos principales economías de América del Sur) son partidarias de una integración que favorezca su dominación económica sobre el resto de la región. Los intereses de las empresas brasileñas, sobre todo, así como de las argentinas, son muy importantes: petróleo y gas, grandes obras de infraestructuras, minería, metalurgia, agronegocios, industrias alimentarias, etc. Para ellas, la construcción europea, que terminó en un mercado único dominado por el gran capital, es el modelo a seguir. Las clases capitalistas brasileña y argentina quieren que los trabajadores de los diferentes países de la región compitan entre sí, para conseguir el máximo beneficio y ser competitivas en el mercado mundial. Desde el punto de vista de la izquierda, sería un trágico error apoyar una integración latinoamericana según el modelo europeo dominado por el gran capital, con la ilusoria esperanza de darle más tarde un contenido socialmente emancipador. Tal apoyo implica ponerse al servicio de los intereses capitalistas. No hay que entrar en su juego, intentando ser el más astuto mientras se deja que éstos dicten las reglas.

La segunda opción, que se inscribe en el pensamiento bolivariano, quiere dar un contenido de justicia social a la integración continental. Esto implica la recuperación del control público sobre los recursos naturales de la región y sobre los grandes medios de producción, de crédito y de comercialización. Se debe nivelar por arriba las conquistas sociales de los trabajadores y de los pequeños productores, reduciendo al mismo tiempo las asimetrías entre las economías de la región. Hay que mejorar sustancialmente las vías de comunicación entre los países de la región, respetando rigurosamente el ambiente (por ejemplo, desarrollando el ferrocarril y otros medios de transporte colectivos antes que las autopistas). Es necesario dotar, mediante un vasto plan público, al conjunto de la población de viviendas de calidad gracias a la renovación de los barrios existentes y a la construcción de otros nuevos. Hay que apoyar a los pequeños productores privados en numerosas actividades: agricultura, artesanado, comercio, servicios. El proceso de emancipación social que persigue el proyecto bolivariano del siglo XXI pretende liberar la sociedad de la dominación capitalista, apoyando las formas de propiedad que tienen una función social positiva. Como se ha señalado en el punto 4 de la parte I, se trata de poner fin a la propiedad capitalista de los grandes medios de producción, de servicio, de comercio y de comunicación, transfiriéndolos hacia el sector público y desarrollando o reforzando otras formas de propiedad con función social: la pequeña propiedad privada (especialmente en agricultura, pequeña industria, comercio y servicios), la propiedad cooperativa, la propiedad colectiva y las formas de propiedad tradicional de los pueblos originarios (que tienen generalmente un alto grado de propiedad colectiva). Es una condición sine qua non del socialismo del siglo XXI. Por supuesto, los ritmos de avance pueden diferir en función de la relación de fuerzas y de madurez, tanto de las condiciones objetivas como de las subjetivas.

Entre las prioridades figuran las auditorías y el control estricto de los bancos privados, con el objetivo de evitar que el Estado se vea constreñido a nacionalizar las pérdidas de las instituciones bancarias, como ha pasado tantas veces (Chile bajo Pinochet, México en 1995, Ecuador en 1999-2000, etc.) Es necesario nacionalizar los bancos sin indemnizaciones y ejercer un derecho de reparación sobre el patrimonio de sus propietarios.

Por otra parte, se debe romper con el modelo productivista y extractivista y reemplazarlo por una dinámica ecosocialista.

Es fundamental:

- Apoyar los colectivos de trabajadores que quieran ejercer un control obrero sobre la gestión de las empresas capitalistas.

- Poner en marcha mecanismos para evitar dos grandes escollos: 1) La monopolización de las decisiones por la burocracia del Estado. 2) La emergencia de una nueva burguesía desde el seno del nuevo régimen. [15] El mecanismo indispensable, y ciertamente el más eficaz, es la aplicación, allí también, de una política de control obrero y de control ciudadano sobre la contabilidad y la gestión de las empresas y de las instituciones públicas. Es necesario también, por supuesto, mejorar la formación de gestores de las empresas públicas.

- Establecer una relación interactiva entre los gobiernos de izquierda y el pueblo, que debe reforzar su nivel de autogestión y construir desde abajo las estructuras de poder popular.

- El respeto y la promoción de las culturas y de los derechos de los pueblos originarios debe constituir una prioridad. La realización efectiva de la igualdad hombre/mujer debe ser otra.

No se construirá el socialismo del siglo xxi en un solo país. La integración latinoamericana implica dotarse de una arquitectura financiera, jurídica y política común.

Numerosos litigios surgieron en estos últimos años entre los Estados de la región y las multinacionales, ya sean del Norte o del Sur. En lugar de remitirse al CIADI, dominado por un puñado de países industrializados, los países de la región deberían crear un organismo regional de resolución de litigios en materia de inversiones. En materia jurídica, los Estados latinoamericanos deberían aplicar la doctrina Calvo [16] , y rechazar la renuncia a su propia jurisdicción en caso de litigio con otros Estados o con empresas privadas. ¿Cómo puede ser que todavía se firmen contratos de préstamos o contratos comerciales que prevén que, en caso de litigio, sólo sean competentes las jurisdicciones de Estados Unidos, Gran Bretaña u otros países del Norte?

Dimensión política de la integración

Está claro que es necesaria una dimensión política a la integración y por lo tanto la instauración de un Parlamento latinoamericano elegido por sufragio universal en cada uno de los países miembro, y provisto de verdaderos poderes legislativos. En el marco de la construcción política, se debe evitar la reproducción del mal ejemplo europeo donde la Comisión Europea (es decir, el gobierno europeo) dispone de poderes exagerados en relación al Parlamento. Es necesario caminar hacia un proceso constituyente democrático, con el fin de adoptar una Constitución política común. En eso también, hay que evitar la reproducción del proceso antidemocrático utilizado por la Comisión Europea para intentar imponer un tratado constitucional sin la participación activa de los ciudadanos y sin siquiera someter el proyecto a un referéndum en cada país miembro. Por el contrario, es necesario seguir el ejemplo de Venezuela (1999), Bolivia (2007) y Ecuador (2007-2008). Los avances democráticos importantes que fueron conquistados durante estos tres procesos deberían ser integrados en un proceso constituyente bolivariano. Si se tiene que comenzar por Venezuela, Ecuador y Bolivia.¿No se estaría reviviendo el Parlamento Andino? O darle la prioridad al ALBA, que corresponde a un conjunto de países más grande —tres países andinos y varios de América Central y Caribe—.

También se necesita reforzar las competencias de la Corte Interamericana de Justicia, especialmente en materia de garantía del respeto a los derechos humanos que son indivisibles.

Hasta ahora coexisten diversos procesos de integración: Comunidad Andina de Naciones, MERCOSUR, UNASUR, CARICOM, ALBA... Es importante evitar la dispersión y adoptar un proceso integrador con una definición política y social basada en la justicia social. El proceso bolivariano debería reunir los países de América Latina (América del Sur, América Central y Caribe) que se adhirieran a esta orientación. Es mejor comenzar una construcción común con un núcleo restringido pero coherente que con un conjunto heterogéneo de Estados cuyos gobiernos aplican políticas sociales y políticas económicas contradictorias, incluso antagónicas.

La integración bolivariana debe ir acompañada de una desconexión parcial del mercado capitalista mundial

Las fronteras que separan los Estados que participan en este proyecto se deberían ir suprimiendo, al mismo tiempo que se reducen las asimetrías entre los países miembro, gracias a un mecanismo de transferencia de riquezas de los Estados más «ricos» a los Estados más «pobres». Eso permitiría ampliar considerablemente el mercado interior y favorecer el desarrollo de los productores locales bajo diferentes formas de propiedad. Se reforzaría el proceso de desarrollo (no sólo el de industrialización) por sustitución de importaciones. Por supuesto, esto implica, por ejemplo, desarrollar una política de soberanía alimentaria. Al mismo tiempo, los países miembros que constituyen el conjunto bolivariano deberán desconectarse parcialmente del mercado capitalista mundial. Y ello conlleva la abrogación de los tratados bilaterales en materia de inversiones y de comercio. También deberían retirarse de instituciones como el Banco Mundial, el FMI, y la OMC, promoviendo simultáneamente la creación de nuevas instancias mundiales democráticas y respetuosas de los derechos humanos indivisibles.

Como se indicó más arriba, los Estados miembros del nuevo conjunto bolivariano deben dotarse de nuevas instituciones regionales (como el Banco del Sur) que desarrollen las relaciones de colaboración con otras instituciones similares que reúnen a Estados en otras regiones del mundo.

También se debería declarar en el ámbito de la nueva entidad constituida que en el territorio común no puede haber ninguna base extranjera, tal como ya lo prevén las nuevas Constituciones boliviana y ecuatoriana.

Los Estados miembros del nuevo conjunto bolivariano actuarán junto al máximo posible de terceros Estados en la consecución de una reforma radical del sistema de Naciones Unidas, con el fin de que se ponga finalmente en práctica la Carta de la ONU y los numerosos instrumentos internacionales favorables a la aplicación de los derechos humanos, como el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, la Carta de los Derechos y Deberes de los Estados de 1974, la Declaración sobre el derecho al Desarrollo de 1986, la Resolución sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de 2007. Así mismo, colaborarán en la acción del Tribunal Penal Internacional y en el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya. También favorecerán el entendimiento entre los Estados y los pueblos para poder actuar en la máxima reducción del cambio climático, ya que éste representa un terrible peligro para la humanidad.

La tarea es ardua, pero las perspectivas están trazadas —y son particularmente esperanzadoras— hacia un mundo basado en el respeto absoluto de lo humano y de la Tierra. Y se debe hacer sin pérdida de tiempo.

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Notas:

[1] Eric Toussaint, Doctor en Ciencias Políticas (Universidad de Liège –Bélgica- y Universidad Paris VIII –Francia-), presidente del Comité para la Abolición de la Deuda del Tercer Mundo - Bélgica (CADTM, www.cadtm.org ), miembro del Consejo Internacional del Foro Social Mundial, miembro de la CAIC-Ecuador en 2007-2008 (Comisión de Auditoria Integral del Crédito publico). Es autor de Banco del Sur y Nueva Crisis internacional (editorial Viejo Topo, Barcelona, Enero 2008; editorial Abya-Yala, Quito, Junio 2008; Observatorio DESC, La Paz, Octubre 2008), Banco mundial, el golpe de estado permanente (El Viejo Topo, Barcelona, Enero 2007; Editorial Abya-Yala, Quito, Julio 2007; CIM, Caracas, Agosto 2007; Observatorio DESC, La Paz, Noviembre 2007). Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla

[2] Se refiere en este caso a un modelo de desarrollo basado en las industrias extractivas.

[3] Lanzada con ocasión de la primera cumbre de presidentes sudamericanos, en el año 2000, la Iniciativa de integración de la infraestructura regional de América del Sur (IIRSA) es un vasto programa de construcción o de modernización de infraestructuras, tales como carreteras, puentes, vías fluviales, aeropuertos, gasoductos, oleoductos, líneas de alta tensión. Su financiación está asegurada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Corporación andina de desarrollo (CAF), el Fondo financiero de la cuenca del Plata (FONPLATA) y el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) de Brasil. Su objetivo es, en particular, asegurar la comunicación entre las zonas andinas y tropicales. Brasil, como primera potencia regional, desempeña en esto un papel preponderante.

[4] «Los Gobiernos Progresistas en Surámerica, no han puesto en tela de juicio la validez del modelo extractivista» / Entrevista a Alberto Acosta de FLACSO por Yásser Gómez / Revista Mariátegui, 06/09/2009, http://mariategui.blogspot.com/2009/09/los-gobiernos-progresistas-en.html

[5] La decisión de principio de crear una nueva moneda, el «Sucre» —acrónimo de Sistema Unificado de Compensación Regional— fue ratificada el 16 de abril de 2009, en Cumaná, Venezuela, por los principales dirigentes del ALBA, la Alternativa Bolivariana para las Américas. Este bloque fue creado en 2004 por el venezolano Hugo Chávez y el cubano Fidel Castro, para contrarrestar un proyecto, actualmente en punto muerto, de una zona de libre cambio para toda América, el ALCA, promovida por Estados Unidos. Otros cinco países se unieron a este bloque económico: Bolivia, Nicaragua, Honduras, Dominica y recientemente San Vicente y las Granadinas. El Sucre servirá esencialmente de unidad de cuenta para pagar los intercambios comerciales entre los países que lo hayan suscrito. Podría prefigurar una verdadera moneda común.

[6] Se trata de un monto muy pequeño si se compara con las reservas de cambio disponibles que se destinará a las necesidades de los Estados para financiar el desarrollo y también a otros bancos (el BNDES solo dispone de un capital mayor).

[7] Para una presentación de las etapas de la construcción del Banco del Sur y de los debates sobre esta cuestión, véase Eric Toussaint, El Banco del Sur y la nueva crisis internacional, El Viejo Topo, 2008. Capítulo 1 al 4.

[8] La primera carta data de junio de 2007, http://www.cadtm.org/Carta-abierta-a-los-Senores , hay otra de octubre de 2007: http://www.cadtm.org/Movimientos-y-organizaciones ; la segunda es de diciembre de 2007: http://www.cadtm.org/Segunda-carta-abierta-a-los ; la tercera es de octubre de 2008 y la cuarta carta es de agosto de 2009, www.cadtm.org/Declaración-de-Quito-sobre-el

[9] El resumen de los puntos de acuerdo es relativo a un documento interministerial no público que data del 19 de junio de 2009, y que parece haber sido confirmado durante la reunión presidencial llevada a cabo en Isla Margarita (Venezuela), el 27 de septiembre de 2009

[10] La adhesión de Venezuela a esta propuesta no está asegurada ya que, en un principio, Hugo Chávez desearía que el Banco del Sur reuniera la función de banco de desarrollo y de fondo monetario de estabilización .

[11] «Banco del Sur con o sin Brasil: Gobierno», http://ww1.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=304404&id_seccion=6

[12] «El Banco del Sur puede activarse con dos o tres países» «El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez, insistió en la activación del Banco del Sur: si no pueden todos los países comencemos dos o tres países» Véase: www.abn.info.ve/noticia.php?articulo=198668&lee=4

[13] Simón Bolívar (1783-1830), considerado como un verdadero héroe de la independencia latinoamericana y cuyo nombre encontramos por todo el continente, fue uno de los primeros en intentar unificar los países liberados, para formar una única y sola nación.

[14] A partir de 1959, la revolución cubana intentó dar un contenido socialista al proyecto bolivariano de integración latinoamericana. La brutal intervención de Estados Unidos, respaldada por las clases dominantes y las fuerzas armadas locales, puso fin al ciclo ascendente de emancipación social de este período en escala continental (bloqueo de Cuba a partir de 1962, junta militar a partir de 1964 en Brasil, intervención estadounidense en santo Domingo en 1965, dictadura de Banzer en Bolivia en 1971, golpe de Estado de Pinochet en Chile en 1973, instalación de dictaduras en Uruguay y Argentina).

[15] Véanse las recomendaciones expresadas anteriormente en «Algunas pistas para avanzar hacia una transición al socialismo del siglo XXI en Venezuela».

[16] Esta doctrina de derecho internacional, establecida en 1863 por el jurista y diplomático argentino Carlos Calvo, prevé que las personas físicas o morales extranjeras deben someterse a la jurisdicción de los tribunales locales, con el objetivo de impedir el recurso a las presiones diplomáticas de sus Estados o de sus gobiernos. Esta doctrina se materializó en el derecho positivo, por ejemplo en la resolución 1803, del año 1962, de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre los recursos naturales (soberanía permanente sobre los recursos naturales) o incluso en la Carta de los Derechos y deberes Económicos de los Estados, de 1974. Según esta doctrina, todos los bienes, corporales e incorporales, materiales e inmateriales, están sometidos a la ley del Estado soberano y en caso de diferendos, son los tribunales nacionales los que tienen la competencia.

Por Éric Toussaint
CADTM
Traducido por Griselda Pinero y Raul Quiroz

Fuente: http://www.cadtm.org/Salir-de-un-modelo-de-desarrollo#nb3

El pasado lunes finalizó un levantamiento  convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) que duró siete días. Esa noche, en el Palacio de Carondelet, el presidente de la República, Rafael Correa, y la dirigencia de la agrupación firmaron un acuerdo con seis puntos.

Uno de ellos  es analizar, desde mañana y en mesas de trabajo, eventuales reformas al proyecto de Ley de Recursos Hídricos enviado por el Ejecutivo a la Asamblea Nacional.  El proyecto del Ejecutivo, que provocó que el movimiento indígena realizara   movilizaciones y bloqueos de vías en seis provincias de la Sierra y región Amazónica, consta en total de 197 artículos, 12 disposiciones transitorias y 11 derogatorias.

El sector indígena basa su protesta en que la normativa “es privatizadora del recurso”, y en que si bien el orden de prelación ubica en primer lugar el consumo humano, en otros artículos, dicen, se privilegia su uso para actividades estratégicas y económicas contempladas en el Plan Nacional de Desarrollo (como la minería).

Los cuestionamientos se produjeron a pesar de que el artículo 3 -uno de los veinte que ya aprobó la Comisión de Soberanía Alimentaria de la Asamblea Nacional- señala que el agua “no puede ser objeto de ningún acuerdo comercial con gobierno, entidad multilateral o empresa extranjera”; por lo tanto, prohíbe toda privatización.

Además, en el artículo 53 se establece el orden de prioridad para el uso del agua, y ubica, en primer lugar, al consumo humano, luego para riego, abrevadero de animales y acuacultura, para caudal ecológico y, en cuarto lugar, en ese orden, para actividades productivas.

Sobre estas observaciones, el secretario nacional del Agua, Jorge Jurado, de manera reiterada, ha señalado que el proyecto de ley es claro al mencionar el orden de prelación que prioriza el consumo humano, como lo señala la  Constitución.

“Solo, una vez satisfechas las principales necesidades de los tres tipos de prelación, se procede a otorgar autorizaciones para actividades productivas (riego agroindustrial, generación de hidroelectricidad, industriales, petroleras y mineras) y, finalmente, actividades recreacionales y culturales”, sostiene Jurado, tras advertir que por ningún motivo se podrá modificar el orden establecido.

El proyecto, agrega,  garantiza que el agua llegue a todos los ecuatorianos de manera equitativa y corresponde a las necesidades de la población.

Según un estudio de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), hasta 2006 se determinó que la mayor parte del consumo de agua en Ecuador (80%) es destinada al riego, y que de la utilizada para uso doméstico únicamente el 5% recibe tratamiento.

Además, del total de la población, el 61.39%  de la zona urbana cuenta con conexiones para sistemas de agua potable, el  38.61% restante carece de este servicio. El problema se agrava en la zona rural, donde apenas el 10.42% cuenta con conexiones, quedando un elevado porcentaje del 89.58% sin conexión.

Aunque la Conaie reconoce que la norma establece la prohibición de que se privatice el uso del agua, insiste, en cambio, en que hay otros artículos que contradicen incluso el texto constitucional.

“El proyecto de ley es la continuidad del mismo modelo privatizador”, asegura Humberto Cholango, presidente de la Ecuarunari, filial de la Sierra de la Conaie.
 
Señala que si bien el artículo 3 prohíbe la privatización, eso no garantiza su cumplimiento porque en los artículos 67, 70, 73, entre otros, se está entregando el recurso para uso industrial.

También cuestiona la primera disposición  transitoria, la cual señala que las concesiones existentes se canjearán por autorizaciones de uso o de aprovechamiento, antes de que la ley entre en vigencia. “Allí está implícito el mismo modelo”, asegura Cholango.

Otro artículo que cuestiona es el 67. Para el dirigente indígena, allí se pretende que la autoridad única del agua podrá modificar la prioridad del uso del agua, de acuerdo al valor económico y del mercado, “por eso decimos que existen contradicciones”.

De allí que espera que las comisiones que se formen acojan la propuesta del sector indígena que, entre otros puntos, propugna la desprivatización total y que para las zonas rurales se entregue la administración de los sistemas a las comunas y cabildos.

Pero quienes manejan las juntas de agua tienen reparos a esa propuesta y más bien respaldan el proyecto del Ejecutivo. Luis Bejarano, presidente de la junta de agua de la parroquia Ayora, del cantón Cayambe, sostiene que el movimiento indígena no ha contribuido a enriquecer el proyecto y más bien han insistido en que la propuesta que presentaron sea la que entre a la Asamblea y que se apruebe.

“Nunca estuvimos de acuerdo con ese proyecto porque no considera la existencia de las juntas comunitarias y quieren manejar el recurso a través de sus organizaciones como comunas, cabildos y esto sería la muerte para las casi diez mil juntas de agua que existen en el país”, asevera Bejarano.

Contrario a lo que opina Cholango, Bejarano enfatiza que el proyecto del Ejecutivo es claro en prohibir la privatización y el orden de prelación está claramente definido. También es favorable de que exista una autoridad única, ya que al momento cada cual quiere controlar las fuentes de agua  y aquello ha generado desigualdad  en la distribución del líquido de parte de los hacendados.

En el norte del país, dice, hay campesinos que tienen una  hectárea y, muchas veces, tienen su turno de riego cada 15 días, pero los dueños de hacienda se abastecen todo el día, “por eso estamos respaldando la posibilidad de que se realice una redistribución equitativa”, concluye.

Las juntas de agua fueron creadas a través de una ley especial, en 1979, con la finalidad de dotar de agua potable a los sectores rurales, además de alcantarillado sanitario. Estas juntas se autofinancian  para mantener los sistemas a través del cobro de servicio a los usuarios.

En cambio, para Cecilia Chérrez, miembro de Acción Ecológica, la preocupación de la Conaie es justa, ya que si bien el proyecto recoge lo que establece la Constitucion en cuanto a la prelación y a la prohibición de privatización, artículos como el 70 autorizan el uso del recurso para actividades industriales, así como para los contemplados en el Plan de Desarrollo, que incluye la minería a gran escala y la Petroquímica.

“Independientemente de que se diga que no se privatizará el recurso y que se respetará la prelación, el artículo, que es la columna vertebral de la agenda de desarrollo, establece la entrega del agua a actividades con alta demanda”, manifiesta.

Víctor Haz Chavarría
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Reportero - Guayaquil

Alberto Acosta, economista ecuatoriano, es investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), ha sido fundador del movimiento Alianza País, Ministro de Energía y Minas y presidente de la Asamblea Nacional Constituyente. Mariátegui. La revista de las ideas, lo entrevistó en Lima, antes que inicie su disertación en el seminario XIII Diálogo Democrático. La Crisis y las Industrias Extractivas en América Latina. Organizado por el Grupo Propuesta Ciudadana, Oxfam Internacional y Revenue Watch Institue.

- Para que el gobierno de Alianza País se consolide en el poder y realice las transformaciones sociales, necesita un partido que aún no lo tiene ¿Cómo analiza esto?

- Es fundamental que el presidente Rafael Correa entienda que hay que construir un movimiento o un partido político amplio, democrático y participativo. Se requiere una buena estructura social para poder sostener un proceso de cambio. No se trata simplemente de formar unos cuantos comités aislados para defender los avances del proceso que está en marcha, sino que todo este proceso tiene que hacerse con una creciente participación ciudadana. Tenemos que entender definitivamente, que la construcción de una sociedad democrática, tiene que ser con métodos democráticos, de mucha participación, de mucho debate y de posibilidades de definición de las políticas con amplios sectores de la sociedad.

En segundo lugar, el gobierno requiere no sólo buscar adeptos entre quienes están dentro del movimiento, sino convocar a otros actores de la sociedad. Tiene que hacer un esfuerzo para tener una base horizontal mucho más amplia. Por ejemplo, el gobierno tiene que hablar, discutir, dialogar, llegar a acuerdos con el movimiento indígena, sindical, de mujeres, jóvenes, ecologistas con muchos sectores, que de una u otra manera coinciden en gran parte de los temas que está planteando el gobierno ecuatoriano. Esto no significa que todos estos grupos tienen que apoyar irrestrictamente todas las políticas del gobierno, pero todos estos grupos tienen que sentirse parte de la definición y ejecución de las políticas que van en beneficio de la sociedad. Y en tercer lugar, este proceso de conformación de un gran bloque histórico, que permita las transformaciones tendrá que ser respaldado por la práctica gubernamental. Requerimos mucha coherencia en el gobierno del presidente Correa. Ahí tenemos un problema grave, porque en algunos ámbitos el gobierno de Alianza País no está siendo coincidente con los planteamiento de cambio iniciales como en el sector agrario para mencionar un caso concreto. Esos me parecen los elementos fundamentales.

- ¿Se está avanzando en este proceso de organización?

- Alianza País es un movimiento. Eso surgió en el proceso electoral del año 2005, se ha ido ampliando, reorganizando y reformulando, pero todavía no existe una institucionalidad política como un movimiento, menos aún como un partido político. Ese es uno de los déficits que tiene todavía este proceso de la revolución ciudadana y el presidente Correa cree que va a cerrar esta brecha, simplemente conformando Comités de Defensa de la Revolución, que en la práctica ya existían. Dentro de Alianza País habían los comité familiares que eran los nucleos más pequeños para la discusión ideológica y para el proceso del proselitismo electoral, que es necesario. A este proceso le falta un movimiento democrático, alianzas sólidas y coherencia política.

- La crítica más fuerte del movimiento indígena hacia el gobierno, está en lo referido a la extracción de minerales e hidrocarburos ¿Por qué ocurre esto con un gobierno progresista?

- La crítica del movimiento indígena y de amplios sectores sociales surge porque el gobierno en las leyes no está apegado a la Constitución. Por ejemplo, la Constitución establece derechos colectivos, de la naturaleza, de participación ciudadana como elemento fundamental para la elaboración de leyes. Y el gobierno de Alianza País, con la ley de minería aprobada después de la Constitución, está poniendo en riesgo la Carta Magna. Ese es el problema de fondo. Con la ley de soberanía alimentaria está poniendo en riesgo la misma Constitución ¿A qué se debe esto? Sin duda alguna a las incoherencias de un gobierno que todavía tiene unas políticas, claramente inspiradas en el manejo neoliberal, que todavía representa intereses de los grupos económicos más tradicionales, como en el ámbito agrario. Y eso también se explica en el sector de la minería en particular, por el hecho de que los gobiernos de la llamada corriente progresista de América Latina no han discutido ni han puesto en cuestionamiento el modelo extractivista. Ecuador, Venezuela y Bolivia para citar a los países que están de más avanzada en Surámerica. No han puesto todavía en tela de juicio la validez de un modelo extractivista, siguen creyendo que vía la extracción de los recursos naturales vamos a econtrar el camino del desarrollo. Eso sabemos que será imposible. No sólo se trata de usar adecuadamente los recursos, sino cambiar esa modalidad primario exportadora, que nos ha subordinado en el contexto internacional. No sólo hay -entonces- que plantearse un modelo extractivista, sino una nueva forma de inserción en el mercado mundial.

- En los espacios de integración continental como el Mercosur, la CAN o la UNASUR, no se discute el tema del IIRSA (Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana), incluso gobiernos como el de Bolivia continúan con el proyecto ¿A qué se debe esto?

- Es que el IIRSA responde a la lógica del modelo extractivista atado a las demandas de acumulación del capital transnacional. Estos canales interoceánicos no buscan la integración de los pueblos, sino la integración de nuestras economías al mercado mundial. En tanto que, suministradores de recursos naturales como petróleo y minería por ejemplo, también de productos agrícolas, el control de la biodiversidad y las fuentes de agua para el capital transnacional. Y todo esto en el marco de la ampliación de mercados, de la conformación de espacios donde se puedan crear mayores consumidores y no la conformación de la ciudadanía regional y menos de la ciudadanía global. El IIRSA todavía está vigente porque los gobernantes de América Latina de la tendencia progresista como Chávez, Lula, Evo, Correa y Fernández, no están cuestionando el modelo extractivista ni la forma de inserción sumisa en el mercado mundial. Esa es la explicación, porque el IIRSA está todavía con vida y con fuerza.

- ¿Por qué Rafael Correa no entiende que su llegada al poder es el resultado de un proceso histórico de las luchas del pueblo ecuatoriano?

- Tengo las siguientes razones. Primero, Correa entra públicamente en la vida política nacional recién en el año 2005, tuvo alguna incursión como analista político -compañero-amigo mío desde hace algunos años- pero públicamente comienza a incursionar de una manera efectiva, consistente, coherente, desde el mes de abril del 2005. En octubre del 2006 pasa a la segunda vuelta electoral, habiendo obtenido una importante votación y en el mes de noviembre del 2006 gana la Presidencia de la República. Su experiencia en términos de participación orgánica dentro de algún movimiento o partido político es tremendamente limitada. Entendería esto a su poca experiencia. Segundo, el presidente Correa ha tenido muchos y buenos resultados que se los atribuye sólo a su gran mérito. No minimizo la capacidad de liderazgo del presidente Correa, pero él está asumiendo el papel del portador de la voluntad política colectiva. Y no se da cuenta, que gran parte del proceso histórico anterior, es el que explica los resultados positivos de Correa y de Alianza País. Para ponerlo en términos muy sencillos, el presidente Correa no es un relámpago en cielo despejado. Las nubes para el proceso de cambio ya estaban cargadas por la lucha de los pueblos y nacionalidades indígenas, por las luchas del movimiento sindical, por la lucha de los movimientos sociales, por la lucha de los hombres y mujeres del campo y de la ciudad que venían bregando por transformaciones profundas. Tercero, también se produce por la ausencia de una estructura orgánica, movimiento o partido político que permita llevar adelante de una manera democrática todo el proceso que está en marcha. Entonces, estos factores explican porque el presidente Correa, en determinadas circunstancias y momentos no entiende que él está ahí, en la presidencia, gracias a todo el esfuerzo realizado por la sociedad ecuatoriana.

- Hace poco el presidente ecuatoriano hizo un llamado para organizar los Comité de Defensa de la Revolución Ciudadana. A partir de la necesidad de enfrentar en las calles a la derecha como ocurre en Bolivia y Venezuela. ¿Qué piensa de esto?

- Entiendo que se debe organizar el movimiento, pero no se trata de organizaciones pequeñas en Comité de Defensa de la Revolución, hay que organizar todo el movimiento, todo el partido político. Además, creo que era innecesario convocar a esos Comités cuando ya existen los Comités Familiares de Alianza País. Desde la elección del año 2006 ya trabajaron activamente los comités familiares en muchas de las grandes ciudades del Ecuador. En ese contexto, entonces, no era necesario hacer eso. Una revolución no se va a defender simplemente organizando comités asilados, sino dando respuestas coherentes con lo que se ha dicho. Calidad de las decisiones e ir a la raíz de los problemas, decisiones que trasciendan la coyuntura y que resuelvan los problemas estructurales, radicalidad en las acciones. Pero sobre todo, participación ciudadana, participación social, abrir las puertas para que haya cada vez más gente debatiendo, discutiendo e impulsando estos cambios. Eso es mucho más sólido, que tratar de conformar Comités de Defensa de la Revolución cuando todavía no hay un movimiento político. Hay que tener en consideración que dentro de un proceso democrático, no sería adecuado tener Comités que comiencen a perseguir o a imponer tesis sin debate. También sería cuestionable que se utilicen recursos del Estado para financiar el movimiento político del presidente Correa. Eso estaría contra las leyes y tendría que ser intervenido por la Contraloría General del Estado.

- A corto plazo ¿Ecuador puede dejar la dolarización de su moneda?

- Considero cada vez más, que fue uno de los mayores errores históricos que se cometió en el país. Y ahora estamos agarrados a la dolarización como un pecado original, del cual es difícl liberarnos, desatarnos. ¿Cómo vamos a salir de la dolarización? No le podría decir en este rato. Tengo una serie de ideas, propuestas técnicas y políticas de como hacerlo, pero por lo pronto no creo que el gobierno este dispuesto a impulsar una salida desde el Ecuador, sino lo que está buscando es consolidar la integración regional para llegar a tener una moneda única de los países de la región. Creo que ese puede ser un camino entre el mediano y el largo plazo. En el corto plazo podría producirse un problema si es que la economía mundial sigue en declive. Si hay una mayor crisis internacional y esto afecta los ingresos en dólares de la economía ecuatoriana

- ¿Y cómo está lo de la Deuda Externa?

- Se está haciendo esfuerzos para deslindar al país de las prácticas neoliberales. No lo ha logrado en todos los ámbitos, pero se está caminnando en esa dirección. Con relación a la Deuda Externa, el gobierno del presidente Correa recogiendo el reclamo popular dio paso en julio del 2007 a la configuración de la Comisión de Auditoría Integral del Crédito Público, que estableció que gran parte de la Deuda Externa es ilegal e ilegítima. Esto le permitió al gobierno suspender el pago de los bonos global a 12 y 30 años y abrir la puerta a una moratoria. Inicialmente creíamos que esa era el camino para un reclamo ético-político sustentado en la ilegitimidad e ilegalidad de la deuda externa. Posteriormente, quizás presionado por los problemas de la crisis internacional y apegado a un pragmatismo gubernamental que habría que analizarlo en un contexto más amplio, optó por una vía de recompra de los papeles de la deuda. Sin duda que hay muchos elementos para cuestionar, pero no podemos dejar de mencionar el logro que significó para el Ecuador, haber hecho desaparecer -prácticamente- el 91% de la deuda que estaba firmada en bonos global a 12 y 30 años. Hay muchos otros segmentos de deuda en donde todavía hay problemas graves, pero no una respuesta clara. Sin embargo, el gobierno de Alianza País logró reducir el monto de la Deuda Externa que está en una cifra inferior al 20% del Producto Interno Bruto. Con las presiones producidas por la crisis internacional, el gobierno ha tenido que buscar financiamiento y ha conseguido créditos, no en los mercados tradicionales como el Banco Mundial, el FMI, pero ha recurrido a bancos donde hay menos condicionalidades político-economicas como son la CAF (Corporación Andina de Fomento), el Fondo Latinoamericano de Reservas (FLR), está negociando con el BID (Banco Interamericano de Desarrollo), también ha conseguido créditos de China y está buscando opciones alternativas. Pero por lo pronto hay que rescatar, por un lado, la gestión para reducir sustantivamente el pago de la Deuda Externa y por otro, la diversificación de las fuentes de financiamiento. Quedará todavía para el análisis ¿Cómo se hizo esa gestión para reducir la deuda? ¿Cuáles son las condiciones de los nuevos créditos, en estos nuevos mercados? Y naturalmente el uso que se haga de esos recursos. El capítulo de la Deuda Externa no se ha cerrado aún.

Por Yásser Gómez. Periodista. Editor de Mariátegui. La revista de las ideas.
Publicado por Sangre en las ideas en 2:32 PM

El 20 de enero se enfrentaron en Ecuador dos modos de estar en el mundo. El gobierno de Rafael Correa —que poco antes impulsó y consiguió ganar un referendo por la reforma constitucional inspirada en la lógica del “buen vivir” (sumak kausay en quichua) y el abandono del modelo neoliberal—, presionó al Congreso para que aprobara la Ley de Minería. Los movimientos sociales convocaron una movilización nacional para oponerse a la explotación minera transnacional. Las fuerzas que se enfrentaron en las calles fueron muy desiguales: hubo heridos y detenidos, gases lacrimógenos y golpes.

Ese 20 de enero, día de la Movilización por la Vida, miles de indígenas salieron a las carreteras como acostumbran hacerlo en cada protesta. Unos 4 mil indígenas cortaron la carretera Latacunga-Ambato en la sierra sur, y otras decenas de miles en múltiples lugares del país, incluyendo protestas en Quito y Cuenca, las dos principales ciudades andinas, pero también en la Amazonia y en la Costa.

Aunque la Conaie (Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador) siempre dijo que la movilización sería pacífica, la represión fue importante, con gases lacrimógenos y hasta disparos de bala que provocaron decenas de heridos, algunos de ellos hospitalizados. Puede decirse que la represión no fue muy diferente a la que se registró en otras ocasiones cuando en Ecuador gobernaba la derecha.

A la hora de hacer el balance de las movilizaciones contra la minería, Acción Ecológica mostró su alegría porque “está naciendo una nueva alianza campo-ciudad que recoge los principios del ecologismo”. Destacó que “los argumentos de proteger el agua, fortalecer la soberanía alimentaria, reivindicar el derecho a la consulta, desconfiar de las transnacionales, son ya comprendidos y asumidos por muchos ecuatorianos y ecuatorianas”. Se lamentó del rumbo derechista del gobierno de Correa pese a sus posiciones soberanas como la nueva Constitución y la declaración de ilegitimidad de la deuda externa. “La historia demuestra que cuando un gobierno se derechiza es muy difícil que vuelva a ser de izquierda”, concluye el balance.

Días después, la Conaie envió una “Carta Abierta al Foro Social Mundial” en la que explicaba su “oposición y rechazo” a la presencia de Correa en “un espacio donde históricamente se construyen alternativas y garantías a los derechos de los pueblos y por la vida y no puede ser tribuna para un presidente con posiciones impregnadas de racismo, machismo, paternalismo, discriminatorias, sexistas y violentas”. Quedaba la alerta al Foro que detrás del lenguaje de la “revolución ciudadana” se reprime y atenta contra la dignidad y los derechos y asegura que “la larga noche neoliberal está presente en Ecuador”.

Argumentos en disputa. La Ley de Minería fue analizada con rigor por los movimientos. Se recuerda que la inversión extranjera en Ecuador se ha focalizado siempre en la actividad extractiva y la agroexportación y que la división internacional del trabajo condenó al país a ser exportador de materias primas y productos primarios sin industrializar como cacao, café, banano y otros. “Por cada dólar situado en el país, le ha rendido cuatro a la inversión foránea”

Luego de la segunda guerra mundial se inició un proceso de sustitución de importaciones y de industrialización, se realizaron nacionalizaciones y se estableció un Estado del Bienestar. Pero el país se siguió sosteniendo en base a la exportación de uno o dos productos primarios, lo que lo hizo muy vulnerable. En las últimas décadas su principal exportación es el petróleo, que sin embargo no ha sido capaz de alentar la producción nacional de bienes de capital ni impulsar la exportación de derivados del crudo por lo que “la explotación de petróleo ha devenido en fuente inagotable de pasivos sociales y ambientales”.

Los críticos sostienen que la Ley de Minería “no se corresponde con la visión de país que incorpora la Constitución vigente desde octubre de 2008”, en gran medida porque “rompe el equilibrio entre comunidades y entorno natural impidiendo el libre ejercicio de los derechos”, y, en lugar destacado, “desvirtúa el carácter plurinacional del Estado ecuatoriano”.

En su artículo 2 (Ámbito de aplicación), la nueva Ley Minera no incluye a las personas comunitarias como sí lo hace con las personas públicas, mixtas o privadas. y en su artículo 3 (Normas supletorias) incurre en la omisión de no destacar “la supremacía de la Constitución política y de los instrumentos internacionales en cuanto a los derechos humanos y ambientales”.

El artículo 15 (Utilidad pública) es uno de los más cuestionados. El informe de Acción Ecológica destaca que no se establece de modo explícito que las concesiones “no deben jamás comprometer el derecho al agua, la soberanía alimentaria, las áreas naturales protegidas, los territorios indígenas y las tierras dedicadas a la producción de alimentos”. El abogado de la Fundación Pachamama, Mario Melo, enfatiza que al declarar la actividad minera de “utilidad pública”, la Constitución autoriza a expropiar tierras en los territorios indígenas “con sólo alegar un supuesto bienestar colectivo”.

El artículo 16 (Dominio del Estado sobre minas y yacimientos) destaca “los intereses nacionales” que naturalmente son definidos por el gobierno de turno, y según la crítica van a responder “a los requerimientos coyunturales de ingresos fiscales, los cuales terminarán imponiéndose al objetivo permanente del buen vivir de las personas que habitan el país”.

El artículo 28 (Libertad de prospección) dice que cualquier empresa “tiene la facultad de prospectar libremente para buscar sustancias minerales”, lo que les permitirá realizar estudios mineros en tierras de comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas (en Ecuador hay 14 nacionalidades y 18 pueblos indígenas). En paralelo, el artículo 90 (Procedimiento especial de consulta a los pueblos) indica que dichas consultas se harán conforme al artículo 398 de la Constitución y no al 57. La diferencia es importante: por el 398, si una comunidad o pueblo se opone a la prospección el diferendo “se resuelve con la decisión de la autoridad administrativa superior”. Por el artículo 57, la misma oposición se resuelve “conforme a los instrumentos internacionales aplicables, entre los que está la Declaración de las Naciones Unidas sobre el Derecho de los Pueblos Indígenas, aprobada por el Ecuador, que hace necesario que el resultado de la consulta sea del consentimiento de los consultados para que se realice la actividad prevista”. Acción Ecologista concluye que la Ley “se inscribe en el modelo neoliberal”, ya que privilegia la inversión extranjera, otorga prioridad a los ingresos por sobre los pasivos sociales y ambientales, a la extracción de minerales sobre los derechos humanos de las comunidades afectadas, la conservación de la biodiversidad y las fuentes hídricas. Incluso prevé abrir a la extracción de zonas naturales que están protegidas, a la vez que incluye “disposiciones tendientes a criminalizar la protesta y el ejercicio del derecho a la resistencia”.

Según el informe de Acción Ecológica, el objetivo para el Estado es que la actividad minera sea “una fuente importante de ingresos fiscales, complementaria y ulteriormente sustitutiva del petróleo”. Aunque se defiende la política de aumentar los ingresos del Estado, se considera que los aspectos regresivos refuerzan la dependencia neocolonial del Ecuador. Por último, y muy grave, este modelo extractivista se aleja de la nueva Constitución que dice defender “el modelo de desa­rrollo humano, integral, holístico, para obtener el objetivo del buen vivir, con el ingrediente esencial de no ejercer violencia sobre las personas ni sobre la naturaleza, con la cual se debe mantener una relación de plena armonía”.

Los defensores de la ley aseguran que creará 300 mil puestos de trabajo, vitales para el desarrollo del país, y que no habrá contaminación. Algo que no puede corroborarse y que desmiente el pasado petrolero reciente del Ecuador.

El área destinada para la explotación minera son 5.6 millones de hectáreas, 20% de la superficie del país, que incluye parques nacionales y reservas naturales concesionados desde los años 80.

Clamor continental contra la minería. La actividad minera es la principal causa de conflicto ambiental en América Latina. A lo largo de la cordillera andina existen acciones permanentes contra la salvaje explotación de la minería a cielo abierto. En perspectiva, el movimiento contra la minería a cielo abierto está creciendo de forma exponencial, pese a su corta vida.

En Argentina funcionan nueve yacimientos de oro, plata y cobre, hay cinco en construcción y se exploran otros 140. Hay 70 pueblos de trece provincias afectados por la explotación minera a gran escala. Son cinco mil kilómetros de la cordillera andina donde se instalan empresas de Estados Unidos, Sudáfrica, Gran Bretaña, Suiza, Japón y, sobre todo Canadá, sede de las principales multinacionales del sector. La mina Bajo la Alumbrera, en la provincia de Catamarca, se encuentra entre las diez mayores explotaciones de cobre y las quince de oro del mundo.

En 2002, cuando comenzaron a reunirse los Vecinos Autoconvocados de Esquel, eran la única organización que luchaba contra la minería en Argentina. Hoy son más de cien las asambleas de vecinos movilizados por cuenta propia para denunciar los grandes proyectos multinacionales de la minería, pero también de celulosa y agricultura de monocultivos, agrupados en la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC).

En Chile existe una prolongada movilización contra la mina Pascua Lama. Es un proyecto binacional (Argentina y Chile) de la canadiense Barrick Gold que extraerá oro y plata (se dice que sus reservas son de 20 mil millones de dólares), usará 370 litros de agua por segundo y dinamitará 45 mil toneladas de montaña diarias. El proyecto está trabado por cuestiones legales y por la oposición: el movimiento de resistencia, integrado por agricultores, indígenas e iglesias denunció que Barrick Gold ocultó que los yacimientos están debajo de tres glaciares.

Perú es donde se libra una de las más fuertes batallas de organización social contra la minería en América Latina: la Conacami (Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería). Es una joven organización nacida en 1999 en respuesta al “boom minero” de Perú a partir de 1993, que fue de la mano del régimen autoritario de Alberto Fujimori. Son 1 650 comunidades de la costa, la sierra y la selva, que tienen más de mil dirigentes perseguidos.

Perú se convirtió en el primer productor de plata del mundo, tercero de estaño y zinc, cuarto de plomo y cobre, y quinto de molibdeno y oro. Los minerales suponen 45 por ciento de las exportaciones peruanas, pero la actividad minera sólo aporta 4 por ciento de los ingresos del Estado y ocupa al uno por ciento de la población activa. La contaminación le cuesta al país 4 por ciento del producto interno bruto. Se calcula que casi una cuarta parte de la superficie del país, unos 25 millones de hectáreas, está concesionado a empresas mineras.

Ecuador puede mirarse en ese espejo. Por un lado, los conflictos sociales y ambientales de los años noventa pueden multiplicarse, como ya lo anunció la Conaie. La violación de los derechos indígenas y de sus territorios “volverá inviable los proyectos”, advirtió la organización a las empresas mineras, ya que la Ley de Minería viola el artículo 169 de la OIT que reconoce los derechos colectivos. Pero Correa cuenta con el 70 por ciento de apoyo y salió victorioso de las elecciones generales de abril en el marco de la nueva Constitución.

Por, Raúl Zibechi, analista del semanario Brecha de Montevideo. Una versión más amplia de este texto se encuentra en el Programa de las Américas (www.ircamericas.org).