Sábado, 07 Septiembre 2019 06:31

Cumbre urgente por la Amazonia

Aborígenescolombianos  y jefes de Estado en la foto de la cumbre por la Amazonia. Imagen: AFP

Los representantes de seis países amazónicos se reunieron en Colombia para tomar medidas que protejan la mayor selva tropical del mundo. 

Los presidentes de seis países amazónicos se reunieron con carácter de urgente en Colombia para tomar medidas que protejan la mayor selva tropical del mundo. En la cumbre, convocada en la ciudad de Leticia, los presidentes de Bolivia, Brasil, Perú, Colombia, Ecuador y el vice Surinam, discutieron la conservación de la Amazonia tras los graves incendios forestales que desde hace semanas consumen grandes áreas selváticas de Bolivia y Brasil principalmente. La cumbre finalizó con la firma del "Pacto de Leticia para la Amazonia" donde consensuaron la preservación de los recursos naturales de la zona.

"Debemos resolver las causas estructurales de la crisis climática que actualmente enfrentamos, porque la tendencia de cada día es que se vaya agravando, exponiendo a la humanidad a múltiples catástrofes", manifestó el presidente de Bolivia, Evo Morales, durante el evento. "Mientras no cambiemos la forma en que producimos y consumimos a nivel global será imposible asegurar un futuro a esta y las próximas generaciones", dijo. Y criticó que no se haya invitado a Venezuela a participar de la cumbre: “por encima de esas diferencias ideológicas están los intereses de la madre tierra", afirmó.

Además del presidente boliviano, participaron los mandatarios de Colombia, Iván Duque, y Perú, Martín Vizcarra, que convocaron el encuentro. También los presidentes de Ecuador, Lenín Moreno; y el vicepresidente de Surinam, Michael Adhin. Brasil, cuestionado internacionalmente por sus respuestas a los graves incendios que afectan su selva desde hace semanas, fue representado por su canciller, Ernesto Araújo. El ministro reemplazó al presidente Jair Bolsonaro, quien no pudo viajar a la cumbre por razones médicas, aunque estuvo presente vía videoconferencia. De la cuenca amazónica forma parte también Venezuela, que no fue invitada a la cumbre, y Guyana y la Guyana Francesa (esta última un departamento francés de ultramar), que tampoco participaron.

En la videoconferencia a través de la cual participó el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, llamó a proteger la soberanía de la Amazonia. "Tenemos que decir que la Amazonía es nuestra: de Brasil, Bolivia, Colombia, de las Guayanas, es de todos nosotros", aseguró Bolsonaro. "Estamos en una posición firme de defensa de nuestra soberanía y firme también para que cada país pueda, dentro de su tierra, desarrollar la mejor política de la región amazónica y no dejar que esa política sea tratada por otros países", agregó. Durante su intervención, el presidente brasileño también acusó de la situación en la Amazonía a sus predecesores: "gobiernos de izquierda en Brasil, socialistas que no creían en el capitalismo y odiaban la propiedad privada", afirmó.

Las llamas que arrasan una parte de la Amazonia brasileña desde hace semanas provocaron una crisis ambiental y diplomática para el gobierno del ultraderechista Bolsonaro, escéptico del cambio climático y quien propugna la explotación minera en reservas indígenas y áreas protegidas.

Los países participantes suscribieron el Pacto de Leticia por la Amazonia, una hoja de ruta que deberán emprender no solo los países amazónicos, sino también las naciones de la región y la comunidad internacional. "Aquí estamos firmando un pacto donde coordinamos y trabajamos armónicamente por objetivos comunes. Nos motiva a proteger la Amazonía para hacer trabajos de prevención y mitigación cuando se presentan riesgos como los incendios forestales", dijo el presidente colombiano, Iván Duque, al firmar el pacto en la cumbre celebrada en Leticia. También se prevé la creación de una red amazónica para articular esfuerzos entre institutos meteorológicos de investigación. Esta medida tendrá como finalidad anticiparse a eventos ambientales e intercambiar información sobre actores ilegales que atentan contra el medioambiente, informó el ministro colombiano de Ambiente Ricardo Lozano.

El 60% de la selva amazónica está en Brasil. El resto se extiende por Colombia, Bolivia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela, así como la Guayana Francesa, una región departamental ultramarítima de Francia. En Brasil, desde enero hasta el 2 de septiembre, los satélites del instituto de observaciones espaciales INPE contabilizaron 93.175 focos de incendio - récord desde 2010 para ese periodo-, un 51,9% de ellos en la región amazónica. En Bolivia, el fuego arrasó desde mayo con 1,7 millones de hectáreas de bosque y pastizales, entre ellas áreas protegidas, según la gobernación del departamento de Santa Cruz (este).

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La naturaleza se quema y la política se agota

Los incendios en la Amazonia están afectando a Brasil, Bolivia, Perú y Paraguay, países con gobiernos de ideologías opuestas, pero con iguales modelos de desarrollo extractivista y agropecuario.

En los primeros días el fuego te acorrala; en los días siguientes las cenizas te entristecen. Así pueden describirse mis sensaciones en una de mis visitas años atrás a las zonas amazónicas de Brasil, Perú y Bolivia. Estas coincidieron con incendios como los que hoy causan alarma mundial.

Cuando las llamas están activas, el humo inunda todo, es peligroso transitar los caminos por la poca visibilidad, hay momentos en los que cuesta respirar, la garganta se inflama y los ojos lagrimean. Cuando las llamas se apagan, el ocre y el gris dominan las escenas. Aquí y allá siguen erguidos los restos de algunos árboles, mientras que en el suelo, entre las cenizas, aparecen de tanto en tanto los cadáveres calcinados de animales que no pudieron escapar.

Esta destrucción de la fauna y la flora es lo que está repitiéndose en estos días en América del Sur. Si bien la prensa convencional insiste con los titulares sobre la Amazonia y sobre Brasil, la realidad es más compleja, y también más hiriente.

En efecto, este tipo de incendios está ocurriendo en estos momentos en por lo menos cuatro países sudamericanos; además de Brasil, afectan a Bolivia, Perú y Paraguay. A su vez, se están quemando selvas tropicales húmedas, la Amazonia, pero lo mismo está sucediendo con los bosques secos y sabanas arboladas, como la Chiquitanía en Bolivia o el Cerrado brasileño.

En los datos más recientes, el número de incendios en Brasil superó los 82 mil focos (al 26 de agosto), la cifra más alta desde 2010, y casi el doble de lo registrado en estas mismas fechas en el año anterior. En Bolivia son más de 19 mil focos (el doble que en 2018), en Paraguay más de 10 mil (manteniéndose en valores semejantes al año anterior), y en Perú más de 6 mil (un poco más del doble).

Todas las grandes regiones ecológicas del trópico y subtrópico sudamericano están afectadas por los incendios. Por ejemplo, en Brasil, aproximadamente la mitad de los focos se ubican en la Amazonia, pero casi un tercio ocurren en el Cerrado, y un 10 por ciento en los bosques atlánticos. Bolivia en estos momentos vive el drama de ver cómo enormes áreas de bosques secos e incluso su Pantanal están siendo devorados por las llamas (las pérdidas al día de hoy se estiman en 1,5 millones de hectáreas). Por lo tanto, pensar que solamente está ardiendo la Amazonia brasileña es una simplificación. Las pérdidas ecológicas en todos esos ambientes son enormes. Por ejemplo, el bosque seco de la Chiquitanía es único en su tipo en todo el continente, y se estima que más de 750 mil hectáreas ya se quemaron.

EL CHAQUEO DE AYER Y LA DEFORESTACIÓN DE HOY.

La quema de bosques o campos, el llamado “chaqueo” en algunos sitios, ha sido una práctica tradicional realizada especialmente por pequeños campesinos e indígenas. Afectaba a pequeñas superficies en tanto estaba directamente vinculada al autoconsumo de alimentos o por limitaciones tecnológicas. Todo eso ha cambiado en las últimas décadas a medida que han llegado a las áreas tropicales y subtropicales todo tipo de colonos y empresas. Los incendios de hoy nada tienen que ver con aquellos del pasado.

En la actualidad se deforestan y queman amplias zonas, casi siempre con el propósito de liberar espacio para la ganadería extensiva, aunque en otros sitios es para la agricultura. Para hacerlo a esa mayor escala se necesitan importantes recursos materiales, como motosierras y maquinaria pesada, y mucho capital para financiar una ingeniería de trámites legales o ilegales, formales o amparados en la corrupción. Detrás de esto no están ni los indígenas ni los pequeños agricultores.

Esa presión ganadera puede ser brutal. Por ejemplo, en la zona de San Félix de Xingú (estado de Pará), se concentra un rodeo vacuno de más de 2 millones de cabezas. Factores como esos empujan a la agropecuaria convencional a las áreas naturales tropicales y subtropicales.

A su vez, la diseminación de los monocultivos, especialmente de la soja, en otras zonas de Brasil, pero también en Bolivia y Paraguay, hace que los ganaderos se desplacen hacia nuevas áreas a deforestar. Todo esto genera un enorme arco de deforestación amazónica que atraviesa América del Sur, desde la costa atlántica brasileña hasta las faldas de los Andes en Bolivia y Perú. Es una franja de casi 3 mil quilómetros de largo; una distancia similar a la que separa Madrid de Varsovia.

BOLSONARIZACIÓN PARA MILITARIZAR LA AMAZONIA.

Esta problemática se ha agravado notablemente bajo el gobierno de Jair Bolsonaro. Por un lado, recortó controles ambientales en cuestiones críticas como la deforestación, redujo el presupuesto del Ministerio del Ambiente, cesó a personal clave en las agencias del ambiente y de conservación de la biodiversidad, maniobró para que se cancelaran multas a los infractores ambientales, y mucho más.

Por otro lado, Bolsonaro y su equipo han hostigado repetidamente a los ambientalistas, indígenas y pequeños campesinos, presentándolos como trabas al progreso, potenciales criminales e incluso como responsables de los incendios. Tan sólo como ejemplo, el 27 de agosto, en la reunión con los gobernadores de los estados amazónicos, en lugar de analizar la crisis ecológica volvió a quejarse de que los indígenas ya tienen demasiadas tierras y anunció que no aprobará nuevas áreas protegidas.

Bolsonaro tampoco duda en repeler las críticas diciendo que son parte de un complot del exterior para quedarse con la Amazonia brasileña. Esa retórica tiene antecedentes desde por lo menos la década de 1970, cuando el gobierno militar se oponía a las primeras negociaciones internacionales ambientales. Bolsonaro revive parte de ese vocabulario, viene colocando a militares en puestos afectados a la gestión ambiental y ha dado señales de resucitar un programa de control militar en las fronteras amazónicas. Bajo esas condiciones, no puede sorprender que recibiera cierto respaldo de otro gobierno muy conservador, el de Ivan Duque en Colombia. Este también ha presentado un nuevo plan de desarrollo en el que la gestión ambiental pasa a ser parte de la estrategia de seguridad del Estado.

LA GEOPOLÍTICA AMAZÓNICA.

La condición internacional de la Amazonia volvió al primer plano con la reacción internacional ante los incendios. Una circunstancia que aprovechó Emmanuel Macron, en la que hay poco de ambientalismo y mucho de oportunismo comercial y político. Pero el problema es que, por lo menos desde la década de 1980, los gobiernos brasileños por un lado insisten en el control soberano sobre su Amazonia, pero al mismo tiempo repiten que no tienen dinero para protegerla y reclaman ayudas a los países industrializados. Desde allí se construyeron diversos mecanismos, financiados especialmente por Europa.

Por ejemplo, en 1992 se inició el Programa Piloto de Protección de los Bosques Tropicales del G7 (Ppg7), que funcionó hasta 2009, con un presupuesto de más de 460 millones de dólares. Cuando se hacía lobby por esos dineros, desde Brasil se insistía en que la Amazonia era un ecosistema único en el planeta y que los países ricos debían colaborar a protegerlo. También se alentó una visión deformada, como si sólo existiera Amazonia en Brasil, dejando en segundo plano a los otros países que comparten la cuenca. De ese modo, las propias autoridades brasileñas durante al menos 30 años han contribuido a ese entrevero que ha oscilado entre una Amazonia “solo mía” a otra que sería “de toda la humanidad”.

La actual crisis ha expuesto en toda su crudeza las tensiones entre la soberanía nacional y las responsabilidades ecológicas, no sólo hacia adentro de un país, sino con sus vecinos y con la salud ecológica planetaria.

LAS CENIZAS IDEOLÓGICAS.

El problema se vuelve más complejo cuando se entiende que las quemas y la crisis ambiental se repiten en las naciones vecinas. No sorprende que ocurra con gobiernos conservadores como los de Colombia, Perú y Paraguay. Más difícil se vuelve asumir que en Bolivia, desde posturas ideológicas que se presentan como opuestas, también se han debilitado los controles ambientales, se perdonaron las faltas a los deforestadores y se alienta el avance del agronegocio.

El gobierno de Evo Morales cita a la Pachamama, pero sus acciones concretas han sido las de promover la explotación minera, petrolera y agropecuaria, y por ello enfrenta un desastre ecológico similar. Así como Bolsonaro ataca a los ambientalistas, la administración de Morales se burla de ellos, los hostiga y ha amenazado con expulsarlos del país.

En los progresismos, la retórica se nutre de otros argumentos. Por ejemplo, el vicepresidente boliviano, Álvaro García Linera, cita a Marx y a Lenin, pero también sostiene que la protección de la naturaleza es un invento del norte y por eso no deberían ser guardabosques de nadie. Tuvieron éxito en esa promesa: no cuidaron los bosques y ahora se están incendiando. Y aunque los aderezos de sus discursos son opuestos a los de Bolsonaro, las similitudes en sus esencias dejan un gusto muy amargo.

Por todo esto, cuando se leen los titulares de la prensa en Madrid, Londres o París, siempre queda esa sensación de que realmente no están entendiendo lo que ocurre aquí en el sur. Es más sencillo atacar a Bolsonaro, en tanto es machista, racista, violento y autoritario, pero es más dificultoso asumir las serias contradicciones en otras tiendas políticas. Nos cuesta entender que estamos ante una crisis ecológica de escala continental y que ella también expresa el agotamiento de las ideologías políticas herederas de la Europa ilustrada. Las viejas políticas, todas ellas, han caducado. La cuestión es comprenderlo para construir alternativas antes de que se queme el último árbol.

*    Miembro del Centro Latino Americano de Ecología Social.

(Tomado de Ctxt por convenio)

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Firmas brasileñas vinculadas con Trump, corresponsables del fuego en la Amazonia

Las empresas se han empeñado en construir una carretera y un puerto en la región para sus exportaciones

 

Río de Janeiro. Dos firmas brasileñas propiedad de uno de los principales donantes a las campañas del presidente estadunidense, Donald Trump, y del líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, son en gran medida responsables de los incendios en la Amazonia, informó ayer el portal The Intercept.

Hidrovias do Brasil es mayoritariamente propiedad de Blackstone, firma inversora que también es dueña de la financiera brasileña Pátria Investimentos. El cofundador y director general de Blackstone es Stephen Schwartzman, estrecho aliado y asesor de Trump que ha donado millones de dólares a McConnell en los últimos años.

Hidrovias do Brasil y Pátria Investimentos ha impulsado la deforestación de la Amazonia para construir una controversial autopista y un puerto con el fin de exportar soya con mayor facilidad.

Blackstone afirmó en un comunicado que no ha hecho daño a la selva: Si bien no tenemos control operativo sobre Hidrovias do Brasil, sabemos que redujo sus emisiones de carbono, además de promover un transporte más eficiente de los productos agrícolas de los granjeros brasileños. The Intercept investigó la construcción de la autopista y el puerto desde 2016.

La primavera del presente año, el gobierno del presidente Jair Bolsonaro anunció que Hidrovias sería socio en la privatización y desarrollo de un proyecto de miles de kilómetros de carretera en la selva.

The Intercept fue creado en febrero de 2014 por el periodista Glenn Greenwald, quien dede las páginas de The Guardian publicó las revelaciones del informante estadunidense Edward Snowden, quien filtró unos 20 mil documentos de los programas de vigilancia de la Agencia de Seguridad Nacional, con lo que salió a la luz pública la existencia del amplio programa de espionaje por Internet. Recientemente, The Intercept publicó una serie de chats entre el ex juez brasileño Sergio Moro y el equipo de fiscales que montaron una operación para condenar al ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

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 Cosecha masiva de soja en una granja en Campo Verde, Mato Grosso, Brasil. Foto: Alf Ribeiro.

El pulmón verde del planeta está ardiendo por los cuatro costados. El fuego arrasa la Amazonia hasta el punto de que el humo ha oscurecido el cielo de São Paulo mostrando una imagen apocalíptica. Y no es para menos.

Según datos ofrecidos por el Ministerio de Ciencia y Tecnología brasileño, se han registrado 71.497 focos entre el 1 de enero y el 18 de agosto de 2019. Un aumento del 82% con respecto al mismo período del año pasado. Lo que indica que la Amazonia desaparece pasto de las llamas cada año, desde hace ya mucho tiempo.

¿Pero cómo es posible que se produzcan decenas de miles de incendios? Evidentemente 71.497 focos distintos no se generan de manera fortuita.

Quién y por qué los provoca puede sorprendernos e incluso incomodarnos, pero el conocimiento es poder para cambiar las cosas.

En febrero de 2017, la organización MightyEarth publicó un informe desvelando la relación entre la producción de soja y la deforestación masiva en la cuenca del Amazonas. Las imágenes tomadas con drones son realmente escalofriantes y ofrecen una idea contundente de la magnitud del problema.

Su informe señala un dato importante: la producción de soja se utiliza mayoritariamente para alimentar a las vacas que se convertirán en carne para satisfacer la demanda de Europa y Estados Unidos.

Literalmente, estamos devorando el planeta.

Detrás de este macabro negocio, Mighty Earth encontró a dos multinacionales de la alimentación: las estadounidenses Cargill y Bunge, que compran la soja producida en los campos generados tras talar los bosques de Brasil y Bolivia.

No es la primera vez que una organización ecologista señala a estas empresas. Según un informe de Greenpeace de 2006, Cargill es el impulsor de la destrucción de la Selva Amazónica y revela que: «Gran parte de la soja brasileña que alimenta a los pollos, vacas y cerdos en Europa es suministrada por el gigante agrícola Cargill».

Una tercera investigación conjunta realizada por The Guardian, Repórter Brasil y la Oficina de Periodismo de Investigación, constata que cada año se talan hasta 5.800 km2 (una superficie idéntica a la de la provincia de Cantabria entera) de bosques en la Amazonia para convertirlos en pastos utilizados para la cría de ganado que posteriormente es enviado a mataderos que producen carne para los mercados mundiales.

Lo pueden decorar, maquillar y ocultar, pero la realidad es que la creciente demanda mundial de carne se ha convertido en la principal causa de la destrucción de la selva amazónica y del planeta en su conjunto. Las estimaciones no son nada tranquilizadoras: el consumo de carne se duplicará a nivel mundial en los próximos 20 años.

Nos enfrentamos a una seria y profunda crisis alimentaria global. El 80% de la tierra agrícola, incluidas las tierras del tercer mundo, se utiliza para la producción de cereales y grano destinados a alimentar a los animales que se sacrifican en cifras astronómicas para saciar el apetito voraz del primer mundo, donde 2.000 millones de personas tienen sobrepeso u obesidad. Todo ello desoyendo las indicaciones de Naciones Unidas que instan a los gobiernos mundiales a favorecer el consumo directo de proteínas vegetales, garantizando el acceso a comida suficiente a los 10 mil millones de personas que se espera vivan en el planeta para 2050.

Sabemos que el consumo de carne roja y carne procesada está directamente relacionado con el cáncer, desde que nos advirtiera de ello la Organización Mundial de la Salud. 

Sabemos que la industria de la carne genera tantos gases de efecto invernadero como todos los coches, trenes, barcos y aviones juntos.

Sabemos además que la producción de carne consume los recursos hídricos del planeta: para producir un sólo kilo de carne de vaca, se necesitan 15.000 litros de agua, por lo que la industria ganadera contribuye a la sequía, la desertización y como ahora vemos, a la deforestación de nuestros bosques.

Así que podemos rezar por el Amazonas, pero si queremos ser realmente efectivos, tenemos la solución en nuestras manos eligiendo lo que ponemos en nuestros platos. Es urgente tomar en serio de la recomendación de Naciones Unidas y realizar un cambio en nuestra dieta, introduciendo de nuevo en alimentos de origen vegetal: cereales, legumbres, frutas y verduras.

Será bueno para los animales, para nuestra salud y para el futuro del planeta

22 agosto, 2019

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Sábado, 17 Agosto 2019 05:56

Transgénicos traen cáncer y muertes

“Las docentes rurales somos testigos privilegiadas del costo humano de este modelo basado en transgénicos y agrotóxicos” , dice Ana Zabalo

Ana Zabaloy era maestra de una escuela rural en San Antonio de Areco, Argentina. También fundadora del movimiento "Red federal de docentes por la vida", en defensa de la salud y contra los agrotóxicos. A diario veía en la escuela cómo los niños se enfermaban por la fumigación con glifosato en campos de soya transgénica cercanos a la escuela. Decidió proteger a los niños, apoyar a las familias para protestar, juntarse con otros docentes para informar de los riesgos, denunciar la situación de cáncer, malformaciones y enfermedad en que los ha puesto la siembra de transgénicos. El 11 de junio pasado murió por las causas que denunciaba. Un mes después, el movimiento tuvo su primer plenario nacional con docentes de nueve provincias de Argentina, todos en escuelas en la misma situación. (Darío Aranda, tinyurl.com/y5ez2gs6)

En Argentina, tercer productor mundial de cultivos transgénicos, este movimiento se suma a otros, como las asambleas de vecinos de pueblos fumigados, las madres de pueblos fumigados, la red de abogados y la de médicos de pueblos fumigados, y a las protestas de organizaciones sociales y ambientalistas en áreas urbanas y rurales. La fumigación aérea de glifosato y otros agroquímicos cada vez más tóxicos es un componente esencial y sine qua non de la siembra de transgénicos en todos los países donde se les permite proliferar. Es un cáncer que se extiende de la mano de Bayer, Monsanto, Syngenta, Corteva (derivada de Dow-DuPont).

El 89 por ciento de los cultivos sembrados actualmente en el mundo son tolerantes a uno o varios agrotóxicos, además de insertarle también genes insecticidas. Los eventos transgénicos más recientes tienen tolerancia a glifosato (probable cancerígeno, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), además de los herbicidas dicamba y/o 2-4 d, en la misma categoría de peligrosidad. Sólo 10 países tienen 98 por ciento del área sembrada con transgénicos a escala global y entre Estados Unidos, Brasil y Argentina tienen 78 por ciento.

En Estados Unidos hay 18 mil 400 juicios iniciados contra Monsanto-Bayer por causar cáncer a los demandantes o a sus familiares con glifosato, principal herbicida usado con los cultivos transgénicos. Las pruebas aportadas en los juicios muestran que Monsanto sabía de la peligrosidad del glifosato, pero la ocultó. Las víctimas ganaron a Monsanto en los tres primeros juicios, a quienes Bayer-Monsanto tiene que pagar 180 millones de dólares por daños causados y multas, por habérsele comprobado malicia e intencionalidad, al ocultar los riesgos que corrían los que usan y se exponen al glifosato.

Además, hay centenares de otros juicios en curso contra Monsanto-Bayer por todo el medio oeste de Estados Unidos, porque la deriva del herbicida dicamba aplicada a la soya transgénica RoundReady X-tend (tolerante a glifosato y dicamba) mató sus cultivos y hasta sus árboles. Imaginen el efecto en las personas, las expuestas directamente, las que beben agua que cruza las áreas fumigadas, las que consumen alimentos con residuos de esos potentes agrotóxicos.

Este es el contexto en el cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación sentenció este 14 de agosto que Yucatán no puede declararse "estado libre de transgénicos", en respuesta a una controversia constitucional planteada por el gobierno de Peña Nieto reclamando que sólo la Secretaría de Agricultura puede tomar tal decisión. En efecto, esa es la letra de la Ley de Bioseguridad, que por esa y otras razones fue bautizada como ley Monsanto, por ser una norma para servir a los intereses de las empresas de transgénicos. Es una disposición que urge derogar o cambiar radicalmente para que sirva a la defensa de los derechos de los pueblos indígenas y campesinos, del maíz nativo, la salud, la biodiversidad y la soberanía alimentaria, todo lo cual los transgénicos minan e impiden.

De la decisión de la Suprema Corte se deriva que quien debería declarar el "estado libre de transgénicos", que demandan las comunidades y pobladores de Yucatán, es la actual Sader, cuyo titular es Víctor Villalobos, un viejo agente de las trasnacionales de transgénicos.

En cualquier caso, esta decisión de la Corte no significa que Monsanto puede proceder a sembrar soya o maíz transgénico en Yucatán. Están en pie otras demandas presentadas y ganadas por apicultores, organizaciones y comunidades en Yucatán, Campeche y Quintana Roo contra la siembra de transgénicos en la península, que obliga a las autoridades a realizar consultas con las comunidades antes de cualquier siembra. Están pendientes desde hace años, pero fueron saboteadas por la propia Comisión de Bioseguridad (Cibiogem) a través de su entonces secretaria ejecutiva Sol Ortiz, que intentó manipular las consultas para dificultar la participación de los pueblos y tener que oír sus posiciones. Ya en el gobierno de AMLO, Villalobos se la llevó a trabajar con él, un nombramiento absurdo pensando en el interés público, dado el historial del personaje, pero muy coherente con la posición de Villalobos en favor de los transgénicos y los intereses de las trasnacionales.

Los transgénicos sólo traen enfermedad, devastación y muerte, como se ha comprobado en los países que lo siembran. Urge concretar con un decreto de prohibición las promesas del gobierno de que no se sembrarán transgénicos ni en la península ni en ninguna parte de México.

* Investigadora del Grupo ETC

 Terrenos destruidos de la comunidad campesina Guayaqui Cua, en Paraguay. SANTI CARNERI

Una persona murió envenenada y 22 más, entre ellos varios niños, resultaron intoxicadas, por el uso de agroquímicos en empresas productoras de soja transgénica en un pequeño pueblo paraguayo de 400 habitantes. Era 2011. Tras ocho años en los que la Justicia del país sudamericano no ha condenado a los culpables ni ha resarcido a las víctimas, un dictamen del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas hace ahora responsable al Estado paraguayo por no prevenir la situación ni tomar medidas para la conservación de la vida y del ambiente.

El dictamen señala que Paraguay “no ejerció controles adecuados sobre actividades contaminantes ilegales” y concluye que “las fumigaciones masivas con agrotóxicos constituyen amenazas a la vida de las víctimas que eran razonablemente previsibles por el Estado parte”. Por lo tanto, declara “la violación del derecho a la vida y del derecho a la vida privada, familiar y domicilio”. El comité de la ONU llama, además, a Paraguay a acometer una investigación efectiva y exhaustiva sobre fumigaciones con agroquímicos, y le insta a sancionar a todos los responsables y reparar a las víctimas.

El uso masivo de agroquímicos que exige el cultivo extensivo de granos genéticamente modificados tiene consecuencias mortales en América del Sur. En la bautizada, popularmente, como "república unida de la soja" —Argentina, Brasil, Paraguay, Bolivia y Uruguay— se cultivan millones de hectáreas de tierra de soja transgénica que alimenta a buena parte del ganado de Europa y China. Sin embargo, su población rural —muy arraigada a su tierra y que trabaja para vender a pequeña escala— vive en situación de permanente crisis, sin acceso a servicios públicos y asediada por latifundios que incumplen las normativas ambientales, dañando su forma de vida y sus cosechas.

“Es un dictamen histórico por el reconocimiento del vínculo entre los daños severos al medioambiente y el disfrute de derechos fundamentales, civiles y políticos. Cientos de casos similares en todo el mundo podrían ser sometidos a nuestra consideración”, subraya Hélène Tigroudja, miembro del Comité.

“El Comité sienta una jurisprudencia histórica que relaciona el disfrute de los derechos humanos con la protección del medioambiente en una decisión de resonancia global”, completa, en declaraciones a EL PAÍS, el abogado paraguayo Hugo Valiente, miembro del equipo de letrados de las víctimas que presentó el caso en 2013. Es la primera vez, subraya, que un órgano aplica la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos de 2018. “Momentos así me reconcilian con el derecho en su sentido más legítimo y verdadero: el derecho como ley del más débil”, explica.

Rubén Portillo murió envenenado a los 26 años en el mismo lugar en que nació. Vivía con su compañera, su hijo y su madre cerca del río Kuairú en una de las pocas casitas sin agua corriente de Yerutí, a unos 120 kilómetros de la frontera con Brasil. La colonia de familias campesinas se formalizó en 1991 y está administrada por el Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), la institución gestora de la política de acceso a la tierra en Paraguay. Rubén nació dos años después, cuando Yerutí (paloma o canto de las aves en guaraní) era aún un paraíso natural. Unas 1.225 hectáreas fueron entonces repartidas en 93 lotes entre bosques subtropicales, esteros y arroyos. Alejados de todo, sin servicios públicos ni carreteras, pero con tierra roja y fértil para cultivar.

Durante casi 15 años, las familias trabajaron sus tierras con éxito pese a las grandes dificultades del entorno: produjeron toneladas de comida, criaron miles de animales de forma sostenible, levantaron sus escuelas e hicieron sus propios caminos. Hasta que, de pronto, en 2005 los bosques a su alrededor comenzaron a ser talados. Donde antes había una selva con árboles centenarios como el lapacho, manantiales, guaridas de armadillos y jaguares, algunas empresas brasileñas sembraron plantaciones extensivas de monocultivos mecanizados de semillas de soja transgénica.

Un oasis entre la soja

Yerutí quedó como un oasis en el medio de un desierto verde: desde allí, se mire donde se mire, las plantas de medio metro de soja se extienden hasta el horizonte. Solo a veces, la silueta de un árbol solitario queda como testimonio de la naturaleza nativa. Toda la región agrícola de Paraguay fronteriza con Brasil es hoy la zona de mayor expansión del agro-negocio. Y sigue creciendo en toda la mitad oriental del país. En 2005, justo enfrente de la chacra de Rubén plantaron un sojal de la empresa brasileña Condor. Lo fumigaban masivamente mediante lanzamiento de agrotóxicos desde tractores y avionetas, “sistemáticamente incumplieron la normativa ambiental de derecho interno”, según el dictamen de la ONU hecho público este miércoles en Ginebra (Suiza).

“Primero murieron las gallinas, no sabemos por qué. Comenzaron a enfermarse los chanchos y un tiempo después falleció mi hermano”, cuenta la hermana de Rubén Portillo, Norma, que denunció ante las autoridades el caso junto las organizaciones Base Is y la Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay (Codehupy). Rubén tenía el cuerpo lleno de llagas, su hijo también. En enero, su situación empeoró y fue llevado a un centro de salud donde fue tratado por los vómitos. Como no mejoraba, y dada su debilidad —ya ni siquiera podía mantenerse en pie— sus familiares lo llevaron al hospital, ubicado a más de cuatro horas de recorrido. Falleció en el camino.

Portillo no fue el único que enfermó: como en épocas de siembra de soja de años anteriores, otras 22 personas presentaron síntomas similares —náuseas, mareos, dolor de cabeza, fiebre, diarrea y lesiones en la piel, entre otros—, pero sobrevivieron para denunciarlo.

“Los dos caminos de tierra que conectan la colonia con la carretera principal asfaltada atraviesan grandes extensiones de cultivos, sin que ningún trecho cuente con la protección adecuada. En consecuencia, los integrantes de la comunidad que necesiten acceder a la carretera principal están expuestos a los agrotóxicos”, dice el comité independiente, compuesto por 18 expertos internacionales de la ONU.

Paraguay es el cuarto exportador de soja de América y el sexto exportador mundial del grano, según la Cámara Paraguaya de Exportadores de Cereales y Oleaginosas (Capeco). Más de un millón de toneladas de agroquímicos ingresan al país anualmente. Son fertilizantes, secantes, insecticidas y funguicidas que se aplican en más de 3 millones de hectáreas empleadas en el cultivo de soja y otros granos que el país exporta. Entre esos químicos existen varios prohibidos en el mundo por los daños que pueden provocar a la salud humana y al medioambiente, como el glifosato y el acefato, entre otros.

La Federación Nacional Campesina estima que se utilizan unos 60 millones de litros de agroquímicos al año. En este caso, según el dictamen, las empresas Cóndor, Hermanos Galhera Agrovalle del Sol y Emmerson Shimin usaron al menos dos prohibidos hace 20 años en Paraguay: Aldrin y Lindano.

“No basta con que el Estado no mate a las personas, sino que tiene que garantizarles una vida digna. El estado se decía sin competencia y el comité le ha demostrado por qué sí la tiene. El Estado, durante el proceso, dijo que era un caso aislado, pero hay muchos más. Y con esto se abren las puertas para que estos casos encuentren una respuesta”, detalla la abogada Julia Cabello. “Ahora debe haber medidas de reparación”, añade.

En Paraguay más de un millón de personas han migrado del campo a la ciudad en la última década por el aumento de los latifundios para los cultivos mecanizados, según la Federación Nacional Campesina, que calcula que se utilizan unos 60 millones de litros de agroquímicos al año para la soja. El país sudamericano tiene uno de los mayores índices mundiales de desigualdad de la tierra, un 2,5% de los propietarios son dueños de aproximadamente el 85% de la superficie cultivable, según Oxfam.

Por Santi Carneri

Asunción 16 AGO 2019 - 11:33 COT

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Los científicos de la ONU llaman a cambiar la dieta mundial con urgencia para frenar la crisis climática

El Panel Internacional de Expertos explica en su último informe que deben recortarse las emisiones de gas en la producción de alimentos que suponen el 25% del total

El documento incide en que una dieta con más vegetales y carne obtenida con sistemas que demanden menos energía tienen menor impacto climático

 

Atajar la crisis climática obliga a cambiar la manera de alimentarse. La fórmula actual de producir la comida supone casi un tercio de las emisiones gases de efecto invernadero por lo que resulta imposible contener el calentamiento global sin que el mundo –sobre todo el rico– modifique su dieta con urgencia: más vegetales y carne producida con sistemas que utilicen menos energía, según el último informe del Panel Internacional para el Cambio Climático de la ONU (IPCC) publicado este jueves.

El documento, aprobado este miércoles, viene a indicar que no basta con aplicar medidas a la producción de energía en las centrales eléctricas o los motores de los vehículos. No basta con transformarse en eólico y solar. En ocubtre de 2018, el IPCC ya avisó de que solo medidas urgentes y drásticas en la próxima década podrían evitar lo peor del cambio climático limitando el aumento de la temperatura global a 1,5ºC. Este nuevo informe añade otro paquete medidas cruciales.

Los expertos calculan que la producción de comida lanza unas 11 gigatoneladas de gases a la atmósfera. Son 11.000 millones de toneladas de gases de efecto invernadero a base de prácticas agrícolas, el cambio en el uso del suelo, el almacenamiento, transporte, procesamiento, empaquetado y consumo de los productos. La ministra en funciones de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha subrayado tras conocer el informe que el estudio indica "lo fundamental que es el suelo. Un bien precioso y escaso que ha pasado de ser un sumideros de gases a un emisor" por el uso intensivo que ha impuesto la humanidad.

Lo que va al plato

Los científicos piden variar hacia lo que llaman dietas más saludables. ¿Qué alimentos citan? Hablan de cereales, legumbres, verduras, frutos secos y semillas. También carne, pero con métodos de producción que permitan un uso "menos intensivo" de energía. Uno de los coordinadores del informe, Jim Skea, ha incidido en que ellos no recomiendan una dieta a la gente. "Señalamos que, según la evidencia científica, hay dietas que tienen una menor huella de carbono". Es decir, un impacto climático menor.

El Panel considera que estos cambios tienen el potencial para evitar que entre 1,8 y 3,5 gigatoneladas de CO2 terminen en la atmósfera. Y añaden otro aspecto: frenar el desperdicio de comida. Al tirar menos alimentos se reduce la necesidad de consumir más con lo que se rebaja la expansión de tierras dedicadas a la producción. Los científicos han calculado que un tercio de los alimentos que se producen terminan desperdiciados. Una buena proporción del efecto invernadero se crea para nada.

Factura climática de la comida

La mayoría de la superficie terrestre del planeta se dedica a producir alimentos o vestido. Hasta un 72% del suelo libre de hielo está destinado a mantener a la población. El informe explica qué implica esta presión: el incremento en la producción de comida ha acelerado el uso intensivo de la tierras. También ha obligado a aumentar la aplicación de fertilizantes a base de nitrógeno y el consumo de agua para el riego.

Todo esto ha multiplicado las emisiones. El cambio de uso de los suelos para sostener este crecimiento global ha contribuido a la cantidad de CO2 lanzado "sobre todo por la deforestación", explican. Es decir, la desaparición de árboles para dar paso a campos de cultivo o pastos para rebaños. También ha subido la cantidad de dióxido de nitrógeno emitido (NO2) por la agricultura y la de metano (CH4) por el ganado. Hasta la mitad de este gas, el de más potencia de invernadero, sale de las cabañas ganaderas.

Las medidas que ponen encima de la mesa abarcan desde la reducción en las emisiones de NO2 de los fertilizantes, la del metano de los arrozales, la mejora genética para que los cultivos soporten mejor las sequías y que el ganado tenga una mejor alimentación además de gestionar sus desechos. Le atribuyen un potencial de ahorro entre 1,4 y 4 gigatoneladas de gases al año.

El cambio climático degrada los campos

La influencia entre la obtención de comida y el cambio climático es de ida y vuelta. A medida que la temperatura crece se exacerban los daños: mayor desertificación, más degradación del suelo... Esto se traduce en peores rendimientos de las cosechas. En consecuencia un previsible encarecimiento del producto. Sus previsiones apuntan a que los precios de los cereales pudieran subir hasta un 29% para 2050.

Pero también afectará a la calidad de la misma comida ya que la mayor concentración de dióxido de carbono influirá en la composición de los nutrientes como, por ejemplo, las proteínas.

Freno a la fórmula de la bioenergía

El biodiésel a escala mundial desplaza a la comida, advierte el informe. Una de las soluciones adoptadas generalmente por los estados para cumplir con su compromisos de emisiones ha sido la apuesta por los biocarburantes. La bioenergía que se obtiene a base de cultivos como la palma o la colza. Los expertos avisan de los riesgos y aseguran que hay límites al cultivo de estas variedades. ¿Por qué? La proliferación de estas plantaciones puede suponer efectos "irreversibles" en la desertificación de la tierra.

Lo que describe el Panel es que la idea de recortar emisiones de CO2 a base de sustituir el combustible fósil por, por ejemplo, biodiésel, tiende a crear una competencia por el suelo entre los cultivos para energía y los destinados a producir variedades que alimenten a la población.

El documento incluye una advertencia: "Muchas de las respuestas toman tiempo para producir sus efectos". Piden paciencia. Sin ir más lejos, señalan que medidas como cambiar la manera de producir o variar la dieta precian un periodo de adaptación. Incluso la reforestación de la cubierta vegetal no se consigue rápidamente. Las plantas tienen que crecer.

Por Raúl Rejón

08/08/2019 - 10:00h

Publicado enMedio Ambiente
https://pacifista.tv/notas/cambie-el-cafe-por-la-hoja-de-coca-para-volverme-mas-productivo/

El título es evidentemente un homenaje a la obra, ya clásica, de don Fernando Ortiz1. La distancia es enorme, por supuesto, pero la alusión tiene, en este artículo, un propósito: contribuir a rescatar un enfoque socioeconómico que pueda ir más allá del tratamiento penal y policíaco que suele tener en Colombia el tema de la coca.

 

Aunque nos duela, la coca es una realidad innegable que tiene un peso considerable en la economía del país dentro de la cual establece numerosos vínculos: la compra de insumos para su producción, los pagos de remuneraciones a los trabajadores, la compra de bienes y servicios de consumo final por los hogares productores y las inversiones derivadas de estos ingresos. Por otra parte: uso de factores de producción provenientes del mercado nacional, ingresos distribuidos a los hogares residentes, flujos de contrabando que contribuyen al lavado de dinero y gastos en el país (consumo e inversión) por parte de dichos hogares, etc.

Y la comparación es del todo pertinente. Uno y otro son los productos agrícolas que más éxito han tenido en el mercado mundial. Cubren dos periodos sucesivos en nuestra historia económica; ambos han contribuido a edificar el orden rural; han sido determinantes en la política y forjadores de no pocos de nuestros rasgos culturales. A punto de terminar el segundo decenio del siglo XXI, la coca –ilegal– enfrenta una nueva ofensiva cuyas víctimas han de ser los campesinos, y el café – legal– vive la más profunda crisis económica desde los años noventa, con la previsible ruina de los campesinos.

La comparación aparece de cuando en cuando en los medios de comunicación, pero sólo en momentos de angustia. Por ejemplo, en El Tiempo del 13 de diciembre del año pasado podía leerse:
 
“La economía del narcotráfico movió incluso más dinero (equivalente al 5% del PIB) que sectores como el cafetero, que aportó el 1 por ciento el PIB del país el año pasado, según lo resaltó el Gobierno durante la presentación del nuevo plan integral de lucha contra las drogas al que llamó ‘Ruta Futuro”.2

El propósito escandaloso del redactor –y del Gobierno– es obvio. Se trataba de magnificar la “amenaza” en momentos en que arreciaban las presiones de los Estados Unidos. El último informe de la Unodoc3 (septiembre de 2018) señalaba que en el año 2017 se había alcanzado el mayor número de hectáreas cultivadas de todos los tiempos con un incremento de 17 por ciento respecto al año inmediatamente anterior. Pero las cifras del “volumen de negocios” que se le atribuyen al narcotráfico son puras conjeturas. Un año antes, exactamente, el gobierno recién posesionado de Duque advertía alarmado que representaba un 2 por ciento. Más nos valdría entonces tomárnoslo en serio, dejando de lado las manipulaciones políticas y las declaraciones de obediencia al amo del norte.



Algunos datos agregados sobre la economía de la coca



La investigación seria sobre la economía del narcotráfico tiene ya un cierto desarrollo en nuestro país, aunque no sea lo más publicitado. Y debe reconocerse que el Dane, en buena hora, supo desafiar el tabú y comenzó a calcular la producción de los cultivos llamados ilícitos (1994) y luego el valor agregado de las actividades de transformación para incorporarlo en las cuentas del PIB (especialmente, desde las de base 2005), si bien mediante un artilugio un tanto pudoroso que consistió en definir, para su registro, un “enclave” (“territorio virtual”) separado de la economía legal4. El Dane, desde luego, admite las dificultades para recabar la información y se limita a la producción, advirtiendo: “no se incluirá, en este ejercicio de medición económica, ni la comercialización de dichos productos ni los flujos de capital asociados, a pesar de su importancia, pero ateniéndose a reglas de prudencia”5.

Para empezar habría, pues, que aclarar que son varias las etapas, o eslabones, de la cadena de valor de la cocaína. Si hablamos de los ingresos o rentas de narcotráfico el mayor componente, desde luego, lo representa la exportación propiamente dicha.  Es el componente de más difícil cálculo. Podría deducirse de las toneladas producidas menos las incautadas, evaluadas a un precio promedio, pero no deja de ser una estimación arriesgada. Y esto, suponiendo que los traficantes colombianos no se encargan del transporte y distribución en el exterior. -el valor del producto total, desde un punto de vista mundial, es decir desde su salida del territorio hasta su distribución dentro de los países consumidores significa un cálculo de mayor complejidad y numerosos supuestos-.

Ahora bien, la estimación del ingreso neto de nuestros narcotraficantes, y de la parte que se reintroduce al país, que implicaría, entre otras cosas, una cuantificación del lavado de activos, implica una gran investigación. En fin, esto que se llama “el negocio del narcotráfico” no es para improvisar cifras, así sepamos con toda certeza que es un dinero que se irriga en todo el país y que, por cierto, se mueve dentro del sector financiero. En cambio, podemos tener algunos indicadores agregados más confiables en lo que se refiere a la producción en Colombia.

Las etapas básicas o eslabones son, entonces, los siguientes: i) cultivo y cosecha de la hoja de coca, ii) transformación primaria de la hoja en pasta y base de coca, iii) transformación en clorhidrato de cocaína, iv) tráfico mayorista del producto hacia las costas y fronteras nacionales. Una investigación al respecto que se hizo en 2010 y ha tenido merecido reconocimiento es la de Daniel Mejía y Daniel Rico de la U. de los Andes6. Los autores, con base en datos de 2008 concluyen que la producción y el tráfico de cocaína podían llegar, en conjunto, a 13.6 billones de pesos, es decir, un 2.3 por ciento del PIB. Y esto, suponiendo un total de 100.000 hectáreas cultivadas y una producción de clorhidrato de cocaína, para ese año, de 642 toneladas7. Curiosamente, en 2016, a pesar del crecimiento sostenido en el número de hectáreas cultivadas y en las toneladas de base producidas, que se inició en 2013 y tuvo un gran salto precisamente en ese año, se estaba estimando un valor de 10.3 billones de pesos es decir cerca del 1.2 por ciento del PIB8.



De la microeconomía a los territorios



Lo más interesante del estudio que se acaba de citar es, sin embargo, el cálculo de la distribución del valor agregado entre las diferentes etapas, a partir de un análisis detallado de diferentes escenarios de producción y transformación. Se demuestra allí, de manera contundente, que a la etapa del tráfico le corresponde el 71 por ciento, mientras que a la producción de la hoja tan sólo el 9 por ciento. (Ver Tabla). Téngase en cuenta que en esta etapa se calcula que estarían involucradas unas 166.000 familias.  

Distribución del valor agregado, 2008

Etapa Pesos Porcentaje
Tráfico de cocaína 9.6 billones 71
Cocaína 2.0 billones15
Base de coca0.8 billones5
Hoja de coca 1.2 billones9
 13.6 billones100


Fuente: Mejía, D. y D. Rico, “La microeconomía de la producción y el tráfico de cocaína en Colombia”.

Es un enfoque que se utiliza desde entonces en diferentes estudios. Cabe destacar que el Informe anual de Unodoc ofrece una rica información con un detalle similar, con la particularidad de que profundiza en el análisis del impacto territorial. En el Informe correspondiente a 2017, publicado en septiembre de 2018, se presentan algunas particularidades además de la continuación del crecimiento en el número de hectáreas sembradas y en la cantidad de cocaína la cual alcanzaría un total de 1.379 toneladas9. Algunas son las siguientes: los departamentos de Antioquia, Putumayo, Norte de Santander y Cauca muestran el mayor aumento en el área de cultivo, pero el departamento de Nariño y el municipio de Tumaco continúan siendo las zonas con más coca en el país. La concentración territorial sigue siendo evidente; el 44 por ciento de la coca se produce en diez municipios.

En cuanto a la dinámica, la verdad es que el 80 por ciento de la coca se encuentra en las mismas zonas en las que ha estado durante los últimos 10 años. Si bien el 34 por ciento está en áreas que en 2014 eran bosque no puede asociarse directamente con una deforestación pues no se descarta que el territorio haya tenido otros usos previamente. El 33 por ciento de los cultivos de coca se ubica en zonas a más de 10 kilómetros de centros poblados y el 16 por ciento de la coca está a menos de 10 kilómetros de una frontera. Las fronteras con Venezuela y Ecuador son las más afectadas.

Como era de suponerse, el crecimiento de la oferta acarrea un descenso de los precios, aunque el propio Informe sugiere otras causas que operarían de manera diferente según regiones. En todo caso, en promedios, de un año a otro, según este reporte, los precios de la hoja de coca fresca, la pasta básica y el clorhidrato de cocaína cayeron 28, 14 y 11 por ciento, respectivamente.

Aquí habría que tener en cuenta algunas variaciones en el esquema de los negocios. En relación con las primeras etapas de producción y transformación, el informe sostiene que hoy en día es mayor la proporción de productores que adelantan la transformación (pasta básica) en la propia finca. La producción de la base (a veces no es fácil establecer la diferencia) de todas maneras se hace en la misma zona, con lo cual queda la duda de si más bien existen intermediarios locales (vecinos) que se encargan de la transformación básica, es decir que los ingresos que llegan a los cultivadores propiamente serían cada vez menores. No sorprendería que fuese mucho menos que el 9 por ciento que se había estimado. También se registra un incremento del número de hogares aunque, a diferencia del cálculo de Mejía de diez años antes, la estimación aquí no supera las 120.000 familias. Por último ha de mencionarse que, al parecer, ha habido un cambio en la variedad y dinámica de los compradores de la base con la que se abastecen los laboratorios que son de diversos tipos, repartidos en todo el territorio e incluso en otros países. Se destaca el caso de mafias extranjeras que compran directamente la base.



La transparencia de la información cafetera

Los datos básicos referentes al sector cafetero son bien conocidos y solamente vamos a recordar algunos, a título de comparación.

(Año/sept) Área cultivada (Miles de Has.) Valor de la producción (Billones de pesos)
2016931,75 7.1
2017 903,957.5
2018 877,146.2

Fuente: Federación Nacional de Cafeteros.



Así, el cálculo de la producción nos llevaría a una participación en el PIB que estaría alrededor de 0.7 por ciento. El valor del “negocio” en su conjunto es, por supuesto, mayor que el de la producción. Contempla las actividades del procesamiento, de la exportación y la comercialización para consumo interno. Teniendo en cuenta que la institucionalidad cafetera asegura la compra del café a los productores a un precio de garantía (a veces con subsidio estatal), al igual que asistencia técnica, incluida la renovación de los cafetos y el desarrollo de nuevas variedades. Obviamente, si se quiere comparar de manera rigurosa con el PIB, habría que deducir el valor agregado en cada etapa. En todo caso, no hay muchas cosas ocultas en esta información.

Para lo que nos ocupa, es interesante resaltar que generalmente se habla de un número aproximado de 500.000 familias involucradas en las actividades del sector. En cuanto a la distribución territorial de los cultivos, el contraste con la coca es ostensible. Se encuentra en diez departamentos, pudiendo exceptuarse por su escasa representatividad Bolívar, Caquetá, Casanare, Chocó, Guajira, Meta y hasta hace poco Putumayo. El eje tradicional, Antioquia, Caldas, Quindío, Risaralda, Santander, Tolima y Valle representa todavía el 54 por ciento del área cultivada. Y se destacan por su avance en los últimos diez años Huila, Cauca y Nariño, al contrario de Cundinamarca y Norte de Santander que son cafeteros pero pierden importancia en el mismo periodo.


Como se ve, pudiera decirse que los territorios cafeteros no coinciden con los de la coca, con algunas notables excepciones. Lo más significativo, sin embargo, consiste en que mientras las zonas cafeteras se articulan a centros urbanos de mediana y gran importancia y cuentan con vías de transporte (a pesar de las múltiples quejas de los últimos tiempos) lo mismo que con infraestructuras de servicios públicos, las zonas coqueras, como se señaló anteriormente, se definen precisamente por su existencia marginal. Es por eso que la incidencia de la pobreza, o mejor, la miseria, en estas últimas, es enorme y persistente.



Una conclusión preliminar


Son dos caras contrapuestas de nuestro mundo rural. Dos historias casi gemelas pero de signo contrario. El mismo modelo de monocultivo para la exportación ha llevado a resultados socioeconómicos contrapuestos. Pero no se crea que depende exclusivamente de la disyuntiva legalidad-ilegalidad. La historia del café (y la colonización asociada) difícilmente puede repetirse en espacios y tiempos diferentes. Las condiciones con que hoy cuenta son el resultado de esta larga historia. Sin embargo, la legalización probablemente llevaría al fin de la agricultura cocalera porque es el sobreprecio de la ilegalidad el que asegura su viabilidad.
Por ello, en las condiciones que tienen actualmente, es casi imposible encontrar otro monocultivo de exportación que pudiera desarrollarse en esos territorios. Ni siquiera el café. Es por eso ilusorio el intercambio que parecería encontrarse en las notables excepciones mencionadas antes. Es cierto que en algunos programas de sustitución voluntaria de los cultivos ilícitos los campesinos han recurrido al café, como en el Putumayo, pero también se ha denunciado que, ante la crisis, producida el año pasado por el descenso del precio mundial, hay cafeteros que han decidido cambiarse a la coca, particularmente en el norte del Cauca y el sur del Valle10.   

La verdad es que el café se encuentra hoy en día en una encrucijada difícil de superar. Es la característica de este tipo de productos cuya dependencia del mercado mundial los hace particularmente vulnerables a fluctuaciones, agudas e imprevisibles, con funestas implicaciones económicas y sociales. La única solución, en ambos casos, sólo puede resultar de una transformación radical de la economía agraria y el mundo rural.

1    Ortiz, F. “Contrapunteo cubano del tabaco y el azúcar” (1940) Biblioteca Ayacucho, Caracas, Venezuela, 1987
2    El Tiempo, 13 de diciembre, 2018. Consultado, 9 de julio de 2019 en mwww.eltiempo.com/justicia/conflicto-y-narcotrafico/ingresos-del-narcotrafico
3    Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
4    Dane, Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales, “Enclave: cultivos ilícitos fases agrícola e industrial. Base 2005 serie 2000-2010pr” Octubre de 2011, Bogotá.
5    Ibídem., p. 5.
6    Mejía, D. y D. Rico, “La microeconomía de la producción y el tráfico de cocaína en Colombia” En: “Drogas ilícitas en Colombia”. Cede, U. de los Andes. Bogotá, 2010
7    Los autores toman en cuenta los datos presentados por la Unodoc pero también las de la Oficina Nacional del Control de Drogas de los Estados Unidos (Ondcp) que siempre difieren tanto en número de hectáreas como en productividad estimada y número de toneladas de coca. Por ejemplo en el último Reporte, correspondiente a 2017, UNODOC registra 171.000 hectáreas sembradas y ONDCP, 209.000 hectáreas.
8    La República, 15 de septiembre de 2017. Consultado el 9 de julio de 2019 www.larepublica.co/economia/el-negocio-del-narcotrafico. La noticia se apoya en estimaciones del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas de la Universidad de Los Andes.  
9    Sistema integrado de monitoreo de cultivos ilícitos en Colombia (Simci) Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODOC). Informe de Monitoreo, 2017. Bogotá, 2018
10    Declaraciones del gerente de la Federación de Cafeteros, Portafolio, septiembre 18 de 2018 www.portafolio.co/economia/bajos-precios-del-cafe-llevan-a-algunos-agricultores-a-sembrar-coca-521276. Consultado el 9 de julio de 2019

 

 

Publicado enColombia
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El título es evidentemente un homenaje a la obra, ya clásica, de don Fernando Ortiz1. La distancia es enorme, por supuesto, pero la alusión tiene, en este artículo, un propósito: contribuir a rescatar un enfoque socioeconómico que pueda ir más allá del tratamiento penal y policíaco que suele tener en Colombia el tema de la coca.

 

Aunque nos duela, la coca es una realidad innegable que tiene un peso considerable en la economía del país dentro de la cual establece numerosos vínculos: la compra de insumos para su producción, los pagos de remuneraciones a los trabajadores, la compra de bienes y servicios de consumo final por los hogares productores y las inversiones derivadas de estos ingresos. Por otra parte: uso de factores de producción provenientes del mercado nacional, ingresos distribuidos a los hogares residentes, flujos de contrabando que contribuyen al lavado de dinero y gastos en el país (consumo e inversión) por parte de dichos hogares, etc.

Y la comparación es del todo pertinente. Uno y otro son los productos agrícolas que más éxito han tenido en el mercado mundial. Cubren dos periodos sucesivos en nuestra historia económica; ambos han contribuido a edificar el orden rural; han sido determinantes en la política y forjadores de no pocos de nuestros rasgos culturales. A punto de terminar el segundo decenio del siglo XXI, la coca –ilegal– enfrenta una nueva ofensiva cuyas víctimas han de ser los campesinos, y el café – legal– vive la más profunda crisis económica desde los años noventa, con la previsible ruina de los campesinos.

La comparación aparece de cuando en cuando en los medios de comunicación, pero sólo en momentos de angustia. Por ejemplo, en El Tiempo del 13 de diciembre del año pasado podía leerse:
 
“La economía del narcotráfico movió incluso más dinero (equivalente al 5% del PIB) que sectores como el cafetero, que aportó el 1 por ciento el PIB del país el año pasado, según lo resaltó el Gobierno durante la presentación del nuevo plan integral de lucha contra las drogas al que llamó ‘Ruta Futuro”.2

El propósito escandaloso del redactor –y del Gobierno– es obvio. Se trataba de magnificar la “amenaza” en momentos en que arreciaban las presiones de los Estados Unidos. El último informe de la Unodoc3 (septiembre de 2018) señalaba que en el año 2017 se había alcanzado el mayor número de hectáreas cultivadas de todos los tiempos con un incremento de 17 por ciento respecto al año inmediatamente anterior. Pero las cifras del “volumen de negocios” que se le atribuyen al narcotráfico son puras conjeturas. Un año antes, exactamente, el gobierno recién posesionado de Duque advertía alarmado que representaba un 2 por ciento. Más nos valdría entonces tomárnoslo en serio, dejando de lado las manipulaciones políticas y las declaraciones de obediencia al amo del norte.



Algunos datos agregados sobre la economía de la coca



La investigación seria sobre la economía del narcotráfico tiene ya un cierto desarrollo en nuestro país, aunque no sea lo más publicitado. Y debe reconocerse que el Dane, en buena hora, supo desafiar el tabú y comenzó a calcular la producción de los cultivos llamados ilícitos (1994) y luego el valor agregado de las actividades de transformación para incorporarlo en las cuentas del PIB (especialmente, desde las de base 2005), si bien mediante un artilugio un tanto pudoroso que consistió en definir, para su registro, un “enclave” (“territorio virtual”) separado de la economía legal4. El Dane, desde luego, admite las dificultades para recabar la información y se limita a la producción, advirtiendo: “no se incluirá, en este ejercicio de medición económica, ni la comercialización de dichos productos ni los flujos de capital asociados, a pesar de su importancia, pero ateniéndose a reglas de prudencia”5.

Para empezar habría, pues, que aclarar que son varias las etapas, o eslabones, de la cadena de valor de la cocaína. Si hablamos de los ingresos o rentas de narcotráfico el mayor componente, desde luego, lo representa la exportación propiamente dicha.  Es el componente de más difícil cálculo. Podría deducirse de las toneladas producidas menos las incautadas, evaluadas a un precio promedio, pero no deja de ser una estimación arriesgada. Y esto, suponiendo que los traficantes colombianos no se encargan del transporte y distribución en el exterior. -el valor del producto total, desde un punto de vista mundial, es decir desde su salida del territorio hasta su distribución dentro de los países consumidores significa un cálculo de mayor complejidad y numerosos supuestos-.

Ahora bien, la estimación del ingreso neto de nuestros narcotraficantes, y de la parte que se reintroduce al país, que implicaría, entre otras cosas, una cuantificación del lavado de activos, implica una gran investigación. En fin, esto que se llama “el negocio del narcotráfico” no es para improvisar cifras, así sepamos con toda certeza que es un dinero que se irriga en todo el país y que, por cierto, se mueve dentro del sector financiero. En cambio, podemos tener algunos indicadores agregados más confiables en lo que se refiere a la producción en Colombia.

Las etapas básicas o eslabones son, entonces, los siguientes: i) cultivo y cosecha de la hoja de coca, ii) transformación primaria de la hoja en pasta y base de coca, iii) transformación en clorhidrato de cocaína, iv) tráfico mayorista del producto hacia las costas y fronteras nacionales. Una investigación al respecto que se hizo en 2010 y ha tenido merecido reconocimiento es la de Daniel Mejía y Daniel Rico de la U. de los Andes6. Los autores, con base en datos de 2008 concluyen que la producción y el tráfico de cocaína podían llegar, en conjunto, a 13.6 billones de pesos, es decir, un 2.3 por ciento del PIB. Y esto, suponiendo un total de 100.000 hectáreas cultivadas y una producción de clorhidrato de cocaína, para ese año, de 642 toneladas7. Curiosamente, en 2016, a pesar del crecimiento sostenido en el número de hectáreas cultivadas y en las toneladas de base producidas, que se inició en 2013 y tuvo un gran salto precisamente en ese año, se estaba estimando un valor de 10.3 billones de pesos es decir cerca del 1.2 por ciento del PIB8.



De la microeconomía a los territorios



Lo más interesante del estudio que se acaba de citar es, sin embargo, el cálculo de la distribución del valor agregado entre las diferentes etapas, a partir de un análisis detallado de diferentes escenarios de producción y transformación. Se demuestra allí, de manera contundente, que a la etapa del tráfico le corresponde el 71 por ciento, mientras que a la producción de la hoja tan sólo el 9 por ciento. (Ver Tabla). Téngase en cuenta que en esta etapa se calcula que estarían involucradas unas 166.000 familias.  

Distribución del valor agregado, 2008

Etapa Pesos Porcentaje
Tráfico de cocaína 9.6 billones 71
Cocaína 2.0 billones15
Base de coca0.8 billones5
Hoja de coca 1.2 billones9
 13.6 billones100


Fuente: Mejía, D. y D. Rico, “La microeconomía de la producción y el tráfico de cocaína en Colombia”.

Es un enfoque que se utiliza desde entonces en diferentes estudios. Cabe destacar que el Informe anual de Unodoc ofrece una rica información con un detalle similar, con la particularidad de que profundiza en el análisis del impacto territorial. En el Informe correspondiente a 2017, publicado en septiembre de 2018, se presentan algunas particularidades además de la continuación del crecimiento en el número de hectáreas sembradas y en la cantidad de cocaína la cual alcanzaría un total de 1.379 toneladas9. Algunas son las siguientes: los departamentos de Antioquia, Putumayo, Norte de Santander y Cauca muestran el mayor aumento en el área de cultivo, pero el departamento de Nariño y el municipio de Tumaco continúan siendo las zonas con más coca en el país. La concentración territorial sigue siendo evidente; el 44 por ciento de la coca se produce en diez municipios.

En cuanto a la dinámica, la verdad es que el 80 por ciento de la coca se encuentra en las mismas zonas en las que ha estado durante los últimos 10 años. Si bien el 34 por ciento está en áreas que en 2014 eran bosque no puede asociarse directamente con una deforestación pues no se descarta que el territorio haya tenido otros usos previamente. El 33 por ciento de los cultivos de coca se ubica en zonas a más de 10 kilómetros de centros poblados y el 16 por ciento de la coca está a menos de 10 kilómetros de una frontera. Las fronteras con Venezuela y Ecuador son las más afectadas.

Como era de suponerse, el crecimiento de la oferta acarrea un descenso de los precios, aunque el propio Informe sugiere otras causas que operarían de manera diferente según regiones. En todo caso, en promedios, de un año a otro, según este reporte, los precios de la hoja de coca fresca, la pasta básica y el clorhidrato de cocaína cayeron 28, 14 y 11 por ciento, respectivamente.

Aquí habría que tener en cuenta algunas variaciones en el esquema de los negocios. En relación con las primeras etapas de producción y transformación, el informe sostiene que hoy en día es mayor la proporción de productores que adelantan la transformación (pasta básica) en la propia finca. La producción de la base (a veces no es fácil establecer la diferencia) de todas maneras se hace en la misma zona, con lo cual queda la duda de si más bien existen intermediarios locales (vecinos) que se encargan de la transformación básica, es decir que los ingresos que llegan a los cultivadores propiamente serían cada vez menores. No sorprendería que fuese mucho menos que el 9 por ciento que se había estimado. También se registra un incremento del número de hogares aunque, a diferencia del cálculo de Mejía de diez años antes, la estimación aquí no supera las 120.000 familias. Por último ha de mencionarse que, al parecer, ha habido un cambio en la variedad y dinámica de los compradores de la base con la que se abastecen los laboratorios que son de diversos tipos, repartidos en todo el territorio e incluso en otros países. Se destaca el caso de mafias extranjeras que compran directamente la base.



La transparencia de la información cafetera

Los datos básicos referentes al sector cafetero son bien conocidos y solamente vamos a recordar algunos, a título de comparación.

(Año/sept) Área cultivada (Miles de Has.)  Valor de la producción (Billones de pesos)
2016931,75 7.1
2017 903,957.5
2018 877,146.2

Fuente: Federación Nacional de Cafeteros.



Así, el cálculo de la producción nos llevaría a una participación en el PIB que estaría alrededor de 0.7 por ciento. El valor del “negocio” en su conjunto es, por supuesto, mayor que el de la producción. Contempla las actividades del procesamiento, de la exportación y la comercialización para consumo interno. Teniendo en cuenta que la institucionalidad cafetera asegura la compra del café a los productores a un precio de garantía (a veces con subsidio estatal), al igual que asistencia técnica, incluida la renovación de los cafetos y el desarrollo de nuevas variedades. Obviamente, si se quiere comparar de manera rigurosa con el PIB, habría que deducir el valor agregado en cada etapa. En todo caso, no hay muchas cosas ocultas en esta información.

Para lo que nos ocupa, es interesante resaltar que generalmente se habla de un número aproximado de 500.000 familias involucradas en las actividades del sector. En cuanto a la distribución territorial de los cultivos, el contraste con la coca es ostensible. Se encuentra en diez departamentos, pudiendo exceptuarse por su escasa representatividad Bolívar, Caquetá, Casanare, Chocó, Guajira, Meta y hasta hace poco Putumayo. El eje tradicional, Antioquia, Caldas, Quindío, Risaralda, Santander, Tolima y Valle representa todavía el 54 por ciento del área cultivada. Y se destacan por su avance en los últimos diez años Huila, Cauca y Nariño, al contrario de Cundinamarca y Norte de Santander que son cafeteros pero pierden importancia en el mismo periodo.


Como se ve, pudiera decirse que los territorios cafeteros no coinciden con los de la coca, con algunas notables excepciones. Lo más significativo, sin embargo, consiste en que mientras las zonas cafeteras se articulan a centros urbanos de mediana y gran importancia y cuentan con vías de transporte (a pesar de las múltiples quejas de los últimos tiempos) lo mismo que con infraestructuras de servicios públicos, las zonas coqueras, como se señaló anteriormente, se definen precisamente por su existencia marginal. Es por eso que la incidencia de la pobreza, o mejor, la miseria, en estas últimas, es enorme y persistente.



Una conclusión preliminar


Son dos caras contrapuestas de nuestro mundo rural. Dos historias casi gemelas pero de signo contrario. El mismo modelo de monocultivo para la exportación ha llevado a resultados socioeconómicos contrapuestos. Pero no se crea que depende exclusivamente de la disyuntiva legalidad-ilegalidad. La historia del café (y la colonización asociada) difícilmente puede repetirse en espacios y tiempos diferentes. Las condiciones con que hoy cuenta son el resultado de esta larga historia. Sin embargo, la legalización probablemente llevaría al fin de la agricultura cocalera porque es el sobreprecio de la ilegalidad el que asegura su viabilidad.
Por ello, en las condiciones que tienen actualmente, es casi imposible encontrar otro monocultivo de exportación que pudiera desarrollarse en esos territorios. Ni siquiera el café. Es por eso ilusorio el intercambio que parecería encontrarse en las notables excepciones mencionadas antes. Es cierto que en algunos programas de sustitución voluntaria de los cultivos ilícitos los campesinos han recurrido al café, como en el Putumayo, pero también se ha denunciado que, ante la crisis, producida el año pasado por el descenso del precio mundial, hay cafeteros que han decidido cambiarse a la coca, particularmente en el norte del Cauca y el sur del Valle10.   

La verdad es que el café se encuentra hoy en día en una encrucijada difícil de superar. Es la característica de este tipo de productos cuya dependencia del mercado mundial los hace particularmente vulnerables a fluctuaciones, agudas e imprevisibles, con funestas implicaciones económicas y sociales. La única solución, en ambos casos, sólo puede resultar de una transformación radical de la economía agraria y el mundo rural.

1    Ortiz, F. “Contrapunteo cubano del tabaco y el azúcar” (1940) Biblioteca Ayacucho, Caracas, Venezuela, 1987
2    El Tiempo, 13 de diciembre, 2018. Consultado, 9 de julio de 2019 en mwww.eltiempo.com/justicia/conflicto-y-narcotrafico/ingresos-del-narcotrafico
3    Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
4    Dane, Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales, “Enclave: cultivos ilícitos fases agrícola e industrial. Base 2005 serie 2000-2010pr” Octubre de 2011, Bogotá.
5    Ibídem., p. 5.
6    Mejía, D. y D. Rico, “La microeconomía de la producción y el tráfico de cocaína en Colombia” En: “Drogas ilícitas en Colombia”. Cede, U. de los Andes. Bogotá, 2010
7    Los autores toman en cuenta los datos presentados por la Unodoc pero también las de la Oficina Nacional del Control de Drogas de los Estados Unidos (Ondcp) que siempre difieren tanto en número de hectáreas como en productividad estimada y número de toneladas de coca. Por ejemplo en el último Reporte, correspondiente a 2017, UNODOC registra 171.000 hectáreas sembradas y ONDCP, 209.000 hectáreas.
8    La República, 15 de septiembre de 2017. Consultado el 9 de julio de 2019 www.larepublica.co/economia/el-negocio-del-narcotrafico. La noticia se apoya en estimaciones del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas de la Universidad de Los Andes.  
9    Sistema integrado de monitoreo de cultivos ilícitos en Colombia (Simci) Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODOC). Informe de Monitoreo, 2017. Bogotá, 2018
10    Declaraciones del gerente de la Federación de Cafeteros, Portafolio, septiembre 18 de 2018 www.portafolio.co/economia/bajos-precios-del-cafe-llevan-a-algunos-agricultores-a-sembrar-coca-521276. Consultado el 9 de julio de 2019

 

 

Publicado enEdición Nº259
Glifosato, transgénicos y un experimento a cielo abierto

El herbicida más usado del mundo acumula denuncias y condenas millonarias en Estados Unidos. La multinacional Bayer (que compró Monsanto en 2018) con futuro incierto. Sentencias en Argentina, empresarios que proponen cerrar escuelas (para poder sembrar transgénicos), la ONU cuestiona el modelo y campesinos muestran que otro modelo es posible (y necesario).


“El glifosato es como agua con sal”. Lino Barañao, Ministro de Ciencia de Argentina.


“La ignorancia no mata, solo hace sufrir”, Jorge Gattini, ministro de Agricultura de Paraguay (en referencia a los campesinos que denuncian las fumigaciones con agrotóxicos).
«Es un herbicida de clase menos tóxica. Los humanos podrían incluso beber y no morir porque no tenemos la vía metabólica de las plantas. Además, es biodegradable en el suelo». Edilson Paiva, presidente de la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad (Ctnbio) de Brasil.


El herbicida glifosato, el más utilizado del agronegocio, ha tenido las defensas más insólitas de los gobiernos pro transgénicos, desde funcionarios hasta periodistas.
Cientos de estudios científicos, fallos judiciales y, sobre todos, miles de afectados por fumigaciones son la prueba de los efectos del herbicida.


Patria grande transgénica


Sólo diez países del mundo concentran el 98 por ciento de los cultivos transgénicos (con uso de agrotóxicos): Estados Unidos, Brasil, Argentina, Canadá, India, China, Pakistán, Paraguay, Sudáfrica y Bolivia(1). Cuatro de ellos de América Latina y, junto a Uruguay, forman lo que la multinacional Syngenta llamó en una publicidad corporativa (2003) “la república unida de la soja”.


La patria grande sojera cuenta con 47 millones de hectáreas con soja transgénica(2). Abarca:


– El 66 por ciento de la tierra cultivada de Paraguay.
– El 52 por ciento de Argentina.
– El 35 por ciento de la tierra cultiva de Brasil.
– El 30 por ciento por ciento de Uruguay.
– El 24 por ciento de Bolivia.


Uno de los argumentos centrales de las empresas transgénicas era que, con las semillas modificadas genéticamente, se utilizarían menos químicos.
En Argentina, según datos oficiales del INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria), en 1995 se utilizaron 42 millones de litros de herbicidas. En 1996 se aprobó la primera soja transgénica (de Monsanto) y el crecimiento del uso de herbicidas fue geométrico: 252 millones de litros en 2011 (último año publicado por el INTA). El glifosato es el principal herbicida utilizado. En 2016, datos de la Casafe (Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes) llegó a 290 millones de litros anuales.

El aumento del uso no se corresponde con el aumento de la superficie, sino con la necesidad de aumentar la cantidad por hectárea. El mismo INTA reconoce que en la década del 90 se utilizaba 1,95 litros por hectáreas. En la campaña agrícola 2011/2012 llegó a utilizarse nueve litros por hectárea. Se debe a la aparición de “malezas”, plantas no deseadas que crearon resistencia al glifosato. Por lo cual los productores utilizan cada vez más cantidad y además mezcla de venenos (2-4D y paraquat, entre otros)

.
Negar la realidad


“No pueden ocultar la realidad. Quieren tapar el sol con la mano”, explicó el científico Andrés Carrasco en 2009. Jefe del laboratorio de Embriología Molecular, ex presidente del Conicet (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas), confirmó en laboratorio que el glifosato producía malformaciones en embriones anfibios y alertó que era traspolable a humanos.


Sufrió una campaña de desprestigio mediática y política. El periodista Matías Longoni, desde Clarín, llamó “supuesto estudio” al trabajo de Carrasco. Puso en duda su existencia y la reputación de unos de los mayores embriólogos de Argentina. “La industria agrícola se puso en alerta. Las cámaras Casafe y Ciafa aclararon que el glifosato ‘está clasificado en la categoría de menor riesgo toxicológico’. En voz baja, el sector asegura que se trata de una nueva ofensiva oficial para ‘demonizar’ a los productores de soja”, escribió el periodista que cubrió el tema agro durante 18 años en Clarín, que rara vez cuestiona las consecuencias del agronegocios y funciona como agencia de prensa de las compañías del agro.


El diario La Nación también apuntó contra Carrasco y, al igual que los “periodistas del agro”, salieron en defensa del glifosato, los transgénicos (y de las empresas que los venden y, casualidad, pautan en esos medios).


El 27 de noviembre 2017, ya desde su pyme periodística “Bichos de campo”, repleta de publicidades de las empresas de agrotóxicos, Longoni celebró: “¡Larga vida al glifosato! O mejor, un poco más de vida al glifosato. Los alemanes, cuando quieren, golean. Lo hicieron con Brasil en el mundial de fútbol y ahora lo hacen con Francia, en la disputa dentro de la Unión Europea (UE) por prohibir o prorrogar la vida útil del controvertida herbicida glifosato. La votación para decidir si se renovaba la licencia del producto fue ganada, una vez que los alemanes se decidieron a jugar, por 18 a 9.”.


Desde el sector político, la defensa al glifosato fue (y es) encabezada por Lino Barañao, ministro de Ciencia durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y titular de la cartera con Mauricio Macri. En 2009 descalificó a Carrasco desde el programa de TV de Héctor Huergo, uno de los mayores lobbistas del agronegocio (director del suplemento Clarín Rural) y desde el Congreso de Aapresid (Asociación de Productores de Siembra Directa). “El glifosato es como agua con sal”, señaló en un entrevista en la Radio AM 530, de las Madres de Plaza de Mayo. Ningún funcionario kirchnerista lo cuestionó.


A fines de 2015, días previo a asumir como ministro de Ciencia de Mauricio Macri, volvió a defender el uso de químicos, con un argumento poco científico: “Con los antibióticos también hay mal uso y muertes, y nadie se queja”.


Carrasco falleció en mayo de 2014 y dejó la mejor definición para el glifosato y los transgénicos: “Es un experimento masivo a cielo abierto”.


El relato transgénico


Acto 1. El agroquímico (en este caso el glifosato, en la década del 60 fue el insecticida DDT) no afecta la salud ni el ambiente.
Acto 2. No hay pruebas científicas.
Acto 3. La pruebas científicas no son concluyentes o “existen dos bibliotecas” (a favor y en contra).
Acto 4. Son nocivos pero si se utilizan bien no hay riesgos (en ese momento proponen soluciones técnicas para su uso, hoy llamadas “buenas prácticas agrícolas”).
Acto 5. Reemplazo de ese químico por otro (y vuelta al “acto 1”).


El agronegocio utiliza la misma estrategia que las tabacaleras (durante décadas negaron que producían cáncer) y que las petroleras (durante medio siglo negaron el cambio climático).


El teatro del agronegocio se monta sobre un mito principal: los transgénicos son necesarios para alimentar la creciente población mundial. Argumento desmentido incluso por la propia FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura), espacio que apoyó el avance transgénico en el mundo. El hambre del mundo no se debe a la falta de alimentos, sino a su injusta distribución.


“Paren de fumigar”


En los primeros años de la década del 2000 nació en Argentina la “Campaña Paren de Fumigar”, espacio de referencia en la producción de material y debates sobre el impacto sanitario de los agroquímicos. Asambleas, charlas, movilizaciones y todas las acciones imaginables para proteger la salud de la población. En decenas de localidades lograron ordenanzas que limitan las fumigaciones y, en otras impulsaron la vía judicial.


La ONG Naturaleza de Derechos(3) sistematizó los fallos que frenan las fumigaciones con agrotóxicos:


2003. Loma Senés (Formosa).
2008. Alberti (Buenos Aires) e Ituzaingó Anexo (Córdoba).
2009. San Jorge (Santa Fe) y Alberti (Buenos Aires).
2010. La Leonesa y Las Palmas (Chaco). Alberti (Buenos Aires).
2011. Las Antillas (Salta).
2012. Alberti (Buenos Aires) e Ituzaingó Anexo (Córdoba).
2013. Alberti y Mar del Plata (Buenos Aires), Merlo (San Luis).
2014. Paraná (Entre Ríos), Coronel Suárez y Mar del Plata (Buenos Aires).
2015. Guernica (Buenos Aires) y Totoras (Santa Fe).
2016. Alberti (Buenos Aires) y Piamonte (Santa Fe).
2017. Santa Ana (Entre Ríos).
2018. Entre Ríos y Chascomús (Buenos Aires)
2019. Pergamino y Exaltación de la Cruz (Buenos Aires) y Entre Ríos.


Jueces y fiscales tienen herramientas para frenar las fumigaciones, sobre todo la Ley General del Ambiente (25.675), donde se establece el “principio precautorio”: “Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del medio ambiente”.


Estados Unidos


La multinacional Bayer compró Monsanto en 2018 por 63.000 millones de dólares. Se transformó así en la mayor empresa de semillas transgénicas y agrotóxicos del mundo.
Su primer anunció fue que desaparecería el nombre de Monsanto (aunque seguirá comercializando todos sus productos) y comenzó una campaña publicitaria para mejorar su imagen. Utiliza los mismos argumentos que Monsanto para aumentar sus ventas de agroquímicos: niega los cientos de estudios independientes que confirman los efectos en la salud.
La Coordinación Contra los Peligros de Bayer es una red europea de organizaciones y activistas que difunden denuncias sobre el accionar de la compañía, tanto en su aspecto farmacéutico como del agronegocio. «El modelo de negocio de Bayer y Monsanto carece de escrúpulos. Ambos obtienen sus beneficios con pesticidas y técnicas de manipulación genética, dañan la salud de agricultores y consumidores, alteran el clima, destruyen la biodiversidad y ponen en peligro las bases de la alimentación y subsistencia de las generaciones futuras. Bayer, al fusionarse con Monsanto, potencia este amenazador modelo de negocio y busca aumentar los beneficios de sus grandes accionistas a costa de la gente y la naturaleza», afirmó la organización.


Bayer cuenta con nuevo eslogan: «Ciencia para una vida mejor».


En agosto de 2018, en Estados Unidos, se dio la primera condena contra Monsanto-Bayer. Dewayne Johnson fue indemnizado con 78 millones de dólares por contraer cáncer al utilizar glifosato en su trabajo como jardinero.


El 27 de marzo de 2019, un jurado de California condenó a la empresa a pagar80 millones de dólares por «negligencia», al haber ocultado los riesgos de su herbicida Roundup (marca comercial del glifosato de Monsanto). La demanda fue presentada por Edwin Hardeman, un jubilado de la ciudad de Sonoma. Fue la segunda parte del juicio. En la primera, diez días antes, se había concluido que el agrotóxico fue un «factor determinante» en el Linfoma No Hodgkin (cáncer) que se le diagnosticó a Hardeman en 2015.


«El jurado responsabilizó a Monsanto por sus 40 años de conducta delictiva corporativa», explicaron las abogados del demandante, Jennifer Moore y Aimee Wagstaff en un comunicado a la prensa.


El 13 de mayo, tribunales de California (Estados Unidos) determinaron que la multinacional debe pagar 2000 millones de dólares a un matrimonio (Alva y Alberta Pilliod) que utilizó Roundup y contrajo cáncer. La sentencia afirma que la empresa actuó con “negligencia”, al ocultar las consecuencias del veneno. El jurado determinó que el “diseño” del Roundup (marca comercial de Monsanto) fue la causa principal del daño, confirmó que el químico representa “un peligro importante” para las personas que lo utilizan, afirmó que Monsanto “no proporcionó una advertencia adecuada sobre los riesgos potenciales” y ésto representó un factor importante para provocar el daño en la salud de los Pilliod.
El jurado de Estados Unidos determinó que Monsanto diseño, fabricó y distribuyó Roundup de “forma negligente”, afirmó que la compañía sabía (o debía saber) que Roundup era peligroso o que podría provocar daños y no advirtió de forma apropiada. El otro punto clave, que elevó la condena de 2000 millones de dólares, el fallo confirma que Monsanto actuó con “vicio, dolo o mala fe” al poner su herbicida en el mercado y no advertir sobre los riesgos que implicaba.


Monsanto-Bayer acumula, sólo en Estados Unidos, más de 13.000 demandas. Una muestra de la crisis de la compañía alemana: perdió casi el 40 por ciento de su valor bursátil desde que adquirió a Monsanto.


¿Escuelas o transgénicos?


El Foro Ecologista de Paraná (Entre Ríos) y el sindicato docente Agmer (Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos) presentaron en agosto de 2018 un amparo ambiental para proteger de agrotóxicos a los niños y trabajadores de las escuelas rurales. El juez Oscar Daniel Benedetto, de la Cámara II de la Sala II se expidió el 1 de octubre: en un fallo judicial sin precedentes, prohibió fumigar con agrotóxicos a menos de 1000 metros de las escuelas de Entre Ríos. Y la distancia de protección se extiende a 3000 metros si las aplicaciones son aéreas. La protección abarcó a todas las escuelas de la provincia.


«Es imposible de obviar que el modelo de producción agrícola puede generar un creciente problema de salud pública, debido a que los plaguicidas contienen sustancias químicas tóxicas que afectan a los cultivos, pero que muy probablemente también tengan efectos nocivos en la salud de la población rural», se lee entre los fundamentos del fallo, de 21 páginas.
El juez Benedetto tuvo presente el principio precautorio vigente en la Ley General del Ambiente (25675): «En materia ambiental se impone la necesidad de adoptar un criterio de precaución (…) El peligro inminente se materializa en la amenaza de la aplicación de los agrotóxicos. Y destacó que la falta de certeza científica sobre sus consecuencias no me parece un argumento que justifique la improponibilidad de la acción, sino todo lo contrario, ya que no es posible soslayar que se trata de una situación extremadamente delicada y sensible, estando en juego la salud de miles de niños entrerrianos».


El amparo que protege las escuelas fue apelado cuestionado por el gobernador Gustavo Bordet, que el 2 de enero de 2019 publicó un decreto contrario al fallo y redujo a sólo 100 metros la protección de las escuelas rurales.


El Foro Ecologista de Paraná, ya como parte de la «Coordinadora por una Vida sin Agrotóxicos en Entre Ríos. Basta es basta» (reúne a asambleas socioambientales, organizaciones sociales y docentes), presentó un amparo contra el decreto. En marzo de 2019 una sentencia judicial anuló el decreto del gobernador Bordet.


El presidente Macri, en apoyo explícito al agronegocio, cuestionó al Poder Judicial: “Es un fallo irresponsable. Pone en peligro el trabajo de muchos entrerrianos».


La Coordinadora «Basta es Basta» le contestó en un comunicado: «Señor presidente, nuestros gurises merecen el mismo ambiente que su hija Antonia».


El miércoles 15 de mayo, el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, máximo tribunal provincial, declaró la inconstitucionalidad del decreto del gobernador Gustavo Bordet, que permitía fumigar a solo 100 metros de las escuelas rurales. De esta forma, continua vigente el amparo ambiental que aleja las fumigaciones terrestres a 1000 metros de las escuelas (3000 si son aéreas).


El jueves 23 de mayo se produjo una insólita manifestación en Paraná: productores sojeros exigieron que el Poder Judicial que revierta el fallo y propusieron cerrar las escuelas para poder seguir fumigando con agrotóxicos.


Pruebas


Un argumento recurrente de los defensores del agronegocio es que “no existen pruebas” de los efectos del glifosato. A nivel internacional son muy conocidos los estudios del investigador francés Gilles-Eric Seralini, especialista en biología molecular y docente de la Universidad de Caen (Francia). Confirmó que el herbicida Roundup estimula la muerte de las células de embriones humanos, lo que podría provocar malformaciones,abortos, problemas hormonales o de reproducción, además de distintos tipos de cánceres. También demostró la conformación de tumores en roedores alimentados con transgénicos.

Le implicó réplicas personalizadas de Monsanto, con campaña mediática de difamación incluida.


La estocada mayor sucedió en marzo de 2015. La Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC) es un ámbito especializado de la Organizaciones Mundial de la Salud (OMS). Luego de un año de trabajo de 17 expertos de once países, emitió un documento inédito: “Hay pruebas convincentes de que el glifosato puede causar cáncer en animales de laboratorio y hay pruebas limitadas de carcinogenicidad en humanos (linfoma no Hodgkin)”. Detalló que la evidencia en humanos corresponde a la exposición de agricultores de Estados Unidos, Canadá y Suecia, con publicaciones científicas desde 2001. Y destacó que el herbicida “también causó daño del ADN y los cromosomas en las células humanas” (situación que tiene relación directa con el cáncer).


Con la nueva evaluación el glifosato fue categorizado en el “Grupo 2A”, que significa en parámetros de la Organización Mundial de la Salud: “Probablemente cancerígeno para los seres humanos”. Esta categoría se utiliza cuando hay “pruebas limitadas” de carcinogenicidad en humanos y “suficiente evidencia” en animales de experimentación. La evidencia “limitada” significa que existe una “asociación positiva entre la exposición al químico y el cáncer” pero que no se pueden descartar “otras explicaciones”. El IARC-OMS trabaja sobre cinco categorías de sustancias que tienen relación con el cáncer. El “Grupo 2A” es el segundo nivel de peligrosidad, sólo superado por “Grupo 1”, donde se ubican, por ejemplo, el asbesto y la radiación ionizante.


Monsanto, que entre sus argumentos utilizaba hasta ese momento informes de la IARC, pasó a acusarla de hacer “ciencia basura”

.
A nivel local, en 2018 se publicó “Antología tóxica del glifosato”, una minuciosa recopilación de 830 trabajos académicos (de Argentina y del exterior) que dan cuenta de los efectos del glifosato y su vínculo con el cáncer, malformaciones, intoxicaciones y abortos espontáneos, entre otras consecuencias.


«Esta recopilación suma 830 artículos científicos o papers, es decir: informes de investigaciones clínicas, experimentales, de laboratorio, revisiones, contestaciones, recopilación, resúmenes de congresos, que han sido objeto de publicación en revistas o journales científicos. Todos los trabajos han sido sometidos a revisión por un comité de científicos y aprobados para su publicación al ser considerados significativos», explica el trabajo, realizado por Eduardo Martín Rossi, integrante del colectivo Paren de Fumigar de Santa Fe, que se decidió a analizar y estudiar todas las publicaciones para desmentir los dichos de los publicistas del agronegocios.


De 182 páginas, se puede acceder vía Internet (https://bit.ly/2mewyYH ), cuenta con el detalle y link de de las investigaciones. Más de cien son de universidades públicas de Argentina (UBA, La Plata, Río Cuarto, Litoral). El primer capítulo precisa 141 trabajos sobre el impacto del glifosato en la salud humana. El capítulo dos detalla 102 investigaciones sobre «mecanismo de fisiopatología celular de cáncer». El capítulo tres se dedica a «toxicidad en los sistemas orgánicos», con 89 publicaciones académicas. El capítulo cuatro se dedica a trabajos específicos de impacto «en la biodiversidad», con 336 investigaciones.


«No es casualidad que en los pueblos agrícolas se multiplique el hipotiroidismo, el asma bronquial, los trastornos reproductivos y las enfermedades oncológicas produciendo un cambio evidente en el patrón de morbilidad y mortalidad», alerta el trabajo.

La recopilación recuerda que Monsanto publicitó «con información falsa que el glifosato era biodegradable». En 2007 Monsanto fue condenada en Francia por publicidad engañosa.

Decenas de investigaciones dan cuenta, desde hace décadas, que el herbicida «es altamente persistente en el ambiente, en el suelo y cursos de agua».
Entre las empresas que comercializan glifosato en Argentina figuran Monsanto, Bayer, Syngenta, Red Surcos, Atanor, Asociación de Cooperativas Argentinas, Nufram, Agrofina, Nidera, DuPont, YPF y Dow.


La antología recuerda que la autorización de los agrotóxicos (llamado «fitosanitarios» por las empresas y funcionarios) se realiza en base a estudios de las propias empresas y que sólo analiza los efectos agudos (no investigan qué produce un químico en el largo plazo de exposición). En el caso de glifosato, «Monsanto sólo experimentó tres meses con roedores». En base a ese estudio, la empresa aseguró que el herbicida no producía efectos adversos.


«Científicos independientes midieron efectos crónicos (durante dos años). A partir del cuarto mes los roedores machos presentaron tumores. A partir del séptimo mes comenzó el mismo proceso en hembras. Y en el mes 24, el 80 por ciento de los roedores tuvo tumores», explica la recopilación.


Más de un centenar de trabajos científicos son de universidades públicas de Argentina, entre ellos el grupo de investigación de Rafael Lajmanovich (doctor en ciencias naturales de la Universidad Nacional del Litoral), que confirmó el efecto letal del glifosato en anfibios, y el Equipo Multidisciplinario de Interacción Socioambiental (Emisa), de la Universidad Nacional de La Plata, que demostraron la presencia de glifosato en alimentos, ríos, patios de escuelas y hasta en la lluvia.

El modelo


El problema de fondo no es el glifosato. Se hace eje en él porque es el más utilizado, el que más facturación produce a las compañías y, al mismo tiempo, que más denuncias provoca.
Las voces críticas al agro transgénico (campesinos, indígenas, asambleas socioambientales, académicos) cuestionan el modelo de agronegocio, en base a transgénicos y decenas de agrotóxicos, y en manos de un puñado de multinacionales.


Cuatro empresas que dominan el mercado de semillas y agrotóxicos: Bayer-Monsanto, ChemChina-Syngenta, Brevant (Dow y Dupont) y Basf. En 2015 facturaron 85.000 millones de dólares y, según proyecciones de Bayer, llegarán 120.000 millones en 2025.


“Controlan precio, innovación e impacta en las políticas agrícolas. Países que están con un alto grado de agricultura industrial, como Argentina, pasan a estar en situación de vulnerabilidad. Incluso en términos de soberanía. Estas empresas tienen un poder de negociación que es mucho más que de negociación, es de imposición sobre un país, incluso con leyes a medida”, explicó Silvia Ribeiro, Investigadora del Grupo ETC (Grupo de Acción sobre Erosión, Tecnología y Concentración).


La Relatoría Especial sobre el Derecho a la Alimentación es el máximo espacio de Naciones Unidas dedicado al tema. Al frente está la especialista Hilal Elver, de origen turco. Visitó la Argentina en septiembre de 2018 y confeccionó un informe para el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.


«En el marco de la agricultura industrial a gran escala, es esencial que se tome en cuenta el verdadero costo de los métodos de producción en relación con el suelo y los recursos hídricos, y el impacto de la degradación ambiental sobre generaciones futuras, en lugar de concentrarse únicamente en la rentabilidad y el crecimiento económico a corto plazo», alertó la relatora especial de Naciones Unidas.


Dedicó un apartado especial al glifosato: «Se aplica indiscriminadamente en la Argentina, sin tener en cuenta la existencia de escuelas o pueblos en las cercanías. Como resultado de ello, se me ha informado acerca de un aumento en la cantidad de personas que han perdido la vida o padecen enfermedades que ponen en riesgo su vida (…) La exposición a plaguicidas puede tener efectos muy peligrosos para la salud de los seres humanos, en especial para niños y mujeres embarazadas que son más vulnerables».


Hilal Elver cuestionó que la agricultura industrial está controlada por pocas y grandes empresas, y alertó que el Gobierno ya decidió su rol: «Durante las entrevistas con funcionarios de la Secretaría de Agroindustria observé una tendencia a apoyar el modelo agroindustrial y a realizar serios recortes en el apoyo, el personal y el presupuesto del sector de la Agricultura Familiar, incluido el despido de casi 500 trabajadores y expertos».


Reivindicó el papel de la agricultura campesina. En la conclusión resaltó: «Reitero la importancia de la agricultura familiar para lograr el objetivo de una alimentación adecuada y saludable para todos los argentinos. Debería ponerse empeño en promover la agricultura familiar como prioridad. Es la única manera de lograr un equilibrio, única manera de lograr una solución sostenible y justa para el pueblo argentino».


En mayo pasado, en la ciudad de Buenos Aires, se realizó un inédito “foro agrario”, que reunió durante dos días a más de 3000 campesinos, indígenas, productores familiares. Impulsado por la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), entre otras organizaciones, elaboró propuesta concretas de políticas públicas para el sector rural, con una urgente democratización de la política agropecuaria.


Entre las políticas a implementar: acceso a la tierra, basta de fumigaciones con agrotóxicos, fomento de la agroecología como política de Estado, soberanía alimentaria y un tema que irrita a los conservadores transgénicos argentinos: reforma agraria integral.


Este artículo es parte del proyecto Atlas del Agronegocio Transgénico en el Cono Sur realizado con el apoyo de Misereor

Por Darío Aranda
30 mayo 2019 0

Notas

1 Pengue, W. 2005. Cultivos transgénicos: ¿hacia dónde vamos? Agricultura Industrial y Transnacionalización en América Latina. PNUMA. Serie Textos Básicos para la Formación Ambiental.
2 http://www.biodiversidadla.org/Documentos/Transgenicos_en_el_Cono_Sur._Boletin_N_485_de_la_RALLT
3 https://naturalezadederechos.org/
Publicado originalmente en biodiversidadla.org

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