– Políticas nacionales frente a la crisis
Para empezar, como es obvio, no hubo desde el inicio un plan de anti-crisis. Sobre la marcha, en la medida que se iba asumiendo la gravedad de la crisis, se fueron desplegando diversas medidas. Antes, sin embargo, es preciso dejar constancia que el objetivo explícito del gobierno es minimizar el impacto negativo de la crisis sobre los sectores más vulnerables y, en ese sentido, hacer esfuerzos para proteger el empleo.
Medidas para disminuir el déficit de la balanza comercial
Presionado por las devaluaciones de los países vecinos, así como por la apreciación del dólar, el gobierno optó por tomar medidas destinadas a reducir las importaciones. Esta decisión, en realidad, llegó tarde, pues el régimen conocía sobre los efectos que tendría esa bomba de tiempo que se venía armando desde inicios de la década: el creciente déficit de la balanza comercial no petrolera.
Aquí se recurrió a una combinación de medidas. Se incrementaron los aranceles para varios productos terminados. Se eliminaron varias preferencias a productos de la Comunidad Andina de Naciones y del MERCOSUR. Se establecieron cuotas de importación a varios productos. Adicionalmente se adoptó una salvaguardia general a las importaciones. Estas medidas fueron discutidas e incluso consensuadas con grupos importantes de comerciantes, sobre todo importadores.
Las expectativas son conseguir una reducción de las importaciones de al menos 1.670 millones de dólares. Por efecto de la misma contracción económica que provoca la crisis esta meta podría ser superada e incluso llegaría a unos 3,7 millones de dólares.
Las medidas adoptadas podrían servir para recuperar la alicaída producción nacional, por efecto de la rigidez cambiaria combinada con una apertura comercial a ultranza, en donde, además, las políticas sectoriales fueron desmontadas. Esta posibilidad dependerá de la eficacia gubernamental en alentar esas líneas productivas con créditos suficientes y en condiciones adecuadas, así como a través de una campaña comercial (en marcha) para alentar el consumo de bienes y servicios nacionales.
Esta restricción comercial, entonces, tendrá una serie de repercusiones, cuya duración y dirección dependerán de las acciones complementarias que desarrolle el gobierno y del respaldo que tengan por parte del sector productivo, especialmente. Así, por ejemplo, el primer efecto sobre los precios de algunos bienes, que subieron por las limitaciones a las importaciones, podría revertirse con una mayor producción nacional.
Estas medidas que fueron impugnadas por los grupos importadores oligopólicos, también fueron rechazadas por los países vecinos: Colombia y Perú, que pueden protegerse, al menos temporalmente, con la devaluación de sus monedas. El proteccionismo no es exclusivo de Ecuador; Europa y Estados Unidos recurren en estos tiempos a una serie de mecanismos orientados a proteger su producción y empresas nacionales.
La Comunidad Andina de Naciones (CAN), consultada por dichos países miembros, resolvió autorizar a Ecuador la adopción de medidas que significan mantener el recargo arancelario y la salvaguardia, pero no para importaciones andinas. Esta decisión, que todavía está siendo procesada, provocó una respuesta airada del gobierno ecuatoriano, que incluso amenazó con separarse de la CAN, organización que sufre una de las peores crisis de su historia (Recuérdese que Venezuela se retiró hace dos años y que tampoco ha sido posible conseguir una posición unitaria para negociar con Europa).
Igualmente el gobierno tomó medidas para disminuir la presión fiscal para algunos sectores productivos. Así, por ejemplo, se estableció el no pago del anticipo al impuesto a la renta hasta diciembre del 2009 para los sectores exportadores que podrían verse afectados por la restricción de importaciones de bienes de consumo.
Medidas para financiar la economía
El gobierno está consciente de la necesidad de garantizar el financiamiento de la economía. Para ello, en primer término, luego de haber empezado a pagar en el año 2008 la antigua deuda que tiene el Estado con el IESS, recurrió a los fondos de la previsión social. Esta ha sido una práctica recurrente de los diversos gobiernos.
Los montos conseguidos, a través de la venta de papeles del Estado, comprados por el IESS, bordean los 1.200 millones de dólares. Hay que anotar que estos fondos estaban prácticamente congelados, sea en depósitos en la banca privada o en el mismo Banco Central del Ecuador. Los réditos que obtenían eran incluso inferiores a la inflación.
Ahora estos papeles tienen una rentabilidad mayor.
En el ámbito externo el gobierno habría conseguido créditos en los siguientes organismos:
- Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR), 480 millones de dólares.
- BID, 500 millones de dólares para financiar proyectos, siempre que se tenga el visto bueno del FMI.
- Corporación Andina de Fomento (CAF), 500 millones para proyectos.
Adicionalmente el gobierno busca financiar algunos proyectos de inversión de gran envergadura, como es el proyecto hidroeléctrico Coca-Codo-Sinclair, para generar 1.500 MW o una planta siderúrgica, por ejemplo. Los contactos para este tipo de inversiones, que no se cristalizarán de la noche a la mañana, se los ha buscado en China, Rusia, Venezuela e Irán. En este empeño por asegurar inversiones, el gobierno también ha forzado las normas legales para atraer inversiones extranjeras para desarrollar la minería a gran escala, incluso afectando la nueva Constitución.
Quedarían todavía un par de puertas por tocar: FMI y Banco Mundial. Es entendible que el gobierno, consciente de la compleja e incluso nefasta relación con estos organismos multilaterales, no los haya buscado, tal como lo han hecho otros países de la región (El Salvador, por ejemplo). El problema, en realidad, no es ideológico, como afirma la oposición. Quizás más adelante Ecuador, presionado por una aguda crisis de balanza de pagos, por ejemplo, se vea obligado a acercarse al FMI (para conseguir unos 1.200 millones de dólares, al decir de quienes conocen cuánto podría prestar el Fondo). Esta decisión podría ser entendible siempre que este organismo haya asimilado que no puede seguir imponiendo las políticas derivadas del Consenso de Washington, causantes de la crisis.
Esa suposición constituye, por lo pronto, una falacia. En los créditos otorgados por el FMI, luego de la reunión del G-20 a inicios de abril del 2009, ya se han aplicado las famosas condiciones de “austeridad” en los créditos a Pakistán, al Salvador y a los países del Este de Europa, en contraposición con las medidas keynesianas de quienes prestan. Se exige austeridad, apelando a muchas de las medidas del decálogo del Consenso de Washington (por ejemplo, ajuste fiscal), al prestatario, mientras que el prestamista tiene autorizado el déficit fiscal.
En la búsqueda de conseguir un alivio en las cuentas externas se podría incluir la decisión del gobierno para intentar una recompra de los Bonos Global a 12 y 30 años impugnados por ilegales. Para ello el gobierno ha propuesta una subasta holandesa modificada, con el fin de adquirir dichos papeles a un valor de alrededor del 35%, muy cercano a su cotización en el mercado, del cual el 91% de los acreedores se acogió a este descuento, el restante 9%, según algunos analistas de wall street, terminaría aceptando la propuesta ecuatoriana. El éxito de esta operación financiera, sin embargo, deja al margen el reclamo de ilegitimidad que tanto apoyo popular le significó al gobierno. Este reclamo, además, era un poderoso argumento para impulsar soluciones estructurales de largo aliento, como la constitución del Tribunal Internacional de Deuda Soberana, por ejemplo.
Con el fin de financiar a la economía privada el gobierno ha mantenido reiterados encuentros con los representantes de la banca. Hay varios acuerdos a los que se han llegado. Quizás el más significativo fue haber propiciado que el IESS compre cartera hipotecaria de la banca, por 400 millones de dólares. Los argumentos en contra de esta operación cobran vigor cuando se registra que la banca, en lugar de ampliar sus líneas de crédito, las restringe. El IESS bien podía abrir una amplia licitación para ofrecer esos recursos con créditos preferenciales directamente a través de empresas constructoras.
El gobierno, adicionalmente, ha introducido una serie de ajustes para forzar la repatriación de la menos unos 1.200 millones de dólares que tiene la banca en el exterior, es decir un 45% de los depósitos foráneos. También se discutieron mecanismos para liberar los controles sobre las tasas de interés, para que un incremento de las mismas, al menos para aquellos créditos destinados al consumo, ayude a reducir las presiones sobre la balanza comercial. Como es obvio, si las tasas de interés suben para todo tipo de créditos, su impacto recesivo estará a la vuelta de la esquina.
– Participación del país en iniciativas regionales/internacionales para el enfrentamiento de la crisis
A nivel regional, desde donde en realidad se debería disputar el sentido histórico de los cambios globales, las propuestas afloran con creciente intensidad. Así, en América Latina, de la propuesta para la conformación del Banco del Sur y un Fondo de Estabilización del Sur, se ha pasado a pensar en un Sistema Unitario de Compensación Regional (SUCRE).
Con este mecanismo se quiere fomentar los flujos comerciales regionales y alentar una progresiva desdolarización de las relaciones comerciales y financieras interregionales. Esta sería la base para una reorientación de los flujos comerciales de los países latinoamericanos y caribeños hacia la misma región. El acuerdo para empezar con la instrumentación de esta iniciativa fue suscrito por Venezuela, Bolivia, Cuba, Nicaragua, Honduras, Dominica y Ecuador, en el marco de la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA); esquema de integración al que se adhirió Ecuador en junio del presente año.
Esta iniciativa podría ser la antesala de un sistema monetario y financiero regional, la que debería ser complementada con su propio código financiero.
Sin negar todos estos esfuerzos, muchos de ellos liderados por el gobierno ecuatoriano, todavía es más lo que se dice en los discursos, que lo que realmente se hace. En medio de la actual crisis internacional habría mucho espacio para acciones conjuntas, que están esperando la respuesta política de los diversos gobiernos de la región.
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