Derecho al agua. El 1898 de 2016: un decreto que seca los acueductos comunitarios

El Decreto 1898 de 2016 erosiona y pone en riesgo la gestión comunitaria del agua en Colombia y nos reta a la más amplia movilización en su defensa.

 

Nuevamente se aprueba en Colombia un decreto contrario de la organización popular y de la soberanía de los pueblos en sus territorios: el Decreto 1898 de 2016, que amenaza la concepción del agua como bien común y derecho humano fundamental; con el cual pretenden destruir las formas que han logrado construir históricamente las comunidades como mecanismo para garantizar el acceso al recurso, tanto en poblaciones urbanas como rurales.

 

Mediante un discurso empresarial y mercantil, este decreto busca que las más de 15 mil asociaciones comunitarias sin ánimo de lucro existentes en el país, estructuras construidas desde lo que se denomina gestión comunitaria del agua queden en manos de privados. El Decreto reglamenta la ancestral relación agua-comunidad-territorio al punto que desconoce la historia, las prácticas culturales, las formas de economía solidaria desplegadas en distintas veredas, corregimientos y barrios del país.

 

Privatización del agua en Colombia

 

La política nacional de transformación empresarial iniciada con la apertura económica en la década del noventa —cuyo sustento es la Ley 142 de 1994 que entrega al sector privado la prestación del servicio—, transforma las empresas públicas en comerciales e industriales y con el derecho comercial privado coloniza las instituciones públicas y de economía solidaria. El Decreto 1898 es la continuidad de esta política privatizadora que guarda directa relación con las políticas de los últimos gobiernos.

 

Si observamos los Planes Nacionales de Desarrollo 2011-2014 y 2014-2018, veremos que siguen los lineamientos diseñados por el Consejo Nacional de Política Económica y Social de los años 2005, 2007 y 2014, plasmados en los documentos Conpes, concretando sin matiz alguno el mandato legal orientado al manejo empresarial del agua y el saneamiento básico a través de formas organizativas societarias con ámbito de operación regional.

 

Tales lineamientos imponen la transformación y participación en esquemas empresariales de los entes municipales y las comunidades organizadas u organizaciones autorizadas. Se olvida por completo la mirada social y el enfoque de derechos y pasan por encima de la institucionalidad de gestión pública municipal y de las organizaciones comunitarias que realizan una gestión colectiva del agua.

 

El Conpes 38101 de 2014, por ejemplo, desconoce los aportes de la gestión comunitaria del agua, la denigra y la califica negativamente. En su lógica privatizadora este documento difama lo público y lo comunitario; mediante argumentos “técnicos” y “objetivos” convierte las virtudes en defectos, y considera como ineficientes las capacidades comunitarias de gestión del agua.

 

Craso error, desde nuestra mirada, las capacidades organizativas y de gestión de las comunidades organizadas son la mejor respuesta adaptativa a las consecuencias negativas del cambio climático, y por eso conservar estas organizaciones y fortalecerlas es estratégico para el país.

 

En contra de ello, el Decreto 1898 de 2016 no parte de un enfoque diferencial de derechos2, ni de la comprensión de las construcciones culturales propias de cada comunidad y territorio. No vincula las particularidades de los pueblos y territorios indígenas, comunidades negras y campesinos. No reconoce las formas tradicionales de autoabastecimiento y la manera como históricamente las comunidades organizadas han garantizado el acceso al agua bajo formas asociativas dentro de la economía solidaria, tales como comités de agua, asociaciones, juntas de usuarios, cooperativas y corporaciones sin ánimo de lucro y de la economía social y solidaria.

 

¿Quiénes pueden prestar el servicio?

 

Con el nuevo Decreto, para ser reconocido como prestador del servicio debe plasmarse un compromiso que incluya un plan de gestión, un plan de aseguramiento, un plan de obras e inversiones que contenga las fuentes de financiación y un plan de cumplimiento a través de un sistema de plazos. En otras palabras, para lograr prestar el servicio de agua debe cumplirse con las características de una empresa con alta capacidad financiera, conocimientos técnicos, jurídicos y contar con la “experiencia” que certifique que podrá realizar el trabajo de una manera adecuada.

 

Si es una organización comunitaria la que desea seguir prestando el servicio, el Decreto acude al concepto de progresividad para medir avances en la transformación de la organización comunitaria a los estándares de la gestión empresarial de los servicios, desconociendo la singularidad de la organización y un enfoque de derechos como el contenido en el proyecto de ley propia3.

 

De esta manera, el Decreto delimita la posibilidad de prestación del servicio al sector empresarial, el único que cuenta con la capacidad financiera para adoptar una infraestructura homogenizada; e impide, asimismo, que las comunidades organizadas puedan seguir garantizando el autoabastecimiento, suministro y acceso al agua como lo venían desarrollando desde los diferentes enfoques y tradiciones para vivir y cultivar los territorios.


Negando los acumulados

 

Ante esto, los interrogantes se multiplican: ¿Qué pasa con los más de 12.000 prestadores de servicio que se encuentran ubicados en las zonas rurales? ¿Tienen la capacidad para cumplir con esta normativa impuesta? ¿Podrán presentar los diferentes planes? ¿Tienen capacidad financiera y técnica para desarrollar las obligaciones que el decreto impone? ¿Doce mil gestores comunitarios del agua podrán presentar los diferentes proyectos para unificar la forma en que se preste el servicio? ¿Necesitan en realidad unificarlo? ¿Esta unificación garantizará el acceso a la población rural?

 

La respuesta es clara, y es negativa. El Decreto denomina la actividad realizada por los gestores comunitarios del agua como “soluciones alternativas para el aprovisionamiento de agua potable y saneamiento básico”, desconociendo su permanencia en el tiempo y sus características esenciales, pues las miran sólo desde los aspectos técnicos, reduciéndolas a infraestructuras y aplicándoles los parámetros de higienización del agua y los criterios de eficacia y eficiencia mercantiles.

 

Las soluciones alternativas se describen con las siguientes características: el acceso al agua para consumo humano y doméstico mediante abasto, punto de suministro o directamente de la fuente, el almacenamiento en tanque o dispositivo móvil, el tratamiento a través de técnicas o dispositivos colectivos o individuales de tratamiento de agua.

 

Estas son formas características de la ruralidad. Las reconocen hasta que aparezca un operador especializado. Recordemos que el Conpes 3810 diagnostica una cierta “atomización de recursos” del Sistema General de Participaciones –SGP– que a larga quieren sólo destinar a los llamados esquemas regionales. La manera como se caracterizan las soluciones alternativas es un camino hacia convertirlas en simples administradoras de una infraestructura.

 

Desconocimiento

 

Estas son un “mientras tanto”, pues estarán vigentes en el territorio hasta que un operador privado conformado como organización con ánimo de lucro, como empresa rentable, se posesione y capture la infraestructura, que es un patrimonio comunitario, producto del esfuerzo mancomunado de vecinas y vecinos, en ocasiones de aportes de las organizaciones gremiales –como la Federación de Cafeteros– y de aportes públicos municipales y departamentales.

 

Insistimos en que es esta una manera de desconocer que las comunidades organizadas de hecho y de derecho han asegurado el acceso al agua desde tiempos inmemoriales, y que han construido sus infraestructuras mediante la minga, el convite, la mano cambiada, el aporte económico y las cuotas familiares.

 

¿Propiedad de quién?

 

En el artículo 2.3.7.1.3.6 N.3, el Decreto dice que una vez realizada “la intervención requerida para construir, rehabilitar, optimizar o proteger los puntos de suministro o abastos de agua, o las soluciones individuales de saneamiento básico”, las comunidades pasan a administrar infraestructura que de inmediato se convierte en propiedad pública. Clara estrategia de despojo a las comunidades de sus sistemas de acueducto y falta total de reconocimiento a las organizaciones que son sus propietarias.

 

Las comunidades organizadas administrarían esa infraestructura hasta que el municipio lo desee, porque éste cuenta con la facultad de hacer parte de una empresa regional utilizando esta infraestructura o, en caso de ser desertificado, la Gobernación podría hacerlo y las comunidades administradoras pasarían a ser simples usuarias, lo que implica que dependerían de las decisiones que tomen las empresas prestadoras de los servicios públicos y de la imposición de las tarifas, lo cual elimina las formas de economía solidaria que han permitido a los gestores comunitarios la garantía efectiva del derecho humano al agua.

 

El Decreto crea una nueva forma de nombrar los acueductos comunitarios, los nombra como soluciones alternativas. Esto es crucial porque los minimiza y no reconoce que la gestión comunitaria del agua es una compleja relación entre los territorios del agua, las fuentes, los nacimientos, los manantiales, la comunidad de todos los seres vivos que hacen hábitat con el agua y la comunidad humana que construye infraestructuras útiles para acceder a ella y unas formas de organización social comunitaria para su gestión colectiva.

 

Los acueductos comunitarios están organizados bajo una estructura asamblearia, es decir, todos los asociados beneficiarios de su servicio hacen parte de la estructura organizativa, y son quienes toman las decisiones más importantes en espacios de plenarios de asamblea. La gestión del acueducto comunitario se convierte no solo en un espacio para resolver una necesidad vital de todas las personas, sino también un lugar de articulación e integración de la comunidad, pues todos hacen parte del acueducto y toman decisiones alrededor del mismo.


Podríamos decir, en síntesis, que el Decreto 1898 de 2016 erosiona y pone en riesgo la gestión comunitaria del agua en Colombia y nos reta a la más amplia movilización en su defensa. Una movilización propositiva que impida el despojo y la entrega al mercado de los patrimonios culturales, sociales y ambientales representados en las comunidades organizadas, sus conocimientos y experiencia, sus infraestructuras y bienes.

 

La ley propia es la alternativa

 

La ley propia que así amorosamente la denominan las gentes del agua, las comunidades organizadas de acueductos comunitarios que convergen en la red nacional, propone unas definiciones basadas en la identidad política y cultural de las comunidades organizadas, en sus características de economía social y solidaria, en su inserción en la gestión ambiental comunitaria.

 

La ley propia se basa en el derecho a la autogestión, y relaciona el derecho individual y colectivo al acceso y suministro de agua y al autoabastecimiento como medio de su garantía. La ley propia no considera a los acueductos comunitarios como prestadores de un servicio sino como garantes del derecho humano fundamental al agua, que está imbricado en el derecho al autoabastecimiento y a la gestión colectiva y solidaria del agua como recurso de uso común.

 

La gestión comunitaria del agua desmercantiliza el agua, la concibe como un bien común y no como un bien económico comercializable. Contra esta concepción es que atenta el Decreto de marras.

 

1 Política para el suministro de agua potable y saneamiento básico en la zona rural (Conpes 3810 de 2014). Agosto 28 de 2014
2 El Enfoque Diferencial es el instrumento jurídico idóneo para revertir o evitar los procesos y actos que generan las condiciones actuales o históricas de discriminación e impiden el goce efectivo de derechos (Presidencia de la República, s. f.).
3 La ley propia es un proyecto de ley creado en el marco de la defensa de la gestión comunitaria del agua por la Red nacional de Acueductos Comunitarios que recoge el qué hacer de las comunidades.

Bibliografía

Colombia, Presidencia de la República. Departamento para la Prosperidad Social (s. f.). Grupo de Enfoque Diferencial. Recuperado de http://www.prosperidadsocial.gov.co/ent/gen/prg/Documents/Descripci%C3%B3n%20Enfoque%20Diferencial.pdf
Mondragón P., Lina y Márquez V., Javier (2014). “Gestión comunitaria del agua: Apropiación de la gestión y la prestación del servicio público”. Recuperado de: http://www.ecofondo.org.co/articulo.php?id=128  (Consultado el 22 de marzo de 2017)
Salazar Restrepo, Bibiana (2011). “Planes departamentales para el manejo empresarial de los servicios de agua y saneamiento básico –PDA”. Cartilla N.º 1, Medellín, Corporación Ecológica y Cultural Penca de Sábila, pp.4, 24
Salazar Restrepo, Bibiana (2017). “Las organizaciones comunitarias, sujetas y garantes del derecho humano al agua”. Agua bien Común número 4, Medellín, Corporación Ecológica y Cultural Penca de Sábila, pp. 18,22Derecho al agua
El 1898 de 2016: un decreto que seca los acueductos comunitarios

Publicado enEdición Nº237
Uso corporativo del agua en América Latina. Nos están cerrando el grifo

La organización Amigos del Agua presentó el pasado mes de mayo el informe sobre el estado de este precioso líquido en nuestro continente. Son evidentes las prácticas de despojo y robo auspiciadas por los gobiernos para beneficiar a poderosos sectores económicos, en detrimento de comunidades, llevando al límite a los ecosistemas. Colombia debe proseguir la lucha contra el sector minero energético y por el reconocimiento de los acueductos comunitarios.


Del agua existente en nuestro planeta, la dulce sólo representa el 2,5 por ciento. Y dos tercios de ella se encuentran en los glaciales. Su disponibilidad en el mundo, en relación con la población, presenta distintas realidades para cada continente (ver gráfica). Claramente es distinta la situación de Asia a la de Sur América. Pero en general un cuarto de la población vive en zonas con estrés hídrico, es decir uso restringido de agua por calidad. Esta distribución contribuye al reporte anual de 150.000 muertes asociadas con enfermedades hídricas, de las cuales el 85 por ciento afecta a menores de cinco años. Para agravar aún más la situación, es evidente que la calidad del precioso líquido está afectada por la contaminación industrial, como lo reconoce la misma ONU.

 

En América Latina, la escasez de agua es inducida tanto por su mal manejo como por contaminación. Inducida por el capital corporativo que la privatiza, actores poderosos toman control de las aguas mientras poblaciones enteras no reciben ningún beneficio. Este modelo privatizador se configura a través, entre otros esquemas, de las llamadas asociaciones público privadas facilitadas para su configuaración por los préstamos de instituciones financieras internacionales. Asociaciones para adelantar explotación minera o grandes obras de infraestructuras, especialmente hidroeléctricas, cuya construcción terminan por afectar amplios espacios naturales. Los impactos derivados de las actividades extractivas e industriales también son de gran envergadura.

 

El informe “Estado del Agua en América Latina y el Caribe” realizado por la organización Amigos de la Tierra, con presencia en variedad de países y regiones del mundo, presenta en esta ocasión la situación que sobre el particular afecta a América del Sur, tomando como referencia a Colombia, Brasil, Uruguay y Paraguay; y en Centroamérica a Honduras, Guatemala y El Salvador.


Situación nacional

 

El informe nacional presentado por Diego Andrés Martínez Zambrano de Censat Agua Viva, ratifica que se acapara el agua de comunidades locales generando una distribución injusta, que afecta de manera notable a las poblaciones más empobrecidas.

 

Sin duda, Colombia vive en un gran ecosistema hídrico afluente del Amazonas y el Orinoco, bañado por grandes ríos como el Magdalena y Cauca que lo atraviesan junto con muchos otros que fertilizan la vida. También por el gran número de páramos, lagos y arroyos que hacen parte de nuestros paisajes. Pero para el conjunto de la población asentada en su extenso territorio, la posibilidad de acceso no es homogénea. Por zonificación hídrica, la demanda de regiones entre Cauca-Magdalena concentra cerca de la mitad (44.5%), en comparación con la Amazonía cuya población es del 2.3 por ciento y que cuenta con un 37% de disponibilidad.

 

Estos ecosistemas han enfrentado intempestivos y bruscos cambios, entre fuertes inviernos desbordantes hasta tiempos extremadamente secos. Según el Ideam un año seco podría reducir la disponibilidad del agua en un 42 por ciento. Los desequilibrios del consumo se acentúan más, por ejemplo la concentración del corredor Cauca-Magdalena se debe a la densidad poblacional de Bogotá y municipios cercanos, a las grandes actividades agroindustriales de caña de azúcar en el Cauca y a las inmensas extensiones de palma de aceite en la región media del Magdalena.

 

Al establecer la distribución por actividad económica, resalta que la agricultura es la que demanda mayor cantidad de agua, con segundo renglón para la generación de energía que supera a la unión entre los dos siguientes sectores (pecuario y doméstico). Por último está el sector de hidrocarburos y minero, con su capacidad de contaminación por vertimientos de químicos. Por ejemplo, la extracción actual de oro implica verter al agua cada año 205 toneladas de mercurio. Se puede acusar por este daño, de manera exclusiva, a la minería ilegal y olvidar la dramática situación que se vive en la Guajira donde, tras décadas de explotación de el Cerrejón, lo único que queda es muerte y miseria.

 

Hay que resaltar que esta es la mayor explotación mundial de carbón a cielo abierto, que cubre 69.000 hectáreas en la cuenca del Rio Ranchería, fuente hídrica de gran importancia para la región. La multinacional allí instalada se apropia de 17.000 metros cúbicos diarios de agua utilizados para apaciguar el polvo de carbón en el aire, 25 litros de agua por segundo desperdiciados ante la sed de los 4.151 niños muertos entre 2008-2013. Las comunidades denuncian que entre ocho a diez quebradas han desaparecido por el impacto de la explotación carbonífera.


El agua que tenemos en el país se destina para lucrar negocios. El conjunto de la oferta total de agua superficial para consumo humano solamente representa el 22.6 por ciento. Sólo el sector ganadero puede demandar en un año cerca del 6 por ciento del volumen de agua. La agricultura industrial, además de demandar más agua tiene un factor adicional: la huella hídrica azul, es decir el agua de ríos y lagos que no retornará a sus fuentes. Huella que está concentrada en tres monocultivos: plátano, caña de azúcar y palma de aceite, que en conjunto representan el 70 por ciento del sector.

 

Para el caso de las hidroeléctricas –segundo reglón de demanda hídrica–, que concentran en pocas concesiones grandes cantidades de agua (ver gráficos), afectan negativamente los territorios y su pobladores por causar inundaciones en tierras fértiles, generar desplazamiento forzado de familias campesinas y ribereñas, pérdida en la capacidad de pesca y especies reofílicas (animales con comportamiento migratorio que responden a estímulos medio-ambientales, como los regímenes de lluvias) y aumentar la inseguridad alimentaria. Incluso la construcción de represas ya cambia el ciclo de agua, afectando su calidad.

 

Este modelo de ocupar e intervenir el territorio no respeta ninguna fuente hídrica, entre ellas los 36 sistemas de páramos que ofrecen el 70 por ciento del agua dulce con que cuenta Colombia. Actualmente en todos ellos existen procesos de solicitud de títulos mineros, los que suman un total de 444. Es más, los títulos mineros activos en 2015 representaron el 4.5 por ciento del territorio nacional según datos propios de la Agencia Nacional Minera.

 

¿Política pública para quién?

 

El Estado colombiano privilegia el uso corporativo de agua; su ineptitud ha llevado a que en 65 cabeceras municipales sufran desabastecimiento, no por poca disponibilidad sino por falta de infraestructura para la captación y conducción de aguas. Del número de concesiones de agua, el 59 por ciento pertenecen a usuarios con volúmenes menores a 100.000 metros cúbicos –que representa tan sólo el 13 por ciento del volumen asignado. Una distancia abismal con los que más consumen, el 1.1 por ciento de grandes usuarios se lleva el 62 por ciento del volumen del agua del país.

 

Un modelo que diseña políticas públicas para la privatización, dispuestos a desconocer la gestión ancestral y comunal: 12.000 acueductos comunitarios que suministran agua potable a cerca del 40 por ciento de las poblaciones rurales. Dichos territorios denuncian que les quieren imponer modelos que afectan sus derechos frente al manejo del agua. Es posible pensar que muchos acueductos tengan mayores problemas en un futuro ante los numerosos y costosos requerimientos que las CAR les impongan so pena de cancelarlos. El panorama muestra que el espíritu que animó el referendo por el derecho al agua, negado por el Congreso, debe prevalecer para así mantener y ahondar la lucha por el derecho a este líquido vital.

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Un caso de explotación minera que burla la cordura. La mina que amenaza el nombre de Agua Bonita

Agua Bonita, nombre de una vereda del municipio de Silvania, con uno de los pocos bosques de niebla que aún sobreviven en el planeta, el que flanquea el páramo de Sumapaz –el más grande del mundo– puede pasar a ser cosa del pasado por las acciones irracionales del capital.

 

Y así puede ser porque, contra toda lógica natural, ambiental, industrial, económica y humana, le aprobaron licencia de explotación de arenas y arcillas en los cerros ubicados en esta vereda a una empresa de nombre Cemin. Explotación que ahora cubre 1,6 hectáreas y que ya permite ver sus huellas desde muchos lugares del municipio. ¿Cómo será cuando cubran todas las hectáreas autorizadas para ello?

 

La Agencia Nacional de Licencias Ambientales –Anla– a través de la Resolución 0041 de 2014 concesionó licencia para explotar treinta y nueve hectáreas por 30 años prorrogables por igual cantidad de años. Según sus cálculos, cada año extraerían 250.000 m3 (toneladas) de material, que para hacernos a una imagen del volumen que representa equivalen a 41.000 volquetas de 6 m3, 114 por día.

 

La herida que rompe este ecosistema, ya afecta el agua, la flora y la fauna que por allí trasncurren y de la cual dependen el ecosistema maestro del páramo, y la vida de nuestro planeta madre. De proseguir la explotación, –nos dejaría sin montaña –dice con tristeza don Guillermo Solorzano, campesino de 75 años.

 

Temores

 

Para doña Judith Cerón, vecina de la mina, ya es común pasar las noches en vela. Las lluvias torrenciales, que en épocas mejores le alegraban por las bondades que traían para sus pastos y cultivos, ahora la atormentan. Ya ocurrieron dos derrumbes que la condujeron al pánico, que aumenta con las noticias sobre el colapso de minas en distintos lugares del país, cobrando la vida de decenas de personas.


La mina de Agua Bonita está ubicada en una franja de bosque de niebla, cabecera de la micro cuenca del río Chocho, y hace parte de un sistema hídrico fundamental para el abastecimiento de agua de más de 2.000 personas de Silvania. Por eso el Plan de Ordenamiento Territorial de este municipio (Acuerdo 022 de 2000), establece que la zona donde está ubicada la mina es de protección por recarga hídrica y tiene prohibido cualquier tipo de explotación minera.

 

No en vano ese lugar fue declarado como zona de interés prioritario, según el Instituto Alexander Von Humbolt, dada su alta diversidad en flora y fauna y la presencia de varias especies endémicas.

 

–Está contra toda lógica instalar una explotación minera en la cabecera de una cuenca con la abundancia hidrológica de Agua Bonita, sobre todo en un contexto de cambio climático y calentamiento global como el actual, cuando las zonas de bosque son fundamentales para nuestra adaptación al panorama que ya vivimos –afirma la ingeniera forestal Lina Echavarría, habitante de la región.

 

Voz reafirmada con énfasis por otra pobladora de esta parte del municipio. –Escogí ésta montaña por la abundancia de agua, pensando en el futuro de mi hijo, pero veo con gran preocupación que nuestra mayor riqueza está en riesgo, sin que la comunidad ni las autoridades se manifiesten –afirma Sandra Reyes, reconocida actriz de televisión quien también tiene su finca en la zona.

 

–Frente a esta situación es fundamental que los presidentes de las Juntas de Acción Comunal convoquen a asamblea para definir la posición de la comunidad ante la mina, y no decidan unos pocos el futuro de todos –dice Edwin Muñoz, de la vereda Victoria Baja, Las Lajas. Hasta el momento la empresa Cemin S.A solo se ha reunido con los presidentes de las Juntas de Acción Comunal, pero el grueso de la comunidad desconoce los acuerdos.


Cemin también deberá solucionar una larga lista de obligaciones de la licencia ambiental que Agregados Agua Bonita no cumplió, como el Plan de Manejo Ambiental, el programa de manejo y salvamento de flora y fauna entre otras, a pesar de que ha explotado la cantera durante 3 años. –Hemos revisado con minucia los expedientes y comprobamos con preocupación la existencia de muchas irregularidades en el otorgamiento de la licencia, frente a los incumplimientos del Plan de Manejo y la actitud permisiva de las autoridades de control que podrían desencadenar en acciones legales contra la Anla, el municipio y contra la empresa –dice Paola Tinoco, abogada y vecina de la mina.

 

En la montaña donde se encuentra la mina, están solicitando otras 4.500 hectáreas para explotación de materiales de construcción y arenas de sílice. Y como si fuera poco, la zona también hace parte del bloque COR 4, de extracción de petróleo de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH). Realidad que no pasa desapercibida para uno de sus pobladores: –Es prioritario generar una alternativa a la explotación minera y de hidrocarburos, la cual viene en aumento en el territorio, pese a que esta es una región con vocación agroforestal y eco-turística –agrega Edwin Muñoz.

 

Por ahora, luego de varios derrumbes en la mina, que inclusive obligaron al cierre durante varios días de la vía Sibaté-Fusagasugá, y de los referendos contra la minería llevados a cabo en municipios vecinos, en Silvania crece la expectativa ante una posible movilización ciudadana que detenga tanto esta mina, como las otras amenazas que rondan estas montañas bendecidas por el agua.

 

Del despegue de esta movilización y de su éxito depende que en algunos años a la vereda Agua Bonita no haya que cambiarle el nombre.

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En El Salvador, las mujeres para cuidar el agua detienen la minería

En marzo de 2017 los pueblos de El Salvador lograron una tremenda victoria. Con la Ley de Prohibición de Minería Metálica, se decretó la prohibición absoluta de la exploración, explotación y procesamiento minero, ya sea a cielo abierto o subterráneo, así como el uso de sustancias tóxicas como el cianuro y el mercurio. La legislación es retroactiva y de ese modo cierra de manera absoluta los permisos que pudieran estar en trámite. El riesgo de dañar los ríos y fuentes de agua ha sido uno de los frentes de lucha de los movimientos sociales ante la industria extractiva.


La ley culmina más de diez años de lucha por parte de organizaciones de base y líderes comunitarios que se opusieron sobre todo a los trabajos desarrollados en la mina El Dorado, en el central departamento de Cabañas, por la compañía Pacific Rim, ahora la australiana-canadiense OceanaGold. La oposición al proyecto El Dorado fue brutalmente reprimida, dejando un saldo trágico de muertos y heridos.


A pesar que la activa participación de las mujeres en los procesos de resistencia es casi siempre invisibilizada, las mujeres que están tras la lucha anti-minera en El Salvador no solo han sabido mantenerse en pie de lucha, sino que además han adquirido el papel de protagonistas.


El Movimiento Mesoamericano contra el Extractivismo M4 conversó con Rhina Navarrete, coordinadora general de la ASIC (Asociación Amigos de San Isidro Cabañas).


1. ¿Qué fue lo que hizo que las poblaciones se resistieran tan fuertemente y por tanto tiempo contra el proyecto El Dorado?


Uno de los principales motivos fue la defensa del recurso agua, dado que la mayoría de la población tenía muy claro que el municipio se quedaría sin el vital líquido. Por otra parte, se dieron algunos sucesos, como la muerte de ganado en las zonas donde hicieron las exploraciones y también se secaron algunos pozos.


2. ¿Cómo organizaron la resistencia? ¿Cuál fue la estrategia?


Fueron varias etapas. Primero, recoger toda la información posible respecto al proyecto minero para conocer de primera mano los impactos que este tendría en la zona y el país. Posteriormente se procedió al trabajo de campo con el propósito de informar a las comunidades sobre los efectos negativos de la minería metálica. Se hicieron foros informativos con especialistas (Dr. Robert Moran y Dina Larios) en el tema de minería y también con personas que ya tenían experiencia en los daños que causa la minería, como es el caso de Honduras (Dr. Almendares). Se diseñó material escrito, audiovisual y radial en un lenguaje popular para que fuese fácil su asimilación por parte de toda la población. También se crearon alianzas estratégicas con otras organizaciones a nivel nacional.

3. ¿Cómo reaccionó la empresa?


La empresa no se quedo cruzada de brazos. También empezó toda una campaña de promoción en las comunidades, queriendo hacerles creer que el cianuro no era mortal, pero la mayoría de la gente no les creyó. Por otra parte, también utilizaron la estrategia que utilizan a nivel mundial: comprando a las autoridades, gobiernos locales y lideres comunales, haciendo obras sociales, etc. En algunas ocasiones se hacían presente en los foros que hacíamos con el fin de cuestionar a los ponentes, pero ellos no contaban con que éstos eran personas científicas expertas en el tema.

4. ¿Cuál fue el papel de las mujeres en esta lucha? ¿Cómo es eso diferente de la participación de los hombres?


En primer lugar, la participación en los diferentes espacios informativos, en su mayoría, eran mujeres. A medida que la población se iba informando y tomando conciencia de la magnitud del problema, las mujeres fueron liderando el proceso de la lucha (alrededor de 10 mujeres lideresas). Ellas formaron parte de una estrategia para hacer denuncias y movilizaciones.


5. ¿Porqué crees que las mujeres adquieren un rol tan protagónico en estas luchas?


En primer lugar porque somos la mayoría en cuanto al porcentaje poblacional. Por otro lado, somos las que sufrimos los embates de los desastres y cualquier conflicto, así como también las afectaciones económicas, de salud, entre otras. Una mujer sabe lo necesaria que es el agua y la alimentación en un hogar, ya sea que sean madres solteras o no. No estoy diciendo que el hombre no lo sepa, sino que es ella la proveedora directa de los bienes de sobrevivencia, es la cuidadora de la familia, la casa, los huertos y la criadora de los animales domésticos.


La mujer es mas sensible ante los problemas que aquejan a la humanidad y es una excelente cuidadora y administradora de todos los bienes (por ejemplo de la madre naturaleza, la diosa del mar, etc.) Una mujer es muy decidida en sus convicciones y no es tan fácil comprar su voluntad cuando sabe que la vida está en juego.

6. Para que las mujeres tuvieran una participación activa en la resistencia, ¿tuvieron que también luchar dentro de sus mismas comunidades u hogares?
Las mujeres se ganaron su propio espacio. Si en algún momento se vio opacada su participación por parte de algún elemento masculino, fueron casos especiales. De igual modo, creo que su lucha mayor fue dentro de sus hogares, dado que tenían que dejar a su familia para poder unirse a la lucha.


7. ¿Crees que la lucha ya está ganada o hay que estar vigilantes?


Una ley que prohíbe la minería metálica en El Salvador no es garante de nada, dado que es una ley secundaria y en cualquier momento puede ser vetada o modificada. Mientras el Salvador siga adherido a los tratados de libre comercio, seguiremos expuestos a cualquier amenaza – no solo de la industria minera. Por otra parte, las legislaturas cambian cada 3 años, nadie nos asegura que la próxima legislatura modifique las cosas. Al menos por el momento podemos estar un poco [email protected] respecto a ese tema, aunque el futuro de los salvadoreños sigue siendo incierto. Mas ahora con la Ley de Asocios Publico Privados, con el fin de aumentar la inversión privada, especialmente inversiones extranjeras directas, partiendo de que el presidente hizo publica su posición de darle cumplimiento.


8. ¿Qué mensaje le darías a otras mujeres y comunidades que se encuentran luchando contra empresas mineras que intentan apropiarse de sus territorios?


Que somos las mayoría. Somos ese enjambre de abejas, de hormigas y que tenemos la capacidad de cambiar el rumbo de la historia si nos mantenemos unidos/as. Insisto, las mujeres somos mayoría. Es nuestro derecho y también nuestra responsabilidad defender la vida y el territorio. Creo que la humanidad debe tener muy en claro que el enemigo es el mismo en todo el mundo y se llama CAPITALISMO. Debemos retomar nuestro papel en el cuido de la creación o evolución, dependiendo de la perspectiva ideológica de cada individuo. Es un reto entre la conservación o destrucción del ser humano. Sabemos que las riquezas son privadas, pero las consecuencias que éstas causan afectan a todos/as. Los costos los pagan el pueblo; nos venden lo que nos roban y, a través de la historia, los muertos son los mismos de siempre. El oro no se come, no es un bien indispensable para la humanidad. El agua es un recurso finito. Pero sobre todo, las mujeres tenemos una gran capacidad de amar y amar con el corazón, así que a fortalecer el amor al prójimo, a la vida, a la familia, a la humanidad, a la naturaleza y a la creación o evolución. La clave de la victoria está en el AMOR.


Texto publicado originalmente en M4 Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero

Publicado enInternacional
La cuna de la civilización está a punto de convertirse en un verdadero infierno

Oriente Medio y el norte de África, camino de convertirse en un lugar desértico por culpa de la escasez de agua dulce y el incremento de temperaturas

 


El cambio climático castigará con doble falta al Magreb y Oriente Medio. La cuna de la civilización está en camino de convertirse en un lugar desértico, inhabitable por las altas temperaturas y la escasez de agua dulce.


Según la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) los niveles de agua dulce han descendido en dos tercios en las últimas cuatro décadas, y actualmente los 500 millones de habitantes de la región tienen 10 veces menos disponibilidad del vital líquido que los residentes de otras zonas del planeta. Y el futuro puede ser peor: se espera que los recursos hídricos disminuyan un 50% en los próximos 30 años.
Situación dramática

Habrá menos agua, pero además las temperaturas subirán. Un estudio del Instituto Max Planck de Química de Mainz (Alemania) y el Instituto Chipre de Nicosia reveló en mayo de 2016 que la región será inhabitable por el calor, que si actualmente es duro de sobrellevar, en el futuro será insoportable. En los próximos 80 años, entre junio y septiembre las temperaturas diurnas rondarán los 46 grados, y de noche no bajarán de 30 grados. Si en todo el mundo el cambio climático llevaría a un aumento de dos grados, en el norte de África y Oriente Medio el ascenso sería del doble.


Para el fin de siglo, afirma el equipo liderado por Johannes Lelieveld, los días de calor extremo se multiplicarán por cinco y las olas de calor serán diez veces más frecuentes. “Si entre 1986 y 2005 los picos de calor se producían en un período de 16 días, para el 2050 llegará a 80 días al año. Aunque las emisiones de gases contaminantes se redujeran para el 2040, se contabilizarán 118 días de calor extremo al año”, dice Lelieveld. O sea, uno de cada tres días al año será insoportable para la vida cotidiana.
Crece la desertificación

El aumento de temperaturas, la escasez de agua y una mala gestión de los recursos naturales incrementa la desertificación. Conviene diferenciar este término de la desertización. Esta última se refiere a la creación natural de los desiertos, como ha sucedido en el Sahara (alguna vez un fértil bosque) y Gobi. La desertización es “un proceso de degradación del suelo fértil en zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas a causa de diversos factores, tales como las variaciones climáticas y las actividades humanas”, definió la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desertificación en 1977.


O sea: la mano del hombre convierte zonas fértiles y productivas en páramos inhabitables.


La región cuenta con tres grandes ríos que han visto crecer a las primeras civilizaciones: Egipto y su largo Nilo y el Tigris y Éufrates en la antigua Mesopotamia. El uso intensivo por medio de canalizaciones y represas, así como la extracción sin pausa de los acuíferos amenaza con agotar los recursos hídricos. Según la FAO, en Oriente Medio y el Magreb la agricultura absorbe el 85% del agua dulce disponible, y más del 60% de ella proviene de zonas fuera de las fronteras nacionales.
La guerra del agua

La conclusión es obvia: conflictos políticos. Por ejemplo, el gobierno de Turquía considera que tiene la soberanía absoluta en los 526 kilómetros iniciales del río Éufrates y los 523 del Tigris que corren por su territorio, y ha sembrado de represas ambos cursos para disponer de energía eléctrica y canalizar las aguas para los regadíos. “Ni Siria ni Irak pueden reclamar los ríos de Turquía más de lo que Ankara pudiera reclamar su petróleo. Tenemos derecho a hacer lo que nos plazca”, dijo el expresidente turco Suleyman Demirel.


Irak acusa a Turquía, y a la caótica Siria, de perjudicar sus cultivos y poblaciones con las limitaciones al caudal del Éufrates, zonas que ya habían sufrido abandonos por la guerra de diez años contra Irán. Según la Asociación Europea del Agua, Irak ha visto que la proporción de agua de los dos ríos se ha reducido un tercio en los últimos 25 años, y podría quedar seco en el 2040. A este ritmo, el país sería un reflejo de la arenosa Península Arábiga, dice R. Barducci, del Instituto de Investigación de Medios de Información en Medio Oriente (MEMRI).


Más contaminación y menos bosques

 

La contaminación también perjudica la habitabilidad de las ciudades, que como El Cairo –con 9,5 millones de habitantes- no cesan de crecer. En una región donde el petróleo es abundante y barato, es imposible emprender campañas para cambiar de combustible y apostar por las energías renovables.


La deforestación y las altas temperaturas también amenaza a las áreas boscosas de la región, como el Líbano, donde el 39% de su superficie está poblada del cedro que porta su bandera. La reducción de su superficie para promover la agricultura, los incendios forestales (naturales algunos, provocados otros) y los conflictos políticos perjudican al ecosistema y aceleran el proceso de desertificación.


Las grandes extensiones de palmerales que tenía Irak, como en la gobernación de Basora, han quedado devastadas por la guerra con Irán, al punto que científicos de la segunda ciudad de este país han visitado la Estación Phoenix de Elche para recibir asesoramiento sobre repoblamiento de esta especie, que actúa como una barrera natural contra el avance del desierto.


Éxodo climático


Las temperaturas extremas, la falta de agua, la desertificación y pérdida de agricultura lleva a consecuencias política graves: cuadros de desnutrición (según la FAO, 30 millones de adultos en la región no pueden comer lo suficiente), tensiones políticas entre los gobiernos por el control de los recursos naturales, y en paralelo, un auge de los extremismos.


“La región de Oriente Medio, ya es una de las regiones más peligrosas del mundo y podría llegar a ser aún más volátil si millones de personas no pueden encontrar agua para beber, mucho menos cultivar alimentos” dice el doctor Nimrod Raphaeli, analista senior del MEMRI.


El polvorín en que se puede convertir la región derivará en un éxodo climático, millones de personas que abandonarán sus aldeas y las ciudades en búsqueda no sólo de mejores oportunidades de trabajo o paz, sino de lugares donde se pueda vivir y respirar con normalidad.

 

Juan Pedro Chuet-Missé
24/06/2017 00:05 | Actualizado a 24/06/2017 00:28

Publicado enMedio Ambiente
Viernes, 23 Junio 2017 15:21

¡Una guerra ganada!

En el año 2015 éste periódico informó sobre un grave problema en el proyecto hidroeléctrico Cañaveral–Sonsón (HidroArma). El título de aquel artículo “Expropiación en Cañaveral, ¿una guerra perdida?”**. Los hechos nos dieron la razón, y la noticia hoy es positiva, por ello el titular de esta nueva nota recoge una realidad diferente: ¡Una guerra ganada!

 

Nuestros lectores merecen un recuento:

 

- El proyecto Cañaveral–Sonsón estima generar 174 MW. a un costo aproximado de U$380 millones, con una vida útil de 100 años
- La ley 56 del 1981, Art. 10, ordena conformar una Comisión Tripartita.
- HidroArma no quiso escuchar al representante de los propietarios a la Comisión Tripartita, quien de manera juiciosa, ordenada y con pleno conocimiento expresó que a los avalúos comerciales para la compra de los predios deberían aplicarse la Ley 56/1981, 388/1997 y resolución 620/2008 del Instituto Agustín Codazzi (Igac). ¡Ni el representante del Igac quiso aceptar lo que le ordenaba el Instituto!
- Hidroarma se empecinó en no aplicar la resolución 620/2008 y adelantar en los juzgados un proceso de Expropiación contra los campesinos.
- El Juzgado Civil del Circuito de Sonsón, determinó que la compra a los campesinos se debería hacer según la resolución 620/2008. HidroArma apeló esta decisión y este proceso llegó al Tribunal Superior de Antioquia
- El Tribunal Superior de Antioquia, sala civil-familia, febrero/2017, en sus partes principales determinó lo siguiente (ver apartes de la Sentencia):

 

Apartes de la Sentencia

 

- Por las anteriores razones, no es legal que se hubiese designado un perito para la práctica de una experticia que no procedía en esa fase procesal; no había lugar para un periodo probatorio en esa materia. Eso correspondía realizarlo en la oportunidad señalada por el precepto 456 del Código de Procedimiento Civil, a la razón.

 

- El artículo 456 de la citada codificación dispone que para el avalúo del bien objeto de expropiación, y para determinar las indemnizaciones, el juez “designará peritos”. Ese precepto se armoniza con lo mandado en el artículo 212 de la Ley 56 de 1985, que ordena: “El juez, al hacer la designación de peritos en los eventos previstos en el artículo 456 de C. de P.C.”. Ambas normas tienen el carácter de especiales, luego, no pugnan con la norma general prevista en el artículo 24 de Ley 791 de 2003. Pero es que, además para los casos de expropiación, también están las normas especiales que exigen calidades especiales para los peritos que han de actuar en este tipo de asuntos; debe pertenecer al IGAC o a la Lonja de Propiedad Raíz; del avalúo comercial del inmueble objeto de expropiación? Para dar respuesta al interrogante, la Sala debe indicar que la norma especial para estos procesos que establece el artículo 456 del Código de Procedimiento Civil, señala que el juez debe designar una pluralidad de peritos para que estimen el valor de la cosa expropiada y separadamente la indemnización a favor de los distintos interesados, lo que necesariamente obliga a la designación de dos peritos para hacer el respectivo avalúo.

 

[...] del avalúo comercial del inmueble objeto de expropiación? Para dar respuesta al interrogante, la Sala debe indicar que la norma especial para estos procesos que establece el artículo 456 del Código de Procedimiento Civil, señala que el juez debe designar una pluralidad de peritos para que estimen el valor de la cosa expropiada y separadamente la indemnización a favor de los distintos interesados, lo que necesariamente obliga a la designación de dos peritos para hacer el respectivo avalúo.
- Por consiguiente, en dichos procesos siempre se deben designar dos peritos para que elaboren de forma conjunta el dictamen pericial donde se establezca la indemnización que se debe pagar a los interesados.

 

Acatando las anteriores normas, la Sala observa que de los dos peritos que la ley especial indica deben elaborar el correspondiente dictamen pericial en los procesos de expropiación, por lo menos uno de ellos debe tener unas calidades especiales y, por ende, debe ser designado de la lista de expertos del Instituto Geográfico Agustín Codazzi ya que, además de conocer las normas, procedimientos, parámetros y criterios para la elaboración de los avalúos por los cuales se determina el valor comercial de los bienes inmuebles que se adquieren a través del proceso de expropiación por vía judicial (Decreto 1420 de 1998-9, tienen pleno conocimiento de las resoluciones internas expedidas por dicho Instituto y que operan como un manual metodológico para la realización y presentación de los avalúos, específicamente de la Resolución No. 620 del 23 de septiembre de 2008 expedida por el Director General del Instituto Geográfico Agustín Codazzi “por la cual se establecen los procedimientos para los avalúos ordenados dentro del marco de la Ley 388 de 1997”.

 

5.3. Ahora bien, siguiendo nuestra línea argumentativa, la Sala debe indicar que de acuerdo con el artículo 21 del Decreto 1420 de 1998, al momento de elaborar el avalúo de predios a expropiar, o el predio; (iv) los timos de construcciones en la zona: (v) la dotación de redes primarias, secundarias y acometidas de servicios públicos domiciliarios, así como la infraestructura vial y de transporte; y, (vi) entre otras tantas que hacen referencia a la construcciones, a las obras complementarias existentes y a los cultivos3.

 

5.4. En este orden de ideas, la Sala de Revisión concluye que (i) las leyes 56 de 1981, 9ª de 1989 y 388 de 1997, son las disposiciones aplicables al trámite de adquisición de inmuebles (ii) para determinar el valor comercial del bien expropiado y la indemnización que se debe pagar a los interesados5, el juez civil debe aplicar la norma especial contemplada en el artículo 456.

 

¡Gran triunfo de la verdad y la ley!

 

¡Gran triunfo de los campesinos de Sonsón!

 

¡Gran derrota de la soberbia y la ignorancia de los empleados públicos!

 

Mayo 12 de 2017s

Publicado enEdición Nº236
500 presas amenazan con ahogar el Amazonas


El impacto sobre los ríos amazónicos será 'irreversible' si se construyen todas las represas planeadas


A lo largo del Amazonas hay 140 presas hidráulicas operativas o en construcción y planean construir otras 428. Aunque al final solo se levante una porción de ellas, los científicos creen que su impacto sobre los ríos amazónicos será "desastroso". Un estudio global sobre las consecuencias de tanta represa señala que alterarán el discurrir del río, reteniendo la mayor parte de los sedimentos y nutrientes fluviales que no vivificarán la planicie amazónica, ahogando la vida que depende del río y el océano donde acaba.
En el Amazonas todo es a lo grande. Su tramo principal tiene unos 2.000 kilómetros hasta la desembocadura en el Atlántico, en un estuario con más de 300 kilómetros de ancho. Pero aún hay otros 5.000 kilómetros hasta llegar al extremo contrario, a su cabecera en los andes peruanos, por donde discurren sus afluentes principales. Algunos, como el Madeira, el Negro o el Japurá, están entre los 10 ríos más grandes del planeta. La cuenca del Amazonas ocupa una extensión de 6,1 millones de Km2, 12 veces la de España. Y el agua que discurre por los ríos amazónicos equivale al 20% del agua dulce líquida de la Tierra.


A pesar de tanta enormidad, no hay río que sobreviva a 568 presas. Esa es la principal conclusión de un amplio estudio en el que han participado desde ecólogos hasta ingenieros, pasando por economistas y geólogos de una decena de universidades estadounidenses, alemanas, británicas y brasileñas. Aunque cada presa lleva aparejado su estudio de impacto ambiental, nunca se había estudiado el impacto regional de todas las represas habidas y por haber en la cuenca amazónica. La investigación, publicada en Nature, analiza el coste que tendrán sobre la vida del río, desde las inundaciones estacionales que dan vida a la Amazonia, hasta los sedimentos que dejará de arrastrar hasta la desembocadura.


Los ríos no son solo agua. También transportan grandes cantidades de sedimentos que arrancan de un lado y depositan en el otro. Estos sedimentos son el sustrato mineral de la vida en una amplísima región de más de un millón de Km2, entre humedales y llanuras aluviales. En su último tramo, el Amazonas transporta entre 800 y 1.200 millones de toneladas de limos, arenas y arcillas y al menos la mitad acaban en el océano al año. Con cada presa que se interponga entre el río y el mar, un porcentaje de esos sedimentos quedará atrapados en el hormigón.


"Acuérdense del antiguo Egipto, que dependía de los limos del río que fertilizaban las tierras de la llanura de inundación", dice el investigador de la Universidad de Texas en Austin (EE UU) y principal autor del estudio, Edgardo Latrubesse. "El Nilo es hoy en día un río totalmente regulado artificialmente por megarepresas. Es un caso típico que ejemplifica los tremendos impactos producidos por infraestructuras construidas varias décadas atrás, lo que produjo grandes impactos sociales, ambientales y económicos", añade este experto en geomorfología de los ríos. No es la primera vez que se relaciona la situación del Egipto moderno con la alteración del curso de su gran río.


En el caso que Latrubesse mejor conoce, el amazónico, el impacto combinado de las presas podría provocar que más del 60% de los sedimentos que arrastra el río se queden ahora atascados. "En el Yangtze [donde se levantó la presa de las Tres Gargantas] la retención hoy en día ya es de más de 75% y en otros ríos como el alto Rio Paraná en Brasil, la retención es más del 100%. Valores de más de 70-90% son típicos en el mundo. Esperamos algo similar en el Amazonas si todo fuera construido", sostiene.


Tal interferencia en la dinámica del río tendrá unas "consecuencias desastrosas", en palabras de Latrubesse. Los sedimentos no solo transportan nutrientes a la llanura aluvial, sino que son parte integrante del río: "Se erosionan barrancas, islas y pedazos de la llanura aluvial mientras se generan nuevas áreas por sedimentación", recuerda este investigador. Esta dinámica ayuda a mantener en los trópicos una gran diversidad de ambientes y, para los biólogos, "este proceso de regeneración es un mecanismo muy importante que contribuye a la creación de biodiversidad", concluye.


El problema no será menor en la desembocadura. La columna de agua y sedimentos que acaba en el Atlántico se extiende por más de 1,3 millones de km2 del océano, la mitad de lo que ocupa el Mediterráneo. Además de ser la base de una extensa línea coralina en la costa americana y los manglares de las Guayanas y el norte de Brasil, esta enorme aportación amazónica interviene en el clima regional condicionando la generación y movimiento de las tormentas tropicales del Caribe. La falta de sedimentos en la zona costera también favorecerá la erosión marina y la intrusión salina en los acuíferos.


Los autores del estudio han creado un índice de vulnerabilidad de los ríos al impacto de las presas. Sobre un máximo de 100, algunos ríos de la franja andina, como el Marañón, podrían alcanzar un índice 72. En su cabecera hay construidas o planificadas 104 presas de más de 1 megavatio (MW) de capacidad generadora. Más abajo, el río más vulnerable es el Madeira, uno de los 10 más caudalosos del mundo que por sí solo aporta la mitad de los sedimentos que el Amazonas lleva al mar. Con un índice de vulnerabilidad superior a 80, en el Madeira viven unas 1.000 especies de peces, el triple que en todos los ríos de Europa.


Pero el caso más llamativo quizá sea el del Tapajós, el principal afluente de la margen derecha del Amazonas. En su tronco principal no hay ninguna presa. Sin embargo, es y será uno de los más afectados por la construcción de decenas de represas en sus afluentes creando un sistema interconectado de presas y pantanos artificiales a lo largo de 1.000 Km, casi la distancia que hay entre Madrid y París. Para Latrubesse, "seria imposible construir este tipo de obras de tremendo impacto ambiental en países desarrollados".


La justificación para todo esto era la necesidad de generar la energía sobre la que Brasil, Ecuador, Perú o Bolivia pudieran basar su desarrollo. Sin embargo, las presas hidroeléctricas no parecen la solución. El investigador de la Universidad de Oxford y coautor del estudio, Atif Ansar, recuerda: "Nuestras investigaciones previas han mostrado que, debido al sistemático problema de los sobrecostes y el alargamiento de los plazos, el coste real de las grandes presas es demasiado alto como para recuperarlo". Pero estos trabajos eran económicos, no incluían el impacto ambiental. Ahora, dice, "las grandes presas no solo son inviables económicamente, sino también ambientalmente perjudiciales".

Publicado enMedio Ambiente
Martes, 23 Mayo 2017 07:09

El rastro genético de los peces

El rastro genético de los peces

Con el análisis de ADN, ya no es necesario tampoco encontrar fósiles en un yacimiento para saber quiénes vivieron allí



Cualquier animal deja un rastro biológico de su paso, sea en forma de pelos, escamas, secreciones... pero hasta ahora no se había podido llegar al el nivel de detalle genético para identificar cada especie por su rastro. En el caso de los peces, se acaba de demostrar que sería posible detectar su abundancia y distribución, tan importantes para la pesca sostenible, analizando simplemente el agua por la que pasan.


El método que han desarrollado los científicos de la Universidad Rockefeller en Nueva York se centra en aislar ADN desnudo en las muestras tomadas, de un litro de agua cada una. “Hicimos una serie de pruebas espaciadas en el tiempo tomando muestras del agua superficial en un mismo punto en los dos ríos (Hudson y East) una vez a la semana durante seis meses y conseguimos demostrar una nueva forma de seguir las migraciones de los peces”, explica Marck Stoeckle. El trabajo desarrolla otros realizados en Europa en los últimos años que demostraron la existencia de trozos de ADN de animales acuáticos flotando en el agua, y es, según sus autores, el más largo de series en el tiempo para peces marinos e indica el camino a seguir.


Una de las especies presentes en todas las muestras fue un arenque. Su posible abundancia explicaría la presencia reciente en la bahía de Nueva York de ballenas y también el célebre avistamiento de delfines en el río East en 2013, señalan los investigadores. Estos encontraron además ADN de especies foráneas, que supuestamente llegó al agua tras ser consumidos los pescados de los que procede por los habitantes de Nueva York. El método serviría así, además y entre otras cosas, para saber si se están vendiendo como alimento especies en peligro de extinción.


Los datos del ADN casan con los obtenidos por la vía tradicional - la captura sistemática con red de peces para conocer sus migraciones estacionales- que es mucho más cara y complicada. El estudio se publica en la revista Plos One. En total se encontró material genético de 42 especies de peces, incluidas casi todas las ya conocidas como abundantes o muy comunes y algunas de las menos comunes. Ciertas muestras de ADN no pudieron ser identificadas porque la base de datos de que disponen los científicos como referencia no casaba con ellas.


Sin embargo, queda mucho trabajo por hacer, porque la abundancia de una especie no se puede medir directamente con este método por ahora y hacen falta muchos más estudios comparativos con los métodos tradicionales, como las capturas directas y el sonar, para poder derivar del ADN en el agua el número de ejemplares presentes recientemente. Eso serviría para establecer las cuotas de pesca sobre una base más firme. Además, el ADN permitiría conocer el efecto de nuevas instalaciones de acuicultura sobre las poblaciones existentes de peces.


El análisis de ADN se utiliza también cada vez más en paleontología y, en un avance que se considera histórico, se ha comunicado recientemente que es posible conocer qué homínidos habitaron un yacimiento sin necesidad de encontrar fósiles de ellos. Hasta ahora cualquier yacimiento sin huesos fósiles humanos, aunque mostrara restos evidentes de haber sido habitado, era considerado de menor categoría que uno con ellos y no es probable que esto cambie en poco tiempo, porque los fósiles dan información más directa e interpretable, pero para avanzar en el conocimiento de la evolución humana el avance es grande.


Se han analizado, con técnicas automatizadas, 85 muestras de sedimentos de entre 550.000 y 14.000 años de antigüedad de ocho cuevas euroasiáticas, donde vivían neandertales o sus parientes, como las del Sidrón (Asturias) y Denisova (Siberia). Se buscaba ADN mitocondrial, porque es más abundante y en él pequeñas variaciones indican la especie de homínido. Se encontró en cuatro de las cuevas, incluidas El Sidrón y una en la que no se habían hallado huesos fósiles. La del Sidrón es además la única de las ocho en la que no se han identificado restos genéticos de animales, como el mamut lanudo.


Todo esto se puede hacer porque anteriormente se obtuvieron, de huesos fósiles, los genomas completos o parciales de las especies con los que comparar el ADN antiguo ahora recuperado de los sedimentos. “La técnica podría permitir aumentar el tamaño muestral de los genomas mitocondriales neandertales y denisovanos, que hasta ahora estaban limitados por el número de restos conservados. Y probablemente será posible incluso recuperar partes sustanciales de genomas nucleares”, concreta el investigador Carles Lalueza-Fox, que ha participado en el estudio, publicado en la revista Science.


En el yacimiento de Denisova (Siberia), donde ya se había documentado la presencia de neandertales y denisovanos, los investigadores han podido averiguar qué nivel del terreno se corresponde con cada homínido, y se ha podido constatar que ambos se alternaron en la cueva, informa el CSIC. “Los denisovanos, además, aparecen en el estrato más basal, es decir, en el más antiguo del yacimiento. Su ADN en este sedimento, sin estar asociado a ningún resto esquelético, es la muestra más antigua de su existencia ahora mismo”, precisa el investigador Antonio Rosas, también

Miércoles, 17 Mayo 2017 06:40

Medioambiente e igualdad social

Medioambiente e igualdad social

¿Puede la naturaleza hablar? ¿Puede la naturaleza contarnos los males que le afectan? Descontando el lenguaje verbal creado por el ser humano, la naturaleza no verbaliza; lo que sí tiene es una capacidad infinita de comunicar, mediante otros lenguajes no proposicionales, un conjunto de conmociones que la están perturbando. El calentamiento global es uno de estos cambios dramáticos que a diario la naturaleza nos informa. Cambios abruptos del clima, sequias en regiones anteriormente húmedas; deshielo de glaciales, cataclismos ambientales, huracanes con fuerza nunca antes vista, desbordes crecientes de ríos., etc., son solo unos de los cuantos efectos comunicacionales con los que la naturaleza informa de lo que le está sucediendo.


No obstante, la manera en que las catástrofes ambientales afectan la vida de la humanidad no es homogénea ni equitativa; mucho menos lo es la responsabilidad que cada ser humano tiene en su origen.


Clase y raza medioambiental


En la última década, se puede constatar que las catástrofes naturales más importantes están presentes por todo el globo terráqueo, sin diferenciar continentes o países; en ese sentido, existe una especie de democratización geográfica del cambio climático. Sin embargo, los daños y efectos que esos desastres provocan en las sociedades, claramente están diferenciados por país, clase social e identificación racial. De manera consecutiva, hemos tenido en el periodo 2014-2016, los años más calurosos desde 1880, lo que explica la disminución en el ritmo de lluvias en muchas partes del planeta. Aun así, los medios materiales disponibles para soportar y remontar estas carencias y, por tanto, los efectos sociales resultantes de los trastornos ambientales, son abismalmente diferentes según el país y la condición social de las personas afectadas. Por ejemplo, ante la escasez de agua en California, la gente se vio obligada a pagar hasta un 100% más por el líquido elemento, aunque esto no afectó su régimen de vida. En cambio, en el caso de la Amazonía y las zonas de altura del continente latinoamericano se tuvo una dramática reducción del acceso a los recursos hídricos para las familias indígenas, provocando malas cosechas, restricción en el consumo humano de agua y ‒especialmente en la Amazonía‒ parálisis de gran parte de la capacidad productiva extractiva con la que las familias garantizaban su sustento anual.


Asimismo, el paso del huracán Katrina por la ciudad de Nueva Orleans en 2005, dejó más de dos mil muertos, miles de desaparecidos y un millón de personas desplazadas. Pero los efectos del huracán no fueron los mismos para todas las clases e identidades étnicas. Según el sociólogo P. Sharkey [1] , el 68% de las personas fallecidas y el 84% de las desaparecidas eran de origen afroamericano. Ello, porque en las zonas propensas a ser inundadas, donde el valor de la tierra es menor, viven las personas de menos recursos; mientras que los que habitan en las zonas altas son los ricos y blancos.


En este y en todos los casos, la vulnerabilidad y el sufrimiento se concentran en los más pobres (indígenas y negros), es decir, en las clases e identidades socialmente subalternas. De ahí que se pueda hablar de un enclasamiento y racialización de los efectos del cambio climático.


Entonces, los medios disponibles para una resiliencia ecológica ante los cambios medioambientales dependen de la condición socioeconómica del país y de los ingresos monetarios de las personas afectadas. Y, dado que estos recursos están concentrados en los países con las economías dominantes a escala planetaria y en las clases privilegiadas, resulta que ellas son las primeras y únicas capaces de soportar y disminuir en su vida esos impactos, comprando casas en zonas con condiciones ambientales sanas, accediendo a tecnologías preventivas, disponiendo de un mayor gasto para el acceso a bienes de consumo imprescindibles, etc. En cambio, los países más pobres y las clases sociales más vulnerables, tienden a ocupar espacios con condiciones ambientales frágiles o degradadas, carecen de medios para acceder a tecnologías preventivas y son incapaces de soportar variaciones sustanciales en los precios de los bienes imprescindibles para sostener sus condiciones de vida. Por tanto, la democratización geográfica de los efectos del calentamiento global se traduce, instantáneamente, en una concentración nacional, clasista y racial del sufrimiento y el drama causados por los efectos climáticos.


Este enclasamiento racializado del impacto medioambiental se vuelve paradójico e incluso moralmente injusto cuando se comparan los datos de las poblaciones afectadas y de las poblaciones causantes o de mayor incidencia en su generación.
La nueva etapa geológica del antropoceno ‒un concepto propuesto por el Premio Nobel de Química, P. Crutzen‒, caracterizada por el impacto del ser humano en el ecosistema mundial, se viene desplegando desde la Revolución Industrial a inicios del siglo XVIII. Y, desde entonces, primero Europa, luego Estados Unidos, y en general las economías capitalistas desarrolladas y colonizadoras del norte, son las principales emisoras de los gases de efecto invernadero que están causando las catástrofes climáticas. Sin embargo, los que sufren los efectos devastadores de este fenómeno son los países colonizados, subordinados y más pobres, como los de África y América Latina, cuya incidencia en la emisión de CO2 es muchísimo menor.


Según datos del Banco Mundial [2] , Kenia contribuye con el 0,1% de los gases de efecto invernadero, pero las sequías provocadas por el impacto del calentamiento global llevan a la hambruna a más del 10% de su población. En cambio, en EEUU, que contribuye con el 14,5%, la sequía solo provoca una mayor erogación de los gastos en el costo del agua, dejando intactas las condiciones básicas de vida de su ciudadanía. En promedio, un alemán emite 9,2 toneladas de CO2 al año; en tanto que un habitante de Kenia, 0,3 toneladas. No obstante, quien lleva en sus espaldas el peso del impacto ambiental es el ciudadano keniano y no el alemán. Datos similares se puede obtener comparando el grado de participación de los países del norte en la emisión de gases de efecto invernadero, como Holanda (10 TM por persona/año), Japón (7 TM), Reino Unido (7,1 TM), España 5 TM), Francia 8% TM), pero con alta resilencia ecológica; frente a países del sur con baja participación en la emisión de gases de efecto invernadero, como Bolivia (1,8 TM), Paraguay (0,7 TM), India (1,5 TM), Zambia (0,2 TM), etc., pero atravesados de dramas sociales producidos por el cambio climático. Existe, entonces, una oligarquización territorial de la producción de los gases de efecto invernadero, una democratización planetaria de los efectos del calentamiento global, y una desigualdad clasista y racial de los sufrimientos y efectos de las conmociones medioambientales.


Medioambientalismos coloniales
Si la naturaleza comunica los impactos de la acción humana en su metabolismo de una forma jerarquizada, también existen ciertos conceptos referidos al medioambiente, parcializados de una manera todavía más escandalosa; o, peor aún, que legitiman y encubren estas focalizaciones regionales, clasistas y raciales.


Como señala McGurty [3] para el caso norteamericano en la década de los 70 del siglo XX, lo que hizo posible que el debate público sobre las demandas sociales de las minorías étnicas urbanas, e incluso del movimiento obrero sindicalizado, fuera soslayado, llevando a que la “temática social” perdiera fuerza de presión frente al gobierno, fue un tipo de discurso medioambientalista. Un nuevo lenguaje acerca del medio ambiente, cargado de una asepsia respecto a las demandas sociales, que ciertamente puso sobre la mesa una temática más “universal”, pero con responsabilidades “adelgazadas” y diluidas en el planeta; a la vez que distantes política y económicamente respecto a las problemáticas de las identidades sociales (obreros, población negra). Aspecto que no deja de ser celebrado por las grandes corporaciones y el gobierno que ven encogerse así sus deudas sociales con la población.


Por otra parte, el sociólogo francés Keucheyan [4] subraya cómo en ciertos países como Estados Unidos, el “color de la ecología no es verde sino blanco”; no solo por la mayoritaria condición social de los activistas ‒por lo general, blancos, de clase media y alta‒, sino también por la negativa de sus grandes fundaciones a involucrarse en temáticas medioambientales urbanas que afectan directamente a los pobres y las minorías raciales.


Al parecer, la naturaleza que vale la pena salvar o proteger no es “toda” la naturaleza ‒de la que las sociedades son una parte fundamental‒, sino solamente aquella naturaleza “salvaje” que se encuentra esterilizada de pobres, negros, campesinos, obreros, latinos e indios, con sus molestosas problemáticas sociales y laborales.


Todo ello refleja, pues, la construcción de una idea sesgada de naturaleza de clase, asociada a una pureza original contrapuesta a la ciudad, que simboliza la degradación. Así, para estos medioambientalistas, las ciudades son sucias, caóticas, oscuras, problemáticas y llena de pobres, obreros, latinos y negros, mientras que la naturaleza a proteger es prístina y apacible, el santuario imprescindible donde las clases pudientes, que disponen de tiempo y dinero para ello, pueden experimentar su autenticidad y superioridad.


En los países subalternos, las construcciones discursivas dominantes sobre la naturaleza y el medioambiente comparten ese carácter elitista y disociado de la problemática social, aunque incorporan otros tres componentes de clase y de relaciones de poder.


En primer lugar se encuentra el estado de auto-culpabilización ambiental. Eso quiere decir que la responsabilidad frente al calentamiento global la distribuyen de manera homogénea en el mundo. Por tanto, talar un árbol para sembrar alimentos tiene tanta incidencia en el cambio climático como instalar una usina atómica para generar electricidad. Y como en la mayoría de los países subalternos existe una apremiante necesidad de utilizar los recursos naturales para aumentar la producción alimenticia u obtener divisas a fin de acceder a tecnologías y superar las precarias condiciones de vida heredadas tras siglos de colonialidad, entonces, para estas corrientes ambientalistas, los mayores responsables del calentamiento global son estos países pobres que depredan la naturaleza. No importa que su contribución a la emisión de gases de efecto invernadero sea del 0,1% o que el impacto de los millones de coches y miles de fábricas de los países del norte afecte 50 o 100 veces más al cambio climático. Surge así una especie de naturalización de la acción anti-ecológica de la economía de los países ricos, de sus consumos y de su forma de vida cotidiana, que en realidad son las causantes históricas de las actuales catástrofes naturales. Dicha esquizofrenia ambiental llega a tales extremos, que se dice que la reciente sequía en la Amazonía es responsabilidad de unos cientos de campesinos e indígenas que habilitan sus parcelas familiares para cultivar productos alimenticios y no, por ejemplo, del incesante consumo de combustibles fósiles que en un 95% proviene de una veintena de países del norte, altamente industrializados.


La financiarización de la plusvalía medioambiental


Un segundo componente de esta construcción discursiva de clase es una especie de “financiarización medioambiental”. En los países capitalistas desarrollados ha surgido una economía de seguros, expansiva y altamente lucrativa, que protege a empresas, multinacionales, gobiernos y personas de posibles catástrofes ambientales. Así, el desastre ambiental ha devenido en un lucrativo y ascendente negocio de aseguradoras y reaseguradoras que protegen las inversiones de grandes empresas, no solo de crisis políticas, sino de cataclismos naturales mediante un mercado de “bonos catástrofe” [5] , volviendo al capital “resilente” al calentamiento global. Paralelamente a ello, en los países subalternos emerge un amplio mercado de empresas de transferencia de lo que hemos venido a denominar plusvalía medioambiental.
A través de algunas fundaciones y ONG, las grandes multinacionales del norte financian, en los países pobres, políticas de protección de bosques. Todo, a cambio de los Certificados de Emisión Reducida (CER) [6] que se cotizan en los mercados de carbono. De esta manera, por una tonelada de CO2 que se deja de emitir en un bosque de la Amazonía gracias a unos miles de dólares entregados a una ONG que impide su uso agrícola, una industria norteamericana o alemana de armas, autos o acero, que utiliza como fuente energética al carbón y emite gases de efecto invernadero, puede mantener inalterable su actividad productiva sin necesidad de cambiar de matriz energética o de reducir su emisión de gases ni mucho menos parar la producción de sus mercancías medioambientalmente depredadoras. En otras palabras, a cambio de 100.000 dólares invertidos en un alejado bosque del sur, la empresa puede ganar y ahorrar cientos de millones de dólares, manteniendo la lógica de consumo destructiva inalterada.


Así, hoy el capitalismo depreda la naturaleza y eleva las tasas de ganancia empresarial. Convierte la contaminación en un derecho negociable en la bolsa de valores. Hace de las catástrofes ambientales provocadas por la producción capitalista, una contingencia sujeta a un mercado de seguros. Y finalmente transforma la defensa de la ecología en los países del sur, en un redituable mercado de bonos de carbono concentrado por las grandes empresas y países contaminantes. En definitiva, el capitalismo esta subsumiendo de manera formal y real la naturaleza, tanto en su capacidad creativa, como el mismísimo proceso de su propia destrucción.

Por último, el colonialismo ambiental recoge de su alter ego del norte el divorcio entre naturaleza y sociedad, con una variante. Mientras que el ambientalismo dominante del norte propugna una contemplación de la naturaleza purificada de seres humanos ‒su política de exterminio de indígenas le permite ese exceso‒, el ambientalismo colonizado, por la fuerza de los hechos, se ve obligado a incorporar en este tipo de naturaleza idealizada, a los indígenas que inevitablemente habitan en los bosques. Pero no a cualquier indígena porque, para ellos, el que cultiva la tierra para vender en los mercados, el que reclama un colegio, hospital, carretera o los mismos derechos que cualquier citadino, no es un verdadero sino un falso indígena, un indígena a “medias”, en proceso de campesinización, de mestización; por tanto, un indígena “impuro”. Para el ambientalismo colonial, el indígena “verdadero” es un ser carente de necesidades sociales, casi camuflado con la naturaleza; ese indígena fósil de la postal de los turistas que vienen en busca de una supuesta “autenticidad”, olvidando que ella no es más que un producto de siglos de colonización y despojo de los pueblos del bosque.


En síntesis, no hay nada más intensamente político que la naturaleza, la gestión y los discursos que se tejen alrededor de ella. Lo lamentable es que en ese campo de fuerzas, las políticas dominantes sean, hasta ahora, simplemente las políticas de las clases dominantes. Por eso, aun son largos el camino y la lucha que permitan el surgimiento de una política medioambiental que, a tiempo de fusionar temáticas sociales y ecológicas, proyecte una mirada protectora de la naturaleza desde la perspectiva de las clases subalternas, en lo que alguna vez Marx denominó una acción metabólica mutuamente vivificante entre ser humano y naturaleza [7] .


Por Álvaro García Linera, Vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia

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[1] P. Sharkey, “Survival and death un New Orleans: an empirical look at the human impact of Katrina”, en Journal of Black Studies, 2007; 37; 482. En: http://www.patricksharkey.net/images/pdf/Sharkey_JBS_2007.pdf.
[2] Databank-Banco Mundial 2013.
[3] E. McGurty, Transforming Environmentalism, Rutgers University Press, New Brunswick, 2007.
[4] R. Keucheyan, La naturaleza es un campo de batalla, Clave Intelectual, España, 2016.
[5] Banco Mundial, “ Seguro contra riesgo de desastres naturales: Nueva plataforma de emisión de bonos de catástrofes”, en http://www.bancomundial.org/es/news/feature/2009/10/28/insuring-against-natural-disaster-risk-new-catastrophe-bond-issuance-platform.
[6] BID/ BALCOLDEX, “Guía en Cambio Climático y Mercados de Carbono”, en https://www.bancoldex.com/documentos/3810_Guia_en_cambio_clim%C3%A1tico_y_mercados_de_carbono.pdf
[7] Marx, El Capital, Tomo III; Ed. Siglo XXI, pág. 1044, México, 1980.

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"El santo grial del agua": Detectan un nuevo estado del líquido más abundante de la Tierra

 

Durante más de 20 años, los investigadores habían buscado un método que demuestre que el agua puede mantenerse en dos estados líquidos diferentes.

 

El agua es uno de los líquidos más sorprendentes de la naturaleza. La ciencia hoy en día conoce que en estado gaseoso el agua se mantiene en forma de vapor y en estado sólido su estructura molecular puede adoptar 21 formas diferentes dependiendo de la temperatura y la presión a su alrededor. Sin embargo, su estado más conocido, el líquido, aún guarda cierto grado de misterio.

Desde los años 1990, los investigadores sospechaban que el agua líquida podía mantenerse en un estado molecular diferente a una densidad superior o inferior a su nivel normal de un gramo por centímetro cúbico, aunque no existía un método que pudiera demostrarlo en la práctica.

 

Dos estados líquidos bajo el punto de congelamiento

 

Un grupo de investigadores de la Universidad de Nebraska, EE.UU., ha llegado a la conclusión de que este extraño subestado líquido del agua se logra encerrando moléculas de agua en un nanotubo de carbono de un tamaño de 1,25 nanómetros —unas 15.000 veces más delgado que un cabello humano— y sometiéndolas a una temperatura constante de – 43 °C.

Las simulaciones por computadora han demostrado que en esta situación el agua se comporta de una manera inesperada. Aún bajo el punto de congelamiento, adquiere un estado líquido de baja densidad y luego se congela nuevamente para formar un nanotubo hexagonal de hielo. "No esperábamos eso", confiesa el profesor Xiao Cheng Zeng, miembro del equipo de investigación.

Los científicos esperan que el avance en la tecnología de fabricación de nanotubos de carbón les permita demostrar en la práctica este extraño comportamiento y abra un amplio abanico de opciones en la investigación del estado de baja o alta densidad líquida del agua. "Observar que existen dos estados líquidos ha sido como el santo grial del agua", considera Zheng.

 

 

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