Visibilización y erradicación de las violencias basadas en género

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En junio pasado aparecieron en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales los primeros “muros de los lamentos” y escraches a acosadores. El 3 de agosto aparecieron en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. A partir de entonces esta práctica de denuncia, legitimada por la Corte Constitucional, se replicó en muchos espacios del campus.

El país asistió, quizás un poco asombrado, al estallido social emergido en la Universidad de Antioquia (UdeA), liderado por estudiantes de pregrado y posgrado de diferentes áreas del conocimiento, muchas víctimas de diferentes formas de violencias basadas en género (VBG), demandando una vida libre de estas violencias.

Lamentablemente, en la memoria del país quedaron las acciones de hecho en Ciudad Universitaria, incursiones de personas encapuchadas autodenominadas Acción Clandestina Policarpa Salavarrieta el pasado 19 de septiembre, que contaron con tribuna en medios influyentes a través de declaraciones desafortunadas y plagadas de equívocos por parte de algunas personas que integran el estamento profesoral de la UdeA, que no lo representan y lograron, así, desacreditar un movimiento justo y necesario a favor de los derechos humanos de las mujeres y de las disidencias sexuales, es decir aquellas que cuestionan el orden heteronormativo.

Para nadie es ajeno que la universidad como institución reproduce en su interior tanto el conjunto de estructuras sociales como los conflictos y tensiones que vive la sociedad en general. Es así como los campus universitarios reproducen históricamente las estructuras sociales y sus jerarquías: clasistas, racistas, capacitistas y patriarcales, reproduciendo violencias sobre las vidas de las mujeres y los cuerpos feminizados que han incursionado en este escenario como estudiantes, docentes y empleadas. La universidad ha sido por excelencia el espacio de hombres heterosexualescis-género^* con un mayor status social y cultural que el de mujeres con iguales méritos y credenciales académicas; los hombres con menor estatus y las mujeres y cuerpos feminizados han vivido en los campus universitarios la reproducción de las VBG y, paralelamente, los han convertido en escenarios para la construcción de múltiples formas de resistencia, movilización social y rechazo de estas violencias.

En muros de los edificios de facultades, escuelas e institutos, y de unidades administrativas, comenzaron aparecer más escraches que hacían eco de las denuncias asamblearias y que en general apuntaban a la misma cuestión: la Universidad no es un espacio seguro para las mujeres ni para los cuerpos feminizados. Esta situación, por supuesto, no es un asunto nuevo o emergente, es ante todo un hecho estructurante de las universidades, pero lo que sí es nuevo es la fuerza con que las nuevas generaciones de mujeres y disidencias sexuales se levantan para decir No Más, para exigir que la universidad como institución sea un espacio libre de violencias basadas en género y para convocar a la discusión sobre la urgente necesidad de cerrar las brechas de género y despatriarcalizar la educación en la UdeA: se trata de una exigencia colectiva por una vida libre de violencias cuyo marco jurídico son los derechos humanos.

Las reacciones no se hicieron esperar. Algunos sectores consideran que las mujeres ya han alcanzado la “igualdad”de derechos y que la movilización de este tipo es innecesaria. Otros sectores demeritan las demandas universitarias aludiendo a que responden a la “ideología de género”y que esta es tan solo una de muchas maneras de ver el mundo. Incluso algunos integrantes de la comunidad universitaria se asombran ante las denuncias y muestran su escepticismo. A estos lugares ha llegado la naturalización de las violencias basadas en género en los campus universitarios. Y este escenario es producto de la reproducción y naturalización de educación sexista en los espacios universitarios.

El escrache es tal vez una de las acciones que mayor malestar causa debido a su carácter anónimo. ¿Por qué importan estas denuncias anónimas? Porque estas, en su repetición, manifiestan la reiteración de formas de violencia que no han sido escuchadas y que suelen ser acalladas, o descartadas. Su objetivo es denunciar patrones de violencia, no necesariamente instaurar o desatar un proceso penal ni disciplinario sino visibilizar la repetición sin cesar de formas de violencia ante las cuales no ha habido una respuesta institucional oportuna.

El motivo principal del uso de denuncias anónimas es la inefectividad de los medios de denuncia oficiales, además de la dificultad para que las víctimas sean escuchadas y acompañadas de manera efectiva y solidaria, la revictimización de la que son blanco quienes se atreven a recurrir a las rutas institucionales; en síntesis, la falta de justicia para las víctimas y los modos en que han tenido que sufrir formas de violencia institucional. La Corte Constitucional, en la Sentencia T-061/22, avala y protege el escrache como una forma legítima de denuncia.

El mismo Estado reconoció la existencia de violencias basadas en género en las Instituciones de Educación Superior (IES) y diseñó y publicó el pasado 27 de julio los “Lineamientos de Prevención, Detección, Atención de violencias y cualquier tipo de discriminación basada en género en Instituciones de Educación Superior”, de obligatorio cumplimiento a más tardar para 24 de enero de 2023 cuando las IES del país deben entregar sus respectivos Protocolos para atención a las VBG al Ministerio de Educación Nacional.

Ante la presión de los sectores de la UdeA que se han movilizado a favor de la defensa de los derechos humanos de las mujeres y los cuerpos feminizados, y ante los límites impuestos por parte del Estado a través del Ministerio, las directivas universitarias reconocieron que falta mucho por construir colectivamente y expresaron su voluntad de hacer parte de una Mesa de Trabajo Multiestamentaria propuesta por la Asamblea de estudiantes, cuyo propósito es crear de manera colectiva: 1) El Plan de emergencia que permita enfrentar la situación de manera expedita, 2) El Protocolo y la Ruta para la Prevención, Detección, Atención de VBG, 3) La Política de Equidad de Género en la Universidad y 4) la Unidad de Asuntos de Género de la Universidad de Antioquia. Esta Mesa comenzó a sesionar desde el pasado mes de septiembre y espera llegar a acuerdos en pocos meses.

¿Qué son las VBG? ¿Cómo se dan en las IES? Erradicarlas es una deuda histórica

De conformidad con los estándares internacionales y nacionales sobre violencia contra las mujeres, las VBG se entienden como “…cualquier acción u omisión, que le cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial por su condición de mujer, asícomo las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, bien sea que se presente en el ámbito público o en el privado.”(Ley 1257, 2008. Artículo 2).

En el caso de la Universidad, por tratarse de un escenario particular que tiene la legitimidad como institución para la producción y reproducción de conocimientos institucionalizados, las VBG adquieren algunas particularidades y expresiones sexistas. Toman la forma de violencias sexuales (acoso, abuso, hostigamiento, sexting no consensuado, violación) que pueden ser ejercidas entre profesores hacia profesoras y aún más grave por parte de docentes hacia estudiantes. Aquellos, aprovechando su lugar de poder, presionan por diferentes “favores sexuales” y, en algunos casos, lo hacen directa o sutilmente con la nota a las, los o les estudiantes, desconociendo con ello la dignidad de las mujeres y de las disidencias sexuales, desconociendo que son sujetos de derechos.

Otra forma de VBG que opera en las universidades es la violencia simbólica y epistémica. Esta ejercida a través de prácticas como el lenguaje sexista, bromas y chistes sexistas, y con formas de violencia epistémica como, por ejemplo, el menos precio de los aportes académicos y artísticos de mujeres y de cuerpos feminizados. La violencia simbólica, como la sexual, promueve la inequidad, produce graves daños a la subjetividad, a los afectos, la autoestima, a los planes de vida académicos y afectan la posibilidad de construcción de saber por parte de la mitad de los miembros de la comunidad académica; además produce el repliegue en el silencio e, incluso, la deserción de las víctimas, sujetos epistémicos y constructores de conocimiento cuyo potencial se ve truncado.

Nombrar estas violencias, reconocerlas, identificarlas, es el primer paso para desnaturalizarlas en nuestras universidades. El movimiento feminista ha dicho desde hace muchas décadas: lo personal es político. Lo que pasa en los espacios públicos dentro y fuera de la universidad como el aula de clase, los laboratorios, las prácticas académicas, en los grupos de investigación, en las salidas de campo, e, incluso, en las rumbas donde hay representantes de los estamentos universitarios, no es un asunto privado entre profesores, profesoras, estudiantes y personal administrativo, es un asunto que compete a la esfera pública, ante todo porque las VBG son violaciones de los derechos humanos de las mujeres y de los cuerpos feminizados. 

Un largo camino que tenemos que recorrer

Las VBG no son asuntos nuevos ni mucho menos exclusivos de la UdeA, son un problema tan antiguo como la existencia de instituciones educativas de cualquier nivel, de cualquier orden. Al principio porque las mujeres tenían el acceso vedado a los espacios educativos (en tanto espacios públicos), posteriormente, cuando logran el acceso, porque deben enfrentarse a entramados de poder de cuño patriarcal que les ponen obstáculos de todo tipo en un afán por recordarles constantemente que son consideradas unas advenedizas, intrusas. En otras instituciones educativas del país, no solo en las universidades, se han vivido “estallidos” similares o difundidos casos de VBG: Universidad Nacional de Colombia, sedes Bogotá y Medellín, el Cefa en Medellín, Colegio Marymount en Bogotá, por mencionar algunos casos. Estos “estallidos sociales” evidencian, además, un cambio en las subjetividades de las nuevas generaciones de jóvenes mujeres y disidencias sexuales que no están dispuestas a continuar siendo tratadas como ciudadanas de menor categoría, incapaces de pensar, decidir o de actuar.

Evidentemente, es urgente una transformación, pues el problema de las VBG compromete posturas éticas, políticas y estéticas, es decir, expresa un régimen de sensibilidad excluyente y violento, basado en la naturalización de un orden jerárquico entre cuerpos que son organizados en términos de subordinación y explotación; y este orden desigual se traduce en sexismo, clasismo, racismo, capacitismo.

En este sentido, la visibilización de estas violaciones de los derechos humanos de las mujeres y de las disidencias sexuales, el reconocimiento de que existen, que pueden ser nombradas, y la necesidad de eliminarlas, es un paso imprescindible para la transformación de la sociedad, para la transformación de las formas en que nos relacionamos y establecemos vínculos en procesos pedagógicos y administrativos en la Universidad.

Nombrar estas violencias, construir colectivamente una política de equidad de género que se imbrique a la vida universitaria a través de su sanción disciplinaria en los diferentes reglamentos que regulan la vida en las universidades es un compromiso ético y político que compete a los diferentes estamentos con la necesidad de construir colectivamente otra cotidianidad en la Universidad, otro régimen de sensibilidad más justo e incluyente. Las universidades forman las futuras generaciones de profesionales y, educarlas en contextos libres de VBG, críticos ante estas y otras formas de violencia, constituye un gran aporte para el cambio social.

Se requieren cambios efectivos y no de simple retórica. Las voces en nuestros claustros se han multiplicado condenando las VBG, pero niegan el derecho de las mujeres, los cuerpos feminizados y las disidencias sexuales a combatirlas. Intentado equiparar este tipo de violencias con otras que no tienen el mismo alcance ni la misma base estructural. Resulta apremiante aclarar que las VBG son históricamente invisibilizadas, innombradas, y requieren medidas y tratamiento diferencial. Aunque en nuestras universidades efectivamente existen otros tipos de violencia, estas cuentan con canales de atención, un sistema disciplinario y judicial que al menos escucha y sanciona los casos, y una sociedad más abierta a entenderlas efectivamente como violencias.

El actual movimiento por la defensa de los derechos humanos de las mujeres, los cuerpos feminizados y las disidencias sexuales en las IES apenas está comenzando. Si bien es necesario, obligatorio, que las instituciones diseñen e implementen políticas y protocolos, es aún más apremiante que todas las personas que hacemos parte de comunidades educativas iniciemos de manera voluntaria procesos de reflexión, de reconocimiento y de reparación. Es apremiante que como funcionarios públicos y como docentes nos comprometamos a no tolerar en los diferentes espacios públicos y políticos de la vida universitaria y cotidiana, las diferentes expresiones de las VBG; a nombrarlas porque son una forma de violencia con nombre; a trabajar para reformar nuestros programas curriculares, para incluir autoras, problemas y enfoques que suelen ser soslayados porque son juzgados como no académicos. En suma, tenemos que asumir el compromiso colectivo de propender por una educación no sexista en las Universidades, y por relaciones no violentas entre sus diferentes estamentos.

*    Aquellos cuya expresión de género coincide con su fenotipo sexual.

Visibilización de las Violencias Basadas en Género (VBG)

Desde comienzos del 2000, se realizó una investigación sobre las violencias basadas en género en la UdeA liderada por la profesora Sara Fernández; sin embargo es hasta 2019 que este problema toma nueva relevancia de la mano del llamado estallido social, creando escenarios como la Mesa Multiestamentaria de Mujeres y Disidencias Sexuales de la UdeA, la cual conformó un núcleo de trabajo para la producción de documentos de posición, conversatorios y asambleas multiestamentarias.

El pasado mes de junio aparecieron “muros de los lamentos” y escraches a acosadores en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, en ese mismo mes hubo un conversatorio con el rector John Jairo Arboleda, liderado desde la Mesa Multiestamentaria con múltiples colectivas feministas, hubo relatos en extremo dolorosos sobre estas violencias en las voces de las propias víctimas. 

En agosto, un grupo de estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas se declaró en Asamblea permanente como una forma de protestar ante el silencio y la negligencia, por parte de directivas de la UdeA, frente a múltiples denuncias de VBG. A esta Asamblea se sumaron las asambleas de estudiantes de otras unidades académicas, la Asamblea de mujeres y disidencias sexuales, la Asamblea general de estudiantes y la Asamblea de profesores y profesoras.