Glifosato, transgénicos y un experimento a cielo abierto

El herbicida más usado del mundo acumula denuncias y condenas millonarias en Estados Unidos. La multinacional Bayer (que compró Monsanto en 2018) con futuro incierto. Sentencias en Argentina, empresarios que proponen cerrar escuelas (para poder sembrar transgénicos), la ONU cuestiona el modelo y campesinos muestran que otro modelo es posible (y necesario).


“El glifosato es como agua con sal”. Lino Barañao, Ministro de Ciencia de Argentina.


“La ignorancia no mata, solo hace sufrir”, Jorge Gattini, ministro de Agricultura de Paraguay (en referencia a los campesinos que denuncian las fumigaciones con agrotóxicos).
«Es un herbicida de clase menos tóxica. Los humanos podrían incluso beber y no morir porque no tenemos la vía metabólica de las plantas. Además, es biodegradable en el suelo». Edilson Paiva, presidente de la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad (Ctnbio) de Brasil.


El herbicida glifosato, el más utilizado del agronegocio, ha tenido las defensas más insólitas de los gobiernos pro transgénicos, desde funcionarios hasta periodistas.
Cientos de estudios científicos, fallos judiciales y, sobre todos, miles de afectados por fumigaciones son la prueba de los efectos del herbicida.


Patria grande transgénica


Sólo diez países del mundo concentran el 98 por ciento de los cultivos transgénicos (con uso de agrotóxicos): Estados Unidos, Brasil, Argentina, Canadá, India, China, Pakistán, Paraguay, Sudáfrica y Bolivia(1). Cuatro de ellos de América Latina y, junto a Uruguay, forman lo que la multinacional Syngenta llamó en una publicidad corporativa (2003) “la república unida de la soja”.


La patria grande sojera cuenta con 47 millones de hectáreas con soja transgénica(2). Abarca:


– El 66 por ciento de la tierra cultivada de Paraguay.
– El 52 por ciento de Argentina.
– El 35 por ciento de la tierra cultiva de Brasil.
– El 30 por ciento por ciento de Uruguay.
– El 24 por ciento de Bolivia.


Uno de los argumentos centrales de las empresas transgénicas era que, con las semillas modificadas genéticamente, se utilizarían menos químicos.
En Argentina, según datos oficiales del INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria), en 1995 se utilizaron 42 millones de litros de herbicidas. En 1996 se aprobó la primera soja transgénica (de Monsanto) y el crecimiento del uso de herbicidas fue geométrico: 252 millones de litros en 2011 (último año publicado por el INTA). El glifosato es el principal herbicida utilizado. En 2016, datos de la Casafe (Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes) llegó a 290 millones de litros anuales.

El aumento del uso no se corresponde con el aumento de la superficie, sino con la necesidad de aumentar la cantidad por hectárea. El mismo INTA reconoce que en la década del 90 se utilizaba 1,95 litros por hectáreas. En la campaña agrícola 2011/2012 llegó a utilizarse nueve litros por hectárea. Se debe a la aparición de “malezas”, plantas no deseadas que crearon resistencia al glifosato. Por lo cual los productores utilizan cada vez más cantidad y además mezcla de venenos (2-4D y paraquat, entre otros)

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Negar la realidad


“No pueden ocultar la realidad. Quieren tapar el sol con la mano”, explicó el científico Andrés Carrasco en 2009. Jefe del laboratorio de Embriología Molecular, ex presidente del Conicet (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas), confirmó en laboratorio que el glifosato producía malformaciones en embriones anfibios y alertó que era traspolable a humanos.


Sufrió una campaña de desprestigio mediática y política. El periodista Matías Longoni, desde Clarín, llamó “supuesto estudio” al trabajo de Carrasco. Puso en duda su existencia y la reputación de unos de los mayores embriólogos de Argentina. “La industria agrícola se puso en alerta. Las cámaras Casafe y Ciafa aclararon que el glifosato ‘está clasificado en la categoría de menor riesgo toxicológico’. En voz baja, el sector asegura que se trata de una nueva ofensiva oficial para ‘demonizar’ a los productores de soja”, escribió el periodista que cubrió el tema agro durante 18 años en Clarín, que rara vez cuestiona las consecuencias del agronegocios y funciona como agencia de prensa de las compañías del agro.


El diario La Nación también apuntó contra Carrasco y, al igual que los “periodistas del agro”, salieron en defensa del glifosato, los transgénicos (y de las empresas que los venden y, casualidad, pautan en esos medios).


El 27 de noviembre 2017, ya desde su pyme periodística “Bichos de campo”, repleta de publicidades de las empresas de agrotóxicos, Longoni celebró: “¡Larga vida al glifosato! O mejor, un poco más de vida al glifosato. Los alemanes, cuando quieren, golean. Lo hicieron con Brasil en el mundial de fútbol y ahora lo hacen con Francia, en la disputa dentro de la Unión Europea (UE) por prohibir o prorrogar la vida útil del controvertida herbicida glifosato. La votación para decidir si se renovaba la licencia del producto fue ganada, una vez que los alemanes se decidieron a jugar, por 18 a 9.”.


Desde el sector político, la defensa al glifosato fue (y es) encabezada por Lino Barañao, ministro de Ciencia durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y titular de la cartera con Mauricio Macri. En 2009 descalificó a Carrasco desde el programa de TV de Héctor Huergo, uno de los mayores lobbistas del agronegocio (director del suplemento Clarín Rural) y desde el Congreso de Aapresid (Asociación de Productores de Siembra Directa). “El glifosato es como agua con sal”, señaló en un entrevista en la Radio AM 530, de las Madres de Plaza de Mayo. Ningún funcionario kirchnerista lo cuestionó.


A fines de 2015, días previo a asumir como ministro de Ciencia de Mauricio Macri, volvió a defender el uso de químicos, con un argumento poco científico: “Con los antibióticos también hay mal uso y muertes, y nadie se queja”.


Carrasco falleció en mayo de 2014 y dejó la mejor definición para el glifosato y los transgénicos: “Es un experimento masivo a cielo abierto”.


El relato transgénico


Acto 1. El agroquímico (en este caso el glifosato, en la década del 60 fue el insecticida DDT) no afecta la salud ni el ambiente.
Acto 2. No hay pruebas científicas.
Acto 3. La pruebas científicas no son concluyentes o “existen dos bibliotecas” (a favor y en contra).
Acto 4. Son nocivos pero si se utilizan bien no hay riesgos (en ese momento proponen soluciones técnicas para su uso, hoy llamadas “buenas prácticas agrícolas”).
Acto 5. Reemplazo de ese químico por otro (y vuelta al “acto 1”).


El agronegocio utiliza la misma estrategia que las tabacaleras (durante décadas negaron que producían cáncer) y que las petroleras (durante medio siglo negaron el cambio climático).


El teatro del agronegocio se monta sobre un mito principal: los transgénicos son necesarios para alimentar la creciente población mundial. Argumento desmentido incluso por la propia FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura), espacio que apoyó el avance transgénico en el mundo. El hambre del mundo no se debe a la falta de alimentos, sino a su injusta distribución.


“Paren de fumigar”


En los primeros años de la década del 2000 nació en Argentina la “Campaña Paren de Fumigar”, espacio de referencia en la producción de material y debates sobre el impacto sanitario de los agroquímicos. Asambleas, charlas, movilizaciones y todas las acciones imaginables para proteger la salud de la población. En decenas de localidades lograron ordenanzas que limitan las fumigaciones y, en otras impulsaron la vía judicial.


La ONG Naturaleza de Derechos(3) sistematizó los fallos que frenan las fumigaciones con agrotóxicos:


2003. Loma Senés (Formosa).
2008. Alberti (Buenos Aires) e Ituzaingó Anexo (Córdoba).
2009. San Jorge (Santa Fe) y Alberti (Buenos Aires).
2010. La Leonesa y Las Palmas (Chaco). Alberti (Buenos Aires).
2011. Las Antillas (Salta).
2012. Alberti (Buenos Aires) e Ituzaingó Anexo (Córdoba).
2013. Alberti y Mar del Plata (Buenos Aires), Merlo (San Luis).
2014. Paraná (Entre Ríos), Coronel Suárez y Mar del Plata (Buenos Aires).
2015. Guernica (Buenos Aires) y Totoras (Santa Fe).
2016. Alberti (Buenos Aires) y Piamonte (Santa Fe).
2017. Santa Ana (Entre Ríos).
2018. Entre Ríos y Chascomús (Buenos Aires)
2019. Pergamino y Exaltación de la Cruz (Buenos Aires) y Entre Ríos.


Jueces y fiscales tienen herramientas para frenar las fumigaciones, sobre todo la Ley General del Ambiente (25.675), donde se establece el “principio precautorio”: “Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del medio ambiente”.


Estados Unidos


La multinacional Bayer compró Monsanto en 2018 por 63.000 millones de dólares. Se transformó así en la mayor empresa de semillas transgénicas y agrotóxicos del mundo.
Su primer anunció fue que desaparecería el nombre de Monsanto (aunque seguirá comercializando todos sus productos) y comenzó una campaña publicitaria para mejorar su imagen. Utiliza los mismos argumentos que Monsanto para aumentar sus ventas de agroquímicos: niega los cientos de estudios independientes que confirman los efectos en la salud.
La Coordinación Contra los Peligros de Bayer es una red europea de organizaciones y activistas que difunden denuncias sobre el accionar de la compañía, tanto en su aspecto farmacéutico como del agronegocio. «El modelo de negocio de Bayer y Monsanto carece de escrúpulos. Ambos obtienen sus beneficios con pesticidas y técnicas de manipulación genética, dañan la salud de agricultores y consumidores, alteran el clima, destruyen la biodiversidad y ponen en peligro las bases de la alimentación y subsistencia de las generaciones futuras. Bayer, al fusionarse con Monsanto, potencia este amenazador modelo de negocio y busca aumentar los beneficios de sus grandes accionistas a costa de la gente y la naturaleza», afirmó la organización.


Bayer cuenta con nuevo eslogan: «Ciencia para una vida mejor».


En agosto de 2018, en Estados Unidos, se dio la primera condena contra Monsanto-Bayer. Dewayne Johnson fue indemnizado con 78 millones de dólares por contraer cáncer al utilizar glifosato en su trabajo como jardinero.


El 27 de marzo de 2019, un jurado de California condenó a la empresa a pagar80 millones de dólares por «negligencia», al haber ocultado los riesgos de su herbicida Roundup (marca comercial del glifosato de Monsanto). La demanda fue presentada por Edwin Hardeman, un jubilado de la ciudad de Sonoma. Fue la segunda parte del juicio. En la primera, diez días antes, se había concluido que el agrotóxico fue un «factor determinante» en el Linfoma No Hodgkin (cáncer) que se le diagnosticó a Hardeman en 2015.


«El jurado responsabilizó a Monsanto por sus 40 años de conducta delictiva corporativa», explicaron las abogados del demandante, Jennifer Moore y Aimee Wagstaff en un comunicado a la prensa.


El 13 de mayo, tribunales de California (Estados Unidos) determinaron que la multinacional debe pagar 2000 millones de dólares a un matrimonio (Alva y Alberta Pilliod) que utilizó Roundup y contrajo cáncer. La sentencia afirma que la empresa actuó con “negligencia”, al ocultar las consecuencias del veneno. El jurado determinó que el “diseño” del Roundup (marca comercial de Monsanto) fue la causa principal del daño, confirmó que el químico representa “un peligro importante” para las personas que lo utilizan, afirmó que Monsanto “no proporcionó una advertencia adecuada sobre los riesgos potenciales” y ésto representó un factor importante para provocar el daño en la salud de los Pilliod.
El jurado de Estados Unidos determinó que Monsanto diseño, fabricó y distribuyó Roundup de “forma negligente”, afirmó que la compañía sabía (o debía saber) que Roundup era peligroso o que podría provocar daños y no advirtió de forma apropiada. El otro punto clave, que elevó la condena de 2000 millones de dólares, el fallo confirma que Monsanto actuó con “vicio, dolo o mala fe” al poner su herbicida en el mercado y no advertir sobre los riesgos que implicaba.


Monsanto-Bayer acumula, sólo en Estados Unidos, más de 13.000 demandas. Una muestra de la crisis de la compañía alemana: perdió casi el 40 por ciento de su valor bursátil desde que adquirió a Monsanto.


¿Escuelas o transgénicos?


El Foro Ecologista de Paraná (Entre Ríos) y el sindicato docente Agmer (Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos) presentaron en agosto de 2018 un amparo ambiental para proteger de agrotóxicos a los niños y trabajadores de las escuelas rurales. El juez Oscar Daniel Benedetto, de la Cámara II de la Sala II se expidió el 1 de octubre: en un fallo judicial sin precedentes, prohibió fumigar con agrotóxicos a menos de 1000 metros de las escuelas de Entre Ríos. Y la distancia de protección se extiende a 3000 metros si las aplicaciones son aéreas. La protección abarcó a todas las escuelas de la provincia.


«Es imposible de obviar que el modelo de producción agrícola puede generar un creciente problema de salud pública, debido a que los plaguicidas contienen sustancias químicas tóxicas que afectan a los cultivos, pero que muy probablemente también tengan efectos nocivos en la salud de la población rural», se lee entre los fundamentos del fallo, de 21 páginas.
El juez Benedetto tuvo presente el principio precautorio vigente en la Ley General del Ambiente (25675): «En materia ambiental se impone la necesidad de adoptar un criterio de precaución (…) El peligro inminente se materializa en la amenaza de la aplicación de los agrotóxicos. Y destacó que la falta de certeza científica sobre sus consecuencias no me parece un argumento que justifique la improponibilidad de la acción, sino todo lo contrario, ya que no es posible soslayar que se trata de una situación extremadamente delicada y sensible, estando en juego la salud de miles de niños entrerrianos».


El amparo que protege las escuelas fue apelado cuestionado por el gobernador Gustavo Bordet, que el 2 de enero de 2019 publicó un decreto contrario al fallo y redujo a sólo 100 metros la protección de las escuelas rurales.


El Foro Ecologista de Paraná, ya como parte de la «Coordinadora por una Vida sin Agrotóxicos en Entre Ríos. Basta es basta» (reúne a asambleas socioambientales, organizaciones sociales y docentes), presentó un amparo contra el decreto. En marzo de 2019 una sentencia judicial anuló el decreto del gobernador Bordet.


El presidente Macri, en apoyo explícito al agronegocio, cuestionó al Poder Judicial: “Es un fallo irresponsable. Pone en peligro el trabajo de muchos entrerrianos».


La Coordinadora «Basta es Basta» le contestó en un comunicado: «Señor presidente, nuestros gurises merecen el mismo ambiente que su hija Antonia».


El miércoles 15 de mayo, el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, máximo tribunal provincial, declaró la inconstitucionalidad del decreto del gobernador Gustavo Bordet, que permitía fumigar a solo 100 metros de las escuelas rurales. De esta forma, continua vigente el amparo ambiental que aleja las fumigaciones terrestres a 1000 metros de las escuelas (3000 si son aéreas).


El jueves 23 de mayo se produjo una insólita manifestación en Paraná: productores sojeros exigieron que el Poder Judicial que revierta el fallo y propusieron cerrar las escuelas para poder seguir fumigando con agrotóxicos.


Pruebas


Un argumento recurrente de los defensores del agronegocio es que “no existen pruebas” de los efectos del glifosato. A nivel internacional son muy conocidos los estudios del investigador francés Gilles-Eric Seralini, especialista en biología molecular y docente de la Universidad de Caen (Francia). Confirmó que el herbicida Roundup estimula la muerte de las células de embriones humanos, lo que podría provocar malformaciones,abortos, problemas hormonales o de reproducción, además de distintos tipos de cánceres. También demostró la conformación de tumores en roedores alimentados con transgénicos.

Le implicó réplicas personalizadas de Monsanto, con campaña mediática de difamación incluida.


La estocada mayor sucedió en marzo de 2015. La Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC) es un ámbito especializado de la Organizaciones Mundial de la Salud (OMS). Luego de un año de trabajo de 17 expertos de once países, emitió un documento inédito: “Hay pruebas convincentes de que el glifosato puede causar cáncer en animales de laboratorio y hay pruebas limitadas de carcinogenicidad en humanos (linfoma no Hodgkin)”. Detalló que la evidencia en humanos corresponde a la exposición de agricultores de Estados Unidos, Canadá y Suecia, con publicaciones científicas desde 2001. Y destacó que el herbicida “también causó daño del ADN y los cromosomas en las células humanas” (situación que tiene relación directa con el cáncer).


Con la nueva evaluación el glifosato fue categorizado en el “Grupo 2A”, que significa en parámetros de la Organización Mundial de la Salud: “Probablemente cancerígeno para los seres humanos”. Esta categoría se utiliza cuando hay “pruebas limitadas” de carcinogenicidad en humanos y “suficiente evidencia” en animales de experimentación. La evidencia “limitada” significa que existe una “asociación positiva entre la exposición al químico y el cáncer” pero que no se pueden descartar “otras explicaciones”. El IARC-OMS trabaja sobre cinco categorías de sustancias que tienen relación con el cáncer. El “Grupo 2A” es el segundo nivel de peligrosidad, sólo superado por “Grupo 1”, donde se ubican, por ejemplo, el asbesto y la radiación ionizante.


Monsanto, que entre sus argumentos utilizaba hasta ese momento informes de la IARC, pasó a acusarla de hacer “ciencia basura”

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A nivel local, en 2018 se publicó “Antología tóxica del glifosato”, una minuciosa recopilación de 830 trabajos académicos (de Argentina y del exterior) que dan cuenta de los efectos del glifosato y su vínculo con el cáncer, malformaciones, intoxicaciones y abortos espontáneos, entre otras consecuencias.


«Esta recopilación suma 830 artículos científicos o papers, es decir: informes de investigaciones clínicas, experimentales, de laboratorio, revisiones, contestaciones, recopilación, resúmenes de congresos, que han sido objeto de publicación en revistas o journales científicos. Todos los trabajos han sido sometidos a revisión por un comité de científicos y aprobados para su publicación al ser considerados significativos», explica el trabajo, realizado por Eduardo Martín Rossi, integrante del colectivo Paren de Fumigar de Santa Fe, que se decidió a analizar y estudiar todas las publicaciones para desmentir los dichos de los publicistas del agronegocios.


De 182 páginas, se puede acceder vía Internet (https://bit.ly/2mewyYH ), cuenta con el detalle y link de de las investigaciones. Más de cien son de universidades públicas de Argentina (UBA, La Plata, Río Cuarto, Litoral). El primer capítulo precisa 141 trabajos sobre el impacto del glifosato en la salud humana. El capítulo dos detalla 102 investigaciones sobre «mecanismo de fisiopatología celular de cáncer». El capítulo tres se dedica a «toxicidad en los sistemas orgánicos», con 89 publicaciones académicas. El capítulo cuatro se dedica a trabajos específicos de impacto «en la biodiversidad», con 336 investigaciones.


«No es casualidad que en los pueblos agrícolas se multiplique el hipotiroidismo, el asma bronquial, los trastornos reproductivos y las enfermedades oncológicas produciendo un cambio evidente en el patrón de morbilidad y mortalidad», alerta el trabajo.

La recopilación recuerda que Monsanto publicitó «con información falsa que el glifosato era biodegradable». En 2007 Monsanto fue condenada en Francia por publicidad engañosa.

Decenas de investigaciones dan cuenta, desde hace décadas, que el herbicida «es altamente persistente en el ambiente, en el suelo y cursos de agua».
Entre las empresas que comercializan glifosato en Argentina figuran Monsanto, Bayer, Syngenta, Red Surcos, Atanor, Asociación de Cooperativas Argentinas, Nufram, Agrofina, Nidera, DuPont, YPF y Dow.


La antología recuerda que la autorización de los agrotóxicos (llamado «fitosanitarios» por las empresas y funcionarios) se realiza en base a estudios de las propias empresas y que sólo analiza los efectos agudos (no investigan qué produce un químico en el largo plazo de exposición). En el caso de glifosato, «Monsanto sólo experimentó tres meses con roedores». En base a ese estudio, la empresa aseguró que el herbicida no producía efectos adversos.


«Científicos independientes midieron efectos crónicos (durante dos años). A partir del cuarto mes los roedores machos presentaron tumores. A partir del séptimo mes comenzó el mismo proceso en hembras. Y en el mes 24, el 80 por ciento de los roedores tuvo tumores», explica la recopilación.


Más de un centenar de trabajos científicos son de universidades públicas de Argentina, entre ellos el grupo de investigación de Rafael Lajmanovich (doctor en ciencias naturales de la Universidad Nacional del Litoral), que confirmó el efecto letal del glifosato en anfibios, y el Equipo Multidisciplinario de Interacción Socioambiental (Emisa), de la Universidad Nacional de La Plata, que demostraron la presencia de glifosato en alimentos, ríos, patios de escuelas y hasta en la lluvia.

El modelo


El problema de fondo no es el glifosato. Se hace eje en él porque es el más utilizado, el que más facturación produce a las compañías y, al mismo tiempo, que más denuncias provoca.
Las voces críticas al agro transgénico (campesinos, indígenas, asambleas socioambientales, académicos) cuestionan el modelo de agronegocio, en base a transgénicos y decenas de agrotóxicos, y en manos de un puñado de multinacionales.


Cuatro empresas que dominan el mercado de semillas y agrotóxicos: Bayer-Monsanto, ChemChina-Syngenta, Brevant (Dow y Dupont) y Basf. En 2015 facturaron 85.000 millones de dólares y, según proyecciones de Bayer, llegarán 120.000 millones en 2025.


“Controlan precio, innovación e impacta en las políticas agrícolas. Países que están con un alto grado de agricultura industrial, como Argentina, pasan a estar en situación de vulnerabilidad. Incluso en términos de soberanía. Estas empresas tienen un poder de negociación que es mucho más que de negociación, es de imposición sobre un país, incluso con leyes a medida”, explicó Silvia Ribeiro, Investigadora del Grupo ETC (Grupo de Acción sobre Erosión, Tecnología y Concentración).


La Relatoría Especial sobre el Derecho a la Alimentación es el máximo espacio de Naciones Unidas dedicado al tema. Al frente está la especialista Hilal Elver, de origen turco. Visitó la Argentina en septiembre de 2018 y confeccionó un informe para el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.


«En el marco de la agricultura industrial a gran escala, es esencial que se tome en cuenta el verdadero costo de los métodos de producción en relación con el suelo y los recursos hídricos, y el impacto de la degradación ambiental sobre generaciones futuras, en lugar de concentrarse únicamente en la rentabilidad y el crecimiento económico a corto plazo», alertó la relatora especial de Naciones Unidas.


Dedicó un apartado especial al glifosato: «Se aplica indiscriminadamente en la Argentina, sin tener en cuenta la existencia de escuelas o pueblos en las cercanías. Como resultado de ello, se me ha informado acerca de un aumento en la cantidad de personas que han perdido la vida o padecen enfermedades que ponen en riesgo su vida (…) La exposición a plaguicidas puede tener efectos muy peligrosos para la salud de los seres humanos, en especial para niños y mujeres embarazadas que son más vulnerables».


Hilal Elver cuestionó que la agricultura industrial está controlada por pocas y grandes empresas, y alertó que el Gobierno ya decidió su rol: «Durante las entrevistas con funcionarios de la Secretaría de Agroindustria observé una tendencia a apoyar el modelo agroindustrial y a realizar serios recortes en el apoyo, el personal y el presupuesto del sector de la Agricultura Familiar, incluido el despido de casi 500 trabajadores y expertos».


Reivindicó el papel de la agricultura campesina. En la conclusión resaltó: «Reitero la importancia de la agricultura familiar para lograr el objetivo de una alimentación adecuada y saludable para todos los argentinos. Debería ponerse empeño en promover la agricultura familiar como prioridad. Es la única manera de lograr un equilibrio, única manera de lograr una solución sostenible y justa para el pueblo argentino».


En mayo pasado, en la ciudad de Buenos Aires, se realizó un inédito “foro agrario”, que reunió durante dos días a más de 3000 campesinos, indígenas, productores familiares. Impulsado por la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), entre otras organizaciones, elaboró propuesta concretas de políticas públicas para el sector rural, con una urgente democratización de la política agropecuaria.


Entre las políticas a implementar: acceso a la tierra, basta de fumigaciones con agrotóxicos, fomento de la agroecología como política de Estado, soberanía alimentaria y un tema que irrita a los conservadores transgénicos argentinos: reforma agraria integral.


Este artículo es parte del proyecto Atlas del Agronegocio Transgénico en el Cono Sur realizado con el apoyo de Misereor

Por Darío Aranda
30 mayo 2019 0

Notas

1 Pengue, W. 2005. Cultivos transgénicos: ¿hacia dónde vamos? Agricultura Industrial y Transnacionalización en América Latina. PNUMA. Serie Textos Básicos para la Formación Ambiental.
2 http://www.biodiversidadla.org/Documentos/Transgenicos_en_el_Cono_Sur._Boletin_N_485_de_la_RALLT
3 https://naturalezadederechos.org/
Publicado originalmente en biodiversidadla.org

Publicado enMedio Ambiente
Espionaje de Monsanto y nueva sentencia millonaria

Dos mil millones de dólares por daños. Es la cifra que un tribunal de Oakland, California, sentenció a Monsanto (ahora propiedad de Bayer) a pagar al matrimonio Alberta y Alva Pilliod, más 55 millones de dólares por costos médicos y de juicio, por haberles causado cáncer con su herbicida RoundUp. Al mismo tiempo, en Europa, el diario francés Le Monde reveló extensas operaciones de espionaje de Monsanto a periodistas y funcionarios públicos.

El abogado de los Pilliod –que tienen actualmente 70 años y han tenido cáncer linfoma no-Hodgkin por más de una década– pidió compensación por daños punitivos por mil millones de dólares, pero el juez, siguiendo las declaraciones unánimes del jurado, decidió doblar la suma. Esto, según explicó el jurado, para sentar ejemplo, porque de acuerdo con las evidencias presentadas Monsanto actuó a sabiendas de los efectos que tendría sobre los afectados y ocultando información intencionalmente. Según la agencia Bloomberg, es la octava suma más alta en Estados Unidos de compensación por daños debido a un "producto defectuoso".

Sin embargo, no se trata de un "producto defectuoso". Es un agrotóxico herbicida que cumple el objetivo biocida para el que fue diseñado. Además de matar plantas y otras formas de vida en los cultivos, también es cancerígeno para animales y humanos. Monsanto lo sabía desde la década de 1980, pero en lugar de advertir sobre el riesgo se dedicó a ocultarlo, tanto en el etiquetado como a través de manipulaciones mediáticas, pagando a académicos para escribir artículos "científicos" falseados y corrompiendo o engañando funcionarios en agencias regulatorias (https://usrtk.org/monsanto-papers/).

El principal ingrediente de RoundUp es glifosato, inventado por Monsanto y por el que tuvo una patente monopólica por 20 años que le rindió cuantiosas ganancias. Cuando la patente estaba por vencer inventó los cultivos transgénicos tolerantes a su propio herbicida RoundUp, con lo que siguió dominando el mercado con la venta casada de la semilla y el agrotóxico.

Un elemento importante que quedó claro en este juicio es que además de la toxicidad propia del glifosato, los surfactantes y otros ingredientes del RoundUp –agregados para enfrentar la resistencia de malezas al glifosato– son también altamente tóxicos. Esto es muy relevante, porque las regulaciones sobre agrotóxicos, tanto en Estados Unidos como en América Latina, no exigen a las empresas evaluaciones de inocuidad de estos componentes secundarios, cuyo uso ha aumentado vertiginosamente debido a la resistencia por la expansión de cultivos transgénicos tolerantes al herbicida.

Como refiero en un artículo anterior (El veneno que nos legó Monsanto, La Jornada, 11/05/19), este es el tercer juicio contra Monsanto-Bayer ganado por las víctimas. Bayer apelará esta sentencia, pero hay otros 13 mil 400 juicios en proceso y siguen creciendo (https://tinyurl.com/y6y5xaor).

Poco antes de esta sentencia, el diario francés Le Monde denunció que Monsanto había contratado en 2016 a la firma de relaciones públicas FleishmanHillard, que realizó un fichaje de 200 personas que consideraba relevantes en la regulación de glifosato, agrotóxicos y transgénicos. El expediente se conformó mientras la Unión Europea estaba discutiendo si suspendía la autorización de uso de glifosato, que finalmente decidió prolongar cinco años más, debido justamente al masivo cabildeo empresarial.

El fichaje confidencial realizado por FleishmanHillard para Monsanto en Francia abarcó periodistas de Le Monde y otros medios, funcionarios públicos, parlamentarios, dirigentes de organizaciones civiles, ambientalistas y de agricultores, académicos y científicos. En la lista figura también Ségolène Royal, ex candidata a presidenta. Más de la mitad de los espiados son periodistas. La empresa seleccionó y agrupó en una tabla a 74 "objetivos prioritarios", dividos en cuatro grupos: personas a vigilar, personas a educar, aliados y potenciales aliados a reclutar. Además de nombre y lugar de trabajo incluyeron sus direcciones y actividades personales, gustos, preferencias y opiniones políticas. Registrar este tipo de información sin consentimiento es ilegal en Francia, por lo que la justicia francesa inició una investigación a partir de la demanda de Le Monde. Podría ocasionar multas de 300,000 euros y hasta cinco años de prisión.

Bayer dijo desconocer las actividades de espionaje de Monsanto, pese a que tenía hasta ese momento un contrato con la misma firma, pero luego de encargar una investigación, el 21 de mayo, se disculpó por el espionaje. Informó además que "partían de la base" de que FleishmanHillard había realizado actividades similares en Alemania, Italia, Holanda, Polonia, España y Reino Unido, además de Francia.

Tanto Monsanto-Bayer como FleishmanHillard son empresas trasnacionales, por lo cual es lógico pensar que las actividades de espionaje y fichaje de opositores no se restringen solamente a estos países, ni solamente a Monsanto y Bayer. Todas las empresas de transgénicos, DuPont, Dow, Syngenta, además de Monsanto y Bayer, han contratado firmas, como FleishmanHillard, para campañas encubiertas en favor de transgénicos y agrotóxicos. No tienen argumentos para dar un debate abierto y honesto.

Por Silvia Ribeiro *

 Investigadora del Grupo ETC

 

Científicos confirman la llegada de una nueva era en la historia de la Tierra

La Época Nuclear marcaría el inicio de la unidad de tiempo geológico actual, si la propuesta de un panel de científicos de varios países recibe la aprobación final.

 

Los expertos de la Comisión Internacional de Estratigrafía (ICS, por sus siglas en inglés) votaron 29 a 4 a favor de reconocer el inicio del Antropoceno, una nueva época geológica asociada con la actividad humana. La decisión se anunciará oficialmente en los próximos dos años, según la página web de la Comisión.


Veintinueve miembros de la Comisión, además de apoyar la denominación Antropoceno, votaron a favor de establecer el inicio de la nueva época a mediados del siglo XX, cuando una población humana en rápido crecimiento aceleró el ritmo de la producción industrial, el uso de productos químicos agrícolas y otras actividades. Al mismo tiempo, los primeros ataques y ensayos nucleares "contaminaron el planeta con residuos radiactivos que se incrustaron en los sedimentos y el hielo glacial, convirtiéndose en parte del registro geológico", indica Nature.


La época anterior


Hace unos 12.000 años, después de la última glaciación, la Tierra entró en una época geológica conocida como Holoceno, en la que oficialmente vivimos nosotros. Los cambios climáticos ocurridos hace 12 milenios provocaron un ascenso del nivel del mar. Esto hizo, entre otras cosas, que Indonesia, Japón y Taiwán se separaran de Asia; Gran Bretaña, de la Europa continental; y Nueva Guinea y Tasmania, de Australia.


La única especie humana que ha vivido en esta época ha sido el 'Homo sapiens', que durante estos últimos milenios ha desarrollado la agricultura y la civilización, ocasionando importantes cambios en el medio ambiente.


¿Qué significa para nosotros la decisión de científicos?


La decisión de los científicos de la ICS, que representan a 121 países de todos los continentes, estipula que alrededor de 1950 la Tierra superó el Holoceno y entró en una nueva época geológica, el Antropoceno, en la que la actividad del hombre ha alterado radicalmente la faz, la fauna y la atmósfera de la Tierra.


Uno de estos impactos es el aumento de los niveles de radionúclidos. En 2016, la Comisión comenzó a considerar la propuesta de reconocer que el Holoceno había llegado a su fin.
Su terminación a mediados del siglo XX está asociada con el inicio de las pruebas nucleares y el impacto que tuvieron sobre el planeta.


Ahora el Grupo de Trabajo sobre el Antropoceno (GTA) debe acordar un límite claro entre el Holoceno y el Antropoceno. Para hacerlo, deben encontrar un marcador claro, como un cambio brusco en el número de radioisótopos o un aumento en la proporción de ciertas moléculas en las rocas.

Publicado: 24 may 2019 22:33

Un juez de EE UU condena a Monsanto a pagar 1.800 millones de euros a una pareja enferma de cáncer

Bayer sufre una millonaria derrota judicial. Un jurado ha condenado este lunes a Monsanto, comprada por la empresa alemana en 2018, a pagar 2.055 millones de dólares (unos 1.820 millones de euros) a una pareja que supuestamente habría contraído cáncer por utilizar el herbicida Roundup. El veredicto del jurado del norte de California acusa a la agroquímica de no advertir los peligros de su producto, que acumula más de 13.000 demandas por el mismo motivo. Esta es la tercera batalla legal perdida de la compañía, pero con diferencia la más cara.

La condena llega cuando los accionistas del gigante farmacéutico se han negado a apoyar la gestión de Bayer en el último año e impulsa la caída de las acciones en el mercado. Alva y Alberta Pilliod, de 70 años, fueron diagnosticados de linfoma no-Hodgkins con cuatro años de diferencia: uno en 2011 y otro en 2015. La pareja utilizó Roundup, un producto elaborado con glifosato, durante 35 años en un terreno en San Francisco. Ambos se encuentran actualmente en remisión. La indemnización que deberá pagar Bayer incluye, además de los 2.000 millones de dólares en daños punitivos, otros 55 millones en daños compensatorios. Es posible que la cifra disminuya una vez que la compañía apele la decisión del juez. El gigante químico y farmacéutico alemán comunicó su decepción ante el veredicto y adelantó que el litigio "llevará algún tiempo antes de que concluya", ya que las apelaciones están pendientes y que "continuará evaluando y refinando sus estrategias legales a medida que avanza en la siguiente fase".

Al igual que en los episodios anteriores, donde se ha responsabilizado a Roundup de haber sido un factor sustancial en enfermos de cáncer, hubo una batalla de ambas partes con estudios científicos y expertos. Según los reguladores europeos y estadounidenses, no se ha comprobado que el glifosato pueda provocar cáncer. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS), dijo en 2015 que “probablemente” era cancerígeno. Una herramienta clave de los miles de demandantes. En este caso en particular, los abogados de la compañía, además de respaldarse en documentos científicos, destacaron los antecedentes familiares de los Pilliod que también han padecido cáncer y enfermedades autoinmunes que, según su argumento, aumentaban el riesgo de que la pareja desarrollara un linfoma no-Hodgkins.


El Roundup, producto estrella del fabricante Monsanto, continúa vendiéndose sin una etiqueta que advierta de que existe un riesgo cancerígeno para los seres humanos. El glifosato es el herbicida más utilizado en el mundo agrícola y circula en el mercado desde 1976. Personas familiarizadas con la compañía alemana afirman que no hay planes de hacer modificaciones antes de que al menos uno de los casos haya sido apelado, según publica The Wall Street Journal. Los socios de la empresa rechazaron el mes pasado las medidas que ha tomado la alta dirección, entre ellas, la compra de Monsanto. Desde entonces, los papeles de la alemana han caído un 40%.

Por Antonia Laborde
Washington 14 MAY 2019 - 02:51 COT

 

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Sábado, 11 Mayo 2019 05:20

El veneno que nos legó Monsanto

El veneno que nos legó Monsanto

Ya son más de 13 mil juicios iniciados contra Monsanto (ahora propiedad de Bayer) por haber causado cáncer a los demandantes o a sus familiares con el uso del herbicida glifosato, a sabiendas de los peligros que implicaba y sin informar de los riesgos a las personas expuestas. Son, en su mayoría, personas que aplicaban el agrotóxico sea en su trabajo agrícola, de jardinería o parques. En 2015, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró que el glifosato es cancerígeno para animales y probable cancerígeno en humanos.

El primer juicio que ganó una víctima, en agosto de 2018, fue la demanda de D. Lee Johnsson, un jardinero que aplicó glifosato por dos años en una escuela, a partir de lo cual contrajo el cáncer linfoma no-Hodgkin. (https://tinyurl.com/y5umrtt3). Un juez de San Francisco condenó a Monsanto-Bayer a pagar 289 millones de dólares en primera instancia, pero luego de que Bayer apelara quedó en 78 millones. En otro juicio, en marzo 2019, se dictaminó que Monsanto-Bayer debe pagar 80 millones de dólares a Edwin Hardeman por ser responsable de su enfermedad. Está a punto de concluir en Oakland el tercer juicio similar, iniciado por el matrimonio Pilliod contra Monsanto. Tienen 70 años y ambos padecen cáncer. Se espera que nuevamente sea un dictamen multimillonario en favor de las víctimas. (https://usrtk.org/monsanto-papers/)

Paralelamente, en Europa, Monsanto perdió por tercera vez, en abril de 2019, el juicio iniciado por el agricultor francés Paul François, quien sufre daños neurológicos por el uso del herbicida Lasso, con otro componente agrotóxico.

Bayer, que finalizó la compra de Monsanto en 2018, ha perdido hasta el momento más de 30 mil millones de dólares por la disminución del valor de sus acciones, por el impacto negativo de los resultados de los juicios sobre glifosato. El 26 de abril 2019, 55 por ciento de accionistas de Bayer votó contra las estrategias del directorio, liderado por Werner Baumann, que defendió la compra de Monsanto.

El glifosato, inventado por Monsanto en 1974, es uno de los herbicidas más usados en el mundo. Se vende bajo muchas marcas, como Faena, Rival, RoundUp, Ranger y otras. Las cantidades aplicadas aumentaron exponencialmente con la liberación de cultivos transgénicos resistentes a herbicidas. El aumento de su uso produjo resistencia en más de 25 tipos de malezas, creando un círculo vicioso de aplicar cada vez más glifosato. Se han encontrado cantidades elevadas de residuos de glifosato en alimentos, fuentes de agua y test de orina, sangre y leche materna en varios países y continentes, fundamentalmente en los mayores productores de transgénicos.

En todos los casos de juicios nombrados, los jueces dictaminaron en favor de las víctimas porque hallaron que Monsanto sabía de los riesgos y no lo explicó en etiquetas ni estrategia de venta de los productos. El punto es central, ya que el argumento de Monsanto es que las agencias regulatorias, como la Agencia de Protección Ambiental en Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés) anuncian el glifosato como un herbicida de bajo riesgo.

No obstante, en el curso de los juicios Monsanto ha tenido que liberar documentos internos que prueban que tenía estudios propios muy tempranos que mostraban el potencial carcinogénico del glifosato y que pese a ello se dedicó durante décadas a escribir artículos que lucieran como si fueran científicos negando la toxicidad del glifosato, que luego acordaron con diferentes autores supuestamente científicos que los publicaran en su nombre sin mencionar a Monsanto.

Varios de esos artículos fueron listados por la EPA para determinar que el glifosato era casi inocuo a la salud. La organización US Right To Know ha publicado en su sitio dedicado a los juicios contra Monsanto documentos desclasificados hasta 2019 con pruebas y nombres de varios autores y artículos falseados (https://usrtk.org/monsanto-papers/).

En un reciente artículo de Nathan Donley y Carey Gillam en The Guardian, denuncian que Monsanto nunca realizó estudios epidemiológicos del uso de glifosato para ver su potencial cancerígeno, y en su lugar dedicó enormes sumas de dinero (hasta 17 millones de dólares en un año) para hacer campañas de propaganda, artículos de opinión de periodistas sesgados y actuar como escritor fantasma de artículos científicos que afirman que el glifosato es inocuo o no tiene grandes riesgos. Esto aumentó luego de la declaración de la OMS en 2015 (https://tinyurl.com/yxkrw4l9).

También dan a conocer correos electrónicos de Monsanto con la consultora de "estrategia e inteligencia política" Hakluyt, en julio de 2018, que revelan que la Casa Blanca afirma que "le guardará la espalda a Monsanto" en cualquier caso y que pese a los estudios que muestran toxicidad no votarán nuevas regulaciones. (https://tinyurl.com/yxcbswp5)

Son abrumadoras las evidencias de que se debe prohibir el glifosato. Varias ciudades estadunidenses y algunas latinoamericanas ya lo han establecido. El tema no es solamente este tóxico o sólo Monsanto-Bayer. Todas las trasnacionales de agronegocios tienen estrategias parecidas para vender veneno a costa de la salud y el medio ambiente. Hay que avanzar en la eliminación de todos los agrotóxicos.

 

Por Silvia Ribeiro,  investigadora del Grupo ETC

 

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Miércoles, 03 Abril 2019 06:14

La batalla por la alimentación del futuro

La batalla por la alimentación del futuro

¿Cómo vamos a asegurar la alimentación de una población de 8 mil 500 millones de personas para 2030? La mayoría de la población piensa que la única forma de lograrlo es mediante la agricultura comercial de gran escala, que hoy domina el mercado mundial de alimentos. Esa es la respuesta equivocada.

La lucha por los alimentos de mañana comienza hoy. La forma de producirlos en la actualidad afecta la producción de una alimentación nutritiva y un medio ambiente saludable en el futuro. La agricultura comercial de gran escala, intensiva en capital y en insumos agroquímicos, no solamente no es la respuesta a las necesidades de producción y conservación, sino pone en peligro el abasto alimentario mundial del futuro. Es urgente revalorizar la agricultura que se rige por los principios de la producción agroecológica.

En Estados Unidos se ha publicado un libro de gran valor por el investigador Timothy A. Wise. Su título es Eating tomorrow y es el resultado de cinco años de investigaciones en México, Estados Unidos y varios países africanos (Zambia, Malawi y Mozambique). La línea conductora del análisis es la pregunta sobre los sistemas agrícolas para alimentar a una población mundial en crecimiento. La respuesta se orienta de manera convincente hacia la agricultura de pequeña escala, que hoy sigue dominando la producción mundial de alimentos (70 por ciento de los producidos en el planeta proviene de la agricultura campesina). Esta actividad productiva se desarrolla en unidades pequeñas, y aunque con frecuencia se trata de tierras que no son de la mejor calidad las técnicas de manejo de suelos, agua y recursos genéticos de estos pequeños productores les permiten obtener rendimientos suficientes para satisfacer las necesidades familiares y llevar excedentes al mercado.

Las técnicas de producción de esos productores pobres descansan en un saber campesino milenario basado en la agrobiodiversidad. Esa forma de producción va contra casi todos los principios de la producción capitalista, que prefiere la uniformización (monocultivo), la mecanización y el uso intensivo de agroquímicos (fertilizantes y plaguicidas). La producción comercial en grandes unidades es la que mejor se presta para aplicar los principios que privilegian la generación de ganancias antes que la de alimentos. Pero esa rentabilidad del complejo agrícola capitalista está dejando un rastro tóxico en el medio ambiente. El mejor ejemplo es el estado de Iowa, en Estados Unidos, que Wise califica de epicentro de una catástrofe ecológica y social.

Las corporaciones que dominan la producción agrícola y ganadera en Estados Unidos manejan las unidades productivas como si fueran una fábrica de telas. Lo que importa es la rentabilidad. Pero el complejo de la agroindustria sigue degradando acuíferos con nitratos, plaguicidas, patógenos, desechos farmacéuticos y hormonas. Un resultado es la llamada "zona muerta", en el Golfo de México, producida por el escurrimiento de nutrientes provenientes de la agricultura comercial de gran escala. Además, las prácticas de roturación y monocultivo siguen teniendo un impacto que deteriora las propiedades productivas de la tierra. En ese esquema la producción agrícola se encuentra entrelazada con gigantescas fábricas de carne, en las que millones de cerdos y pollos son objeto de un proceso de hacinamiento extremo con una huella tóxica de dimensiones bíblicas.

El problema no es sólo ambiental. Aunque muchas unidades de producción siguen siendo propiedad de una familia, la verdad es que esos propietarios no controlan el proceso productivo. La mezcla de producto (agrícola y ganadero), así como los insumos necesarios, así como cuándo llevar todo el producto al mercado, son decisiones que las familias no controlan: son las grandes corporaciones las que determinan las líneas de producción y la combinación de insumos.

Esas grandes corporaciones dominan los mercados de semillas, granos, carne, fertilizantes y plaguicidas. Están integradas horizontal y verticalmente, y los nombres de estos gigantes son bien conocidos: Monsanto, Dupont, Syngenta, Cargill, Archer Daniels, Tyson, Smithfield. Las familias propietarias de granjas se han convertido en una especie de vasallos medievales de estas corporaciones. Y aunque el american dream tiene un lugarcito bucólico para las familias dueñas de un predio, la verdad es que hoy la mayor parte de esas familias recibe ingresos anuales insuficientes para cubrir el costo de operación bajo los parámetros impuestos por estas grandes corporaciones. Muchas familias viven por debajo de la línea de pobreza y han perdido sus tierras. Estados Unidos tiene ya desde hace años un problema agrario de grandes dimensiones.

El análisis de Tim Wise muestra cómo la política agrícola tiene años castigando la pequeña agricultura y otorga privilegios exorbitantes a las grandes corporaciones. El costo puede ser muy alto, pues está en juego la sustentabilidad de la producción de alimentos en todo el planeta.

Twitter: @anadaloficial

 

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Deforestación al Amazonas. El cáncer en nuestro pulmón verde

La región amazónica representa una esperanza verde que conserva la mayor biodiversidad del planeta. Es nuestra fuente de oxígeno para el mundo ante el cambio climático. Pero año tras año la deforestación hace trizas miles de hectáreas de selva virgen. El panorama no solo es aterrador, dentro de poco será irremediable. La agricultura y la ganadería son las actividades que más amenazan a toda esta región. Aquí el reporte más actual.

El proyecto “Monitoreo de la Amazonia Andina” es un portal web https://maaproject.org/es/ que tiene como iniciativa observar los problemas que atentan contra la conservación amazónica. Para monitorear la deforestación de las cuenca amazónica en tiempo casi real –un vasto territorio que comprende las naciones de Perú, Colombia, Ecuador y Bolivia– utiliza la tecnología satelital. Desde su lanzamiento en el 2015, la organización Conservación Amazónica ha publicado decenas de informes sobre los principales casos de deforestación.

 

 

La conclusión es alarmante: durante los últimos 17 años se han perdido 4.2 millones de hectáreas de bosques andinos amazónicos. Una tendencia creciente desde el año 2006, con grandes picos en los últimos dos años. Es decir, no se ha hecho nada para detener esta constante y el proceso se ha acelerado. En efecto, el año pasado registró el mayor nivel de pérdida anual registrada (426 mil hectáreas), más del doble que en 2006. Perú es el país que registra la mayor pérdida anual, le siguen Colombia y Ecuador. Sin embargo, en el 2017 Colombia superó a Perú con un nuevo máximo histórico anual de 214.7 mil hectáreas. Lo que refleja que en la Amazonía colombiana se ha presentado un auge de deforestación en los últimos dos años.

 

Desangre ecológico

 

Durante los últimos 17 años (2001-2017) se perdió cerca de 4.2 millones de hectáreas de bosques andinos amazónicos. Por distribución y/o afectación, de este total el 50 por ciento corresponde a Perú (2.1 millones), 41 por ciento a Colombia (1.7 millones) y el 9 restante a Ecuador (359 mil). En el presente análisis relacionado no se incluyó Bolivia. La gran mayoría de los eventos de pérdida de bosque –74 por ciento– son de pequeña escala (menos de 5 hectáreas), y el 24 por ciento de mediana escala (5-100 hectáreas), y únicamente el 2 por ciento de gran escala (>100 hectáreas).

Los factores ligados a esta dramática realidad son: Agricultura en cultivos de pequeña y gran escala (palma aceitera y cacao, entre otros), ganadería, minería aurífera, caminos forestales y carreteras. La deforestación por agricultura de pequeña y mediana escala es mucho más común y difícil de documentar en su totalidad. Los cultivos principales son dedicados al cacao, papaya, maíz y arroz.  De manera adicional, la agricultura de pequeña escala es posiblemente un factor determinante en los incendios que degradan la Amazonía durante la intensa temporada seca. El cultivo de coca ilícita es otra causa de deforestación en algunas zonas de Perú y Colombia. La deforestación minera se ha intensificado durante los últimos siete años, con mayor gravedad por minería aurífera en la Amazonía peruana sur, en donde se estima la deforestación histórica de más de 95.7 mil hectáreas .

 

También contribuyen a este desastre la tala de bosques para la construcción de caminos forestales, particularmente por facilitar el acceso humano y sus actividades agrícolas, ganaderas, mineras y forestales. Aparecen, adicionalmente, las represas hidroeléctricas, con tres represas hidroeléctricas construidas en Brasil. Documentado está la pérdida de 36,100 hectáreas de bosques asociadas a inundaciones producidas por dos represas (Santo Antônio y Jirau) en el río Madeira, cerca la frontera con Bolivia. Por explotación de hidrocarburos, tanto petróleo como gas, se ha documentado la deforestación directa de 169 hectáreas para infraestructura petrolera, con una deforestación adicional indirecta de 248 hectáreas que corresponden a la colonización a lo largo de una carretera que se construyó con fines de extracción petrolera.

Nuestros bosques tropicales de la Amazonía, secuestran enormes cantidades de carbono, uno de los principales gases de efecto invernadero que conlleva al cambio climático. No solo estamos acabando con la Amazonia sino con nuestra condición superviviente, dependiente de estos ecosistemas. Pero la ceguera de la “modernización” sigue avanzando con colonización y la explotación.

“Modernos” a pesar de la realidad, así como los fumadores saben que sus prácticas los condenan a la muerte y no abandonan el vicio, condenando su propia existencia. Pero para nuestro caso como especie, hacia nuestra extinción.

 

Publicado enEdición Nº255
Deforestación al Amazonas. El cáncer en nuestro pulmón verde

La región amazónica representa una esperanza verde que conserva la mayor biodiversidad del planeta. Es nuestra fuente de oxígeno para el mundo ante el cambio climático. Pero año tras año la deforestación hace trizas miles de hectáreas de selva virgen. El panorama no solo es aterrador, dentro de poco será irremediable. La agricultura y la ganadería son las actividades que más amenazan a toda esta región. Aquí el reporte más actual.

El proyecto “Monitoreo de la Amazonia Andina” es un portal web https://maaproject.org/es/ que tiene como iniciativa observar los problemas que atentan contra la conservación amazónica. Para monitorear la deforestación de las cuenca amazónica en tiempo casi real –un vasto territorio que comprende las naciones de Perú, Colombia, Ecuador y Bolivia– utiliza la tecnología satelital. Desde su lanzamiento en el 2015, la organización Conservación Amazónica ha publicado decenas de informes sobre los principales casos de deforestación.

 

 

La conclusión es alarmante: durante los últimos 17 años se han perdido 4.2 millones de hectáreas de bosques andinos amazónicos. Una tendencia creciente desde el año 2006, con grandes picos en los últimos dos años. Es decir, no se ha hecho nada para detener esta constante y el proceso se ha acelerado. En efecto, el año pasado registró el mayor nivel de pérdida anual registrada (426 mil hectáreas), más del doble que en 2006. Perú es el país que registra la mayor pérdida anual, le siguen Colombia y Ecuador. Sin embargo, en el 2017 Colombia superó a Perú con un nuevo máximo histórico anual de 214.7 mil hectáreas. Lo que refleja que en la Amazonía colombiana se ha presentado un auge de deforestación en los últimos dos años.

 

Desangre ecológico

 

Durante los últimos 17 años (2001-2017) se perdió cerca de 4.2 millones de hectáreas de bosques andinos amazónicos. Por distribución y/o afectación, de este total el 50 por ciento corresponde a Perú (2.1 millones), 41 por ciento a Colombia (1.7 millones) y el 9 restante a Ecuador (359 mil). En el presente análisis relacionado no se incluyó Bolivia. La gran mayoría de los eventos de pérdida de bosque –74 por ciento– son de pequeña escala (menos de 5 hectáreas), y el 24 por ciento de mediana escala (5-100 hectáreas), y únicamente el 2 por ciento de gran escala (>100 hectáreas).

Los factores ligados a esta dramática realidad son: Agricultura en cultivos de pequeña y gran escala (palma aceitera y cacao, entre otros), ganadería, minería aurífera, caminos forestales y carreteras. La deforestación por agricultura de pequeña y mediana escala es mucho más común y difícil de documentar en su totalidad. Los cultivos principales son dedicados al cacao, papaya, maíz y arroz.  De manera adicional, la agricultura de pequeña escala es posiblemente un factor determinante en los incendios que degradan la Amazonía durante la intensa temporada seca. El cultivo de coca ilícita es otra causa de deforestación en algunas zonas de Perú y Colombia. La deforestación minera se ha intensificado durante los últimos siete años, con mayor gravedad por minería aurífera en la Amazonía peruana sur, en donde se estima la deforestación histórica de más de 95.7 mil hectáreas .

 

También contribuyen a este desastre la tala de bosques para la construcción de caminos forestales, particularmente por facilitar el acceso humano y sus actividades agrícolas, ganaderas, mineras y forestales. Aparecen, adicionalmente, las represas hidroeléctricas, con tres represas hidroeléctricas construidas en Brasil. Documentado está la pérdida de 36,100 hectáreas de bosques asociadas a inundaciones producidas por dos represas (Santo Antônio y Jirau) en el río Madeira, cerca la frontera con Bolivia. Por explotación de hidrocarburos, tanto petróleo como gas, se ha documentado la deforestación directa de 169 hectáreas para infraestructura petrolera, con una deforestación adicional indirecta de 248 hectáreas que corresponden a la colonización a lo largo de una carretera que se construyó con fines de extracción petrolera.

Nuestros bosques tropicales de la Amazonía, secuestran enormes cantidades de carbono, uno de los principales gases de efecto invernadero que conlleva al cambio climático. No solo estamos acabando con la Amazonia sino con nuestra condición superviviente, dependiente de estos ecosistemas. Pero la ceguera de la “modernización” sigue avanzando con colonización y la explotación.

“Modernos” a pesar de la realidad, así como los fumadores saben que sus prácticas los condenan a la muerte y no abandonan el vicio, condenando su propia existencia. Pero para nuestro caso como especie, hacia nuestra extinción.

 

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Sábado, 16 Marzo 2019 06:51

Vandalismo genómico

Vandalismo genómico

A contrapelo de la copiosa propaganda de empresas y científicos sobre los beneficios de las nuevas biotecnologías, particularmente Crispr-Cas9 y similares, se siguen publicando estudios sobre sus efectos secundarios imprevistos y nocivos. Al respecto, el investigador Georges Church, de la Universidad de Harvard, patriarca de la biotecnología, declaró en una conferencia en enero pasado que la tecnología Crispr es como un "hacha desafilada". Y por si a alguien le quedaban dudas, agregó: "Le llaman edición, pero en realidad es vandalismo genómico" (https://tinyurl.com/y5dypgsp).

La afirmación de Church fue motivada por varios estudios publicados recientemente, que muestran que Crispr, aunque promocionada como una tecnología "exacta, rápida y barata", no es tal. Al contrario, podría ser aún peor que los transgénicos anteriores por los desarreglos genómicos que provoca en plantas, animales y células humanas.

La industria biotecnológica, con Monsanto-Bayer, DuPont-Dow y otras, presiona para que los productos de este tipo de ingeniería genética no tengan que atenerse a las regulaciones de bioseguridad ni de etiquetado. Estados Unidos ya aprobó unos 20 cultivos manipulados genéticamente con esta tecnología (entre otros, papa, alfalfa, maíz, arroz, soya, tabaco, tomates, trigo y setas) que podrían ser procesados y vendidos sin que agricultores ni consumidores sepan que son productos de ingeniería genética. Argentina y Brasil cambiaron sus normativas de bioseguridad en el mismo sentido para permitir que las industrias puedan comercializar este tipo de nuevos transgénicos sin siquiera informar sobre ello.

Desde que se comenzó a experimentar, en 2012, se observó que Crispr (con alguno de sus sistemas asociados, como Cas9) actuaba no sólo sobre la parte del genoma que se quería modificar, sino también sobre otras secuencias, lo cual implicaba efectos imprevistos, por ejemplo, cortar genes que no eran el objetivo, silenciando o alterando funciones que pueden ser vitales en los organismos. En 2018, un estudio del Instituto Karolinska, de Suecia, mostró que el sistema Crispr seleccionaba células que no contienen ciertas defensas naturales contra el cáncer, porque ello impide su acción, por lo que su uso podría significar un aumento del riesgo de contraer cáncer. Investigadores del Wellcome Center, de Reino Unido, encontraron después que Crispr-Cas9 eliminaba largas secuencias en otras partes del genoma, lejos del sitio de corte intencional ( https://tinyurl.com/y5r5cza4).

Church sugirió por todo ello usar otras tecnologías de edición genómica, que según él serían (ahora sí) más exactas. Por ejemplo, no cortar las dos hebras de la doble hélice del ADN para insertar nuevo material genético (que es como actúa Crispr-Cas9,), sino cambiar solamente una de las bases de ADN por vez, o sea, una sola de las letras C, G,T, A.

Debido a las evidencias crecientes de los impactos nocivos de Crispr-Cas9, varios laboratorios están experimentando técnicas cuya meta es justamente cambiar una sola base. No obstante, la organización GM Watch reporta que dos nuevos estudios publicados en la revista Science, el 28 de febrero de 2019, muestran que también este tipo de modificación, que parece tan mínima, acarrea problemas imprevistos y dañinos (https://www.gmwatch.org/ en/news/latest-news/18811).

Esos estudios fueron hechos en colaboración entre diferentes universidades de China y Estados Unidos. Uno de ellos con células embrionarias de ratón, y otro con arroz. En ambos casos, al cambiar una sola base con un nuevo método asociado a Crispr, se comprobó un alto número de efectos secundarios graves. En el estudio con ratones, en las células a las que se le cambió la base A (adenina) por la T (timina) en un solo punto, no se detectaron otras alteraciones. Pero cuando se cambió la base C (citosina) por la G (guanina) se detectaron 20 veces más cambios que en las células de control, con un promedio de 283 alteraciones no deseadas por embrión. Son alteraciones inaceptables para cualquier uso de esta tecnología en la realidad.

También el experimento en arroz usando Crispr para alterar una sola base arrojó resultados similares. No detectaron alteraciones mayores al cambiar la base A, pero al cambiar la base C se produjeron numerosos cambios imprevistos.

David Liu, uno de los autores principales, dijo a la revista Science que alterar el genoma con este método "es como si un niño pequeño pone golosinas no permitidas en el carrito de compras de sus padres cuando no están mirando... es decir, (el constructo con Crispr) puede agarrar cualquier ADN de una sola hebra que esté a su alcance y hacer su propia edición" (https://tinyurl.com/yx9zjuw5)

Los estudios dejan claro que aun este tipo de ingeniería genética minimalista o edición genómica, incluso aunque no inserte nuevo material genético en los organismos, tiene efectos imprevistos, con consecuencias potencialmente muy graves. Por ejemplo, en el caso de alimentos o forrajes derivados de este tipo de ingeniería podrían causar alergias y otras formas de toxicidad.

En México, el secretario de Agricultura, Víctor Villalobos, ha declarado repetidamente que la edición genómica no son transgénicos, que "apenas se trata de cambiar una sola base" y que por ello podrán ser comercializados en México. Urge ajustar las leyes de bioseguridad para impedir que esto suceda.

Por, Silvia Ribeiro, investigadora del Grupo ETC

 

Lo dice la UE: el biodiésel de palma es insostenible

Un documento oficial de la Unión Europea clasifica este combustible como insostenible debido a la deforestación y a las emisiones de gases de efecto invernadero que provoca.

 Los estamentos oficiales europeos van aceptando lo que los grupos ecologistas llevan afirmando años: que el biodiésel de palma es insostenible. Así lo recoge una acta delegada del Grupo de expertos sobre combustibles renovables publicado este miércoles, un texto que incide en que el biodiésel de palma favorece la deforestación y multiplica los gases de efecto invernadero (GEI). 

El documento oficial establece qué cultivos deben ser excluidos de la lista de subsidios de la UE debido a que conducen a mayores emisiones de CO2. A pesar de que reconoce la insostenibilidad del biodiésel de palma, para los ecologistas el texto “no aborda de manera estructural el problema general y ofrece enormes lagunas legales que permitirán que se sigan utilizando estos combustibles”, tal como señalan desde Ecologistas en Acción.


Por ello, la coalición europea de organizaciones defensoras del medio ambiente que está detrás de la campaña Not in my tank (No en mi depósito) califica el documento de “victoria parcial”, ya que la soja y el aceite de palma, cultivos que están detrás de millones de hectáreas deforestadas a lo largo de las zonas más cálidas del planeta, pueden seguir siendo etiquetados como “verdes”.


Esto es debido a que la Comisión Europea “ha introducido en el documento un gran número de exenciones”, señalan los ecologistas, “intentando apaciguar las tensiones de los países productores de aceite de palma como Malasia, Indonesia y Colombia, que permitirán seguir utilizando aceite de palma como biocombustible verde”.


Otra de las críticas de las organizaciones ambientalistas es que el cultivo de soja no haya sido calificado de insostenible, ya que, al igual que la palma, produce grandes cantidades de gases de efecto invernadero, según datos de un informe de Cerulogy”, señalan.


Los Estados miembros de la Unión Europea y el Parlamento Europeo tienen ahora dos meses para aprobar o vetar el acta. Sin embargo, no pueden enmendar la regla. El texto se votará en la comisión de medio ambiente del Parlamento Europeo el 21 de marzo.


“Ahora los Estados miembros deben actuar para impedir más deforestación debida al uso de biocombustibles”, indica Rosalía Soley, coordinadora de la campaña #NoEnMiDepósito de Ecologistas en Acción. “El Estado español puede y debe acabar de una vez con el uso del biodiésel de palma, atendiendo a las peticiones de la ciudadanía”.

 

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