Lunes, 16 Febrero 2015 19:33

No creas todo lo que dicen de los ODM

No creas todo lo que dicen de los ODM

Se pretende hacernos creer que el mundo ha conseguido varios de los objetivos, como reducir a la mitad la pobreza extrema. Sin embargo, tal afirmación es incorrecta

 

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio están actualmente en el punto de mira. Los ODM contienen unas 20 metas que el mundo tiene que lograr este año. Los líderes de cada país se comprometieron, entre otros, a reducir a la mitad el hambre, la pobreza y la proporción de la gente sin agua potable entre 1990 y 2015. También a reducir la mortalidad infantil de dos tercios y la mortalidad materna de tres cuartos; y a asegurar que todos los niños del mundo estuvieran en la escuela primaria a finales de 2015.

 

Estadísticas bajo esteroides

 

Ahora, se afirma que un número de estas metas han sido alcanzadas. Supuestamente, se pretende que el mundo ha reducido a la mitad la cantidad de personas en situación de pobreza extrema, así como el número de personas sin acceso a agua potable. Sin embargo, estas afirmaciones son incorrectas. Si un universitario quisiera probar estos teoremas, nunca obtendría el diploma, simplemente porque los datos disponibles no le permitirían justificar tales afirmaciones. El discurso de que el mundo ha logrado algunas metas se repite seguido, incluso por personas que deberían saber mejor la realidad.


¡Es tan tentador abusar de las estadísticas para defender posiciones políticas o por propio interés! Ya hace más de un siglo, el poeta escocés Andrew Lang (1844-1912) entendió este peligro cuando escribía: "Ellos usan las estadísticas como los borrachos utilizan una farola, para apoyarse y no para alumbrarse". En aquella mima época, el escritor estadounidense Mark Twain (1835-1910) lo expresó de la siguiente manera: "Hay tres tipos de mentiras: mentiritas, mentiras y estadísticas".

 

Progreso, sí. Metas alcanzadas, no


Según los datos disponibles y fiables, el mundo logrará una sola meta al final de 2015. Es el objetivo de que haya tantas niñas como niños en la escuela primaria. Y esta es sólo media victoria. La triste realidad es que unos 50 millones de niños en el mundo todavía no están matriculados en la escuela y que la calidad de la educación sigue siendo pobre.


Esto no quiere decir que no se hayan logrado avances desde 1990, ni mucho menos. Hoy en día, hay menos pobreza, hambre y analfabetismo en el mundo que hace 25 años. La mortalidad infantil y materna ha bajado. Más personas tienen acceso a agua potable, mosquiteras y medicamentos contra el sida. Pero esto no es una justificación para dar un panorama color de rosa a los ODM. Sobre todo cuando sabemos que el progreso fue acompañado por la creciente desigualdad, de manera que las personas más pobres gozan de poco o nada de ese progreso.


Los objetivos supuestamente alcanzados tienen una cosa en común: no son objetivamente observables. Dado que aquellos en materia de pobreza y agua potable son difíciles de medir, es imposible determinar con algún grado de exactitud cuántas personas escaparon de la miseria o a cuántos se les ha dado acceso al agua potable. Echemos un vistazo a cómo las estadísticas pueden conducir a afirmaciones sin fundamento.


Pobreza


El Banco Mundial publica estadísticas sobre el número de personas pobres en los países en desarrollo. Esto se hace basándose en la línea de pobreza de vivir con menos de 1,25 dólares al día, expresada en el poder adquisitivo de un dólar en EE UU en el año 2005. El hecho de que estas estadísticas se citen a menudo podría sugerir que son robustas. Pero no lo son. Hace unos años, el Banco Mundial revisó sus estimaciones, lo que resultaba en un aumento de más del 40% de pobres en el mundo. Una corrección de esa amplitud no puede ser considerada como un refinamiento estadístico. Por el contrario, confirma que la medición de la pobreza en el mundo es muy difícil, si no imposible. Varios expertos de universidades de renombre han demostrado de manera convincente que las estadísticas de la pobreza mundial son poco fiables; y, de hecho, pueden ser hasta engañosas.


Las estadísticas de la pobreza mundial son problemáticas porque no se basan en observaciones directas. La desnutrición, por ejemplo, se puede determinar directa y objetivamente, midiendo la estatura, el peso y la edad del niño. Pero la observación directa no permite determinar si ese niño vive por debajo del umbral de la pobreza extrema de 1,25 dólares al día. Eso requiere una gran cantidad de información, cálculos detallados, modelos complejos y numerosos supuestos. Por ejemplo, conocer el valor de la producción para uso propio, el alquiler de la casa propia auto-ocupada, la distribución nacional del ingreso, la paridad del poder adquisitivo de la moneda nacional; y así sucesivamente. En última instancia, todas las estimaciones obtenidas contendrán los errores y las suposiciones falsas que se hacen en el proceso de cálculo. Ya que se basan en la suposición ingenua de que los hogares asignan sus recursos en partes iguales entre los miembros de la familia y que el ingreso familiar puede aumentar debido a más trabajo infantil. Lo que hace que estas estadísticas no solamente sean incorrectas sino también engañosas.


La afirmación de que la pobreza mundial se redujo a la mitad tiene que ver más con la forma en que se mide la pobreza que con lo que se puede observar directamente. Todo esto se hace para poder afirmar una posición deseada o llegar a una conclusión preconcebida. Esto confirma lo que el economista británico Ernst Schumacher argumentó en su libro Small is Beautiful (1973): "La medición de lo inconmensurable es un método complicado para llegar a conclusiones predeterminadas".


Agua Potable


Otra afirmación basada en suposiciones erróneas es que el mundo ha alcanzado la meta sobre el agua potable. El acceso se mide a través de encuestas a las familias. Pero estas no comprueban la calidad del agua. Las preguntas sólo distinguen dos categorías de fuentes de suministro de agua: las fuentes mejoradas y las fuentes tradicionales. La primera incluye agua por tubería, grifos y bombas de titularidad pública, pozos protegidos y sistemas de recolección de agua de lluvia. Las tradicionales son los pozos sin protección, aguas superficiales y agua de camiones. Se supone que todas las fuentes mejoradas proveen agua potable porque, supuestamente, estas protegen el agua de la contaminación desde el exterior.


Hasta hace poco, no había datos disponibles sobre la calidad del agua que la gente consume. El Fondo de la ONU para la Infancia (UNICEF) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) van cerrando esta brecha de información. Sus datos demuestran que la contaminación microbiológica del agua se da con mucha frecuencia; sucediendo también en la obtenida de fuentes mejoradas.


Si las estadísticas globales sobre el acceso a fuentes mejoradas de agua se corrigen por la mala calidad del agua, bajaría considerablemente el porcentaje de la población mundial con acceso a agua potable. Estos datos niegan la afirmación de que el mundo ha logrado la meta, pero la historia que prevalece ignora que muchas fuentes de suministro de agua potable dan agua contaminada, para poder fabricar el falso argumento del éxito de este objetivo.


En definitiva, el progreso en la pobreza y el agua potable (y otros ODM) no es tan de color de rosa como se afirma. Debemos ser honestos y admitir que no todas las estadísticas son suficientemente robustas; y que algunas son muy imperfectas. Afirmar que el mundo ha alcanzado varios objetivos puede ser tranquilizador para algunos, pero es irresponsable.


África


El discurso predominante afirma que el progreso en África subsahariana va a la zaga. Esto también es una verdad a medias. No es menos rápido que en otras partes del mundo; todo lo contrario. En muchas áreas, la situación en África ha mejorado más rápidamente que en otros lugares. Desde 1990, por ejemplo, la tasa de matriculación en la escuela primaria ha aumentado 2,5 veces más velozmente en África que en otras parte del planeta.


Por supuesto, África no alcanzará los ODM, ya que la región comenzó a partir de un nivel de desarrollo humano mucho más bajo. Sin embargo, echar la culpa a este continente de que el mundo no va a alcanzar todos los ODM es totalmente injustificado.


La pregunta que debe plantearse no es si África va a lograr o no los ODM, sino si África ha contribuido proporcionalmente, con su parte, al progreso mundial. Y ese es, ciertamente, el caso. De hecho, los Objetivos de Desarrollo del Milenio son colectivos, para ser alcanzados por todos los países juntos. No están diseñados para ser conseguidos por cada país individualmente. Que África no logre los ODM no quiere decir para nada que el mundo no pueda. En Inglés suena así: Africa is not missing the targets, we are missing the point. El punto es: no es que África no esté alcanzando las metas, es que nosotros no llegamos a entenderlas de una manera correcta.


Por Jan Vandemoortele, doctor en Economía y es considerado padre de los Objetivos de Desarrollo del Milenio

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Publicado enSociedad
Miércoles, 24 Septiembre 2014 16:06

Abundante necesidad

Abundante necesidad

El paisaje cotidiano de Santa Marta, además de sus bellos entornos y refrescantes brizas, desde décadas atrás está enmarcado por centenares de niños y jóvenes que sobre sus delgadas contexturas cargan canecas con agua. Transportan, con gran esfuerzo, el precioso líquido para sus casas, tratando de amainar en algo la crisis de agua que padece la ciudad. La historia y el alegato de y sobre una crisis que sí tiene solución.

 

 Para el 2012, y según el Dane, la población de Santa Marta registraba 461.900 habitantes, de los cuales el 92 por ciento habita en el casco urbano. De ellos el 64 sobrevivía en la informalidad, el 40 en la pobreza, el 10 en la pobreza extrema, el 29 con las necesidades básicas insatisfechas; el 33 por ciento era menor de 15 años de edad.
 

El casco urbano de Santa Marta está distribuido en 3 bahías que de norte a sur tienen por nombre Taganga, Santa Marta y Gaira. Al sur de Gaira se encuentra una franja de litoral que limita con Ciénaga y en la cual hoy toman forma grandes proyectos de turismo de gran valor comercial, mientras que hacia el Norte de Taganga el Parque Nacional Natural Tayrona pone límites a la edificabilidad, extendiéndose hasta la desembocadura del río Piedras, remanso de Caribe desde el cual puede observarse la Sierra aún Nevada de Santa Marta. Entre el Piedras y el Palomino, otros cuatro caudalosos y transparentes ríos entretejen la riqueza agrícola de grandes propietarios, descolgándose hasta el mar.

Esta región, que cuenta con dos Reservas de Biosfera declaradas por la Unesco, consideradas como las de mayor biodisponibilidad de agua potable en proporción al territorio, aprovecha y deteriora las mismas fuentes hídricas desde hace más de 60 años. Para no ir muy lejos, si en 1996 la situación era insostenible para la mayoría de sus pobladores, ¡qué decir hoy día!


Dolo continuado

 

En mayo 29 de 2014, la empresa Metroagua S.A. E.S.P., pionera en Colombia en la prestación del servicio público de acueducto y alcantarillado, dio respuesta a las mismas preguntas formuladas en otras dos ocasiones, dieciocho años atrás. Destacamos de la reciente respuesta la siguiente afirmación: "Por otro lado, es importante resaltar, que el agua es un recurso natural cuya disponibilidad, como consecuencia del crecimiento de la población, de la degradación de los ecosistemas y de las variaciones en el sistema climático, resulta ser cada vez más limitada, incrementando la vulnerabilidad de los sistemas y el riesgo de desabastecimiento en los mismos. Es así como dicho recurso, en muchos casos resulta de difícil acceso. No obstante, la empresa Metroagua S.A. E.S.P. no ha escatimado esfuerzos para lograr una cobertura más cercana a la totalidad de la población Samaria".

En su respuesta, llama poderosamente la atención que las cantidades estimadas en litros por segundo que ingresan al sistema de acueducto de la ciudad sean, incluso, menores a las reportadas por la misma entidad en 1996. En efecto, si hoy ingresan 1.084. lps, en 1996 lo hacían 1.384 lps y en ambos casos no se contabilizan las pérdidas constantes y causadas por conexiones fraudulentas y por las redes obsoletas, instaladas hace más de 70 años. ¿En qué ha consistido el esfuerzo, que ahora pregona esta empresa? ¿Qué ha hecho el Distrito a través de estos años?

Sin duda, lo mínimo o casi nada. Las coberturas de acueducto y alcantarillado siguen prácticamente iguales y, podemos afirmar, qué la degradación ambiental del entorno y de las condiciones de salubridad pública de la población continúan en aumento, toda vez que mientras en 1996 Santa Marta contaba con no más de 340.000 habitantes, hoy día supera los 460 mil.

Retrotrayendo la mirada hacia 1996, resaltamos que al solicitar a las autoridades locales y regionales información sobre el sistema de acueducto, alcantarillado, aseo y disposición final de residuos, así como también con respecto al ordenamiento territorial del Distrito de Santa Marta, las respuestas recibidas confirmaban que las aguas residuales eran vertidas sin tratamiento previo alguno a los cuerpos de agua adyacentes (bahías, ríos Manzanares y Gaira) así como también discurrían casi de manera permanente como efluentes de excremento diluido en las calles de la antigua ciudad dos veces Santa. Situación que podemos confirmar que aún persiste.

La bahía que inspiró tanto al Libertador como al geógrafo Eliseo Reclus, concentraba en 1996 más de 40.000 coliformes fecales sobre 100 mililitros de sus aguas, además de presentar bacterias patógenas tales como Streptococcus fecalis, Salmonella, Pseudomonas, Aeromonas y Vibrio. Vertimiento realizados hasta principios del año 2000 como un arroyo de mierda sobre la playa denominada "El boquerón", ubicada detrás de Punta Betín, (puerto de Santa Marta) de cara a la emblemática ensenada de Taganga, la cual carecía y carece, de los servicios de acueducto y alcantarillado mientras que padecía y padece la indiferencia de los habitantes de las bahías vecinas que de este modo contribuían, tal como hoy día, a la degradación de su entorno.
Taganga soportaba en 1996 sobre sus transparentes aguas el vertimiento de más de 70.000 metros cúbicos de aguas residuales al día, los cuales hoy son vertidos a través de un emisario submarino que les da tratamiento, sólo qué los aportes de aguas residuales recibidos en la zona costera de Santa Marta a través de los ríos Manzanares y Gaira, promediaban en 2005 –según Invemar– más de 110.000 coliformes fecales sobre 100 mililitros; sin contar con los efluentes de alcantarillado que son continuos en algunas zonas de la ciudad por los rebosamientos de las insuficientes redes. Taganga filtra sus pozas sépticas a su propia bahía, además de recibir la influencia de las corrientes que arrastran los vertimientos sin tratar de las bahías adyacentes, no obstante que de manera enfática dos sentencias judiciales ordenan la realización de las obras de saneamiento ambiental básico desde 1997 y 2003.

A pesar de las coberturas poblacionales estimadas en este 2014 en un promedio de 89 por ciento para acueducto y 75 para alcantarillado, cifra optimista frente a la presentada en 2012 por el Pnud, es observable que la variación con respecto a 1996 tiende a ser más qué negativa, prueba de la ineptitud y delincuencia que mantiene el caos y reproduce las condiciones de miseria. No se trata simplemente de que ingresa menos caudal al sistema de acueducto, que aprovecha las mismas fuentes hídricas, sino que además se ha prohijado la expansión urbanística en zonas carentes de alcantarillado y con deficiencias o carencias de acueducto, así como también se transgrede la prelación legal de usos del recurso, el cual se destina a fines distintos al consumo humano.

Por tanto, el agua para sus casas que en canecas de gasolina arriaban sobre sus hombros los menores en edad escolar en 1996, continúa siendo hoy arriada por nuevas generaciones que preservan este legado de indiferencia y egoísmo, constituyendo así el paisaje subhumano cotidiano de barrios emblemáticos como Pescaito, Bastidas, Manzanares, Los Almendros, María Eugenia, Pastrana, El Pando... y mejor no sigo, por cuanto, sabemos con total indiferencia que sólo los barrios estratos 4, 5 y 6, disponen con cierta regularidad, más no continuidad, del servicio de acueducto. Por lo que puede afirmarse, con tristeza, que una gran parte de la población samaria sobrevive la mayor parte del tiempo a la carencia del servicio de acueducto y alcantarillado por el esfuerzo y la imaginación que le colocan para sobrellevar esta eterna e insoportable crisis del agua y, como si fuera poco, en época de invierno, soportan las inundaciones de sus hogares, pues obligados como están por el precio de la tierra y su monopolización, no pueden sino ubicarse en zonas de alto riesgo tales como rondas de quebradas o ríos.

 

¡Todo bien, todo bien!

 

En éste epicentro del abuso y la indiferencia, fuimos sentenciados por los concejales de la ciudad en un debate nocturno, como samarios no gratos, al interponer en 1996 una acción de tutela que "aireaba los trapos sucios ante la nación" y que por supuesto el Tribunal Administrativo del Magdalena rechazó en decisión confirmada por el Consejo de Estado, pero que la Corte Constitucional, al seleccionar la demanda para revisión, decidió con ella unificar la jurisprudencia en materia ambiental, de salud y servicios públicos a través de la Sentencia SU-442-97. Allí se ordenó, entre tantas cosas aún irrealizadas, la optimización de los sistemas de acueducto y alcantarillado, la suspensión de licencias de construcción sin certificación de disponibilidad de servicios públicos y/o viabilidad ambiental, el cierre definitivo del botadero a cielo abierto de residuos solidos, especiales, peligrosos, hospitalarios sin tratar, llamado Veracruz, el cual discurría sus lixiviados sobre quebradas afluentes del río Manzanares, que contribuye al sistema de acueducto en un estimado del 20 por ciento en aguas superficiales y otro tanto en aguas subterráneas. Así fue dictada la Bula papal, la Carta Magna protegida y las esperanzas retornaron sobre un territorio olvidado a su mala suerte.

Salvo un emisario submarino y un plan de ordenamiento territorial, poco se cumplió de la Sentencia. Plan, valga decir, con pretensiones entonces de seguir interviniendo el sacro territorio ancestral a través de la categorización de bahía Concha –parte integrante del Parque Nacional Natural Tayrona–, como zona portuaria para la realización de un "megapuerto" carbonífero que afortunadamente fue desestimado por el Ministro de Desarrollo Augusto Ramírez Ocampo (q.e.p.d), ante el silencio cómplice de Juan Myer Ministro de Medio Ambiente. ¡Claro, Juan y su Fundación Pro?,... Sierra según algunos! temía enfrentar a las elites locales que al fin y al cabo le daban abrigo.

La Justicia como reina de burlas. Luego de dos sentencias más por acciones populares referidas al acueducto y alcantarillado, tanto del sur de la ciudad (2007) como de la zona de Taganga (febrero 5 de 2003), a la fecha seguimos con las mismas fuentes hídricas agotables, los mismos índices de pérdidas en el sistema, la expansión del área urbana y la proliferación de construcciones, todas estas necesarias "para el crecimiento de la ciudad" o, más bien, para el lavado de los dineros robados en cada pulsación de la agotable vida de los recursos nacionales, regionales y locales. ¿Creería usted que el metro cuadrado en Santa Marta puede estar alrededor de los 8 millones de pesos en algunas zonas donde a menos de 50 metros de la construcción ofertada, son continuos los efluentes de alcantarillado?


Mientras esto sucede, Metroagua S.A. E.S.P., Sociedad experimental a nivel nacional, inspiración de los políticos y empresarios locales, encargada de prestar el servicio público de acueducto y alcantarillado, es un operador del sistema público, que además puede hacer obras como contratistas del Distrito o de la Nación, que factura gracias al patrimonio público y prefiere, por razones económicas destinar, a manera de ejemplo, 600 metros cúbicos diarios de agua potable a la Sociedad Portuaria de Santa Marta, cliente con capacidad de pago, frente al potencial cumulo de pobretones que rodean el puerto y que viven en Pescaito e inmediaciones. La transformación del servicio público en negocio, torna en clientes a los usuarios. Así es papá y así funciona... ¡todo bien, todo bien!

 

Agua por doquier

 

El Rodadero y la zona sur de la ciudad en proceso de colonización, dispone del agua surtida por el sistema del río Gaira, mientras qué la zona norte, conformada por Santa Marta y Taganga, se nutren de los ríos Piedras, Manzanares y su acuífero. Manto acuífero sobreexplotado especialmente desde 1996 a la fecha, con el agravante que en momentos de escasez de aguas superficiales, se extrae con mayor avidez, aún en zonas en las cuales no hay redes de alcantarillado por lo qué a los pocos meses los pozos terminan contaminados con aguas residuales de pozas sépticas. Así ha sucedido desde 1996 a la fecha y las consecuencias en dicho tiempo no fueron distintas a que el 0.75 por ciento de la población epidemiológicamente padeció cólera... sin amor alguno.

¡Y pensar que las soluciones no son complicadas y en solo un par de meses, podrían resolverse las necesidades inmediatas, mientras se implementan las soluciones a largo plazo! Sí, tomar del rio Toribio sus aguas para toda la zona sur que comprende la zona turística y así liberar la presión sobre el Gaira, para calmar la sed de Santa Marta, mientras se regulariza el cauce del Manzanares para con sus remanentes surtir a la Sociedad Portuaria, dado que así liberaríamos agua para más de 4.200 familias humildes a razón de 1 metro cúbico semanal. Y mejor aún, sin quitarle el negocio de la Sociedad Portuaria a Metroagua, para no complicarnos entre leguleyos, trujamanes y poder celebrar así con copetines de fiesta.

Hay otras opciones complementarias. Revisar, por ejemplo, la posibilidad de construir embalses en las fuentes actuales y optimizar las líneas de conducción y redes citadinas, impidiendo así, la continuidad de conexiones fraudulentas y las pérdidas por deficiencias de las redes. ¿Nos vamos a comer el cuento de que protegeremos las nuevas conducciones desde otras fuentes como el Guachaca, cuando desde 1996 está identificado que el sistema actual registra pérdidas del orden del 50 por ciento? ¿Por qué no empezar con optimizar lo actual antes de extender la irresponsable intervención? ¿Podríamos considerar agregar fuentes que abastezcan alternativamente a las actuales?

Pero, como quiera que todos estamos muy ocupados con nosotros mismos, especialmente aquellos que debieran ocuparse por resolver los problemas públicos y que sólo se ocupan por su rápido enriquecimiento sin importar el daño que hacen a los demás, hoy camino entre las asquerosas calles del centro de Santa Marta, esquivando las cucarachas que a pleno día se atraviesan por doquier, mientras pienso: ¿Qué nos pasó? ¿Adónde se fueron las ilusiones? ¿Somos ya una causa pérdida?

Publicado enEdición Nº206
Lunes, 25 Agosto 2014 00:00

El Niño no tiene la culpa

Ad portas de un fenómeno de El Niño, que según el Ideam aún ni se pronuncia, Colombia vive una crisis de desabastecimiento de agua que requiere atención prioritaria. La falta de planes de acueductos efectivos, el aumento de actividad minera y la ausencia de leyes que protejan los ecosistemas de zonas de alta montaña, son algunas de las causas de esta crisis.

 

Dos escenas vividas paralelamente y con frecuencia en la geografía colombiana: la primera, protagonizada por Samuel Arregocés en Hato Nuevo, Guajira, bajo el sol implacable que sin conmiseración sube hasta los 36° centígrados y cae directo hacia su cabeza o sobre el pavimento, hirviendo. La piel áspera y agrietada de este Guajiro pidiendo en silencio agua, mientras alista baldes, ollas, vasijas y todo aquello que tenga la suficiente profundidad como para contener el líquido con el que podrá subsistir ocho días, o quizá diez, o quizá quince, ya que esta vez no se sabe con exactitud cuánto tiempo tardará el carrotanque en llegar a este municipio.

 

La segunda, a mil kilómetros de ahí, a una temperatura un poco más baja, sin quitarle lo implacable, en Yopal, Casanare. En este municipio la escena no cambia mucho, la única diferencia es que la piel áspera y agrietada que pide agua en silencio es la de un casanareño que desde hace tres años debe acercarse a las plantas portátiles de suministro de agua enviadas por diferentes instituciones o debe esperar a que uno de los carrotanques pase cerca a su casa para llenar albercas, canecas y ollas con el líquido que hoy para algunos en Colombia no parece ser tan preciado.


Podríamos describir más escenas: En Cartagena, Barranquilla, Montería, Santa Marta Magdalena, Putumayo, Vichada, Meta y hasta en el Chocó que, aunque no se nombran en esta coyuntura, han sufrido desde tiempos inmemorables el desabastecimiento de agua y el pésimo manejo de los planes de acueducto, realidades hoy acentadas con la sequía propiciada por un supuesto fenómeno del Niño que según los expertos aún ni se pronuncia. Sin embargo, empecemos por nombrar la reiterada paradoja tan popular de estos días: Colombia, el país con una de las mayores ofertas hídricas del planeta, el 60 por ciento del total de la riqueza hídrica del mundo para ser más exactos, según la revista The Economist, con una ubicación geográfica de variada topografía y clima diverso y privilegiado, hoy "muere" de sed.

 

La situación es crítica pues, de acuerdo con el Estudio Nacional del Agua –ENA– del 2013, 19 municipios tienen una vulnerabilidad hídrica de desabastecimiento muy alta y otros 117 tienen una vulnerabilidad alta. Esto sin tener en cuenta los 147 municipios colombianos que actualmente no cuentan con información registrada.


Tan serio es el hecho que, según el Instituto de Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), en los años noventa Colombia tenía alrededor de 737.000 cuerpos de agua entre ríos, lagunas y ciénagas, y era el cuarto país en el mundo con mayor cantidad de agua dulce por habitante. Ahora está en el puesto 24.

 

Hoy, de nuevo, es visible la crítica situación que vive gran parte del país por no tener la cantidad y calidad de agua necesaria para subsistir. Lo extraño es que ante esta crisis descarguen la culpa a un fenómeno climatológico que, según las apreciaciones de Gustavo Wilches Chaux, experto en derecho ambiental y autor de diversas obras sobre el fenómeno de El Niño, aún ni se pronuncia.

 

La culpa es de un niño que no ha despertado

 

Insiste el presidente Santos en los medios que, "el Gobierno está tratando de mitigar las consecuencias de El Niño, que causa un elevación de las temperaturas del planeta". Este discurso que afirma la existencia de un fenómeno que aún no es palpalbe, son desmentidas con las apreciaciones del investigador Whilches Chaux, "Lo que está ocurriendo no puede atribuirse al Niño ni al cambio climático, es más bien un fenómeno de sequía de variabilidad climática que se ha presentado con mucha frecuencia inclusive en épocas recientes. Lo que queda en evidencia es que los ecosistemas cada vez son más vulnerables y que han ido perdiendo la capacidad de convivir con los cambios del clima, no solo con lo "anormal" sino con lo normal".

 

Por otro lado, el activista de la organización Censat-Agua Viva, Danilo Urrea, opina que nombrar al fenómeno de El Niño es solo una estrategia de las entidades gubernamentales para culpabilizar a la naturaleza de los estragos causados por el modelo de desarrollo que viene aplicando el país en los últimos 50 años: "más que esas imaginaciones que las instituciones hoy ponen en la opinión pública para salvar su responsabilidad con lo que hoy pasa con el agua en el país, tendríamos que ver las causas estructurales entendidas en el modelo de desarrollo que ha venido aplicando Colombia", asevera Urrea.

 

Entonces si la culpa no es del niño ¿de quién es?

 

La lista de culpables del desabastecimiento de agua en Colombia es larga: la expansión de actividades agrícolas y ganaderas en la zona de páramos y bosques de niebla; la contaminación de las aguas superficiales por aguas residuales industriales, domésticas, y el arrastre de compuestos procedentes de los procesos de extracción minera; la deforestación por actividades extractivas; la minería descontrolada; la mala planificación del territorio; la ausencia de Planes de Ordenamiento Territorial efectivos; la falta de concientización ciudadana ante la necesidad de variar el modelo de desarrollo y de consumo; pero, sobre todo, por la falta de políticas públicas que prioricen el tratamiento y abastecimiento de agua en todos los rincones del país sobre cualquier tipo de actividad económica que pueda perjudicarla.
Parte de esta realidad está resumida en el comunicado del 4 de junio del Defensor del Pueblo, Jorge Otálora Gómez, cuando confirma que la situación de desabastecimiento que vive en estos momentos el país "evidencia la falta de planeación de algunas autoridades administrativas para ofrecer soluciones estructurales a los problemas de abastecimiento de agua en forma oportuna, continua y con calidad para todos los ciudadanos".

 

Hay que corregir. No tenemos mucho tiempo para dejar de cometer estos errores pues según predicciones del Ideam, hacia el año 2050 el 60 por ciento de los páramos del país serán historia. Los ecosistemas en mayor riesgo de desaparecer son los de alta montaña: páramos y glaciares donde está ubicada la mayor oferta hídrica que consumen los colombianos. Para evitar que esta alerta sea una realidad el Gobierno debe liderar la cuidadosa restauración de cada uno de los ecosistemas que son fundamentales en el ciclo del agua. Por la misma dirección se dirige la opinión del exministro de ambiente, Manuel Rodríguez en una entrevista para la W Radio: "Hemos producido una profunda desregulación al ciclo del agua. Uno puede decir que estos lugares en la época de lluvia acumulan un colchón de agua y en épocas de verano liberan el agua, pero cuando se deforesta desaparece ese repuesto y eso es lo que causa lo que estamos presenciando en estos años".

 

El país necesita la existencia de leyes que protejan de manera especial estas zonas de gran valor ambiental. vitales en la regulación del ciclo del agua. Ya en el pasado se intentó con el proyecto de ley 206 de 2013 que buscaba prohibir de manera total la exploración y la explotación de hidrocarburos y la minería en páramos, y hacerla parcial en humedales. Sin embargo el proyecto de ley está archivado a la espera de aprobación.

 

De la misma forma la Ley 1382 de 2010, que buscaba reformar el Código Minero de 2001 para excluir de esta actividad a las zonas protegidas y de reserva forestal y aumentar los requerimientos para obtener títulos mineros, la que fue demandada ante la Corte Constitucional debido a la ausencia de una consulta previa en las comunidades indígenas y perdió su plazo para legislar en mayo del 2013.

 

Asimismo quedó sin concreción la gran y oportuna iniciativa por el derecho al agua liderada por Ecofondo, saboteada en última instancia por el Congreso de la República. Iniciativa que cumplió con todos los requisto legales, entre ellas las miles de firmas (236 mil la estamparon, además de las 1.255 organizaciones sociales que también lo refrendaron) para inscribirlo ante la Registraduría Nacional, y los millones para presentar la iniciativa de Ley ante el Congreso.

 

Como podrá recordarse, esta era una propuesta de reforma constitucional denominada Referendo del Agua, que intentaba el reconocimiento del acceso al agua potable como un derecho humano fundamental, la garantía de un mínimo vital gratuito para todos, la conservación del medio ambiente para que haya agua abundante y limpia para las generaciones de hoy y de mañana, el respeto de la diversidad cultural y territorial del agua, y una gestión pública estatal y comunitaria de la misma sin ánimo de lucro que reverse la privatización actual.

 

Estas iniciativas, olvidadas, hoy son prioritarias, hoy deben ser un tema constante en los debates del Congreso, pues las predicciones del Ideam poco a poco están siendo parte de la realidad colombiana.

 

"El verdadero conflicto en Colombia será por el agua"

 

Ser el segundo país megadiverso en el mundo nos ha quedado grande. "Colombia tiene una tasa de deforestación cercana a 147 mil hectáreas de bosque al año. Estamos por encima de la media de la OEA", informa Omar Franco, director del Ideam, en entrevista para Entre Lineas, quien además agrega que "nos han hecho falta reglas de juego claras".


Falta controlar a las empresas de diveso carácter. Según la ley, los sectores productivos que lo requieran para su labor económica deben solicitar una concesión de aguas y son las Corporaciones Autónomas Regionales quienes la otorgan. La pregunta entonces que flota en el ambiene es, ¿qué regulación están haciendo de estas concesiones?

 

Del lado social y comunitario no hay pasividad. En el 2013 las luchas sociales en Colombia llegaron a la cifra de 1.027. De este número un 23 por ciento fueron ocasionaron por inconformidad en aspectos relacionados con el hábitat en donde se incluye, claramente, el problema del desabastecimiento del agua, convertido en uno de los motores de las luchas sociales en el país en los últimos años, "dado el incremento de actividades extractivas que amenazan destruir los territorios que garantizan el ciclo hídrico", afirma el informe especial del Centro de Investigación y Educación Popular - Programa por la Paz (Cinep) sobre Luchas sociales en Colombia 2013.

 

Entre las protestas sociales que tomaron cuerpo en tal año se encuentran: Tasco, Boyacá, en defensa del páramo de Pisba; Tabio, Cundinamarca y su marcha del 29 de abril ante la extracción de arcilla, gravilla y carbón en territorio donde están los seis nacimientos de agua que abastecen a la población; Castilla La Nueva y Guamal, Meta, población movilizada para evitar que Ecopetrol adelantara la exploración de pozos petroleros aguas arriba de la bocatoma de su acueducto; Bucaramanga y la extracción minera en el Páramo de Santurbán; Majagual, Sucre, que protestaron para denunciar que el agua que consumen está contaminada con bacterias, mercurio y plomo proveniente de la explotación minera de oro en el Río Cauca. La lista sigue y es larga. De seguir así, muy seguramente se cumpla la condena sentenciada por Tatiana Roa, directora de la organización Censat agua viva: "es probable que lleguemos a la solución del conflicto armado pero emergerán otros conflictos sociales y ambientales que por ahora han pasado desapercibidos".

 

La población del mar al borde de la sed: Costa Caribe

 

El protagonismo de esta ola de sequía que sufre el país sin duda está localizado en la Costa Caribe. Colombia, a pesar de ser una potencia hídrica cuenta con una distribución inequitativa del vital líquido. La región Caribe, junto a la Andina, representan el 70 por ciento del territorio colombiano y tienen solo el 21% de agua disponible.

 

Según aproximaciones realizadas por Omar Franco, 120 municipios de la región Caribe tienen en este momento la alerta roja por situación de abastecimiento de agua y afectación por la ganadería y la agricultura. Entre los departamentos con mayor afectación están: La Guajira, Magdalena, Córdoba, Atlántico, Sucre, Bolívar y Cesar. ¿Qué es lo que sucede en la costa Caribe?

 

Danilo Urrea, analiza el problema más allá de la coyuntura del cambio climático, remontándose al año 1994 fecha en la que se aplica en el Caribe colombiano la ley 142 o Servicios Públicos Domiciliarios, donde quedó definido que el servicio de agua puede ser prestado por empresas públicas o privadas. "Desde ese momento, y no quiero decir que antes estuviera mucho mejor la costa por que el Estado tampoco pudo resolver el problema de la prestación del agua cuando lo hacía directamente, se ha construido una política nacional de agua de espalda a las realidades territoriales, a unos fenómenos demográficos que, analizando adecuadamente, no tendrían tanta dificultad".

 

Un caso palpable de esta problemática es el de Santa Marta donde las redes de acueducto construidas en los años 50 aún son las mismas que abastecen a la población, sin tener una planificación del crecimiento demográfico.

 

En la Guajira, el problema es un poco más complejo y obedece también, según Urrea, a una privatización del recurso. Según datos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud) "17 millones de litros de agua gasta al día la mina de carbón del Cerrejón, mientras una persona en la Guajira tiene acceso a 0.7 litros de agua al día", la cifra es preocupante si tenemos en cuenta que según el Derecho Humano al Agua de la ONU, la cantidad mínima del precioso líquido a la que una persona debe acceder al día es de 50 litros.

 

Urrea enfatiza, "Si vemos la minería del Cerrejón de 33 años en la Guajira y la explotación petrolera de casi 50 años en los Llanos Orientales analizamos que hay una confluencia de factores que ponen a esas regiones en sequia ¿será solo casualidad que los lugares donde se realice explotación las fuentes de agua se hayan secado y contaminado como el río Ranchería en la Guajira?".

 

Al problema que vive la Guajira, Samuel Arregocés, habitante de Hato Nuevo, plantea una pregunta: "El Cerrejón tiene tres plantas potabilizadoras y desalinizadoras de agua ¿por qué no poner una o dos plantas a disposición de la comunidad de la alta Guajira?"

 

Las decisioines por tomar no dan espera, más aíun cuando dificilmente puede verse como coincidencia el hecho de que los mismos lugares que sufrieron por las inundaciones en el 2010 y 2011 sean los que hoy sufren la sequía y sean quienes hoy también se disputan el agua con las multinacionales. El problema, más allá de si en algún momento habrá Niño o no es que en las diferentes mesas de diálogo instaladas entre comunidades en conflicto y el Gobierno persistan en prometer decisiones superficiales sobre el líquido, que hoy parece tener entre comillas su adjetivo "vital".

Publicado enEdición Nº 205
Lunes, 25 Agosto 2014 05:00

¿Planear el uso del agua?

En el debate realizado el pasado 6 de agosto en el Senado sobre la sequía que azota al país, la hoy exministra de medio ambiente y desarrollo sostenible, Luz Helena Sarmiento1, afirmó: "los colombianos no somos pobres en agua pero si debemos planear su uso".

 

¿Quiénes deben planear el uso del agua? En primer lugar el Estado y desde luego los usuarios, comenzando por quienes la utilizan para actividades productivas, con ánimo de lucro2.

 

Resulta paradójico, o más bien cínico, que la encargada de dirigir y orientar dicha planeación, resulte ahora diluyendo su responsabilidad, y la del gobierno Santos, en un plural y difuso conjunto de actores.

 

Y es particularmente irresponsable la afirmación de la Ministra pues tan solo catorce días antes de su comparecencia ante el Senado, la Contraloría General de la República –CGR– le había enviado una Función de Advertencia sobre, "debilidades técnicas, administrativas e institucionales de la gestión del recurso hídrico que impiden garantizar el agua como un bien público y derecho humano, individual y colectivo"3.

 

Ministra advertida...

 

En el mencionado documento, establecen una serie de hechos, aquí simplemente resaltados pues hablan por si solos4:

 

En cuanto a acceso y calidad del agua: "...el 39,49% de la población presumiblemente se abastece de agua con alguna deficiencia en su calidad, dentro de los niveles de riesgo medio hacia arriba (medio, alto e inviable sanitariamente)".


En cuanto al tratamiento de aguas residuales y citando a la Superintendencia de Servicios Públicos, anota la Contraloría: "Actualmente en Colombia se presentan significativos inconvenientes en lo referente al tratamiento de las aguas residuales municipales, que no permiten el propósito de enfocar esfuerzos en la realización de actividades que deriven en el mejoramiento de la calidad del agua vertida a cuerpos hídricos receptores y por ende el cumplimiento de lo expuesto en el Plan de Desarrollo 2010–2014, "Prosperidad para todos" y la normatividad existente".

 

En cuanto al ordenamiento ambiental del territorio en cuencas hidrográficas, señala la Contraloría que: "... no presenta la coherencia requerida la actual ordenación del territorio en cuencas hidrográficas dado que aún no se cuenta con los Planes Estratégicos por macrocuencas, los cuales se establecieron como base fundamental para la ordenación de cuencas en el documento de la Política de Gestión Integral del Recurso Hídrico". Por tal razón, según la Contraloría, tanto el Convenio 008 de 2012, por $315.000 millones de pesos, suscrito entre Minambiente y el Fondo de Adaptación al Cambio Climático, como el contrato 085 de 2013, por 7.500 millones de pesos celebrado con ASOCARS, encaminados ambos a mejorar la gestión del riesgo, y apoyar en el segundo caso la "formulación y/o actualización de 130 planes de ordenación o manejo de cuencas hidrográficas afectadas por el fenómeno de la niña 2010–2011, no están fundamentados en los Planes Estratégicos de las macrocuencas" (las negrillas son mías).

 

En cuanto a la oferta hídrica anota la Contraloría: "...existen vacíos y debilidades en la información climatológica histórica almacenada en las bases del IDEAM...ya que aunque existe una extensa red de 870 estaciones hidrológicas en el país a cargo del IDEAM, las mismas son obsoletas, y además la articulación de las Corporaciones, sobre el establecimiento de los puntos de monitoreo presenta deficiencias para consolidar la información".

 

En cuanto a la demanda hídrica, luego de instar a las CAR´s a identificar todos los tipos de consumo de la manera más detallada posible, lo cual vienen haciendo algunas Corporaciones a través de las "Estrategias Regionales del Agua", se subraya: "La CGR evidencia carencia de herramientas a nivel regional que involucren de forma integral los factores, técnicos, sociales, económicos, institucionales, políticos, ambientales y culturales, para la determinación de la demanda hídrica".

 

En cuanto al riesgo, "La CGR pudo determinar que el IDEAM no cuenta con los equipos e instrumentos tecnológicos y otros mecanismos para desarrollar de manera efectiva y eficiente la atención de los riesgos de calamidades, teniendo en cuenta que la intensidad y periodicidad de los eventos extremos de los últimos años traen consigo nuevos escenarios de riesgo..."

 

En cuanto a la institucionalidad, y esta es una de las principales conclusiones de la Contraloría: "En Colombia, las organizaciones estatales encargadas de la gestión del recurso, no tienen establecida una política efectiva, ni un marco legal apropiado para regular y gestionar el agua, que permita atender las necesidades ambientales, económicas, sociales y políticas del Estado, con la participación de todos los agentes sociales".

 

Eludiendo responsabilidades

 

Como puede verse, la planeación del uso del agua por la que aboga la Ministra no existe a nivel del Estado, ni el Ministerio a su cargo ha hecho mayor cosa por realizarla.

 

Las consecuencias están a la vista: una sequía, que es apenas el preludio del fenómeno del Niño anunciado por el Ideam, ha puesto ya en jaque al país.

 

Desde luego, las causas profundas del problema, la extrema vulnerabilidad que han generado las formas de ocupación del territorio, asociadas a sistemas productivos particularmente depredadores y vinculados a los requerimientos del mercado internacional, no forman parte del discurso oficial.

 

El deterioro de los ecosistemas, el agronegocio, la urbanización y la minería

 

Unos días antes de los debates, el 28 de julio, tuvo lugar la audiencia de pacto de cumplimiento en el proceso de acción popular interpuesto por varias organizaciones ambientalistas, y el hoy Senador Iván Cepeda, para exigir el cierre de la ventanilla para la recepción de solicitudes de títulos mineros pues no se han cumplido las condiciones que el mismo Gobierno adujo para cerrarla hace tres años.

 

Frente a la documentada exposición de los actores populares que demostraron la incoherencia de los dos gobiernos de Uribe y su sucesor Santos, al otorgar cerca de 12.000 títulos mineros de los cuales un poco más de 800 cumplen con la normatividad vigente, el Estado representado por los apoderados de los Ministerios de Minas y Medio Ambiente, de la Agencia Nacional Minera y de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, se limitaron a expresar que no estaban dispuestos a suscribir, ni siquiera a discutir, ningún pacto con los demandantes. Es decir, el Gobierno no se compromete a cumplir lo dispuesto en el Plan Nacional de Desarrollo en materia de protección de páramos, por ejemplo.

 

La posición oficial, además de cínica, es reiterada pues ya la inefable Ministra Sarmiento había declarado a Vanguardia Liberal5, que la delimitación de los páramos a escala 1:25.000 era "poco viable". Esta delimitación que se encargó al Instituto Von Humbolt es una medida mínima de protección para excluir los páramos de la minería.

 

Por cierto, la Contraloría al referirse a los conflictos por el uso del agua señala que: "La falta de cumplimiento de los objetivos y metas propuestas en las agendas ambientales del Sector Minero Energético se han traducido en retrasos en los objetivos y estrategias del Plan de Gestión Integral del Recurso Hídrico que tiene como fin último alcanzar el uso sustentable del recurso hídrico entendido este como la disponibilidad futura del recurso para las generaciones venideras".

 

El derecho humano al agua: cada vez lejos

 

En conclusión, la sequía que apenas inicia pone de presente los recurrentes obstáculos para hacer realidad el derecho humano al agua y reactualizan los puntos planteados por quienes promovimos el referendo cuya convocatoria fue olímpicamente negada por las mismas o similares mayorías a las que hoy dominan el legislativo. Lo novedoso es el cinismo de los funcionarios, como la Ministra de Ambiente, que niega toda negligencia del Gobierno en la prevención, no solo coyuntural sino estructural, de los desastres que estamos viviendo y viviremos con más rigor en el futuro.

 

* Ex vocero del Referendo por el Derecho Humano al Agua; integrante de Unión Libre Ambiental.


1 En Colombia el consumo doméstico solo de agua representa el 7% del total, frente el 54% del uso agrícola, el 19% para la generación eléctrica, el 6% para uso pecuario y el 5% del uso industrial. Datos del Ideam citados en la Función de Advertencia de la CGR, relacionada en este artículo.
2 Véase oficio 2014EE0123916, en www.contraloria.gov.co
3 Los entrecomillados que siguen a continuación son extraídos del oficio 2014EE0123916, visible en www.contraloria.gov.co
4 La ministra fue reemplazada el 12 de agosto por el empresario y experto en "servicio al cliente", Gabriel Vallejo, cuyo nombramiento recibió toda suerte de críticas por los ambientalistas dada su inexperiencia y falta de conocimiento del tema ambiental.
5 Véase, "En un mes entregaremos coordenadas de Santurbán", entrevista a Minambiente, en www.vanguardia.com , 15 de Julio de 2014.

Publicado enEdición Nº 205
El clamor de la Guajira y la nación Wayuu

Para muy tempranas horas del lunes 11 de agosto está anunciado un cese general de actividades en el departamento de la Guajira. Más de 900 mil habitantes, entre quienes se encuentran 150 mil indígenas de la nación Wayuu que habitan en Colombia (otros 300 mil están del lado venezolano), integrados en diversas expresiones de la sociedad civil, expresaran pacíficamente y en forma indefinida, su inconformidad por la situación de caos social y político que los afecta, impidiendo el bienestar, la convivencia y el progreso.

 

Las causas específicas de la protesta son diversas y las peticiones son muy concretas para que el gobierno del señor Santos, formule una estrategia eficiente de intervención con recursos fiscales y administrativos, que atiendan las demandas prioritarias de la región.

 

La grave crisis de la sociedad Guajira está asociada con las siguientes problemáticas.

 

Primera. La amplia desigualdad y segregación social manifestada en el incremento del coeficiente Gini que pasó de 0.47 en el 2003 al 0.62 en el 2009.

 

Segunda. El acueducto y el alcantarillado registran bajas coberturas, del 50,2% y del 37.2%, respectivamente.

 

Tercera. El Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) es de 66.2%.

 

Cuarta. La desnutrición de la población es crónica y bordea el 32%, ubicándose entre las mayores de Colombia.

 

Quinta. En la década de los 70, el agro representaba más del 22%, pero en 2011 solo llega al 4,3%.

 

Sexta. La creciente actividad minera en el departamento sustentada en el 44% de las reservas probadas de gas del país, que permite atender la demanda nacional en un 62% y las exportaciones a la República Bolivariana de Venezuela; en las reservas probadas de carbón cercanas a 3.800 millones de toneladas; y en una generación de 560 MW de energía eléctrica que alimentan la demanda nacional, solo genera el 2,6% de puestos de trabajo. Lo que significa que los empleos perdidos en el agro, no se trasladaron a la minería. De ahí que el desempleo en 2010 sea del 9,5% muy superior al 5,3% del 2005. El subempleo llegó a 130 mil personas.

 

Séptima. Hasta el 2012, se habían exportado más de 540 millones de toneladas de carbón, con ingresos para la empresa de 24.000 millones de dólares, pero a Colombia solo le correspondieron por regalías 2.006 millones , es decir el 8,42%. Mientras las multinacionales obtienen utilidades operacionales del 38%, el 60% de los guajiros sobreviven con menos de 200 mil pesos mensuales y un 38% con menos de 90 mil pesos.

 

Octava. La minería no ha sido símbolo de desarrollo ni de progreso, pero sí de gigantescos pasivos ambientales, sociales y culturales. Aunque el 87% del territorio es semidesértico han intervenido 11.488 hectáreas de cobertura boscosa, recuperando suelo en apenas 3.000 has.

 

Novena. La oferta hídrica, en 12 municipios, muestra una regulación natural baja, muy baja; una vulnerabilidad alta, muy alta, en el 33% de los mismos. No obstante, la actividad minera ha conllevado la desaparición de más de 8 cuerpos de agua, entre cañadas y arroyos, porque sus acuíferos se destruyeron. En la zona de la cuenca del rio Ranchería para el 2010 existían oficialmente 15 títulos mineros otorgados con una extensión de 72.852,5 hectáreas y en solicitudes existen 275 títulos mineros con una extensión de 653.959,5 hectáreas.

 

Décima. A lo anterior debe agregarse la gravísima sequía que azota al sector agropecuario con inmensas pérdidas en cultivos y más de 7.000 reses de ganado vacuno muertas. Existe una asimetría en el consumo de agua entre la actividad minera y la población guajira. Mientras en municipios como Albania y Hato nuevo consumen 7.500 millones litros/día, el Cerrejón para irrigar vías, lavado y acopio carbón, consume 20,5 millones litros/día. Durante el 2012 los volúmenes de agua subterránea captados por Cerrajón fueron mayores a los captados por precipitación; en enero la captación fue de 4.000 m3. La captación de agua subterránea por la minería genera una desmedida competencia con los demás sectores económicos de la región y con las comunidades cercanas que sufren una grave afectación por esta causa

 

Once. En la lucha por el control y dominio del territorio más de 20.000 guajiros fueron desalojados de sus propios territorios mediante múltiples arbitrariedades y violaciones, siempre con la complicidad del Estado.

 

Doce. La corrupción en las instituciones públicas es generalizada como consecuencia de la captura de las mismas por reconocidas mafias asociadas a la politiquería tradicional oficialista. Poderosos clanes del narcotráfico y del contrabando, protegidos por sofisticados grupos paramilitares, como la banda de Marquitos Figueroa, que hacen sanguinaria presencia con la complicidad de los aparatos armados, policiales y judiciales del Estado, son los que controlan entidades, recursos y presupuestos en la gobernación, en sus secretarias, en las 15 alcaldías municipales y en las entidades nacionales localizadas en la región.

 

Trece. Alcaldías de los municipios de Riohacha, Albania, Barrancas, Dibulla, Fonseca, La Jagua del Pilar, Manaure, Hato nuevo, El Molino, Distracción, San Juan del Cesar, Villlanueva, son una espantosa ruina institucional, las poblaciones de esas jurisdicciones viven un verdadero "apartheid institucional", sin derecho a Estado que les garantice condiciones mínimas de existencia y convivencia. Los aparatos administrativos de esos territorios son ámbitos privados de reconocidos caciques que los desvían para su enriquecimiento y acumulación de poder, en la mayoría de los casos mediante el uso permanente de la violencia contra quienes se resisten a sus arbitrariedades y abusos. En esos municipios no impera la legitimidad ni la ley del Estado democrático y social de derecho, sino la imposición del más fuerte, del más criminal, como lo evidencia el caso de Kiko Gómez, el homicida exgobernador del departamento.

 

A partir de este crudo diagnóstico, las organizaciones que promueven la manifestación cívica y democrática han elevado un clamor para que se atiendan las siguientes peticiones prioritarias por parte del gobierno nacional y departamental.

 

Primera. La Guajira debe derivar mayores beneficios del denominado boom minero energético. Demandan al gobierno nacional cumplir con la gigantesca deuda social que tiene con la Guajira y sus núcleos sociales afectados por la segregación social y, de las multinacionales, compensación por los inmensos pasivos dejados por la explotación de los recursos naturales no renovables.

 

Segunda. Organizar una mesa única de negociaciones con delegados de los gobiernos nacional y departamental y de las multinacionales para discutir un pliego de peticiones que recoge las aspiraciones del pueblo de la Guajira. Demandan que dicha mesa quede integrada antes del 11 de agosto, fecha estipulada para la realización de un Paro cívico y comunal, cuya realización dependerá de la entereza y voluntad del gobierno y las multinacionales para discutir y solucionar el pliego de peticiones de la sociedad civil del departamento.

 

Tercera. Planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, previendo y controlando los factores de deterioro ambiental, imponiendo las sanciones legales y exigiendo la reparación de los daños causados.

 

Cuarta. Un Plan de choque para la reactivación, el impulso y la promoción de proyectos productivos para los sectores agropecuario, industrial, acuícola, y de turismo, con el fin de generar empleos productivos y estables y garantizar la soberanía alimentaria departamental.

 

Quinta. Mejorar la calidad de vida de las comunidades guajiras, de tal manera que la riqueza generada por la explotación de los recursos económicos se comparta y todos los sectores sociales tengan beneficios en empleos dignos, servicios públicos de calidad, alimentación, salud, educación y vivienda.

 

Sexta. El Estado colombiano debe garantizar el goce pleno de la democracia a los guajiros, al igual que la promoción y uso de derechos y libertades públicas, mediante la depuración de la Fuerza Pública plagada de elementos criminales.

 

Séptima. Un plan radical contra la corrupción en las instituciones públicas, que incluya la erradicación de mafias y grupos paramilitares en la gobernación y las alcaldías de los 15 municipios.

 

Octava. Un plan de fortalecimiento democrático de las instituciones municipales para que estas inviertan de manera transparente y adecuada los recursos de sus presupuestos en la satisfacción de las necesidades de la población más pobre.

 

Novena. Un programa especial y efectivo de impulso a la democracia participativa, con apoyos presupuestales suficientes, para organizar veedurías ciudadanas independientes, comités de control social, audiencias públicas que le den transparencia a la contratación estatal, los sistemas de gobierno en línea con el fin de que los ciudadanos accedan a las instituciones públicas sin las trabas burocráticas conocidas, las Rendiciones de cuentas objetivas y asimilables y los presupuestos participativos

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Esta es la Plataforma que sirve de soporte a esta gran movilización de la nación Wayuu, que requiere del apoyo y la solidaridad de todos los colombianos

Publicado enColombia
Miércoles, 25 Junio 2014 11:20

¿Qué pasa con el Túnel de la línea?

¿Qué pasa con el Túnel de la línea?

Del dicho al hecho. Si todo lo hubieran realizado bien, como debe ser, el "paso de la Cordillera Central y túnel de La Línea" sería una realidad desde hace varios años, contando el país con una vía moderna de doble calzada, túneles, puentes, viaductos y servicios por los cuales transitar de manera cómoda y ágil entre Ibagué y Calarcá.

 

Eso prometieron una década atrás, pero no, los hechos le recuerdan cada día a quienes recorren esa vía, que ahora ese viaje es toda una pesadilla: trancones, accidentes, derrumbes, lentitud, mucha lentitud. Y todo parece indicar que aún pasarán muchos años antes de que esto termine, y muchos más para que repararen algunos de los múltiples y graves daños ambientales causados especialmente al municipio de Calarcá –Quindío– y, también, de más amplia, a los departamentos de Quindío y Tolima. Otros daños son irreparables. Reina en estas obras un gran desorden, varias de ellas son inservibles o están detenidas.

 

Tal vez lo más significativo en todo esto es lo sucedido desde inicios del 2012, que visibilizó en algo la situación. Aunque hay que anotar que esa "visibilidad" es regional y relativa puesto que los grandes medios de comunicación guardan un silencio cómplice frente a algo que es de gran trascendencia, como podrá verse más adelante.

 

Breve recuento

 

A finales de marzo de 2012 la gobernadora del Quindío visitó sorpresivamente las mal llamadas "obras del túnel de La Línea" y constató que, como lo hemos denunciado desde hace casi nueve (9) años, allí había un gran desorden y graves daños a nuestro ambiente. Días después (2 de abril) la Corporación Autónoma Regional del Quindío (CRQ) emitió dos resoluciones: la 238 y la 239 (vergonzosas, por lo demás), imponiendo una serie de medidas "preventivas" tanto a la Unión Temporal II Centenario como al Instituto Nacional de Vías (Invías) por los graves impactos ambientales que causaban en las cuencas abastecedoras de agua del acueducto de la ciudad de Calarcá.

 

Un mes después (4 de mayo), ante la gravedad de lo que estaba sucediendo, Piedad Correal Rubiano, Defensora del Pueblo Regional Quindío, en ejercicio de acción popular presentó ante el Tribunal Administrativo del Quindío, demanda contra el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mads), la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), el Ministerio de Transporte (MT), el Nacional de Vías (Invías), el Consorcio Unión Temporal II Centenario, el Consorcio DIS S. A. - EDL Ltda., y la CRQ con el fin de lograr la protección de los derechos colectivos relacionados con:

 

1.- El goce de un ambiente sano, 2.- la existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales, 3.- la seguridad y salubridad públicas, y 4.- el acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública.

 

El Tribunal profirió sentencia el 13 de diciembre de 2012 en la que declaró la responsabilidad de: la Anla, Invías, el Consorcio Unión Temporal II Centenario, el Consorcio DIS S. A. - EDL Ltda., y la CRQ por la vulneración y amenaza a los derechos colectivos antes mencionados.

 

En enero de 2013 las entidades antes mencionadas, menos la CRQ, apelaron la sentencia. Diez meses después, el 27 de noviembre, llegó el fallo del Consejo de Estado (Sala de lo Contencioso Administrativo) confirmando la sentencia del Tribunal Administrativo del Quindío. Como dato curioso es bueno saber que a pesar del fallo esta fechado el 19 de septiembre, pasaron 33 días antes de que el Defensor Nacional del Pueblo, Jorge Armando Otálora Gómez, lo hiciera público.

 

No es cierto, entonces, como lo afirman de manera reiterada, que la CRQ "no ha cejado en su actividad de vigilancia, seguimiento y control de las obras". Por el contrario, el fallo en cuestión ordena a la CRQ: "cumplir con su deber constitucional y legal de vigilancia, seguimiento y control al desarrollo del proyecto...". Ordenándole, además, hacer cumplir las resoluciones 238 y 239 pues las mismas no habían sido respetadas por las entidades afectadas durante más de un año y la CRQ lo había permitido.

 

Tampoco es cierto que la Anla haya estado –como ella misma lo afirma– "atenta en la actividad de vigilancia, seguimiento y control a las obras", pues el fallo le ordenó "cumplir con su deber constitucional y legal de vigilancia, seguimiento y control al desarrollo del proyecto...".

 

De igual manera el fallo les recordó y ordenó a la Unión Temporal II Centenario, al Consorcio DIS S. A. - EDL Ltda. y al Invías su deber de cumplir con los compromisos adquiridos en los contratos, respetando las decisiones de las autoridades ambientale [...] pues era evidente que habían incumplido en diversos aspectos y reiteradamente. Y lo siguen haciendo.

 

En su fallo el Consejo de Estado también confirma la orden del Tribunal Administrativo del Quindío para "La conformación de un Comité ad Honorem, de verificación de cumplimiento en el cual intervendrán todas las entidades condenadas [...] así como la Defensoría del Pueblo, quien lo presidirá, y el señor Procurador 157 judicial II delegado para asuntos administrativos o la persona que se delegue. El comité deberá rendir un informe cada mes..."Este comité, efectivamente, se ha reunido seis (6) veces, pero se ha dedicado a promover acuerdos para solucionar problemas puntuales señalados por el Tribunal Administrativo del Quindío relacionados, fundamentalmente, con la contaminación de las aguas que surten al acueducto municipal de Calarcá y los daños causados a la infraestructura del mismo. Y algo curioso: gestionan "nuevos recursos" para hacerlo.

 

Improvisación e indiferencia oficial

 

Así pues, que no mientan, que no oculten más el hecho de que todo lo antes mencionado no es más que una mínima parte de lo que realmente está sucediendo, un resumen de lo cual puede ser:

 

1.- No están ejecutando el plan de manejo ambiental. Lo antes mencionado y el conjunto de problemas denunciados desde el inicio de las obras tienen que ver, precisamente, con la no ejecución de las acciones y obras necesarias para prevenir, mitigar, compensar y corregir los impactos ambientales negativos presentados con y por la ejecución del proyecto.

 

No es una invensión, la consulta de los expedientes permite ver los constantes llamados de atención, las investigaciones y las sanciones impuestas, tanto a Invías como al Consorcio UT II Centenario, por el incumplimiento de los términos del Plan de Manejo Ambiental. También podrá constatarse que tanto Invías como la UT II Centenario han irrespetado muchas veces esas escasas actuaciones de las autoridades ambientales y de los entes de control del Estado. Lo anterior puede corroborarse haciendo seguimiento a las denuncias públicas de personas y comunidades afectadas. Además, el presupuesto inicial para el Plan de Manejo Ambiental fue de 85.000 millones de pesos. ¿Qué está pasando con ese dinero? ¿Cómo es que ahora autorizan más dineros para resolver los "problemas ambientales presentados en las obras"?

 

2.- Violación de la licencia ambiental. El Plan de Manejo Ambiental es el fundamento mismo de la Licencia Ambiental. Si no ejecutan ese plan, es porque violan la Licencia. Entonces, ¿para qué ésta si no están cumpliendo con el objetivo de garantizar el debido cuidado al patrimonio natural de la Nación y los derechos individuales y colectivos de la ciudadanía? ¿Para qué la Licencia si no la hacen cumplir? ¿Por qué no hay sanciones ante irregularidades tan evidentes? Ironía: a un ciudadano común lo sancionan de inmediato por infracciones al "pico y placa", pero a Invías y al Consorcio UT II Centenario nadie los sanciona por violar durante años la ley de manera grave y reiterada, afectando a mucha gente, a la Nación entera... ¡nada les pasa!

 

3.- El Estado no tiene capacidad de control. Nueve (9) años ya de todo este desorden y constantes violaciones a la normativa ambiental ponen de presente que el Estado parece no tener capacidad de control sobre este tipo de situaciones. Algo similar sucede con muchas otras obras públicas; las denuncias son reiteradas.

 

4.- El Gobierno no tiene voluntad de ejercer el debido control. El hecho de no sancionar a las entidades y empresas comprometidas en el proyecto, ni pronunciamientos serios por parte del gobierno sobre este particular, a pesar de las constantes denuncias y de tanta evidencia de violaciones a la Licencia Ambiental, evidencia que no hay voluntad del Gobierno para ejercer el debido control sobre estas obras. Siempre hemos tenido la impresión de que la "orden" es "hacer esas obras como sea, pero hagánlas", aún bajo la violación de la Ley y lesionando los derechos de la ciudadanía. Esto es algo particularmente grave.

 

5.- El papel de los órganos de control del Estado y de las autoridades ambientales ha sido el de "tapar y dejar pasar". Situaciones denunciadas durante nueve años por la ciudadanía y algunas autoridades locales, tan evidentes y a la vista de todo el mundo, sólo persisten porque los órganos de control del Estado, y las autoridades ambientales, no cumplen con su papel. El Tribunal Administrativo del Quindío, atendiendo la Acción Popular promovida por la Defensora del Pueblo regional, en relación con las obras en mención, lo ha establecido con claridad, y ahora el Consejo de Estado lo ha confirmado. Ni qué decir de las llamadas "interventorias" que no son más que una burla, un adorno en los contratos, un mecanismo para pagar favores.

 

Como se comprenderá, la situación descrita es muy grave pues compromete profundamente el diseño del Estado y de su ordenamiento jurídico. Estas obras que en algún momento fueron consideradas como "orgullo de la ingeniería colombiana" realmente quedaron convertidas en la más grande vergüenza de la ingeniería colombiana y de la capacidad de planeación y gestión del Estado colombiano.

 

* Fundación Ecológica Cosmos,
Calarcá, junio de 2014

Algunas referencias:


Lo que denunciábamos hace 7 años: http://www.desdeabajo.info/ediciones/item/821-inv%C3%ADas-no-cumple-con-el-plan-de-manejo-ambiental-problemas-ambientales-en-el-t%C3%BAnel-de-la-l%C3%ADnea.html
Un comentario de la prensa local:
http://www.cronicadelquindio.com/noticia-noticia_opinion-seccion-opinion-titulo-los_escandalos_del_tunel_de_la_linea_apenas_comienzan-op-5419.htm
Declaraciones de la Defensoría del Pueblo:
http://www.elespectador.com/noticias/politica/denuncian-graves-efectos-ambientales-proyecto-tunel-de-articulo-453514
http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/T/tunel_de_la_linea_estaria_listo_entre_2014_y_2015/tunel_de_la_linea_estaria_listo_entre_2014_y_2015.asp
http://www.eltiempo.com/noticias/tunel-de-la-linea

 

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Publicado enEdición N° 203
La resistencia a la minería se vistió de carnaval

En la tercera marcha-carnaval por el agua, la vida y la soberanía el pasado 5 de junio en Ibagué, algo más de 30.000 personas marcharon, bailaron y elevaron un canto por el agua, por los páramos, por el suelo... POR LA VIDA y los territorios tolimenses.

 

  

 

Al grito de El agua vale más que el oro, expresaron su rechazo al proyecto La Colosa en Cajamarca, Tolima, y le dijeron a la multinacional Sudafricana Anglo Gold Ashanti NO a la MINA SÍ A LA VIDA.

 

Este fue el grito unificado de estudiantes, campesinos, indígenas, en fin mujeres y hombres de Ibagué, Líbano, Piedras, Cajamarca y otros pueblos del Tolima y el país.

 

Recordemos que La Colosa sería el tercer proyecto extractivo a cielo abierto más grande de América Latina, después de Yanacocha en el Perú y La Escondida en Chile, según las pretensiones de la multinacional de extraer 24 millones de onzas de oro , con costos sociales, ecológicos y geográficos incalculables. Solo para dimensionar los daños a ocasionarse en el territorio, los estudios técnicos señalan que se removerá por lo menos una tonelada de roca para la producción de una onza de oro, se producirán 100.000 toneladas de residuos mineros por día, 78 toneladas de cianuro, 500 toneladas de dióxido de carbono por cada 50 kilos de oro sin contar con los efectos contaminantes resultado de la lixiviación en el proceso productivo.

 

Este es un territorio en peligro de extinción.El 86% de Cajamarca cuenta hoy con títulos mineros, esto es 44.276 hectáreas entregadas con 31 títulos a 9 titulares, de los cuales 21 fueron otorgados a la Anglo Gold Ashanti, lo que significa que tiene a su disposición 30.440 hectáreas para explorar , poniendo en riesgo por desplazamiento a muchos campesinos e impactando a los 20.000 habitantes que verán drásticamente afectadas sus áreas rurales, en consecuencia dejarán de ser la despensa agrícola del departamento, orgullo municipal.

 


La identidad cultural de los tolimenses emergió en todo su esplendor, apelando a los símbolos y creatividad que ilustra las más bellos tradiciones de la población: 

 

  • ramilletes de fruta, legumbres, tubérculos colgados con artístico colorido, de los camperos que transitan por las carreteras veredales;
  • la diversidad biológica representada en caras y torsos desnudos en cuerpos juveniles que claman por un futuro con soberanía alimentaria; coplas, bailes y otras tantas expresiones ponen en evidencia el peligro en el que se encuentra el territorio.
  • La sabiduría ancestral, rememorando la historia de los territorios acompañaron por calles, puentes y parques de Ibagué, desde la salida de la Universidad del Tolima, con la guardia indígena alrededor de la algarabía de los marchantes, con sus bastones de mando como símbolo de poder, dicen que seguirán custodiando, resguardando, velando porque la riqueza de las montañas sigan allí, hoy asediadas por las multinacionales mineras.

 

De los múltiples impactos previstos por la minera se encuentra el ecosistema de páramos que conforma el sistema de nevados (50 hectáreas hacen parte de los títulos otorgados), la Reserva Forestal Central de la cual el Mavdt otorgó en 2009 la sustracción de 6,4de una solicitud de 535 Ha en la etapa exploratoria, y uno de los más sentidos por la población regional, la afectación a la cuenca del río Coello, donde tributa el río Anaime que drena desde Cajamarca hasta el río Magdalena y del cual se surten varios municipios para distintos usos agrícolas y pecuarios.

 

Frente a esta amenaza ya hay pronunciamientos de las poblaciones afectadas, el más connotado de ellos: la consulta popular en Piedras–Tolima– donde la casi la totalidad de su población se pronunció contra la operación de lavado y disposición de material producido en el proceso extractivista.

 

De igual manera, otras iniciativas como la moratoria minera, acompañaron la marcha-carnaval, con participación de delegados de Bogotá y Tinjacá–Boyacá–para integrarse al pronunciamiento ciudadano contra la locomotora minera.

Publicado enColombia
Miércoles, 23 Abril 2014 08:28

Entre remembranzas y realidades

Entre remembranzas y realidades

¡Una semana llena de música! Esto fue lo que gozó la ciudad de Ibagué a propósito del 28 Festival Nacional de Música Colombiana, realizado entre el 17-24 de marzo.

 

Bajo los sonidos de guitarras, tiples, bandolas y otros instrumentos musicales, los habitantes de la capital del departamento del Tolima, además de numerosas delegaciones provenientes de departamentos como Antioquia y Eje cafetero, gozaron de lo lindo, de mañana a noche, en un Festival que además contó con expresiones musicales de la mayoría de las regiones del país, entre ellas las costas norte y pacífica, los llanos, los santanderes y la zona centro del país. Además de agrupaciones internacionales invitadas, como Quimera (Ecuador), Raíces y Mestizaje (México, estado de Yucatán, donde también tienen el bambuco Yucateno).

 

La 28 versión de este certamen estuvo dedicada, en merecido homenaje, al maestro César Augusto Zambrano, por su trabajo en pro de la música andina colombiana.

 

La variedad de espectáculos fue una de las notas destacadas de este evento. Así, con tarimas en gran parte de la ciudad, la concurrencia gozó del Primer encuentro universitario de música colombiana, del Concurso departamental de interpretación Cantalicio Rojas, del XX Concurso nacional de duetos "Príncipes de la canción", del XVII Concurso nacional de composición Leonor Buenaventura, y del homenaje a los compositores Lucho Vergara y Eduardo Cabas.

 

El agua, como elemento vital, fue parte del eslogan tomado por el evento: Agua rocío de paz, que define la importancia del precioso líquido dentro del contexto nacional, dados los problemas que en la actualidad enfrenta el departamento del Tolima, en más de un 70% de su territorio, a partir de la entrega de títulos mineros por parte del gobierno nacional a multinacionales mega–extractoras, muchos de ellos en zonas de páramo o tierras aptas para cultivos, el más importante de estos en la mina La Colosa para la extracción del oro a gran escala, mostrando de esta manera que también en la cultura la defensa del territorio y del agua está presente como elemento vital.

 

Tal vez el aspecto más relevante del XX Concurso nacional de duetos "Príncipes de la canción", radicó en la inclusión obligatoria de canciones de Garzón y Collazos, que hizo añorar a los más adultos dentro de la concurrencia su época de infancia en que cantaban con sus docentes de escuela las melodías de este histórico dueto colombino. Canciones como Canoíta de mi río, Pueblito Viejo, Copito de yerbabuena, Rosa linda y otras tantas, fueron cantadas por quienes gozaron de este espectáculo.

 

Para resaltar, también, los llenos de varios escenarios, y dentro de estos, la semifinal en el Teatro Tolima y el de la concha acústica en el cierre del evento. Asimismo la calidad de los artistas invitados, tanto nacionales como extranjeros, en especial los mexicanos, los peruanos y la orquesta de Lucho Bermúdez, así como la organización del evento.

 

Al recordar, en merecido homenaje, al maestro Eduaro Cavas, también se rememoró la época en que la música "protesta" o "testimonio" tuvo resonancia en el género de la música andina con canciones como campesino de ciudad, Ayer me echaron del pueblo, Ricardo semillas, A desalambrar y otras tantas; trayendo también a la memoria las serenatas brindadas en las fincas bajo la luz de la luna, con tiples de clavijera de palo, interpretando canciones como Rumor de serenata, Uri, Campesina santandereana, Así era que te quería, y muchas más.

 

Es necesario insistir en la necesaria divulgación del género de la música andina colombiana (bambuco, guabina, pasillo, torbellino, vals, raja leña, rumba criolla), actualmente con poca recepción en las emisoras comerciales. Hay que recordar que para las personas del centro del país, este género musical tradicionalmente fue el más importante a la hora de expresar sus sentimientos musicalmente.

 

Premiación

 

En esta ocasión los duetos ganadores fueron –de primero a sexto y en su orden: "Óscar y Julio" (Risaralda), "Cafecito y Caña" (Valle), "Fernando y José" (Tolima), Pentagrama (Quindío), Tradición (Boyacá), Aura y Heidi, por la ciudad de Ibagué.

 

En la modalidad de mejor canción inédita Leonor Buenaventura, el primer puesto fue para la canción Manantial de amor, de la compositora María Victoria Romero V. (Medellín); segundo puesto para la canción Agua de roció de paz, de la compositora Silvia Zapata (Itagüí, Antioquia), y el tercero para la canción Hilito de agua, del compositor Jorge Ríos Toro de la ciudad de Ibagué.


Al final del evento, entre aplausos y sonrisas, los miles de asistentes despidieron este Festival, con el deseo que no haya que esperar hasta el próximo mes de marzo para gozar de la música de sus ensueños ni de artistas tan dedicados.

 

Publicado enEdición Nº201
Sábado, 22 Marzo 2014 12:26

No hay ambiente para el extractivismo

No hay ambiente para el extractivismo

De inicio a fin del 2013 Colombia fue un país agitado en material ambiental: protestas por el agua en Yopal, "100 mil voces por el agua" que desde Santander contagiaron al país en su rechazo a la minería; las consultas de Piedras y Tauramena indicaron un camino para la autonomía territorial, el Piedemonte llanero se levantó para protestar ante el histórico deterioro ambiental producto de la industria petrolera; y, el Paro Nacional Agrario y Popular puso en primer plano a la tierra y las semillas, dos elementos también centrales para el futuro del país.

 

En este movimiento de disputa, de contienda frente al futuro territorial, el 2013 representó para el país un año de marcada conflictividad social frente a diversos temas en los que el sustrato de las luchas y reivindicaciones ha girado en torno al ambiente y el conflicto ambiental. Las políticas emanadas del gobierno nacional han hecho que se ponga en cuestión, entre muchos otros temas, la manera en la que se avanza con el modelo de libre comercio, la Alianza del Pacífico, y las consecuencias de los TLC para el sector agrícola y otras capas de la sociedad, aspectos que han dado pie a movilizaciones que por momentos han tenido las características de un levantamiento popular.

 

Fue a todas luces un año de movilización y debate ambiental nacional. En diciembre, mientras algunos ya preparaban sus festividades De fin de año, sucedieron dos asuntos de primera importancia que pueden dar elementos para comprender el camino que durante el año vino transitando el país. Nos referimos, de un lado, a la consulta popular en Tauramena –Casanare– que el 15 de diciembre mostró con contundencia la voluntad de la población frente a la exploración y posibilidad de explotación petrolera en una zona caracterizada por ser un verdadero territorio de agua; de otra parte, la esperada sanción a la multinacional Drummond por el vertido de toneladas de carbón a la bahía de Santa Marta, que el gobierno colombiano impuso por 3,5 millones de dólares, luego de las frecuentes denuncias de pobladores caribeños.

 

¿Cuáles han sido las jugadas gubernamentales para legitimar su política y la relación de ésta con el ambiente? ¿Cuáles fueron las principales contiendas por la justicia ambiental en el país? ¿Cómo han respondido comunidades y organizaciones sociales que defienden hoy sus territorios? Éstas son algunas de las cuestiones que a continuación queremos analizar.

 

Apuestas gubernamentales

 

1. ¿Lo que las comunidades decidan?

 

Como se plasma en la historia reciente, comunidades se han organizado para adelantar consultas populares en las que se registra su voluntad frente a proyectos de carácter extractivo, y en las realizadas unánimemente se ha rechazado la imposición de dichos proyectos de la locomotora santista. Ante esta situación, y con posterioridad a la consulta realizada en Piedras –Tolima– y la polémica y debate que desató en Colombia frente al alcance de esta iniciativa y su carácter vinculante o no, el ministro de Minas y Energía, Amilkar Acosta, señaló públicamente, antes de la consulta en Tauramena y ante esa población, que sería respetada la voluntad popular. Sorpresiva y contradictoriamente afirmó con posterioridad al resultado que estas decisiones no tienen carácter vinculante, en un claro cambio de posición también con las posturas que le caracterizaban antes de hacer parte del establecimiento. Las contradictorias alocuciones del ministro profundizan los interrogantes sobre la concepción de este gobierno acerca de los mecanismos de participación popular y ante todo sobre su concepción de la democracia. También se hace confusa la posición institucional frente al accionar de las empresas.

 

La multa impuesta a la multinacional Drummond contrasta con el respaldo que en las últimas semanas el presidente Santos entregó a las empresas y corporaciones mineras en el marco del III Congreso de Minería. Sin temor a equivocarse, la sanción a la multinacional fue producto de las consecutivas denuncias que frente a la empresa se han entablado y a la visibilización que tuvo el tema en los medios nacionales. En este caso, y por más que el monto de la sanción es irrisorio, la presión social llevó a que el accionar de la empresa no quedara completamente impune. Sin embargo, surgen interrogantes frente a otros intereses que podrían estar tras esta decisión del gobierno, sobre todo cuando abundan muchos otros casos en los que las formas de acción de las empresas son desastrosas y en los que no ha surgido el protagonismo de la ministra de Ambiente, Luz Helena Sarmiento1, como sí en el caso Drummond.

 

Ante el sorprendente cambio de actitud del gobierno respecto a los daños ambientales de la Drummond vale la pena indagar si tiene que ver con no se podía seguir "tapando el sol con los dedos", dada la nefasta gestión del sector extractivo minero –concepto que no parece ser compartido por el mandatario de las y los colombianos empecinado en dar continuidad a las condiciones para la industria extractiva pese a la mala gestión de las empresas mineras, que incluso algunos empresarios reconocen– o hace parte del entramado táctico en el que se encuentran hoy las fuerzas políticas de la unidad nacional en periodo pre-electoral.

 

2. En Colombia ¿la tierra es para los campesinos?

 

Mientras en La Habana, en los diálogos de paz de Colombia se discutía, entre otros puntos, la política de desarrollo agrario integral, en el país, los diversos movimientos campesinos convocaron para el 19 de agosto a un Paro Nacional Agrario y Popular, para expresar la incoformidad del campesinado, por su paulatino empobrecimiento como resultado de los tratados de libre comercio y las políticas agrarias que han buscado destruir la economía campesina, incluyendo la penalización de el uso, conservación e intercambio de la semilla nativa. El paro que se mantuvo durante más de dos meses, a pesar de la estrategia del presidente Santos, que incluyó: la invisibilización, la negociación por separado con cada sector, la estrategia de militarización y represión, siguiendo los tiempos de la seguridad democrática y las violaciones sistemáticas y manifiestas a los derechos de la población, logró levantar con fuerza los debates sobre la tierra, las semillas, la soberanía alimentaria. Este fenómeno social permitió recuperar la dignidad campesina y abrir un diálogo campo – ciudad.

 

Sumado a este intenso debate e importante movilización social, una alianza de organizaciones sociales y ambientalistas y, congresistas de oposición pusieron en evidencia las formas de acaparamiento de tierras en el país. Sobresalieron los escándalos relacionados con la estadounidense Cargill y la apropiación indebida de tierras baldías de la Nación, en un estimado de 26 mil hectáreas en la Orinoquía, y la feroz disputa entre empresarios que quieren quedarse con la altillanura colombiana y su potencial productivo de 4 millones de hectáreas, son la punta del iceberg de un conflicto declarado que involucra grandes empresas en contra de las comunidades campesinas de diversas zonas de Colombia.

 

No obstante esta intensa agenda social, el gobierno nombró como titular de la cartera de agricultura a Rubén Darío Lizarralde, quien ha estado involucrado en los escándalos por la venta de terrenos baldíos a través del modelo indupalma, desde donde se desprende una estrategia gubernamental para llevar el agro por el mismo camino de los acaparamientos y la financiarización que hoy padece.

 

En síntesis, las respuestas gubernamentales se han jugado en el escenario de los cambios institucionales para garantizar la imposición del modelo, y con el nombramiento de los tres ministros a quienes hemos hecho referencia, cambios de titular de cartera hechos curiosamente en medio del Paro Nacional Agrario y Popular. Con la ministra de Ambiente girando de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales –ANLA– al Ministerio, la vinculación de Acosta, excontradictor de la política minero – energética y ahora como ministro de Minas y Energía afín a la locomotora, y en la cartera de agricultura un personaje envuelto en grandes escándalos con terrenos baldíos de la nación, el futuro del ambiente desde la institucionalidad no parece estar resguardado.

 

La lucha por el agua

 

Otro escenario de las luchas fueron los conflictos por el agua. Contiendas en diversas regiones dan cuenta de esta situación: en Yopal, Nuchia y Tauramena –Casanare– en Humadea, Acacias, Castilla la Nueva –Meta–, en la Provincia del Sugamuxi en Boyacá, entre muchas otras. Los diarios regionales y nacionales registraron las frecuentes movilizaciones de pobladores locales que se organizaron para impedir el acceso a las plataformas petroleras o a las cuadrillas de sísmica, movilizaciones regionales para denunciar la contaminación de aljibes, acuífero, humedales, quebradas, etcétera; otros prepararon importantes participaciones en foros y audiencias públicas exigiendo agua antes que minas y petróleo.

 

La lucha por el agua también movilizó a numerosas comunidades que en varias zonas están enfrentando proyectos hidroeléctricos. En Antioquia, ante las precarias condiciones de seguridad para protestar en la región, centenares de campesinos marcharon desde el Cañón del Río Cauca hacia Medellín y permanecieron en esa ciudad durante varios meses, exigiendo condiciones de vida digna. La agitación en el Huila contra la Hidroeléctrica del Quimbo no ceso, por el contrario, le sumó a ella el proyecto de construir 10 represas en el Alto Magdalena. Esta lucha incluyó diversas estrategias como la promoción del voto en blanco en las elecciones extraordinarias a Gobernador, iniciativa que obtuvo significativos resultados, donde el voto el blanco ganó, especialmente la Cuenca Alta del Magdalena. En el Cañón del Río Fonce en Santander y en la región del Sumapaz, las voces que rechazan las hidroeléctricas ya comienzan a resonar. Como base está la disputa por el control de los ríos, y las comunidades tienen claro que sus formas de relacionamiento con las aguas -la pesca, el barequeo, el turismo comunitario- están hoy amenazadas por los proyectos extractivos hidroeléctricos.

 

Las luchas antimineras continúan emergiendo. El suroeste antioqueño no se detuvo en su defensa por el agua y el territorio; Piedras, un pequeño municipio del Tolima que estaría afectado por una planta de procesamiento minero, realizó en junio la primera consulta popular en Colombia y unánimemente dijo NO al proyecto; Santander sigue dando ejemplo con sus grandes marchas, este año Cien Mil Voces por el Agua convocó a las y los santandereanos y a todo el país. Agua sí - oro no sigue siendo la consigna que más moviliza a las regiones que se oponen a la minería.

 

También las comunidades organizadas para la prestación del servicio del agua, la gran mayoría ubicadas en zonas rurales donde hoy se perfilan proyectos extractivos, han insistido en la organización nacional en red con experiencias concretas de formación popular e interlocución directa con entidades estatales como la Defensoría del Pueblo, buscando a partir de conceptos como el derecho humano al agua abrir los debates para la construcción de una ley propia, que surja de los agentes directos de la prestación del servicio, y asegure la protección territorial que permite la disponibilidad de aguas en cantidad y calidad suficiente para garantizar la vida.

 

La consulta como estrategia para demandar autonomía y democracia real

 

Las comunidades de los lugares en los que se perfilan las principales explotaciones, tanto mineras como petroleras, han iniciado un proceso sin amplios precedentes en la historia del país. La utilización de mecanismos de participación popular, consagrados en la Constitución Política, específicamente la Consulta Popular, se convierten en patrón de referencia del descontento general nacional ante la imposición de un modelo insustentable que pretende venderse bajo la categoría de extractivismo "responsable" con la aplicación sistemática de las falacias de responsabilidad social empresarial y su intentos de suplantación simulada del estado social de derecho. En el fondo, la utilización del mecanismo de participación popular encarna el llamado de la sociedad para que sea tenido en cuenta como constituyente primario y se haga efectiva la categoría de participación en la construcción de la política pública minero – energética. Los resultados de las primeras consultas adelantadas son contundentes, expresan al mismo tiempo la negativa de la licencia social a los proyectos, mientras hacen una llamado a resignificar la democracia con la voz expresa de todas y todos los pobladores de las regiones.

 

De fondo, la política pública y su significado en disputa han sido protagonistas del año en materia ambiental. Más allá de la significación tradicional que ésta ha tenido, generalmente entendida como las directrices del gobierno encargado frente a temas de importancia nacional, y que se materializan en ejecución de los Planes Nacionales de Desarrollo –PND– y en el rumbo que toman los territorios sobre los que aplica dicha política –de aguas, minero – energética, de selvas, petrolera, etcétera–, se ha configurado una apertura por parte de las comunidades, organizaciones y movimientos sociales que reclaman participación de estos sectores en la construcción de lo público y las decisiones que afectan a las unidades territoriales como espacios de acción política.

 

La construcción de lo público a través de la política ha dejado de ser entendida, entonces, como una tarea privilegiada de los funcionarios gubernamentales y de las entidades estatales, dando paso a la construcción de condiciones de posibilidad para una política pública de abajo hacia arriba, en la que los postulados y exigencias comunitarias entran, las más de las veces, en contradicción con las directrices gubernamentales.

 

Reflexión final

 

De acuerdo al informe de las universidades de Yale y Columbia que evalúan el Índice de Desempeño Ambiental (EPI), Colombia cayó del puesto 9 al 85, evidenciando la crítica realidad ambiental del país y el impacto que han causado la guerra, la pésima gestión ambiental, las políticas económicas neoliberales, en especial la implementación de los Tratados de Libre Comercio y, la desregulación ambiental y minera para facilitar la entrega de los bienes naturales al capital transnacional, entre otros asuntos. El deterioro ambiental es cada vez mayor, y en regiones donde desde hace más de tres décadas se desarrollan megaproyectos mineros y petroleros, los daños ambientales ya empezaron a pasar su cuenta de cobro.

 

Aunque si bien, el gobierno no quiere discutir en las negociaciones con la insurgencia el modelo de desarrollo, sin duda, la emergencia de los conflictos ambientales y la fuerza que ganan las resistencias en la defensa de los territorios, del agua, de la tierra, de las semillas, de la Pacha Mama, obligará a poner, mas temprano que tarde, en el escenario nacional, el debate sobre el extractivismo, que tiene de fondo una discusión más profunda. Se trata de debatir sobre otra guerra: la que impone el modelo de desarrollo y de acumulación capitalista, que requiere, no sólo explotar a los seres humanos, sino expoliar los bienes naturales"; que conlleva a reconocer tambien a la naturaleza como víctima del conflicto, y por ende, a colocar, sino en las conversaciones de paz, en un posible posconflicto, la necesidad de definir los procesos de reparación para con ella.

 

* Censat Agua Viva –Amigos de la Tierra– Colombia.
1 La ministra Sarmiento oficiaba como directora de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales –ANLA-, aspecto que requiere mención por lo que puede implicar el tránsito de la funcionaria desde el ANLA a la cartera de Ambiente y las estrategias giratorias en las que se juega el futuro de los territorios que se explotan y el de los que se pretenden explotar.

Publicado enEdición Nº200
Martes, 04 Marzo 2014 06:08

Dos represas brasileñas en la mira

Dos represas brasileñas en la mira

Representantes de los gobiernos de Evo Morales y Dilma Rousseff se reunirán el viernes en esta ciudad para evaluar el impacto de las represas Jirau y Santo Antônio, del lado brasileño, las cuales serían causantes del agravamiento de las inundaciones en la Amazonia boliviana, que en los últimos meses –época de lluvias– causaron más de 60 muertes, principalmente en los departamentos de Beni, Pando y el norte de La Paz.


"Hay una Comisión Técnica para verificar, para evaluar, para levantar datos (que constaten) si efectivamente estas construcciones pueden afectar la subida de las aguas. El canciller brasileño (Luiz Alberto Figueiredo) está visitando Bolivia el próximo 7 de marzo. Vamos a tener una reunión bilateral, donde vamos a tocar todos los temas con el canciller de Brasil", dijo en conferencia de prensa el ministro de Relaciones Exteriores, David Choquehuanca.


Varias Organizaciones de la Sociedad Civil brasileñas y bolivianas habían advertido ya en 2007, antes de la construcción de las represas, sobre sus posibles efectos negativos en las poblaciones de este sector de la Amazonia. Esos perjuicios son similares a los que se viven en estos días. Informes de entidades como la Liga de Defensa del Medio Ambiente (Lidema), de Bolivia, o de especialistas como Philip Fearnside, del Instituto Nacional de Investigación de la Amazonia en Manaos, Brasil, entre otros, llegaron al gobierno de Morales, que envió una carta a su homólogo brasileño para indagar en la veracidad de lo que se avecinaba. Todo quedó allí, Jirau y Santo Antônio fueron construidas, comenzaron a funcionar y hoy afectan con inundaciones a poblaciones del estado de Rondônia y Beni.


El 18 de febrero, el presidente Morales sobrevoló algunas de las miles de hectáreas afectadas por la inundación. En Beni, departamento ganadero, fallecieron más de 200 mil vacas porque no tienen qué comer ni dónde pararse. Y se perdieron miles de hectáreas de cultivos, entre otros daños que soportan en esta región, donde 300.000 mil personas están afectadas. Al bajar del avión, el jefe de Estado dijo que había instruido nuevos estudios para analizar el rol de las represas brasileñas Jirau, que está a 80 kilómetros de la frontera, y Santo Antônio, a 120 kilómetros.

 


Bolivia tiene la intención de construir su megarrepresa (que generaría 980 megavatios) en la población beniana de Cachuela Esperanza, que ahora también está inundada. Si con las dos represas en cuestión hay este panorama, peor sería si Bolivia concretara su proyecto. El gobierno de Morales no quiere desprenderse de este plan, que permitiría al país exportar electricidad.


"Recientemente hubo una reunión con las autoridades bolivianas y las brasileñas para ver cuáles pueden ser los efectos que generan la construcción de las represas en el lado brasileño. Va a haber una reunión técnica posteriormente para analizar. Tenemos que fundamentar con datos técnicos qué niveles, cómo ha sido. Hay varios temas que tenemos que trabajar", adelantó Choquehuanca.


En 2007, cuando se conocieron los estudios independientes sobre los efectos de las represas, uno que cargaba contra los ambientalistas era Alexander Guzmán, alcalde de Guayaramerín, en la frontera con Brasil, por oponerse al progreso. Ahora reconoció que la pesca en los ríos de esa zona bajó hasta en un 50 por ciento por efecto de las represas. Peces como la yatorana, el surubí y el pacú "ya no se encuentran como antes, debido a que son especies migratorias que recorren los ríos, pero al tener las barreras de las represas no logran cumplir su ciclo vital", comentó.


"Bolivia está aún en posición de exigir una auditoría ambiental a nivel internacional, para la evaluación del impacto actual y de los riesgos y consecuencias futuras de la alteración de la hidrología del río Madeira. También se debería analizar la posibilidad de exigir una indemnización", indicó el investigador de Lidema Octavio Ribera.


Fearnside, citado por un documento del Foro Boliviano de Medio Ambiente y Desarrollo (Fobomade), explicó que "cuando el agua de un río entra en la laguna que se forma a consecuencia de la represa, la velocidad del agua disminuye bruscamente. Con eso, los sedimentos más pesados, como la arena, caen para el fondo del lago al comienzo del mismo, formando una pila de sedimentos que continúa creciendo y avanzando río arriba. Esta pila funciona como una especie de segunda presa, elevando el nivel del agua en el trecho de río encima del lago propiamente dicho. Ya que el reservorio de Jirau está planeado para extenderse hasta la frontera con Bolivia es lógico que esa elevación del nivel afectará al lado boliviano, tanto en el río Madera como en el río Abuná".

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